Felipe Delpin, Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), dijo que: “Aprobar esta iniciativa de esta manera es una condena a la quiebra de cientos de municipios a lo largo y ancho de Chile, ya que la gran mayoría, con los recursos propios, solo cubre el gasto corriente, y muchas veces, con sus cuentas mensuales en saldo negativo”.

Con preocupación
ven las Municipalidades de Chile el avance del proyecto de pago de facturas a
30 días que se encuentra en tramitación en el parlamento, situación ante la
cual el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), y
Alcalde de La Granja, Felipe Delpin, realizó un llamado al gobierno del
Presidente Sebastián Piñera a reponer la indicación que eximía a los gobiernos
locales de este proceso cuando los pagos de los municipios correspondan a
iniciativas financiadas con recursos externos.

“Esta situación
ha generado una profunda preocupación en el mundo municipal, toda vez que,
producto de una indicación del Ejecutivo, se rechazó eximir a las
municipalidades de la implementación de esta ley cuando se trata de pagos con
fondos externos o sectoriales -no propiamente municipales- para la cancelación
de facturas”, señaló Delpin.

La AChM,
organización que reúne a la mayoría de los municipios del país, agregó que:
“Aprobar esta iniciativa de esta manera es una condena a la quiebra de cientos
de municipios a lo largo y ancho de Chile, ya que la gran mayoría, con los
recursos propios, solo cubre el gasto corriente, y muchas veces, con sus
cuentas mensuales en saldo negativo. Hay que recordar que más del 80% de los
recursos que hoy maneja un municipio provienen de fondos externos”.

“Dada la
estructura y normativa de financiamiento municipal vigente en nuestro país, la
capacidad de gestión de recursos propios es limitada, y la alternativa de
financiamiento para el diseño, desarrollo y ejecución de proyectos de inversión
depende en su mayoría de las transferencias que realizan una multiplicidad de
actores (Ministerios, Servicios, Gobiernos Regionales, etc), en ciclos, montos,
condiciones, procesos y tiempos distintos. El manejo de estas transferencias no
dependen en lo absoluto de los gobiernos locales, por lo que, traspasar la
responsabilidad de sus pagos a los municipios, significa someterlos a una
situación de asfixia económica, en muchos casos, letal”, señaló Felipe Delpin.

“La Asociación
Chilena de Municipalidades (AChM), llama al Gobierno y al Senado de la
República, a reponer la indicción que exime a las municipalidades del pago de
facturas en un plazo de 30 días cuando se trate de fondos de un origen distinto
al municipal, y de paso, abogar para que se establezca la obligación de parte
de los organismo del Estado de dar cumplimiento oportuno y puntual a sus
obligaciones cuando se trate de la transferencia de recursos hacia los
municipios, y así éstos puedan cumplir los compromisos de pago con los
proveedores de bienes y servicios a tiempo”, puntualizó la AChM.

“El miércoles 22
de agosto, la Cámara de Diputados despachó el proyecto que obliga a las
empresas a pagar a las Pymes sus facturas en un plazo no mayor a 30 días. Dicha
iniciativa pasa ahora a tercer trámite constitucional, debiendo ser votada en
el Senado, instancia en la cual esperamos que los municipios de Chile puedan
ser escuchados”, finalizó Delpin.

A la instancia, que evalúa el eventual notable abandono de deberes incurrido por los altos magistrados de la Corte Suprema, concurrió, además, el abogado Arturo Fermandois.

Hasta
la Comisión que investiga el libelo acusatorio presentado en contra de los
ministros de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, Manuel
Valderrama y Carlos Kunsemuller, por notable abandono de deberes, concurrieron
Lorena Pizarro y Alicia Lira, presidentas de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos, respectivamente.

Ante los cinco miembros que integran la instancia, ambas manifestaron su apoyo
a la acusación contra los jueces supremos y llamaron a poner freno a la
impunidad.

“El incumplimiento por olvido de deberes de la Corte Suprema nos hace pensar
que existe hoy la posibilidad de poder fin a la impunidad (…). Los jueces se
han olvidado de la promoción de la defensa de los derechos humanos y de
conservar la norma internacional”, señaló Lorena Pizarro.

Al mismo tiempo, resaltó que es obligación de los legisladores aprobar la
acusación, ya que la no aprobación contravendría el derecho internacional
humanitario.

Por su parte, Alicia Lira reiteró que la validez de la acusación constitucional
tiene un importante sustento en los tratados internacionales en este ámbito.

