El beneficio no se haría efectivo en el caso de plebiscitos ni en elecciones primarias, ni tampoco, en segunda vuelta de las elecciones de presidente de la República o de Gobernadores Regionales.

Directo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se dirige el proyecto que otorgar un día de permiso laboral a quienes ejercen como vocales de mesa en elecciones y plebiscitos. Allí sus integrantes deberán analizar el texto en segundo trámite.

La propuesta iniciada en moción establece que “los trabajadores que se hayan desempeñado efectivamente como vocales de mesas receptoras de sufragios tendrán derecho a un permiso de un día, el que podrán utilizar a su elección dentro de los cinco días siguientes a la respectiva elección”.

Originalmente, el texto buscaba subsanar las extensas jornadas de trabajo de quienes fueron vocales en las elecciones regionales y comunales de 2024, oportunidad en que la gran cantidad de candidatos dificultó el conteo y registro de los votos. Tanto fue así que el Servicio Electoral (Servel) recibió cientos de quejas por no resolver problemas prácticos como la falta de colación o proveer facilidades para el traslado de vocales a sus hogares a altas horas de la madrugada.

De esta forma, en la Cámara Baja, se aprobó establecer en forma permanente que las y los trabajadores que se desempeñen como vocales de mesas tendrán derecho a un día de permiso laboral. Asimismo, se agregó que el beneficio no será aplicable en plebiscitos ni en elecciones primarias, ni tampoco, en segunda vuelta de las elecciones de presidente de la República o de Gobernadores Regionales.

ESTUDIANTES

En paralelo, la propuesta fija un beneficio para las y los estudiantes que cumplan con este deber cívico. De este modo, quienes se encuentren cursando estudios en instituciones pertenecientes al Sistema de Educación Superior (SEP) tendrán derecho a justificar su inasistencia a evaluaciones académicas cuando hubieran ejercido la función de vocal de mesa. Esto cuando la elección haya sido el día inmediatamente anterior a la ausencia justificada.

Finalmente, para cumplir con el objetivo original de la moción, se propone por medio de un artículo transitorio que las y los trabajadores que desempeñaron el rol de vocales de mesa en las elecciones regionales y municipales del 26 y 27 de octubre de 2024, igualmente tendrán derecho a un día de permiso laboral.

Este podrá ser utilizado a su elección, dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley.

La Comisión de Constitución tuvo un primer acercamiento a las indicaciones que se presentaron a la iniciativa y acordaron invitar a distintos actores del sector a la sesión del  martes 6 de mayo.

Un total de 45 indicaciones recibió el proyecto que modifica la ley que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, en materia de fiscalización, de conflictos de interés, y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas.

Así se informó en la última sesión que tuvo la Comisión de Constitución del Senado que tendrá que analizar en particular la iniciativa que tiene como finalidad terminar con los conflictos de interés en el fútbol, entre otras materias.

Allí, tras escuchar al Ejecutivo y al senador Matías Walker -autor de la ley vigente sobre la materia- la comisión acordó invitar para el próximo martes 6 de mayo al ministro del Deporte, a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), al presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), al presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP), el presidente del Club Deportivo Universidad Católica, el representante de la organización No más ANFP y al académico Juan Carlos Silva.

Cabe recordar que el proyecto fue aprobado en general por la Sala en diciembre del año pasado y tras abrirse un período de indicaciones, se presentaron 45, algunas formales y otras de fondo, la mayoría de ellas de autoría del Ejecutivo.

LOS CAMBIOS A LA ACTUAL LEY

En la sesión el senador Matías Walker señaló que las indicaciones apuntan a terminar con los conflictos de interés en el fútbol; terminar con la multipropiedad y con la anomalía de que una persona pueda ser propietaria de más de un club, o que un representante o agente de jugadores pueda participar en la administración o ser dueños de un club; conocer quiénes son los beneficiaros finales y quienes son las personas naturales dueñas de los clubes. Indicó que no se termina con las Sociedades Anónimas Deportivas, sino que las reforma para terminar con los conflictos de interés.

El Ministro de Deporte, Jaime Pizarro y su asesor legislativo, Hugo Castelli, indicaron que la iniciativa busca mejorar el deficiente régimen de fiscalización que existe en el desarrollo de las organizaciones deportivas.

Otro tema a mejorar: la Federación de Fútbol y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional no están inscritas en los registros y no son sometidas a la fiscalización de la CMF (Comisión para el Mercado Financiero).

