Sin DefenSor Ciudadano se quedó la Municipalidad de Maipu.

Mauticio Estrada, trabajador a contrata fue despedido esta tarde después de su último almuerzo. Se espera comunicando.

Corte de Apelaciones de Santiago acogió recurso del INDH y ordena a Ministerio de Salud cubrir tratamiento de alto costo a pacientes excluidos de ley Ricarte Soto.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección (11.861 – 25) que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó en mayo por cinco personas adultas con Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP), derivada de cardiopatías congénitas diagnosticadas. La sentencia ordena al Ministerio de Salud realizar las gestiones para que, en un plazo máximo de 30 días, las personas accedan al medicamento de alto costo solicitado.

El recurso había sido interpuesto contra el Ministerio de Salud porque estas personas estaban fuera de la cobertura financiera de la Ley 20.850 (Ricarte Soto) y no estaban incluidos en el Protocolo de 2019 de Diagnóstico y Tratamiento para la Hipertensión Arterial Pulmonar Grupo I.

La HAP es una enfermedad progresiva y letal, que puede desarrollarse por distintas causas, entre las que se encuentran las cardiopatías congénitas. El tratamiento con medicamentos específicos (Iloprost inhalatorio, Bosentan o Ambrisentan) es permanente y de alto costo. En promedio, 2 millones de pesos mensuales. En pacientes adultos, la enfermedad tiene una sobrevida de 2,8 años que aumenta a 10 años con tratamiento. Para muchas personas la única forma de acceder al tratamiento es el financiamiento estatal.

Determinación de la Corte

La Corte determinó que la exclusión de pacientes con cardiopatías congénitas en el Protocolo 2019 es ilegal y arbitraria.

La ley 20.850 –más conocida como ley Ricarte Soto– exige que toda incorporación o exclusión de tratamientos dentro del Sistema de Protección Financiera debe fundarse en evidencia científica, al igual que los protocolos técnicos que regulen su aplicación.

Pero, como indica la Corte, estos protocolos técnicos deben dictarse en coherencia con la finalidad protectora de la norma, que es “eliminar las barreras económicas para tratamientos de alto costo y garantizar acceso equitativo a quienes padecen enfermedades graves”.

En efecto, el Decreto Supremo N°2 del Ministerio de Salud incluyó a la Hipertensión Arterial Pulmonar Grupo I dentro de las patologías cubiertas por la Ley Ricarte Soto, pero no estableció una distinción en base al origen o causa de la enfermedad, tal como ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud.

Sin embargo, el Protocolo 2019 del MINSAL, al definir a la “población objetivo” de la cobertura, excluyó a los pacientes que padecen HAP como consecuencia de un defecto cardiaco congénito, pese a tratarse de la misma enfermedad y tener la misma respuesta clínica a los fármacos financiados por la ley Ricarte Soto.

Consideraciones

El tribunal consideró que la exclusión de este grupo de pacientes en el protocolo administrativo fue ilegal, porque excedió la ley 20.850 y el Decreto Supremo N°2.

“Si bien el Ministerio de Salud posee potestad reglamentaria para definir criterios técnicos de acceso, dicha potestad no puede ejercerse en contravención al texto ni al espíritu de la ley y el Decreto Supremo que la ejecuta. El Protocolo 2019, al restringir un beneficio legalmente reconocido sin respaldo científico ni justificación presupuestaria fundada, ha excedido la potestad reglamentaria conferida, incurriendo en una ilegalidad por infracción de ley y desviación de poder”, indica el fallo.

Esta exclusión es arbitraria por carecer de fundamento científico o técnico, dado que establece una diferenciación injustificada entre pacientes que padecen la misma enfermedad y responden al mismo tratamiento, pero que no pueden acceder al mismo sólo porque el origen de su enfermedad es distinto, pese a que la evidencia médica internacional demuestra que el mismo tratamiento es seguro y efectivo para todos y todas.

Vulneración de derechos fundamentales

Así, la Corte consideró que la exclusión que realiza el Protocolo 2019 genera una discriminación arbitraria y vulnera el artículo 19 n°2 de la Constitución, al establecer una diferencia injustificada entre pacientes que padecen la misma enfermedad y responden al mismo tratamiento.

