La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), se unió a la campaña “Pinta el mundo de naranjo” iniciativa del Secretario General de Naciones Unidas e implementada por ONU Mujeres en todo el mundo.

En este contexto el presidente de la AChM, alcalde de La Granja, Felipe Delpin, junto a Carlos Soto, concejal de Lo Espejo,  Vicepresidente de la entidad municipalista y  María Inés Salamanca, Representante de ONU Mujeres en Chile, llamaron a los municipios del país a sumarse a la campaña, que busca realizar un cambio cultural en la sociedad para eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas.

Sobre la campaña, el Presidente de la AChM señaló que “para nosotros es una obligación moral sumarnos a esta campaña, la violencia contra la mujer es una terrible realidad, es por esto, que adherimos a la campaña y nos comprometemos a realizar acciones permanentes que ayuden a erradicar toda violencia en contra de las mujeres”.

Por su parte, la representante de ONU Mujeres dijo que “para nosotros es muy importante el compromiso de los municipios y los gobiernos locales, porque los consideramos la puerta de entrada para la ciudadanía y las mujeres víctimas de violencia”.

Durante la actividad participaron diversas autoridades municipales, como el alcalde de Punitaqui, Carlos Araya y concejalas de diversos colores políticos.

COMPROMISO DE ACCIONES ENTRE LA ACHM Y ONU MUJERES:

1. Poner el tema de la campaña en la tabla de los Concejos Municipales antes del 10 de diciembre, para que cada Municipio incorpore acciones para sumarse a la campaña.

2. Pedir a los Concejos Municipales que en alguna de sus sesiones puedan colocarse poleras o camisas naranja como señal de su adhesión a la campaña y enviarla a las redes sociales.

3. Hacer visible en sus edificios y oficinas públicas el color de la campaña, usando implementos naranjas (telas, banderas, iluminación), acompañado siempre de la frase Únete pongamos fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.

4. Incorporar la gráfica de la campaña a las páginas web de los municipios.

5. Twittear en las redes sociales municipales el compromiso de los municipios con la campaña.

6. Fortalecer las oficinas municipales de la mujer.

7. Organizar en las escuelas y liceos municipales encuentros, deportivos, de conversación y análisis con mujeres y hombres de su comuna.

8. Plantar en cada plaza municipal un naranjo como símbolo de la campaña.

9. Crear un concurso literario para historias y poemas de mujeres sin violencia

10. Pintar mensajes en la vía pública (Ej. Pasos peatonales) que hagan referencia a la campaña.

11. Registrar toda actividad de la campaña y viralizarla en las redes sociales.

12. Tomar una fotografía del/la alcalde/sa junto con su equipo, vestidos de naranja y publicar en redes sociales, utilizando los hashtags: #ÚNETE #PintaElMundoDeNaranja #dianaranja #NoMásViolenciaContraMujeres

13. Realizar una color Run Naranja (Corrida familiar, donde los participantes van con poleras blancas y al inicio de la competencia se lanza pintura de color naranja, adhiriendo así a la campaña).

14. Realizar una corrida familiar con poleras naranjas.

15. Realizar un mural pintado por la comunidad (mujeres) con motivos de la campaña utilizando el color naranjo.

La iniciativa, que fue objeto de un amplio debate en la Sala, duplica el rango del aporte fiscal a las instituciones colaboradoras, al tiempo que impone nuevas exigencias e inhabilidades para estas, así como obligaciones y responsabilidades adicionales para el Sename.

Responder a la urgente necesidad de impedir que, mientras se defina el marco de la nueva institucionalidad relacionada a los menores en estado de vulnerabilidad social, sigan ocurriendo cierres de centros colaboradores del Sename por falta de financiamiento, es la finalidad central del proyecto (boletín 11657) aprobado por la Cámara de Diputados y despachado a segundo trámite al Senado.

