El presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), alcalde de Pedro Aguirre Cerda (PAC), Doctor Luis Astudillo, acompañado por el Secretario Ejecutivo de la Asociación, Andrés Santander, sostuvieron una serie de reuniones con parlamentarios del Senado, de todas las bancadas, para aumentar el per cápita en el presupuesto de la Atención Primaria de Salud 2024.

La iniciativa, que busca prevenir la corrupción y ampliar los mecanismos de participación ciudadana, se encuentra ad portas de ser despachada por la Comisión de Gobierno Interior.

Continúa la votación del proyecto de ley que fortalece la probidad en los municipios.

La iniciativa, que se encuentra en trámite en la Comisión de Gobierno Interior, fomenta la transparencia y la rendición de cuentas de todas las instituciones que reciban aportes públicos de cualquier tipo. Al mismo tiempo, el texto busca prevenir la corrupción y ampliar los mecanismos de participación ciudadana.

En la sesión, la instancia avanzó en normas que se encontraban pendientes de votación y en las cuales existía acuerdo con el Ejecutivo. Así, el grupo parlamentario respaldó una indicación que plantea que las corporaciones y fundaciones deben entregar un informe trimestral sobre su gestión y marcha al Consejo.

Una de las indicaciones que no tuvo respaldo fue la que apuntaba a establecer una sanción de multa en los casos en que no se fundamente el voto o abstención de los concejales. Esto, en el contexto de la votación de proyectos. Sobre dicha enmienda, el Ejecutivo señaló que “sería improcedente establecer una sanción de multa en estos casos”, punto compartido por la mayoría de las y los diputados de la comisión. Aseguraron, además, que esto podría generar ciertos problemas en su implementación y un estándar distinto. En particular, respecto a los demás órganos que también tienen deberes de fundamentación.

En otras materias, la comisión dejó pendiente de votación una indicación en este proyecto sobre probidad en los municipios. La propuesta de norma señala que el Consejo podrá solicitar un informe a las empresas, corporaciones, fundaciones o asociaciones municipales y las entidades que reciban aportes o subvenciones de las municipalidades. Ello, donde se detalle el uso, situación y movimiento de todos y cada uno de los aportes o subvenciones municipales percibidas.

Por otra parte, el grupo parlamentario solicitó conocer la respuesta de la Asociación Chilena de Municipalidades y de la Contraloría respecto al gasto en personal que se encuentra cumpliendo funciones en corporaciones y fundaciones que dependen de las municipalidades.

A la espera de la contestación, la instancia acordó avanzar en las siguientes indicaciones y dejar pendiente de votación dicha materia. De igual modo, concordó en despachar la propuesta dentro de las próximas sesiones.

Octubre 25, 2023

Alcaldesa Leitao afirma que hoy los ciudadanos han cambiado sus hábitos cotidianos por miedo al delito.

Tras los resultados dados a conocer ayer, de la encuesta de Paz Ciudadana, que reflejan que el temor al delito alcanzó la mayor cifra desde que hay registro de esta medición, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, afirmó que: “esta encuesta sólo refleja lo que los alcaldes escuchamos y vemos a diario. los ciudadanos han cambiado sus hábitos cotidianos por miedo al delito”.

La alcaldesa enfatizó que: “las personas han restringido sus libertades por temor a la delincuencia. Llegan más temprano, hay horas en las que no salen de sus casas. Esa es una realidad que los alcaldes venimos advirtiendo hace mucho tiempo. Ahora bien, sobre esto es importante destacar que la disociación entre el medio y los delitos objetivos no es nueva, es una realidad que lleva más de 10 años. A pesar de que el delito pueda bajar, el miedo sube. Probablemente esto se deba a la mayor violencia que vemos en la comisión de delitos, al uso de armas de fuego, al impacto que genera el aumento en los homicidios y a que las personas con mayor frecuencia saben de otros que han sido víctimas de la delincuencia. Pero, más allá de la explicación, lo que esto revela es que de ese miedo el Estado y la sociedad tenemos que hacernos cargo”.

