La Sala de Cámara aprobó en particular la iniciativa que busca prevenir la violencia contra las y los comunicadores.

Consagrar el deber estatal de promover la seguridad y protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, por medio de la creación de un estatuto especial. Ese es el objetivo del proyecto (boletín 14964) aprobado en particular por la Cámara y despachado al Senado.

La iniciativa se originó en una moción impulsada por la diputada Nathalie Castillo (PC). También la suscriben Alejandro Bernales (PL), Jorge Brito (RD), Karol Cariola (PC), Luis Cuello (PC), Claudia Mix (Comunes), Lorena Pizarro (PC), Daniela Serrano (PC), Hotuiti Teao (IND) y Nelson Venegas (PS).

La propuesta se aprobó en general en la Cámara, el pasado 31 de julio. Sin embargo, volvió a la Comisión de Cultura por ser objeto de indicaciones, las cuales se integraron al texto y, hoy, se respaldaron por la Sala.

Los cambios aprobados se refieren a algunos objetivos de la normativa. Lo primero refiere al ítem de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Al respecto, se agregó que dichos derechos sean reconocidos en tratados internacionales y que las libertades fundamentales sean consagradas en la Constitución.

Otro ítem enmendado es el relativo a derechos y deberes contemplados en esta ley que serán aplicables a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, independiente del régimen contractual al que se encuentren suscritos. En este plano, se agregó la frase “y del medio de comunicación en el cual se encuentren desarrollando sus funciones”.

Contenido

La iniciativa busca la protección de periodistas y comunicadores, al prevenir hechos de violencia en su contra, en razón de su labor comunicacional. Además, pretende proteger y garantizar su seguridad, libertad e integridad. Por otra parte, promueve medidas de investigación, sanción y reparación, entre otras.

El texto define lo que se entenderá por periodistas, restringiendo el término a quienes hayan obtenido un título universitario. En tanto, las/os trabajadoras/es de las comunicaciones son las personas cuya actividad principal es la recopilación, tratamiento y difusión de información al público. Esto, por cualquier medio de comunicación, tanto online como offline.

En esa línea, se incluye a reporteros/as, camarógrafos/as, fotógrafos/as, al personal de apoyo técnico, comunicadores sociales y comunitarios. También a choferes, intérpretes, revisores, traductores, editores, productores, difusores y distribuidores. Lo anterior, sin que signifique, necesariamente, que la persona cuente con un título profesional o equivalente. De igual modo, se incluye a estudiantes de periodismo en práctica profesional, como egresados de la carrera.

Agresiones

El concepto de agresión se define como cualquier acto que atente contra la vida, integridad física, psíquica y sexual de las y los periodistas y las personas trabajadoras de las comunicaciones en el ejercicio de su labor comunicacional.

Entre ellas, se consideran desapariciones forzadas, homicidios, secuestros, toma de rehenes, torturas y apremios ilegítimos. Igualmente, violencia física, intimidación, amenazas, detenciones ilegales y/o arbitrarias y ataques discriminatorios.

También, contempla la censura, violación de las comunicaciones, espionaje, vigilancia ilegal y toda forma de violencia sexual, entre otras, que puedan significar menoscabo.

En caso de que los hechos revistan carácter de delito, será competencia del Ministerio Público su investigación.

El Estado deberá prevenir las agresiones evaluando las amenazas surgidas en contextos sociohistóricos o en discursos que estigmaticen y criminalicen a periodistas y comunicadores.

Por otra parte, se propone no solo la protección de periodistas, sino también de sus familias cuando estén en riesgo. Asimismo, se define la obligación de resguardar a comunicadores que investigan el crimen organizado u otros temas de interés público. Paralelamente, se promueve la protección de trabajadores/as de las comunicaciones mujeres, diversidades y disidencias de sexo y de género.

Debate

El informe de la Comisión de Cultura estuvo a cargo de Viviana Delgado (IND). Luego, se pasó a la discusión del proyecto, donde expusieron las y los diputados Miguel Mellado (RN), Catalina Pérez (RD), Lorena Pizarro (PC), Ericka Ñanco (RD), Jorge Rathgeb (RN), Vlado Mirosevic (PL), Fernando Bórquez (IND), Jorge Brito (RD), Marisela Santibáñez (IND), Daniela Serrano (PC), Juan Carlos Beltrán (RN), Cristián Araya (PREP) y Gonzalo De la Carrera (IND).