El tratamiento de esta iniciativa fue objeto de un amplio debate en la Sala, donde el oficialismo marcó filas en su apoyo y en la urgencia de entregar el aumento de subvención aquí definida, en particular, para prevenir que de aquí al próximo año se concreten nuevos cierres de colaboradores que dejen en mayor indefensión a niños, niñas y adolescentes en situación de precariedad o vulneración social.

En tanto, la oposición se mostró dividida. Mientras algunos legisladores insistieron en una crítica férrea y en llamar al rechazo como forma de reclamo por montos que se estimaron insuficientes y por su asignación a instituciones que no estarían dando el ancho para el cometido que se les encarga; otros, si bien coincidieron en señalar que el avance es aún limitado, reconocieron la capacidad del Ejecutivo para respaldar propuestas de otros sectores y la urgencia de sustentar las operaciones de múltiples instituciones colaboradas.

En la hora de votación, la propuesta fue aprobada en general por 101 votos a favor, 27 en contra y cinco abstenciones. Luego, se desarrollaron otras 23 votaciones separadas que permitieron restituir algunos de los criterios aprobados en la Comisión de Constitución y que fueron modificados o eliminados por su par de Familia, entre ellos, la vía de financiamiento del aumento de recursos.

Aumento de subvención

Si bien el proyecto abarca varios puntos, el incremento de la subvención fue uno de los que estuvo presente en casi todos los discursos. En concreto, el texto ratificado por la Sala permite duplicar el actual rango (se sube de 8,5-15 unidades de subvención Sename mensuales a 15-30 USS mensuales).

El cálculo estima que en el primer año de aplicación, el límite máximo efectivo de la subvención se incremente en un 25%, es decir, pasará de 15 a 18,75 USS . Lo anterior irroga un mayor gasto fiscal de $ 9.771 millones. A su vez, se estima que el mayor gasto fiscal en caso de alcanzar el límite máximo del rango para la línea Centros Residenciales (30 USS) sería de $39.108 millones.

El costo que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No obstante, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar dicho presupuesto en lo que falte, con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público. En los años siguientes, los recursos se consultarán en la Ley de Presupuestos del Sector Público respectiva.

Otras normas del proyecto

Conjuntamente con el aumento de subvenciones, el proyecto contempla otras modificaciones a la ley vigente que regula el sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Algunos de estos perfeccionamientos apuntan a precisar o redefinir principios rectores de este sistema o a agregar derechamente otros conceptos en dicho marco, como es el asegurar las condiciones que otorguen el necesario bienestar biopsicosocial de los menores.

También se deberá respetar como principios la efectividad de los derechos y las condiciones ambientales y oportunidades que los niñas, niños y adolescentes requieren, según su etapa de desarrollo, mediante una intervención oportuna y de calidad; y la transparencia, eficiencia, eficacia e idónea administración de los recursos que conforman la subvención.

Asimismo, para el reconocimiento de las instituciones colaboradoras, impide que participen en sus directorio, representación legal, gerencia o administración individuos que figuren en el Registro de Personas con prohibición para trabajar con menores de edad. Esta y otras prohibiciones ya contempladas en la ley vigente se extienden a personas naturales que desempeñan sus funciones directamente con los niños, niñas y adolescentes.

En la misma línea, se especifica un listado de causales que permitirán revocar el reconocimiento de colaborador acreditado que ejecute la línea de acción “Centros Residenciales”; al tiempo que se exige a las instituciones remitir anualmente al Sename y mantener publicada y actualizada en sus respectivas páginas web información sobre la entidad, su desempeño (objetivos, indicadores de gestión y financieros, etc.), balances y antecedentes de las competencias técnicas y profesionales de su personal, entre otros.

Por último, entre otras consideraciones, se perfeccionan ciertas obligaciones que se adjudican al Sename en cuanto a la supervisión y fiscalización del sistema y se especifican algunas de las características que deberá contener el reglamento que se dispondrá en la materia.

Publicado el 21 de noviembre del 2018

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados recibió a los ministros de Hacienda y de Trabajo, quienes expusieron los alcances de la iniciativa que comenzará su tramitación en el Parlamento.

