Por Hernan Calderón Ruiz
Presidente de Conadecus.
Con una velocidad pocas veces vista, el Congreso aprobó recientemente el “Proyecto de Ley de Protección Tarifaria Eléctrica”, también conocido como “Ordenemos la cuenta”, impulsado por el Ministerio de Energía para redefinir el pago de una deuda de alrededor de $ 925 mil millones (unos mil millones de dólares) que los clientes regulados mantienen con las distribuidoras, debido a que en 2020 se “congelaron” las tarifas eléctricas con el objeto de morigerar el “estallido social”.
El pago de esa deuda se hará mediante un cargo adicional al consumo eléctrico, de $5 por kWh, más IVA, a contar del 1 de enero de 2028 y hasta fines de 2035.
El Ministerio aprovechó sí de introducir otros cambios en la regulación vigente, pero quiero referirme en especial a los siguientes:
El proyecto de ley crea un mecanismo de revisión voluntaria de los contratos que las generadoras eléctricas mantienen con las distribuidoras, con la intención de reducir los precios que pagan actualmente los clientes regulados.
El proyecto de ley faculta a las empresas distribuidoras a presentar planes de inversión para la ejecución de obras de infraestructura destinadas a mejorar la calidad del servicio.
Conadecus siempre ha estado de acuerdo en que la deuda con las distribuidoras tiene que ser pagada, pero en la discusión de ese proyecto de ley le hicimos ver a los parlamentarios, y a las empresas, que en un momento de dificultad económica y de múltiples alzas de precios, como el actual, no solo los consumidores deberían hacer un sacrificio para pagarla sino que las propias empresas distribuidoras podrían haber cooperado, por ejemplo, no cobrando intereses por esa postergación (que no fue solicitada por los consumidores), equivalentes más menos un tercio de la deuda. Lamentablemente, no fuimos escuchados.
También le hicimos ver a los parlamentarios que la deuda de los clientes comerciales, expresada en valores por kWh consumido, era al parecer mayor que la de los clientes residenciales, de modo que el cobro de un valor común de $ 5 por kWh podría contener un subsidio no menor de los clientes residenciales en favor de los comerciales, lo que no nos parecía justo ni razonable, pero tampoco fuimos escuchados.
También solicitamos a los parlamentarios que el cargo adicional de $ 5 por kWh quedase exento de IVA, ya que no nos parecía justo que el Estado se beneficiase con el IVA que generará el cargo adicional (cerca de USD 200 millones), pero tampoco fuimos escuchados.
Asimismo, hicimos ver a los parlamentarios que nos parecía muy improbable que un mecanismo de revisión voluntaria de los contratos de suministro reduzca significativamente -si acaso las reduce- las actuales tarifas que pagan los clientes regulados. Propusimos como una mejor solución reponer una modificación propuesta en 2024 al art. 134 de la Ley General de Servicios Eléctricos para que las asociaciones de consumidores también puedan solicitar a la CNE la revisión de esos contratos, cuando las condiciones para su ejecución hayan variado de manera significativa, respecto de las condiciones existentes en el momento en que se firmaron (hoy esa facultad solo la tienen las empresas generadoras y distribuidoras, pero no los clientes, pese a que estos últimos son los que pagan las cuentas).
¿Y por qué pedimos esa facultad? Pues porque en Chile hay muchos contratos de suministro que cuando se firmaron -hace 15 ó 20 años- contemplaban que la generación sería térmica, cuyos insumos (gas, carbón o petróleo) han subido de manera significativa en los últimos años, lo que ha sido la principal causa de las alzas de las tarifas eléctricas que han sufrido los clientes, tanto libres como regulados. Sin embargo, varios de esos contratos ya no se ejecutan mediante generación térmica sino que mediante energías renovables de mucho menor costo, e incluso de costo cero, sin que los ahorros correspondientes se traspasen a los clientes, lo que es un error de la regulación vigente (por no decir que es un abuso).
Pero no nos quedamos ahí y también propusimos otra solución de corto plazo: licitar un mayor número de bloques de suministro y permitir que los clientes regulados interesados puedan acceder a las condiciones comerciales específicas de esos nuevos bloques.
Y propusimos una tercera solución de corto plazo: permitir que se agrupe la demanda de los clientes regulados hasta alcanzar el nivel de 300 kW de potencia instalada que hoy exige la normativa para ser cliente libre y acceder así a mejores tarifas, lo que favorecería especialmente a los clientes residenciales, Mipymes y Pymes.
Pero tampoco fuimos escuchados.
En todo caso, y tal como Conadecus lo ha señalado ya de manera majadera y por años, ante todas las autoridades del país, la solución definitiva y más eficaz para lograr menores precios en el sector eléctrico es implementar un régimen de verdadera competencia en él, tanto para los clientes regulados como para los libres, de modo de reemplazar el actual régimen de aparente competencia –pero de excesivas normas y de excesiva burocracia– que hoy impera en este sector, que solo ha logrado encarecer el servicio. No está demás tener presente que si Chile no logra reducir de manera significativa los costos de la energía –de la energía eléctrica, pero también de los combustibles–, nunca podrá recuperar la senda del desarrollo.
Respecto de la facultad que el proyecto entrega a las distribuidoras para presentar planes de inversión destinados a ejecutar obras adicionales que mejoren la calidad del servicio, señalamos a los parlamentarios que no estábamos de acuerdo, no solo porque esas obras adicionales ocasionarán aumentos de tarifas, sino que porque esos planes deben ser considerados en el momento en que se modelan las empresas eficientes que sirven como referencia para calcular las tarifas reguladas, y no después. Además, la tecnología está empezando a avanzar rápidamente en el sector eléctrico, de modo que algunas de esas obras adicionales -como el soterramiento generalizado de las redes de distribución- podrían quedar obsoletas en pocos años. Tampoco fuimos escuchados.
En todo caso, y a riesgo de seguir siendo majaderos, reiteramos a los parlamentarios que todo el actual sistema de modelación de las empresas reguladas necesita ser profundamente revisado y simplificado, ya que los modelos de empresa eficiente deben ser de público dominio y de fácil comprensión.
Por ejemplo, nos parece inexplicable que en el caso de las empresas de transmisión se emplee su inventario real –que según sabemos incluye varios millones de elementos técnicos– para determinar las inversiones de la empresa eficiente. Esta sola complicación es una fuente de errores –como ha ocurrido recientemente, en el caso de Transelec–, al mismo tiempo que torna prácticamente inentendibles e inauditables a los modelos correspondientes.
Para regular tarifas siempre deben considerarse los costos operacionales y los activos propios de una empresa eficiente, y no los de las empresas reales, ya que de ese modo se evitan las distorsiones que puedan afectar a estas últimas y se simulan las condiciones de operación de un mercado competitivo.
En síntesis, la premura impidió que fuésemos escuchados, pero la Ministra de Energía nos aseguró que después de este proyecto de ley vendría otro, en el que sí se podrán abordar los profundos cambios que requiere el sector eléctrico, proyecto que deberá considerar la opinión no solo de la industria, reguladores y gobierno, sino que también la de los consumidores, tanto regulados como no regulados.
Ojalá sea así, porque los chilenos necesitamos que se ordenen las cuentas de luz, pero también que bajen.
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