Señor Director:

Una vez más, junto con agradecer la publicación de la carta enviada en noviembre de 2025, titulada “Caballa la torta” —una carta ampliamente leída y muy comentada, con reflexiones que generaron un debate valioso entre los lectores— quisiera volver sobre ese texto, no para reiterarlo, sino porque los hechos recientes parecen haberle otorgado una inesperada vigencia.
En aquella oportunidad, la carta no pretendía ser una anécdota local ni una caricatura política, sino una observación sobre una práctica cada vez más extendida: la reducción de la política a la lógica del reparto, de los comandos, de las cuotas y de la “cocina”, donde el cálculo termina desplazando a las convicciones, a la ética pública y a la tradición histórica de los partidos.
Hoy, a poco más de un mes de esa publicación, conocemos la renuncia de Francisco Huenchumilla a la presidencia de la Democracia Cristiana. Más allá de las razones personales o partidarias que él mismo ha expuesto, el hecho no contradice lo planteado entonces; por el contrario, lo confirma. Cuando se rompe la ética interna de un partido y se desdibuja su identidad, incluso los discursos más sólidos terminan chocando con una realidad que no admite demasiados matices.
Como advertía Aristóteles, “cuando la ética se separa de la política, el poder deja de servir al bien común”. Tal vez ahí radique el problema de fondo que hoy atraviesa no solo a un partido en particular, sino a gran parte del sistema político.
El Partido Comunista ensaya hoy un mea culpa; el Frente Amplio parece no encontrar cómo sostener un legado crecientemente cuestionado; y en otros sectores la distancia entre discurso y práctica se vuelve cada vez más evidente. La crisis, por tanto, no es solo de liderazgos ni de coyunturas electorales, sino de ética política en su sentido más profundo.
Tal vez el problema no sea quién se levanta de la mesa, sino por qué la mesa —la torta, el reparto— terminó siendo más importante que las ideas, los principios y la vocación de servicio que alguna vez justificaron la existencia de los partidos.

Christian Slater E.

Señor Director:

En enero de 2026, Chile cumplirá doscientos años de independencia en uno de sus territorios más singulares.

No en Santiago.

No en Concepción.

En Chiloé.

Y no es casual que esta reflexión pueda escribirse —y leerse— desde Maipú.

Fue aquí donde, en abril de 1818, se selló militarmente la independencia de Chile con la derrota decisiva del ejército realista. La Batalla de Maipú no solo aseguró la victoria patriota: marcó el punto de quiebre definitivo del poder militar español en el territorio continental chileno. Sin embargo, ese cierre bélico dio origen, paradójicamente, a una prolongación del conflicto en el extremo sur del país.

Tras la derrota, las fuerzas realistas se dispersaron. Conviene ser precisos: no todas huyeron ni todas lograron escapar. Muchas se rindieron en el propio campo de batalla, otras fueron capturadas durante la retirada hacia el sur, y solo una parte consiguió evadir el cerco utilizando distintas vías de escape, entre ellas las rutas hacia el sur y hacia Valparaíso. Desde ese puerto, algunos contingentes lograron embarcarse, reforzando primero posiciones en Valdivia y, posteriormente, en Chiloé, donde el poder realista encontró su último y más persistente refugio.

Así, el cierre militar de la independencia en Maipú dio inicio al último capítulo de su prolongación. Durante casi ocho años, mientras la República se organizaba, legislaba y se pensaba a sí misma como nación independiente, el archipiélago de Chiloé permaneció fuera de ese proceso. No por descuido, ni por atraso, ni por ignorancia, sino por una historia, una identidad y una lealtad que el resto del país muchas veces prefirió no comprender.

Chile fue independiente sin Chiloé durante ocho años. Ese solo hecho obliga a mirar la historia con mayor honestidad y menos simplificaciones.

No es casual, además, que esa memoria permanezca viva en Maipú. Tras la victoria, y cumpliendo la promesa realizada en plena batalla, se levantó el Templo Votivo de Maipú, como expresión material de gratitud y memoria nacional a la Virgen del Carmen. En su torre principal funciona hoy un museo de sitio, desde cuyas ventanas aún es posible observar el campo donde se libró la batalla decisiva. A nivel del templo, el Museo del Carmen resguarda documentos, objetos y relatos que permiten comprender no solo lo ocurrido aquel día, sino también el clima político, militar y humano de toda una época fundacional.