Con el objeto de exponer los fundamentos de la iniciativa, los ministros de Hacienda y de Trabajo, Felipe Larraín y Nicolás Monckeberg, respectivamente, presentaron ante la Comisión de Trabajo, presidida por el diputado Gastón Saavedra (PS), los lineamientos generales de la reforma al sistema de pensiones (boletín 12212) impulsada por el Ejecutivo.

La propuesta se construye sobre la base de cinco principios fundamentales:

1. Reconocer el esfuerzo individual de los trabajadores y respetar plenamente sus derechos de propiedad sobre las cotizaciones y el ahorro previsional que acumulan en sus cuentas individuales.
2. Concentrar el mayor esfuerzo fiscal en los más vulnerables, en la clase media y en las mujeres.
3. Asegurar que cada uno de los cambios ayuden, en forma directa o indirecta, a mejorar las pensiones.
4. Evitar efectos negativos de las reformas sobre el crecimiento económico y la creación de empleos.
5. Responsabilidad fiscal, asegurando la sustentabilidad de largo plazo de los beneficios, en particular los que se financian con el presupuesto público.

Los Secretarios de Estado plantearon la necesidad de concretar los cambios, debido sobre todo al envejecimiento de la población y al porcentaje de trabajadores cotizantes, lo que hace inviable el actual sistema.

Según explicó el titular de Hacienda, “no es posible mejorar las pensiones si no tenemos un aumento en la contribución, tanto en la mínima, que es la obligatoria; como en la voluntaria”.

A su turno, el ministro del Trabajo explicó que, al día de hoy, “2,38 trabajadores le deberían financiar la jubilación a un pensionado; el año 2050, a la vuelta de la esquina, un trabajador le tiene que financiar la pensión a un pensionado; y el 2060, si mantenemos este sistema, un trabajador debería financiar la pensión a más de un pensionado”.

Para el diputado Raúl Soto (DC), si bien la discusión recién comienza, el proyecto requiere de modificaciones urgentes, para que sea una ley efectiva que perdure en el tiempo, considerando que “ningún sistema previsional en el mundo puede descansar en forma excesiva en el Fisco, porque en 5, 10 , 15 años más vamos a tener que seguir metiendo plata en el pilar solidario, lo que, a largo plazo, es absolutamente insostenible”.

En tanto, el diputado Patricio Melero (UDI), junto con destacar el proyecto del Ejecutivo, valoró el debate que se inicia en la instancia, respecto del cual ya hay cierto grado de conocimiento y discusión avanzado, debido al proyecto de ley que en su momento inició la administración anterior.

“Tenemos que partir ya con las audiencias que van a ayudar mucho a la deliberación, tenemos que avanzar con este proyecto que, afortunadamente, no parte de cero porque ya hubo una larga discusión el año pasado”, precisó.

Respecto del Pilar Solidario, se promueve un aumento gradual para los actuales y futuros beneficiarios, pero con incrementos mayores para los de mayor edad. Además, se busca asegurar una pensión de monto constante y facilitar el acceso a personas de los sectores más pobres.

El proyecto del ley comprende también normas para incentivar la competencia en la industria de administración de fondos de pensiones; para fortalecer la educación y mejorar la información previsional; y para aumentar la transparencia del sistema de AFP.

Publicado el 20 de noviembre del 2018

El año 2019 no se destinarán fondos para el Plan Comunal de Seguridad Pública que en 2016 fue de M$26.491.375 y en 2018 solo de M$5.418.733 para repartir entre los municipios.

 “Hay un discurso público en el que se prioriza la seguridad y se compromete a reducir la delincuencia, sin embargo, el Gobierno en la práctica, lo que hace es disminuir los recursos para la seguridad pública”, criticó el alcalde Felipe Delpin, quien oficiará sobre la grave situación al ministro del Interior Andrés Chadwick.