Consultada sobre los planes que se están llevando a cabo agregó: “es cierto que el gobierno está haciendo un esfuerzo significativo para abordar distintas temáticas como crimen organizado, intervención en zonas complejas o modificaciones legales, que obviamente no van a tener efecto de un día para otro, pero aún falta por avanzar en coordinación y acción entre el trabajo de las policías y el ministerio público. Y junto con esto, trabajar en la reincidencia, que es un punto fundamental, porque hoy son las mismas personas las que tras pasar por el sistema penal vuelven a delinquir. Esa impunidad es también, un nudo central del fenómeno de la delincuencia que tenemos hoy”.

Para finalizar, Leitao, realizó un llamado: “Este es un tema que no puede tener color político. Aquí los esfuerzos tienen que hacerse desde todos los sectores para devolver las calles y el derecho al libre tránsito a la población, con planes que: desarticulen las bandas narcos, trabajen en el poder de armas de fuego que existe e implementando estrategias efectivas de prevención e intervención social. Sin ellos, estamos condenados a seguir encerrados y vivir con miedo”.

A ley proyecto que consolida el sistema de desarrollo profesional docente. Durante el debate en el Senado se destacó que se avanza con un sistema unificado y transparente. Ahora, el texto quedó en condiciones de ser remitido a su trámite como ley de la República luego de ser ratificado por la Cámara Baja.

Como una importante medida de corrección y de justicia con los docentes y con la comunidad educativa, el Senado respaldó por 37 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, el proyecto que consolida el sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo profesional docente como único sistema general de evaluación y fortalece los procesos de inducción y acompañamiento. Luego, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó también el texto legal con lo cual quedó en condiciones de ser remitido a su trámite de promulgación como ley.

Durante el debate en el Senado se valoró que se pone fin al doble sistema de evaluación y el senador José García, fue el encargado de informar el texto legal, a nombre de la Comisión de Educación y de Hacienda.

El legislador detalló una serie de enmiendas introducidas, entre otras: apoyo a los docentes que no hayan avanzado, a fin de que progresen y alcancen nivel avanzado. Los procesos de inducción administrativa e implementado por el CPEIP se encontrarán disponible con transparencia en el sitio web; los instrumentos de evaluación pedagógicos serán específicos y atingentes a la disciplina.

Además, agregó, se impide al docente ser contratado en el mismo establecimiento educacional o del mismo sostenedor; los resultados de los instrumentos de evaluación servirán para un plan de formación profesional docente; se podrá conocer la idoneidad de correctores, garantizando imparcialidad.

“SE PAGA UNA DEUDA”

En general, senadoras y senadores coincidieron en que “se responde, en parte, a una petición del profesorado del mundo municipal” y se aseveró que se “está pagando una deuda”, con mejoras para el perfeccionamiento docente y mejoras constantes en general, “cumpliendo también con nuestros niños y niñas para que la calidad de la educación esté en el centro”.

Recordaron que “con este proyecto crearemos un sistema único y se mejoraran los procesos, con lo que se puede asegurar avance en el desarrollo y regulación en la carrera docente”.

Con todo, se reconoció que el país ha enfrentado déficit de profesores y se reclamó por el presupuesto insuficiente para las corporaciones, principalmente en regiones como la de Magallanes, “para la dignidad educacional”. Asimismo, se hizo notar la situación de los asistentes de la educación de la Región de Valparaíso. Por otro lado, se enfatizó que la “educación pública necesita una tremenda reforma con responsabilidad”.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

• Simplificar y descomprimir los mecanismos de evaluación y reconocimiento, estableciendo un único sistema, más eficiente y transparente, con apego a los principios de igualdad de trato y justicia evaluativa para todos los profesores.
• Mejorar los procesos de inducción para aumentar la retención de docentes principiantes en todos los establecimientos educacionales y simplificar los procedimientos administrativos asociados a aquellos.
• Fortalecer el trabajo colaborativo y de acompañamiento entre profesores por medio de la Red Maestros de Maestros, ampliándola a todos quienes forman parte del Sistema de Desarrollo Profesional Docente.
• Abordar la situación de aquellos profesores que el año 2015 obtuvieron buenos resultados en su evaluación docente y que, en su proceso de encasillamiento, solo contaban con los resultados del instrumento portafolio, por no haber rendido las pruebas de conocimientos específicos que fueron derogadas por la ley N° 20.903.