“Nos quieren llevar a una reconciliación forzada, no pensando en las víctimas,
ni en los familiares, ni en la sociedad. (…). Este no es un problema personal
con los jueces, sino contra sus fallos, ellos no han pensado en las víctimas.
Acá han pasado por arriba de los tratados internacionales en derechos humanos”,
expresó.

En tanto, el abogado Arturo Fermandois señaló, entre varios puntos, que la
Corte Suprema no está obligada a aplicar cualquier tratado internacional y
llamó a los parlamentarios a adecuar la legislación a dicha aplicabilidad.

Reacciones

El presidente de la instancia, diputado Leonardo Soto (PS), valoró las intervenciones, ya que,
aseguró, son muy relevantes para el contexto de fondo de la Comisión. “Esto
tiene que ver con que la justicia chilena no está cumpliendo los estándares
internacionales cuando se trata de condenados por violación a los derechos
humanos”, acotó.

En tanto, el diputado Renzo Trisotti (UDI) afirmó que la Comisión ha podido
escuchar a distintos profesores con opiniones diversas, lo que lleva a la
conclusión de que, en el fundamento de la acusación constitucional, no existe
una opinión unánime de la doctrina.

La instancia continuará su ciclo de audiencias, mientras se encuentra a la
espera de recibir la defensa por parte de los jueces acusados.

Publicado el 03 de septiembre del 2018

La resolución, presentada por un grupo transversal de legisladores, propone, además, iniciar un proceso de consulta a la comunidad, tanto respecto de la relevancia del proyecto de un tren rápido, como para conocer sugerencias en relación a su trazado y condiciones, con el fin de asegurar el compromiso de las personas al éxito de la iniciativa.

Adoptar todas las medidas tendientes a la
más pronta licitación y puesta en marcha de un tren rápido entre las regiones
de Valparaíso y Metropolitana es lo que pide al Gobierno la resolución 140
aprobada por la Sala de la Cámara de Diputados.

El documento, ratificado por 95 votos a favor, 39 en contra y 10 abstenciones,
propone, también, un pronunciamiento claro acerca del procedimiento para
autorizar el proyecto, debido a las dudas respecto a la colisión de
competencias entre los ministerios de Transportes y de Obras Públicas, de modo
que antes de iniciarse el proceso de autorización estén despejadas todas las
eventuales trabas burocráticas que pudieran demorar la iniciativa o incluso
desincentivar las inversiones necesarias.

Por otro lado, plantea a las autoridades regionales correspondientes que
inicien un proceso de consulta a la comunidad, tanto respecto de la relevancia
del proyecto de un tren rápido como para conocer sugerencias en relación a su
trazado y condiciones con el fin de asegurar el compromiso de las personas al
éxito de la iniciativa.

La resolución fue presentada a la Cámara por los diputados Jorge Sabag (DC), Víctor Torres (DC), Marcelo Díaz (PS), Jaime Bellolio (UDI), Daniel Verdessi (DC), Francisco
Undurraga (EVOP), Andrés Longton (RN), Guillermo Teillier (PC) y Gabriel Silber (DC).

Publicado el 31 de agosto del 2018.

La
propuesta legal se divide en dos grandes bloques: medidas pro crecimiento y
normas que apuntan directamente a modernizar y simplificar el sistema
tributario y a introducir mayor seguridad jurídica. Como regla general, se
plantea que las disposiciones comiencen a regir el 1 de enero de 2019.

Equidad y justicia en la distribución de
los tributos; simplicidad de las normas y procesos tributarios; y certeza y
seguridad jurídica son tres de los seis principios rectores del proyecto
ingresado hoy por el Gobierno a la Cámara de Diputados que busca impulsar una
modernización del sistema tributario chileno, particularmente en aras de
avanzar hacia el desarrollo del país (boletín 12043).
La iniciativa se divide en dos grandes bloques, siendo el primero de ellos el
referente a las medidas pro crecimiento y que apuntan, en particular, a
impulsar la inversión. Específicamente, en este ámbito se considera concretar
un régimen transitorio de depreciación instantánea equivalente al 50% de la
inversión realizada en activos fijos nuevos o importados (incluyendo
inversiones en obras y construcciones), una vez que se inicie su utilización.

En función de este régimen, que se extenderá por dos años, las empresas podrán
depreciar instantáneamente el 50% de la inversión realizada en nuevos proyectos
que se inicien durante dicho período, y de forma acelerada el restante 50% de
la inversión.