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Felipe Delpin, junto al vicepresidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, alertaron sobre la grave disminución de los recursos de SEGURIDAD PÚBLICA que impedirá que los municipios puedan dar continuidad a las estrategias locales y planes de prevención para combatir la delincuencia en los barrios. Por tal motivo ya se confirmó una reunión con el Ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Según un estudio “Análisis sobre los delitos en el País y los recursos hacia los municipios”, que el edil presentó la semana pasada ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, se detectó que desde 2016 ha habido una disminución sostenida de los recursos destinados a estas materias. De esta manera, los dineros actualmente comprometidos en Seguridad Ciudadana equivalen solo al 0,07% de todo el presupuesto nacional.

“Hay un discurso público en el que se prioriza la seguridad y se compromete a reducir la delincuencia, sin embargo, el Gobierno en la práctica, lo que hace es disminuir los recursos para la seguridad pública”, criticó el alcalde Felipe Delpin.

El estudio revela, además, que mientras que para ambas policías el presupuesto llega a un 45% de los recursos de Seguridad y Justicia, por el contrario, los programas de rehabilitación y reinserción en Gendarmería representan solo el 1,3% de los dineros. A ello se suma que la Subsecretaría de Prevención del Delito tendrá para el 2019 un presupuesto de solo el 1,2% del total de los recursos destinados para Seguridad y Justicia.

“Los municipios de Chile estamos dando la cara para responder a la población, mientras que el Gobierno deposita los recursos solo en Carabineros, desconociendo el valioso trabajo que desarrollan los 345 municipios del país. No puede ser que los recursos que la Subsecretaría de Prevención del Delito sean apenas el 3% de los que se destina a Carabineros”, criticó Delpin.

Ley 20.965 incorporó un nuevo instrumento de gestión municipal denominado: “Plan Comunal de Seguridad Pública” (PCSP). Sin embargo, cabe destacar que para el 2019 no habrá recursos para el Plan Comunal de Seguridad Pública que en 2018 fue de M$5.418.733 y en 2016 de M$26.491.375.

“No existe claridad con qué recursos contarán los municipios para llevar a cabo los programas que señala la Ley. La gran mayoría de los municipios no cuentan con recursos propios para acometer semejante tarea. Se podría así privar a las comunidades que han realizado proyectos de prevención exitosos de un instrumento necesario para su continuidad, y quienes tengan como objetivo hacerlo en el futuro, no contarán con dichos recursos”, aseguró el alcalde Delpin.

Por lo tanto, según el presidente de la AChM, es la primera vez, desde el año 2000 que las comunas se verán forzadas a interrumpir sus programas preventivos por falta de recursos.

“Desde el año 2000 los sucesivos gobiernos han tenido una política clara respecto a este tema: Plan Comuna Segura (2000-2010), Plan Barrio en Paz (2010-2014), Planes comunales de Seguridad Pública (2014-2018), con sus distintas variaciones, han sido programas que han contribuido, sin duda, a que los municipios y sus comunidades tengan herramientas para prevenir conductas delictivas”, explicó la autoridad.

Por su parte, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, enfatizó que la gran mayoría de las comunas del país dependen de dichos recursos para poder combatir la delincuencia. “Sin estos recursos no tenemos ninguna posibilidad financiera de ejecutar estos programas con recursos propios. Hay dependencia total de los recursos que se entregan desde nivel central. Peor aún, esta disminución de los recursos no solo afectará la generación de nuevos planes y programas de prevención, sino que ponen en riesgo la ejecución de programas que ya están en curso”, dijo Durán.

Municipios en alerta

Según la encuesta CEP de 2017, la DELINCUENCIA se convirtió en una de las grandes prioridades de la ciudadanía. Dichas cifras se complementan con las estadísticas proporcionadas por el Ministerio del Interior, que revelan que la INSEGURIDAD sigue aumentando en la población. De hecho, 4 de cada 5 personas, es decir el 81%, cree que la delincuencia ha aumentado y la denuncia, que es el reflejo de confianza en el sistema, ha disminuido en el 38,5%. Lo anterior se complementa con las últimas cifras entregadas por Paz Ciudadana, donde se estableció que el robo en hogares aumentó en 39,5% en 2017.