Sería injusto atribuir la postergación de Chiloé a desidia o falta de voluntad política. En esos mismos años, Bernardo O’Higgins tenía una convicción estratégica clara: mientras el Virreinato del Perú siguiera en pie, la independencia de Chile —y de toda Sudamérica— estaría siempre amenazada. Chiloé era un problema serio, pero el Perú era el centro del poder realista.

Por eso, O’Higgins concentró sus esfuerzos políticos, económicos y navales en una empresa mayor: la Expedición Libertadora del Perú (1820), una de las obras estratégicas más audaces del proceso independentista sudamericano. Contra enormes dificultades internas, resistencias políticas y escasez de recursos, logró mantener su idea inicial: llevar la guerra al corazón del poder virreinal, en alianza con José de San Martín, y no limitarse a una independencia meramente formal o defensiva.

No es casual que, durante esa expedición, flameara una bandera hoy poco recordada pero profundamente simbólica: la bandera chilena con tres estrellas. No era la bandera oficial actual, sino un emblema histórico que representaba la unión de Chile, Argentina y Perú en una causa común. La independencia no se concebía como un proyecto aislado, sino como una empresa continental.

Desde esa perspectiva, la postergación de Chiloé no fue olvido, sino priorización estratégica. O’Higgins sabía que, una vez derrumbado el Virreinato del Perú, los enclaves realistas restantes —incluido Chiloé— quedarían inevitablemente aislados. Y así ocurrió.

La incorporación definitiva del archipiélago no fue inmediata ni improvisada. Hubo intentos fallidos, como el de Thomas Cochrane en 1820, y una primera expedición de Ramón Freire en 1824 que no logró consolidarse. Recién en enero de 1826, tras los combates de Pudeto y Bellavista, se cerró el último capítulo militar de la independencia en América. Y lo hizo de una manera poco habitual para la época: mediante un tratado.

El Tratado de Tantauco no significó una rendición humillante ni una ocupación brutal. Fue un acuerdo político y jurídico que incorporó el archipiélago a la República de Chile, reconociendo derechos y estableciendo un tránsito institucional. Chiloé no fue arrasado ni borrado: fue anexado.

Pero la singularidad de Chiloé no termina en su independencia tardía. El archipiélago ha sido, hasta hoy, uno de los espacios donde con mayor fuerza se han conservado tradiciones heredadas del mundo hispánico: en su cocina austera y profunda, en su religiosidad vivida como práctica comunitaria, en sus iglesias de madera, en la evangelización itinerante por mar y en su universo de mitos y relatos orales. No es folclor ni postal turística: es continuidad cultural.

Durante siglos, el mar fue frontera, protección y vínculo. Esa condición insular permitió a Chiloé conservar ritmos, costumbres y formas de vida que en el continente se transformaron con mayor rapidez. La insularidad no fue una desventaja cultural, sino un resguardo.

Ese equilibrio histórico entra hoy en una nueva etapa. La futura inauguración del Puente de Chacao no será solo una obra de ingeniería. Será un punto de inflexión histórico.

Por primera vez, Chiloé dejará de depender exclusivamente del mar para conectarse con Chile. Lo que antes cambiaba lentamente comenzará a hacerlo a la velocidad del continente. No desaparecerá la identidad chilota, pero sí cambiará la forma en que se transforma.

Previsto para ser inaugurado hacia fines de 2028 o conmemorativamente en 2029, el puente será algo más que una obra material.

Será un puente.

No una frontera.

Una estructura pensada para unir a los chilenos, no para separarlos.

A doscientos años de su incorporación a Chile, Chiloé no necesita ser reivindicado ni corregido. Necesita ser comprendido. Porque su independencia no fue tardía por error, sino distinta por naturaleza. Y porque entender esa diferencia dice tanto de Chiloé como del propio Chile.

Christian Slater E.

Señor Director:

En los días posteriores a una elección presidencial limpia, transparente y ampliamente reconocida, resulta inevitable detenerse no solo en los resultados, sino también en las reacciones que estos generan, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En ese contexto, las declaraciones de algunos mandatarios extranjeros respecto del reciente triunfo electoral de José Antonio Kast en Chile ameritan una reflexión serena, pero firme.

