El año 2019 no se destinarán fondos para el Plan Comunal de Seguridad Pública que en 2016 fue de M$26.491.375 y en 2018 solo de M$5.418.733 para repartir entre los municipios.

 “Hay un discurso público en el que se prioriza la seguridad y se compromete a reducir la delincuencia, sin embargo, el Gobierno en la práctica, lo que hace es disminuir los recursos para la seguridad pública”, criticó el alcalde Felipe Delpin, quien oficiará sobre la grave situación al ministro del Interior Andrés Chadwick.

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Felipe Delpin, junto al vicepresidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, alertaron sobre la grave disminución de los recursos de SEGURIDAD PÚBLICA que impedirá que los municipios puedan dar continuidad a las estrategias locales y planes de prevención para combatir la delincuencia en los barrios. Por tal motivo ya se confirmó una reunión con el Ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Según un estudio “Análisis sobre los delitos en el País y los recursos hacia los municipios”, que el edil presentó la semana pasada ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, se detectó que desde 2016 ha habido una disminución sostenida de los recursos destinados a estas materias. De esta manera, los dineros actualmente comprometidos en Seguridad Ciudadana equivalen solo al 0,07% de todo el presupuesto nacional.

“Hay un discurso público en el que se prioriza la seguridad y se compromete a reducir la delincuencia, sin embargo, el Gobierno en la práctica, lo que hace es disminuir los recursos para la seguridad pública”, criticó el alcalde Felipe Delpin.

El estudio revela, además, que mientras que para ambas policías el presupuesto llega a un 45% de los recursos de Seguridad y Justicia, por el contrario, los programas de rehabilitación y reinserción en Gendarmería representan solo el 1,3% de los dineros. A ello se suma que la Subsecretaría de Prevención del Delito tendrá para el 2019 un presupuesto de solo el 1,2% del total de los recursos destinados para Seguridad y Justicia.

“Los municipios de Chile estamos dando la cara para responder a la población, mientras que el Gobierno deposita los recursos solo en Carabineros, desconociendo el valioso trabajo que desarrollan los 345 municipios del país. No puede ser que los recursos que la Subsecretaría de Prevención del Delito sean apenas el 3% de los que se destina a Carabineros”, criticó Delpin.

Ley 20.965 incorporó un nuevo instrumento de gestión municipal denominado: “Plan Comunal de Seguridad Pública” (PCSP). Sin embargo, cabe destacar que para el 2019 no habrá recursos para el Plan Comunal de Seguridad Pública que en 2018 fue de M$5.418.733 y en 2016 de M$26.491.375.

“No existe claridad con qué recursos contarán los municipios para llevar a cabo los programas que señala la Ley. La gran mayoría de los municipios no cuentan con recursos propios para acometer semejante tarea. Se podría así privar a las comunidades que han realizado proyectos de prevención exitosos de un instrumento necesario para su continuidad, y quienes tengan como objetivo hacerlo en el futuro, no contarán con dichos recursos”, aseguró el alcalde Delpin.

Por lo tanto, según el presidente de la AChM, es la primera vez, desde el año 2000 que las comunas se verán forzadas a interrumpir sus programas preventivos por falta de recursos.

“Desde el año 2000 los sucesivos gobiernos han tenido una política clara respecto a este tema: Plan Comuna Segura (2000-2010), Plan Barrio en Paz (2010-2014), Planes comunales de Seguridad Pública (2014-2018), con sus distintas variaciones, han sido programas que han contribuido, sin duda, a que los municipios y sus comunidades tengan herramientas para prevenir conductas delictivas”, explicó la autoridad.

Por su parte, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, enfatizó que la gran mayoría de las comunas del país dependen de dichos recursos para poder combatir la delincuencia. “Sin estos recursos no tenemos ninguna posibilidad financiera de ejecutar estos programas con recursos propios. Hay dependencia total de los recursos que se entregan desde nivel central. Peor aún, esta disminución de los recursos no solo afectará la generación de nuevos planes y programas de prevención, sino que ponen en riesgo la ejecución de programas que ya están en curso”, dijo Durán.