Tras ser despachado desde el Congreso, los senadores de Comisión de Educación: José García Ruminot,Yasna Provoste, Carmen Gloria Aravena, Gustavo Sanhueza y Fidel Espinoza valoraron la iniciativa que perfecciona el desarrollo profesional docente y señalaron que “hoy se avanza con mayor justicia”.

Alcaldesas y concejalas de Chile se reunieron para trabajar la brutal desigualdad de género que existe hoy en la gestión municipal

La Asociación Chilena de Municipalidades, ACHM, realizó un encuentro nacional de alcaldesas y concejalas para trabajar los desafíos que tiene la democracia en un área donde las mujeres están absolutamente subrepresentadas.

Conscientes que hoy se llevan a cabo esfuerzos desde muchas dimensiones en materia de equidad de género, resulta un dato impresionante y una verdadera sorpresa, saber que en el Chile el 83% de los alcaldes del país son hombres, así como el 67% de los concejales.

Sin duda, la gestión y administración local debe ser una de las áreas con mayor desigualdad de género en la gestión pública. Probablemente genera gran sorpresa en la ciudadanía una cifra de esta naturaleza, porque la voz de varias mujeres alcaldesas es hoy referente de consulta permanente en los medios. Sin embargo, la realidad dice otra cosa: los años de lucha por la igualdad de género que tantas mujeres han dado desde distintas áreas, sigue siendo un asunto urgente por el que trabajar para abrir espacios de reflexión que permitan trazar líneas de acción concretas con las cuales revertir este contexto.

Ese es el objetivo principal del encuentro organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades, que se realizó los días 28 y 29 de septiembre y al que participaron alcaldesas y concejalas de todo el país

Dos días, en los cuales a través de diversos paneles, que contaron con grandes exponentes nacionales en materia de género y con alcaldesas que compartieron sus experiencias locales, se busca abrir diálogos con los que trazar una ruta de acciones respondiendo a preguntas como: ¿Por qué siendo las mujeres mayoría en las dirigencias sociales y territoriales, este número luego no se ve representado en las elecciones?, ¿qué caminos debemos tomar para fortalecer la democracia local y la falta de representación actual?, ¿cómo podemos generar una política comunal de género?, entre otras.

Entre las asistentes estuvieron la Jefa de la Oficina en Chile de ONU mujeres, Gabriela Rosero; Olga Segovia, de Red Mujer y Hábitat para América Latina y el Caribe; la Doctora en Lingüística y ex Constituyente, Elisa Loncón, además, de la participación que tendrán la primera Presidenta mujer de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, la alcaldesa Irací Hassler, quien es la presidenta de la Comisión de género de ACHM y la Vicepresidenta de la misma comisión, Javiera Toledo, alcaldesa de Villa Alemana.

“Respecto de cómo avanzamos en paridad en el ámbito local es un gran desafío y en los partidos políticos hay harto que hacer en el ámbito de lo que son las definiciones de las candidaturas. Y el cómo incorporamos a más mujeres alcaldesas y concejalas tiene que ver con dos cosas fundamentales, primero, el tema económico, ya que para las mujeres es la gran barrera para poder postular a ser candidatas porque muchas son jefas de hogar. Y la segunda, el tema de poder superar aquellas barreras que están puestas en los propios partidos, las propias discriminaciones que existen de las capacidades debido a que las mujeres siempre tenemos que rendir cuentas de nseñaló la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao.

Agregando que: “Por lo tanto, nosotras que tenemos incidencias en nuestros partidos tenemos que colaborar para avanzar y así elegir más alcaldesas y concejalas en nuestro país”.

“Estamos trabajando cada día en nuestros barrios y en nuestras comunas, sin embargo, todavía somos muchas menos que nuestros pares varones. Hasta el día de hoy solo un 17% de los municipios del país son conducidos por alcaldesas, crecimos respecto del periodo anterior que era un 12%, pero seguimos claramente siendo minoría.  En las concejalías ocurre algo similar, puesto que solo un 33% son mujeres”, indicó la alcaldesa de Santiago y presidenta de la Comisión de género de ACHM, Irací Hassler.

