Andrés Aylwin murió a las 7 de la mañana de este lunes 20 de agosto, a los 93 años. El exlegislador destacó durante la dictadura militar por su activo rol en la defensa judicial de los presos políticos y en la condena a las violaciones a los DDHH.

Muestras
de tristeza y hondo pesar provocó el fallecimiento de Andrés Aylwin, a las 7 de
la mañana de este lunes 20 de agosto, a los 93 años.

Aylwin -nacido un 20 de junio de 1925- destacó durante la dictadura militar por
su activo rol en la defensa judicial de los presos políticos y en la condena a
las violaciones a los DDHH.

“Estudio crítico de nuestro procedimiento del trabajo” fue el título de la
memoria con que se tituló de abogado, el 19 de junio de 1953, en la Universidad
de Chile.

Su trayectoria política se inició en 1949, cuando se incorporó a la falange
nacional. Ocho años después, en 1957, se integró al partido Demócrata
Cristiano.

En 1965, Andrés Aylwin fue elegido diputado por la octava agrupación departamental
“Melipilla, San Antonio, San Bernardo y Maipo”, para el período 1965-1969;
siendo reelecto por dos nuevos períodos, en 1969-1973 y 1973-1977. Esta última
legislatura fue interrumpida con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

Ese año mismo años formó parte del conocido “grupo de los 13”,
compuesto por militantes de la DC que, a dos días del derrocamiento de Salvador
Allende, rechazaron la acción militar.

Durante la dictadura, Aylwin destacó por su trabajo en el Comité para la Paz y
en la Vicaría de la Solidaridad. En 1978 fue elegido presidente de la
Agrupación de Abogados pro DDHH y dirigió la Comisión contra la Tortura,
desempeñándose como abogado querellante en casos de detenidos desaparecidos.

El 11 de marzo de 1990, junto con el retorno a la democracia y la asunción al
mando Presidencial de su hermano Patricio, Andrés Aylwin volvió a la Cámara de
Diputados en representación del distrito 30, que agrupaba las comunas de San
Bernardo, Buin, Paine y Calera de Tango, de la región Metropolitana; cargo que
mantuvo hasta marzo de 1998.

Su perfil legislativo se centró principalmente en temas de carácter nacional,
como la reforma agraria, previsión y asistencia social, capacitación sindical,
promoción y protección de los DDHH y derechos de los trabajadores.

Presentó un total de 58 mociones parlamentarias, algunas como autor y otras en
calidad de coautor, transformándose ocho de ellas en ley.

En sus 194 intervenciones en Sala, manifestó su opinión sobre las más diversos
materias y tras el retorno a la democracia, tuvo un rol relevante en las
discusiones sobre maltrato a menores, filiación, defensa y promoción de los
derechos humanos, así que la reparación a las víctimas de la dictadura militar.

Publicado el 20 de agosto del 2018

Encabezado por el nuevo presidente de los Concejales, Marcelo Sandoval, la Directiva Nacional de Concejales, de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), junto a los representantes de todas las regiones, concurrieron al Congreso Nacional para seguir gestionado de los acuerdos del Encuentro de Osorno, en el sentido de un cambio a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM), que otorgue mayores facultades y recursos a la función que ejercen los ediles en las 345 municipalidades del país.Estos encuentros se realizaron en el marco del Seminario “Herramientas para Mejorar la Gestión” centrado en el rol, atribuciones y facultades del concejo municipal. Los Concejales se reunieron con diversos parlamentarios, de todas las bancadas  entre ellos, el presidente del Senado, Carlos Montes, Carolina Goic, José Manuel Ossandón, Alejandro Guillier, Rabindranath Quinteros, y los Diputados, Catalina Del Real, Gabriel Ascencio, Ricardo Celis y Karen Luck, quienes solidarizaron con las demandas de los Concejales de Chile.

El Presidente de la Comisión, Concejal de La Pintana, Marcelo Sandoval señaló que “fue una instancia relevante para conocer las visiones que tienen nuestros pares en las 16 regiones; en cuanto a las reuniones con los parlamentarios, estas fueron muy productivas y sentimos la acogida y el respaldo de ellos para trabajar en la dignidad del cargo de Concejal y esperamos el apoyo de todos”.

