Señor Director:
El caso de los niños haitianos cuyo paradero se investiga no puede leerse solo como un episodio migratorio. Es una advertencia sobre lo que ocurre cuando el Estado confunde sensibilidad con ausencia de control.
A propósito del grave caso de los niños, niñas y adolescentes haitianos cuyo paradero hoy se investiga en Chile, vale la pena hacerse una pregunta incómoda: ¿qué país recibió el actual gobierno?
Los antecedentes conocidos son inquietantes. De acuerdo con reportes basados en información de la Contraloría General de la República, 486 menores haitianos habrían ingresado al país acompañados por solo 12 adultos, en 61 vuelos realizados entre 2024 y 2025. En una revisión posterior de 105 menores, 64 no fueron encontrados en los domicilios registrados.
No se trata de una falla menor ni de un trámite mal ejecutado. Cuando el Estado pierde la trazabilidad de un niño, el problema deja de ser administrativo y se transforma en una señal de alarma institucional. Un menor que ingresa al país requiere protección especial, identificación cierta, seguimiento y coordinación efectiva entre los organismos responsables.
Este caso tampoco apareció de la nada. Según los antecedentes publicados, hubo alertas previas, oficios ignorados, advertencias sobre falta de protocolos, debilidades en los registros y ausencia de coordinación entre instituciones públicas. Por eso, la pregunta no es solo qué ocurrió con esos niños, sino por qué el sistema no reaccionó antes.
Durante años se instaló una peligrosa confusión: creer que exigir antecedentes era falta de humanidad; que verificar vínculos familiares era sospechar indebidamente; que controlar fronteras era dureza; que pedir documentos legalizados era una traba burocrática; que aplicar procedimientos rigurosos era contrario a los derechos. Pero la realidad termina imponiéndose. Sin registros confiables, la protección se vuelve discurso. Sin autoridad, los más vulnerables quedan expuestos.
Por eso resulta difícil escuchar, todavía hoy, hablar con tanta liviandad del “legado” de Gabriel Boric. Si se quiere hablar de legado, hay que hacerlo completo. No basta con recordar símbolos, relatos o intenciones declaradas. También hay que mirar el país que quedó: más inseguro, más desconfiado, con instituciones tensionadas, recursos públicos cuestionados y una autoridad que demasiadas veces pareció más dispuesta a explicar el desorden que a impedirlo.
El actual gobierno tiene la obligación de hacerse cargo. Para eso fue elegido y para eso gobierna. Pero una cosa es exigirle resultados y otra muy distinta es actuar como si todas las crisis hubieran nacido el día en que asumió. Lo que hoy recibe es la consecuencia de una falla transversal del Estado: un Ejecutivo que relativizó controles, un Legislativo que no cerró a tiempo los vacíos normativos, un Poder Judicial que demasiadas veces pareció más atento al garantismo que a la protección efectiva de las víctimas, y órganos fiscalizadores que llegaron tarde frente a señales que debieron encender alarmas mucho antes.
El dato policial ayuda a dimensionar el ambiente general. En 2024, Carabineros de Chile atendió más de 11 millones 600 mil procedimientos asociados a delitos, faltas, infracciones y contravenciones. Eso equivale a casi 32 mil procedimientos diarios, más de 22 por minuto y prácticamente uno cada tres segundos. Comparado con la población nacional, ese volumen representa cerca del 58% de los habitantes del país.
No significa que más de la mitad de los chilenos haya cometido un delito o una falta. La estadística habla de procedimientos, no de personas distintas. Pero sí muestra un país sometido a una presión permanente de incumplimientos, conflictos, fiscalizaciones y transgresiones cotidianas. Esa presión no nace solo en la delincuencia violenta. También aparece en el no pago de pensiones de alimentos, en la evasión tributaria, en las licencias médicas abusivas, en los arriendos impagos, en el no pago de autopistas, en las ocupaciones ilegales, en beneficios obtenidos irregularmente y en recursos fiscales que se pierden sin explicación suficiente.
Chile puede discutir sus políticas migratorias, su modelo de seguridad, su economía y sus prioridades sociales. Todo eso es legítimo. Lo que no puede hacer es seguir relativizando la seriedad del Estado.
Cuando el Estado deja de cumplir con rigor sus deberes básicos, el costo ya no es una discusión política o administrativa: esta vez, son niños cuyo paradero debe ser buscado con urgencia.
Christian Slater E.