Añadiendo que: “Es por eso que queremos fomentar la participación de las mujeres en todos los niveles porque cuando avanzan las mujeres avanza la democracia, cuando una mujer entra en la política, cuando una mujer entra en espacios de incidencia, sin duda, que cambia esa mujer, pero si entramos todas cambia también la política. Y ese es el desafío y el compromiso que asumimos alcaldesas y concejalas y al que también invitamos a los pares varones, ya que este es un desafío de sociedad para construir una sociedad igualitaria, equitativa que permita el desarrollo pleno de todas las personas y en eso este encuentro nos compromete a todas para promover una agenda nacional con perspectiva local para promover la igualdad y las diversidades en cada una de nuestras comunas”.

SENADO: Policías y Ministerio Público podrán acceder al listado de pasajeros en el transporte aéreo nacional, la iniciativa que forma parte de la agenda de seguridad se encuentra en su proceso de trámite de promulgación luego de ser despachada por el Senado.

Ya es ley la norma que permitirá a las policías y el Ministerio Público acceder al listado de pasajeros en el transporte aéreo nacional. Ello, luego que la Sala del Senado despachara la iniciativa por unanimidad y sin modificaciones.

El texto legal apunta a otorgar un instrumento eficaz y efectivo al Ministerio Público y a las policías, para fortalecer la investigación de los hechos que pueden revestir el carácter de delito, permitiendo a esas instituciones exigir a los transportadores aéreos la nómina de sus pasajeros y lugares de embarque y destino.

Así lo explicó el senador Enrique Van Rysselberghe, presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones quien afirmó que a partir de ahora se permitirá exigir a los transportadores aéreos la nómina de sus pasajeros por medio de la incorporación en el Código Aeronáutico de la obligación de las empresas de transporte aéreo, que sirvan a rutas nacionales, de entregar al Ministerio Público, Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile los listados de los pasajeros que sean requeridos por algunas de estas instituciones”.

21 de septiembre de 2023

El Liceo Nacional de Maipú representando a la Región Metropolitana dio cuenta del Colegio Alemán de Punta Arenas por 2 sets a 1 en duelo disputado en el Polideportivo René Correa de Santa Bárbara en el marco Nacional de los Juegos Deportivos Escolares (JDE) 2023.

En un intenso encuentro, los representantes de la región Metropolitana, Liceo Nacional de Maipú, venció por 2 sets a 1 -22/25, 25/13 y 15/13- al Colegio Alemán de Punta Arenas, de la región de Magallanes, en duelo disputado en el Polideportivo René Correa de Santa Bárbara.

El encuentro de vóleibol varones se disputó en el marco de los cuartos de final de la gran Final Nacional de los Juegos Deportivos Escolares que se disputa en la Región de Biobío.

El próximo partido que enfrentará el Liceo Nacional de Maipú será por la última fecha de la fase de grupos, y se medirá con el Colegio Seminario San Fidel de Mariquina de la región de Los Ríos, mientras que el Colegio Alemán de Punta Arenas chocará contra el Colegio San Ignacio de Calama,  de la región de Antofagasta.

Este martes el Senado aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley de Tránsito para prevenir la venta de vehículos robados motorizados. La nueva ley para sanciona con presidio menor en su grado medio a máximo y penas que llegan a las 100UTM en caso de conducir un vehículo con placa patente falsa o alterada.

El Senado aprobó por 28 votos a favor y 1 abstención las enmiendas introducidas por la Cámara, al proyecto que buscan prevenir la venta de vehículos motorizados robados, moción que se enmarca entre los proyectos priorizados de la Agenda de Seguridad.

La ley que previene la venta de vehículos robados sanciona una serie de conductas como la conducción con la placa patente oculta que se aumenta a “falta gravísima” y ordena diversas obligaciones para fabricantes y automotoras en materia de comercialización de los vehículos. Además se establece la obligatoriedad de grabar la patente en ventanas y espejos de autos nuevos y usados y la prohibición de conducir con luces y focos diferentes a los autorizados.