Pese a estos datos, el presupuesto de la Subsecretaría de Prevención del Delito entre 2016  (M$55.199.462) y 2018 (M$32.836372) disminuyó en M$22.363.090, es decir, un 40, 51%. En 2019 el presupuesto destinado a esta área solo será de M$35.784.603, es decir, un leve aumento de M$2.948.231 que deberán ser repartidos entre 345 municipios del país.

En contraposición, Carabineros ha aumentado sus recursos en esta materia. Entre 2016 (M$988.828.530) y 2018 (1.082.692.664) hubo un aumento de M$93.864.134, es decir un 10%. Por otra parte, para el 2019 el presupuesto será de M$1.115 092.271, es decir, un aumento considerable de M$32.399.607, muy por sobre la cifra destinada a la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Propuestas de la AChM:

Concentrar los escasos recursos considerados en la Red Nacional de Seguridad (M$3.941.485) en las comunas de más de 60 mil habitantes, donde se concentra más del 80% de los delitos y el 73% de la población nacional (GLOSA).

Comprometer para hacer efectivo durante el año un presupuesto suplementario para esta línea programática, de un monto similar o superior al inicial.

Focalizar los recursos del Fondo Nacional de Seguridad Pública (M$3.414.954) en comunas de menos de 60 mil habitantes y en iniciativas de fortalecimiento de los Consejos Comunales de Seguridad Pública.

Por medio de una resolución, los diputados solicitaron al Gobierno adoptar las medidas administrativas, legales y financieras pertinentes.

Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 241, que pide al Presidente de la República adoptar las medidas administrativas, legales y financieras a fin de investigar, ubicar y proporcionar la adecuada sepultura del Padre de la Patria, Manuel Rodríguez Erdoíza.

El documento, presentado a la Cámara por el diputado Pablo Vidal (RD), detalla que han pasado más de 200 años de la muerte alevosa de Manuel Rodríguez en Til Til que, por casi 80 años, ha estado sepultado en la iglesia La Merced de Til Til, según los mismos habitantes históricos de la comuna.

Agrega que la comisión patriótica popular designada en 1894 para ubicar y llevar su cuerpo a Santiago y sepultarlo en el Cementerio General, relataron de forma poco prolija lo sucedido con el cuerpo del prócer.

Por otro lado, manifiesta que la comunidad de Til Til asegura que el cuerpo llevado a Santiago corresponde a un soldado de la Guerra del Pacífico. De un hombre de más de 45 años.

Y que, incluso, en 1985 el médico forense del Servicio Médico Legal, doctor Claudio Paredes, exhumó el cuerpo hallando en sus suturas craneales vestigios de un hombre de 45 a 50 años. Y el prócer tenía 33 cuando murió.

Sumado a ello, describe el texto, existe la versión de la comunidad de Pumanque, que asegura que el cuerpo de Manuel Rodríguez está sepultado junto a su esposa, Francisca de Paula Segura y Ruiz, en la iglesia de Pumanque, Provincia de Colchagua.

Por otro lado, señala la resolución, la familia del Padre de la Patria ha solicitado infructuosamente por diversas vías legales contrastar tanatológicamente con muestras de ADN si el cuerpo del Cementerio General corresponde o no a Manuel Rodríguez.

Publicado el 05 de noviembre del 2018

El próximo miércoles 7 de noviembre, de 16:00 a 17:30 horas, la Sala de la Cámara de Diputados realizará una sesión especial, con el objeto de analizar la denominada “deuda histórica” del Estado de Chile con sus docentes, generada durante el proceso de desmunicipalización.En el año 1981 la Ley Nº 3.551 dispuso un reajuste del sueldo base al sector público, estableciendo en su artículo 40 una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación. Sin embargo, esta normativa no se cumplió y, como resultado de la municipalización impuesta a partir de ese año, la mayoría de los profesores no alcanzaron a recibir el 100% de la asignación, pues al ser traspasados al sector municipal, los nuevos empleadores desconocieron los derechos adquiridos por los docentes.

