Comunicado Superintendencia de Insolvencia:  Desde el 11 de agosto de 2023 existen dos procedimientos concursales especiales para las micro y pequeñas empresas del país, gracias a la nueva Ley de Insolvencia N.º 21.563.

Se estima que las micro y pequeñas empresas (MIPEs), son uno de los principales generadores de empleos a nivel nacional, forjando una serie de externalidades positivas que dinamizan la economía en cada una de las regiones del país.

Mientras muchos emprendedores consiguen llevar adelante sus proyectos, la experiencia nos indica que otros tantos recién lo logran en su segundo o tercer intento, de modo que la tasa de éxito de un emprendedor aumenta efectivamente con el número de fracasos que ha logrado dejar atrás. El emprendimiento fallido puede constituir una oportunidad de aprendizaje y mejora, en la medida que este emprendedor pueda volver a levantarse, aplicando la experiencia alcanzada a su nuevo proyecto.

En el Día Mundial del Emprendimiento, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) informa que cuenta con una herramienta eficaz para brindar asistencia oportuna a las MIPEs que enfrentan dificultades económicas: la Ley N.º 21.563. Desde el 11 de agosto de 2023 la normativa dispone de nuevos procedimientos simplificados para que micro y pequeñas empresas accedan a soluciones legales frente a situaciones de endeudamiento, ya sea a través de la Reorganización o Liquidación Simplificada.

La Reorganización Simplificada es un procedimiento judicial que permite- en un plazo no mayor a 4 meses- a una MIPE reestructurar sus activos y pasivos mediante un acuerdo con sus acreedores, en que se pueden establecer nuevos plazos de pago, nuevas tasas de interés, posibles remisiones de deudas o modificación de ciertas obligaciones. En este proceso interviene un veedor, que es una persona natural sujeta a la fiscalización de la Superir y que tiene entre sus funciones facilitar los acuerdos entre el deudor y sus acreedores, además de asistir a la micro o pequeña empresa en la elaboración de su propuesta de acuerdo.

Un beneficio de este trámite es la Protección Financiera, que es el período que la ley otorga al deudor que se somete al procedimiento concursal, durante el cual no podrá solicitarse ni declararse su Liquidación, ni podrán iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restituciones en los juicios de arrendamiento.

Además, todos los contratos suscritos por el deudor mantendrán su vigencia y condiciones de pago.

Mientras que la Liquidación Simplificada, que también es un procedimiento judicial, tiene por objetivo la venta rápida y eficiente de los bienes de la empresa para pagar a sus acreedores, administrado por un liquidador concursal. Se solicita en tribunales, por lo que se debe contar con un abogado particular o uno abogado designado por la Corporación de Asistencia Judicial respectiva. Este procedimiento, que antiguamente duraba en promedio 2 años, ahora está durando entre 4 y 8 meses.

Recordar que las microempresas, son aquellas cuyos ingresos anuales sean inferiores a 2.400 UF y que tuvieren contratados de 1 a 9 trabajadores; y en el caso de las pequeñas empresas, aquellas con ingresos anuales superiores a las 2.400 UF, pero inferiores a 25.000 UF, y un personal contratado superior a 10 e inferior a 49 trabajadores.

“Desde el 11 de agosto de 2023 el sistema concursal chileno permite reorganizar o liquidar eficientemente una MIPE, lo que constituye un pilar esencial de una economía competitiva, moderna. Asimismo, permite disminuir la incertidumbre y riesgos asociados para deudores y acreedores, generando dinámicas positivas en las cuales un emprendimiento fallido constituye una oportunidad de aprendizaje y mejora”, señaló el Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez Ramírez.

Adicionalmente, desde la Superir se destaca la relevancia de la asistencia preventiva para que los emprendedores puedan mejorar las condiciones en las que opera su negocio y así poder enfrentar de mejor forma eventuales dificultades económicas.

Para más información la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento cuenta con la página www.tenlaclara.cl donde se detallan los requisitos, documentos, etapas y efectos de cada procedimiento concursal.

Hasta el 06 de mayo estarán abiertas las postulaciones para financiar proyectos que fomenten la participación, asociatividad y liderazgo de las mujeres.

Con el objetivo de apoyar el desarrollo de organizaciones de mujeres, a través del fortalecimiento de sus habilidades, competencias e incidencia en sus espacios de participación, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género abrió la postulación al Fondo para la Equidad de Género FEG 2024, que financia iniciativas que estén destinadas a fortalecer la participación, asociatividad y liderazgo de las mujeres.