También señaló que la negativa al tratamiento para HAP respecto de este grupo de pacientes los expone a un riesgo vital cierto y actual, que vulnera su derecho a la vida y a la integridad física o psíquica garantizado en el artículo 19 n°1 de la Constitución. De la misma manera, afecta el derecho a la protección de la salud consagrado en el art. 19 n°9, que impone al Estado el deber preferente de garantizar acceso equitativo y oportuno a tratamientos efectivos.

En palabras de la Corte, la negativa del Ministerio de Salud “vulnera de manera directa el derecho de los recurrentes a recibir atención médica oportuna y efectiva, situándolos en un estado de desprotección incompatible con los principios constitucionales y convencionales del resguardo a la vida y la salud”.

Por último, el tribunal dijo que de acuerdo al principio pro persona y la aplicación preferente de los Derechos Humanos, el Estado debe interpretar toda norma de manera que maximice la protección de la vida y la salud. Ante una interpretación administrativa restrictiva del Protocolo 2019, debe optarse por una lectura de la ley Ricarte Soto en conformidad a su finalidad solidaria, única que es compatible con el bloque de constitucionalidad y con los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile.

Tema planteado por el INDH

La sentencia de la Quinta Sala acogió el recurso y ordenó al Ministerio de Salud realizar todas las gestiones para que los recurrentes accedan al medicamento solicitado dentro de 30 días. Sin embargo, no se pronunció sobre la petición del INDH respecto a modificar el Protocolo 2019 para incorporar dentro de la cobertura del tratamiento a pacientes con cardiopatías congénitas.

Una vez que el fallo esté firme se garantizará el acceso a tratamiento solo para los recurrentes, quedando pendiente la modificación del Protocolo 2019. La modificación permitirá incluir a todas las personas con cardiopatías congénitas que hoy o en un futuro desarrollan enfermedad de HAP y sufran la privación de un tratamiento vital para conservar su vida. Por ahora, resta esperar la confirmación del fallo y que la Subsecretaría de Salud Pública cumpla con su compromiso “de evaluar la posibilidad de incorporar a los pacientes con cardiopatías congénitas en el período 2025 a 2028”.

Saludos cordiales

Instituto Nacional de Derechos Humanos

Ejército reanuda Curso Especial de Instrucción Militar para jóvenes sorteados al Servicio Militar Obligatorio. Esto permite realizar la instrucción militar entre los meses de enero y marzo, sin interferir en los estudios, asilo informó en un comunicado la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército.

Esta posibilidad está abierta a alumnos que se encuentren cursando el último año de Enseñanza Media o estudiantes de la Educación Superior, existe la modalidad alternativa del Curso Especial de Instrucción Militar (CEIM), el cual se realizará en el periodo estival 2026 y 2027, entre los meses de enero y marzo, sin interferir con sus estudios.

Para todos aquellos jóvenes que salieron sorteados para cumplir con el Servicio Militar Obligatorio (SMO), que se encuentran cursando el último año de Enseñanza Media o estudiantes de la Educación Superior, existe la modalidad alternativa del Curso Especial de Instrucción Militar (CEIM), el cual se realizará en el periodo estival 2026 y 2027, entre los meses de enero y marzo, sin interferir con sus estudios.

En ese sentido, en las distintas Unidades Base de Movilización, correspondientes al Destacamento de Montaña N.°3 “Yungay” (Los Andes), Regimiento de Artillería N.°1 “Tacna” (Santiago) y Regimiento N.°2 “Maipo” (Valparaíso), Regimiento N.° 19 “Colchagua” (San Fernando), Regimiento N.° 6 “Chacabuco” (Concepción), Destacamento de Montaña N.° 8 “Tucapel” (Temuco) y Destacamento de Montaña N.° 9 “Arauco” (Osorno), se encuentran realizando el Proceso de Selección entre el 24 y 28 de noviembre.

Es en esta etapa donde los jóvenes son chequeados y evaluados por personal de salud institucional para certificar su estado compatible con el Servicio Militar Obligatorio. En ese sentido, se robusteció el proceso de selección mediante la incorporación de nuevos exámenes médicos (electrocardiograma, hemograma y creatininemia), los que se realizarán a los preseleccionados, con la finalidad de conocer más en detalle sus condiciones de salud, ante las exigencias físicas propias de la carrera militar.

El Jefe del Departamento I “Personal” del Comando de Operaciones Terrestres, Coronel Felipe Abarca L. explicó que el CEIM “está reconocido por el Decreto Ley 2.306 y es una de las tres modalidades de alternativa para desarrollar el SMO, junto con la conscripción tradicional y la prestación de servicios. Sumando al contingente de cada unidad, en total tenemos previsto acuartelar a 480 ciudadanos””.

