La Sala del Senado respaldó unánimemente el informe de la Comisión Mixta, instancia que aclaró que el delito basal ya está tipificado en nuestro ordenamiento penal. Con todo, se avanza en sancionar la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro.

¿CÓMO QUEDÓ EL TEXTO?

En condiciones de convertirse en ley quedó el proyecto que modifica el Código Penal para sancionar la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro, texto legal que es parte de la Agenda de Seguridad definida entre el Parlamento y el Ejecutivo

La Sala del Senado respaldó unánimemente el informe de la Comisión Mixta, instancia que respaldó que el delito de sicariato propiamente tal ya está penado, “está perfectamente cubierto en el Código Penal y normas específicas más eficientes”, aclaró el senador José Miguel Insulza, quien detalló los acuerdos de la instancia conformada por senadores y diputados.

¿CÓMO QUEDÓ EL TEXTO?

El texto avanza en sanciones específicas cuando el sicariato se comete en un contexto de conspiración, por lo que el mensaje avanza en este sentido y precisa cuando se comete el delito “con ánimo de lucro”, por realizarlo “por beneficio económico o de otra naturaleza en provecho propio o de un tercero”, lo que será sancionado con pena que va desde 15 años y un día a 20 años a presidio perpetuo (presidio mayor en su grado máximo).

Además, “el que conspire para cometer el delito de homicidio calificado (…) será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo”; es decir, entre 3 años y 1 día a 5 años.

“Si la conducta descrita se comete en contra de un juez con competencia en lo penal; de un fiscal del Ministerio Público; de un defensor penal público; de un funcionario de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile o de Gendarmería de Chile, en razón del ejercicio de sus funciones, será castigado con la pena” que va desde 3 años y 1 día a 10 años (presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo)

19 de abril de 2023

La iniciativa que busca suprimir la intervención de notarios en diversos trámites, quedó en condiciones de ser discutida y votada por la Sala del Senado.

En forma unánime la Comisión de Constitución del Senado aprobó la idea de legislar sobre el proyecto que suprime o modifica la intervención de notarios en trámites, actuaciones y gestiones determinadas. Con ello, la iniciativa que cumple su segundo trámite quedó en condiciones de ser votada en general por la Sala.

En lo fundamental, el proyecto busca modificar diversos cuerpos legales para suprimir o modificar la intervención de un notario en diversos trámites, actuaciones y gestiones, con el propósito de disminuir los trámites o diligencias que deben realizarse ante o por un notario, cuando no es estrictamente necesario para el buen cumplimiento de dichos trámites o diligencias.

Previo a la votación la Comisión escuchó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, y al vicepresidente notario de la Asociación de Notarios y Conservadores, Alfredo Martin.

El ministro Cordero explicó que esta iniciativa apunta a identificar y suprimir qué trámites se están desarrollando como exigencias notariales, sin que éstas sean exigibles.

Agregó que la propuesta plantea evitar exigencias de documentos autorizados ante notario por parte de la administración pública cuando existen otros medios propios para eso.

En tanto, el vicepresidente de la Asociación de Notarios y Conservadores manifestó que le corresponde exclusivamente a las autoridades e instituciones pertinentes determinar cuál es el grado de seguridad y certeza que se pretende otorgar a un determinado acto, contrato o documento con la intervención notarial y en cuales trámites se podrá prescindir de la reducción de escritura pública.

Indicó que “estamos de acuerdo en simplificar algunos trámites, fundamentalmente aquellos que se refieren a hechos propios, teniendo especial cuidado con aquellos trámites que tienen efectos en derechos de terceros, que tienen efectos patrimoniales o se refieren a actos de familia”.

3 de abril de 2023

Liderados por la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, municipios de la Región Metropolitana, se unieron para enviar camiones aljibes, para ayudar a las comunas afectadas por los incendios forestales.

