En el tiempo que corre, sintiéndolo cada vez más rápido, pocas situaciones reconfortan; a veces son pequeños actos; no obstante, nos hacen reflexionar sobre acontecimientos que remecen una parte importante de la sociedad, como es uno de los valores que parece estar en extinción, ya sea a nivel interpersonal o colectivo y que cada día que pasa, desgraciadamente es  más escasa; me refiero a la confianza.

La experiencia

La   necesidad   de   comprar   un   simple   control   remoto   para   un   televisor   antiguo,   no necesariamente para seleccionar algún canal nacional, y, al no encontrarlo en el comercio establecido, sumado a la mala experiencia que tuve en uno de los grandes centros comerciales para devolver un aparato electrónico que no funcionó (para lo cual tuve que grabar un video y concurrir tres veces), me llevó a decidir, por recomendación de un amigo, dirigirme a la esquina de Pajaritos con Cinco de Abril, donde se encuentra el “Rey del Control Remoto”.

 

Sí, un señor que se gana la vida vendiendo estos aparatos, al igual que lo hacen 40.000 vendedores ambulantes en nuestra capital y cientos de miles a lo largo del país.

Después de indicarle algunas características del televisor antiguo, me entregó el que él creía era el preciso para funcionar. Le manifesté que lo probaría, pero que estaba fuera de Santiago, por lo que podría pasar un tiempo prolongado y si no correspondía, tendría que regresar para cambiarlo, a esto me respondió que no había ningún problema, extendiéndome una fotocopia de 7 x 7 centímetros que decía: “El Rey del Control Remoto”. En resumen, “la garantía”.

Pasado aproximadamente un mes y medio, regresé con el control remoto y la “garantía”, diciéndole que no había funcionado. Me pidió que sujetara una bolsa y buscó entre decenas de controles, pasándome tres y diciéndome:

• Pruebe entre estos tres y me trae los dos que no le sirvan.

Sorprendido, lo miré y, entendiendo lo que estaba pensando, me dijo:

• ¿Usted confía en mí?
• Sí, le respondí.
• Yo también confío en usted.

Caminando con los tres controles   en   mi   mano,   perfectamente   insertos   en   un   protector plástico, no pude sustraerme a tal gesto. Por mucho tiempo pensé en el significado de la palabra confianza, también recordé las tres veces que tuve que concurrir a la gran tienda para devolver una compra; me preguntaba si existiría la posibilidad de que esa tienda hiciera algo parecido.

Mi reflexión fue más allá, pensé en la pérdida económica que sufriría el “Rey” si alguien no le devolviera los dos controles sobrantes y luego me trasladé al estado de la confianza en la sociedad chilena.

Pensé en la confianza de la ciudadanía en el Parlamento, la política, los gobiernos, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI, Gendarmería, las municipalidades, las empresas   privadas,   los   organismos   no   gubernamentales,   fundaciones,   el   comercio,   la industria,   los   profesionales,   las   religiones,   las   universidades,   los   empleados   públicos   y privados, los empresarios, etc.

Para hacerme una idea sobre la confianza que la ciudadanía deposita en estas instituciones, revisé variada información, no obstante, también encontré comentarios e informes sobre las empresas   que   realizan   encuestas   sobre   confianza   institucional,   descubriendo   que,   en ocasiones, quien paga solicita cierto resultado, engañando al encuestado mediante preguntas que  limitan  el  universo  y están diseñadas para conducir a determinadas respuestas. En resumen, no hay confianza en las “encuestadoras”.

Además, suponiendo que exista una encuesta seria sobre alguna institución o persona, no se comprende que, mientras se descubre y es noticia nacional que una de ellas desfalca al fisco entre   28  y   35   mil  millones   de   pesos   durante   11  años,   con   más   de  cien   condenados, posteriormente goce de un alto grado de confianza ciudadana.

Hay muchos ejemplos de esta contradicción: depositar la confianza para que una persona lo represente en el Poder Legislativo y elegir a alguien que se hizo famosa defraudando al fisco mediante licencias médicas otorgadas por teléfono, previa tarifa según los días de “reposo”; reelegir a diputados que no asisten a las sesiones para determinar las leyes que requiere el país; mantener un alto grado de confianza en instituciones que han defraudado al fisco, etc.

En definitiva, muchos vivimos, después de analizar la realidad, en un medio donde es difícil confiar en personas e instituciones públicas y privadas. Terminamos reduciendo la confianza a lo interpersonal: un familiar, un amigo, compañeros de trabajo o un vecino, pero confiar en un extraño es muy difícil, sobre todo con lo que a diario se conoce sobre estafas, fraudes y robos, no solo del hampa, sino también de autoridades y empresarios de alto nivel que, cuando son descubiertos y condenados, se ha puesto de moda “quedar firmando”, claro está, solo para los de cuello y corbata.

Esto provoca una pérdida de confianza en el sistema judicial, lo que es mucho decir en una sociedad.

Tampoco escapa la desconfianza al ámbito del comercio internacional, tema en el cual  todos coinciden  en  que en las  relaciones  comerciales  la  confianza  es  un activo fundamental, concepto  que se elimina cuando un mandatario de un país poderoso no respeta contratos ni acuerdos bilaterales y, con arrogancia, los desecha para luego afirmar que los países “le están besando el trasero”, cabe preguntarse si las autoridades actuales y futuras estarán dispuestas a hacerlo por relaciones comerciales, perdiendo la dignidad que debe tener toda persona y nación, fingiendo confianza  en quien no demuestra ningún grado de ella y además los insulta.

