Mediante una alianza firmada entre la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), CNN Chile, Fundaciones Rassmuss y Grupo CAP los usuarios de todos los centros de salud municipales del país podrán informarse sobre salud mental y bienestar a través de las pantallas de las salas de espera, acercando esta temática a la población. Estará disponible para todos los centros de salud municipal del país.

El deterioro de la salud mental es un tema que la pandemia ha dejado en evidencia, por lo que la conversación en torno a este tema ha tomado fuerza en los últimos años. Según la séptima versión del Termómetro de Salud Mental, realizado por Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y el Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, un 17,5% de las personas encuestadas exhibieron síntomas asociados a una probable presencia o sospecha de algún trastorno de la salud mental, un aumento de dos puntos porcentuales comparados a la entrega anterior. Esta cifra aumenta en la población femenina, donde un 25% de las encuestadas reportaron tener problemas de salud mental, un aumento de seis puntos comparado a la ronda anterior.

Frente a este escenario crítico, en 2022 CNN Chile, Fundaciones Rassmuss y Grupo CAP se unieron para co-producir el primer programa de la televisión chilena sobre salud mental, neurociencia y bienestar, Sana Mente. Se trata de un espacio que busca educar y entregar herramientas a través de distintas perspectivas como son la neurociencia, la educación emocional sobre problemas y patologías, técnicas que ayuden a conseguir una mayor sensación de satisfacción, junto con ser una plataforma de conocimiento, compañía y encuentro. Esta iniciativa ya ha estrenado tres temporadas en pantalla.

Como parte de su propósito de educar sobre salud mental y acercar el tema a la población, las instituciones detrás de esta iniciativa sellaron junto a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) una alianza que consiste en la donación de contenido del programa para que sean exhibidas en los centros de salud municipales de los 345 municipios del país y en las plataformas internas de comunicación de éstos.

La entrega del contenido de Sana Mente se formalizó este lunes 3 de julio en un evento que congregó a los Directores de Salud de los municipios que forman parte de la ACHM.

El contenido que estará disponible en todas las comunas del país contempla animaciones que abordan de forma sencilla y entretenida temas relacionados a la salud mental y herramientas para mejorar el bienestar, cápsulas en las que expertos explican en qué consisten algunos trastornos y cómo pueden ser tratados, junto con entrevistas a profesionales de primer nivel tanto nacional como internacional.

Desde este 27 de junio se puede solicitar cambio de domicilio electoral sin Clave Única de manera virtual, de esta forma Ud. podrá elegir un lugar de votación más cercano a su casa.

A los mecanismos ya disponibles por Servel para realizar la modificación o actualización del domicilio electoral: ingresando al sitio web servel.cl con su Clave Única, o bien de forma presencial con su cédula de identidad, en las Direcciones Regionales de Servel, en las oficinas de ChileAtiende, en consulados de Chile en el exterior y ante el Registro Civil (al solicitar cédula de identidad puede indicar la actualización del domicilio electoral), ahora se suma ahora una nueva forma: desde este 27 de junio, quienes no cuenten con su clave única podrán agendar una atención virtual para realizar exclusivamente la solicitud de cambio de domicilio.

Para acceder a la atención virtual se deberá contar con su cédula de identidad vigente desde el 01 de enero del 2020 y el formulario de la solicitud de cambio de domicilio electoral escrito y firmado para ser adjuntado al agendar la cita o al momento de tu atención.

En territorio nacional

Importante: La atención virtual podrá ser realizada en compañía de una tercera persona siempre y cuando el titular de la solicitud de cambio de domicilio esté presente y se pueda verificar su identidad, y el titular manifieste expresamente su consentimiento.

Nueva Ley de Insolvencia entrará en vigencia en agosto 2023 y dispondrá de procedimientos simplificados de rápida tramitación y bajo costo de acceso, tanto para las micro y pequeñas empresas, como para las personas que estén con problemas de solvencia.

Desde la Superintendencia de Insolvencia y Remprendimiento (Superir) se están llevando a cabo reuniones y talleres de co-creación con instituciones relacionadas para conceptualizar y desarrollar nuevos mensajes personalizados para cada uno de los segmentos definidos, o mejorar las capacidades existentes para acercarse a la ciudadanía, a través de los canales y medios pertinentes. La Superir entendió que este desafío de innovación es el camino principal para poder hacer llegar a sus usuarios los beneficios que trae la nueva Ley de insolvencia 21.563.