Asimismo, dijeron que no existen inhabilidades ni incompatibilidades para desempeñarse en los directorios y que la iniciativa busca regular las ligas profesionales, aumentar el estándar de fiscalización y potenciar el desarrollo del deporte profesional.

Reforma al sistema político y electoral: Comisión ratifica umbral del 5% para obtener escaños

Compartir, aprobado en votación dividida por la Comisión de Constitución las dos indicaciones que establecen dicho guarismo en la Carta Fundamental y mejoran la redacción de la norma aprobada en general por la Sala.

Con la mayoría de los presentes, la Comisión de Constitución del Senado aprobó la norma que establece en la Carta Fundamental un umbral mínimo del 5% para obtener escaños en el Congreso. Ello, en el marco del estudio de las indicaciones presentadas a la iniciativa que fue aprobada en enero por la Sala.

Cabe recordar que el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva en la que no se consideraba establecer dicho umbral en la Constitución, no obstantes, dos grupos de senadores y senadoras -Luz Ebensperger, Paulina Núñez y Luciano Cruz-Coke, por un lado; y Alfonso De Urresti, Rodrigo Galilea, Ricardo Lagos y Gastón Saavedra, por otro- presentaron dos indicaciones que ratifican establecer un umbral del 5% par obtener escaños en el Congreso.

Previo a ello, se rechazaron dos indicaciones presentadas por el senador Sebastián Keitel y la senadora Claudia Pascual, respectivamente, en la que proponía eliminar el citado umbral de la Constitución.

La disposición aprobada en la comisión señala que “sólo los partidos políticos que alcancen al menos el cinco por ciento de los votos válidamente emitidos a nivel nacional, en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados, tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara”, dicha norma no se aplicará al partido que tenga escaños suficientes para sumar como mínimo ocho parlamentarios en el Congreso Nacional, entre los eventualmente elegidos en dicha elección parlamentaria y los senadores que continúan en ejercicio hasta la siguiente elección esto indica que los senadores que se mantienen en el Senado suma para llegar a la cifra de  los 8 requeridos

Lo que causa controversia a juicio de los partidos  es que  “los escaños no asignados a un partido por la aplicación del inciso anterior serán asignados a los demás partidos de la lista en el caso de que el partido hubiera formado parte de un pacto electoral con otros partidos, en forma proporcional a los votos de los demás partidos integrantes del pacto. En el caso de que el partido hubiera participado en una lista sin constituir un pacto electoral, serán asignados a las demás listas de partidos o pactos electorales en forma proporcional a sus votos. Para estos efectos, se aplicarán las normas de asignación señaladas en la ley orgánica constitucional respectiva”.

OTRAS DISPOSICIONES

Otras indicaciones aprobadas establecen que una ley orgánica constitucional determinará los requisitos para constituir y disolver un partido político y demás normas para que puedan llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento público para su funcionamiento ordinario y para las campañas electorales.

DIRIGENTES VECINALES Y GREMIALES

La comisión aprobó por mayoría eliminar la imposibilidad de ser candidatos las personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal y que no hayan renunciado antes de un año a esos cargos.

Por otra parte se rechazó una serie de indicaciones que buscaban no permitir pactos electorales o establecer listas cerradas y bloqueadas, como otra que buscaba que esta reforma se aplicara a partir del 2029.

Quedó pendiente parala próxima reunión la redacción de las causales de cesación del cargo de parlamentario y parlamentaria.

 Retoman en el Senado estudio de proyecto que tipifica el delito de ingreso clandestino

Tras la exposición de uno de los diputados autores de la moción, entre las y los integrantes de la Comisión de Gobierno persisten las dudas sobre el proyecto “tal como está”; sin embargo, coinciden en que urgen medidas para regular la migración irregular.

La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, retomó el análisis de la moción, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N°21.325, de migración y extranjería, para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional.

Durante la sesión -que contó con la presidencia accidental de la senadora Carmen Gloria Aravena- se escuchó al diputado Andrés Longton, uno de los autores de la moción, quien afirmó que se deben abordar medidas que desincentiven la llegada de extranjeros irregulares a nuestro país.

En esta línea, detalló que el proyecto propone presidio de 61 a 541 días a quienes ingresen de forma clandestina al país; no obstante, aclaró: “más que buscar cárcel, se busca la detención y la rápida expulsión”.