En su mayoría y en forma transversal, señalaron que la protección de periodistas es necesaria por la labor que realizan en defensa de la la libertad de expresión y de información. Contribuyendo así a lograr una sociedad más democrática y justa. Pese a que se criticó la información hegemónica y parcial de consorcios periodísticos, se valoró el periodismo independiente que denuncia los conflictos de interés y corrupción.

Igualmente, se recordó a la comunicadora Francisca Sandoval, que recibió un disparo en la cabeza en 2022, cuando reporteaba el Día del Trabajador, falleciendo días después y que inspiró este proyecto. Del mismo modo, a Pepe Carrasco, asesinado en dictadura. Se suma lo ocurrido hace pocos días en la región de La Araucanía en una protesta de agricultores, donde un equipo de la Universidad Autónoma TV fue agredido por un funcionario policial y su camarógrafo detenido.

Por otra parte, agregaron que se protegerá a los comunicadores de la censura y se recordó el caso del periodista Mauricio Weibel, afectado por escuchas ilegales al investigar la corrupción en el Ejército. Por otra parte, se recordó que se garantizará el acceso a la información y documentos, también en momentos de conflicto interno o armado.

En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, destacó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registrará las denuncias de agresiones. Adicionalmente, que se eleva la protección de periodistas y comunicadores a los estándares internacionales de la Ley Marco de la Unesco.

Durante la votación, el diputado Stephan Schubert (PREP) anunció reserva de constitucionalidad respecto a la protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones mujeres, diversidades y disidencias de sexo y de género (Art. 14).

Junto a esta medida, las y los diputados también solicitaron al Gobierno que instruya el uso obligatorio de uniformes en la población penal.

A través de dos resoluciones, la Sala de la Cámara solicitó el Gobierno tomar medidas para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios.

En primer lugar, la resolución 985 establece la necesidad de erigir nuevos centros penitenciarios, así como ampliar y mejorar los ya existentes.

En el texto, se justifica que las últimas mediciones señalan que una de las principales preocupaciones de la ciudadanía es la seguridad pública. Y, frente a esto, agrega que Chile es el país de América Latina en que más ha aumentado la percepción de la delincuencia.

Sin embargo, en la iniciativa también se reconoce la crisis carcelaria que afecta a los centros penitenciaros. Por ello, a raíz de la falta de dignidad de las y los reclusos, los jueces de garantía tienen incentivos para autorizar medidas de cumplimiento alternativo.

Frente a aquello, en la resolución se plantea como imperativo que el sistema penitenciario modernice su infraestructura. Para esto, es necesario que se destinen recursos para contar con más y mejores centros penitenciarios.

La resolución, respaldada por 135 votos a favor y una abstención, fue promovida por los diputados del Comité del Partido Republicano, Benjamín Moreno, Cristián Araya, Juan Irarrázaval, Harry Jürgensen, José Carlos Meza, Mauricio Ojeda, Agustín Romero, Luis Sánchez, Stephan Schubert y Cristóbal Urruticoechea.

Uniformes en centros penitenciarios

En la misma jornada, la Sala aprobó la resolución 984, que solicita establecer el uso de uniformes para la población penal. En su contenido, argumenta que es preocupante el número de incautaciones de drogas, armas y celulares en los centros penitenciarios. Igualmente, que desde los mismos recintos se sigan planificando y cometiendo delitos.

Frente a lo expuesto, en la resolución se plantea que una forma de contribuir para crear un mejor clima al interior de los recintos penitenciarios es obligar a las y los internos a llevar uniforme.

Esta medida ofrecería la ventaja de crear un clima de igualdad, disciplina y respeto a la ley dentro de los recintos. Además, evitaría que se cree en torno a la vestimenta una categorización de los internos. También evitaría que ciertos internos sean víctimas de otros por motivo de sus vestimentas. Con esto, se podría prevenir que las mafias carcelarias abusen del resto de la población penal.

La iniciativa, aprobada por 89 votos a favor, 26 en contra y 22 abstenciones, la presentaron la y los diputados del Comité del Partido Republicano, Cristián Araya, Chiara Barchiesi, Harry Jürgensen, Johannes Kaiser, José Carlos Meza, Mauricio Ojeda, Agustín Romero, Luis Sánchez, Stephan Schubert y Cristóbal Urruticoechea.

Febrero 15, 2024.