“Como institución hemos decidido adoptar un enfoque único para desarrollar mensajes que reflejen los beneficios de la nueva normativa que entra en vigencia el 11 de agosto, para que así conecten con la audiencia de manera significativa, ya que el usuario es el centro de todo. En lugar del modelo clásico de escuchar únicamente a los equipos internos, optamos por involucrar a varios actores en un proceso de co-creación”, expresó el Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez.

Frente a lo anterior, el primer paso de este proyecto fue convocar a una serie de talleres internos, en los cuales participaron funcionarios de diferentes departamentos y niveles jerárquicos. Estos talleres fueron diseñados para fomentar la colaboración y el intercambio de ideas, y se llevaron a cabo en un ambiente abierto y participativo.

Para luego, abrir estas acciones a reuniones externas con el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) y el Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) de la Superintendencia.

En cada encuentro se crearon grupos de trabajo multidisciplinarios, lo que permitió la convergencia de diferentes perspectivas y conocimientos en materia de insolvencia. La diversidad de pensamiento se convirtió en una de las fortalezas de este proceso de co-creación, ya que asegura la generación de ideas frescas y originales.

“Han sido meses de intenso trabajo y discusiones productivas, donde hemos logrado levantar información y crear una serie de mensajes que capturan la esencia de la normativa 21.563. Pero la co-creación de mensajes no se detiene aquí. Continuaremos esta labor para refinar aún más los mensajes y garantizar que se alineen con las expectativas y necesidades de la audiencia objetivo”, agregó la autoridad.

En definitiva, la Superir ha demostrado que la co-creación de mensajes es una valiosa herramienta para lograr la diferenciación y conectar con la audiencia de manera efectiva. Al involucrar a los funcionarios e instituciones relacionadas en el proceso, se aprovecha el potencial creativo y se promueve un sentido de pertenencia y compromiso con el servicio.

Cabe recordar que la Superir, es un servicio público, que actúa a través del Ministerio de Economía, y busca contribuir con el desarrollo económico del país, velando por la efectividad y transparencia de los Procedimientos Concursales y de quiebras, y a su vez, promover el reemprendimiento mediante la superación de la situación de insolvencia y sobreendeudamiento de personas y empresas.

El texto legal busca abordar la conmoción y el rechazo social que generan los delitos de naturaleza económica y su impacto en el orden público económico. En este sentido, hay perfeccionamientos del Senado que pasaron por regulaciones puntuales que tenían por objeto clarificar, precisar y ofrecer una mejor integración con el derecho vigente.

En tercer trámite, la Cámara aprobó el proyecto (boletines 13204 y 13205) que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente. Además, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos.

La iniciativa, despachada al Ejecutivo para su promulgación como ley, armoniza una serie de normas destinadas a proteger el orden económico. Para ello, regula un completo catálogo de delitos económicos y ambientales. Así, establece categorías de delitos, para calificarlos como “delitos económicos” y hacer aplicable el estatuto diferenciado de penas y otros efectos.

Asimismo, establece un sistema especial de determinación de la pena, de sustitución de penas, de determinación y cuantía de la multa y de inhabilitaciones especiales. En este sentido, actualiza algunos delitos y crea otros nuevos. Junto a ello, enmienda la Ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre otros puntos.

Modificaciones del Senado

En una primera categoría, se explica que, durante la tramitación de la iniciativa, se aprobaron otros proyectos relativos a materias que esta norma también contempla.

En una segunda categoría de modificaciones están los vacíos legales. Particularmente, en lo relatico al catálogo de delitos económicos y algunas cuestiones que la Unidad para el Análisis de Delitos Financiero detectó en materia de lavado de dinero.

La tercera categoría dice relación con eliminaciones. Guardan razón con la idea de que otros proyectos hicieron suyas algunas ideas de la norma en debate, prefiriendo extraerlas del presente proyecto para priorizar su tramitación independiente. Al respecto, fueron más rápidas en su cometido y son: regulación común sobre el comiso de ganancia y su regulación en el Código Penal y el Código Procesal Penal, en el caso del crimen organizado.

En materia de comiso de ganancias se adecuó una parte en relación al proyecto de ley de criminalidad organizada, en trámite de promulgación. Su objetivo es evitar duplicidades. Igualmente, en cuanto a procedimientos concursables, para poder adecuar este proyecto a otro que también se encuentra en tramitación. Este es el que moderniza los procedimientos concursables contemplados en la Ley 20.720 y crea nuevos procedimientos para micro y pequeñas empresas realiza.