El contraste no podría ser más elocuente. Mientras el Presidente electo de Chile pronunció un discurso de unidad, serio, responsable, ecuánime y conciliador —con un lenguaje impecable y un llamado explícito a integrar a quienes no votaron por él—, desde el extranjero se respondió con descalificaciones personales, comparaciones extremas y expresiones impropias de Jefes de Estado. No se trata aquí de una diferencia ideológica legítima, sino de reacciones que desconocen principios básicos de respeto entre naciones soberanas.

Las trayectorias importan, y se reflejan con claridad en la forma de concebir la democracia. José Antonio Kast ha desarrollado toda su vida pública dentro del marco institucional, participando de la política republicana como parlamentario y líder político, aceptando derrotas y triunfos bajo las reglas del sistema democrático. En contraste, tanto el Presidente de Colombia como el de Venezuela provienen de culturas políticas marcadas por la confrontación, el autoritarismo y la deslegitimación sistemática del adversario. No resulta extraño, entonces, que frente a un mismo hecho —una elección democrática— uno responda con un llamado a la unidad nacional y otros con amenazas, insultos y caricaturas ideológicas.

Más aún, estas descalificaciones se produjeron después de que la propia candidata derrotada, Jeannette Jara, reconociera el resultado tanto mediante una llamada telefónica al Presidente electo como posteriormente de manera pública en la sede del Partido Republicano. Ese gesto honra la tradición democrática chilena y demuestra que, al interior del país, el proceso fue asumido con madurez cívica por sus protagonistas. Resulta paradójico, por decir lo menos, que la legitimidad de nuestra democracia sea cuestionada desde el exterior cuando fue plenamente reconocida por quienes compitieron en ella.

A lo anterior se suman las recientes declaraciones del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, quien no solo calificó el triunfo electoral en Chile como una amenaza “nazifascista”, sino que además emitió advertencias directas al Presidente electo respecto de las políticas migratorias, utilizando un tono amenazante y paternalista impropio de las relaciones internacionales. Sus palabras, acompañadas de anuncios propagandísticos sobre eventuales retornos masivos de migrantes venezolanos, constituyen una intromisión inaceptable en los asuntos internos de un Estado soberano y una nueva muestra del desprecio de ese régimen por las reglas básicas de la convivencia democrática. Del mismo modo, las declaraciones de altos personeros del chavismo, como Diosdado Cabello, intentando explicar el resultado electoral chileno como consecuencia de la “tibieza” del actual gobierno, confirman una lectura ideologizada y utilitaria de nuestra democracia, ajena a la voluntad soberana de los ciudadanos chilenos.

Existe, además, una diferencia que conviene subrayar con claridad. Chile acaba de vivir un proceso electoral limpio, transparente y plenamente verificable, de tal forma que antes de las siete de la tarde del día de la votación ya era posible conocer con certeza quién había ganado la elección presidencial. Los resultados fueron reconocidos por los propios contendores y validados por la institucionalidad electoral, sin sombras ni cuestionamientos relevantes. Ese estándar contrasta radicalmente con lo ocurrido en Venezuela, donde hasta hoy no se han exhibido las actas electorales exigidas por la comunidad internacional, donde los resultados han sido sistemáticamente cuestionados y donde incluso organismos multilaterales como las Naciones Unidas continúan esperando información básica que nunca ha sido entregada. La comparación no es ideológica: es institucional. Y explica, en buena medida, la autoridad moral con la que Chile puede defender su democracia frente a quienes carecen de ella.

Corresponde destacar que, frente a las inaceptables declaraciones del Presidente de Colombia, el Estado de Chile ya ha presentado una nota de protesta diplomática, actuando conforme a la tradición republicana y al derecho internacional. Ese camino institucional es el correcto y debiera ser el estándar frente a cualquier intento de descalificación, amenaza o intervención externa, provenga de quien provenga.

Este episodio deja en evidencia algo más profundo: mientras Chile procesa sus diferencias políticas mediante elecciones libres, reconocimiento de resultados y llamados a la unidad nacional, ciertos regímenes autoritarios de la región reaccionan con un lenguaje violento, amenazante y ajeno a toda lógica democrática. Esa diferencia no es menor. Marca la distancia entre una república que se respeta a sí misma y gobiernos que, incapaces de ofrecer democracia y prosperidad a sus propios pueblos, buscan proyectar hacia afuera su crisis interna.