A partir del 16 de abril y hasta el 06 de mayo, ya se encuentra disponible el FEG 2024, para que personas naturales o jurídicas –con su clave única- puedan presentar proyectos en el marco de la equidad de género y los derechos humanos.

Para la Directora Nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, “es prioritario potenciar espacios de participación en sus organizaciones y autonomía. Como servicio debemos promover el fortalecimiento del tejido social y las autonomías física, económica y política de todas las mujeres en sus diversos contextos y el FEG es un programa que entrega las herramientas para ese objetivo”.

En tanto, la Directora Regional Metropolitana, Miriam Bertuzzi Ratti, explicó que este año se quiere fortalecer el trabajo interno de la institución de las organizaciones y el de las redes de asociatividad, por lo que realizó un llamado a las mujeres a postular para poder financiar proyectos que vayan en ambas direcciones y avancemos en conquistar el liderazgo de las mujeres.

¿Quiénes pueden postular al FEG 2024?

Pueden postular personas jurídicas y naturales de todo el país que presenten proyectos en las líneas de acción: Fortalecimiento interno de la organización y Fortalecimiento de las redes de asociatividad, en donde se promocione el desarrollo de organizaciones, la incidencia y participación ciudadana de las mujeres, a través de actividades e iniciativas en la que puedan levantar y fundamentar opiniones y propuestas referidas a políticas públicas para sus territorios y a nivel nacional.

¿Dónde puedo postular?

Las postulaciones se realizan en el sitio fondos.gob desde el 16 de abril y hasta el 06 de mayo. En cuanto a las Bases Técnicas de la postulación 2024, se pueden revisar en el siguiente banner disponible en el sitio web del SernamEG. Todas las consultas sobre los requisitos deben enviarse al correo postulacionesfondoeg@sernameg.gob.cl hasta el 25 de abril.

La entrega de los resultados y la adjudicación de las propuestas se realizará el próximo 13 de junio.

El lunes 1º de abril, a 208 días de las elecciones,   inauguraron las obras de mejoramiento de la iluminación del Estadio Municipal Santiago Bueras de Maipú. VER COMUNICADO DE SUBDERE

COMUNICADO

La inversión de $67.696.018 de parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) a través del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU), permitió la instalación de nuevas luminarias con tecnología LED. Además, se remodelaron los tableros de cada torre, se realizó mantención de cámaras, entre otros.

La noche de este lunes fueron inauguradas las obras de mejoramiento en la iluminación del Estadio Municipal Santiago Bueras de Maipú, instancia donde se dio inicio al Campeonato de fútbol 7 femenino ‘’Copa Abrazo de Maipú’’. Desde el terremoto del 27 de febrero de 2010 que este recinto deportivo no contaba con luminarias ya que se vio afectado su sistema eléctrico.

Este proyecto tuvo una inversión de $67.696.018 con recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) a través de la línea de financiamiento del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU).

‘’Este estadio tiene un uso bastante extensivo, se realizan actividades deportivas importantes y el no poder utilizarlo por las noches limita bastante el que la comunidad pueda utilizarlo, y sabemos la importancia de que las vecinas y vecinos tengan lugares para llevar a cabo deporte y actividad física, es por eso que se financió esta iniciativa y después de mucho tiempo se pudo concretar en un trabajo colaborativo con el municipio’’, destacó la encargada de la Unidad Regional Subdere (URS) Metropolitana, Jean Adasme.

Por su parte, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, señaló que este ‘’era un proyecto que veníamos esperando hace mucho tiempo, es parte de los más de 200 proyectos que estamos desarrollando en la comuna y este es uno de los más significativos para mí como amante del deporte y especialmente del fútbol’’.

Dentro de las obras de mejoramiento de este estado se encuentra la instalación de 44 equipos proyectores de iluminación con tecnología LED. Además, se remodelaron los tableros de cada torre, se instaló un tablero de control de luces, instalación de cableados y se realizó un trabajo de mantención de las cámaras.

Realizan Gabinete Integrado en materia de Seguridad entre Gobierno Central y gobiernos regionales

Los Gabinetes Integrados tienen como objetivo coordinar las acciones de política pública territorial entre el Gobierno Central y los gobiernos regionales. Está es la segunda instancia liderada por el Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, en donde la primera, realizada en enero, se enfocó en productividad e inversión pública.