Por su parte Patricio Huerta, Concejal de Talagante y Vicepresidente de la comisión señaló “hoy dimos un gran paso en la lucha por dignificar el cargo, nos recibieron parlamentarios de todos los colores políticos y debemos seguir trabajando, esta no será una pelea corta, pero debemos trabajar por todos los concejales del país”.

Uno de los parlamentarios que comentó la reunión con los ediles fue el Senador Alejandro Guillier, quien expresó que “los concejales son el primer contacto con el ciudadano, por lo tanto necesitamos que ellos se sientan más empoderados para que co-gobiernen con los alcaldes”. El senador subrayó que “necesitamos que tengan dignidad en su cargo, por lo tanto, tienen el derecho a capacitarse, a acceder a estudios técnicos y a mayores recursos, para ser reales representantes de la comunidad”.

Catalina Del Real, recordó su pasado municipal señalando “como ex concejala, conozco las dificultades y prejuicios del cargo, por lo tanto, le extiendo mi mano a la comisión de concejales, para apoyar cualquier iniciativa que dignifique y fortalezca la labor de los concejales de Chile”.

La Comisión Nacional de Concejales, está trabajando  un ante proyecto de Ley, que ya fue sociabilizado con el Ejecutivo, mediante la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), con el fin de resolver los conflictos históricos que afectan a los Concejales de todo el país.

La medida regirá para los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios por cuatro o más ingresos mínimos mensuales y que tengan menos de 55 años los hombres y menos de 50 las mujeres, al 1 de enero de 2012. No obstante, en el debate surgieron dudas por el real efecto que tendrá esta obligatoriedad en las prestaciones de seguridad social.

Con un amplio debate sobre los desafíos y falencias del sistema previsional,  en especial de los trabajadores independientes, la Sala aprobó la idea de legislar del proyecto en primer trámite que modifica las normas para la incorporación de estos trabajadores a los regímenes de protección social.

El texto legal fue visado en general por 21 votos a favor, 1 en contra y 14 abstenciones y se fijó como plazo para realizar indicaciones hasta el próximo 18 de octubre.

Hicieron uso de la palabra los senadores Carolina Goic, Iván Moreira, Juan Pablo Letelier, José Miguel Durana, Víctor Pérez Varela, Carlos Bianchi, José Miguel Insulza, Juan Castro,  Alfonso De Urresti, Alejandro Guillier, Juan Ignacio Latorre, Adriana Muñoz, Alejandro Navarro y Francisco Chahuán, además del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.

Los argumentos a favor de la iniciativa se centraron en la necesidad de dar respuesta al alto número de trabajadores independientes que hoy no cuenta con sistema previsional y no tiene obligación de cotizar, en ese sentido, se trata de promover la incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de protección social, con el propósito de permitir su acceso a las mismas prestaciones de seguridad social a la que tienen derecho los trabajadores dependientes.

Sin embargo, varios parlamentarios de oposición expresaron sus aprensiones puesto que a su juicio “no se ataca el problema de fondo que es el sistema previsional actual de las AFP que no asegura tasas de reemplazo suficientes y se escuda en que el que cotiza más tendrá mejor pensión”. Asimismo algunos legisladores dejaron constancia de que no existe claridad en las cifras de la población en edad laboral informal y que no impone, simplemente porque sus ingresos son muy bajos.

Al respecto, el ministro del Trabajo explicó que “este proyecto tiene impacto, o establece esta obligación gradual, a unos 649.958 trabajadores cuyos honorarios anuales totales sean iguales o superiores a cinco ingresos mínimos mensuales ($1.380.000).

Aclaró que “en organismos públicos trabajan 189.280. Instituciones fiscales, 95 mil de estas; sector municipal, 86 mil de estos; y del sector privado, exactamente la diferencia”. Asimismo advirtió que “La ley actualmente vigente, promulgada el año 2008, establece que a partir de ahora, este año, se debe cotizar por el 100%. Y con el 10% que se les retiene, no alcanza”. “En consecuencia, si no hacemos nada, en abril lo que va a ocurrir es que no solo no se les va a devolver ni un peso de impuesto a estos trabajadores a honorarios, sino que además van a quedar endeudados”.