La democracia chilena no acepta descalificaciones ni amenazas. Exige respeto. Y corresponde al Estado de Chile, con independencia del signo político de su gobierno, hacerlo valer con claridad, firmeza y dignidad.

Ese es el estándar mínimo que una república seria debe exigirse a sí misma.

Atentamente,

Christian Slater E.
Coronel (R) del Ejército de Chile

CABALLA LA TORTA: La frase que explica mejor la historia que el respetado Senador Huenchumilla.

Señor Director:

Conozco al Senador Francisco Huenchumilla desde el año 2004 y 2005 en que ambos coincidimos en Temuco. Yo, como comandante del Regimiento Tucapel, y él como alcalde de la ciudad. Durante ese período inauguramos el Casino de Soldados que llevó el nombre de su padre, un suboficial muy querido y respetado del regimiento, un hombre de presencia imponente, muy conocido por su porte, y recordado por generaciones. Compartimos más de una vez una comida en mi casa y yo en la suya. Incluso me obsequió un hermoso poncho araucano al finalizar mi destinación. Siempre tuvimos un trato cordial, respetuoso y profesional: yo, sin poder hablar de política; él, cumpliendo su rol institucional.

Por eso, me cuesta comprender —y lo digo con la misma ironía fina del que sabe exactamente de qué está hablando— las declaraciones del hoy timonel de la Democracia Cristiana respecto a Eduardo Frei Ruiz-Tagle y su reunión con José Antonio Kast. No porque uno tenga que estar de acuerdo con el expresidente Frei en todo, sino porque sorprende que un político del temple de Huenchumilla recurra a un tono inquisidor para reprochar públicamente a otro líder de larga trayectoria. Huenchumilla no es un youtuber buscando polémica; es un dirigente respetado de la Araucanía, conocido por su mesura y su tono siempre ponderado. Esa es precisamente la razón por la que cuesta entender este estilo casi disciplinario, como de pequeño tribunal moral instalado en la directiva de la DC. Chile no está para ver a sus líderes “ajusticiarse” en la prensa, sino para ver soluciones reales a los problemas que más preocupan al país. Las diferencias internas se resuelven dentro de los partidos; a la ciudadanía le interesan la seguridad, el desarrollo, la gobernabilidad, la justicia y el futuro de la patria, no la supervivencia angustiosa de una colectividad que lleva años en caída libre.

Además, cuando se habla de “ultraderecha”, conviene recordar de qué estamos hablando. El Partido Republicano es un partido plenamente democrático, legalmente constituido y aprobado por el Servicio Electoral de Chile. Y si en su ideario hubiera existido siquiera un atisbo de extremismo antidemocrático, el Servel simplemente no lo habría aceptado. Ultraderecha no es una categoría jurídica ni objetiva en Chile; es una etiqueta política, tan elástica como conveniente para quien la usa.

También conviene recordar la historia completa. Porque si la memoria se va a invocar, que sea memoria completa, no memoria selectiva. La Democracia Cristiana —la histórica, la de verdad, la que tuvo densidad doctrinaria y un proyecto propio— fue la que permitió que Salvador Allende llegara a la Presidencia con apenas un tercio de los votos del país. Y fue también la Democracia Cristiana —la misma— la que, tres años después, concluyó que Chile se encaminaba a una guerra civil y apoyó el pronunciamiento militar de 1973. No lo digo yo: lo dijo el propio Eduardo Frei Montalva en un documento enviado al secretario general de la Unión Mundial Demócrata Cristiana, Mariano Rumor. En esa carta, Frei padre sostuvo que las Fuerzas Armadas habían “llenado el vacío” creado por la incapacidad del gobierno de Allende y que contaban con “el total apoyo” de la DC.

Y si Frei padre consideraba ofensivo que se catalogara a la DC como “de izquierda o de derecha”, ¿por qué hoy algunos se empeñan en agregarle la palabra “ultra” a un partido de derecha como si fuera una acusación definitiva? ¿No estamos acaso repitiendo la misma superficialidad que él criticaba hace cincuenta años?