El proyecto propone, entre otros, presidio de 61 a 541 días a quienes ingresen de forma clandestina al país.

Desde el Ejecutivo se recordó que, en su momento, ya habían expuesto su opinión sobre el texto y reiteraron que “no tienen una posición favorable para tipificar el ingreso irregular como delito”, pero sí enfatizaron en que se debe avanzar hacia un mecanismo de expulsión más expedito.

Adelantaron que están trabajando “de cara a lo que podría ser una potencial indicación”, de avanzar el proyecto tal como está.

La senadora Luz Ebensperger reiteró sus dudas sobre la moción que, a su juicio, “termina matando la expulsión administrativa” y “puede burocratizar más y hacer más difícil el procedimiento”.

¿QUÉ PROPONE LA MOCIÓN?

El texto se refiere a la persona que haga ingreso clandestino al territorio nacional, por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio. Esta conducta se sancionará con la pena de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) o multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales (aproximadamente entre 323 mil y 646 mil pesos).

La norma no se aplicará a extranjeros que reúnan las condiciones de refugiados que provengan directamente del territorio donde su vida o libertad esté amenazada. Tampoco aplicará a niñas, niños o adolescentes.

En tanto, el extranjero que ingrese al territorio nacional de manera clandestina y tenga causales de impedimento o prohibición de ingreso, se castigará con pena de presidio menor en su grado medio a máximo (entre 541 días y 5 años).

La misma pena se aplicará a quien entre o salga del territorio nacional valiéndose de un documento de identidad o de viaje falso o faltando a la verdad en la información requerida para autorizar el ingreso o la salida.

Posterior al cumplimiento de la pena, se procederá siempre a la expulsión del extranjero.

Viernes 26 de Julio de 2024.

Por unanimidad, la Sala aprobó en general el texto que propone una serie de medidas que fomentan la transparencia y la rendición de cuentas de todas las instituciones que reciban aportes públicos.

17 de enero de 2024: Hasta el jueves 25 de enero se recibirán indicaciones para el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales en materia de transparencia, fiscalización y probidad de las corporaciones municipales y organizaciones.

Esto, luego de que la Sala respaldara en general el texto que, entre otros, permite que la Contraloría General de la República fiscalice la gestión municipal, sus corporaciones y fundaciones y a las instituciones privadas, con o sin fines de lucro, que reciban aportes, subvenciones, traspasos directos, licitaciones o fondos públicos de cualquier tipo, de parte de Municipalidades, Gobiernos Regionales o, en general, del Estado.

Durante la sesión, la senadora Carmen Gloria Aravena destacó los alcances de la norma que incorpora un Plan de Integridad Municipal, con un responsable, con análisis de la unidad de control de los municipios, incluyendo auditorías externas, entre otros.

“Estos son los temas a los que debiéramos estar abocados, esto no tiene color político… El Estado tiene que modernizar su legislación, generar mayor control, y más normativas que permita a la Contraloría también hacer lo suyo”, remarcó.

El senador David Sandoval recalcó que “estamos hablando de recursos públicos que están destinados para atender los requerimientos y necesidades que tiene la población, muchas veces la más vulnerable”.

Detalló situaciones que han afectado desde el central al local, pasando por los gobiernos regionales. “La corrupción es un tema que, lamentablemente, está presente (…), pero resulta extraño este Plan de Integridad, este encargado, y reforzamiento (…) Hay que hacer esfuerzo mayor, para que se amplíe a otros, como una nueva ley orgánica municipal, incorporar cambios en los gobiernos regionales y mejorar niveles de control y el rol de la Contraloría”.

La subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, recordó que la medida se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Integridad Pública y puntualizó alguno de sus principales aspectos.

A ley proyecto que consolida el sistema de desarrollo profesional docente. Durante el debate en el Senado se destacó que se avanza con un sistema unificado y transparente. Ahora, el texto quedó en condiciones de ser remitido a su trámite como ley de la República luego de ser ratificado por la Cámara Baja.

Como una importante medida de corrección y de justicia con los docentes y con la comunidad educativa, el Senado respaldó por 37 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, el proyecto que consolida el sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo profesional docente como único sistema general de evaluación y fortalece los procesos de inducción y acompañamiento. Luego, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó también el texto legal con lo cual quedó en condiciones de ser remitido a su trámite de promulgación como ley.