CONTENIDOS

En lo fundamental, el proyecto apunta a instaurar la obligatoriedad de cotizar por parte de los trabajadores independientes para tener acceso a las prestaciones de seguridad social, la que se materializará en la declaración anual de impuestos de abril de cada año, a partir del 2019, aumentándose gradualmente la retención del 10% por los honorarios hasta llegar al 17%, sobre una base imponible del 80% de la renta bruta anual.

 La obligación rige para los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios por cuatro o más ingresos mínimos mensuales y que tengan menos de 55 años los hombres y menos de 50 las mujeres al 1 de enero de 2012.

La cotización para pensiones se calculará como la diferencia entre la retención y el pago realizado a los diferentes regímenes previsionales y será incrementada gradualmente desde un 3% hasta llegar al 10%.

FORMALIZACIÓN DEL TRABAJO

GOIC

El proyecto consagra un nuevo orden en la prelación de seguros de modo de garantizar la cobertura de salud común sin desconocer la relevancia del aporte a las pensiones” , “asimismo permitirá el acceso a los planes de atención médica, junto al seguro de invalidez y sobrevivencia”… “Se establece una alternativa también para los 9 primeros años, de modo que los trabajadores puedan cotizar para salud y previsión por una remuneración imponible menor”.

MOREIRA

“En Chile existe un número importante de chilenos que esta fuera del régimen previsional, se trata de profesionales independientes, aquellos a honorarios y también una cifra importante de personas que presta servicios al Estado. La solución a este problema no es el voluntarismo y se requiere responsabilidad y gradualidad”.

LETELIER

“Es un proyecto que podría abordarse de distintas maneras. En Chile la cifra que entregó SII son más de 2 millones de personas que boletean. Es decir, hay un altísimo porcentaje de la fuerza de trabajo que no cotiza y no existe en nuestra cultura la importancia de la formalización del trabajo y el Estado también es cómplice”.

DURANA

“El proyecto busca un equilibrio en el acceso de las prestaciones sociales y una gradualidad en el proceso de cotización de los independientes… es impresentable que trabajadores que prestan servicios al Estado estén en situación de desmedro frente a sus pares”.

PÉREZ VARELA

“Estamos hablando de temas de larga data y se trata como si fuera reciente, pero la desprotección laboral,  previsional y de salud es un tema evidente que se debe tratar de resolver. Con la reforma previsional de 2008 se nos dijo que este problema quedaría resuelto, pero al buscar la protección de los trabajadores se les castigaba en su remuneración. Por eso creo que esta segunda propuesta busca con la gradualidad y prelación una fórmula que no afecte tanto sus remuneraciones”.

EL ESTADO Y DERECHOS LABORALES

BIANCHI:

“Estamos obligados a avanzar (…); según escuchamos del Ejecutivo de alguna manera se enmarca en la búsqueda de una solución progresiva (…), pero el  Estado igual se lava las manos al no asumir la responsabilidad y obligación de tener en mejores condiciones a los funcionarios públicos. (…) ¿Obligaremos a quienes están a 10 años de jubilarse a entra a este sistema, le aseguraremos una jubilación medianamente digna?, no será así, por eso en particular se deben buscar consensos”

INSULZA:

“Este no es un proyecto para los informales, las personas pagan sus impuestos, pero no reciben ningún beneficio y por el contrario, le estamos cobrando un adicional; sin embargo el proyecto tiene sus beneficios, debemos llegar al momento en que incluiremos a todos los trabajadores sin que tengan que pagar adicionalmente, sobre todo cuando tienen rentas más bajas. (…) Entre los temas a corregir está el asegurar el pago de las pensiones alimenticias”.

CASTRO:

“El Estado es uno de los principales vulneradores de los derechos laborales; la ley prohíbe en este sector el contrata bajo la modalidad Código del Trabajo, pero en la práctica sabemos que en los servicios públicos los trabajadores a honorarios cumplen órdenes, horarios y realizan labores permanentes; es decir, el Estado ha ayudado a que muchos trabajadores tengan una mala calidad de vida. (…) La solución es fácil si se aplica sentido común: todo trabajador debe gozar plenamente de la seguridad social y cumplir con las obligaciones”.