En el área del medioambiente fue necesario hacer adecuaciones al proyecto original respecto del marco regulatorio administrativo en específico. Además, del establecimiento de nuevas regulaciones en materia de falseo, elusión u oposición de las fiscalizaciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. Uno de los aspectos relevantes dice relación con la eliminación de las acciones penales. institucionales y que se vinculan a los delitos tributarios, aduaneros y la colusión.

Debate

En el análisis, las y los diputados destacaron el cambio de la figura del derecho penal en el ámbito de los delitos económicos. Recalcaron que no es posible que existan delincuentes de primera y segunda categoría.

Sostuvieron que se ofrece un sistema completo de tratamiento para que la reacción del sistema penal tenga sentido frente a este tipo de criminalidad. Asimismo, plantearon que la norma pone foco en quienes tienen la verdadera responsabilidad sobre los delitos.

Manifestaron que establece un sistema de penas que estará acorde a los ingresos de los condenados, persiguiéndolos en donde mas les duele: en sus ganancias. Resaltaron, de igual modo, que la norma evitará  situaciones de colusión como los ocurridos con las farmacias o los pollos. En la misma línea, indicaron que casos como La Polar o Penta tendrán una pena efectiva y comiso de ganancias ilegítimas.

Puntualizaron que se busca terminar con los delitos de cuello y corbata que cometen personas con poder económico. Por otra parte, relevaron que se introduce la responsabilidad penal de las empresas y un nuevo catalogo de delitos ambientales, en un contexto de urgencia ambiental.

Participaron del debate Marcos Ilabaca (PS), Francisco Pulgar (IND), Viviana Delgado (PEV), Daniel Lilayu (UDI), Gonzalo Winter (PCS), Boris Barrera (PC), Luis Sánchez (PREP), Bernardo Berger (IND), Lorena Fries (PCS), Gonzalo De la Carrera (IND), Tomás Hirsch (PH), Leonardo Soto (PS), Francisco Undurraga (Evópoli), Mónica Arce (IND), Rubén Darío Oyarzo (PDG), Mercedes Bulnes (IND), Karol Cariola (PC), Nelson Venegas (PS), Consuelo Veloso (RD), Jaime Mulet (FRVS), Johannes Kaiser (IND), Luis Malla (PL), Félix González (PEV), Jorge Guzmán (Evópoli), Gael Yeomans (PCS), Daniel Melo (PS), Diego Ibáñez (PCS), Daniel Manouchehri (PS), Jaime Araya (IND), José Carlos Meza (PREP), Marisela Santibáñez (PC), Raúl Leiva (PS) y Tomás De Rementería (IND).

Ejecutivo 

El ministro de Justicia, Luis Cordero, destacó que el texto contiene puntos exitosos, como el impulso del Poder Legislativo, ya que es un proyecto de la Cámara y sus promotores son transversales. Además, recordó contó con la asesoría de profesores y profesoras de Derecho Penal. Por último, mencionó, el Ejecutivo hizo suyo este proyecto, defendiendo su contenido.

Frente a la solicitud de votaciones separadas por partidos de la oposición, la autoridad planteó que la regla sobre inhabilitación perpetua para contratar por el Estado causó dudas, estimándola desproporcionada. Sin embargo, acotó que la norma ya fue aprobada por la Cámara y que el Senado solo hizo una adecuación de redacción.

En cuanto al comiso de ganancia sin condena, mencionó que el proyecto que viene del Senado mantiene íntegramente lo aprobado por la Cámara. Solo precisa algunos aspectos y regula el procedimiento para garantizar las reglas del debido proceso.

En las votaciones, la Sala ratificó las modificaciones en dos bloques amplios, uno respecto de normas generales y otro en cuanto a las disposiciones de ley orgánica. Luego, tras seis votaciones separadas, se concluyó de apoyar el texto, derivándose a fase de promulgación.

Mayo 15, 2023

Normativa N.º 21.563 entrará en vigencia dentro de los próximos tres meses y dispondrá de procedimientos simplificados de rápida tramitación y bajo costo de acceso tanto para las micro y pequeñas empresas, como para las personas que estén con problemas de solvencia.

• También permitirá a las personas naturales que emiten boletas de honorarios y que tengan un sobreendeudamiento, acceder a la renegociación gratuita de las deudas ante la SUPERIR.

Las personas y las empresas de menor tamaño con problemas de sobreendeudamiento o de solvencia tendrán próximamente nuevas alternativas para superar dichos problemas financieros, esto luego que el presidente Gabriel Boric concretara la promulgación que moderniza la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, proyecto aprobado en enero pasado por el Congreso y que este miércoles 10 de mayo fue publicado en el Diario Oficial.

