Señor Director:
Lo que comenzó como una promesa de renovación política terminó revelando un engranaje perverso donde el Estado parece reducido a un botín. El caso ProCultura no es un error ni un desliz: es la muestra más cruda de cómo se repartieron Chile entre leales, ex parejas, operadores y rostros intocables.
La conversación interceptada entre el Presidente Boric y su expsiquiatra, Josefina Huneeus, no solo confirma una cercanía personal con Alberto Larraín —director de ProCultura—, sino que también deja registro de ofrecimientos de cargos ministeriales. No lo dicen terceros. Lo dice él mismo: lo consideró para ministro de Salud, de Desarrollo Social y subsecretario. ¿Cómo se explica esto en el contexto de miles de millones entregados por el Estado a una fundación hoy investigada?
La reacción del oficialismo ha sido inmediata: acusar filtraciones, no corrupción. Hablar de espionaje político, no de responsabilidad institucional. Mientras tanto, se desacredita al fiscal que se atrevió a seguir la ruta del dinero, y se aísla a Larraín como el único responsable, como si todo lo demás hubiera sido un accidente o una ingenuidad.
Pero incluso el Fiscal Nacional Ángel Valencia fue claro: “El Presidente no tiene un estatuto jurídico especial”. La ley, si se aplica de verdad, no distingue entre jefes de Estado y ciudadanos comunes.
Ya en 2024 algunas columnas advirtieron que esta trama de fundaciones, convenios, vínculos sentimentales y cuoteo político no era casual. Hoy los hechos lo confirman: el Estado fue infiltrado con estrategia y método.
El próximo gobierno —sea quien sea— tiene el deber cívico de iniciar sumarios, querellas e investigaciones transversales. Caiga quien caiga. No hacerlo será consagrar la impunidad como norma y cerrar para siempre las puertas de la credibilidad institucional.
Atentamente,
Christian Slater Escanilla
Un Patriota sin Partido Político.