Cuando hablamos de Frei, importa distinguir cuál: el Frei de 1968, el Presidente de Chile, que visitó Los Ángeles cuando mi padre era comandante del Regimiento y que probó la famosa torta de merengue con frutillas que mi madre preparó. Torta que él calificó —y dejó por escrito en una tarjeta que aún conservo— como “caballa la torta”. Y lo curioso es que, a sus 94 años, esa torta seguía siendo igual de sabrosa. Y si el Presidente Frei Montalva estuviera vivo, probablemente seguiría encontrándola “caballa”.

Esa anécdota no es trivial: sirve para recordar que la política, la buena política, también se compone de memorias reales, humanas, no de caricaturas. Y también sirve para entender que la DC de entonces tenía claridad doctrinaria, proyecto y liderazgo. Esa DC ya no existe. Lo dijo Carlos Peña con crudeza: la Democracia Cristiana murió de dos formas a la vez: dejó de existir y, al mismo tiempo, siguió existiendo de un modo que contradice por completo lo que fue. Ya no tiene ideario, no tiene horizonte y no tiene identidad. Vive —como escribió Peña— del instinto de supervivencia electoral.

La señal que dio la Fundación Konrad Adenauer —la histórica fundación alemana ligada a la Democracia Cristiana internacional— es el ejemplo más duro de esa desconexión. La Konrad Adenauer no es una fundación cualquiera: fue durante décadas el sostén doctrinario, estratégico y financiero de las DC del mundo. Pero cuando la DC chilena decidió apoyar el “Apruebo” en el proceso constitucional de 2022, la fundación simplemente cortó relaciones. No por capricho, sino porque la DC chilena había abandonado la tradición humanista cristiana que esa fundación representa. Y en vez de agradecer medio siglo de apoyo alemán, algunos dirigentes se molestaron… como si la ruptura hubiera sido culpa de otros y no consecuencia de sus decisiones.

Por eso, tal vez no sea tan sorprendente que Eduardo Frei Ruiz-Tagle haya encontrado más coincidencias hoy con Kast que con la propia DC. No porque sea de derecha ni de izquierdas —él mismo lo ha dicho— sino porque, mirando las urgencias del país, concluye que la continuidad del actual gobierno sería un riesgo mayor. Su gesto fue más republicano que partisanista: un llamado a priorizar la estabilidad, la seguridad y la responsabilidad fiscal por sobre las etiquetas vacías.

Entonces, frente a ese panorama, ¿cuál es realmente el hecho grave?

¿La decisión de un expresidente que ya vio a Chile caer en una crisis institucional profunda en los años 70?

¿O la deriva de un partido que dejó hace mucho tiempo de parecerse a sí mismo, y que hoy pretende levantar tribunales morales contra quienes no se someten a su línea, aun cuando esa línea ya no representa ni a su historia ni a sus bases?

Si vamos a hablar de memoria, hablemos de memoria completa. De Frei padre, de Frei hijo, de la DC de verdad y de la DC que hoy existe solo como sigla. Y también de las palabras que, a veces, explican mejor una historia que los discursos completos.

Como aquella frase del Presidente Frei Montalva frente a una simple torta de merengue: “caballa”.

Una palabra que decía más de lo que parecía.

Mucho más que algunos discursos de hoy.

Atentamente,

Christian Slater E., Coronel (R) del Ejército de Chile.

Santiago, 9 de octubre de 2025

Señor Director:

El día martes 8 de octubre de 2025, durante una entrevista en el programa “Safari Rock & Pop”, la candidata presidencial Evelyn Matthei emitió declaraciones que, lejos de ser una simple cuña de campaña, revisten una gravedad política que no puede ni debe pasar inadvertida.

En medio de la conversación, uno de los periodistas formuló la siguiente pregunta: “¿No sería peligroso que José Antonio Kast fuera presidente?”. Esa no es una pregunta inocente. Es una pregunta cargada de prejuicios, cuidadosamente construida para instalar desde ya una idea en la opinión pública: que una candidatura legítima sería, por definición, peligrosa. No es información. No es análisis periodístico. Es un acto político. Es un marco comunicacional premeditado.

