El tribunal de alzada rechazó el reclamo presentado por la empresa concesionaria y ratificó la decisión del Consejo para la Transparencia, exigiendo liberar los registros de coordinación institucional entre los años 2016 y 2023.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad interpuesto por la sociedad concesionaria del Hospital El Carmen de Maipú contra el Consejo para la Transparencia (CPLT). Con este fallo, la justicia confirmó la resolución que obliga a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas a entregar las actas de las reuniones sostenidas entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la administración privada y el recinto asistencial durante el período 2016-2023.
La disputa judicial se remonta a la exigencia por transparentar el funcionamiento interno y las constantes fallas operativas del establecimiento. En su oportunidad, el Consejo de Usuarios del Hospital Maipú-Cerrillos, presidido por Héctor Silva, solicitó formalmente conocer esta información con el fin de fiscalizar la calidad de la atención; sin embargo, los antecedentes no fueron entregados por parte de la concesionaria, cerrando el acceso a la comunidad.
Posteriormente, ante un requerimiento formal de un usuario por vía de Ley de Transparencia, el organismo estatal denegó las actas argumentando que su divulgación podía vulnerar la seguridad del edificio. Esta negativa motivó un amparo ante el CPLT, entidad que le dio la razón al solicitante y ordenó la entrega de los documentos resguardando únicamente los datos personales de los involucrados, decisión que la empresa concesionaria intentó anular ante los tribunales.
Para evitar la apertura de los registros, la firma que administra los servicios no clínicos apeló a la confidencialidad comercial y aseguró que las actas contenían detalles de vigilancia y planes de emergencia. Por su parte, la Dirección General de Concesiones alegó que revisar y borrar los datos sensibles de cerca de tres mil minutas requeriría más de seis mil horas de trabajo dedicadas, lo que a su juicio paralizaría sus labores habituales.
Sin embargo, los magistrados del tribunal de alzada desestimaron tajantemente la posición de la concesionaria y del Estado, recordando que la regla general de los documentos públicos es su total visibilidad. La resolución enfatizó que las cláusulas contractuales de secreto no están por sobre la ley y que la empresa privada carecía de atribuciones para aducir problemas administrativos en nombre de un organismo público.
Héctor Silva, quien alega que el Hospital creo una nueva Organización de Usuarios, con la cual se entiende agrega Silva; pero no es nuestro problema, está dentro de la legislación vigente. Lo que si que queremos como la organización – que data desde la fundación del Hospital- es que los recursos públicos se utilicen en buena forma.
Nuestro gran desafío en que se mejore la atención en la Urgencia, finaliza Silva, donde sufren en la espera maipucinos y cerrillanos. Por el momento, estamos esperando una resolución de la Contraloría.
