SENADO: Policías y Ministerio Público podrán acceder al listado de pasajeros en el transporte aéreo nacional, la iniciativa que forma parte de la agenda de seguridad se encuentra en su proceso de trámite de promulgación luego de ser despachada por el Senado.

Ya es ley la norma que permitirá a las policías y el Ministerio Público acceder al listado de pasajeros en el transporte aéreo nacional. Ello, luego que la Sala del Senado despachara la iniciativa por unanimidad y sin modificaciones.

El texto legal apunta a otorgar un instrumento eficaz y efectivo al Ministerio Público y a las policías, para fortalecer la investigación de los hechos que pueden revestir el carácter de delito, permitiendo a esas instituciones exigir a los transportadores aéreos la nómina de sus pasajeros y lugares de embarque y destino.

Así lo explicó el senador Enrique Van Rysselberghe, presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones quien afirmó que a partir de ahora se permitirá exigir a los transportadores aéreos la nómina de sus pasajeros por medio de la incorporación en el Código Aeronáutico de la obligación de las empresas de transporte aéreo, que sirvan a rutas nacionales, de entregar al Ministerio Público, Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile los listados de los pasajeros que sean requeridos por algunas de estas instituciones”.

21 de septiembre de 2023

El Liceo Nacional de Maipú representando a la Región Metropolitana dio cuenta del Colegio Alemán de Punta Arenas por 2 sets a 1 en duelo disputado en el Polideportivo René Correa de Santa Bárbara en el marco Nacional de los Juegos Deportivos Escolares (JDE) 2023.

En un intenso encuentro, los representantes de la región Metropolitana, Liceo Nacional de Maipú, venció por 2 sets a 1 -22/25, 25/13 y 15/13- al Colegio Alemán de Punta Arenas, de la región de Magallanes, en duelo disputado en el Polideportivo René Correa de Santa Bárbara.

El encuentro de vóleibol varones se disputó en el marco de los cuartos de final de la gran Final Nacional de los Juegos Deportivos Escolares que se disputa en la Región de Biobío.

El próximo partido que enfrentará el Liceo Nacional de Maipú será por la última fecha de la fase de grupos, y se medirá con el Colegio Seminario San Fidel de Mariquina de la región de Los Ríos, mientras que el Colegio Alemán de Punta Arenas chocará contra el Colegio San Ignacio de Calama,  de la región de Antofagasta.

Este martes el Senado aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley de Tránsito para prevenir la venta de vehículos robados motorizados. La nueva ley para sanciona con presidio menor en su grado medio a máximo y penas que llegan a las 100UTM en caso de conducir un vehículo con placa patente falsa o alterada.

El Senado aprobó por 28 votos a favor y 1 abstención las enmiendas introducidas por la Cámara, al proyecto que buscan prevenir la venta de vehículos motorizados robados, moción que se enmarca entre los proyectos priorizados de la Agenda de Seguridad.

La ley que previene la venta de vehículos robados sanciona una serie de conductas como la conducción con la placa patente oculta que se aumenta a “falta gravísima” y ordena diversas obligaciones para fabricantes y automotoras en materia de comercialización de los vehículos. Además se establece la obligatoriedad de grabar la patente en ventanas y espejos de autos nuevos y usados y la prohibición de conducir con luces y focos diferentes a los autorizados.

“Los dueños de vehículos van a tener 12 meses para poder grabar los vehículos que ya están en su propiedad y los nuevos van a tener que salir con esta placa patente ya grabada en cada uno de los vidrios involucrados”, Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones

Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos que realiza el Gobierno y el Poder Legislativo para enfrentar los problemas de seguridad pública que afectan al país. De hecho, esta ley se convierte en la séptima despachada por el Congreso, en el marco de los proyectos priorizados de la agenda que impulsa el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Infracciones y multas con la nueva ley que previene venta de vehículos robados

La nueva ley para prevenir la venta de vehículos robados sanciona con presidio menor en su grado medio a máximo. Además establece la suspensión de la licencia de conducir o inhabilidad para obtenerla hasta por 5 años.

