Señor Director:
Estamos cometiendo un crimen… y le decimos justicia
Chile se vanagloria de ser un país que respeta los derechos humanos y defiende el Estado de Derecho. Pero hay una realidad vergonzosa que muchos prefieren no ver: estamos cometiendo un crimen —jurídico, ético y humano— contra un grupo específico de personas, y lo hacemos bajo el cómodo disfraz de “justicia”.
Cuesta comprender cómo, en pleno 2025, todavía se estén juzgando a exuniformados bajo un sistema inquisitivo que fue reemplazado hace ya dos décadas. El nuevo sistema procesal penal rige en Chile desde el año 2005, consagrando garantías básicas como la imparcialidad del juez, el derecho a una defensa efectiva, la oralidad y la publicidad de los juicios.
Sin embargo, cuando se trata de quienes vistieron uniforme durante el Gobierno Militar, pareciera que el tiempo procesal se detuvo. Se les sigue juzgando bajo procedimientos que concentran en un mismo juez la investigación, la acusación y el fallo, en flagrante contradicción con el principio del debido proceso y con los estándares internacionales que el mismo Estado chileno dice respetar.
Yo puedo entender que un delito de lesa humanidad sea, conforme al Derecho Internacional, imprescriptible e inamnistiable. Lo que no puedo comprender ni aceptar es que dicho delito se investigue y sancione en Chile bajo un sistema judicial ya extinto, que entrega al juez amplias facultades discrecionales, permitiéndole actuar según su propia conveniencia judicial o ideológica, amparando con ello un relato oficial parcial, sesgado y carente de imparcialidad.
¿Qué explica esta anomalía jurídica? ¿Qué teme el Poder Judicial al aplicar el mismo estándar de justicia que exige a todos los demás ciudadanos? ¿Por qué mantener procesos abiertos durante décadas, reabrir causas ya concluidas o fundar sentencias en presunciones y testimonios dudosos, sin pruebas materiales ni respeto por la cosa juzgada?
Algunos dirán que se trata de justicia. Pero cuando se ignoran principios básicos del derecho penal moderno, cuando se niega el acceso a beneficios carcelarios por edad avanzada o enfermedades terminales, y cuando se exige el “arrepentimiento” como requisito para considerar un trato digno, lo que se observa no es justicia: es venganza.
Y lo peor: para muchos de estos hombres —ya ancianos, enfermos, abandonados—, esto se ha transformado en un castigo eterno. No por lo que hayan hecho o dejado de hacer, sino por lo que representan para una parte de la élite política, judicial y comunicacional de Chile. Una condena simbólica que no termina con la sentencia, ni con la cárcel, ni con la muerte.
El Estado no puede seguir actuando como espectador ante este escenario. No puede mantenerse indiferente frente a denuncias fundadas de manipulación judicial, testigos cuestionables o presiones ideológicas. Lo que está ocurriendo en Chile —según muchas voces expertas— podría configurar una forma selectiva y anómala de persecución penal. Y si eso es así, no estamos ante un sistema de justicia, sino ante una maquinaria de revancha, administrada por quienes juraron defender la Constitución y el Estado de Derecho.
La justicia no puede ser ideológica. No puede servir para escribir la historia oficial. Y mucho menos, puede ser el instrumento para castigar de por vida a quienes sirvieron a la patria bajo circunstancias que el mismo país les exigió enfrentar.
Christian Slater E.
Coronel (R) del Ejército de Chile
Un patriota sin partido político