Subdere entrega recursos al municipio de Quilpué. El financiamiento, por un monto de $8.900.000, proviene del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC) a través del Plan Médico Veterinario de Emergencia. Además, autoridades visitaron el Centro de Atención Veterinaria de Quilpué.

13 de febrero de 2024. En el marco de los incendios que afectan a distintas comunas de la Región de Valparaíso, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) entregó $8.900.000 a la Municipalidad de Quilpué para realizar operativos de atención veterinaria a animales afectados por la catástrofe. Este financiamiento proviene del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC) a través del Plan Médico Veterinario de Emergencia.

La subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales, se trasladó durante la jornada de este martes hasta el Centro de Atención Veterinaria de Quilpué, en compañía de la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández; y el delegado presidencial provincial Fidel Cueto, recinto donde se está trabajando con la colaboración del Ejército de Chile, el SAG, Colmevet y Senapred, además del municipio.

“Cuando recorríamos las zonas afectadas, las personas nos decían que también estaban preocupadas por sus animales. Lo que ha hecho acá el Ejército junto a veterinarios voluntarios y distintas organizaciones es un trabajo espectacular. Esta es la segunda visita que hacemos a este centro para ver cómo va la atención veterinaria”, destacó la ministra Maya Fernández.

Por su parte, la subsecretaria Francisca Perales señaló que “el día de hoy se activó un fondo de emergencia de atención veterinaria a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía de la Subdere al municipio de Quilpué que va a permitir darle continuidad al funcionamiento de este hospital de campaña, contratando directamente a un médico veterinario para apoyar a las demás organizaciones presentes acá y por otra parte ampliar las atenciones veterinarias que se van a desarrollar en el marco de la emergencia durante las próximas semanas”.

Este centro está a cargo de la Capitán de Ejército de la División de Salud, Javiera Farías, quien es Oficial de Veterinaria. En la instancia, destacó que “hemos atendido 125 animales afectados que se suman a las 544 atenciones a lo largo de los seis días que llevamos en este centro, que está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde donde recibimos pacientes y donaciones que son tanto insumos médicos como alimentos que son distribuidos en las zonas que lo requieran”.

En este centro, ubicado en el Colegio Darío Salas de Quilpué, hay actualmente 26 gatos, 16 perros, con y sin dueño, una cabra y una gallina hospitalizados. La atención veterinaria ha sido un trabajo colaborativo entre instituciones públicas y privadas donde mediante la coordinación y levantamiento de necesidades, concurren profesionales de recintos públicos y privados a prestar ayuda.

Dentro de las atenciones realizadas, además de los veterinarios, también han participado estudiantes profesionales y técnicos quienes han llegado para aportar en esta labor. Distintos animales han sido atendidos con procedimientos ambulatorios y han quedado con citación a controles posteriores para continuar con su atención. Para inscribirse en esta labor o entrega de ayuda para los animales, se habilitó el teléfono +56944782011 a cargo del Colegio Médico Veterinario de Chile.

Unidad de Oncología del Hospital El Carmen realizó su primera inmunoterapia. Este tratamiento de alto costo fue posible gracias al financiamiento del Comité de Drogas de Alto Costo (DAC) de Fonasa.

Una paciente joven con un cáncer renal metastásico fue la usuaria beneficiada con la primera inmunoterapia que realizó la Unidad de Oncología del Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada.

Este tratamiento de alto costo fue posible gracias al financiamiento del Comité de Drogas de Alto Costo (DAC) de Fonasa y se administró una vez capacitado el equipo de Enfermería para tal fin.

El doctor Felipe Pinto, jefe de la Unidad de Oncología del HEC, explicó que antes de ser aceptada como beneficiaria de la terapia, la paciente debía cumplir, entre otros requisitos, con haber progresado a la intervención con drogas orales, es decir, que el tumor se haya hecho resistente a estos medicamentos, y padecer uno de los tumores que se benefician de la inmunoterapia.

“Dentro de los arsenales terapéuticos que tiene la oncología moderna, aparece desde 2010 en adelante la inmunoterapia, que ha cambiado el paradigma del tratamiento de varias enfermedades; una de ellas es el cáncer de riñón. Es un recurso fundamental para el desarrollo del hospital y para el beneficio de la paciente”, añadió el doctor Pinto.

La inmunoterapia se aplica cada dos o cuatro semanas, dependiendo de la dosis, y el equipo médico a cargo de la paciente realizará un control de seguimiento para evaluar cómo la paciente beneficiada va tolerando y aceptando este tratamiento.