DE URRESTI:

“No se ataca el problema de fondo. (…) En Chile buscamos la fórmula en la que el que ahorra más tiene mejores pensiones; en definitiva el que ha ganado más seguramente tendrá una pensión mayor, pero lo que queremos es la propuesta del sistema previsional y no el maquillaje para las AFP, las que tienen a más de cien mil personas sacando una pensión de 153 mil pesos mensuales, lo que es inadmisible. ¡Se buscan fórmulas para asegurarles el negocio a las AFP!”.

GUILLIER:

“Acá tenemos la típica contradicción que ya es habitual y parte de la historia, y uno debe votar por el mal menor. (…) Cualquier persona sabe que es mejor ahorrar por cuenta propia. (…) El sistema actual no es adecuado para la estructura laboral chilena y ahora se pretende meter a dos mil trabajadores independientes sin saber a qué, porque perderán dinero. ¿Qué favor le estamos haciendo a los trabajadores independientes, con qué moral le decimos que esta es una solución”.

DEPENDENCIA DEL SISTEMA DE AFP

LATORRE

“Estamos por superar el sistema de AFP y crear un verdadero sistema de seguridad social que garantice pensiones decentes, con aporte tripartito, reservas técnicas para dar sostenibilidad financiera al sistema y administración pública… Aquí hay que distinguir dos situaciones: las empresas privadas que tienen a su cargo trabajadores bajo régimen de subordinación y dependencia. Esto es ilegal, por lo que los trabajadores pueden exigir sus derechos. Por otro lado, están los trabajadores a honorarios del Estado, que es un tema que aún no podemos solucionar”.

MUÑOZ

“Este proyecto impacta en un universo muy diverso. No solamente se afecta a funcionarios públicos, tanto del Estado, de la Administración Pública, como municipales, sino que también a emprendedores independientes. Entonces, la ley aquí trata por igual, por parejo, homogéneamente a este universo, que va a afectar, por cierto, de una manera compleja, en las distintas realidades. Además, en un país donde salarios son bajos va a incentivar el contrato informal”

NAVARRO

“El ministro ha señalado que si no se continúa la tramitación de este proyecto de ley, en la declaración de impuestos del 2019 a los trabajadores a honorarios no se les va a devolver los impuestos y es más: van a quedar debiendo. Esto es ponerlos contra la espada y la pared. La ley que hoy día nos plantean es entrar por la ventana, entrar de rodillas a un sistema que no garantiza ni prestaciones sociales ni, por cierto, tampoco, seguridad social”.

CHAHUÁN

“Será la discusión en particular la ocasión para que finalmente podamos mejorar la fórmula, que, en definitiva, vele por una mejor pensión para los trabajadores a honorarios de los municipios y el Estado. Es un proyecto importante para los trabajadores chilenos, particularmente aquellos que han sido abusados por parte del Estado y que finalmente no sean también castigados, teniendo pensiones que no se condicen finalmente con el trabajo realizado”.

De forma unánime, los parlamentarios de los distintos sectores destacaron la resolución del Tribunal de La Haya, derivada de la demanda marítima presentada por Bolivia contra nuestro país.

De manera transversal, diputados de los distintos sectores celebraron el contundente fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que rechazó la demanda marítima presentada por Bolivia contra Chile.

A la salida de La Moneda, desde donde asistió a los detalles de la transmisión desde La Haya, la Presidenta de la Cámara, diputada Maya Fernández (PS), relevó la importancia de respetar el respetar el fallo emitido por el alto Tribunal Internacional y a “trabajar en conjunto con el pueblo boliviano para una mayor integración y desarrollo de los pueblos”.

Por su parte, desde la sede de Santiago del Congreso Nacional, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, diputado Pablo Vidal (RD), sostuvo que “este fallo ratifica que la posición chilena era la correcta; un fallo que ha sido contundente y que dice que Chile no está obligado a negociar, cosa que solo depende de la buena voluntad de nuestro país”.

“Creo que la Corte ha dado una lección; se falla en base a argumentos jurídicos y no a la puesta en escena o el poder de los países. Esto es también un no al chovinismo y a las voces que decían que había que tomar medidas más extremas como retirarse del pacto de Bogotá”, planteó.

Vidal agregó que “hay que reconocer el trabajo arduo y serio del Gobierno y de los gobiernos anteriores”.