Durante el debate en el Senado se valoró que se pone fin al doble sistema de evaluación y el senador José García, fue el encargado de informar el texto legal, a nombre de la Comisión de Educación y de Hacienda.

El legislador detalló una serie de enmiendas introducidas, entre otras: apoyo a los docentes que no hayan avanzado, a fin de que progresen y alcancen nivel avanzado. Los procesos de inducción administrativa e implementado por el CPEIP se encontrarán disponible con transparencia en el sitio web; los instrumentos de evaluación pedagógicos serán específicos y atingentes a la disciplina.

Además, agregó, se impide al docente ser contratado en el mismo establecimiento educacional o del mismo sostenedor; los resultados de los instrumentos de evaluación servirán para un plan de formación profesional docente; se podrá conocer la idoneidad de correctores, garantizando imparcialidad.

“SE PAGA UNA DEUDA”

En general, senadoras y senadores coincidieron en que “se responde, en parte, a una petición del profesorado del mundo municipal” y se aseveró que se “está pagando una deuda”, con mejoras para el perfeccionamiento docente y mejoras constantes en general, “cumpliendo también con nuestros niños y niñas para que la calidad de la educación esté en el centro”.

Recordaron que “con este proyecto crearemos un sistema único y se mejoraran los procesos, con lo que se puede asegurar avance en el desarrollo y regulación en la carrera docente”.

Con todo, se reconoció que el país ha enfrentado déficit de profesores y se reclamó por el presupuesto insuficiente para las corporaciones, principalmente en regiones como la de Magallanes, “para la dignidad educacional”. Asimismo, se hizo notar la situación de los asistentes de la educación de la Región de Valparaíso. Por otro lado, se enfatizó que la “educación pública necesita una tremenda reforma con responsabilidad”.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

• Simplificar y descomprimir los mecanismos de evaluación y reconocimiento, estableciendo un único sistema, más eficiente y transparente, con apego a los principios de igualdad de trato y justicia evaluativa para todos los profesores.
• Mejorar los procesos de inducción para aumentar la retención de docentes principiantes en todos los establecimientos educacionales y simplificar los procedimientos administrativos asociados a aquellos.
• Fortalecer el trabajo colaborativo y de acompañamiento entre profesores por medio de la Red Maestros de Maestros, ampliándola a todos quienes forman parte del Sistema de Desarrollo Profesional Docente.
• Abordar la situación de aquellos profesores que el año 2015 obtuvieron buenos resultados en su evaluación docente y que, en su proceso de encasillamiento, solo contaban con los resultados del instrumento portafolio, por no haber rendido las pruebas de conocimientos específicos que fueron derogadas por la ley N° 20.903.

Tras ser despachado desde el Congreso, los senadores de Comisión de Educación: José García Ruminot,Yasna Provoste, Carmen Gloria Aravena, Gustavo Sanhueza y Fidel Espinoza valoraron la iniciativa que perfecciona el desarrollo profesional docente y señalaron que “hoy se avanza con mayor justicia”.

SENADO: Policías y Ministerio Público podrán acceder al listado de pasajeros en el transporte aéreo nacional, la iniciativa que forma parte de la agenda de seguridad se encuentra en su proceso de trámite de promulgación luego de ser despachada por el Senado.

Ya es ley la norma que permitirá a las policías y el Ministerio Público acceder al listado de pasajeros en el transporte aéreo nacional. Ello, luego que la Sala del Senado despachara la iniciativa por unanimidad y sin modificaciones.

El texto legal apunta a otorgar un instrumento eficaz y efectivo al Ministerio Público y a las policías, para fortalecer la investigación de los hechos que pueden revestir el carácter de delito, permitiendo a esas instituciones exigir a los transportadores aéreos la nómina de sus pasajeros y lugares de embarque y destino.

Así lo explicó el senador Enrique Van Rysselberghe, presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones quien afirmó que a partir de ahora se permitirá exigir a los transportadores aéreos la nómina de sus pasajeros por medio de la incorporación en el Código Aeronáutico de la obligación de las empresas de transporte aéreo, que sirvan a rutas nacionales, de entregar al Ministerio Público, Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile los listados de los pasajeros que sean requeridos por algunas de estas instituciones”.

21 de septiembre de 2023

Este martes el Senado aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley de Tránsito para prevenir la venta de vehículos robados motorizados. La nueva ley para sanciona con presidio menor en su grado medio a máximo y penas que llegan a las 100UTM en caso de conducir un vehículo con placa patente falsa o alterada.