Esta situación ha llevado a maestros a lo largo de todo Chile a recurrir a los Tribunales de Justicia y al propio Congreso, con el propósito de demandar al Estado por una indemnización compensatoria por el no pago de este reajuste salarial.

Por lo anterior, la Sala de la Cámara de Diputados analizará en una sesión, solicitada por 66 parlamentarios, dicha situación, a la que se ha invitado a los ministros de Educación, Marcela Cubillos; Hacienda, Felipe Larraín; Desarrollo Social, Alfredo Morgado; y Trabajo, Nicolás Monckeberg.

El tiempo previo, contemplado en el artículo 76 del Reglamento, corresponderá al Comité Revolución Democrática.Publicado el 31 de octubre del 2018.

El Colegio de Profesores de Chile comentó que existen respuestas contradictorias y ambiguas entre los personeros del Mineduc, a quienes acusaron de no ser concretos tras las demandas del gremio.

De manera unánime, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó enviar al Ejecutivo un oficio que solicita al Mineduc pronunciarse, de manera concreta, sobre el petitorio realizado por los profesores que solicita optimizar las condiciones laborales para mejoras pedagógicas.

El vocero del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar, comentó que existen respuestas contradictorias y ambiguas entre el subsecretario Raúl Figueroa, con quién han estado en conversaciones desde abril de 2018, y la ministra Marcela Cubillos, acusando a ambos de no ser concretos tras las demandas del gremio.

La presidenta de la instancia legislativa, diputada Cristina Girardi (PPD), destacó que “de los puntos que están involucrados en el petitorio, prácticamente, casi todos no tienen relación con demandas gremiales” y especificó que todos tienen que ver con en cómo se mejora la educación.

La diputada Girardi enfatizó que este es un llamado desesperado de los docentes por tratar de re-enfocar la educación de los niños y jóvenes de nuestro país para que no se desvirtúe.

Según informó la legisladora, el oficio al Ejecutivo expresa su apoyo a lo planteado por los profesores y solicita que se retomen las conversaciones con el Ministerio de Educación (Mineduc) y que se lleguen a consensos que apunten a lograr cambios profundos en el tema educacional chileno.

Demandas del magisterio

La paciencia de los docentes tiene fecha de tope: la reunión acordada con la Secretaria de Estado, este viernes 26 de octubre. De llegar a buen término, el 31 de este mes se reunirá la mesa negociadora con el subsecretario.

El dirigente explicó que, entre sus demandas, está poner fin a la estandarización de la educación chilena. “La que se maneja en base a un pobre concepto de calidad y mejora continua; que estimula el logro de determinados indicadores cuantitativos para ubicarse en el pináculo de los rankings o para la sobrevivencia de la escuela, pero en ningún caso para permitir una verdadera educación integral”, especificó Aguilar.

También piden mayor estabilidad laboral a profesores que están “a contrata”, pese a cumplir iguales funciones y responsabilidades que los titulares.

Sobre la Deuda Histórica, el gremio explica que la lista original incluía a más de 84 mil docentes y que hoy solo quedan 65 mil profesores que piden una mejora a sus pensiones. Además, se destacó que han rebajado notoriamente sus demandas económicas considerando que el tema es complejo si se habla de cifras.

Publicado el 25 de octubre del 2018

La Corporación analizó la propuesta sobre la base del informe de la Comisión Mixta que abordó las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado. La iniciativa, en concreto, fortalece la tipificación de ciertas conductas relacionadas con el cohecho y el soborno, al tiempo que aumenta las sanciones en la materia.En condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como Ley de la República quedó el proyecto (boletín 10739) que modifica el Código Penal con el objeto de perfeccionar el marco legal del cohecho y el soborno, ello luego que la Cámara de Diputados diera su aprobación, por la unanimidad de 114 votos, al informe de la Comisión Mixta que resolvió las diferencias con el Senado en torno a esta propuesta.