A diferencia de las terapias tradicionales, la inmunoterapia se administra por vía periférica, no requiere catéter, es mucho mejor tolerada y, como toda terapia oncológica, presenta efectos adversos diferentes, aunque manejables, como dermatitis o una leve inflamación de la tiroides.

“Existe el paradigma que los pacientes que se afectan o tienen efectos adversos, en general, son los que más responden y a los que mejor les va. O sea, uno espera que tenga alguno de los efectos adversos, porque sabemos que a ese perfil de pacientes les va mejor con la terapia que a quienes lo toleran sin que les pase nada”, concluyó el doctor Felipe Pinto.

2 de febrero de 2024

Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana recibieron estos recursos a través de la línea de emergencia del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), que permitirán financiar señalizaciones, artículos de seguridad, arriendo de maquinarias y contratación de mano de obra.

5 de febrero de 2024. Durante la jornada de este lunes, los municipios de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana recibieron recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) por un monto de $820.109.417 que forma parte del Plan de Ayudas Tempranas del Gobierno con proyectos que permitan enfrentar la emergencia a raíz de los incendios forestales que están afectando a la Región de Valparaíso.

Estos recursos se entregan a través de la línea de emergencia del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) de la Subdere, que permitió postular a estos tres municipios a proyectos para enfrentar la catástrofe que afecta a estas comunas. Así, podrán financiar señalizaciones, adquisición de artículos de seguridad, arriendo de maquinarias, contratación de mano de obra y habilitación de estanques de agua.

Asimismo, este lunes se llevó a cabo un nuevo Comité del Plan de Ayudas Tempranas del Gobierno, encabezado por la Subsecretaría del Interior e integrado por la Subsecretaría de Servicios Sociales; el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED); Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; Subsecretaría de Agricultura; Subsecretaría de Economía; Subsecretaría de Hacienda; Subsecretaría de Obras Públicas; Subsecretaría del Trabajo; Subsecretaría de Vivienda; Subsecretaría de la Niñez; Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género y la Dirección de Presupuestos.

En la instancia, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que “en esta sesión hemos acordado un conjunto de ayudas que son indispensables en el marco de esta emergencia, como es el Bono de Recuperación para las familias afectadas que comenzará a pagarse este viernes; también un Bono de Acogida que es para las familias que perdieron su vivienda por esta catástrofe como también aquellas personas que son parte de campamentos catastrados por el Serviu; y además se ha instruido la entrega de viviendas de emergencia’’.

Asimismo, agregó que “también está la recuperación de infraestructura que está a cargo de la Subsecretaría de Obras Públicas que es la remoción de escombros. El Gobierno tiene contratadas 100 maquinarias para esta labor y se ha instruido duplicar esa cantidad para proceder al retiro de escombros, como también la tarea de identificar bienes públicos y problemas de conectividad para garantizar su funcionamiento durante el transcurso de los primeros 30 días’’.

Como parte de las medidas de ayudas tempranas, además de los recursos entregados a través de PMU, se realizarán operativos de atención veterinaria para mascotas y animales de compañía en todas las comunas afectadas por la catástrofe que serán financiados a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC) de Subdere en su línea de emergencia. Esta permite la contratación de profesionales del área veterinaria por un periodo de tres meses, incluyendo insumos veterinarios que permitan desarrollar estas atenciones, para reforzar los operativos. El monto máximo para postular por proyecto es de hasta $7.500.000 y los municipios ya pueden realizar este proceso.

Por unanimidad, la Sala aprobó en general el texto que propone una serie de medidas que fomentan la transparencia y la rendición de cuentas de todas las instituciones que reciban aportes públicos.

17 de enero de 2024: Hasta el jueves 25 de enero se recibirán indicaciones para el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales en materia de transparencia, fiscalización y probidad de las corporaciones municipales y organizaciones.

Esto, luego de que la Sala respaldara en general el texto que, entre otros, permite que la Contraloría General de la República fiscalice la gestión municipal, sus corporaciones y fundaciones y a las instituciones privadas, con o sin fines de lucro, que reciban aportes, subvenciones, traspasos directos, licitaciones o fondos públicos de cualquier tipo, de parte de Municipalidades, Gobiernos Regionales o, en general, del Estado.