Los municipios de Providencia, La Florida, Lo Barnechea, Las Condes, La Granja, Huechuraba, Talagante, son algunas de las comunas que han comprometido su ayuda, para intentar contener la emergencia, que mantiene a las regiones de Ñuble y Biobío en Alerta Roja.

La presidenta ACHM, indicó que “la idea es poder organizarnos y por eso hemos hecho un esfuerzo con Senapred y ver efectivamente cuáles son las ayudas que se necesitan con mayor urgencia, no sólo para enfrentar la emergencia  en lo inmediato sino también durante los próximos días y es ahí donde surge la idea de los camiones aljibes como una primera respuesta”.

La jefa comunal de Peñalolén dijo también que “existe la iniciativa de varios alcaldes para reunir alimentos para las familias afectadas, como también agua embotellada para el consumo de la comunidad y los voluntarios que combaten los incendios” además de agregar que “la idea es poder seguir coordinando la ayuda tanto desde Santiago, como de las comunas de regiones que quieran llegar directamente con su ayuda al territorio afectado”.

A través de una resolución, la Sala rechazó que se realice por parte del Metro de Santiago un hito conmemorativo en la estación Baquedano.

La Sala de la Cámara acordó manifestar al Presidente de la República “su más absoluto rechazo al financiamiento de iniciativas que conmemoren al octubrismo chileno”.

A través de la resolución 597, presentada por la diputada María Luis Cordero (IND), se solicita instruir al director del Metro de Santiago la no materialización del hito conmemorativo del 18 de octubre en la estación del metro Baquedano, bajo el contexto de operatividad de su acceso.

La resolución se aprobó por 79 votos a favor, 47 en contra y 13 abstenciones. También es firmada por Jorge Alessandri (UDI), Chiara Barchiesi (PREP), Johannes Kayser (IND); y los RN Juan Carlos Beltrán, Sofía Cid, Catalina Del Real, Andrés Longton, Diego Schalper y Camila Flores.

El texto recuerda que el 18 de octubre de 2019 el país vivió el denominado estallido social. Este llevó a “la desestabilización del orden establecido”. Asimismo, a la afectación de un gran número de personas, producto de la destrucción del comercio y el transporte público. Todo ello relacionado a saqueos e incendios.

Sus promotores señalan que estos hechos hacen que se mantenga una herida abierta en la sociedad que se ve agudizada, tanto por los dichos, como por las acciones del actual Gobierno. En ese sentido, citan las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, de octubre pasado, donde, si bien hizo un análisis de esos hechos, mantuvo la visión de legítimas demandas.

A esto se sumaría el anuncio realizado por parte del Metro de Santiago. Su director indicó que, en la apertura del acceso a la estación Baquedano, se mantendría el espacio comunitario de la memoria, conocido como el “Jardín de la Resistencia”. Esto, en palabras del director, para dar “permanencia a un espacio de construcción colectiva y de memoria.

Publicada : Enero 30, 2023

Enero 11, 2023. La elección de los 50 integrantes del Consejo Constitucional se realizará el próximo 7 de mayo de 2023. En tanto, el plebiscito para aprobar o rechazar la nueva propuesta constitucional, se llevará a cabo el 17 de diciembre de 2023.Por 109 votos a favor, 37 en contra y 2 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó en general la reforma constitucional con el objeto de establecer un procedimiento para la elaboración y aprobación de una nueva Constitución Política de la República.

Posteriormente, se respaldaron con más de 110 votos a favor, otras seis normas cuya votación separada fue solicitada.

Con esta aprobación, la reforma será comunicada al Presidente de la República para su promulgación.

Consejo Constitucional

El Consejo Constitucional tendrá por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución.

Este órgano será integrado con paridad. Para ello, la lista de un partido político o pactos electorales deberán señalar el orden de precedencia que  tendrán los candidatos en cada circunscripción senatorial, comenzando por una mujer y alternándose, sucesivamente, éstas con hombres.

Una vez obtenidos los resultados de la elección, se determinará la cantidad de hombres o mujeres que deban aumentar o disminuir, para obtener dicha paridad.

