El informe, que será discutido este martes 1 de octubre por el pleno de la Sala, llama a los/as parlamentarios/as a aprobar la “cuestión previa” y rechazar la admisibilidad del libelo.
Por cuatro
votos en contra y uno a favor, la Comisión encargada de analizar la procedencia
de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela
Cubillos, recomendó a la Sala rechazar el libelo acusatorio.
La instancia, que fue presidida por el diputado Celso
Morales (UDI), llamó a la Sala de la Cámara a aprobar la cuestión previa y a
rechazar la admisibilidad del informe que consta de cinco capítulos.
Los diputados Pedro
Pablo Alvarez-Salamanca (UDI), Catalina
Del Real (RN), Hugo
Rey (RN) y Celso
Morales (UDI), acordaron rechazar la admisibilidad de la acusación, mientras
que la diputada Maite
Orsini (RD) optó por aprobarla.
Entre los fundamentos que recomendaron rechazar el informe, se encuentra la
falta argumentos procedentes, en el sentido de que no cumple con los requisitos
mínimos establecidos en la Constitución.
En tanto, los argumentos que estuvieron por aprobar el documento resaltaron la
conducta sistemática de la ministra Marcela Cubillos, en favor del abandono de
la educación pública.
La Sala de la Cámara de Diputados deberá pronunciarse, este martes 1 de
octubre, a partir de las 10:30 horas, sobre la denominada “cuestión previa” y
determinar si la acusación cumple o no con los requisitos fijados en la
Constitución.
El libelo acusatorio se encuentra dividido en cinco capítulos, que consignan
brevemente lo siguiente:
Primer capítulo: se afirma que la ministra ha “faltado a la verdad” y ha
cometido “faltas a la probidad”, queriendo transmitir su visión del Sistema de
Admisión Escolar a los apoderados.
Segundo capítulo: se refiere al envío masivo de correos a padres y
apoderados para “promocionar” la iniciativa mencionada anteriormente.
Tercer capítulo: señala que la secretaria de Estado habría dejado “sin
aplicación la ley” al “dilatar el nombramiento de autoridades”, entre otros
aspectos.
Cuarto capítulo: se habla de que la ministra “no actuó conforme a
los deberes legales y no realizó tardíamente las acciones necesarias para
corregir la inejecución presupuestaria en que incurrió la Dirección de
Educación Pública”, en los servicios locales de educación que eran dirigidos
por personeros nominados bajo la administración de la expresidenta Bachelet.
Quinto capítulo: tiene relación con la “vulnerabilidad del principio de
igualdad” en torno a las problemáticas por el no pago de menciones a las
educadoras diferenciales.
Publicado el 30 de septiembre del 2019