Tras cumplir con una etapa de ambientación, durante dos periodos estivales, correspondientes a los años 2026 y 2027 (150 días de conscripción en total), serán formados como combatientes individuales para cumplir con diversas funciones operativas en la Institución. Además, tendrán la posibilidad de conocer las oportunidades de desarrollo profesional que ofrece el Ejército, a las que

podrían optar una vez que se titulen de sus carreras técnicas o profesionales, para continuar sirviendo a Chile desde las filas de la Institución.

Martín Sanhueza Silva (18), por su parte, cursa odontología en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, instancia académica que -asegura- le servirá en su afán de ser parte del Ejército. “Me interesa postular como oficial de sanidad y mis padres me han apoyado completamente, sería un sueño cumplido”, comentó.

La reanudación del Curso Especial de Instrucción Militar, tras seis años, contará con un proceso descentralizado, con un canal de comunicación permanente con las familias, en el marco del perfeccionamiento continuo de la Instrucción y Entrenamiento, el incremento de las opciones de desarrollo y el bienestar de los soldados conscriptos.

Señor Director:

Es innegable que existe un consenso entre los equipos de salud de ambas candidaturas: el sistema enfrenta una crisis de sostenibilidad y capacidad de respuesta, manifestada en listas de espera que superan los tres millones de personas, un alto gasto de bolsillo (cercano al 35%) y déficits estructurales en las redes hospitalarias.Sin embargo, las soluciones planteadas hasta ahora muestran una dispersión técnica que refleja una debilidad de fondo. Las decisiones presupuestarias en salud, con demasiada frecuencia, parecen estar dictadas por los ritmos de los ciclos políticos, en lugar de fundamentarse en criterios de evidencia sanitaria rigurosa y resultados medibles.

Considerando la magnitud de estos desafíos, que exceden cualquier horizonte de cuatro años, resulta imperativo que el próximo gobierno avance hacia la articulación de una Política Sanitaria de Estado. Necesitamos una estrategia basada en gobernanza técnica sólida, mecanismos de evaluación de impacto rigurosos y equipos altamente calificados que prioricen la eficiencia y la sostenibilidad por sobre la contingencia.

Reiteramos nuestro llamado a ambas candidaturas: la salud es el motor fundamental del bienestar y la productividad. Es momento de que la política lo reconozca y actúe con la visión estratégica que el futuro de Chile requiere.

Nicola Romanello

Los fraudes telefónicos en el país están viviendo una mutación tecnológica que alarma a autoridades y expertos. Un estudio de la Universidad de Chile junto al SERNAC reveló que el “vishing” —modalidad de phishing basada en llamadas telefónicas, donde delincuentes se hacen pasar por familiares o instituciones confiables— ya concentra el 71% de los fraudes de tipo phishing en Chile, según los reclamos recibidos por el servicio.

La modalidad deja atrás los clásicos correos mal redactados o llamadas evidentemente sospechosas. Hoy, los estafadores pueden articular guiones cada vez más sofisticados e incluso apoyarse en herramientas de inteligencia artificial capaces de clonar voces con alto grado de precisión, imitando a un hijo, un ejecutivo bancario o un funcionario público. El resultado es un nivel de realismo que desarma incluso a los más prevenidos. El estudio advierte que se trata de un salto cualitativo en la forma en que operan estos delitos, donde la confianza del usuario se convierte en la principal vulnerabilidad.

Julio Farías, cofundador de compañía especializada en experiencia de cliente e inteligencia artificial aplicada a contact centers, apunta a un vacío crítico: la falta de protocolos claros en las comunicaciones legítimas de empresas e instituciones. “Cuando no existe una forma predecible de contacto, los delincuentes tienen vía libre para imitar cualquier interacción”, señala. Según el experto, muchas organizaciones replican prácticas impersonales —mensajes grabados, solicitudes de datos sensibles sin contexto— que terminan siendo indistinguibles de una estafa.

El estudio también subraya un déficit de alfabetización digital en la población. La naturalidad con que los chilenos responden a llamadas automatizadas o de centros de contacto (contact centers), sin cuestionar su origen, aumenta la exposición al riesgo. En ese sentido, Farías insiste en que la seguridad no puede seguir tratándose como un elemento externo a la experiencia del cliente: “Hoy el usuario espera eficiencia, pero también confianza. Y esa confianza solo se construye con comunicaciones verificables y transparentes”.