Los resultados se ordenarán, a partir de las listas o pactos, de menor a mayor de acuerdo al total de votos a nivel nacional. Luego, las circunscripciones, también de menor a mayor.

Finalmente, se definirá que el candidato más votado del sexo subrepresentado de la lista o pacto electoral menos votada a nivel nacional en la circunscripción senatorial en que dicha lista o pacto electoral haya obtenido la menor votación, reemplazará al candidato menos votado del sexo sobre representado que habría resultado electo.

Escaños pueblos originarios

El Consejo podrá estar integrado, además, por uno o más miembros de los pueblos originarios reconocidos en la ley 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas. El número de escaños se obtendrá de sumar el total de votos válidamente emitidos en la circunscripción nacional indígena. Si dicha suma representa un porcentaje igual o superior al 1,5% respecto del total de votos del resto del padrón nacional, se elegirá un escaño.

Si es superior al 3,5% serán dos cargos. Además, por cada dos puntos adicionales sobre el 3,5% se asignará un escaño adicional.

Comisión Experta

La Cámara de Diputados y el Senado elegirán, doce cada uno, a los 24 miembros de la Comisión Experta. Esta comisión deberá proponer al Consejo Constitucional un anteproyecto de propuesta de nueva Constitución, y realizar las demás funciones que esta reforma le fija. Su integración también será paritaria.

Para ser electo integrante de esta comisión, se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio. Además, los candidatos y candidatas deberán contar con un título universitario o grado académico de, a lo menos, ocho semestres de duración y deberán acreditar una experiencia profesional, técnica y/o académica no inferior a diez años, sea en el sector público o privado.

Comité Técnico de Admisibilidad

La reforma también establece la creación de un órgano compuesto por 14 personas, que estará encargado de resolver los requerimientos que se interpongan contra aquellas propuestas de normas aprobadas por la Comisión o por el plenario del Consejo Constitucional, o por la Comisión Experta, que contravengan lo dispuesto en el artículo 154. Su integración será paritaria.

Para ser miembro del Comité Técnico de Admisibilidad, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener el título de abogado, con al menos 12 años de experiencia en el sector público o privado y acreditar una destacada trayectoria judicial, profesional y/o académica. Los integrantes de este Comité Técnico serán propuestos, en una sola nómina, por la Cámara de Diputados, la que deberá ser aprobada por los cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio. Dicha nómina, posteriormente, deberá ser ratificada por el Senado, por el mismo quórum.

Cronograma del proceso

La reforma establece la elección de 50 miembros para el Consejo Constitucional el 7 de mayo de 2023. Estos serán electos siguiendo las normas de la elección de los integrantes del Senado.

Asimismo, se fijó el inicio del trabajo de la Comisión Experta y del Comité Técnico de Admisibilidad, el 6 de marzo de 2023.

La reforma también estableció la celebración de un plebiscito de salida para aprobar o rechazar la nueva propuesta constitucional, el 17 de diciembre de 2023. En dicho plebiscito el electorado dispondrá de una cédula que contendrá la siguiente pregunta, “¿Está usted a favor o en contra del texto de Nueva Constitución?”.

Bases institucionales

La reforma aprobada dejó establecido que la propuesta de nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá contener, entre otras, las siguientes bases institucionales y fundamentales:

Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo. El Estado de Chile es unitario y descentralizado.

La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos.

La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible.

Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común.

Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional.

Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí: Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo bicameral.

Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la libertad de enseñanza y el derecho-deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, entre otros.

La iniciativa, abordada en tercer trámite, establece el derecho a acceder a un diagnóstico y a distintas alternativas terapéuticas para mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad, independiente del régimen previsional o sistema de salud del cual formen parte las personas. Otro tema importante que queda inserto en el proyecto busca hacerse cargo del pago oportuno de las licencias médicas.