“Los dueños de vehículos van a tener 12 meses para poder grabar los vehículos que ya están en su propiedad y los nuevos van a tener que salir con esta placa patente ya grabada en cada uno de los vidrios involucrados”, Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones

Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos que realiza el Gobierno y el Poder Legislativo para enfrentar los problemas de seguridad pública que afectan al país. De hecho, esta ley se convierte en la séptima despachada por el Congreso, en el marco de los proyectos priorizados de la agenda que impulsa el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Infracciones y multas con la nueva ley que previene venta de vehículos robados

La nueva ley para prevenir la venta de vehículos robados sanciona con presidio menor en su grado medio a máximo. Además establece la suspensión de la licencia de conducir o inhabilidad para obtenerla hasta por 5 años.

En caso de conducir un vehículo con placa patente falsa, alterada o que corresponda a otro vehículo la multa corresponde de 50 a 100 UTM.

La iniciativa también impone las siguientes prohibiciones y multas:

• Prohibición de usar, adosar y/o conducir con luces o focos distintos o adicionales a los permitidos por la ley.
• Prohíbe al público la venta y carga de combustible a los vehículos motorizados que no cuenten con su placa delantera o trasera. Se castigará con una multa de 10 a 100 UTM a concesionarios o dueños de la estación de servicio que incurra en esta práctica.
• Se sancionará contravenir la normativa sobre el uso obligatorio del casco protector y demás elementos de seguridad al conducir bicicletas, motocicletas o vehículos similares.
• La conducción de vehículos motorizados utilizando un casco que no cumpla con la obligación establecida constituirá infracción.

Exigencias de la primera inscripción de un vehículo

El texto define otras exigencias tratándose de la primera inscripción de un vehículo en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados.

Por ejemplo, se define que si el vendedor o emisor de la factura no se encuentra incluido en la nómina mencionada, el Servicio de Registro Civil no procederá a la realización de la inscripción del vehículo. Tampoco podrá hacer entrega de las placas patentes respectivas.

Adicionalmente, se agregan las siguientes causales para el retiro de circulación de los vehículos y su disposición ante los juzgados de policía local:

1. No tener los certificados de revisión técnica al día
2. No tener certificado de homologación individual
3. Circular con placa patente oculta, en mal estado o con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterados o borrados.

La iniciativa, adicionalmente, eleva el rango de multa para algunos casos y realiza ajustes a la Ley 20.931, sobre aplicación efectiva de penas en robo, hurto y receptación.

Por último, se modifica el Código Penal para incluir como agravante en los delitos de hurto y robo, el ejecutarlos usando un vehículo sin placa patente (delantera, trasera o ambas) o si están ocultas.

Igualmente, serán agravantes usar vidrios oscuros o polarizados o utilizar otra práctica, técnica, intervención, herramienta, dispositivo o condición que favorezca la impunidad.

Otras exigencias y disposiciones de la nueva ley

El proyecto establece que, declarada la pérdida total de un vehículo asegurado como resultado de su destrucción o desarmaduría total o parcial, la compañía aseguradora deberá requerir la cancelación de la inscripción del vehículo respectivo ante el Registro Nacional de Vehículos Motorizados. Ello se informará al asegurado y se devolverán las respectivas placas patentes.

Respecto de un caso no comprendido en la situación anterior, susceptible de reparación, las compañías de seguros deberán regularizar la propiedad de los vehículos siniestrados, para lo que se requerirá de su inscripción en el citado Registro a su nombre o a nombre de los compradores respectivos.

Mientras no se efectúen las inscripciones, anotaciones y cancelaciones ordenadas, los vehículos que se encuentren en los casos descritos quedarán bajo la responsabilidad de la aseguradora.

El ministro Muñoz explicó que durante la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados se eliminó una indicación ingresada por el Ejecutivo que pretendía establecer la obligación de adherir la patente en los cascos de los conductores de motocicletas para “mejorar la identificación de la motocicleta si es que se utilizaba para cometer delitos”.

Sin embargo, “a fin de contar lo más pronto posible con el proyecto como ley, y evitar la constitución de una comisión mixta, es que hemos decidido no insistir con la indicación”, indicó el secretario de Estado.

