Señor Director:
Chile repite los mismos errores. En 2020, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, se implementaron las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), que desarmaron legalmente a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, condenándolas a una absurda indefensión frente a terroristas y delincuentes. Hoy, en 2025, el gobierno de turno insiste en profundizar esta política suicida.
Se nos ha vendido la falacia de la “proporcionalidad” en el uso de la fuerza como la gran solución. Es un error fatal. La proporcionalidad no protege al ciudadano honesto ni a la autoridad; protege al delincuente. La autoridad debe tener superioridad operativa, respaldo jurídico y la facultad de emplear la fuerza de manera efectiva y disuasiva. Pero este gobierno prefiere convertir a nuestros uniformados en fusibles desechables, seres humanos de segunda categoría cuyo sacrificio es aceptable, mientras que la vida de un delincuente parece valer más que la de un carabinero o un militar.
Además, jamás debió normalizarse el empleo de las Fuerzas Armadas en situaciones de orden público. Su rol es otro, y su intervención en estas circunstancias debe ser una excepción absoluta, no una solución permanente ante la incompetencia política o la falta de voluntad para fortalecer a las instituciones encargadas del resguardo interno.
Por el contrario, Carabineros de Chile debe ser el primer y más celoso guardián de su propio mandato. La mantención del orden público es su tarea, y nadie debería arrebatársela. Sin embargo, vemos cada vez más casos en los que carabineros son dados de baja por haber cumplido con su deber, y en otras ocasiones, sin el respaldo institucional necesario, han tenido que costear de su propio bolsillo su defensa legal. ¿Cómo puede esperarse que un funcionario policial actúe con determinación si sabe que, al hacerlo, se arriesga no solo a perder su carrera, sino a enfrentar un calvario judicial en total abandono?
Si un comandante, en cualquier época y en cualquier país, tuviera que enfrentar una situación donde sus subordinados estuvieran desprovistos de herramientas para cumplir su misión, expuestos a la agresión sin respaldo legal y convertidos en blanco fácil de turbas violentas, ¿no sería su deber moral y profesional exigir condiciones adecuadas para su seguridad y cumplimiento del deber?
Las Reglas de Uso de la Fuerza no pueden ser una excusa para la inacción ni una herramienta política para eludir responsabilidades. Si el costo de proteger la seguridad pública es seguir sumando nombres de carabineros, militares y policías caídos en cumplimiento del deber, entonces la historia juzgará con severidad a quienes, teniendo la posibilidad de corregir este error, optaron por la comodidad del silencio.
Mientras nuestras Fuerzas Armadas y de Orden estén sometidas a estas reglas injustas, seguirán muriendo soldados, carabineros y policías abandonados por un Estado que los considera prescindibles. ¿Quién protege a quienes nos protegen?
Chile está al borde del abismo de la anarquía. O corregimos este rumbo ahora o nos enfrentaremos a una nación sin ley, donde los delincuentes seguirán siendo intocables y los hombres y mujeres de uniforme seguirán cayendo sin justicia ni honor.
Basta ya de cobardía política y sumisión institucional.
Christian Slater Escanilla.
Coronel (R) del Ejército de Chile.