Municipios en alerta

Según la encuesta CEP de 2017, la DELINCUENCIA se convirtió en una de las grandes prioridades de la ciudadanía. Dichas cifras se complementan con las estadísticas proporcionadas por el Ministerio del Interior, que revelan que la INSEGURIDAD sigue aumentando en la población. De hecho, 4 de cada 5 personas, es decir el 81%, cree que la delincuencia ha aumentado y la denuncia, que es el reflejo de confianza en el sistema, ha disminuido en el 38,5%. Lo anterior se complementa con las últimas cifras entregadas por Paz Ciudadana, donde se estableció que el robo en hogares aumentó en 39,5% en 2017.

Pese a estos datos, el presupuesto de la Subsecretaría de Prevención del Delito entre 2016  (M$55.199.462) y 2018 (M$32.836372) disminuyó en M$22.363.090, es decir, un 40, 51%. En 2019 el presupuesto destinado a esta área solo será de M$35.784.603, es decir, un leve aumento de M$2.948.231 que deberán ser repartidos entre 345 municipios del país.

En contraposición, Carabineros ha aumentado sus recursos en esta materia. Entre 2016 (M$988.828.530) y 2018 (1.082.692.664) hubo un aumento de M$93.864.134, es decir un 10%. Por otra parte, para el 2019 el presupuesto será de M$1.115 092.271, es decir, un aumento considerable de M$32.399.607, muy por sobre la cifra destinada a la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Propuestas de la AChM:

Concentrar los escasos recursos considerados en la Red Nacional de Seguridad (M$3.941.485) en las comunas de más de 60 mil habitantes, donde se concentra más del 80% de los delitos y el 73% de la población nacional (GLOSA).

Comprometer para hacer efectivo durante el año un presupuesto suplementario para esta línea programática, de un monto similar o superior al inicial.

Focalizar los recursos del Fondo Nacional de Seguridad Pública (M$3.414.954) en comunas de menos de 60 mil habitantes y en iniciativas de fortalecimiento de los Consejos Comunales de Seguridad Pública.

Por medio de una resolución, los diputados solicitaron al Gobierno adoptar las medidas administrativas, legales y financieras pertinentes.

Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 241, que pide al Presidente de la República adoptar las medidas administrativas, legales y financieras a fin de investigar, ubicar y proporcionar la adecuada sepultura del Padre de la Patria, Manuel Rodríguez Erdoíza.

El documento, presentado a la Cámara por el diputado Pablo Vidal (RD), detalla que han pasado más de 200 años de la muerte alevosa de Manuel Rodríguez en Til Til que, por casi 80 años, ha estado sepultado en la iglesia La Merced de Til Til, según los mismos habitantes históricos de la comuna.

Agrega que la comisión patriótica popular designada en 1894 para ubicar y llevar su cuerpo a Santiago y sepultarlo en el Cementerio General, relataron de forma poco prolija lo sucedido con el cuerpo del prócer.

Por otro lado, manifiesta que la comunidad de Til Til asegura que el cuerpo llevado a Santiago corresponde a un soldado de la Guerra del Pacífico. De un hombre de más de 45 años.

Y que, incluso, en 1985 el médico forense del Servicio Médico Legal, doctor Claudio Paredes, exhumó el cuerpo hallando en sus suturas craneales vestigios de un hombre de 45 a 50 años. Y el prócer tenía 33 cuando murió.

Sumado a ello, describe el texto, existe la versión de la comunidad de Pumanque, que asegura que el cuerpo de Manuel Rodríguez está sepultado junto a su esposa, Francisca de Paula Segura y Ruiz, en la iglesia de Pumanque, Provincia de Colchagua.

Por otro lado, señala la resolución, la familia del Padre de la Patria ha solicitado infructuosamente por diversas vías legales contrastar tanatológicamente con muestras de ADN si el cuerpo del Cementerio General corresponde o no a Manuel Rodríguez.

Publicado el 05 de noviembre del 2018

El próximo miércoles 7 de noviembre, de 16:00 a 17:30 horas, la Sala de la Cámara de Diputados realizará una sesión especial, con el objeto de analizar la denominada “deuda histórica” del Estado de Chile con sus docentes, generada durante el proceso de desmunicipalización.En el año 1981 la Ley Nº 3.551 dispuso un reajuste del sueldo base al sector público, estableciendo en su artículo 40 una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación. Sin embargo, esta normativa no se cumplió y, como resultado de la municipalización impuesta a partir de ese año, la mayoría de los profesores no alcanzaron a recibir el 100% de la asignación, pues al ser traspasados al sector municipal, los nuevos empleadores desconocieron los derechos adquiridos por los docentes.