En caso de conducir un vehículo con placa patente falsa, alterada o que corresponda a otro vehículo la multa corresponde de 50 a 100 UTM.

La iniciativa también impone las siguientes prohibiciones y multas:

• Prohibición de usar, adosar y/o conducir con luces o focos distintos o adicionales a los permitidos por la ley.
• Prohíbe al público la venta y carga de combustible a los vehículos motorizados que no cuenten con su placa delantera o trasera. Se castigará con una multa de 10 a 100 UTM a concesionarios o dueños de la estación de servicio que incurra en esta práctica.
• Se sancionará contravenir la normativa sobre el uso obligatorio del casco protector y demás elementos de seguridad al conducir bicicletas, motocicletas o vehículos similares.
• La conducción de vehículos motorizados utilizando un casco que no cumpla con la obligación establecida constituirá infracción.

Exigencias de la primera inscripción de un vehículo

El texto define otras exigencias tratándose de la primera inscripción de un vehículo en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados.

Por ejemplo, se define que si el vendedor o emisor de la factura no se encuentra incluido en la nómina mencionada, el Servicio de Registro Civil no procederá a la realización de la inscripción del vehículo. Tampoco podrá hacer entrega de las placas patentes respectivas.

Adicionalmente, se agregan las siguientes causales para el retiro de circulación de los vehículos y su disposición ante los juzgados de policía local:

1. No tener los certificados de revisión técnica al día
2. No tener certificado de homologación individual
3. Circular con placa patente oculta, en mal estado o con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterados o borrados.

La iniciativa, adicionalmente, eleva el rango de multa para algunos casos y realiza ajustes a la Ley 20.931, sobre aplicación efectiva de penas en robo, hurto y receptación.

Por último, se modifica el Código Penal para incluir como agravante en los delitos de hurto y robo, el ejecutarlos usando un vehículo sin placa patente (delantera, trasera o ambas) o si están ocultas.

Igualmente, serán agravantes usar vidrios oscuros o polarizados o utilizar otra práctica, técnica, intervención, herramienta, dispositivo o condición que favorezca la impunidad.

Otras exigencias y disposiciones de la nueva ley

El proyecto establece que, declarada la pérdida total de un vehículo asegurado como resultado de su destrucción o desarmaduría total o parcial, la compañía aseguradora deberá requerir la cancelación de la inscripción del vehículo respectivo ante el Registro Nacional de Vehículos Motorizados. Ello se informará al asegurado y se devolverán las respectivas placas patentes.

Respecto de un caso no comprendido en la situación anterior, susceptible de reparación, las compañías de seguros deberán regularizar la propiedad de los vehículos siniestrados, para lo que se requerirá de su inscripción en el citado Registro a su nombre o a nombre de los compradores respectivos.

Mientras no se efectúen las inscripciones, anotaciones y cancelaciones ordenadas, los vehículos que se encuentren en los casos descritos quedarán bajo la responsabilidad de la aseguradora.

El ministro Muñoz explicó que durante la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados se eliminó una indicación ingresada por el Ejecutivo que pretendía establecer la obligación de adherir la patente en los cascos de los conductores de motocicletas para “mejorar la identificación de la motocicleta si es que se utilizaba para cometer delitos”.

Sin embargo, “a fin de contar lo más pronto posible con el proyecto como ley, y evitar la constitución de una comisión mixta, es que hemos decidido no insistir con la indicación”, indicó el secretario de Estado.

Comisión ad hoc realiza ronda de audiencias. De acuerdo a la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados, el proyecto implicaría un incremento de 11 pesos por kw/h. El profesor Verdugo de la USACH asegura que una subasta de derechos financieros de transmisión podría ser una alternativa.

Sus inquietudes por los efectos en los clientes finales que pudiera tener el proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de transición energética y que posiciona a la transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbono neutralidad, expresaron los senadores y senadoras de la Comisión de Minería y Energía.