El Senado aprobó por 28 votos a favor y 1 abstención las enmiendas introducidas por la Cámara, al proyecto que buscan prevenir la venta de vehículos motorizados robados, moción que se enmarca entre los proyectos priorizados de la Agenda de Seguridad.

La ley que previene la venta de vehículos robados sanciona una serie de conductas como la conducción con la placa patente oculta que se aumenta a “falta gravísima” y ordena diversas obligaciones para fabricantes y automotoras en materia de comercialización de los vehículos. Además se establece la obligatoriedad de grabar la patente en ventanas y espejos de autos nuevos y usados y la prohibición de conducir con luces y focos diferentes a los autorizados.

“Los dueños de vehículos van a tener 12 meses para poder grabar los vehículos que ya están en su propiedad y los nuevos van a tener que salir con esta placa patente ya grabada en cada uno de los vidrios involucrados”, Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones

Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos que realiza el Gobierno y el Poder Legislativo para enfrentar los problemas de seguridad pública que afectan al país. De hecho, esta ley se convierte en la séptima despachada por el Congreso, en el marco de los proyectos priorizados de la agenda que impulsa el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Infracciones y multas con la nueva ley que previene venta de vehículos robados

La nueva ley para prevenir la venta de vehículos robados sanciona con presidio menor en su grado medio a máximo. Además establece la suspensión de la licencia de conducir o inhabilidad para obtenerla hasta por 5 años.

En caso de conducir un vehículo con placa patente falsa, alterada o que corresponda a otro vehículo la multa corresponde de 50 a 100 UTM.

La iniciativa también impone las siguientes prohibiciones y multas:

• Prohibición de usar, adosar y/o conducir con luces o focos distintos o adicionales a los permitidos por la ley.
• Prohíbe al público la venta y carga de combustible a los vehículos motorizados que no cuenten con su placa delantera o trasera. Se castigará con una multa de 10 a 100 UTM a concesionarios o dueños de la estación de servicio que incurra en esta práctica.
• Se sancionará contravenir la normativa sobre el uso obligatorio del casco protector y demás elementos de seguridad al conducir bicicletas, motocicletas o vehículos similares.
• La conducción de vehículos motorizados utilizando un casco que no cumpla con la obligación establecida constituirá infracción.

Exigencias de la primera inscripción de un vehículo

El texto define otras exigencias tratándose de la primera inscripción de un vehículo en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados.

Por ejemplo, se define que si el vendedor o emisor de la factura no se encuentra incluido en la nómina mencionada, el Servicio de Registro Civil no procederá a la realización de la inscripción del vehículo. Tampoco podrá hacer entrega de las placas patentes respectivas.

Adicionalmente, se agregan las siguientes causales para el retiro de circulación de los vehículos y su disposición ante los juzgados de policía local:

1. No tener los certificados de revisión técnica al día
2. No tener certificado de homologación individual
3. Circular con placa patente oculta, en mal estado o con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterados o borrados.

La iniciativa, adicionalmente, eleva el rango de multa para algunos casos y realiza ajustes a la Ley 20.931, sobre aplicación efectiva de penas en robo, hurto y receptación.

Por último, se modifica el Código Penal para incluir como agravante en los delitos de hurto y robo, el ejecutarlos usando un vehículo sin placa patente (delantera, trasera o ambas) o si están ocultas.

Igualmente, serán agravantes usar vidrios oscuros o polarizados o utilizar otra práctica, técnica, intervención, herramienta, dispositivo o condición que favorezca la impunidad.

Otras exigencias y disposiciones de la nueva ley

El proyecto establece que, declarada la pérdida total de un vehículo asegurado como resultado de su destrucción o desarmaduría total o parcial, la compañía aseguradora deberá requerir la cancelación de la inscripción del vehículo respectivo ante el Registro Nacional de Vehículos Motorizados. Ello se informará al asegurado y se devolverán las respectivas placas patentes.

Respecto de un caso no comprendido en la situación anterior, susceptible de reparación, las compañías de seguros deberán regularizar la propiedad de los vehículos siniestrados, para lo que se requerirá de su inscripción en el citado Registro a su nombre o a nombre de los compradores respectivos.

Mientras no se efectúen las inscripciones, anotaciones y cancelaciones ordenadas, los vehículos que se encuentren en los casos descritos quedarán bajo la responsabilidad de la aseguradora.