En la misma línea, pero además teniendo en cuenta las circunstancias económicas
y sociales por la que atraviesa la región de la Araucanía, este proyecto de ley
establece un incentivo a la inversión específico para esta región, consistente
en un régimen de depreciación instantánea por el total de las nuevas inversiones
realizadas en dicha región durante los próximos dos años, en activos fijos
nuevos o importados (incluyendo inversiones en obras y construcciones).

Por último, se considera mantener la depreciación semi-instantánea (1/10 de
vida útil) que existe para todos los contribuyentes que obtienen ingresos
anuales iguales o menores a UF100.000.

Otra medida en este ámbito es la extensión de la rebaja de crédito fiscal IVA
que actualmente tienen las viviendas de un valor de hasta UF 2.000, equivalente
al 65% del IVA, para permitir que viviendas de hasta un valor de UF 4.000
puedan también usar el crédito especial de IVA, pero por un monto equivalente
al 45% de dicho IVA.

Asimismo, se incorporan modificaciones en leyes que establecen franquicias
tributarias de contribuyentes en zonas extremas, ampliando sus beneficios hasta
el año 2035; se modernizan procedimientos de solicitud de devolución del IVA; y
se definen medidas que buscan generar mejores condiciones para la adquisición
de activos fijos por parte de las empresas.

Perfeccionamiento al sistema tributario

Un segundo bloque de normas apuntan directamente a modernizar y simplificar el
sistema tributario y a introducir mayor seguridad jurídica.

En este marco se propone un sistema tributario único integrado con tributación
de las personas en base a retiros. Se mantiene el principio actual de
integración de la tributación por parte de la empresa, a través de un impuesto
corporativo, con la misma tasa para todas las empresas, salvo las que
califiquen como pymes, las que tendrán una tasa menor. Los propietarios
tributarán con impuestos finales exclusivamente en base a retiros efectivos, en
una escala progresiva, dependiendo de su nivel de rentas, para incentivar así
la inversión de los recursos disponibles.

Como principio rector, los retiros y dividendos de una empresa se imputarán en
primer lugar a aquellas utilidades tributables, para posteriormente acceder a
aquello exento, no renta o bien capital. Cualquier exceso sobre lo anterior
quedará asimismo gravado con impuestos finales.

También se simplifican los registros a llevar por las empresas y se libera de
esta obligación en la medida que no sea estrictamente necesario (por ejemplo en
el caso de un contribuyente que no presente rentas exentas o ingresos no constitutivos
de renta).

Asimismo se simplifica y equipara el crédito a que tendrán derecho todos los
contribuyentes por los impuestos pagados por las empresas de las cuales son
propietarios, sin distinguir ni discriminar por la naturaleza de las mismas.

Además, se promueve una modernización y simplicidad del régimen de tributación
de las pymes, que incluye la inclusión de la denominada “Cláusula
Pyme”, que reemplazará a la conocida norma del artículo 14 ter; y se
impulsa un incentivo a la reinversión de utilidades.

Luego, se avanza en un conjunto de disposiciones que buscan introducir
seguridad jurídica, tanto a través de adecuaciones menores que permiten que las
normas se puedan comprender con mayor facilidad, dado que se aclara su
redacción; como otras ya más sustantivas para introducir certeza tributaria y
seguridad jurídica.

Finalmente, entre otras tantas normas, se introducen perfeccionamientos al
régimen antielusión y a los derechos del contribuyente y se especifica de
manera detallada los plazos de vigencia de las modificaciones efectuadas en
este proyecto, que como regla general regirán a partir del 1 de enero de 2019.

Publicado el 23 de agosto del 2018

El criterio para fijar
dicho calendario se fundamenta en la necesidad de optimizar el trabajo
parlamentario, atendiendo las funciones propias que la Constitución les asigna
en el triple rol de legisladores, fiscalizadores y representantes de la
ciudadanía.

Ante una serie de publicaciones
y opiniones vertidas respecto del trabajo que han realizado los señores y
señoras diputados durante esta semana, la Cámara de Diputados se ve en la
obligación de aclarar:

El calendario legislativo está fijado desde
comienzo de año y es de público conocimiento. El criterio para fijar dicho
calendario se fundamenta en la necesidad de optimizar el trabajo parlamentario,
atendiendo las funciones propias que la Constitución les asigna en el triple
rol de legisladores, fiscalizadores y representantes de la ciudadanía.