Esta situación ha llevado a maestros a lo largo de todo Chile a recurrir a los Tribunales de Justicia y al propio Congreso, con el propósito de demandar al Estado por una indemnización compensatoria por el no pago de este reajuste salarial.

Por lo anterior, la Sala de la Cámara de Diputados analizará en una sesión, solicitada por 66 parlamentarios, dicha situación, a la que se ha invitado a los ministros de Educación, Marcela Cubillos; Hacienda, Felipe Larraín; Desarrollo Social, Alfredo Morgado; y Trabajo, Nicolás Monckeberg.

El tiempo previo, contemplado en el artículo 76 del Reglamento, corresponderá al Comité Revolución Democrática.Publicado el 31 de octubre del 2018.

El Colegio de Profesores de Chile comentó que existen respuestas contradictorias y ambiguas entre los personeros del Mineduc, a quienes acusaron de no ser concretos tras las demandas del gremio.

De manera unánime, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó enviar al Ejecutivo un oficio que solicita al Mineduc pronunciarse, de manera concreta, sobre el petitorio realizado por los profesores que solicita optimizar las condiciones laborales para mejoras pedagógicas.

El vocero del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar, comentó que existen respuestas contradictorias y ambiguas entre el subsecretario Raúl Figueroa, con quién han estado en conversaciones desde abril de 2018, y la ministra Marcela Cubillos, acusando a ambos de no ser concretos tras las demandas del gremio.

La presidenta de la instancia legislativa, diputada Cristina Girardi (PPD), destacó que “de los puntos que están involucrados en el petitorio, prácticamente, casi todos no tienen relación con demandas gremiales” y especificó que todos tienen que ver con en cómo se mejora la educación.

La diputada Girardi enfatizó que este es un llamado desesperado de los docentes por tratar de re-enfocar la educación de los niños y jóvenes de nuestro país para que no se desvirtúe.

Según informó la legisladora, el oficio al Ejecutivo expresa su apoyo a lo planteado por los profesores y solicita que se retomen las conversaciones con el Ministerio de Educación (Mineduc) y que se lleguen a consensos que apunten a lograr cambios profundos en el tema educacional chileno.

Demandas del magisterio

La paciencia de los docentes tiene fecha de tope: la reunión acordada con la Secretaria de Estado, este viernes 26 de octubre. De llegar a buen término, el 31 de este mes se reunirá la mesa negociadora con el subsecretario.

El dirigente explicó que, entre sus demandas, está poner fin a la estandarización de la educación chilena. “La que se maneja en base a un pobre concepto de calidad y mejora continua; que estimula el logro de determinados indicadores cuantitativos para ubicarse en el pináculo de los rankings o para la sobrevivencia de la escuela, pero en ningún caso para permitir una verdadera educación integral”, especificó Aguilar.

También piden mayor estabilidad laboral a profesores que están “a contrata”, pese a cumplir iguales funciones y responsabilidades que los titulares.

Sobre la Deuda Histórica, el gremio explica que la lista original incluía a más de 84 mil docentes y que hoy solo quedan 65 mil profesores que piden una mejora a sus pensiones. Además, se destacó que han rebajado notoriamente sus demandas económicas considerando que el tema es complejo si se habla de cifras.

Publicado el 25 de octubre del 2018

La Corporación analizó la propuesta sobre la base del informe de la Comisión Mixta que abordó las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado. La iniciativa, en concreto, fortalece la tipificación de ciertas conductas relacionadas con el cohecho y el soborno, al tiempo que aumenta las sanciones en la materia.En condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como Ley de la República quedó el proyecto (boletín 10739) que modifica el Código Penal con el objeto de perfeccionar el marco legal del cohecho y el soborno, ello luego que la Cámara de Diputados diera su aprobación, por la unanimidad de 114 votos, al informe de la Comisión Mixta que resolvió las diferencias con el Senado en torno a esta propuesta.

En lo fundamental, esta iniciativa fortalece la tipificación de ciertas conductas y eleva las penas de los principales delitos funcionarios: malversación, fraude al fisco, negociación incompatible, soborno y cohecho.

También se crean nuevos delitos de corrupción entre particulares y de administración desleal. Además, amplía el radio de acción del comiso, para hacerse cargo de las ganancias ilegales, y hace más exigente la regulación para las personas jurídicas vinculadas a estos hechos delictuales.