20 de marzo de 2024. Durante la mañana de este miércoles en el Salón O’Higgins del Palacio de La Moneda se realizó el segundo Gabinete Integrado, instancia que reúne a representantes de las distintas instituciones del Gobierno Central y a las gobernadoras y gobernadores de Chile para coordinar las acciones de política pública territorial a partir del diálogo y la coordinación de sus autoridades.

En esta oportunidad la reunión, encabezada por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, abordó los desafíos y prioridades en materia de seguridad.

La ministra Carolina Tohá, destacó que “en el día de hoy el tema fue la seguridad. Estuvimos trabajando en las estrategias que tenemos y tomamos una serie de acuerdos muy importantes. En primer lugar, para el conjunto darle agilidad y destrabar proyectos emblemáticos en materia de seguridad que en su proceso de aprobación y de distintas etapas administrativas demoran en que su impacto llegue a las comunidades. Vamos a hacer un trabajo conjunto, también los gobernadores y gobernadoras están haciendo una labor con la Contraloría para lograr entre todos que estos proyectos rápidamente vean la luz”.

Asimismo agregó que “hemos acordado algo que es fundamental. Los gobiernos regionales a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el FNDR, financian muchas inversiones en materia de seguridad: equipamiento para las policías, refuerzos para otros servicios, también inversiones en el espacio público con foco de seguridad. Y hemos decidido llevar adelante un esfuerzo de coordinación y un protocolo de trabajo que nos permita que esas inversiones estén coordinadas con las estrategias de seguridad más amplias que desarrolla el Gobierno Central y otros organismos en cada región de manera que los recursos se potencien”.

Por su parte, el gobernador regional de Valparaíso y presidente de AGORECHI, Rodrigo Mundaca, señaló que “el tema de la seguridad compromete a toda la sociedad, como gobiernos regionales desde que asumimos nuestro mandato como los primeros gobernadores electos democráticamente en la historia del país, en materia de seguridad durante toda nuestra gestión hemos destinado más de $500.000 millones, aumentando recursos o focalizando en Gendarmería, apoyando a las policías en mayor dotación de vehículos, en infraestructura, en equipamiento, en el mejoramiento de los cuarteles, sistemas de televigilancia área. Tenemos el compromiso de trabajar en conjunto con el Gobierno Central en materia de seguridad y también de empujar juntos el proyecto de ley que debería habilitarnos una nueva división de prevención de delito, atención a víctimas e incorporar el ámbito de las emergencias”.

En el Gabinete Integrado de Seguridad, desde el Gobierno Central participaron la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero; el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara; la subsecretaria de Hacienda; Heidi Berner; el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo; la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Francisca Perales; además de las 16 gobernadoras y gobernadores de Chile.

El primer Gabinete Integrado se realizó en enero de este año, en el marco del cambio de mando de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (AGORECHI) en el que asumió la presidencia el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. La instancia se denominó “Economía y Productividad: Inversión Pública Regional” y que contó con la participación de representantes de diferentes instituciones públicas tales como la ministra de Obras Públicas, Jessica López; la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner; la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete; y la directora (s) de Presupuestos, Sereli Pardo.

Además, antecediendo el Gabinete Integrado, el día martes 19 de marzo la subsecretaria Francisca Perales se reunió con la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (AGORECHI) para hacer una revisión de la agenda 2024 y materias como la transferencia de competencias y la Política de Descentralización de C

La Sala de Cámara aprobó en particular la iniciativa que busca prevenir la violencia contra las y los comunicadores.

Consagrar el deber estatal de promover la seguridad y protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, por medio de la creación de un estatuto especial. Ese es el objetivo del proyecto (boletín 14964) aprobado en particular por la Cámara y despachado al Senado.

La iniciativa se originó en una moción impulsada por la diputada Nathalie Castillo (PC). También la suscriben Alejandro Bernales (PL), Jorge Brito (RD), Karol Cariola (PC), Luis Cuello (PC), Claudia Mix (Comunes), Lorena Pizarro (PC), Daniela Serrano (PC), Hotuiti Teao (IND) y Nelson Venegas (PS).

La propuesta se aprobó en general en la Cámara, el pasado 31 de julio. Sin embargo, volvió a la Comisión de Cultura por ser objeto de indicaciones, las cuales se integraron al texto y, hoy, se respaldaron por la Sala.