La Sala respaldó de forma unánime un proyecto sobre dolor no oncológico y fibromialgia, propuesta iniciada en una moción en la Cámara de Diputados que contó con un amplio respaldo al tomar en cuenta la invisibilidad, poca comprensión y conocimiento sobre esta enfermedad de detección muy complicada. Generalmente, se caracteriza por problemas de sueño; rigidez muscular; dolor y molestias musculares; y sensación de agarrotamiento, entre otros síntomas.

A juicio de la diputada Karol Cariola se trata de un proyecto que entrega justicia “porque estás persona no son reconocidas” mientras que los diputados Carlos Bianchi y Erika Olivera la fundamentaron como “una lucha realizada desde regiones” para una enfermedad que “antes se confundía con otras patologías”.

Por su parte la diputada Carolina Marzán manifestó que se trata de una patología que padecen mujeres y hombres que “son discriminados con la no entrega de licencias médicas”. A ello la diputada Gloria Naveillan agregó que es un mal que “convierte en un suplicio, caminar, estar acostada o lavarse el pelo”.

La nota fue publica en el diario de la Cámara de Diputados el 9 de enero de 2023, y busca además promover y garantizar el cuidado integral de la salud de las personas con dolores crónicos no oncológicos y fibromialgia. La idea es mejorar su calidad de vida, independiente del régimen previsional o sistema de salud del cual formen parte las personas.

La norma determina una serie derechos, entre ellos, acceder a un diagnóstico, así como a distintas alternativas terapéuticas. Igualmente, se entrega una definición de las enfermedades que aplican para ello.

No obstante, una de las preocupaciones planteadas en las intervenciones dice relación con el rol del Estado. El texto establece que el Estado velará que toda persona con dolores crónicos no oncológicos y fibromialgia tenga acceso libre e igualitario al sistema previsional de salud y su adecuada protección como cotizante y beneficiario.

El tema es que aquello tiene costos y, por ello, el llamado de las y los parlamentarios es que esta norma tenga viabilidad real.

Además, la iniciativa se hace cargo del pago oportuno de las licencias médicas que se otorguen por esta razón. También, incluye la incorporación de datos estadísticos para generar políticas públicas y medidas de educación sobre la enfermedad

Proyecto de Ley sobre Modernización de la normativa de Insolvencia fue aprobada por la Comisión de Hacienda y enviada a Sala. Se busca optimizar los procedimientos vigentes de la ley actual 20.720, tanto de Reorganización, Liquidación de Empresas y Renegociación.

Valparaíso.04 de enero de 2023. Esta mañana, por unanimidad, la Comisión de Hacienda del Senado, aprobó el proyecto de ley que busca modificar y modernizar los procesos concursales contemplados en la Ley N.º 20.720 y crear nuevos procedimientos para micro y pequeñas empresas.

La Subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos; junto al Superintendente de Insolvencia, Hugo Sánchez, presentaron explicaron las nuevas transformaciones en el texto que surgieron referente a temas penales vinculados a otra norma legal en estudio. “Se tomó la resolución de salida a fin de que, en el Proyecto de Ley de Responsabilidad de las Empresas, se pudieran incorporar todos los temas penales vinculantes y eliminarlos de acá, justamente para evitar que haya falta de armonización entre ambos” señaló la Subsecretaria.

Luego se dio paso a la presentación del Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, quien indicó que “primero que todo, quiero dar contexto al proyecto de ley y comentar los pilares de este. Lo relevante que se buscó fue optimizar los procedimientos vigentes de la ley actual 20.720, tanto de Reorganización, Liquidación de Empresas y Renegociación, dejando los cuerpos legislativos que existen hoy para las empresas de mayor tamaño mejorando la normativa, y por otro lado crear procedimientos simplificados para empresas de menor tamaño y de personas”.

Para lo anterior “hemos estudiado en forma comparada el régimen modelo de UNCITRAL y los pilares para un régimen simplificado de Pymes del Banco Mundial, para lograr, efectivamente, que empresas de menor tamaño y las pymes puedan salir más rápido del procedimiento, eliminando etapas redundantes tanto para la empresa como para el acreedor, y así lograr bajar los costos al evitar diferentes etapas” agregó.

