El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago dictó sentencias en un procedimiento abreviado. Los implicados, considerados responsables de los hechos, cumplirán sus penas bajo la modalidad de libertad vigilada.
El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago dictó un fallo clave en una de las aristas más complejas que investiga la gestión de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. En una audiencia marcada por el análisis de los antecedentes financieros de la comuna, el magistrado Hugo Torres declaró culpables a cuatro exdirectivos municipales tras acreditarse su responsabilidad directa en el delito consumado de fraude al fisco.
La resolución judicial se alcanzó mediante un procedimiento abreviado, una vía legal que implica la aceptación de los hechos por parte de los imputados a cambio de una delimitación en el marco de las penas. Tras la validación del tribunal, se confirmó que todos los participantes del proceso fueron judicialmente declarados responsables de las irregularidades financieras detectadas durante el periodo alcaldicio cuestionado.
Las sanciones penales más drásticas recayeron sobre tres figuras clave de la administración de Barriga: Ana María Cortés, quien se desempeñó como directora de Desarrollo Comunitario; Juan Carlos Quezada, exdirector de Administración y Finanzas; y Matías Silva, exsecretario de Planificación. El tribunal los condenó a una pena de 4 años y un día de presidio menor en su grado máximo.
A pesar de la gravedad de la calificación jurídica, los tres exdirectores no ingresarán a recintos penitenciarios. El magistrado Torres determinó sustituir las penas privativas de libertad por el régimen de libertad vigilada intensiva, una medida que les obligará a cumplir con estrictos programas de reinserción y control a cargo de Gendarmería, sumado a la aplicación de multas económicas obligatorias.
Por su parte, la exadministradora municipal y ex Secpla, Andrea Díaz, recibió una sanción menor en comparación con el resto de los implicados. La exfuncionaria fue condenada a 800 días de presidio menor en su grado medio, castigo que, al igual que en los casos anteriores, también fue sustituido por una pena alternativa que le permitirá cumplir la condena sin ir a la cárcel.
Este dictamen constituye el primer cierre judicial definitivo para un grupo de colaboradores directos de la exalcaldesa en Maipú. Con estas condenas en firme, el Ministerio Público consolida los antecedentes de fraude institucional dentro del municipio, mientras las demás líneas investigativas del caso principal siguen su curso en los tribunales capitalinos.