Los cambios aprobados se refieren a algunos objetivos de la normativa. Lo primero refiere al ítem de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Al respecto, se agregó que dichos derechos sean reconocidos en tratados internacionales y que las libertades fundamentales sean consagradas en la Constitución.

Otro ítem enmendado es el relativo a derechos y deberes contemplados en esta ley que serán aplicables a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, independiente del régimen contractual al que se encuentren suscritos. En este plano, se agregó la frase “y del medio de comunicación en el cual se encuentren desarrollando sus funciones”.

Contenido

La iniciativa busca la protección de periodistas y comunicadores, al prevenir hechos de violencia en su contra, en razón de su labor comunicacional. Además, pretende proteger y garantizar su seguridad, libertad e integridad. Por otra parte, promueve medidas de investigación, sanción y reparación, entre otras.

El texto define lo que se entenderá por periodistas, restringiendo el término a quienes hayan obtenido un título universitario. En tanto, las/os trabajadoras/es de las comunicaciones son las personas cuya actividad principal es la recopilación, tratamiento y difusión de información al público. Esto, por cualquier medio de comunicación, tanto online como offline.

En esa línea, se incluye a reporteros/as, camarógrafos/as, fotógrafos/as, al personal de apoyo técnico, comunicadores sociales y comunitarios. También a choferes, intérpretes, revisores, traductores, editores, productores, difusores y distribuidores. Lo anterior, sin que signifique, necesariamente, que la persona cuente con un título profesional o equivalente. De igual modo, se incluye a estudiantes de periodismo en práctica profesional, como egresados de la carrera.

Agresiones

El concepto de agresión se define como cualquier acto que atente contra la vida, integridad física, psíquica y sexual de las y los periodistas y las personas trabajadoras de las comunicaciones en el ejercicio de su labor comunicacional.

Entre ellas, se consideran desapariciones forzadas, homicidios, secuestros, toma de rehenes, torturas y apremios ilegítimos. Igualmente, violencia física, intimidación, amenazas, detenciones ilegales y/o arbitrarias y ataques discriminatorios.

También, contempla la censura, violación de las comunicaciones, espionaje, vigilancia ilegal y toda forma de violencia sexual, entre otras, que puedan significar menoscabo.

En caso de que los hechos revistan carácter de delito, será competencia del Ministerio Público su investigación.

El Estado deberá prevenir las agresiones evaluando las amenazas surgidas en contextos sociohistóricos o en discursos que estigmaticen y criminalicen a periodistas y comunicadores.

Por otra parte, se propone no solo la protección de periodistas, sino también de sus familias cuando estén en riesgo. Asimismo, se define la obligación de resguardar a comunicadores que investigan el crimen organizado u otros temas de interés público. Paralelamente, se promueve la protección de trabajadores/as de las comunicaciones mujeres, diversidades y disidencias de sexo y de género.

Debate

El informe de la Comisión de Cultura estuvo a cargo de Viviana Delgado (IND). Luego, se pasó a la discusión del proyecto, donde expusieron las y los diputados Miguel Mellado (RN), Catalina Pérez (RD), Lorena Pizarro (PC), Ericka Ñanco (RD), Jorge Rathgeb (RN), Vlado Mirosevic (PL), Fernando Bórquez (IND), Jorge Brito (RD), Marisela Santibáñez (IND), Daniela Serrano (PC), Juan Carlos Beltrán (RN), Cristián Araya (PREP) y Gonzalo De la Carrera (IND).

En su mayoría y en forma transversal, señalaron que la protección de periodistas es necesaria por la labor que realizan en defensa de la la libertad de expresión y de información. Contribuyendo así a lograr una sociedad más democrática y justa. Pese a que se criticó la información hegemónica y parcial de consorcios periodísticos, se valoró el periodismo independiente que denuncia los conflictos de interés y corrupción.

Igualmente, se recordó a la comunicadora Francisca Sandoval, que recibió un disparo en la cabeza en 2022, cuando reporteaba el Día del Trabajador, falleciendo días después y que inspiró este proyecto. Del mismo modo, a Pepe Carrasco, asesinado en dictadura. Se suma lo ocurrido hace pocos días en la región de La Araucanía en una protesta de agricultores, donde un equipo de la Universidad Autónoma TV fue agredido por un funcionario policial y su camarógrafo detenido.

Por otra parte, agregaron que se protegerá a los comunicadores de la censura y se recordó el caso del periodista Mauricio Weibel, afectado por escuchas ilegales al investigar la corrupción en el Ejército. Por otra parte, se recordó que se garantizará el acceso a la información y documentos, también en momentos de conflicto interno o armado.