Posteriormente, profundizó sobre los principales objetivos de esta actualización de la Ley 20.720, fundamentalmente en lo que refiere a agilizar y simplificar aspectos administrativos de los procedimientos concursales actuales.

Para ello “mejoramos la actual ley eliminando aspectos burocráticos que no aportaban valor, si no costos y tiempo, sumado a la dilatación para pymes y personas en los plazos para salir de los procedimientos y reincorporarse en la economía”, informó la principal autoridad de la Superir.

En la misma línea, explicó normas transitorias, indicaciones relevantes, y el tratamiento o clarificación de lo documentado sobre cómo se realizará el pago de las 30 UF para los/as Liquidadores/as, punto que conllevará a cuidar también, según la autoridad, el arca fiscal.

Tras la aprobación- en general y particular- en la Comisión de Hacienda del Senado, el Presidente de la Comisión, Juan Antonio Coloma, marcó que “espero que la próxima semana pueda verse en la sala gracias al trabajo y a una aspiración conjunta”. Mientras que Macarena Lobos, Subsecretaria de Segpres, expresó que “es importante para el ejecutivo avanzar en la tramitación de este proyecto y esperamos que mancomunadamente este esté en sala prontamente”.

Subsecretaría de Educación y municipios comienza su trabajo para abordar financiamiento de la educación municipalizada.El subsecretario de Educación, Gabriel Bosque; junto a la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao; el presidente de la Comisión de Educación, alcalde de Pelarco, Bernardo Vásquez, y el alcalde de Los Ángeles y vicepresidente de la Comisión, Esteban Krause, dieron inicio a la mesa técnica para la situación de la educación municipal.

La instancia tiene por objetivo buscar soluciones a los problemas de financiamiento de la educación pública, que permitan enfrentar de mejor forma el normal funcionamiento de las escuelas municipales el año 2023 y su correcto traspaso a los Servicios Locales de Educación Pública.

En esta primera reunión, la mesa técnica abordó el proyecto de Nueva Educación Pública, de manera de tener un diálogo fluido con las y los alcaldes en vista a la presentación del proyecto de ley durante el próximo año.

“Como Ministerio de Educación estamos comprometidos con la educación pública, por eso estamos cumpliendo con este compromiso adquirido con la Asociación, y hoy constituimos formalmente esta mesa de trabajo que esperamos que vaya avanzando rápidamente para asegurar un traspaso armónico de la educación a los Servicios Locales de Educación, para que hasta el último municipio que sea sostenedor tenga las condiciones apropiadas para garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes”, enfatizó el subsecretario Bosque.

La alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la ACHM señaló que “esta mesa de trabajo es muy relevante para las municipalidades y lo primero que vamos a hacer será socializar con los municipios y esperamos que ellos se informen y opinen sobre este proceso que nos tiene extremadamente preocupados”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación de la ACHM, Bernardo Vásquez indicó que “la mesa es un avance enorme, porque son tres temas fundamentales: una reforma de los Servicios Locales de Educación, que ha sido muy complejo;  un segundo tema es el financiamiento de la educación, lamentablemente hay muchas deudas debido al sistema de subvención y un tercer tema es el ausentismo escolar y esperamos que antes de marzo estos tres temas estén resueltos”.

Esta instancia fue acordada en reunión sostenida entre la Subsecretaría y la Asociación a principios de diciembre de este año cuando la misma alcaldesa Leitao, junto a alcaldes de diversas comunas como Coyhaique, Lota, Trehuaco, Yumbel, Castro, entre otras, se reunieron con la autoridad ministerial para acordar un trabajo conjunto que permitiera abordar la situación.

