Noticia de connotación nacional ha sido el informe de la Contraloría G. de la República relacionada con la utilización de licencias médicas por parte de 25.000 funcionarios públicos que mientras se encontraban con licencias médicas viajaron al extranjero y como es normal, la prensa divulga diariamente.
Aciertos y desaciertos, por ignorancia o insidia, respecto de la normativa que rige al sector público por lo que es necesario aclarar ciertos juicios emitidos cuyo objetivo es desacreditar a la totalidad de los funcionarios públicos y de paso al Estado, alentando al sector político que quiere una disminución de todo el aparataje del servicio público para que se haga cargo el sector privado transformándose en negocio, como si éste fuera la blanca paloma de la sociedad chilena y estuviera al margen de la corruptela por todos conocidos que cierta prensa se niega a comentar y que gracias a medios de comunicación que no están al servicio de los poderoso, podemos conocer en detalle.
Solo para aclarar a quienes se aprovechan de las irregularidades cometidas por un segmento de funcionarios públicos, situándolos a todos en el “mismo saco” y haciendo el acostumbrado escarmiento propio de quienes sacan rédito político, me es necesario recordarles que viven en un país donde:
-Quienes tienen la misión de defender la soberanía nacional y la integridad territorial del país, son funcionarios públicos
– Quienes garantizan y mantiene el orden público y la seguridad interior del territorio nacional, son funcionarios públicos.
– Quienes fiscalizan el comercio exterior, tanto en las fronteras como en el interior del país, son funcionarios públicos.
-Los encargados de fijar las políticas de salud, promoviendo la salud pública y la prevención de enfermedades en el territorio nacional, son funcionarios públicos.
-Los encargados de proteger y mejorar los recursos productivos silvoagropecuarios y recursos naturales renovables del país incluyendo la protección de la salud de animales y vegetales del país, son funcionarios públicos.
-Quienes tiene la responsabilidad de garantizar el estado de derecho a través de un sistema judicial, son funcionarios públicos.
-Quienes están presente en solucionar los problemas a los ciudadano más desvalidos en cada comuna y enfrentar las catástrofes, son los funcionarios públicos.
Podría continuar enumerando servicios que realizan los funcionarios públicos como gendarmería, registro civil, impuestos internos, etc, de los cuales usamos todos los chilenos directa o indirectamente con la plena seguridad que son imperfectos, como en toda organización formada por personas no escapan a los actos de corrupción tal como ocurre en la industria, comercio, agricultura, deporte, bomberos, religiones, cooperativas, bancos, fundaciones, farmacias, retail, etc.
Antes de ir al análisis del uso de licencias médicas para viajar al extranjero, es necesario aclarar a quienes emiten opiniones sin tener el conocimiento y divulgando en los medios de comunicación falsedades; deben aprender que la norma legal a la cual se someten los funcionarios públicos determina la “estabilidad en el empleo” y no “inmovilidad” como señalan conspicuos panelistas, y su fundamento tiene por objetivo evitar que en cada cambio de gobierno la autoridad política desarticule la estructura formada por el personal con conocimiento y capacidad que presta los diferentes servicios públicos haciéndolo inestable y acrecentando la corrupción, no obstante, los funcionarios públicos están sometidos a un estatuto legal que en caso de no cumplirlo, previo sumario administrativo, puede aplicárseles medidas disciplinarias como censura, multa, suspensión del empleo y destitución. La destitución se aplica en caso de ser calificado un año en lista 4 o dos años en lista 3 o por falta a la probidad.
La ley 20.880 regula la Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, definiendo el principio de probidad como “observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular”, preceptos que cumplen a cabalidad la inmensa mayoría de los funcionarios públicos. El incumplimiento del principio de probidad en la administración pública se refiere a la falta de honradez, integridad o rectitud en el actuar.
Tal como lo han manifestado muchas autoridades del gobierno central; de municipalidades y parlamentarios, analizados caso a caso, el haber usado licencias médicas para salir del país es motivo suficiente para aplicar las destitución, que en el caso particular de los alcaldes, parece ser un acuerdo horizontal, juicio que también han compartido diferentes organizaciones gremiales del sector público a nivel nacional.
Es necesario aclarar, que enlodar a los funcionarios públicos en general, como se aprecia en los medios de comunicación y sectores políticos, haciendo énfasis en la cantidad (25.000) a nivel nacional, es bueno que la comunidad tome conocimiento que la cantidad de servidores públicos alcanza a un millón doscientas mil personas, cifra de la que no se tiene exactitud, por lo que el porcentaje asciende a un dos por ciento que no debe ser superior de lo que sucede en el congreso respecto a falta de probidad de los honorables y si vamos al porcentaje de sanciones por incumplimientos tributarios que cursa el Servicio de Impuestos Internos al empresariado, o las sanciones por incumplimiento de la leyes sociales a los trabajadores sesgándolos de miles de millones de pesos, se puede decir que la falta a la probidad de los funcionarios públicos no escapa a la realidad de la sociedad chilena, lo que no quiere decir que esté bien, al contrario, está muy mal, no obstante en la administración pública laboran más de un millón de personas cumpliendo sus labores en forma abnegada, eficiente y la mayoría con bajas remuneraciones con relación a las responsabilidades, cumpliendo a cabalidad las normas del estatuto que los rige y por respeto a todos ellos, quienes faltaron a la probidad en un acto de deslealtad provocando el aprovechamiento de políticos y medios de comunicación para denostar a un millón de trabajadores honrados, deben pagar las consecuencias con la sanción que corresponde.
Es valorable que la Contraloría haya publicado que 43 funcionarios de ese órgano contralor viajaron al extranjero mientras estaban con licencia, no obstante, resulta dudoso que no investigara primero o en paralelo a las fuerzas armadas, hecho que hace pensar en la posibilidad de fundamentar que la publicación de un informe similar al resto de los trabajadores públicos atente contra la seguridad interior del estado o se recurra a “secreto” y no se publique o se manipule.
A nivel local, creo que es necesario, a propósito de “transparentar”, palabra muy utilizada últimamente, que las asociaciones de funcionarios del municipio soliciten el detalle con relación a qué unidad pertenecen los 69 funcionarios que indica el informe: municipal, salud, educación etc. y cuantos son planta, contrata y honorarios y los funcionarios de planta a qué escalafón pertenecen, de esta forma se puede trabajar en los estamentos que más requieren atención para hacer cumplir el principio de probidad en forma focalizada.
Como reflexión final, es imposible sustraerse en las comparaciones frente a la inminente sanción que recibirán los 25.000 funcionarios, ya que intervendrá la fiscalía y el consejo de defensa del estado. Si un funcionario defraudó al fisco con una licencia médica de 15 días para viajar al extranjero en una cantidad de quinientos mil o un millón de pesos, la sanción debería ser proporcional a la que le asignaron a quienes defraudaron al fisco en 1.700 millones de pesos, es decir, “menor cantidad de clases de ética”.