Durante la sesión, la senadora Carmen Gloria Aravena destacó los alcances de la norma que incorpora un Plan de Integridad Municipal, con un responsable, con análisis de la unidad de control de los municipios, incluyendo auditorías externas, entre otros.

“Estos son los temas a los que debiéramos estar abocados, esto no tiene color político… El Estado tiene que modernizar su legislación, generar mayor control, y más normativas que permita a la Contraloría también hacer lo suyo”, remarcó.

El senador David Sandoval recalcó que “estamos hablando de recursos públicos que están destinados para atender los requerimientos y necesidades que tiene la población, muchas veces la más vulnerable”.

Detalló situaciones que han afectado desde el central al local, pasando por los gobiernos regionales. “La corrupción es un tema que, lamentablemente, está presente (…), pero resulta extraño este Plan de Integridad, este encargado, y reforzamiento (…) Hay que hacer esfuerzo mayor, para que se amplíe a otros, como una nueva ley orgánica municipal, incorporar cambios en los gobiernos regionales y mejorar niveles de control y el rol de la Contraloría”.

La subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, recordó que la medida se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Integridad Pública y puntualizó alguno de sus principales aspectos.

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) estrenará la última semana de diciembre el teaser de la serie audiovisual “Huellas y Memorias. Culturas indígenas de Chile”. La serie, que se estrenará durante el 2024, tiene como objetivo principal reconocer y dar a conocer la riqueza de las culturas indígenas de Chile.

El teaser, dirigido por el documentalista nacional Guido Brevis, se centra en la cultura mapuche. Donde se podrán ver entrevistas a destacados agentes culturales mapuche, quienes comparten sus conocimientos y experiencias.

La serie “Huellas y Memorias. Culturas indígenas de Chile” contará con la participación de agentes culturales de los 11 pueblos originarios reconocidos por el Estado de Chile. Se espera que la serie tenga un impacto positivo en la sociedad chilena, contribuyendo a la construcción de una visión más inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural del país.

Objetivos de la serie

La serie documental “Huellas y Memorias. Culturas indígenas de Chile” tiene como propósito principal reconocer y dar a conocer la riqueza de las culturas indígenas en Chile. Esta riqueza, muchas veces ignorada socialmente, es fundamental para entender la historia y la cultura de nuestro país.

La serie, dirigida a público en general, pero también distinguiendo a los propios pueblos indígenas como un público relevante, pretende entregar la información fundamental sobre la formación cultural de cada pueblo y sus expresiones. El formato de serie permite seguir un estándar de contenidos y difusión en el tiempo, como un proceso donde el público finalmente contará con este material, no sólo con un estándar audiovisual adecuado, sino de contenidos mínimos necesarios que se compartirán.

Diversidad de los pueblos originarios

La serie abordará la diversidad de los pueblos originarios de Chile a través de la participación de agentes culturales, artistas y gestores de cada pueblo y territorio. En la serie se podrá ver a representantes de los pueblos Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Likan Antay, Quechua, Diaguita, Colla, Pehuenche, Kawésqar, Selk’nam y Yagán, compartiendo sus conocimientos y tradiciones.

Proceso de producción

La serie se basa en un proceso de investigación riguroso, que incluye fuentes secundarias y el trabajo de campo. El equipo de producción ha realizado una extensa investigación sobre las culturas indígenas de Chile, visitando comunidades de todo el país.

Impacto esperado

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) Nacional, a través de su Unidad de Cultura y Educación, está impulsando la serie audiovisual “Huellas y Memorias. Culturas indígenas de Chile”. La serie, que se estrenará en 2024, busca contribuir al reconocimiento y la valoración de las culturas indígenas de Chile.

El director de la serie, Guido Brevis, expresó su expectativa de que la serie tenga un impacto positivo en la sociedad chilena. “Esperamos que los contenidos y la forma de tratarlos aporten a la visión de las personas, tanto público en general, como a las propias personas que pertenecen a los pueblos, entregando una amplitud de visión para la valoración de lo que somos como sociedad, el reconocernos en nuestras diversidades y sobre todo en el fundamental aporte y presencia permanente de los pueblos indígenas en nuestras propias vidas”, afirmó.

La serie abordará la diversidad de los 11 pueblos originarios reconocidos por el Estado de Chile. Contará con la participación de agentes culturales, artistas y gestores de cada pueblo y territorio. Se espera que la serie tenga un impacto en la sociedad chilena, contribuyendo a la construcción de una visión más inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural del país.