Desde el SERNAC advierten que el impacto de estas estafas no es solo económico, sino también emocional. Las víctimas, engañadas a través de la voz de un supuesto ser querido o de un funcionario que aparenta urgencia, suelen experimentar altos niveles de angustia, culpa y desorientación después del fraude. Por ello, la recomendación es tajante: ante cualquier llamada sospechosa, cortar de inmediato y verificar la información directamente con la institución, usando canales oficiales como números publicados en sitios web o aplicaciones bancarias.

El llamado es especialmente urgente para sectores como la banca, las aseguradoras, los servicios públicos y las telecomunicaciones, que concentran la mayoría de los contactos con usuarios. El estudio plantea que estas industrias deben establecer políticas de contacto claras y reconocibles —por ejemplo, definir qué datos nunca se solicitan por teléfono y cómo se confirma la identidad del ejecutivo— y difundirlas masivamente para que los clientes sepan cómo distinguir lo real de lo falso.

Farías coincide en que la prevención debe ser parte integral del diseño de los servicios, y no una reacción posterior al fraude. “Las organizaciones que pongan la seguridad al centro de la experiencia de cliente no solo protegerán a sus usuarios, también fortalecerán su reputación en un entorno donde la confianza es clave”, sentencia. El desafío, advierte, es doble: educar proactivamente al usuario y, al mismo tiempo, implementar mecanismos de autenticación en tiempo real que cierren la puerta a los estafadores.

Este lunes 24 de noviembre  falleció Hugo Chandia Fuentealba, hermano menor de Patricio Chandia, ambos destacados militantes del Partido Socialista, comunal  Maipú. Su velatorio se llevará a cabo desde las 15:00 horas de hoy en Iglesia de Don Orione, ubicada en  Av. Pedro Aguirre Cerda 7335, (Camino a Melipilla) Comuna de Cerrillos.

Este lunes 24, Hugo Chandía se movilizaba en su camioneta por el camino a las Vizcachas, cuando sufrió ACV fulminante que en definitiva termino con su vida. Hugo cumplió 67 años el 21 de noviembre, sin pensar que tres días después encontraría la muerte movilizándose por su trabajo de su empresa de transportes.

Amigo de sus amigos, bonachón, por lo cual los más cercanos y con quienes laboraba pierden una persona humana, cercana y muy trabajadore.

Hugo Chandía parte rumbo a los altos cielos a la edad de 67 años, sobreviviéndole tres hijos, a quienes junto a su hermano Patricio enviamos las más sentidas condolencias por tan sensible e inesperado pérdida, momento que marca sus vidas con un dolor que solo el Todopoderoso puede aliviarlos.

El velatorio será en Iglesia de Don Orione a partir de las 15:00 horas este martes, lugar donde pueden concurrir sus amigos a dar las condolencias a la familia y compartir gratos recuerdos de vida.

El día miércoles se hará un responso a las 15:00 horas para luego partir a su última morada, que corresponde al Parque del Sendero en Vespucio, en donde descansará eternamente junto a la familia que le antecedió en la partida al Palacio celestial.

Finalizado el Acto eleccionario reciente y quedando solo una candidata y un candidato, sorprende que el mundo sindical esté silencioso (como es la costumbre de hace muchos años) considerando que en la efervescente campaña algunos candidatos mencionaron que “hay que achicar el Estado”. Los perdedores se alinean con un candidato o candidata que quedan en la contienda pensando en ministerios, subsecretarias, jefes de servicios públicos etc. pero también solicitando que se incluyan en los respectivos programas ideas que defendía en sus propias campañas, lo que hace incierto el programa final de cada candidatura que está en la contienda.

Es curioso que la movilización sindical más grande y de mayor incidencia a nivel nacional, que se manifiesta todos los fines de año por parte de los empleados públicos con la más grande de las huelgas, no se preocupe por anuncios de políticos que podrían afectar  a muchas personas.  Curioso es el hecho   que son los únicos que no tiene derecho a huelga, establecido en la Constitución, Ley de Base, Estatuto Administrativo, Código del Trabajo. No sólo prohíbe la huelga, sino que es una de las acciones que motiva la destitución, la que es difícil aplicarla debido a que deberían ser destituido todos los que participan, quedando los servicios sin atención, con la complejidad de reemplazar a un millón de funcionarios/as. Por todo lo que significa y la importancia que tiene   el movimiento de los empleados públicos en sus reivindicaciones económicas y condiciones laborales en nuestro país, desarrollándose a través de la CUT, que en buena  medida los hace visible, debería preocuparse por programas de campaña que podría atentar contra la fuente laboral de trabajadoras y trabajadores públicos.