El origen de la Comisión Mixta se motivó en el rechazo del Senado, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2017, en el tercer trámite constitucional, de la totalidad de las enmiendas que en su oportunidad había acordado la Cámara de Diputados.

Por efecto de lo anterior, la propuesta hoy aprobada por los diputados, y que ya cuenta con la ratificación del Senado, abordó el conjunto del proyecto de ley que se inició en moción en junio de 2016, por un grupo de senadores, y complementado en su paso por la Cámara por otras propuestas de diputados y del propio Ejecutivo de la época.

Texto aprobado

Uno de los primeros puntos es incorporar a la escala general de penas, que pueden imponerse en los casos de delitos calificados como crímenes, las inhabilitaciones “absoluta perpetua” y “absoluta temporal”, para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que éste tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública.

Tratándose de simples delitos, se agrega la sanción de inhabilitación “absoluta temporal”, en los mismos términos ya señalados.

La iniciativa avanza luego en regular los efectos que cada una de estas sanciones produce, como por ejemplo, la extensión de la privación de cargos y tiempos en que dura la medida.

En segundo lugar, se aumentan las penas corporales, pecuniarias y restrictivas de derechos aplicables a las distintas figuras constitutivas de delitos contempladas en el Código Penal, cometidos por funcionarios públicos, como la malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales.

Respecto de las penas corporales, se propone la reclusión menor en sus grados medio a máximo. Asimismo, se propone el aumento de las multas aplicables y la inhabilitación absoluta temporal. En este marco, por ejemplo, se sanciona al empleado público que, directa o indirectamente, se interese en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiese de intervenir en relación a su cargo.

En la misma línea, se sanciona al árbitro o liquidador comercial que directa o indirectamente se interese en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiese de intervenir en relación con los bienes, cosas o intereses patrimoniales cuya adjudicación, partición o administración estuviere a su cargo. En una perspectiva similar se hace referencia al veedor o liquidador en un procedimiento concursal, peritos, guardadores o albaceas, directores o gerentes de una sociedad anónima.

Las mismas penas se impondrán a las personas mencionadas si, en las mismas circunstancias, dieren o dejaren tomar interés, debiéndo impedirlo, a su cónyuge o conviviente civil, a un pariente en cualquier grado de la línea recta o hasta en el tercer grado inclusive de la línea colateral, a terceros asociados con él, sea por consanguinidad o afinidad.

Otras sanciones en el sistema público

El proyecto también contempla una amplio cuadro de perfeccionamientos a las figuras delictuales atingentes a los empleados públicos.

En este marco se abordan, por ejemplo, un aumento de las penas y sanciones para quienes exigen o acepten mayores derechos a los correspondientes a su cargo o beneficios económicos para sí o terceros; para quienes reciban beneficios económicos o de otra naturaleza por omitir actos propios de su cargo; o para los que ejerzan influencia en otro empleado con el fin de obtener de este una decisión que pueda generar un provecho para un tercero interesado.

En la misma línea, se aumenta las penas para los empleados públicos que reciben un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o para un tercero, por cometer crímenes o simples delitos contemplados en este marco legal, como la malversación de caudales públicos, fraude y cohecho. Asimismo, se perfecciona la normativa relativo al cohecho atingente a los funcionarios públicos en relación a operaciones internacionales.

La iniciativa también define que no se les aplicará el grado mínimo de las penas de los delitos mencionados, cuando se trate de empleados públicos que desempeñen un cargo de elección popular, de exclusiva confianza de estos, de alta dirección pública del primer nivel jerárquico o por un fiscal del Ministerio Público o por cualquiera que, perteneciendo o no al orden judicial, ejerza jurisdicción; por los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, o por el General Director de Carabineros o el Director General de la Policía de Investigaciones.

La restricción recién señalada también se aplicará cuando los delitos se cometan con ocasión de los siguientes procesos: designación en un cargo público; procedimientos de adquisición, contratación o concesión; permisos o autorizaciones para el desarrollo de actividades económicas; y fiscalización de actividades económicas. Se fijan, además, plazos de prescripción y agravantes.

Finalmente, entre un amplio número de normas, se efectúan adecuaciones normativas, en línea a las definidas en el Código Penal, en la Ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.