En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, destacó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registrará las denuncias de agresiones. Adicionalmente, que se eleva la protección de periodistas y comunicadores a los estándares internacionales de la Ley Marco de la Unesco.

Durante la votación, el diputado Stephan Schubert (PREP) anunció reserva de constitucionalidad respecto a la protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones mujeres, diversidades y disidencias de sexo y de género (Art. 14).

Junto a esta medida, las y los diputados también solicitaron al Gobierno que instruya el uso obligatorio de uniformes en la población penal.

A través de dos resoluciones, la Sala de la Cámara solicitó el Gobierno tomar medidas para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios.

En primer lugar, la resolución 985 establece la necesidad de erigir nuevos centros penitenciarios, así como ampliar y mejorar los ya existentes.

En el texto, se justifica que las últimas mediciones señalan que una de las principales preocupaciones de la ciudadanía es la seguridad pública. Y, frente a esto, agrega que Chile es el país de América Latina en que más ha aumentado la percepción de la delincuencia.

Sin embargo, en la iniciativa también se reconoce la crisis carcelaria que afecta a los centros penitenciaros. Por ello, a raíz de la falta de dignidad de las y los reclusos, los jueces de garantía tienen incentivos para autorizar medidas de cumplimiento alternativo.

Frente a aquello, en la resolución se plantea como imperativo que el sistema penitenciario modernice su infraestructura. Para esto, es necesario que se destinen recursos para contar con más y mejores centros penitenciarios.

La resolución, respaldada por 135 votos a favor y una abstención, fue promovida por los diputados del Comité del Partido Republicano, Benjamín Moreno, Cristián Araya, Juan Irarrázaval, Harry Jürgensen, José Carlos Meza, Mauricio Ojeda, Agustín Romero, Luis Sánchez, Stephan Schubert y Cristóbal Urruticoechea.

Uniformes en centros penitenciarios

En la misma jornada, la Sala aprobó la resolución 984, que solicita establecer el uso de uniformes para la población penal. En su contenido, argumenta que es preocupante el número de incautaciones de drogas, armas y celulares en los centros penitenciarios. Igualmente, que desde los mismos recintos se sigan planificando y cometiendo delitos.

Frente a lo expuesto, en la resolución se plantea que una forma de contribuir para crear un mejor clima al interior de los recintos penitenciarios es obligar a las y los internos a llevar uniforme.

Esta medida ofrecería la ventaja de crear un clima de igualdad, disciplina y respeto a la ley dentro de los recintos. Además, evitaría que se cree en torno a la vestimenta una categorización de los internos. También evitaría que ciertos internos sean víctimas de otros por motivo de sus vestimentas. Con esto, se podría prevenir que las mafias carcelarias abusen del resto de la población penal.

La iniciativa, aprobada por 89 votos a favor, 26 en contra y 22 abstenciones, la presentaron la y los diputados del Comité del Partido Republicano, Cristián Araya, Chiara Barchiesi, Harry Jürgensen, Johannes Kaiser, José Carlos Meza, Mauricio Ojeda, Agustín Romero, Luis Sánchez, Stephan Schubert y Cristóbal Urruticoechea.

Febrero 15, 2024.

Subdere entrega recursos al municipio de Quilpué. El financiamiento, por un monto de $8.900.000, proviene del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC) a través del Plan Médico Veterinario de Emergencia. Además, autoridades visitaron el Centro de Atención Veterinaria de Quilpué.

13 de febrero de 2024. En el marco de los incendios que afectan a distintas comunas de la Región de Valparaíso, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) entregó $8.900.000 a la Municipalidad de Quilpué para realizar operativos de atención veterinaria a animales afectados por la catástrofe. Este financiamiento proviene del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC) a través del Plan Médico Veterinario de Emergencia.

La subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales, se trasladó durante la jornada de este martes hasta el Centro de Atención Veterinaria de Quilpué, en compañía de la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández; y el delegado presidencial provincial Fidel Cueto, recinto donde se está trabajando con la colaboración del Ejército de Chile, el SAG, Colmevet y Senapred, además del municipio.

“Cuando recorríamos las zonas afectadas, las personas nos decían que también estaban preocupadas por sus animales. Lo que ha hecho acá el Ejército junto a veterinarios voluntarios y distintas organizaciones es un trabajo espectacular. Esta es la segunda visita que hacemos a este centro para ver cómo va la atención veterinaria”, destacó la ministra Maya Fernández.

