Señor director:
Lo que parecía ser un buen proyecto de ley, se transformó en hechos cargados de intereses y resoluciones que no consideran a todos los involucrados.
La ley de patrimonio cultural ingresada este año a la cámara de diputados, pretende modificar la actual ley N° 17.288, para actualizar sus distintas categorías y mejorar la protección de estos mismos. Pero la realidad es que, una vez más, los vacíos que presenta
pueden perjudicar de sobremanera a lo que se pretende proteger; por lo tanto, no existe una real preocupación por resguardar los diversos patrimonios culturales.
Cuando comenzaron las modificaciones, se invitó al colegio de Arqueólogos y Arqueólogas de Chile a participar, pero solo les fueron asignados algunos puntos del título V del proyecto en cuestión (como mencionan en su página oficial); con lo cual, ¿si no se considera a los expertos, no se le restaría importancia a los patrimonios?
Por otro lado, uno de los grandes vacíos presentados, es la omisión de la competencia ambiental del Consejo de Monumentos Nacionales; encargado de establecer etapas a realizar previo a distintos proyectos, evitando así implementaciones dañinas a los sitios. Al omitirse este organismo, surge la interrogante de cómo se regularán los proyectos y la significancia de deficiencias en la protección de monumentos en un marco de actividades y proyectos de inversión.
Ya grave es dejar sin participación a pueblos originarios y comunidades locales, demostrando falta de información y visualización hacia la comunidad; y más grave aún, es que los encargados de las modificaciones no consideren los puntos de vista de expertos que se ocupan y preocupan de los resguardos, y a pesar de la pretensión de mejoría de estas reformas, no hay que olvidar, que no hay peor ciego, que el que no quiere ver.
Se despide atentamente.
Catalina Delgadillo Catalán, estudiante.