En lo fundamental, esta iniciativa fortalece la tipificación de ciertas conductas y eleva las penas de los principales delitos funcionarios: malversación, fraude al fisco, negociación incompatible, soborno y cohecho.

También se crean nuevos delitos de corrupción entre particulares y de administración desleal. Además, amplía el radio de acción del comiso, para hacerse cargo de las ganancias ilegales, y hace más exigente la regulación para las personas jurídicas vinculadas a estos hechos delictuales.

El origen de la Comisión Mixta se motivó en el rechazo del Senado, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2017, en el tercer trámite constitucional, de la totalidad de las enmiendas que en su oportunidad había acordado la Cámara de Diputados.

Por efecto de lo anterior, la propuesta hoy aprobada por los diputados, y que ya cuenta con la ratificación del Senado, abordó el conjunto del proyecto de ley que se inició en moción en junio de 2016, por un grupo de senadores, y complementado en su paso por la Cámara por otras propuestas de diputados y del propio Ejecutivo de la época.

Texto aprobado

Uno de los primeros puntos es incorporar a la escala general de penas, que pueden imponerse en los casos de delitos calificados como crímenes, las inhabilitaciones “absoluta perpetua” y “absoluta temporal”, para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que éste tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública.

Tratándose de simples delitos, se agrega la sanción de inhabilitación “absoluta temporal”, en los mismos términos ya señalados.

La iniciativa avanza luego en regular los efectos que cada una de estas sanciones produce, como por ejemplo, la extensión de la privación de cargos y tiempos en que dura la medida.

En segundo lugar, se aumentan las penas corporales, pecuniarias y restrictivas de derechos aplicables a las distintas figuras constitutivas de delitos contempladas en el Código Penal, cometidos por funcionarios públicos, como la malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales.

Respecto de las penas corporales, se propone la reclusión menor en sus grados medio a máximo. Asimismo, se propone el aumento de las multas aplicables y la inhabilitación absoluta temporal. En este marco, por ejemplo, se sanciona al empleado público que, directa o indirectamente, se interese en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiese de intervenir en relación a su cargo.

En la misma línea, se sanciona al árbitro o liquidador comercial que directa o indirectamente se interese en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiese de intervenir en relación con los bienes, cosas o intereses patrimoniales cuya adjudicación, partición o administración estuviere a su cargo. En una perspectiva similar se hace referencia al veedor o liquidador en un procedimiento concursal, peritos, guardadores o albaceas, directores o gerentes de una sociedad anónima.

Las mismas penas se impondrán a las personas mencionadas si, en las mismas circunstancias, dieren o dejaren tomar interés, debiéndo impedirlo, a su cónyuge o conviviente civil, a un pariente en cualquier grado de la línea recta o hasta en el tercer grado inclusive de la línea colateral, a terceros asociados con él, sea por consanguinidad o afinidad.

Otras sanciones en el sistema público

El proyecto también contempla una amplio cuadro de perfeccionamientos a las figuras delictuales atingentes a los empleados públicos.

En este marco se abordan, por ejemplo, un aumento de las penas y sanciones para quienes exigen o acepten mayores derechos a los correspondientes a su cargo o beneficios económicos para sí o terceros; para quienes reciban beneficios económicos o de otra naturaleza por omitir actos propios de su cargo; o para los que ejerzan influencia en otro empleado con el fin de obtener de este una decisión que pueda generar un provecho para un tercero interesado.

En la misma línea, se aumenta las penas para los empleados públicos que reciben un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o para un tercero, por cometer crímenes o simples delitos contemplados en este marco legal, como la malversación de caudales públicos, fraude y cohecho. Asimismo, se perfecciona la normativa relativo al cohecho atingente a los funcionarios públicos en relación a operaciones internacionales.

La iniciativa también define que no se les aplicará el grado mínimo de las penas de los delitos mencionados, cuando se trate de empleados públicos que desempeñen un cargo de elección popular, de exclusiva confianza de estos, de alta dirección pública del primer nivel jerárquico o por un fiscal del Ministerio Público o por cualquiera que, perteneciendo o no al orden judicial, ejerza jurisdicción; por los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, o por el General Director de Carabineros o el Director General de la Policía de Investigaciones.