Cabe recordar que el mensaje busca descongestionar las líneas de transmisión eléctrica facilitando que las generadoras puedan operar mejorando la institucionalidad, agilizando las obras de infraestructura, dando los primeros pasos para la licitación del proceso de almacenamiento a gran escala y estableciendo cambios en los ingresos tarifarios. (Vea nota relacionada)

De acuerdo al último decreto tarifario de 2023, el 90% de los clientes residenciales del país con consumos inferiores a 350 kw/h al mes, tuvieron un alza promedio de 2,5% al año. A su vez, los usuarios con consumos entre 300 y 500 kw/h vieron elevada su tarifa en 10% promedio, y aquellos con consumos superiores a 500 kw/h tuvieron un incremento de 16,5% promedio.

En esa línea, en la última sesión expusieron el director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (ACENOR), Javier Bustos; y el profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago (USACH), Humberto Verdugo, quienes hicieron ver sus reparos al texto.

El senador Rafael Prohens cuestionó la iniciativa sincerando que “este proyecto tal como está, no vamos a ser capaces de sacarlo ahora. En la próxima revisión de tarifas, lo más probable es que tengamos un alza, que no podemos parar. Hay que sincerar la situación: las alzas de tarifas van a venir sí o sí, y no podemos estar colocando piedras para que no pase el cauce del río, si al final lo va a desbordar igual”.

Para el senador Juan Luis Castro urge una política de subsidio a las personas, “el gobierno tiene que abrirse a ese escenario. Me parece razonable, pensando en que las empresas tienen que sobrevivir, pero las personas tampoco se pueden llevar en el costo de bolsillo esta transición energética que se está planteando”.

La presidenta de la Comisión, la senadora Luz Ebensperger consultó a los expositores el margen que tienen los proyectos renovables de instalarse en otras localidades dada su naturaleza luego que se hiciera ver que la presencia de estos proyectos exclusivamente en el norte, encarece el transporte de energía.

En la sesión del pasado 19 de julio, el director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (ACENOR), Javier Bustos; y el profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago (USACH), Humberto Verdugo, manifestaron sus dudas frente al texto.

Bustos comentó que “el sector generación no paga la transmisión de energía, solo lo hace el cliente final. Así no existen incentivos para mejorar la localización de los proyectos. Siempre el cliente final debe asumir los costos”.

Según los cálculos de ACENOR, los consumidores verán las siguientes alzas en sus cuentas de acuerdo a los siguientes ítems del proyecto:

Reasignación de ingresos tarifarios que se asignarían a empresas generadoras: la pérdida a los clientes podría ir de 3,3 a 4 pesos por kw/h

Licitaciones para almacenamiento: la Comisión Nacional de Energía (CNE) licitaría la infraestructura por 15 años a través de una cargo que sería pagado –en su totalidad- por lo usuarios, lo que encarecería las cuentas entre 3,8 y 4,4 pesos por kw/h

Mayores costos de transmisión: todas las obras de transmisión nuevas sean de rutina, de ampliación, urgentes, etc. corren por cuenta de los consumidores, por lo que se calcula que por año debería pagarse 2,6 pesos por kw/h

Mayor presupuesto para el Coordinador Eléctrico Nacional: corresponde al cargo por servicio público que se factura cada mes en las cuentas de electricidad. Pasaría de 0,7 pesos por kw/h a un peso kw/h.

“Con todo observamos un alza de 11 pesos por kw/h que deberán pagar los consumidores finales con este proyecto. Ellos pagan la transmisión nacional, la zonal, la energía, la potencia, el cargo por servicio y ahora, el cargo por almacenamiento (…) El ministerio habló de un incremento de un peso (…) Desde el 2020, el precio promedio de los clientes industriales ha subido un 80%. Solo vemos que se aumentan los cargos”, concluyó Bustos.

