Señor Director:
El reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, que declaró inadmisible la querella por prevaricación imprudente contra el ministro Álvaro Mesa, no es un hecho menor. Este episodio desnuda cómo funciona nuestro sistema judicial cuando se trata de blindar a uno de los suyos, y explica en parte por qué la ciudadanía ha perdido toda confianza en la justicia.
La cronología es reveladora. La Corte de Temuco se inhabilitó íntegramente, trasladando el caso a la Corte de Valdivia. Allí, primero se declaró admisible la querella presentada por la abogada Carla Fernández; sin embargo, en menos de 24 horas, la misma Corte cambió de criterio y la declaró inadmisible. Días más tarde, la defensa del ministro Mesa recurrió a la Corte de Concepción, presentando un recurso de amparo que se tramitó con rapidez inusitada y en carácter reservado. El resultado fue un fallo unánime —dictado por tres juezas, una de ellas suplente— que blindó definitivamente al magistrado.
La maniobra es evidente: el amparo está diseñado para casos urgentes de privación de libertad, cuando una persona está detenida ilegalmente o amenazada en su libertad personal. Aquí no había nada de eso: Mesa no estaba preso, ni formalizado, ni con medidas cautelares. La vía del amparo fue usada como un atajo para frenar la querella, en una jugada procesal que bordea el “forum shopping”, es decir, buscar el tribunal más conveniente para obtener un resultado favorable.
Peor aún, el trámite en Concepción se llevó adelante de manera tan veloz y reservada que todo indica que la abogada Fernández quedó sin posibilidad de presentar descargos antes del fallo.
El fallo contiene además un punto crítico. En su considerando 11°, el tribunal sostuvo que admitir la querella equivaldría a “criminalizar el ejercicio de la jurisdicción”. Traducido a lenguaje ciudadano: un juez no podría ser investigado penalmente por lo que hace al dictar sentencia, aunque se le acuse de prevaricación. Esto equivale a instaurar un fuero supraconstitucional para los jueces, que los deja al margen de toda responsabilidad penal. La independencia judicial no puede confundirse con impunidad.
Este tipo de blindajes no son exclusivos de Chile. En países como España o Argentina también se han visto jueces protegidos por sus pares frente a acusaciones graves, siempre con la misma consecuencia: una ciudadanía que deja de confiar en la justicia. Aquí, lamentablemente, vamos por el mismo camino.
La paradoja es brutal: mientras se cierra toda investigación sobre Mesa —un juez que incluso suena como candidato a la Corte Suprema—, en la misma región el crimen organizado y el narcoterrorismo avanzan impunemente. Y todavía más: Mesa dicta sentencias como ministro en visita extraordinaria bajo un procedimiento que dejó de existir en 2005 y sobre hechos de hace más de 50 años. Si el involucrado hubiera sido un general, un almirante o un coronel, ya estaría siendo arrasado mediáticamente y procesado “en tres tiempos”.
Este fallo se dicta en un contexto donde apenas un 10% de la ciudadanía evalúa positivamente al Poder Judicial y un 77% cree que no asegura igualdad ante la ley. Y no es casualidad: se acumulan decisiones como esta, denuncias de irregularidades en Temuco, y al mismo tiempo el propio Fiscal Nacional, Ángel Valencia, está bajo investigación por reuniones con influyentes abogados y políticos que no fueron registradas conforme a la Ley de Lobby. A ello se suma que la Corte Suprema abrió cuadernos de remoción contra el ministro Antonio Ulloa y la ministra Verónica Sabaj, ambos vinculados al caso Hermosilla y acusados de haber solicitado favores para designaciones y beneficios personales. El panorama es claro: la justicia chilena se encuentra en medio de una crisis de confianza, con jueces y fiscales cuestionados, fallos contradictorios y procedimientos opacos, lo que refuerza la percepción ciudadana de que existe una telaraña institucional de protección corporativa.
Ahora lo que correspondería es que la abogada Fernández presente un recurso de apelación, lo que abriría la vía para que la Segunda Sala de la Corte Suprema conozca y resuelva el caso. Veremos entonces si, llegado ese momento, algún ministro con cercanía al juez Álvaro Mesa se inhabilita —como sería lo correcto “por justicia”— o si nuevamente prevalece la lógica del blindaje corporativo.
Atentamente,
Christian Slater Escanilla.
Coronel (R) del Ejército de Chile.
