El reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta —que acogió el recurso de amparo a favor de Josefina Huneeus y removió de la causa ProCultura al fiscal Patricio Cooper— no solo representa un duro golpe al Ministerio Público, sino también un mensaje político encubierto bajo una resolución judicial.
Entre sus líneas, los ministros no se limitaron a resolver lo que la ley exige, sino que editorializaron: hablaron de actuaciones “propias de tiempos pretéritos de la República”, y de una fiscalía que actúa como si los 25 años del sistema procesal penal no hubiesen pasado. Pero la paradoja es brutal: esas mismas cortes, que desde hace décadas aplican un sistema de excepción contra exuniformados por causas de derechos humanos, hoy se escandalizan por diligencias que, en otro contexto, habrían sido aplaudidas.
La remoción de Cooper —fiscal con una impecable trayectoria en casos emblemáticos como el “Robo del Siglo”, Rojas Vade o la clínica Sierra Bella— no se explica por fallas técnicas, sino por el pecado de acercarse demasiado al poder. Este caso deja una lección amarga: en Chile, aún se puede investigar con autonomía… siempre y cuando no se toque a quienes están demasiado cerca del Presidente.
¿Y los partidos? ¿Y los candidatos presidenciales? Silencio. ¿Y el Congreso? Silencio. Pero el daño está hecho. La Fiscalía fue disciplinada. El ciudadano quedó solo.
Por eso, se impone la creación urgente de un organismo autónomo que proteja a los ciudadanos no solo frente al crimen, sino frente a la corrupción política. Una especie de “Instituto Nacional de Defensa del Ciudadano” (INDEC), que vigile lo que hoy el Ministerio Público y el Congreso han dejado de defender: la igualdad ante la ley, la probidad pública y el Bien Común.
Porque cuando la justicia se editorializa, y el poder se blinda, solo queda la palabra ciudadana. Y esa, por suerte, aún no ha sido interceptada.
Christian Slater Escanilla, coronel (R) y analista político