Por su parte, Verdugo coincidió con ACENOR en que “la norma se financia con los usuarios finales. La tarifa eléctrica será más cara. Creo que los cambios que se hacen a los ingresos tarifarios son discriminadores porque principalmente va a beneficiar a empresas renovables no convencionales. Esta política se impulsó pensando en que las ERNC iban a bajar de precios, lo que no ha sido así”.

A modo de solución, el académico planteó que “podría generarse una subasta de derechos financieros de transmisión así las generadoras tendrían la opción de competir y así podría juntarse una bolsa de plata que se distribuya entre los clientes regulados, como subsidio, y en los usuarios libres, para amortizar el costo”.

Frente a estas críticas, el ministro Pardow se mostró abierto a discutir propuestas sin cambiar ideas matrices del proyecto. De todas formas aseguró que “los cálculos de ACENOR no son distintos a los presentados por nosotros. Ahora lo que ellos hacen es considerar y sumar los peores escenarios, lo que no es correcto porque corresponde es ver el promedio o valor esperado”.

Cabe recordar que los precios de largo plazo acordados por las renovables con clientes regulados, no han sido suficientes para cubrir y financiar los suministros contratados. La gran mayoría de este tipo de energía se concentra en el norte, pero el gran consumo está en el centro-sur. No habiendo líneas de transmisión suficientes para transportar la energía, gran parte del día estas plantas renovables no tienen retorno y deben comprar energía cara en el mercado para cumplir los contratos pactados.

27 de julio de 2023

Venta de alcoholes: documento de identificación solo se exigirá en caso de “duda razonable” de mayoría de edad. La senadora Ebensperger argumentó su voto en contra pues, a su juicio, “el debate está equivocado” y detalló las consecuencias negativas del consumo de alcohol temprano, por lo que indicó que “es más importante defender a los menores, que facilitarles la vida a los trabajadores de botillerías”.

Durante el debate se aclaró que “no se están quitando obligaciones” a la ley de alcoholes, sino que se hace eco a “un tema ciudadano”, con “estándar de racionalidad”. Sin embargo, se advirtió que el tema “es subjetivo” y se llamó a “defender a los menores”.

Por 18 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones, el Senado despachó a la Cámara Baja el proyecto que modifica la ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, con el objeto de regular la exigencia de cédula de identidad u otro documento de identificación a las personas que deseen adquirir bebidas alcohólicas.

Con esto se establece que la cédula de identidad, u otro documento de identificación, será exigido “solo en caso de que exista duda razonable respecto de la mayoría de edad de la persona que desea adquirir bebidas alcohólicas”.

La moción -que fue patrocinada por los senadores Iván Flores, Alejandra Sepúlveda, Francisco Chahuán, Juan Ignacio Latorre y Matías Walker- se hace cargo de las repercusiones que tiene la obligación legal para los trabajadores de recintos de expendio de bebidas alcohólicas, quienes, “reciben quejas y malos tratos”.

Durante el debate intervinieron los senadores Iván Flores, Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Matías Walker, José Miguel Duarana,  Alejandra Sepúlveda y José Miguel Insulza.

Las posturas a favor manifestaron que este es un “debate ciudadano, “que corrige una ley que costó 14 años en sacar adelante”, pero “la exigencia ha generado miedo y conflicto entre los trabajadores, a la hora de pedir la documento”.

Además, se precisó que “la ley debe establecer siempre el estándar de la racionalidad”, subsanando, en este caso, aspectos “de la vida diaria”.

Con todo se aclaró que “no se está quitando la obligación de la cédula de identidad, ni flexibilizando la ley de alcoholes, sino que se aplique con sentido común”.  

En otra vereda, la senadora Ebensperger argumentó su voto en contra pues, a su juicio, “el debate está equivocado” y detalló las consecuencias negativas del consumo de alcohol temprano, por lo que indicó que “es más importante defender a los menores, que facilitarles la vida a los trabajadores de botillerías”.