La nueva normativa busca disminuir la pérdida social y económica de la sociedad bajo cuatro pilares: la creación de procedimientos simplificados de rápida tramitación y bajos costos de administración para personas, micro y pequeñas empresas; el incentivo al reingreso del deudor al sistema crediticio; la incrementación de tasas de recuperación de créditos; la promoción de reestructuraciones de pasivos y la agilización y facilitación de procedimientos.

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, destacó la importancia de esta ley, “especialmente para las personas naturales, las micro, y pequeñas empresas, ya que se crean procedimientos simplificados especiales para este grupo, de rápida tramitación y bajos costos. Con esto se promoverá la reorganización por sobre la liquidación, lo que incentivará la recuperación de créditos, se preservan empleos y se evita el corte de cadenas de suministro”.

En esa misma línea, el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, planteó que “esta iniciativa introduce múltiples mejoras a la actual ley, que implica un mayor acceso para las personas naturales y las micro y pequeñas empresas a procedimientos simplificados, más flexibles, menos burocráticos y más económicos en su acceso, permitiéndoles tener una segunda oportunidad en sus actividades económicas”.

Otro punto que ambas autoridades destacaron es que la nueva normativa extiende la renegociación gratuita de la persona deudora a quienes emiten boletas de honorarios y están con un sobreendeudamiento, integrando con ello a usuarios y usuarias que hoy están impedidas de acceder a dicho procedimiento por ser consideradas empresas, implicando que tengan como única opción para salir de sus dificultades económicas la liquidación.

Además, la nueva ley introduce mejoras para reducir trámites redundantes (como las audiencias separadas de derecho a voto y la constitutiva de la liquidación) y facilita el uso de la tecnología (por ejemplo, autorizando la realización de juntas de acreedores en forma remota), con la finalidad de hacer mucho más expedito el desarrollo de los procedimientos.

Cabe señalar que la normativa entrará en vigencia tres meses después de su publicación en el Diario Oficial, por lo que debiera estar operativa a contar del 10 de agosto de 2023.

La Sala del Senado respaldó unánimemente el informe de la Comisión Mixta, instancia que aclaró que el delito basal ya está tipificado en nuestro ordenamiento penal. Con todo, se avanza en sancionar la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro.

¿CÓMO QUEDÓ EL TEXTO?

En condiciones de convertirse en ley quedó el proyecto que modifica el Código Penal para sancionar la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro, texto legal que es parte de la Agenda de Seguridad definida entre el Parlamento y el Ejecutivo

La Sala del Senado respaldó unánimemente el informe de la Comisión Mixta, instancia que respaldó que el delito de sicariato propiamente tal ya está penado, “está perfectamente cubierto en el Código Penal y normas específicas más eficientes”, aclaró el senador José Miguel Insulza, quien detalló los acuerdos de la instancia conformada por senadores y diputados.

¿CÓMO QUEDÓ EL TEXTO?

El texto avanza en sanciones específicas cuando el sicariato se comete en un contexto de conspiración, por lo que el mensaje avanza en este sentido y precisa cuando se comete el delito “con ánimo de lucro”, por realizarlo “por beneficio económico o de otra naturaleza en provecho propio o de un tercero”, lo que será sancionado con pena que va desde 15 años y un día a 20 años a presidio perpetuo (presidio mayor en su grado máximo).

Además, “el que conspire para cometer el delito de homicidio calificado (…) será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo”; es decir, entre 3 años y 1 día a 5 años.

“Si la conducta descrita se comete en contra de un juez con competencia en lo penal; de un fiscal del Ministerio Público; de un defensor penal público; de un funcionario de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile o de Gendarmería de Chile, en razón del ejercicio de sus funciones, será castigado con la pena” que va desde 3 años y 1 día a 10 años (presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo)

19 de abril de 2023

La iniciativa que busca suprimir la intervención de notarios en diversos trámites, quedó en condiciones de ser discutida y votada por la Sala del Senado.

En forma unánime la Comisión de Constitución del Senado aprobó la idea de legislar sobre el proyecto que suprime o modifica la intervención de notarios en trámites, actuaciones y gestiones determinadas. Con ello, la iniciativa que cumple su segundo trámite quedó en condiciones de ser votada en general por la Sala.

