La sesión especial, que tomó como particular objeto del debate los problemas ocurridos en la planta de tratamiento de agua potable de ESSAL S.A., contó con la participación de los ministros de Economía, de Salud y de Obras Públicas. En la oportunidad se aprobaron siete resoluciones que, entre otros puntos, piden se termine con la concesión a la empresa e indemnice a la ciudadanía.
Analizar el funcionamiento
en el país de las empresas concesionarias de servicio público sanitario, en
especial el de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos ESSAL S.A. y los
problemas ocurridos en su planta de tratamiento de agua potable, que han
ocasionado una emergencia sanitaria y ambiental en la comuna de Osorno, fue el
objeto de la sesión especial celebrada esta tarde en la Cámara de Diputados.
El debate, iniciado a las 17:00 horas, fue abierto por los cuatro
representantes de la zona afectada, los diputados Javier
Hernández (UDI), Emilia Nuyado
(PS), Harry Jürgensen (RN) y Fidel Espinoza (PS).
Javier Hernández sostuvo que, durante
diez, los 180 mil habitantes de Osorno fueron víctimas de la mentira y
humillación por parte de una empresa sin escrúpulos, que optó por la ganancia
en vez de la responsabilidad social. “ESSAL se comportó como predador de
la codicia; …no les importó la salud de los habitantes sino solo ocultar su
negligencia, a esta altura descarada”
Pidió, en representación de los chilenos afectados, que ESSAL se vaya de Osorno
y que el Ejecutivo promueva una ley de Osorno, para resarcir el perjuicio
económico y moral provocado.
Emilia Nuyado lamentó que el intendente
no haya tenido un diagnóstico claro en Osorno y que el Gobierno no haya
declarado en la oportunidad “zona de catástrofe”. Criticó que no se
escuchara la vos de la ciudadanía y que se evitara con ello mayores complicaciones
como las que después se vivieron y que afectaron principalmente a las personas
más humildes que no tenían para comprar agua embotellada o a los adultos
mayores que no se podían trasladar con facilidad a los centros de distribución.
Criticó que no se contara con planes de contingencia y que la empresa no
tuviera capacidad de responder en la contingencia. En dicho plano, coincidió en
que se debe caducar la concesión de la empresa, discutir la nacionalización del
agua y revisar la situación de todas las sanitarias de Chile, para evitar lo
ocurrido en Osorno en otra comuna.
Harry
Jürgensen sostuvo que es impresentable la situación de precariedad con la que
operaba la empresa, sin generador de respaldo y con maniobras para evitar pagar
la tarifa eléctrica de invierno, que finalmente propiciaron el derrame de
petróleo. “Era una bomba de tiempo que, tarde o temprano, iba a
estallar”, remarcó, criticando que ello sucediera a la vista de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios y otras instituciones del país que
deberían haber fiscalizado estas situaciones.
Estimó que la decisión del Gobierno fue clara y fuerte, presionando a ESSAL a
realizar las acciones correspondientes con la mayor premura posible, pese a las
mentiras y dilaciones promovidas por la empresa. Además, pidió que se le
apliquen las mayores sanciones posibles a la sanitaria, incluyendo la caducidad
de la concesión, y que el Estado tenga protocolos que pueda activar frente a
este típo de situaciones.
En tanto, Fidel Espinoza criticó que la
demora que se tomó en abordar la crisis en Osorno no habría pasado en la
capital y llamó a que se entreguen respuestas y soluciones a lo que calificó
como una de las peores crisis de la zona. Asimismo, criticó que, al día de hoy,
el único inculpado sea un trabajador que laboraba en una precaria situación y
que no se le asignen las responsabilidades que corresponden a los directivos de
ESSAL que quisieron economizar plata a costo de los usuarios.
Dijo que acá se deben aplicar sanciones severas y ejemplificadoras para una
empresa que opera con sistemas obsoletos, pero que obtiene ganancias
millonarias. Planteó que, si no es posible la caducidad, que al menos se
apliquen millonarias indemnizaciones para levantar un plan Osorno, que le
permita recuperarse.
En el debate también participaron los/as diputados/as Jaime Mulet (FRVS), Renato
Garín (IND), Gabriel Ascencio
(DC), Carlos Kuschel (RN), Andrés Molina (Evópoli), Alejandro Bernales (PL), José Pérez (PR), Amaro
Labra (PC), Catalina Pérez
(RD), Ricardo Celis (PPD), Leonidas Romero (RN), Nicolás
Noman (UDI), Diego Ibáñez y Alejandro Santana (RN).