La restricción recién señalada también se aplicará cuando los delitos se cometan con ocasión de los siguientes procesos: designación en un cargo público; procedimientos de adquisición, contratación o concesión; permisos o autorizaciones para el desarrollo de actividades económicas; y fiscalización de actividades económicas. Se fijan, además, plazos de prescripción y agravantes.

Finalmente, entre un amplio número de normas, se efectúan adecuaciones normativas, en línea a las definidas en el Código Penal, en la Ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.

Publicado el 25 de octubre del 2018

Durante la misma sesión, los diputados solicitaron al Gobierno, por medio de dos resoluciones, crear un Banco de ADN bovino en regiones y que los restos del primer dinosaurio chileno vuelvan a Aysén.

Solicitar al Presidente de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley para declarar el 2 de julio del año 2019 como feriado regional, con el propósito de promocionar el valor científico y turístico del eclipse solar total que ocurrirá en la región de Coquimbo ese día, es el objeto de la resolución 211, aprobada por la Sala de la Cámara de Diputados.

La resolución de los diputados Pedro Velásquez (FRVS), Juan Fuenzalida (UDI), Sergio Gahona (UDI), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Jaime Mulet (FRVS), Esteban Velásquez (FRVS), René Saffirio (IND), Raúl Saldívar (PS), Daniella Cicardini (PS) y Renato Garín (RD), sumó 98 votos a favor, 7 en contra y 24 abstenciones.

El texto también pide que se instruya a los Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones y de Educación y al Servicio Nacional del Turismo, realizar una estrategia transversal de difusión y promoción del astroturismo para esa fecha.

Crear Banco de ADN bovino en regiones

Los diputados Javier Hernández (UDI), Iván Norambuena (UDI), Ramón Barros (UDI), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Sandra Amar (IND), Enrique Van Rysselberghe (UDI), Jaime Bellolio (UDI), Gastón Von Mühlenbrock (UDI), Rolando Rentería (UDI) y Juan Fuenzalida (UDI) son los autores de la resolución 214 que pide al jefe de Estado que estudie la posibilidad de crear y financiar un banco de ADN bovino en las regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos.

El documento, aprobado por 123 votos afirmativos y 11 abstenciones, plantea que el citado Banco sea la primera medida orientada a establecer, con carácter obligatorio y a nivel nacional, el registro del perfil genético de los animales que puedan ser objeto del delito de abigeato.

Cámara solicita que restos de primer dinosaurio chileno vuelvan a Aysén

La Cámara de Diputados aprobó también el proyecto de resolución 221, que expresa su respaldo a la solicitud de la comunidad aysenina acerca del retorno de los fósiles del primer dinosaurio jurásico “Chilesaurus Diegosuarezi”, descubiertos en febrero de 2004 en la zona de Mallín Grande en la cuenca del lago General Carrera de la región de Aysén, por Diego Suárez.

El descubridor que tenía entonces 7 años, acompañaba a sus padres que realizaban misiones geológicas gracias a un proyecto Fondecyt patrocinado por Sernageomin.

La resolución, ratificada por 132 votos a favor y 4 abstenciones, solicita además al Presidente Sebastián Piñera que, por intermedio de la Ministra de las Culturas, realice las gestiones conducentes para la exhibición definitiva del “Chilesaurus Diegosuarezi” en el Museo Regional de la Patagonia de Coyhaique.

Esta solicitud fue presentada por los diputados Miguel Ángel Calisto (DC), Hugo Rey (RN), Renzo Trisotti (UDI), Amaro Labra (PC), Marcelo Díaz (PS), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Gonzalo Fuenzalida (RN), Florcita Alarcón (PH), Marisela Santibáñez (PRO) y Carolina Marzán (PPD).

Publicado el 17 de octubre del 2018