Lo más inquietante es que Evelyn Matthei no solo no cuestionó esta premisa, sino que la reforzó. Su respuesta fue textual: “Cuando alguien está dispuesto a correr los límites siendo candidato, a mí obviamente que me dan miedo de que pueda correr mucho los límites y que llegue a ser presidente”. Con esa frase, no solo se valida la operación comunicacional, sino que además se sugiere implícitamente que un eventual gobierno de Kast representaría un riesgo, aun cuando la soberanía de esa decisión recae en el pueblo chileno.

Cuando en democracia se comienza a instalar, desde un micrófono, la idea de que ciertos candidatos representan un “peligro” antes de que se emita un solo voto, se cruza una línea peligrosa. Esa línea separa la libertad de prensa de la manipulación política, y separa la competencia democrática real de la defensa corporativa de una clase política que se siente amenazada.

Por eso, la pregunta correcta no es si José Antonio Kast es un peligro. La pregunta correcta es: ¿de qué tienen miedo quienes siembran ese temor?

¿Miedo a terminar con el nepotismo que ha corrompido el aparato del Estado? ¿Miedo a cortar el amiguismo que reparte cargos como botines políticos? ¿Miedo a desarmar las colusiones entre políticos y empresarios que han tratado a Chile como un fundo personal? ¿Miedo a frenar la inmigración ilegal que desborda nuestras fronteras? ¿Miedo a recuperar la soberanía en territorios y barrios donde hoy gobierna la delincuencia? ¿Miedo a terminar con los eternos estados de excepción y restablecer el imperio de la ley en todo el territorio nacional? ¿Miedo a que vuelva la inversión extranjera, a que Chile se levante y recupere su orgullo nacional? ¿Miedo a que quienes han vivido de la política no puedan volver a encontrar acomodo en un gobierno que no esté hecho a su medida? ¿Miedo a terminar con la mano de obra barata y muchas veces ilegal, contratada sin respetar ni las leyes ni los contratos laborales, y que sirve de sustento a muchas redes de intereses económicos y políticos?

Si esos son los límites que Evelyn Matthei teme que José Antonio Kast pueda “correr”, entonces no estamos frente a un peligro para la democracia. Estamos frente a un peligro para ellos: para sus estructuras de poder, para sus privilegios, para la comodidad de un sistema que ha servido a una casta política enquistada en todos los rincones del aparato estatal y que, además, se ha beneficiado de prácticas económicas que precarizan y dividen a la población.

Lanzar una pregunta como la formulada en esa entrevista no es libertad de prensa. Es una maniobra política revestida de interrogante periodística. Y legitimar esa narrativa desde una candidatura presidencial no es liderazgo ni responsabilidad política. Es la defensa abierta de un orden que muchos chilenos ya no toleran.

El verdadero peligro no es José Antonio Kast. El verdadero peligro, para quienes hoy reaccionan con miedo, es que se les acabe el festín. Es que Chile despierte y decida recuperar el país que les pertenece a sus ciudadanos, no a una clase política ni a grupos económicos coludidos con ella.

Atentamente,

Christian Slater E.
Un Patriota sin color político.

Señor Director:

Estamos cometiendo un crimen… y le decimos justicia

Chile se vanagloria de ser un país que respeta los derechos humanos y defiende el Estado de Derecho. Pero hay una realidad vergonzosa que muchos prefieren no ver: estamos cometiendo un crimen —jurídico, ético y humano— contra un grupo específico de personas, y lo hacemos bajo el cómodo disfraz de “justicia”.

Cuesta comprender cómo, en pleno 2025, todavía se estén juzgando a exuniformados bajo un sistema inquisitivo que fue reemplazado hace ya dos décadas. El nuevo sistema procesal penal rige en Chile desde el año 2005, consagrando garantías básicas como la imparcialidad del juez, el derecho a una defensa efectiva, la oralidad y la publicidad de los juicios.

Sin embargo, cuando se trata de quienes vistieron uniforme durante el Gobierno Militar, pareciera que el tiempo procesal se detuvo. Se les sigue juzgando bajo procedimientos que concentran en un mismo juez la investigación, la acusación y el fallo, en flagrante contradicción con el principio del debido proceso y con los estándares internacionales que el mismo Estado chileno dice respetar.

Yo puedo entender que un delito de lesa humanidad sea, conforme al Derecho Internacional, imprescriptible e inamnistiable. Lo que no puedo comprender ni aceptar es que dicho delito se investigue y sancione en Chile bajo un sistema judicial ya extinto, que entrega al juez amplias facultades discrecionales, permitiéndole actuar según su propia conveniencia judicial o ideológica, amparando con ello un relato oficial parcial, sesgado y carente de imparcialidad.