El ministro Muñoz explicó que durante la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados se eliminó una indicación ingresada por el Ejecutivo que pretendía establecer la obligación de adherir la patente en los cascos de los conductores de motocicletas para “mejorar la identificación de la motocicleta si es que se utilizaba para cometer delitos”.

Sin embargo, “a fin de contar lo más pronto posible con el proyecto como ley, y evitar la constitución de una comisión mixta, es que hemos decidido no insistir con la indicación”, indicó el secretario de Estado.

Comisión ad hoc realiza ronda de audiencias. De acuerdo a la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados, el proyecto implicaría un incremento de 11 pesos por kw/h. El profesor Verdugo de la USACH asegura que una subasta de derechos financieros de transmisión podría ser una alternativa.

Sus inquietudes por los efectos en los clientes finales que pudiera tener el proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de transición energética y que posiciona a la transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbono neutralidad, expresaron los senadores y senadoras de la Comisión de Minería y Energía.

Cabe recordar que el mensaje busca descongestionar las líneas de transmisión eléctrica facilitando que las generadoras puedan operar mejorando la institucionalidad, agilizando las obras de infraestructura, dando los primeros pasos para la licitación del proceso de almacenamiento a gran escala y estableciendo cambios en los ingresos tarifarios. (Vea nota relacionada)

De acuerdo al último decreto tarifario de 2023, el 90% de los clientes residenciales del país con consumos inferiores a 350 kw/h al mes, tuvieron un alza promedio de 2,5% al año. A su vez, los usuarios con consumos entre 300 y 500 kw/h vieron elevada su tarifa en 10% promedio, y aquellos con consumos superiores a 500 kw/h tuvieron un incremento de 16,5% promedio.

En esa línea, en la última sesión expusieron el director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (ACENOR), Javier Bustos; y el profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago (USACH), Humberto Verdugo, quienes hicieron ver sus reparos al texto.

El senador Rafael Prohens cuestionó la iniciativa sincerando que “este proyecto tal como está, no vamos a ser capaces de sacarlo ahora. En la próxima revisión de tarifas, lo más probable es que tengamos un alza, que no podemos parar. Hay que sincerar la situación: las alzas de tarifas van a venir sí o sí, y no podemos estar colocando piedras para que no pase el cauce del río, si al final lo va a desbordar igual”.

Para el senador Juan Luis Castro urge una política de subsidio a las personas, “el gobierno tiene que abrirse a ese escenario. Me parece razonable, pensando en que las empresas tienen que sobrevivir, pero las personas tampoco se pueden llevar en el costo de bolsillo esta transición energética que se está planteando”.

La presidenta de la Comisión, la senadora Luz Ebensperger consultó a los expositores el margen que tienen los proyectos renovables de instalarse en otras localidades dada su naturaleza luego que se hiciera ver que la presencia de estos proyectos exclusivamente en el norte, encarece el transporte de energía.

En la sesión del pasado 19 de julio, el director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (ACENOR), Javier Bustos; y el profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago (USACH), Humberto Verdugo, manifestaron sus dudas frente al texto.

Bustos comentó que “el sector generación no paga la transmisión de energía, solo lo hace el cliente final. Así no existen incentivos para mejorar la localización de los proyectos. Siempre el cliente final debe asumir los costos”.

Según los cálculos de ACENOR, los consumidores verán las siguientes alzas en sus cuentas de acuerdo a los siguientes ítems del proyecto:

Reasignación de ingresos tarifarios que se asignarían a empresas generadoras: la pérdida a los clientes podría ir de 3,3 a 4 pesos por kw/h

Licitaciones para almacenamiento: la Comisión Nacional de Energía (CNE) licitaría la infraestructura por 15 años a través de una cargo que sería pagado –en su totalidad- por lo usuarios, lo que encarecería las cuentas entre 3,8 y 4,4 pesos por kw/h

Mayores costos de transmisión: todas las obras de transmisión nuevas sean de rutina, de ampliación, urgentes, etc. corren por cuenta de los consumidores, por lo que se calcula que por año debería pagarse 2,6 pesos por kw/h

Mayor presupuesto para el Coordinador Eléctrico Nacional: corresponde al cargo por servicio público que se factura cada mes en las cuentas de electricidad. Pasaría de 0,7 pesos por kw/h a un peso kw/h.