En lo fundamental, el proyecto busca modificar diversos cuerpos legales para suprimir o modificar la intervención de un notario en diversos trámites, actuaciones y gestiones, con el propósito de disminuir los trámites o diligencias que deben realizarse ante o por un notario, cuando no es estrictamente necesario para el buen cumplimiento de dichos trámites o diligencias.

Previo a la votación la Comisión escuchó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, y al vicepresidente notario de la Asociación de Notarios y Conservadores, Alfredo Martin.

El ministro Cordero explicó que esta iniciativa apunta a identificar y suprimir qué trámites se están desarrollando como exigencias notariales, sin que éstas sean exigibles.

Agregó que la propuesta plantea evitar exigencias de documentos autorizados ante notario por parte de la administración pública cuando existen otros medios propios para eso.

En tanto, el vicepresidente de la Asociación de Notarios y Conservadores manifestó que le corresponde exclusivamente a las autoridades e instituciones pertinentes determinar cuál es el grado de seguridad y certeza que se pretende otorgar a un determinado acto, contrato o documento con la intervención notarial y en cuales trámites se podrá prescindir de la reducción de escritura pública.

Indicó que “estamos de acuerdo en simplificar algunos trámites, fundamentalmente aquellos que se refieren a hechos propios, teniendo especial cuidado con aquellos trámites que tienen efectos en derechos de terceros, que tienen efectos patrimoniales o se refieren a actos de familia”.

3 de abril de 2023

Liderados por la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, municipios de la Región Metropolitana, se unieron para enviar camiones aljibes, para ayudar a las comunas afectadas por los incendios forestales.

Los municipios de Providencia, La Florida, Lo Barnechea, Las Condes, La Granja, Huechuraba, Talagante, son algunas de las comunas que han comprometido su ayuda, para intentar contener la emergencia, que mantiene a las regiones de Ñuble y Biobío en Alerta Roja.

La presidenta ACHM, indicó que “la idea es poder organizarnos y por eso hemos hecho un esfuerzo con Senapred y ver efectivamente cuáles son las ayudas que se necesitan con mayor urgencia, no sólo para enfrentar la emergencia  en lo inmediato sino también durante los próximos días y es ahí donde surge la idea de los camiones aljibes como una primera respuesta”.

La jefa comunal de Peñalolén dijo también que “existe la iniciativa de varios alcaldes para reunir alimentos para las familias afectadas, como también agua embotellada para el consumo de la comunidad y los voluntarios que combaten los incendios” además de agregar que “la idea es poder seguir coordinando la ayuda tanto desde Santiago, como de las comunas de regiones que quieran llegar directamente con su ayuda al territorio afectado”.

A través de una resolución, la Sala rechazó que se realice por parte del Metro de Santiago un hito conmemorativo en la estación Baquedano.

La Sala de la Cámara acordó manifestar al Presidente de la República “su más absoluto rechazo al financiamiento de iniciativas que conmemoren al octubrismo chileno”.

A través de la resolución 597, presentada por la diputada María Luis Cordero (IND), se solicita instruir al director del Metro de Santiago la no materialización del hito conmemorativo del 18 de octubre en la estación del metro Baquedano, bajo el contexto de operatividad de su acceso.

La resolución se aprobó por 79 votos a favor, 47 en contra y 13 abstenciones. También es firmada por Jorge Alessandri (UDI), Chiara Barchiesi (PREP), Johannes Kayser (IND); y los RN Juan Carlos Beltrán, Sofía Cid, Catalina Del Real, Andrés Longton, Diego Schalper y Camila Flores.

El texto recuerda que el 18 de octubre de 2019 el país vivió el denominado estallido social. Este llevó a “la desestabilización del orden establecido”. Asimismo, a la afectación de un gran número de personas, producto de la destrucción del comercio y el transporte público. Todo ello relacionado a saqueos e incendios.

Sus promotores señalan que estos hechos hacen que se mantenga una herida abierta en la sociedad que se ve agudizada, tanto por los dichos, como por las acciones del actual Gobierno. En ese sentido, citan las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, de octubre pasado, donde, si bien hizo un análisis de esos hechos, mantuvo la visión de legítimas demandas.

A esto se sumaría el anuncio realizado por parte del Metro de Santiago. Su director indicó que, en la apertura del acceso a la estación Baquedano, se mantendría el espacio comunitario de la memoria, conocido como el “Jardín de la Resistencia”. Esto, en palabras del director, para dar “permanencia a un espacio de construcción colectiva y de memoria.