¿Qué explica esta anomalía jurídica? ¿Qué teme el Poder Judicial al aplicar el mismo estándar de justicia que exige a todos los demás ciudadanos? ¿Por qué mantener procesos abiertos durante décadas, reabrir causas ya concluidas o fundar sentencias en presunciones y testimonios dudosos, sin pruebas materiales ni respeto por la cosa juzgada?

Algunos dirán que se trata de justicia. Pero cuando se ignoran principios básicos del derecho penal moderno, cuando se niega el acceso a beneficios carcelarios por edad avanzada o enfermedades terminales, y cuando se exige el “arrepentimiento” como requisito para considerar un trato digno, lo que se observa no es justicia: es venganza.

Y lo peor: para muchos de estos hombres —ya ancianos, enfermos, abandonados—, esto se ha transformado en un castigo eterno. No por lo que hayan hecho o dejado de hacer, sino por lo que representan para una parte de la élite política, judicial y comunicacional de Chile. Una condena simbólica que no termina con la sentencia, ni con la cárcel, ni con la muerte.

El Estado no puede seguir actuando como espectador ante este escenario. No puede mantenerse indiferente frente a denuncias fundadas de manipulación judicial, testigos cuestionables o presiones ideológicas. Lo que está ocurriendo en Chile —según muchas voces expertas— podría configurar una forma selectiva y anómala de persecución penal. Y si eso es así, no estamos ante un sistema de justicia, sino ante una maquinaria de revancha, administrada por quienes juraron defender la Constitución y el Estado de Derecho.

La justicia no puede ser ideológica. No puede servir para escribir la historia oficial. Y mucho menos, puede ser el instrumento para castigar de por vida a quienes sirvieron a la patria bajo circunstancias que el mismo país les exigió enfrentar.

Christian Slater E.

Coronel (R) del Ejército de Chile

Un patriota sin partido político

Señor Director:

Mientras algunos insisten en seguir dividiendo a Chile entre “pueblo y élite”, entre izquierda y derecha, entre buenos y malos, José Antonio Kast ha optado por algo muy distinto: pensar en Chile. Y eso, en medio de la miseria moral y el espectáculo político de estos días, no es menor.

En una entrevista reciente, el abanderado del Partido Republicano fue claro al declarar que su eventual gobierno no priorizará la agenda valórica. No porque reniegue de sus convicciones —que son bien conocidas—, sino porque entiende que este sería un gobierno de emergencia. Y en tiempos de emergencia, lo urgente no puede ser eclipsado por lo accesorio. Eso, para quienes observamos con responsabilidad el rumbo del país, se llama tener claridad de prioridades.

Kast no se deja arrastrar al barro de los debates estériles ni responde a los mordiscos de quienes buscan desesperadamente que caiga en la trinchera del enfrentamiento ideológico. Prudencia, fortaleza, justicia y templanza: esas parecen ser las virtudes cardinales que guían su estrategia. En vez de repetir los clichés de siempre, camina con firmeza hacia lo que realmente importa: seguridad pública, crecimiento económico, salud, educación y vivienda.

Mientras otros se victimizan, se atacan entre ellos y convierten la política en un circo de egos, Kast avanza. Lo hace sin populismos ni promesas vacías, con propuestas concretas y un equipo técnico que crece cada día, incorporando expertos que entienden lo que hay que hacer. No está cazando votos al mejor postor. No corteja a los que han hecho de la política un negocio, ni a la derecha económica ni a la izquierda caviar.

Y lo más relevante: ha comenzado a construir la unidad que Chile tanto necesita. Pese a las dificultades, ha logrado avanzar junto al Partido Social Cristiano, el Partido Nacional Libertario y —no menos importante— con miles de Patriotas independientes, como yo, que aunque hoy no tengamos partido político, sí tenemos algo muy claro: buscamos lo mejor para Chile.