Publicado el 25 de octubre del 2018

Durante la misma sesión, los diputados solicitaron al Gobierno, por medio de dos resoluciones, crear un Banco de ADN bovino en regiones y que los restos del primer dinosaurio chileno vuelvan a Aysén.

Solicitar al Presidente de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley para declarar el 2 de julio del año 2019 como feriado regional, con el propósito de promocionar el valor científico y turístico del eclipse solar total que ocurrirá en la región de Coquimbo ese día, es el objeto de la resolución 211, aprobada por la Sala de la Cámara de Diputados.

La resolución de los diputados Pedro Velásquez (FRVS), Juan Fuenzalida (UDI), Sergio Gahona (UDI), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Jaime Mulet (FRVS), Esteban Velásquez (FRVS), René Saffirio (IND), Raúl Saldívar (PS), Daniella Cicardini (PS) y Renato Garín (RD), sumó 98 votos a favor, 7 en contra y 24 abstenciones.

El texto también pide que se instruya a los Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones y de Educación y al Servicio Nacional del Turismo, realizar una estrategia transversal de difusión y promoción del astroturismo para esa fecha.

Crear Banco de ADN bovino en regiones

Los diputados Javier Hernández (UDI), Iván Norambuena (UDI), Ramón Barros (UDI), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Sandra Amar (IND), Enrique Van Rysselberghe (UDI), Jaime Bellolio (UDI), Gastón Von Mühlenbrock (UDI), Rolando Rentería (UDI) y Juan Fuenzalida (UDI) son los autores de la resolución 214 que pide al jefe de Estado que estudie la posibilidad de crear y financiar un banco de ADN bovino en las regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos.

El documento, aprobado por 123 votos afirmativos y 11 abstenciones, plantea que el citado Banco sea la primera medida orientada a establecer, con carácter obligatorio y a nivel nacional, el registro del perfil genético de los animales que puedan ser objeto del delito de abigeato.

Cámara solicita que restos de primer dinosaurio chileno vuelvan a Aysén

La Cámara de Diputados aprobó también el proyecto de resolución 221, que expresa su respaldo a la solicitud de la comunidad aysenina acerca del retorno de los fósiles del primer dinosaurio jurásico “Chilesaurus Diegosuarezi”, descubiertos en febrero de 2004 en la zona de Mallín Grande en la cuenca del lago General Carrera de la región de Aysén, por Diego Suárez.

El descubridor que tenía entonces 7 años, acompañaba a sus padres que realizaban misiones geológicas gracias a un proyecto Fondecyt patrocinado por Sernageomin.

La resolución, ratificada por 132 votos a favor y 4 abstenciones, solicita además al Presidente Sebastián Piñera que, por intermedio de la Ministra de las Culturas, realice las gestiones conducentes para la exhibición definitiva del “Chilesaurus Diegosuarezi” en el Museo Regional de la Patagonia de Coyhaique.

Esta solicitud fue presentada por los diputados Miguel Ángel Calisto (DC), Hugo Rey (RN), Renzo Trisotti (UDI), Amaro Labra (PC), Marcelo Díaz (PS), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Gonzalo Fuenzalida (RN), Florcita Alarcón (PH), Marisela Santibáñez (PRO) y Carolina Marzán (PPD).

Publicado el 17 de octubre del 2018

La Comisión de Mujeres y Equidad de Género analizó junto a la ministra de esta cartera y autoridades del Metro de Santiago la negativa de implementar carros separados para mujeres en horas punta con el fin de evitar los abusos. En la sesión se comprometieron a potenciar las medidas de seguridad.

Sólo la Línea 6 del Metro de Santiago cuenta con cámaras de seguridad al interior de los carros. Si bien en todos los coches hay un citófono que comunica directamente con el chofer -en los más antiguos- o con la central en casos de emergencia, no se ha informado de que éstos también puedan ser usados en casos de acoso y abuso en este transporte público.

Esta realidad fue expuesta en la comisión de Mujeres y Equidad de Género, por la ministra de esta cartera, Isabel Plá y el presidente del Metro, Louis de Grange con el fin de analizar la negativa de implementar carros separados para mujeres en horas punta, como solicitaba la resolución 337, promovida por diputadas de oposición.

Si bien se reconoce la necesidad de generar cambios para terminar con estos abusos, la separación no es la medida que más convence ni tampoco la que sería más eficiente en el corto y largo plazo.