Publicada : Enero 30, 2023

Enero 11, 2023. La elección de los 50 integrantes del Consejo Constitucional se realizará el próximo 7 de mayo de 2023. En tanto, el plebiscito para aprobar o rechazar la nueva propuesta constitucional, se llevará a cabo el 17 de diciembre de 2023.Por 109 votos a favor, 37 en contra y 2 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó en general la reforma constitucional con el objeto de establecer un procedimiento para la elaboración y aprobación de una nueva Constitución Política de la República.

Posteriormente, se respaldaron con más de 110 votos a favor, otras seis normas cuya votación separada fue solicitada.

Con esta aprobación, la reforma será comunicada al Presidente de la República para su promulgación.

Consejo Constitucional

El Consejo Constitucional tendrá por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución.

Este órgano será integrado con paridad. Para ello, la lista de un partido político o pactos electorales deberán señalar el orden de precedencia que  tendrán los candidatos en cada circunscripción senatorial, comenzando por una mujer y alternándose, sucesivamente, éstas con hombres.

Una vez obtenidos los resultados de la elección, se determinará la cantidad de hombres o mujeres que deban aumentar o disminuir, para obtener dicha paridad.

Los resultados se ordenarán, a partir de las listas o pactos, de menor a mayor de acuerdo al total de votos a nivel nacional. Luego, las circunscripciones, también de menor a mayor.

Finalmente, se definirá que el candidato más votado del sexo subrepresentado de la lista o pacto electoral menos votada a nivel nacional en la circunscripción senatorial en que dicha lista o pacto electoral haya obtenido la menor votación, reemplazará al candidato menos votado del sexo sobre representado que habría resultado electo.

Escaños pueblos originarios

El Consejo podrá estar integrado, además, por uno o más miembros de los pueblos originarios reconocidos en la ley 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas. El número de escaños se obtendrá de sumar el total de votos válidamente emitidos en la circunscripción nacional indígena. Si dicha suma representa un porcentaje igual o superior al 1,5% respecto del total de votos del resto del padrón nacional, se elegirá un escaño.

Si es superior al 3,5% serán dos cargos. Además, por cada dos puntos adicionales sobre el 3,5% se asignará un escaño adicional.

Comisión Experta

La Cámara de Diputados y el Senado elegirán, doce cada uno, a los 24 miembros de la Comisión Experta. Esta comisión deberá proponer al Consejo Constitucional un anteproyecto de propuesta de nueva Constitución, y realizar las demás funciones que esta reforma le fija. Su integración también será paritaria.

Para ser electo integrante de esta comisión, se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio. Además, los candidatos y candidatas deberán contar con un título universitario o grado académico de, a lo menos, ocho semestres de duración y deberán acreditar una experiencia profesional, técnica y/o académica no inferior a diez años, sea en el sector público o privado.

Comité Técnico de Admisibilidad

La reforma también establece la creación de un órgano compuesto por 14 personas, que estará encargado de resolver los requerimientos que se interpongan contra aquellas propuestas de normas aprobadas por la Comisión o por el plenario del Consejo Constitucional, o por la Comisión Experta, que contravengan lo dispuesto en el artículo 154. Su integración será paritaria.

Para ser miembro del Comité Técnico de Admisibilidad, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener el título de abogado, con al menos 12 años de experiencia en el sector público o privado y acreditar una destacada trayectoria judicial, profesional y/o académica. Los integrantes de este Comité Técnico serán propuestos, en una sola nómina, por la Cámara de Diputados, la que deberá ser aprobada por los cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio. Dicha nómina, posteriormente, deberá ser ratificada por el Senado, por el mismo quórum.

Cronograma del proceso

La reforma establece la elección de 50 miembros para el Consejo Constitucional el 7 de mayo de 2023. Estos serán electos siguiendo las normas de la elección de los integrantes del Senado.

Asimismo, se fijó el inicio del trabajo de la Comisión Experta y del Comité Técnico de Admisibilidad, el 6 de marzo de 2023.

La reforma también estableció la celebración de un plebiscito de salida para aprobar o rechazar la nueva propuesta constitucional, el 17 de diciembre de 2023. En dicho plebiscito el electorado dispondrá de una cédula que contendrá la siguiente pregunta, “¿Está usted a favor o en contra del texto de Nueva Constitución?”.

Bases institucionales

La reforma aprobada dejó establecido que la propuesta de nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá contener, entre otras, las siguientes bases institucionales y fundamentales:

Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo. El Estado de Chile es unitario y descentralizado.

La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos.

La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible.

Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común.

Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional.

Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí: Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo bicameral.

Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la libertad de enseñanza y el derecho-deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, entre otros.