En esa línea, el diputado Carlos Abel Jarpa (PRSD) dijo estar “muy contento, muy tranquilo, porque la Corte ha fallado en derecho”. Estimó que, lo más importante es el camino tomado para llegar a este resultado y “que la política internacional de Chile es una política de Estado”. “Se cumplió lo que habíamos dicho, que nunca estuvo en riesgo la soberanía de chile y que siempre nuestro país ha estado dispuesto a negociar”, remarcó.

El diputado Manuel Antonio Matta (DC) fue categórico al respecto. “Me superó el fallo 12 a 3; contundente y maciso… nosotros en derecho ganamos. ¡Qué más podemos pedir!”, puntualizó.

Sostuvo que no cabe duda que el argumento es jurídico y que “la derrota boliviana es jurídica conforme a las normas del derecho internacional. Nada nos va a obligar en el futuro a ceder soberanía del mar territorial, esto sin perjuicio de continuar con las relaciones de fraternidad entre ambos países”.

En tanto, la diputada Catalina Del Real (RN) recordó que siempre dijeron que el Tratado de 1904 estaba plenamente vigente, pero reconoció que no sabían “si estar tan optimistas, aunque en el fondo sabíamos que teníamos la razón. Estamos muy contentos porque por fin se hizo justicia, después de escuchar durante tantos años mentiras y descalificaciones por parte del presidente Evo Morales”.

Finalmente, el Primer Vicepresidente de la Cámara, diputado Jaime Mulet (FRVS), precisó que, a la luz de este fallo, “hay una sensación de alegría porque se da esta situación de un proceso que ha traspasado más de un Gobierno lo que refuerza el sentimiento de unidad nacional”.

“Hay que celebrarlo porque es una resolución muy importante que sienta un precedente muy fuerte respecto de nuestra relación de futuro con Bolivia”, recalcó.

Publicado el 01 de octubre del 2018

La propuesta del Ejecutivo asciende a US$ 73.470 millones, lo que representa un incremento de 3,2% respecto a 2018. La propuesta fue recibida por la Presidenta de la Cámara, diputada Maya Fernández, y por el Secretario de la Corporación, Miguel Landeros.

Cumpliendo con los plazos reglamentarios, el Gobierno formalizó hoy el ingreso a tramitación, en la Cámara de Diputados, del proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación para el año 2019, el cual contempla un monto de US$ 73.470 millones y un incremento de 3,2% respecto a 2018.

La propuesta legal fue presentada por el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y recepcionada a nombre de la Cámara por la Presidenta Maya Fernández (PS) y por el Secretario de la Corporación, Miguel Landeros.

Al respecto, la diputada Fernández destacó la importancia del acto celebrado hoy en la sede de Santiago del Congreso Nacional, así como la disposición de los parlamentarios para sacar adelante la mejor ley posible en la materia.

“Estamos aquí reconociendo un acto republicano, que se hace con las presidencias de la Cámara siempre. Estamos acá un día sábado, por tanto, marca siempre la disposición a conversar, justamente, más allá de las diferencias y, claramente, cuando las tengamos, los parlamentarios y parlamentarias, desde las Comisiones , se harán ver; pero siempre con respeto y diálogo, como corresponde”, remarcó

En lo particular indicó que esperan que se mantengan todas aquellas materias que implican beneficios sociales y anunció que se estudiarán en detalle cada partida, en particular las de mayor impacto en la sociedad, como son, por ejemplo, las de educación, salud y vivienda.

El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, sostuvo que el proyecto de ley permite el financiamiento de todos los estamentos e instituciones que se financian por medio de esta ley y aseguró que se ha intentado “mantener todos los programas sociales que beneficien a las personas”. Además, afirmó que el Ejecutivo está en disposición de dialogar con los parlamentarios, reconociendo que la ley termina siendo una construcción conjunta. “Estamos en la disposición de aceptar ideas que nos parezcan que son convenientes para el país”, precisó.

Antecedentes generales

El Ejecutivo explicó que el gasto fiscal planteado en el proyecto permite avanzar en tres dimensiones: los compromisos del programa de Gobierno; la reducción del déficit estructural de 0,2 puntos por año; e impulsar la inversión pública (presenta un alza de 1,2% respecto de 2018), como uno de los motores del crecimiento económico.