Por su parte, la subsecretaria Francisca Perales señaló que “el día de hoy se activó un fondo de emergencia de atención veterinaria a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía de la Subdere al municipio de Quilpué que va a permitir darle continuidad al funcionamiento de este hospital de campaña, contratando directamente a un médico veterinario para apoyar a las demás organizaciones presentes acá y por otra parte ampliar las atenciones veterinarias que se van a desarrollar en el marco de la emergencia durante las próximas semanas”.

Este centro está a cargo de la Capitán de Ejército de la División de Salud, Javiera Farías, quien es Oficial de Veterinaria. En la instancia, destacó que “hemos atendido 125 animales afectados que se suman a las 544 atenciones a lo largo de los seis días que llevamos en este centro, que está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde donde recibimos pacientes y donaciones que son tanto insumos médicos como alimentos que son distribuidos en las zonas que lo requieran”.

En este centro, ubicado en el Colegio Darío Salas de Quilpué, hay actualmente 26 gatos, 16 perros, con y sin dueño, una cabra y una gallina hospitalizados. La atención veterinaria ha sido un trabajo colaborativo entre instituciones públicas y privadas donde mediante la coordinación y levantamiento de necesidades, concurren profesionales de recintos públicos y privados a prestar ayuda.

Dentro de las atenciones realizadas, además de los veterinarios, también han participado estudiantes profesionales y técnicos quienes han llegado para aportar en esta labor. Distintos animales han sido atendidos con procedimientos ambulatorios y han quedado con citación a controles posteriores para continuar con su atención. Para inscribirse en esta labor o entrega de ayuda para los animales, se habilitó el teléfono +56944782011 a cargo del Colegio Médico Veterinario de Chile.

Unidad de Oncología del Hospital El Carmen realizó su primera inmunoterapia. Este tratamiento de alto costo fue posible gracias al financiamiento del Comité de Drogas de Alto Costo (DAC) de Fonasa.

Una paciente joven con un cáncer renal metastásico fue la usuaria beneficiada con la primera inmunoterapia que realizó la Unidad de Oncología del Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada.

Este tratamiento de alto costo fue posible gracias al financiamiento del Comité de Drogas de Alto Costo (DAC) de Fonasa y se administró una vez capacitado el equipo de Enfermería para tal fin.

El doctor Felipe Pinto, jefe de la Unidad de Oncología del HEC, explicó que antes de ser aceptada como beneficiaria de la terapia, la paciente debía cumplir, entre otros requisitos, con haber progresado a la intervención con drogas orales, es decir, que el tumor se haya hecho resistente a estos medicamentos, y padecer uno de los tumores que se benefician de la inmunoterapia.

“Dentro de los arsenales terapéuticos que tiene la oncología moderna, aparece desde 2010 en adelante la inmunoterapia, que ha cambiado el paradigma del tratamiento de varias enfermedades; una de ellas es el cáncer de riñón. Es un recurso fundamental para el desarrollo del hospital y para el beneficio de la paciente”, añadió el doctor Pinto.

La inmunoterapia se aplica cada dos o cuatro semanas, dependiendo de la dosis, y el equipo médico a cargo de la paciente realizará un control de seguimiento para evaluar cómo la paciente beneficiada va tolerando y aceptando este tratamiento.

A diferencia de las terapias tradicionales, la inmunoterapia se administra por vía periférica, no requiere catéter, es mucho mejor tolerada y, como toda terapia oncológica, presenta efectos adversos diferentes, aunque manejables, como dermatitis o una leve inflamación de la tiroides.

“Existe el paradigma que los pacientes que se afectan o tienen efectos adversos, en general, son los que más responden y a los que mejor les va. O sea, uno espera que tenga alguno de los efectos adversos, porque sabemos que a ese perfil de pacientes les va mejor con la terapia que a quienes lo toleran sin que les pase nada”, concluyó el doctor Felipe Pinto.

2 de febrero de 2024

Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana recibieron estos recursos a través de la línea de emergencia del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), que permitirán financiar señalizaciones, artículos de seguridad, arriendo de maquinarias y contratación de mano de obra.