“Con todo observamos un alza de 11 pesos por kw/h que deberán pagar los consumidores finales con este proyecto. Ellos pagan la transmisión nacional, la zonal, la energía, la potencia, el cargo por servicio y ahora, el cargo por almacenamiento (…) El ministerio habló de un incremento de un peso (…) Desde el 2020, el precio promedio de los clientes industriales ha subido un 80%. Solo vemos que se aumentan los cargos”, concluyó Bustos.

Por su parte, Verdugo coincidió con ACENOR en que “la norma se financia con los usuarios finales. La tarifa eléctrica será más cara. Creo que los cambios que se hacen a los ingresos tarifarios son discriminadores porque principalmente va a beneficiar a empresas renovables no convencionales. Esta política se impulsó pensando en que las ERNC iban a bajar de precios, lo que no ha sido así”.

A modo de solución, el académico planteó que “podría generarse una subasta de derechos financieros de transmisión así las generadoras tendrían la opción de competir y así podría juntarse una bolsa de plata que se distribuya entre los clientes regulados, como subsidio, y en los usuarios libres, para amortizar el costo”.

Frente a estas críticas, el ministro Pardow se mostró abierto a discutir propuestas sin cambiar ideas matrices del proyecto. De todas formas aseguró que “los cálculos de ACENOR no son distintos a los presentados por nosotros. Ahora lo que ellos hacen es considerar y sumar los peores escenarios, lo que no es correcto porque corresponde es ver el promedio o valor esperado”.

Cabe recordar que los precios de largo plazo acordados por las renovables con clientes regulados, no han sido suficientes para cubrir y financiar los suministros contratados. La gran mayoría de este tipo de energía se concentra en el norte, pero el gran consumo está en el centro-sur. No habiendo líneas de transmisión suficientes para transportar la energía, gran parte del día estas plantas renovables no tienen retorno y deben comprar energía cara en el mercado para cumplir los contratos pactados.

27 de julio de 2023

Venta de alcoholes: documento de identificación solo se exigirá en caso de “duda razonable” de mayoría de edad. La senadora Ebensperger argumentó su voto en contra pues, a su juicio, “el debate está equivocado” y detalló las consecuencias negativas del consumo de alcohol temprano, por lo que indicó que “es más importante defender a los menores, que facilitarles la vida a los trabajadores de botillerías”.

Durante el debate se aclaró que “no se están quitando obligaciones” a la ley de alcoholes, sino que se hace eco a “un tema ciudadano”, con “estándar de racionalidad”. Sin embargo, se advirtió que el tema “es subjetivo” y se llamó a “defender a los menores”.

Por 18 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones, el Senado despachó a la Cámara Baja el proyecto que modifica la ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, con el objeto de regular la exigencia de cédula de identidad u otro documento de identificación a las personas que deseen adquirir bebidas alcohólicas.

Con esto se establece que la cédula de identidad, u otro documento de identificación, será exigido “solo en caso de que exista duda razonable respecto de la mayoría de edad de la persona que desea adquirir bebidas alcohólicas”.

La moción -que fue patrocinada por los senadores Iván Flores, Alejandra Sepúlveda, Francisco Chahuán, Juan Ignacio Latorre y Matías Walker- se hace cargo de las repercusiones que tiene la obligación legal para los trabajadores de recintos de expendio de bebidas alcohólicas, quienes, “reciben quejas y malos tratos”.

Durante el debate intervinieron los senadores Iván Flores, Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Matías Walker, José Miguel Duarana,  Alejandra Sepúlveda y José Miguel Insulza.

Las posturas a favor manifestaron que este es un “debate ciudadano, “que corrige una ley que costó 14 años en sacar adelante”, pero “la exigencia ha generado miedo y conflicto entre los trabajadores, a la hora de pedir la documento”.

Además, se precisó que “la ley debe establecer siempre el estándar de la racionalidad”, subsanando, en este caso, aspectos “de la vida diaria”.

Con todo se aclaró que “no se está quitando la obligación de la cédula de identidad, ni flexibilizando la ley de alcoholes, sino que se aplique con sentido común”.  

En otra vereda, la senadora Ebensperger argumentó su voto en contra pues, a su juicio, “el debate está equivocado” y detalló las consecuencias negativas del consumo de alcohol temprano, por lo que indicó que “es más importante defender a los menores, que facilitarles la vida a los trabajadores de botillerías”.

Además, se expuso dudas sobre la subjetividad de la medida, “¿quién determina la duda razonable?”, se preguntó.

19 de julio de 2023