La resolución se basa en la actual imposibilidad de estas organizaciones a postular a subsidios como el de mejoramiento del entorno y equipamiento comunitario.

Por la
unanimidad de 145 votos a favor, se aprobó la resolución 108, que solicita al
Presidente de la República, a través del Ministerio de Vivienda, permitir a las
organizaciones sociales, deportivas y religiosas, postular a subsidios de
mejoramiento y ampliación de sus sedes.

La petición se fundamenta en la imposibilidad actual de las citadas
organizaciones a postular a subsidios como el de mejoramiento del entorno y
equipamiento comunitario que comprende realizar obras de iluminación,
construcción y multicanchas, entre otras.

El subsidio de mejoramiento de la vivienda posibilita interrumpir el deterioro
producto del paso del tiempo, reparar techos y ventanas e instalar paneles
solares que ayuden a la eficiencia energética.

En tanto, el subsidio de ampliación de la vivienda permite construir nuevas
habitaciones o mejorar los espacios ya existentes.

La iniciativa fue presentada por los diputados PS Jaime Naranjo; Evópoli
Luciano Cruz-Coke y Francisco Undurraga; FRVS Alejandra Sepúlveda; PRSD José Pérez; RN Karin Luck; DC Matías Walker; UDI Ramón Barros; RD Jorge Brito; y PPD Carolina Marzán.

Publicado el 02
de agosto del 2018

Durante seis meses, los grandes comercios podrán entregar solo dos bolsas, y después de ese plazo, la prohibición será total.

Con su publicación en el Diario
Oficial, hoy comenzó a regir la ley Nº 21.100 que prohíbe la entrega de
bolsas plásticas en el comercio de todo el territorio nacional y que fue
presentada por el Gobierno de Sebastián Piñera.

La normativa tendrá un tiempo de
adaptación de seis meses para los comercios grandes y de dos años para las
Pymes y comercios pequeños. Después de ese periodo, la entrega de bolsas deberá
ser nula.

Mientras se dan los plazos, los
comercios podrán entregar un máximo de dos bolsas plásticas por cliente.

El incumplimiento, que deberá ser
fiscalizado por las municipalidades, será sancionado con una multa en beneficio
municipal de hasta 5 UTM (más de $230.000) por cada bolsa plástica entregada.

El Presidente Piñera, acompañado
por la ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, celebraron la publicación
de la nueva ley con un punto de prensa en Paseo Ahumada; entregando bolsas de
género a las personas y aplaudiendo el hecho de que Chile se convierte en el
primer país de Latinoamérica en implementar esta prohibición en todo el
territorio nacional.

El Ministerio busca ampliar la capacidad de detección
de los llamados “loteos brujos”, a través de un programa que trabaja en conjunto
con las municipalidades de todo Chile y que tendrá un sitio para realizar las
denuncias.

Con el objetivo
de poner fin a los abusos y engaños que sufren centenares de familias en el
país, el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, en conjunto con la
subsecretaria de la cartera, Alejandra Bravo, la Seremi Magaly Romero, la
Asociación Chilena de Municipalidades (Achm), la Asociación de Municipalidades
de Chile (Amuch), la Asociación de Municipalidades Rurales (AMUR) y la
Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros, lanzó el programa No Más
Loteos Irregulares.

“Decidimos
declararle la guerra a los loteos irregulares. Que quede claro: no se
regularizarán más terrenos provenientes de loteos irregulares. Después del
convenio que firmamos con las 345 autoridades municipales en junio, hemos
recibido muchos casos de personas preocupadas por este tema”, señaló el
ministro Felipe Ward.

La iniciativa
busca acabar con los llamados “loteos brujos”, involucrando a la ciudadanía,
llamándolos a denunciar este ilícito a través de un canal virtual habilitado en
la página web del ministerio. 

“Los loteos
irregulares son una mafia y vamos a seguir dando la pelea contra este ilícito.
Este un tema social que nos afecta a todos”, recalcó el secretario de Estado.

Para el
vicepresidente de la Amur, el alcalde de Paine, Diego Vergara, el trabajo que
hoy hace el ministro Ward es relevante para dar término a un negocio que engaña
a miles de personas. “Detrás de los loteos brujos no hay nada más que una
estafa. El Ministerio de Bienes Nacionales siempre fue la puerta abierta para
los loteadores, pero hoy este ministerio toma las riendas del tema. Nunca
pensamos que íbamos a llegar a este resultado. Nosotros tenemos un catastro
detallado que entregaremos en las próximas semanas al ministro Ward para seguir
avanzando y terminar con estos loteos irregulares a nivel país”, aseguró la
autoridad.

En la misma
línea, la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, aseguró que “hoy
estamos diciendo a los loteadores irregulares que se encontraron con un
ministerio que no permitirá más esta práctica y llamamos a las familias a no
creer en estas ventas de sitios, que son más económicos, para instalar sus
viviendas,  ya que en definitiva les están entregando derechos de un territorio
mayor, pero no un Título de Dominio, que es lo que les da la seguridad absoluta
de que son propietarios”.

En la Región
Metropolitana, hay más de 600 loteos irregulares y a nivel nacional.
Actualmente el ministerio trabaja en renovar el catastro para dimensionar la
profundidad del problema.

La venta de
loteos irregulares constituye un ilícito sancionado con una pena que puede
llegar hasta los 10 años de presidio.

Los legisladores afirmaron que su propósito es que, la obligación de cotizar sobre el 10% del total de las remuneraciones, se haga efectiva solo una vez que se efectúe una reforma al sistema previsional.

Por 80 votos a favor, 53 en contra y 14
abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 65 que
solicita al Presidente de la República y al Ministro del Trabajo, el envío de
un proyecto que modifique la Ley 20.255, que estableció la Reforma Previsional,
de manera que la obligación de cotizar que se impone desde 2018 a los trabajadores
independientes, se aplace por tres años más.

Los autores de la iniciativa- diputados Karim Bianchi (IND); los
PH Florcita Alarcón y Tomás Hirsch; los RD Maite Orsini y Gonzalo
Winter; los PS Patricio Rosas y Leonardo Soto; los PR Marcela Hernando y Cosme Mellado; y el DC Gabriel
Ascencio- afirman que su propósito es que, la mencionada obligación de cotizar
sobre el 10% del total de sus remuneraciones, se haga efectiva solo una vez que
se efectúe una reforma al sistema previsional.

El proyecto cita un estudio de la biblioteca del Congreso Nacional del año 2016
que cifra en 273.633 los trabajadores a honorarios, sumando los del sector
público, municipal y privado.

Dichos trabajadores tienen una alta inestabilidad laboral y carecen de una
serie de derechos que sí poseen los de planta o con contrato definido. Además,
muchas veces son empleados por el Estado de manera abusiva lo que, sin duda,
constituye una precarización de sus labores.

En ese marco, la resolución concluye la necesidad de plantear una nueva
postergación de la mencionada obligación de cotizar, mientras no se cuente con
una reforma al sistema de pensiones que garantice justicia y equidad, puesto
que esta imposición solo contribuirá a incrementar las utilidades de las
AFP. 

Publicado el 15 de junio del 2018