“No estoy de acuerdo en que se separen vagones entre hombres y mujeres, porque eso es perder la batalla frente al acoso”, comentó la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández (PS), quien integra esta instancia parlamentaria. Además, considera que esto sería aplicable solo para el Metro, y “qué pasa con la micro, donde también hay mucho acoso. El tema va por la educación” complementó la legisladora.

El presidente de Metro señaló que además de las cámaras en los carros de la línea 6, en cada andén y mezzanina hay cámaras de seguridad y que el personal está capacitado para recibir las denuncias y dar apoyo a las víctimas. También se sumará una comisaría en la estación Baquedano, que ayudará a potenciar el respaldo de las denuncias.

“Un dato muy importante es que en el 97% de las denuncias que reciben los funcionarios de Metro por temas de acoso, el acosador es detenido y puesto a disposición de carabineros, por lo tanto es tremendamente efectiva” señaló Louis De Grange, presidente de Metro de Santiago. Con estos antecedentes insistió en la necesidad de que quien sea víctima de acoso o abuso haga la denuncia.

Sin embargo, la crítica que realiza la presidenta de la comisión, diputada Loreto Carvajal (PPD) a las medidas señaladas por Metro, radica en que operan tras cometerse el delito. A su juicio, es necesario “poner el énfasis en lo preventivo”, explicó.

Tras el debate en la instancia, el gobierno junto a la empresa de transportes asumieron el compromiso de implementar nuevas medidas para prevenir que estas situaciones se generen. “Vamos a iniciar una campaña en conjunto con el Metro. Una campaña de sensibilización, para promover la denuncia y de educación, de cultura de respeto en el espacio público” anunció la ministra Plá.

En el marco de la campaña nacional contra la violencia hacia la mujer que todos los años el gobierno desarrolla en noviembre, se desarrollará un enfoque especial sobre este tema, en las que Metro difundirá la información a través de todas sus plataformas, explicó la secretaria de Estado.

El acuerdo fue valorado por la instancia legislativa. “Lo más importante es que la gente se entere, comunicar. El Metro tiene muchos medios para evitar estas situaciones que ya se han implementado, pero la gente no los conoce”, señaló la diputada Ximena Ossandón (RN).

Comisión evalúa denunciar a “En su propia trampa”

Un segundo tema que fue analizado en la comisión fue la molestia generalizada tras la emisión del programa “En su propia trampa ” que expuso al abuso a actrices con el fin de denunciar a un falso tarotista. El tema fue debatido junto a la presidenta del Colegio de Periodistas, Margarita Pastene, quien señaló que “esto no tiene nada de periodismo”.

A juicio de las parlamentarias integrantes de esta comisión, en esta producción se vulneran explícitamente derechos de las mujeres. “Lo que a mi me preocupa es que estemos hablando de una vulneración al momento de existir un contrato de trabajo” manifestó la diputada Marcela Sabat (RN), pues hay dudas si tenían la claridad de que se enfrentarían a este tipo de abuso.

La Comisión acordó solicitar más información para saber si existe una denuncia en este caso, y si no existe, presentar una a nombre de la instancia. Además, intentarán ponerse en contacto con las involucradas para tener su propia versión de los hechos.

Publicado el 16 de octubre del 2018

Andrés Aylwin murió a las 7 de la mañana de este lunes 20 de agosto, a los 93 años. El exlegislador destacó durante la dictadura militar por su activo rol en la defensa judicial de los presos políticos y en la condena a las violaciones a los DDHH.

Muestras
de tristeza y hondo pesar provocó el fallecimiento de Andrés Aylwin, a las 7 de
la mañana de este lunes 20 de agosto, a los 93 años.

Aylwin -nacido un 20 de junio de 1925- destacó durante la dictadura militar por
su activo rol en la defensa judicial de los presos políticos y en la condena a
las violaciones a los DDHH.

“Estudio crítico de nuestro procedimiento del trabajo” fue el título de la
memoria con que se tituló de abogado, el 19 de junio de 1953, en la Universidad
de Chile.

Su trayectoria política se inició en 1949, cuando se incorporó a la falange
nacional. Ocho años después, en 1957, se integró al partido Demócrata
Cristiano.

En 1965, Andrés Aylwin fue elegido diputado por la octava agrupación departamental
“Melipilla, San Antonio, San Bernardo y Maipo”, para el período 1965-1969;
siendo reelecto por dos nuevos períodos, en 1969-1973 y 1973-1977. Esta última
legislatura fue interrumpida con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

Ese año mismo años formó parte del conocido “grupo de los 13”,
compuesto por militantes de la DC que, a dos días del derrocamiento de Salvador
Allende, rechazaron la acción militar.