Además, se expuso dudas sobre la subjetividad de la medida, “¿quién determina la duda razonable?”, se preguntó.

19 de julio de 2023

Mediante una alianza firmada entre la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), CNN Chile, Fundaciones Rassmuss y Grupo CAP los usuarios de todos los centros de salud municipales del país podrán informarse sobre salud mental y bienestar a través de las pantallas de las salas de espera, acercando esta temática a la población. Estará disponible para todos los centros de salud municipal del país.

El deterioro de la salud mental es un tema que la pandemia ha dejado en evidencia, por lo que la conversación en torno a este tema ha tomado fuerza en los últimos años. Según la séptima versión del Termómetro de Salud Mental, realizado por Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y el Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, un 17,5% de las personas encuestadas exhibieron síntomas asociados a una probable presencia o sospecha de algún trastorno de la salud mental, un aumento de dos puntos porcentuales comparados a la entrega anterior. Esta cifra aumenta en la población femenina, donde un 25% de las encuestadas reportaron tener problemas de salud mental, un aumento de seis puntos comparado a la ronda anterior.

Frente a este escenario crítico, en 2022 CNN Chile, Fundaciones Rassmuss y Grupo CAP se unieron para co-producir el primer programa de la televisión chilena sobre salud mental, neurociencia y bienestar, Sana Mente. Se trata de un espacio que busca educar y entregar herramientas a través de distintas perspectivas como son la neurociencia, la educación emocional sobre problemas y patologías, técnicas que ayuden a conseguir una mayor sensación de satisfacción, junto con ser una plataforma de conocimiento, compañía y encuentro. Esta iniciativa ya ha estrenado tres temporadas en pantalla.

Como parte de su propósito de educar sobre salud mental y acercar el tema a la población, las instituciones detrás de esta iniciativa sellaron junto a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) una alianza que consiste en la donación de contenido del programa para que sean exhibidas en los centros de salud municipales de los 345 municipios del país y en las plataformas internas de comunicación de éstos.

La entrega del contenido de Sana Mente se formalizó este lunes 3 de julio en un evento que congregó a los Directores de Salud de los municipios que forman parte de la ACHM.

El contenido que estará disponible en todas las comunas del país contempla animaciones que abordan de forma sencilla y entretenida temas relacionados a la salud mental y herramientas para mejorar el bienestar, cápsulas en las que expertos explican en qué consisten algunos trastornos y cómo pueden ser tratados, junto con entrevistas a profesionales de primer nivel tanto nacional como internacional.

Desde este 27 de junio se puede solicitar cambio de domicilio electoral sin Clave Única de manera virtual, de esta forma Ud. podrá elegir un lugar de votación más cercano a su casa.

A los mecanismos ya disponibles por Servel para realizar la modificación o actualización del domicilio electoral: ingresando al sitio web servel.cl con su Clave Única, o bien de forma presencial con su cédula de identidad, en las Direcciones Regionales de Servel, en las oficinas de ChileAtiende, en consulados de Chile en el exterior y ante el Registro Civil (al solicitar cédula de identidad puede indicar la actualización del domicilio electoral), ahora se suma ahora una nueva forma: desde este 27 de junio, quienes no cuenten con su clave única podrán agendar una atención virtual para realizar exclusivamente la solicitud de cambio de domicilio.

Para acceder a la atención virtual se deberá contar con su cédula de identidad vigente desde el 01 de enero del 2020 y el formulario de la solicitud de cambio de domicilio electoral escrito y firmado para ser adjuntado al agendar la cita o al momento de tu atención.

En territorio nacional

Importante: La atención virtual podrá ser realizada en compañía de una tercera persona siempre y cuando el titular de la solicitud de cambio de domicilio esté presente y se pueda verificar su identidad, y el titular manifieste expresamente su consentimiento.

Nueva Ley de Insolvencia entrará en vigencia en agosto 2023 y dispondrá de procedimientos simplificados de rápida tramitación y bajo costo de acceso, tanto para las micro y pequeñas empresas, como para las personas que estén con problemas de solvencia.

