Señor director:
Una política que proyecte un aumento significativo y ágil en la construcción de viviendas sociales, sin duda, es sinónimo de buenas noticias. Pero el compromiso de lograr 260 mil soluciones para el año 2025, tal como lo plantea el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) impulsado por el actual Gobierno, se ve difícil de cumplir.
Uno de los principales motivos está asociado al modelo que opera entre el SERVIU y las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), que por sus características, impide la implementación de estrategias consideradas en el PEH como la urbanización a cargo de los GORE, el cooperativismo habitacional de los comités con asistencia técnica desde las universidades, la radicación urbana y la autoconstrucción desde los municipios. Y, justamente, el desafío principal pasa por poner el foco para avanzar hacia una gestión más abierta y diversa.
Como ejemplo, el GORE puede suscribir convenios de programación con el Ministerio de Vivienda a efectos que en el diseño y ejecución de proyectos habitacionales la inversión en urbanización quede a su cargo y de la vivienda propiamente tal sea responsabilidad MINVU.
Esperamos que la amplia cobertura que ha tenido el “caso fundaciones” abra los espacios suficientes para debatir sobre la otra crisis en Vivienda, este déficit habitacional y campamentarización, que genera una gran deuda con miles de chilenas y chilenos que han esperado por años un espacio de habitabilidad para desarrollarse junto a sus familias.
Valentín Volta Valencia
Vicerrector Universidad del Alba
Abogado y exintendente