Comisión ad hoc realiza ronda de audiencias. De acuerdo a la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados, el proyecto implicaría un incremento de 11 pesos por kw/h. El profesor Verdugo de la USACH asegura que una subasta de derechos financieros de transmisión podría ser una alternativa.

Sus inquietudes por los efectos en los clientes finales que pudiera tener el proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de transición energética y que posiciona a la transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbono neutralidad, expresaron los senadores y senadoras de la Comisión de Minería y Energía.

Cabe recordar que el mensaje busca descongestionar las líneas de transmisión eléctrica facilitando que las generadoras puedan operar mejorando la institucionalidad, agilizando las obras de infraestructura, dando los primeros pasos para la licitación del proceso de almacenamiento a gran escala y estableciendo cambios en los ingresos tarifarios. (Vea nota relacionada)

De acuerdo al último decreto tarifario de 2023, el 90% de los clientes residenciales del país con consumos inferiores a 350 kw/h al mes, tuvieron un alza promedio de 2,5% al año. A su vez, los usuarios con consumos entre 300 y 500 kw/h vieron elevada su tarifa en 10% promedio, y aquellos con consumos superiores a 500 kw/h tuvieron un incremento de 16,5% promedio.

En esa línea, en la última sesión expusieron el director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (ACENOR), Javier Bustos; y el profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago (USACH), Humberto Verdugo, quienes hicieron ver sus reparos al texto.

El senador Rafael Prohens cuestionó la iniciativa sincerando que “este proyecto tal como está, no vamos a ser capaces de sacarlo ahora. En la próxima revisión de tarifas, lo más probable es que tengamos un alza, que no podemos parar. Hay que sincerar la situación: las alzas de tarifas van a venir sí o sí, y no podemos estar colocando piedras para que no pase el cauce del río, si al final lo va a desbordar igual”.

Para el senador Juan Luis Castro urge una política de subsidio a las personas, “el gobierno tiene que abrirse a ese escenario. Me parece razonable, pensando en que las empresas tienen que sobrevivir, pero las personas tampoco se pueden llevar en el costo de bolsillo esta transición energética que se está planteando”.

La presidenta de la Comisión, la senadora Luz Ebensperger consultó a los expositores el margen que tienen los proyectos renovables de instalarse en otras localidades dada su naturaleza luego que se hiciera ver que la presencia de estos proyectos exclusivamente en el norte, encarece el transporte de energía.

En la sesión del pasado 19 de julio, el director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (ACENOR), Javier Bustos; y el profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago (USACH), Humberto Verdugo, manifestaron sus dudas frente al texto.

Bustos comentó que “el sector generación no paga la transmisión de energía, solo lo hace el cliente final. Así no existen incentivos para mejorar la localización de los proyectos. Siempre el cliente final debe asumir los costos”.

Según los cálculos de ACENOR, los consumidores verán las siguientes alzas en sus cuentas de acuerdo a los siguientes ítems del proyecto:

Reasignación de ingresos tarifarios que se asignarían a empresas generadoras: la pérdida a los clientes podría ir de 3,3 a 4 pesos por kw/h

Licitaciones para almacenamiento: la Comisión Nacional de Energía (CNE) licitaría la infraestructura por 15 años a través de una cargo que sería pagado –en su totalidad- por lo usuarios, lo que encarecería las cuentas entre 3,8 y 4,4 pesos por kw/h

Mayores costos de transmisión: todas las obras de transmisión nuevas sean de rutina, de ampliación, urgentes, etc. corren por cuenta de los consumidores, por lo que se calcula que por año debería pagarse 2,6 pesos por kw/h

Mayor presupuesto para el Coordinador Eléctrico Nacional: corresponde al cargo por servicio público que se factura cada mes en las cuentas de electricidad. Pasaría de 0,7 pesos por kw/h a un peso kw/h.

“Con todo observamos un alza de 11 pesos por kw/h que deberán pagar los consumidores finales con este proyecto. Ellos pagan la transmisión nacional, la zonal, la energía, la potencia, el cargo por servicio y ahora, el cargo por almacenamiento (…) El ministerio habló de un incremento de un peso (…) Desde el 2020, el precio promedio de los clientes industriales ha subido un 80%. Solo vemos que se aumentan los cargos”, concluyó Bustos.