Desde la Superintendencia de Insolvencia y Remprendimiento (Superir) se están llevando a cabo reuniones y talleres de co-creación con instituciones relacionadas para conceptualizar y desarrollar nuevos mensajes personalizados para cada uno de los segmentos definidos, o mejorar las capacidades existentes para acercarse a la ciudadanía, a través de los canales y medios pertinentes. La Superir entendió que este desafío de innovación es el camino principal para poder hacer llegar a sus usuarios los beneficios que trae la nueva Ley de insolvencia 21.563.

“Como institución hemos decidido adoptar un enfoque único para desarrollar mensajes que reflejen los beneficios de la nueva normativa que entra en vigencia el 11 de agosto, para que así conecten con la audiencia de manera significativa, ya que el usuario es el centro de todo. En lugar del modelo clásico de escuchar únicamente a los equipos internos, optamos por involucrar a varios actores en un proceso de co-creación”, expresó el Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez.

Frente a lo anterior, el primer paso de este proyecto fue convocar a una serie de talleres internos, en los cuales participaron funcionarios de diferentes departamentos y niveles jerárquicos. Estos talleres fueron diseñados para fomentar la colaboración y el intercambio de ideas, y se llevaron a cabo en un ambiente abierto y participativo.

Para luego, abrir estas acciones a reuniones externas con el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) y el Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) de la Superintendencia.

En cada encuentro se crearon grupos de trabajo multidisciplinarios, lo que permitió la convergencia de diferentes perspectivas y conocimientos en materia de insolvencia. La diversidad de pensamiento se convirtió en una de las fortalezas de este proceso de co-creación, ya que asegura la generación de ideas frescas y originales.

“Han sido meses de intenso trabajo y discusiones productivas, donde hemos logrado levantar información y crear una serie de mensajes que capturan la esencia de la normativa 21.563. Pero la co-creación de mensajes no se detiene aquí. Continuaremos esta labor para refinar aún más los mensajes y garantizar que se alineen con las expectativas y necesidades de la audiencia objetivo”, agregó la autoridad.

En definitiva, la Superir ha demostrado que la co-creación de mensajes es una valiosa herramienta para lograr la diferenciación y conectar con la audiencia de manera efectiva. Al involucrar a los funcionarios e instituciones relacionadas en el proceso, se aprovecha el potencial creativo y se promueve un sentido de pertenencia y compromiso con el servicio.

Cabe recordar que la Superir, es un servicio público, que actúa a través del Ministerio de Economía, y busca contribuir con el desarrollo económico del país, velando por la efectividad y transparencia de los Procedimientos Concursales y de quiebras, y a su vez, promover el reemprendimiento mediante la superación de la situación de insolvencia y sobreendeudamiento de personas y empresas.

El texto legal busca abordar la conmoción y el rechazo social que generan los delitos de naturaleza económica y su impacto en el orden público económico. En este sentido, hay perfeccionamientos del Senado que pasaron por regulaciones puntuales que tenían por objeto clarificar, precisar y ofrecer una mejor integración con el derecho vigente.

En tercer trámite, la Cámara aprobó el proyecto (boletines 13204 y 13205) que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente. Además, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos.

La iniciativa, despachada al Ejecutivo para su promulgación como ley, armoniza una serie de normas destinadas a proteger el orden económico. Para ello, regula un completo catálogo de delitos económicos y ambientales. Así, establece categorías de delitos, para calificarlos como “delitos económicos” y hacer aplicable el estatuto diferenciado de penas y otros efectos.

Asimismo, establece un sistema especial de determinación de la pena, de sustitución de penas, de determinación y cuantía de la multa y de inhabilitaciones especiales. En este sentido, actualiza algunos delitos y crea otros nuevos. Junto a ello, enmienda la Ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre otros puntos.

Modificaciones del Senado

En una primera categoría, se explica que, durante la tramitación de la iniciativa, se aprobaron otros proyectos relativos a materias que esta norma también contempla.