Cualquier funcionario/a espera  que la organización más grande de trabajadores organizados del país como es la CUT, teniendo como socios a la ANEF, ASEMUCH, FENATS, con más de 3.600 organizaciones de base, representando a más de 700.000 trabajadores/as, solicitarían una entrevista con los candidatos que sostienen el concepto de “achicar el estado”, para tomar conocimiento sobre la forma, cantidad, sector etc. para luego informar  a sus socios. No creo que un candidato o candidata se opusiera a una solicitud de una organización que representa a cientos de miles de trabajadores, y si así lo hiciera, importante sería comunicarlo a sus bases.

Es preocupante una medida de esta naturaleza ya que “achicar el estado” significa disminuir o eliminar servicios que actualmente se prestan a personas que lo necesitan, y por consiguiente, despedir trabajadores/as, lo que debería ser una de las preocupaciones de la dirigencia a nivel nacional de estas poderosas organizaciones que son capaces de paralizar las actividades laborales por mejoras económicas y constituirse en la mayor movilización sindical del país.

Si no existiera tal preocupación, debería ser deber de las bases exigir a sus respectivas organizaciones de nivel nacional para que expongan en la cúpula de la CUT, que es necesario aclarar en forma específica a qué servicios, ministerios o unidades estaría dirigido tal “achicamiento” y cuál sería la cuantificación, para que los funcionarios/as públicos tomaran conocimiento y evitar que algunos se hagan el “Harakiri”.

Es preocupante ya que, si llega a ocurrir, en algunos casos la disminución puede ser aplicada a través de iniciativas legislativas (como por ejemplo bajar los porcentajes de trabajadores a contrata y honorarios), pero también en forma tan simple como  medidas administrativas.

Cualquier trabajador que pertenece a una organización sindical, espera que los líderes nacionales tengan bien informado a quienes le dan vida como organización y sostén económico para continuar en el resguardo de uno de los derechos más importantes en la vida de cualquier persona, como es el del trabajo.

En Chile, el impuesto a la herencia suele aparecer en el peor momento: cuando la familia está de duelo y el Estado es el primero en golpear la puerta. Ahí se repite una escena conocida para cualquier abogado tributario o civil: herederos con patrimonio, pero sin un peso disponible; bienes inscritos a nombre del causante, pero “congelados” hasta pagar el impuesto; y empresas familiares obligadas a vender activos o endeudarse solo para cumplir con el Fisco.

El diseño del tributo —regulado en la Ley N° 16.271— combina dos elementos problemáticos. Primero, su carácter progresivo, con tasas que van de 0% a 25% en una lógica similar al Impuesto Global Complementario. En teoría, responde a la equidad: quien recibe más, paga más. En la práctica, ignora algo básico: la liquidez. La mayoría de las sucesiones no son cuentas corrientes rebosantes, sino inmuebles, participaciones sociales, maquinaria, derechos en empresas familiares. Mucho valor en el papel, poca caja en la realidad.

Segundo, el orden de los factores: para inscribir los bienes a nombre de los herederos, primero hay que pagar el impuesto. No hay, como regla, un mecanismo que permita inscribir y luego pagar. Si no hay liquidez, la sucesión queda atrapada en un círculo vicioso. A eso se suma la congelación de las cuentas bancarias del causante, que impide usar el propio dinero del fallecido para pagar el tributo sin pasar antes por autorizaciones del SII o del banco. El patrimonio existe, pero está jurídicamente “secuestrado” por el sistema.

Desde la percepción del contribuyente, además, se instala la sensación de doble o múltiple tributación. El causante ya pagó Impuesto a la Renta, IVA, contribuciones, etcétera, para formar su patrimonio. Al morir, ese mismo patrimonio vuelve a ser gravado. Y si, para pagar el impuesto a la herencia, el heredero socio debe retirar utilidades de la empresa familiar, esas utilidades pagan nuevamente impuesto a la renta antes de destinarse al Fisco por concepto de herencia. Mismo origen económico, varias vueltas por caja.