Una vez más, debemos precisar que la labor de
diputadas y diputados no solo se ejerce en la Sala de Sesiones, sino que esencialmente
en el trabajo de Comisiones y, también, en el desarrollado en cada distrito.

Solo señalar que durante esta semana se realizaron
en sede legislativa, tanto en Valparaíso como en Santiago, 20 sesiones de
Comisiones y 3 sesiones de Sala. Además de la sesión de la subcomisión de
Patrimonio, celebrada el jueves 16 del presente, a la que asistieron
representantes del Ministerio de la Cultura y las Artes y Universidades
Regionales. Dicha información se encuentra disponible en el sitio institucional
www.camara.cl

La labor que desarrollan los señores y señoras diputados en
sus distritos es extensa y de ello hay evidencia en cada localidad. Por lo
tanto, parecen injustas y profundamente equivocadas las afirmaciones realizadas
por algunos medios de comunicación en orden a sostener que los parlamentarios
se habrían tomado días libres.

La Cámara de Diputados ratifica su disposición a convocar a
sesiones de Sala y de Comisiones toda vez que sea necesario y, de esa forma,
garantizar el oportuno y adecuado tratamiento a los proyectos de ley que se
tramitan en la Corporación.

Por último, reconociendo el rol de los medios de
comunicación y comprometidos con la libertad de opinión, hacemos un llamado a
informar de forma completa, incorporando en su análisis todas las actividades
que desarrollan los parlamentarios, incluidas aquellas realizadas en sus
respectivos distritos.

Publicado el 17 de agosto del
2018

La resolución se basa en la actual imposibilidad de estas organizaciones a postular a subsidios como el de mejoramiento del entorno y equipamiento comunitario.

Por la
unanimidad de 145 votos a favor, se aprobó la resolución 108, que solicita al
Presidente de la República, a través del Ministerio de Vivienda, permitir a las
organizaciones sociales, deportivas y religiosas, postular a subsidios de
mejoramiento y ampliación de sus sedes.

La petición se fundamenta en la imposibilidad actual de las citadas
organizaciones a postular a subsidios como el de mejoramiento del entorno y
equipamiento comunitario que comprende realizar obras de iluminación,
construcción y multicanchas, entre otras.

El subsidio de mejoramiento de la vivienda posibilita interrumpir el deterioro
producto del paso del tiempo, reparar techos y ventanas e instalar paneles
solares que ayuden a la eficiencia energética.

En tanto, el subsidio de ampliación de la vivienda permite construir nuevas
habitaciones o mejorar los espacios ya existentes.

La iniciativa fue presentada por los diputados PS Jaime Naranjo; Evópoli
Luciano Cruz-Coke y Francisco Undurraga; FRVS Alejandra Sepúlveda; PRSD José Pérez; RN Karin Luck; DC Matías Walker; UDI Ramón Barros; RD Jorge Brito; y PPD Carolina Marzán.

Publicado el 02
de agosto del 2018

Durante seis meses, los grandes comercios podrán entregar solo dos bolsas, y después de ese plazo, la prohibición será total.

Con su publicación en el Diario
Oficial, hoy comenzó a regir la ley Nº 21.100 que prohíbe la entrega de
bolsas plásticas en el comercio de todo el territorio nacional y que fue
presentada por el Gobierno de Sebastián Piñera.

La normativa tendrá un tiempo de
adaptación de seis meses para los comercios grandes y de dos años para las
Pymes y comercios pequeños. Después de ese periodo, la entrega de bolsas deberá
ser nula.

Mientras se dan los plazos, los
comercios podrán entregar un máximo de dos bolsas plásticas por cliente.

El incumplimiento, que deberá ser
fiscalizado por las municipalidades, será sancionado con una multa en beneficio
municipal de hasta 5 UTM (más de $230.000) por cada bolsa plástica entregada.

El Presidente Piñera, acompañado
por la ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, celebraron la publicación
de la nueva ley con un punto de prensa en Paseo Ahumada; entregando bolsas de
género a las personas y aplaudiendo el hecho de que Chile se convierte en el
primer país de Latinoamérica en implementar esta prohibición en todo el
territorio nacional.

El Ministerio busca ampliar la capacidad de detección
de los llamados “loteos brujos”, a través de un programa que trabaja en conjunto
con las municipalidades de todo Chile y que tendrá un sitio para realizar las
denuncias.