Achm llama los parlamentarios a trabajar para lo cual fueron electos. Esto nace luego que diputados, previa a la aprobación del proyecto de resolución Nº 550, emitieron duras críticas a la alcaldesa de Santiago por temas de seguridad ciudadana, tema que una persona con pocos conocimientos sabe que esa responsabilidad compete al Gobierno, específicamente al Ministerio del Interior. Ante ello, la Achm llamó a los congresistas a dedicarse a su labor que es legislar, invitándolos a destrabar el debate parlamentario y trabajar en un compromiso transversal por la seguridad.

Declaración Pública

En relación al proyecto de resolución Nº 550 de la Cámara de Diputados aprobado el día de ayer, y que establece una crítica a la gestión del Municipio de Santiago, la Asociación Chilena de Municipalidades, ACHM, declara lo siguiente:

• –  Los Municipios cumpliendo el rol que nos corresponde, somos instituciones que están en contacto diario con las y los vecinos, trabajando en políticas públicas locales para mejorar su calidad de vida.
• –  Nuestro compromiso como Asociación es realizar un trabajo coordinado y permanente con todos los municipios de Chile, entre ellos Santiago, y las distintas instituciones del país, para que cada una cumpla su rol respecto al orden público y la persecución del delito, la corrupción en instituciones del Estado, y otras problemáticas que actualmente vive el país.
• –  Siempre valoraremos la preocupación de los distintos actores políticos respecto a los temas que aquejan a nuestros vecinos, pero en ningún caso permitiremos que estas se transformen en una crítica política que afecte la autonomía necesaria de los gobiernos locales.
• –  La función del congreso es legislar, por lo que Invitamos a las parlamentarias y parlamentarios a destrabar el debate legislativo y trabajar en un compromiso transversal en seguridad, que ponga sentido de urgencia a los cambios legales que permitan dotar a las instituciones respectivas, de mayores y mejores herramientas para prevenir y perseguir el delito.

Carolina Leitao, Presidenta.

Henry Campos, Primer Vicepresidente.

Carlos Cuadrado, Segundo Vicepresidente.

Carla Amtmann, Vicepresidenta.

Álvaro Ortiz, Vicepresidente.

Jorge Sharp, Vicepresidente.

Roberto Neira, Vicepresidente.

Roberto Jacob, Vicepresidente.

Informe Minsal del 17 de diciembre de 2022. En las últimas 24 horas se informaron los resultados de 22.307 exámenes, tanto PCR como test de antígeno a nivel nacional. Se reportan 3.613 casos nuevos y 13,37% de positividad a nivel nacional

El Ministerio de Salud informa que, este sábado 17 de diciembre se registran 3.613 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 13,37% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 22.307 exámenes PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 13,66%.

Del total de casos nuevos, un 54% se diagnosticó por test de antígeno, un 38% se originó por Búsqueda Activa de Casos (BAC) y un 17% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la Región Metropolitana, presenta un 50% por antígeno, un 39% por BAC y 14% de los casos notificados son asintomáticos.

Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad de PCR en la última semana son Arica y Parinacota, O’Higgins, Antofagasta y Tarapacá.

En tanto, la región de Arica y Parinacota tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, seguida por las regiones de Tarapacá, Atacama y Los Ríos.

Cuatro regiones disminuyen sus nuevos casos los últimos 7 días y 14 regiones lo hacen las últimas dos semanas.

Reporte diario

Según el reporte de hoy, de los 3.613 casos nuevos de COVID-19, 2.013 corresponden a personas sintomáticas y 410 no presentan síntomas. Además, se registraron 1.190 test PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza las 4.979.633. De ese total, 11.481 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 4.889.620.

En cuanto a los decesos, de acuerdo con la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 28 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 62.850 en el país.

A la fecha, 120 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 88 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 315 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.

Respecto a la Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 22.307 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 47.423.105 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 13,37% y en la Región Metropolitana es de 13,66%.

Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 13 recintos de hospedaje, con 782 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 43%, quedando un total de 283 camas disponibles para ser utilizadas.