Durante la dictadura, Aylwin destacó por su trabajo en el Comité para la Paz y
en la Vicaría de la Solidaridad. En 1978 fue elegido presidente de la
Agrupación de Abogados pro DDHH y dirigió la Comisión contra la Tortura,
desempeñándose como abogado querellante en casos de detenidos desaparecidos.

El 11 de marzo de 1990, junto con el retorno a la democracia y la asunción al
mando Presidencial de su hermano Patricio, Andrés Aylwin volvió a la Cámara de
Diputados en representación del distrito 30, que agrupaba las comunas de San
Bernardo, Buin, Paine y Calera de Tango, de la región Metropolitana; cargo que
mantuvo hasta marzo de 1998.

Su perfil legislativo se centró principalmente en temas de carácter nacional,
como la reforma agraria, previsión y asistencia social, capacitación sindical,
promoción y protección de los DDHH y derechos de los trabajadores.

Presentó un total de 58 mociones parlamentarias, algunas como autor y otras en
calidad de coautor, transformándose ocho de ellas en ley.

En sus 194 intervenciones en Sala, manifestó su opinión sobre las más diversos
materias y tras el retorno a la democracia, tuvo un rol relevante en las
discusiones sobre maltrato a menores, filiación, defensa y promoción de los
derechos humanos, así que la reparación a las víctimas de la dictadura militar.

Publicado el 20 de agosto del 2018

Encabezado por el nuevo presidente de los Concejales, Marcelo Sandoval, la Directiva Nacional de Concejales, de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), junto a los representantes de todas las regiones, concurrieron al Congreso Nacional para seguir gestionado de los acuerdos del Encuentro de Osorno, en el sentido de un cambio a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM), que otorgue mayores facultades y recursos a la función que ejercen los ediles en las 345 municipalidades del país.Estos encuentros se realizaron en el marco del Seminario “Herramientas para Mejorar la Gestión” centrado en el rol, atribuciones y facultades del concejo municipal. Los Concejales se reunieron con diversos parlamentarios, de todas las bancadas  entre ellos, el presidente del Senado, Carlos Montes, Carolina Goic, José Manuel Ossandón, Alejandro Guillier, Rabindranath Quinteros, y los Diputados, Catalina Del Real, Gabriel Ascencio, Ricardo Celis y Karen Luck, quienes solidarizaron con las demandas de los Concejales de Chile.

El Presidente de la Comisión, Concejal de La Pintana, Marcelo Sandoval señaló que “fue una instancia relevante para conocer las visiones que tienen nuestros pares en las 16 regiones; en cuanto a las reuniones con los parlamentarios, estas fueron muy productivas y sentimos la acogida y el respaldo de ellos para trabajar en la dignidad del cargo de Concejal y esperamos el apoyo de todos”.

Por su parte Patricio Huerta, Concejal de Talagante y Vicepresidente de la comisión señaló “hoy dimos un gran paso en la lucha por dignificar el cargo, nos recibieron parlamentarios de todos los colores políticos y debemos seguir trabajando, esta no será una pelea corta, pero debemos trabajar por todos los concejales del país”.

Uno de los parlamentarios que comentó la reunión con los ediles fue el Senador Alejandro Guillier, quien expresó que “los concejales son el primer contacto con el ciudadano, por lo tanto necesitamos que ellos se sientan más empoderados para que co-gobiernen con los alcaldes”. El senador subrayó que “necesitamos que tengan dignidad en su cargo, por lo tanto, tienen el derecho a capacitarse, a acceder a estudios técnicos y a mayores recursos, para ser reales representantes de la comunidad”.

Catalina Del Real, recordó su pasado municipal señalando “como ex concejala, conozco las dificultades y prejuicios del cargo, por lo tanto, le extiendo mi mano a la comisión de concejales, para apoyar cualquier iniciativa que dignifique y fortalezca la labor de los concejales de Chile”.

La Comisión Nacional de Concejales, está trabajando  un ante proyecto de Ley, que ya fue sociabilizado con el Ejecutivo, mediante la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), con el fin de resolver los conflictos históricos que afectan a los Concejales de todo el país.