En una segunda categoría de modificaciones están los vacíos legales. Particularmente, en lo relatico al catálogo de delitos económicos y algunas cuestiones que la Unidad para el Análisis de Delitos Financiero detectó en materia de lavado de dinero.

La tercera categoría dice relación con eliminaciones. Guardan razón con la idea de que otros proyectos hicieron suyas algunas ideas de la norma en debate, prefiriendo extraerlas del presente proyecto para priorizar su tramitación independiente. Al respecto, fueron más rápidas en su cometido y son: regulación común sobre el comiso de ganancia y su regulación en el Código Penal y el Código Procesal Penal, en el caso del crimen organizado.

En materia de comiso de ganancias se adecuó una parte en relación al proyecto de ley de criminalidad organizada, en trámite de promulgación. Su objetivo es evitar duplicidades. Igualmente, en cuanto a procedimientos concursables, para poder adecuar este proyecto a otro que también se encuentra en tramitación. Este es el que moderniza los procedimientos concursables contemplados en la Ley 20.720 y crea nuevos procedimientos para micro y pequeñas empresas realiza.

En el área del medioambiente fue necesario hacer adecuaciones al proyecto original respecto del marco regulatorio administrativo en específico. Además, del establecimiento de nuevas regulaciones en materia de falseo, elusión u oposición de las fiscalizaciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. Uno de los aspectos relevantes dice relación con la eliminación de las acciones penales. institucionales y que se vinculan a los delitos tributarios, aduaneros y la colusión.

Debate

En el análisis, las y los diputados destacaron el cambio de la figura del derecho penal en el ámbito de los delitos económicos. Recalcaron que no es posible que existan delincuentes de primera y segunda categoría.

Sostuvieron que se ofrece un sistema completo de tratamiento para que la reacción del sistema penal tenga sentido frente a este tipo de criminalidad. Asimismo, plantearon que la norma pone foco en quienes tienen la verdadera responsabilidad sobre los delitos.

Manifestaron que establece un sistema de penas que estará acorde a los ingresos de los condenados, persiguiéndolos en donde mas les duele: en sus ganancias. Resaltaron, de igual modo, que la norma evitará  situaciones de colusión como los ocurridos con las farmacias o los pollos. En la misma línea, indicaron que casos como La Polar o Penta tendrán una pena efectiva y comiso de ganancias ilegítimas.

Puntualizaron que se busca terminar con los delitos de cuello y corbata que cometen personas con poder económico. Por otra parte, relevaron que se introduce la responsabilidad penal de las empresas y un nuevo catalogo de delitos ambientales, en un contexto de urgencia ambiental.

Participaron del debate Marcos Ilabaca (PS), Francisco Pulgar (IND), Viviana Delgado (PEV), Daniel Lilayu (UDI), Gonzalo Winter (PCS), Boris Barrera (PC), Luis Sánchez (PREP), Bernardo Berger (IND), Lorena Fries (PCS), Gonzalo De la Carrera (IND), Tomás Hirsch (PH), Leonardo Soto (PS), Francisco Undurraga (Evópoli), Mónica Arce (IND), Rubén Darío Oyarzo (PDG), Mercedes Bulnes (IND), Karol Cariola (PC), Nelson Venegas (PS), Consuelo Veloso (RD), Jaime Mulet (FRVS), Johannes Kaiser (IND), Luis Malla (PL), Félix González (PEV), Jorge Guzmán (Evópoli), Gael Yeomans (PCS), Daniel Melo (PS), Diego Ibáñez (PCS), Daniel Manouchehri (PS), Jaime Araya (IND), José Carlos Meza (PREP), Marisela Santibáñez (PC), Raúl Leiva (PS) y Tomás De Rementería (IND).