Tener total esperanza,  seguridad  o fe  en que una persona  o institución  responderá  con honestidad   se   hace   cada   día   más   difícil,   no   obstante,   siempre   encontramos   actos   que

reconfortan, como el gesto del “Rey del Control Remoto”, una persona dispuesta a confiar en un extraño. Esa acción me hace pensar no solo en el valor de la confianza en sí misma, sino también en la disposición de alguien que no requiere como condición esencial el tiempo y el conocimiento previo de la persona en quien depositar esa seguridad.

Hoy devolví los dos controles remotos que no correspondían al televisor; el Rey simplemente me miró y me dijo:—Si le falla, me lo trae y lo cambiamos.

Esa garantía, la palabra empeñada (ley en el pasado), vale más que toda la letra chica que  señalan los papeles de las grandes tiendas al realizar una compra.

Pedro Alexi Aguirre Moya

Mientras asistía, ya hacia varias décadas, a seminarios gremiales, participando en una de las tantas comisiones que se formaban, un colega, después de escuchar a representantes de funcionarios de una municipalidad de muy al sur de nuestro país denunciado el abuso de poder del alcalde, dijo: “Parecen reyes”. Solicité la palabra e intervine para decir que difería del colega, yo estimaba que “Parecen Faraones”.  Causó mucha risa y el moderador me solicitó que me explicara.

Mencioné que solo había que remitirse a nuestra norma que nos rige, El Estatuto Administrativo para funcionarios municipales que, entre muchos aspectos, regula los sumarios administrativos, ese instrumento que permite al alcalde instruir una investigación y sancionar infracciones administrativa, pudiendo aplicar la medida de destitución.

 

Para hacerlo simple:

Estatuto Administrativo.

a) 126.- El alcalde ordena instruir un sumario administrativo.

b) 127.- El alcalde nombra al Fiscal.

c) 138.- El alcalde aplica la medida disciplinaria.

d) 139.- Al alcalde se le presenta el recurso de reposición

e) 140.- El alcalde finalmente sanciona

 

El debido proceso (rango constitucional) está destinado a asegurar un proceso racional y justo. Una de las garantías procesales más importantes que se deben respetar es el derecho de impugnar las resoluciones desfavorables ante el superior jerárquico de quien resolvió.

 

No existe disposición legal que indique cual es el Superior Jerárquico del alcalde para ejercer el derecho de impugnar las resoluciones desfavorables que afecten a un funcionario/a municipal y se dé cumplimiento al debido proceso en el tribunal administrativo.

 

Se podría pensar que, para un funcionario destituido post sumario administrativo, resuelto por quien es juez y parte en el proceso, tiene la posibilidad de recurrir a la Contraloría General de la República. Diferentes dictámenes del órgano contralor señalan que: …esta Entidad Fiscalizadora no puede efectuar consideraciones relativas al mérito probatorio de ciertos elementos de convicción, pues ello debe ser apreciado por quien sustancia el proceso disciplinario y por la autoridad que ejerce la potestad disciplinaria, y no por este Órgano de Control.

 

Además, el órgano contralor está impedido de pronunciarse, a no ser por irregularidades en el procedimiento, en razón a lo que indica la ley N° 19.880, Art. 59, inciso 4° (Ley que establece los procedimientos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado).

 

Art. 49

“No procederá recurso jerárquico contra los actos del presidente de la República, de los ministros de estado, de los alcaldes y los jefes superior de los servicios públicos descentralizados. En estos casos, el recurso de reposición agotará la vía administrativa.

 

Fui conocedor de muchos sumarios cuya intencionalidad fue destituir al funcionario, independiente si los hechos ameritaban tal medida o si existían elementos probatorios de haber cometido irregularidades para aplicar la máxima sanción.

 

Se puede decir que la alternativa es recurrir a los tribunales de justicia, lo que es efectivo, y muchos funcionarios han revertido la decisión de la autoridad municipal llegando a la corte suprema en la cual se ha comprobado que sólo se trataba de una medida de persecución política o sencillamente generar cupos en la planta para el ingreso de los que llegan con cada autoridad, En estos casos la municipalidad ha tenido que reintegrar al funcionario/a y pagar las remuneraciones correspondiente al período que estuvo despedido.

 

El problema de esta solución tiene que ver con los recursos económicos que se requiere y que desgraciadamente no todos pueden solventar. Si tomamos en consideración los ingresos de un funcionario municipal perteneciente a las plantas de auxiliar, administrativo y técnico cuyo promedio de ingreso se aproxima a ochocientos mil pesos, resulta muy difícil que se pueda solventar un juicio que se vea en la corte de apelaciones y termine en la corte suprema ya que se requeriría muchos millones de pesos, que muy pocos pueden solventar. De esta forma, la limitación económica para poder defenderse de decisiones arbitrarias de quienes no están sujetos a un recurso superior en tribunal administrativo como los alcaldes, los hace omnipotentes; deciden instruir sumario; nombran al fiscal, fijan la sanción, hay que apelar a ellos y finalmente resuelven una destitución; parecido a un faraón.

 

En décadas, fui testigo de varios despidos a compañeros de trabajo por faltas que, si las hubiese cometido los funcionarios que llegan con la autoridad cada cuatro años para “arreglar todo”, solo sería motivo de una sonrisa del parecido a un faraón.

 

Ante el abuso de poder por parte del todopoderoso recaído en funcionarios/as de bajos recursos, no tiene valor la mejor de las defensas o la inocencia, ya que impera la intención del “faraón de turno”, situación que se contrapone con lo que debería imperar en los municipios; lo justo.

 

Pedro Alexi Aguirre Moya