5 de febrero de 2024. Durante la jornada de este lunes, los municipios de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana recibieron recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) por un monto de $820.109.417 que forma parte del Plan de Ayudas Tempranas del Gobierno con proyectos que permitan enfrentar la emergencia a raíz de los incendios forestales que están afectando a la Región de Valparaíso.

Estos recursos se entregan a través de la línea de emergencia del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) de la Subdere, que permitió postular a estos tres municipios a proyectos para enfrentar la catástrofe que afecta a estas comunas. Así, podrán financiar señalizaciones, adquisición de artículos de seguridad, arriendo de maquinarias, contratación de mano de obra y habilitación de estanques de agua.

Asimismo, este lunes se llevó a cabo un nuevo Comité del Plan de Ayudas Tempranas del Gobierno, encabezado por la Subsecretaría del Interior e integrado por la Subsecretaría de Servicios Sociales; el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED); Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; Subsecretaría de Agricultura; Subsecretaría de Economía; Subsecretaría de Hacienda; Subsecretaría de Obras Públicas; Subsecretaría del Trabajo; Subsecretaría de Vivienda; Subsecretaría de la Niñez; Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género y la Dirección de Presupuestos.

En la instancia, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que “en esta sesión hemos acordado un conjunto de ayudas que son indispensables en el marco de esta emergencia, como es el Bono de Recuperación para las familias afectadas que comenzará a pagarse este viernes; también un Bono de Acogida que es para las familias que perdieron su vivienda por esta catástrofe como también aquellas personas que son parte de campamentos catastrados por el Serviu; y además se ha instruido la entrega de viviendas de emergencia’’.

Asimismo, agregó que “también está la recuperación de infraestructura que está a cargo de la Subsecretaría de Obras Públicas que es la remoción de escombros. El Gobierno tiene contratadas 100 maquinarias para esta labor y se ha instruido duplicar esa cantidad para proceder al retiro de escombros, como también la tarea de identificar bienes públicos y problemas de conectividad para garantizar su funcionamiento durante el transcurso de los primeros 30 días’’.

Como parte de las medidas de ayudas tempranas, además de los recursos entregados a través de PMU, se realizarán operativos de atención veterinaria para mascotas y animales de compañía en todas las comunas afectadas por la catástrofe que serán financiados a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC) de Subdere en su línea de emergencia. Esta permite la contratación de profesionales del área veterinaria por un periodo de tres meses, incluyendo insumos veterinarios que permitan desarrollar estas atenciones, para reforzar los operativos. El monto máximo para postular por proyecto es de hasta $7.500.000 y los municipios ya pueden realizar este proceso.

Por unanimidad, la Sala aprobó en general el texto que propone una serie de medidas que fomentan la transparencia y la rendición de cuentas de todas las instituciones que reciban aportes públicos.

17 de enero de 2024: Hasta el jueves 25 de enero se recibirán indicaciones para el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales en materia de transparencia, fiscalización y probidad de las corporaciones municipales y organizaciones.

Esto, luego de que la Sala respaldara en general el texto que, entre otros, permite que la Contraloría General de la República fiscalice la gestión municipal, sus corporaciones y fundaciones y a las instituciones privadas, con o sin fines de lucro, que reciban aportes, subvenciones, traspasos directos, licitaciones o fondos públicos de cualquier tipo, de parte de Municipalidades, Gobiernos Regionales o, en general, del Estado.

Durante la sesión, la senadora Carmen Gloria Aravena destacó los alcances de la norma que incorpora un Plan de Integridad Municipal, con un responsable, con análisis de la unidad de control de los municipios, incluyendo auditorías externas, entre otros.

“Estos son los temas a los que debiéramos estar abocados, esto no tiene color político… El Estado tiene que modernizar su legislación, generar mayor control, y más normativas que permita a la Contraloría también hacer lo suyo”, remarcó.

El senador David Sandoval recalcó que “estamos hablando de recursos públicos que están destinados para atender los requerimientos y necesidades que tiene la población, muchas veces la más vulnerable”.

Detalló situaciones que han afectado desde el central al local, pasando por los gobiernos regionales. “La corrupción es un tema que, lamentablemente, está presente (…), pero resulta extraño este Plan de Integridad, este encargado, y reforzamiento (…) Hay que hacer esfuerzo mayor, para que se amplíe a otros, como una nueva ley orgánica municipal, incorporar cambios en los gobiernos regionales y mejorar niveles de control y el rol de la Contraloría”.

La subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, recordó que la medida se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Integridad Pública y puntualizó alguno de sus principales aspectos.