Ejecutivo 

El ministro de Justicia, Luis Cordero, destacó que el texto contiene puntos exitosos, como el impulso del Poder Legislativo, ya que es un proyecto de la Cámara y sus promotores son transversales. Además, recordó contó con la asesoría de profesores y profesoras de Derecho Penal. Por último, mencionó, el Ejecutivo hizo suyo este proyecto, defendiendo su contenido.

Frente a la solicitud de votaciones separadas por partidos de la oposición, la autoridad planteó que la regla sobre inhabilitación perpetua para contratar por el Estado causó dudas, estimándola desproporcionada. Sin embargo, acotó que la norma ya fue aprobada por la Cámara y que el Senado solo hizo una adecuación de redacción.

En cuanto al comiso de ganancia sin condena, mencionó que el proyecto que viene del Senado mantiene íntegramente lo aprobado por la Cámara. Solo precisa algunos aspectos y regula el procedimiento para garantizar las reglas del debido proceso.

En las votaciones, la Sala ratificó las modificaciones en dos bloques amplios, uno respecto de normas generales y otro en cuanto a las disposiciones de ley orgánica. Luego, tras seis votaciones separadas, se concluyó de apoyar el texto, derivándose a fase de promulgación.

Mayo 15, 2023

Normativa N.º 21.563 entrará en vigencia dentro de los próximos tres meses y dispondrá de procedimientos simplificados de rápida tramitación y bajo costo de acceso tanto para las micro y pequeñas empresas, como para las personas que estén con problemas de solvencia.

• También permitirá a las personas naturales que emiten boletas de honorarios y que tengan un sobreendeudamiento, acceder a la renegociación gratuita de las deudas ante la SUPERIR.

Las personas y las empresas de menor tamaño con problemas de sobreendeudamiento o de solvencia tendrán próximamente nuevas alternativas para superar dichos problemas financieros, esto luego que el presidente Gabriel Boric concretara la promulgación que moderniza la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, proyecto aprobado en enero pasado por el Congreso y que este miércoles 10 de mayo fue publicado en el Diario Oficial.

La nueva normativa busca disminuir la pérdida social y económica de la sociedad bajo cuatro pilares: la creación de procedimientos simplificados de rápida tramitación y bajos costos de administración para personas, micro y pequeñas empresas; el incentivo al reingreso del deudor al sistema crediticio; la incrementación de tasas de recuperación de créditos; la promoción de reestructuraciones de pasivos y la agilización y facilitación de procedimientos.

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, destacó la importancia de esta ley, “especialmente para las personas naturales, las micro, y pequeñas empresas, ya que se crean procedimientos simplificados especiales para este grupo, de rápida tramitación y bajos costos. Con esto se promoverá la reorganización por sobre la liquidación, lo que incentivará la recuperación de créditos, se preservan empleos y se evita el corte de cadenas de suministro”.

En esa misma línea, el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, planteó que “esta iniciativa introduce múltiples mejoras a la actual ley, que implica un mayor acceso para las personas naturales y las micro y pequeñas empresas a procedimientos simplificados, más flexibles, menos burocráticos y más económicos en su acceso, permitiéndoles tener una segunda oportunidad en sus actividades económicas”.

Otro punto que ambas autoridades destacaron es que la nueva normativa extiende la renegociación gratuita de la persona deudora a quienes emiten boletas de honorarios y están con un sobreendeudamiento, integrando con ello a usuarios y usuarias que hoy están impedidas de acceder a dicho procedimiento por ser consideradas empresas, implicando que tengan como única opción para salir de sus dificultades económicas la liquidación.

Además, la nueva ley introduce mejoras para reducir trámites redundantes (como las audiencias separadas de derecho a voto y la constitutiva de la liquidación) y facilita el uso de la tecnología (por ejemplo, autorizando la realización de juntas de acreedores en forma remota), con la finalidad de hacer mucho más expedito el desarrollo de los procedimientos.

Cabe señalar que la normativa entrará en vigencia tres meses después de su publicación en el Diario Oficial, por lo que debiera estar operativa a contar del 10 de agosto de 2023.