El caso más crítico es el de las empresas familiares, donde suele concentrarse el grueso del patrimonio. Al fallecer el fundador, los herederos se ven empujados a tomar decisiones bajo presión: ventas apuradas por debajo del valor real, endeudamiento caro o desarme de estructuras societarias que daban estabilidad al negocio. Lo que en el discurso se presenta como un impuesto redistributivo puede terminar, en la práctica, debilitando tejido productivo y afectando empleos.

Todo esto se agrava por una cultura que rehúye la planificación sucesoria. Hablar de herencias, donaciones en vida o reorganizaciones patrimoniales sigue siendo un tabú en muchas familias, asociado a codicia o frialdad. El resultado es predecible: patrimonios desordenados, estructuras sin diseño sucesorio y cero planificación tributaria. Cuando la muerte llega, hay que decidir en semanas lo que no se planificó en años, con el SII, los bancos y el Conservador de Bienes Raíces marcando los tiempos.

Más que discutir solo la tasa máxima, el desafío es revisar si el sistema acompaña de forma razonable la transmisión del patrimonio entre generaciones o si, tal como está, convierte cada sucesión en un laberinto tributario en el que el patrimonio está… pero la liquidez y el tiempo no. Ahí es donde la planificación hereditaria deja de ser un lujo para convertirse en una verdadera necesidad jurídica y económica

En conclusión, el impuesto a la herencia, tal como opera hoy en Chile, No diferencia adecuadamente entre grandes fortunas financieras y empresas familiares intensivas en activos, pero pobres en caja. Y obliga a las familias a enfrentar decisiones patrimoniales relevantes en el peor momento posible.

Esteban Larrondo, abogado,

especialista en planificación tributaria hereditaria.

Mañana, sábado 22 de noviembre, en el primer Juzgado de Garantía, pasará a control de detención un ciudadano venezolano, quien, entre mediados de 2023 y enero 2025, realizó una serie de exportaciones de celulares robados.

A los delincuentes que roban celulares les quedó chico el mercado nacional, por ello deben contar con nuevos nexos para reducir las especies de este robo que ya se ha convertido en algo normal y dieronnacimiento a otro “negocio” ilicito: exportar celulares robados.

Para realizar los envíos, informaba que se trataba de “partes o piezas de vehículos” o “repuestos Apple”, siendo la mayoría IPhon, los cuales eran exportados a Hong Kong, eventualmente para reacondicionarlos, tema que se espera conocer durante el juicio. Cabe hacer notar que los celulares reacondicionados ya es un mercado normal en nuestro país

La causa es liderada por el Fiscal Jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, quien instruyó diligencias al OS9 de Carabineros las cuales permitieron detención del individuo esta mañana en la comuna de San Joaquín, encontrándose en su poder una decena de celulares y notebooks.

En el proceso de la investigación se han identificado más de 10 víctimas, cuyos aparatos fueron sustraídos en la vía pública en distintas comunas de la RM.

Ante el cúmulo de antecedentes recabados por la policía uniformada el ciudadano venezolano será formalizado por contrabando reiterado y receptación, entre otros delitos.

Gustavo Gatica, independiente en PC fue la primera mayoría individual en las elecciones de diputados realizada este domi9ngo 16 de noviembre. Llama la atención la gran cantidad de votos nulos (145.323) y blancos (73.152) que daba para elegir 3 diputados. El corte estuvo en 63.810, faltando por escrutar 12 mesas.

Finalmente faltando por escrutar 12 mesas, los resultados de la elección del distrito 8 deja el cuadro político del distrito con 2 diputados comunistas (Gustavo Gatica Marco Barraza), 2 diputados de Republicanos (Agustín Romero y Enrique Bassaletti), 1 del Frente Amplio (Tatiana Urrutia), 1 del PDG (Cristian Contreras), 1 de la UDI (Sebastián Keitel) y 1 de Partido Nacional Libertario (Pier Karlezi).

Cabe hacer notar que los votos nulos pudieron significar la elección de 2 diputados y los blancos 1, para meditarlo que hay un desinterés de la ciudadanía o falta innovar en el sistema publicitario, que debe ser más bien que la comunidad tenga una formación cívica.

Se pierde por escasos votos del pacto Jua Carlos “Pollo” Valdivia, estimados en aprox., unos 4.500 en el pacto, mientras que a Rosa Oyarzo le faltaban aprox. unos 6.800 votos.

Mañana se espera el ultimo cómputo con las 12 mesas que faltan (aprox. 4.800 votos) lo que no alteraría este resultado.

Resultado-D8.pdf