Con el objetivo
de poner fin a los abusos y engaños que sufren centenares de familias en el
país, el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, en conjunto con la
subsecretaria de la cartera, Alejandra Bravo, la Seremi Magaly Romero, la
Asociación Chilena de Municipalidades (Achm), la Asociación de Municipalidades
de Chile (Amuch), la Asociación de Municipalidades Rurales (AMUR) y la
Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros, lanzó el programa No Más
Loteos Irregulares.

“Decidimos
declararle la guerra a los loteos irregulares. Que quede claro: no se
regularizarán más terrenos provenientes de loteos irregulares. Después del
convenio que firmamos con las 345 autoridades municipales en junio, hemos
recibido muchos casos de personas preocupadas por este tema”, señaló el
ministro Felipe Ward.

La iniciativa
busca acabar con los llamados “loteos brujos”, involucrando a la ciudadanía,
llamándolos a denunciar este ilícito a través de un canal virtual habilitado en
la página web del ministerio. 

“Los loteos
irregulares son una mafia y vamos a seguir dando la pelea contra este ilícito.
Este un tema social que nos afecta a todos”, recalcó el secretario de Estado.

Para el
vicepresidente de la Amur, el alcalde de Paine, Diego Vergara, el trabajo que
hoy hace el ministro Ward es relevante para dar término a un negocio que engaña
a miles de personas. “Detrás de los loteos brujos no hay nada más que una
estafa. El Ministerio de Bienes Nacionales siempre fue la puerta abierta para
los loteadores, pero hoy este ministerio toma las riendas del tema. Nunca
pensamos que íbamos a llegar a este resultado. Nosotros tenemos un catastro
detallado que entregaremos en las próximas semanas al ministro Ward para seguir
avanzando y terminar con estos loteos irregulares a nivel país”, aseguró la
autoridad.

En la misma
línea, la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, aseguró que “hoy
estamos diciendo a los loteadores irregulares que se encontraron con un
ministerio que no permitirá más esta práctica y llamamos a las familias a no
creer en estas ventas de sitios, que son más económicos, para instalar sus
viviendas,  ya que en definitiva les están entregando derechos de un territorio
mayor, pero no un Título de Dominio, que es lo que les da la seguridad absoluta
de que son propietarios”.

En la Región
Metropolitana, hay más de 600 loteos irregulares y a nivel nacional.
Actualmente el ministerio trabaja en renovar el catastro para dimensionar la
profundidad del problema.

La venta de
loteos irregulares constituye un ilícito sancionado con una pena que puede
llegar hasta los 10 años de presidio.

Los legisladores afirmaron que su propósito es que, la obligación de cotizar sobre el 10% del total de las remuneraciones, se haga efectiva solo una vez que se efectúe una reforma al sistema previsional.

Por 80 votos a favor, 53 en contra y 14
abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 65 que
solicita al Presidente de la República y al Ministro del Trabajo, el envío de
un proyecto que modifique la Ley 20.255, que estableció la Reforma Previsional,
de manera que la obligación de cotizar que se impone desde 2018 a los trabajadores
independientes, se aplace por tres años más.

Los autores de la iniciativa- diputados Karim Bianchi (IND); los
PH Florcita Alarcón y Tomás Hirsch; los RD Maite Orsini y Gonzalo
Winter; los PS Patricio Rosas y Leonardo Soto; los PR Marcela Hernando y Cosme Mellado; y el DC Gabriel
Ascencio- afirman que su propósito es que, la mencionada obligación de cotizar
sobre el 10% del total de sus remuneraciones, se haga efectiva solo una vez que
se efectúe una reforma al sistema previsional.

El proyecto cita un estudio de la biblioteca del Congreso Nacional del año 2016
que cifra en 273.633 los trabajadores a honorarios, sumando los del sector
público, municipal y privado.

Dichos trabajadores tienen una alta inestabilidad laboral y carecen de una
serie de derechos que sí poseen los de planta o con contrato definido. Además,
muchas veces son empleados por el Estado de manera abusiva lo que, sin duda,
constituye una precarización de sus labores.

En ese marco, la resolución concluye la necesidad de plantear una nueva
postergación de la mencionada obligación de cotizar, mientras no se cuente con
una reforma al sistema de pensiones que garantice justicia y equidad, puesto
que esta imposición solo contribuirá a incrementar las utilidades de las
AFP. 

Publicado el 15 de junio del 2018