No queremos cargos, ni favores, ni cuotas de poder. Queremos recuperar la confianza en una política seria, honesta y orientada al Bien Común. Y sobre todo, queremos recuperar el orgullo de ser chilenos. Porque Chile no necesita más caudillos ni operadores: necesita servidores. Y eso es lo que muchos vemos en Kast y en quienes lo rodean. Una resistencia moral frente a una casta política vieja, corrupta y desgastada, que hace décadas dejó de servir al pueblo y hoy legisla solo para sus bolsillos.

Pero no solo los operadores de siempre hacen daño. También hay otro grupo que actúa desde el ego disfrazado de superioridad moral: aquellos que, desde su pedestal intelectual, declaran con dramatismo que votarán nulo. Se presentan como líderes de opinión, pero lo que realmente promueven es su propia mezquindad. Incapaces de superar el mal del “Pavo Real”, creen que Chile necesita sus monólogos más que su participación responsable. Renuncian a elegir, pero no a opinar. Y eso, en tiempos de definiciones, no es valentía: es una cómoda cobardía.

Y mientras algunos se rasgan las vestiduras hablando de “extremos”, conviene recordar algo básico: ni los comunistas ni los republicanos comen guaguas. Pero hay diferencias. Unos han defendido —y de ser necesario, volverían a defender— la lucha armada para imponer su ideología; los otros creen únicamente en la vía democrática. Unos han intentado secuestrar la democracia, someterla o degradarla al servicio de intereses ideológicos o personales; los republicanos, en cambio, quieren protegerla.

Hay quienes solo ven en la política una nueva oportunidad para seguir robando; los republicanos buscan terminar con la corrupción. Entonces cabe preguntarse: ¿es válido votar por un partido y un líder que ha sido consecuente y que promete erradicar las malas prácticas? Para algunos, evidentemente no. Y eso no debería sorprendernos. Sin embargo, la historia demuestra que es más peligroso un gobierno comunista que uno republicano. El primero se perpetúa, como en Cuba, Nicaragua o Venezuela. El segundo, gobierna cuatro años y no apoyará jamás una tiranía, ni de izquierda ni de derecha.

Pareciera un razonamiento lógico. Pero no lo es para todos. No lo es para aquellos que obtuvieron un puesto de trabajo solo por haber votado por Boric o por militar en la izquierda, y jamás por mérito, responsabilidad o eficiencia. Tampoco lo es para los que están desesperados por mantener sus cuotas políticas en el Congreso. Y menos aún para quienes necesitan que sigan existiendo canales abiertos entre el delito y la política. Por eso, hay una mala clase de ciudadano, transversal en lo político, que jamás votaría por Kast. Son parte de esos miles que no solo tienen cuentas pendientes con la justicia, sino también con su ética, sus valores y sus virtudes.

Muchos creían que el cinismo iba ganando.

Que la cobardía disfrazada de neutralidad, la mezquindad del voto nulo, el oportunismo acomodado, el delito, la impunidad, el doble estándar y la ignorancia satisfecha eran los nuevos amos del escenario político. Y durante un tiempo, lo parecieron. Pero no. Hoy, según lo reflejan las encuestas y lo confirma el sentido común, va ganando algo muy distinto.

Va ganando una fuerza política que no le teme a decir la verdad. Va ganando un partido que no le debe favores a nadie. Va ganando una propuesta que defiende la democracia, la seguridad y la justicia, sin cálculos ni complejos. Va ganando la convicción de que Chile merece un Estado que funcione, un país que se levante, y una política al servicio del Bien Común.

Y, sobre todo, va ganando un liderazgo que ha demostrado coherencia, coraje y responsabilidad: el de José Antonio Kast.

Un liderazgo que no se arrastra ante los grupos de presión. Que no se arrodilla ante el progresismo vergonzante ni ante el empresariado oportunista. Un liderazgo que no acomoda su relato a cada circunstancia ni a su ambición personal. Que no dice una cosa hoy y otra mañana para complacer encuestas o cuidar amistades. Un liderazgo que ha sabido convocar a otros, sin traicionar principios ni renunciar a su vocación de servicio.

Eso es lo que, poco a poco, está despertando a los chilenos. Porque este país no está cansado de la política; está cansado de los políticos de siempre. Y empieza a mirar, con esperanza, hacia una alternativa que no quiere refundar Chile, sino reconstruirlo con sentido común, orden, justicia, libertad, y sobre todo, con el legítimo orgullo de ser chileno.

Christian Slater E.

Un Patriota sin Partido Político.