SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA
Más de 3.600 procedimientos concursales fueron solicitados durante el 2022. La Ley N.º 20.720 entiende la insolvencia bajo el prisma del Reemprendimiento, vale decir, como una oportunidad de aprendizaje y mejora para el emprendimiento o persona que falló económicamente.
En el periodo enero-diciembre del año 2022 ingresaron 3.683 casos en los distintos procedimientos concursales bajo el alero de la Ley N.º 20.720 de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir). Un 40% de los procesos corresponden a la Región Metropolitana (1.472) y un 60% a las otras regiones del país (2.211).
Se registraron a nivel nacional 288 Renegociaciones de Personas Deudores y 3.395 procedimientos judiciales. Estos últimos corresponden a 2.306 a Liquidaciones de Bienes de Personas Deudoras, 52 Reorganizaciones de Empresas Deudoras y 1.037 Liquidaciones de Empresas.
Estadísticas Personas Deudoras
La Ley regula dos alternativas para personas. La Renegociación, que es un procedimiento administrativo y gratuito, facilitado por la Superir y que tiene por finalidad pactar un nuevo acuerdo para el pago de todas las deudas. Y la Liquidación de Bienes que es judicial, busca la venta rápida y eficiente de los bienes de la Persona, con el objeto de pagar a sus acreedores.
El pasado año, 288 personas renegociaron sus deudas, el 54% corresponden a hombres, mientras que 46% a mujeres. Las regiones con mayor número de procedimientos son la Región Metropolitana 102; Valparaíso 27; O´Higgins con 19; y en Coquimbo 17.
Igualmente hubo un incremento de procedimientos solicitados en este ítem de un 55%, en comparación al 2021 (186).
En cuanto a las Liquidaciones de Bienes, se acogieron 2.306 solicitudes en tribunales, 1.502 (65%) fueron iniciados por hombres y 804 (35%) por mujeres. Existiendo una variación negativa de -35% en el mismo periodo del año 2021 (3.522).
Además, se identificó que a nivel país, las regiones con mayor número de Liquidaciones fueron la Región Metropolitana 805; Biobío con 343; Valparaíso con 210; y La Araucanía con 161 procedimientos.
Situación Empresas Deudoras
La Ley de Insolvencia también establece dos procedimientos para las empresas. Si la empresa es viable, puede reorganizarse y proponer a sus acreedores un acuerdo para el pago de sus deudas, permitiéndole seguir funcionando. Y si no es viable económicamente, liquidarla y realizar la venta eficiente de sus bienes con objeto de cumplir con sus acreedores y trabajadores.
Se solicitaron 52 Reorganizaciones, un 63% más de ingresos que el año 2021 (32), de los cuales el 69,2% corresponde a la Región Metropolitana y un 30,8% al resto de las regiones. En cuanto al tamaño de la empresa, según criterios utilizados por SII, la mayoría eran Grandes Empresas con un 50%, un 13% Medianas, un 2% Microempresas y 17% Pequeñas.
Respecto a las Liquidaciones de Activos de Empresas, 1.037 solicitudes se iniciaron el 2022, mientras que el 2021 alcanzaron a 1.477 (-30%), concentrándose el 51% en la Región Metropolitana y el 49% en el resto del país. El 30% corresponde a Pequeñas Empresas, 13% a Microempresas, un 11% a Medianas y 8% son Grandes Empresas.
Del total de Liquidaciones de Activos, 717 procesos fueron de empresas y 320 de Contribuyentes de Segunda Categoría.
La Ley entiende la insolvencia bajo el prisma del reemprendimiento, vale decir, como una oportunidad de aprendizaje y mejora para la empresa o persona que falló económicamente, evitando el estigma. Al respecto el Superintendente del ramo, Hugo Sánchez, manifestó que “tanto en las Liquidaciones de Bienes y Liquidaciones de Empresas, vimos una caída persistente en las solicitudes. Y, por otro lado, el aumento de las reorganizaciones entre las empresas y el incremento en el número de renegociaciones de personas fue un resultado bastante positivo. Queremos que las personas tiendan a mirar la insolvencia no como algo negativo, sino como una oportunidad para aprender a enfrentar una situación de sobreendeudamiento, utilizando las vías formales de solución y así volver a reemprender”, puntualizó.
Por otro lado, datos suministrados por la Superintendencia dan cuenta que entre enero y diciembre 2022, se realizaron más de 8 mil atenciones ciudadanas, 4.272 (53%) vía telefónica y 3.939 (48%) presenciales a nivel país.
Durante el primer semestre del presente año se esperan cambios en la normativa, tras la aprobación por unanimidad del Congreso que despachó a Ley la iniciativa que moderniza los procedimientos concursales.
“El nuevo cuerpo legal permitirá reducir fuertemente los plazos que requieren las Mipes a la hora de poner en marcha planes de Reorganización y Liquidación, mediante la creación de procedimientos simplificados, y la eliminación del requisito que impedía a las personas que emiten boletas de honorarios a acceder a la Renegociación”, explicó la autoridad.
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Reunión de presentación de directiva en el Consejo Consultivo Intercomunal de Salud Maipú – Cerrillos del HEC. Se discutirán los primeros objetivos para enfrentar el año 2023.
No es una prueba nueva, ya se ha hecho en varias regiones, pero esta vez se realizará a nivel de comuna de Maipú, con el fin de recibir una alerta vía telefónica de parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), entidad que remplazó a la ONEMI. Esto se realiza para sincronizar los teléfonos por donde se enviarán instrucciones ante un eventual desastre y las medidas a tomar.
Enero 11, 2023. La elección de los 50 integrantes del Consejo Constitucional se realizará el próximo 7 de mayo de 2023. En tanto, el plebiscito para aprobar o rechazar la nueva propuesta constitucional, se llevará a cabo el 17 de diciembre de 2023.Por 109 votos a favor, 37 en contra y 2 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó en general la reforma constitucional con el objeto de establecer un procedimiento para la elaboración y aprobación de una nueva Constitución Política de la República.
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Sin duda que el Sindicato de Trabajadores a Honorarios (STH) de la Municipalidad de Maipú ha desplegado un intenso trabajo en los últimos dos meses y al parecer este debe continuar durante el mes de enero. Lograda la postergación de establecer un nuevo contrato, esta vez por el Código del Trabajo, con las ventajas de un trabajador normal, pero queda fuera una muy importante conquista laboral: el reconocimiento de los años de servicio y las condiciones del nuevo contrato.
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