Por su parte, Verdugo coincidió con ACENOR en que “la norma se financia con los usuarios finales. La tarifa eléctrica será más cara. Creo que los cambios que se hacen a los ingresos tarifarios son discriminadores porque principalmente va a beneficiar a empresas renovables no convencionales. Esta política se impulsó pensando en que las ERNC iban a bajar de precios, lo que no ha sido así”.

A modo de solución, el académico planteó que “podría generarse una subasta de derechos financieros de transmisión así las generadoras tendrían la opción de competir y así podría juntarse una bolsa de plata que se distribuya entre los clientes regulados, como subsidio, y en los usuarios libres, para amortizar el costo”.

Frente a estas críticas, el ministro Pardow se mostró abierto a discutir propuestas sin cambiar ideas matrices del proyecto. De todas formas aseguró que “los cálculos de ACENOR no son distintos a los presentados por nosotros. Ahora lo que ellos hacen es considerar y sumar los peores escenarios, lo que no es correcto porque corresponde es ver el promedio o valor esperado”.

Cabe recordar que los precios de largo plazo acordados por las renovables con clientes regulados, no han sido suficientes para cubrir y financiar los suministros contratados. La gran mayoría de este tipo de energía se concentra en el norte, pero el gran consumo está en el centro-sur. No habiendo líneas de transmisión suficientes para transportar la energía, gran parte del día estas plantas renovables no tienen retorno y deben comprar energía cara en el mercado para cumplir los contratos pactados.

27 de julio de 2023

Venta de alcoholes: documento de identificación solo se exigirá en caso de “duda razonable” de mayoría de edad. La senadora Ebensperger argumentó su voto en contra pues, a su juicio, “el debate está equivocado” y detalló las consecuencias negativas del consumo de alcohol temprano, por lo que indicó que “es más importante defender a los menores, que facilitarles la vida a los trabajadores de botillerías”.

Durante el debate se aclaró que “no se están quitando obligaciones” a la ley de alcoholes, sino que se hace eco a “un tema ciudadano”, con “estándar de racionalidad”. Sin embargo, se advirtió que el tema “es subjetivo” y se llamó a “defender a los menores”.

Por 18 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones, el Senado despachó a la Cámara Baja el proyecto que modifica la ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, con el objeto de regular la exigencia de cédula de identidad u otro documento de identificación a las personas que deseen adquirir bebidas alcohólicas.

Con esto se establece que la cédula de identidad, u otro documento de identificación, será exigido “solo en caso de que exista duda razonable respecto de la mayoría de edad de la persona que desea adquirir bebidas alcohólicas”.

La moción -que fue patrocinada por los senadores Iván Flores, Alejandra Sepúlveda, Francisco Chahuán, Juan Ignacio Latorre y Matías Walker- se hace cargo de las repercusiones que tiene la obligación legal para los trabajadores de recintos de expendio de bebidas alcohólicas, quienes, “reciben quejas y malos tratos”.

Durante el debate intervinieron los senadores Iván Flores, Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Matías Walker, José Miguel Duarana,  Alejandra Sepúlveda y José Miguel Insulza.

Las posturas a favor manifestaron que este es un “debate ciudadano, “que corrige una ley que costó 14 años en sacar adelante”, pero “la exigencia ha generado miedo y conflicto entre los trabajadores, a la hora de pedir la documento”.

Además, se precisó que “la ley debe establecer siempre el estándar de la racionalidad”, subsanando, en este caso, aspectos “de la vida diaria”.

Con todo se aclaró que “no se está quitando la obligación de la cédula de identidad, ni flexibilizando la ley de alcoholes, sino que se aplique con sentido común”.  

En otra vereda, la senadora Ebensperger argumentó su voto en contra pues, a su juicio, “el debate está equivocado” y detalló las consecuencias negativas del consumo de alcohol temprano, por lo que indicó que “es más importante defender a los menores, que facilitarles la vida a los trabajadores de botillerías”.

Además, se expuso dudas sobre la subjetividad de la medida, “¿quién determina la duda razonable?”, se preguntó.

19 de julio de 2023