Ante la gravedad de los hechos que derivaron en la muerte de un niño de 5 años producto de una balacera en la comuna de Padre Hurtado, como Asociación Chilena de Municipalidades, declaramos lo siguiente:

1.Nos conmueve e indigna este cruel y alevoso crimen, este dolor e indignación nos exige actuar de manera conjunta y sin vacilaciones para enfrentar con total firmeza a la delincuencia en todas sus formas. Enviamos nuestras sentidas condolencias a la familia del niño vilmente asesinado. Nos duele profundamente este hecho. Se trunca una vida inocente con todo el futuro por delante. Esto no se puede repetir, no lo podemos tolerar.

2. Los alcaldes y alcaldesas de Chile demandamos del Estado una acción ágil, eficiente y decidida, para detener a los culpables y que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Pedimos las máximas condenas que nuestra legislación contempla para los responsables.

3. Los alcaldes y alcaldesas, en conjunto con nuestros vecinos y comunidades, diariamente hacemos esfuerzos, con las herramientas que nos entrega la legislación vigente, dentro del estado de derecho, para desplegar acciones que apunten a la prevención del delito. Y, aunque los municipios no contamos con facultades para perseguir los delitos, ejercemos acciones concretas, destinamos presupuesto y articulamos a diversas instituciones para enfrentar el delito.

4. Por ellos es que exigimos a los poderes que tienen facultades persecutorias acciones concretas que den cuenta de la gravedad de los hechos que estamos viviendo. Que esta irremediable pérdida sea la gota que colma el vaso. Nuestros vecinos así lo exigen y no podemos sino acompañar esa demanda por justicia y por el derecho a vivir en un ambiente seguro.

5. Hacemos un llamado a redoblar esfuerzos y que más allá de cualquier diferencia nos unamos para enfrentar a la delincuencia, al narcotráfico, al crimen organizado, es un deber ineludible con nuestro país, con nuestra gente y con nuestra historia.

Asociación Chilena de Municipalidades

Más de 150 municipalidades poseen sistema de detección oportuna de robo y recuperación de vehículos motorizados

En el marco del convenio de colaboración entre la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Asociación de Aseguradores de Chile A.G (AACH), destinado a la prevención y detección oportuna de delitos relacionados al robo y la recuperación de vehículos motorizados, el alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, se reunió con Diego Rojas, Gerente de Prevención de Robos, para conversar sobre el impacto positivo de la iniciativa y recibir nuevo equipamiento para la comuna.

Sobre la instancia el alcalde Ferreira dijo que “es un tremendo convenio  que aporta al trabajo que realiza la ACHM, me parece muy bueno lo que se está haciendo en materia de seguridad pública, donde por cierto, siempre se puede hacer más” agregando “Esto es parte del trabajo asociativo, de la mancomunión entre los municipios de Chile, para seguir avanzando en nuestras comunas”.

El jefe comunal de Alto Hospicio, indicó

Todo está en marcha para que se realice el Plebiscito Constitucional donde  la ciudadanía  señalara si esta A FAVOR o  EN CONTRA de la propuesta definida por 49 integrantes que conformaron finalmente el Consejo Constitucional (Uno debió renunciar) y que fue presentada al presidente de la República, Gabriel Boric, quien firmó el respectivo decreto para que se lleve a efecto el proceso final que definirá la ciudadanía con derecho a sufragio, en este caso con un A FAVOR  o en CONTRA marcando una raya vertical frente a la opción que estará en la cédula única que recibirá cada persona que concurra a sufragar.

El domingo 17 de diciembre, a 8 días de la Navidad, en pleno ambiente pascuero, se llevará a efecto el plebiscito constitucional que definirá si sigue la actual Constitución del ´80 con modificaciones o habrá una nueva, para algunos más rígida y para otro con más beneficios, pero la gran comunidad sigue olvidada.

Este será una definición histórica de un tema fundamental que definirán más de 15 millones de chilenos con derecho a voto el 17 de diciembre de 2023.

216 artículos, 17 capítulos, 62 disposiciones transitorias, casi el doble de páginas de la propuesta anterior que fue rechazada en septiembre del año pasado, tiene la propuesta de una nueva Carta Magna que deberán definir 15 millones de chilenos, y en el caso de Maipú 397.158  ciudadanos habilitados para sufragar el 17 de diciembre.

PROPUESTA-DE-NUEVA-CONSTITUCION-POLITICA-DE-LA-REPUBLICA