Resoluciones
En la oportunidad se aprobaron sietes resoluciones dirigidas al Presidente de
la República:
-674: que solicita aplicar la normativa legal y caducar la concesión sanitaria
a ESSAL.
-675: que pide el despliegue de acciones con el objeto de proteger y compensar
la situación que afecta a la comunidad de Osorno, luego del corte del servicio
de agua potable imputable a la empresa concesionaria de este servicio.
-676: que establezca a la brevedad máxima una mesa público privada con pequeños
y medianos emprendedores y trabajadores independientes afectados por el
desabastecimiento de agua potable en Osorno, para asegurar una pronta
indemnización de los perjuicios sufridos y también para reactivar sus
emprendimientos, profesiones y oficios.
-677: caducar la concesión a ESSAL y enviar a la brevedad proyectos para de ley
para fortalecer las facultades de fiscalización de la Superintendencia.
-678: que manifiesta la preocupación por la emergencia sanitaria que afecta a
los habitantes de Osorno y solicita el término definitivo de la concesión de la
empresa y la indemnización de las familias afectadas.
-679: que se envíe un proyecto de ley que garantice la continuidad del servicio
de abastecimiento de agua potable.
-680: que impulse las modificaciones legales para facultar a la
Superintendencia o a la autoridad pertinente, la facultad de nombrar un
administrador adjunto en las empresas sanitarias en las situaciones que se vea
gravemente afectado el servicio sanitario para los usuarios.
Ejecutivo
A la sesión concurrieron los ministros de Economía, de Obras Públicas y de
Salud, Juan Andrés Fontaine, Alfredo Moreno y Jaime Mañalich, respectivamente.
Además, participaron el superintendente de Servicios Sanitarios (S), Jorge
Rivas; y el director nacional del Sernac, Lucas Del Villar.
El ministro Jaime Mañalich llamó a no minimizar lo que significa una alerta
sanitaria y todas las acciones que pueden ser emprendidas en dicho contexto y
que, finalmente, evitaron que se produjera un brote de enfermedad infecciosa en
la zona. Sostuvo que un calificación de estado de excepción no habría ayudado
en materia de Salud, ya que está dirigida a otros fines, y afirmó que se
cumplió con la misión.
Juan Andrés Fontaine informó que se iniciará por parte del Sernac un proceso
voluntario colectivo que partirá con la recepción de antecedentes de daños por
parte de los afectados y su estimación, para continuar con la fijación de las
compensaciones. Acotó que este proceso será llevado tanto para persona
naturales como para las micro y pequeñas empresas y anunció que mañana será la
primera reunión con representantes de la empresa. De no haber acuerdo,
especificó, se continuará con un proceso ante la justicia.
Finalmente, el ministro Moreno calificó el evento ocurrido en Osorno como una
enorme crisis y negligente y dijo compartir a nombre del Gobierno la
indignación de los habitantes y la preocupación que expresaron los diputados.
Resaltó que, ante el hecho, ministros y subsecretario, así como el
superintendente de servicios sanitarios acudieron al lugar y estuvieron todo el
tiempo necesario para superar la emergencia, al igual que el intendente y los
seremis, que celebraron dos comités de emergencia al día.
Junto con comunicar diversas acciones de apoyo a la ciudadanía, dijo que se
inició un proceso de fiscalización a la empresa cuya planta fue completamente
contaminada, así como también a todas plantas existentes en el país, de modo de
evitar situaciones similares.
Remarcó que se aplicarán las sanciones más severas que establece la ley, dada
la gravedad de los hechos. En este plano recordó que la ley establece un máximo
de 600 millones de pesos, pero no solo por el corte de abastecimiento, sino por
cada infracción cometida, por lo cual se está evaluando cuántas y cuáles son
estas y su nivel de gravedad, para establecer la sanción que merecen.
Finalmente, entre otros puntos, anunció que, si bien ya existe en trámite una
reforma de los servicios sanitarios, se ingresará un proyecto nuevo sobre la
materia que contemplará la aplicación de mayores sanciones, que entregará más
atribuciones y recursos a la Superintendencia y que buscará evitar la
vulnerabilidad del sistema.
Publicado el
24 de julio del 2019