Conforme a las prioridades dadas por el Gobierno, Salud, Educación, Trabajo y Previsión Social destacan en el Presupuesto 2019, por tamaño del gasto y contribución al crecimiento. De hecho, uno de cada cuatro pesos irá a Educación (25,4%) y uno de cada cinco pesos se destinará a Salud (20,2%), se destacó.

Otras carteras y estamentos con participación importante en el erario nacional para el próximo año son: Trabajo, con 16,4%; Interior, con 7,9%; Obras públicas, con 5,8%; Vivienda, con 4,8%; Defensa, 4,2%; Justicia, con 3%; Transportes, con 2,6%; Desarrollo Social, con 1,5%; Economía, con 1,4%; Poder Judicial, con 1,4%; Agricultura, con 1,2%; y Hacienda, con 1,1%.

En línea con lo anterior, los ministerios con mayores alzas en los montos asignados respecto del gasto 2018 son Salud, con 40,7%, y Educación, con 25,4%.

Datos sectoriales según prioridades

I. Adultos mayores:

– Crecimiento de 108.040 personas en el número de beneficiarios de PBS y APS Vejez, totalizando 1.310.244, gracias a un incremento de US$161 millones.
– El Bono por Hijo para las Mujeres aumentará su cobertura en 22.908 beneficiarias, gracias a un aumento de su presupuesto en US$13,1 millones.
– Incremento del Bono Bodas de Oro del 16,2%, considerando una cobertura de 18.945 matrimonios.

II. Infancia:

A. SENAME:
1. Aumenta en un 10% los recursos considerados para la Operación de los Centros de Administración Directa, lo cual incluye US$ 16 millones adicionales para la Reconversión de Centros de Reparación Especializado de Administración Directa (CREAD) en residencias de Vida familiar.
2. Se incrementa en 3,9% el Gasto en Subvenciones en el Área de Protección a Menores.
– US$2,1 millones para aumentar en un 40% las plazas del programa de Protección Especializado de Intervención Residencial (PER).
– Se destinarán más de US$5,1 millones para aumentar la cobertura del Programa de Protección Especializado (PRO) y del programa de Familia de Acogida Especializada (FAE).

B. Chile crece contigo
– Aumenta en un 8% el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social para el Sistema Chile Crece Contigo y otros programas de la niñez.
– Se reforzará el Sistema Chile Crece Contigo en programas de salud, lo que incluye US$30 millones para el programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial y US$23 millones para el Programa de Apoyo al Recién Nacido.

III. Eduación
A. Educación preescolar

– El gasto en subvenciones para pre kínder y kínder aumenta en US$24,5 millones, con un crecimiento de 3,9%. Considera el financiamiento para una matrícula de 326.096 estudiantes el año 2019, con un aumento de 5.000 nuevos alumnos.
– Aumenta el financiamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para algo más de 182.000 niños, lo que significa un crecimiento de 2,8%, equivalente a 5.000 niños.

B. Educación Escolar
– Aumento de recursos para distintas subvenciones escolares de 3,7% respecto del año 2018, equivalente a US$ 316 millones.
– Para actividades en escuelas y liceos se aumenta el presupuesto en US$7,6 millones (3,4%). Este incremento se explica principalmente por infraestructura educacional y recursos educativos (computadores, libros), incluyendo recursos para el mejoramiento de la calidad de la educación.

C. Educación Superior

– Se destinan mayores recursos por US$191 millones, que representa un crecimiento de 6,2% respecto del presupuesto 2018.
– El Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales aumenta en US$8,4 millones (40,9%).
– Incremento de 8,2% en los beneficios de Arancel en Educación Superior (Arancel de Gratuidad, Becas y Fondo Solidario de Crédito Universitario).
– Con estos beneficios se alcanza una cobertura de 232 mil estudiantes en Universidades adscritas a gratuidad (incremento de 4,6%) y 182 mil estudiantes de Formación Técnica e Institutos Profesionales adscritos a la gratuidad (9,6%).

IV. Clase Media

– Se considera incluir los siguientes eventos a ser cubiertos por la Red Clase Media Protegida:
a. Evento catastrófico de salud: Mejoran los seguros de enfermedades catastróficas y facilita el uso de estos seguros.
b. Dificultad para encontrar empleo, estando desempleado: Mejora la red de intermediación laboral y programas de reconversión.
c. Incapacidad para pagar la educación superior de los hijos: Mejoran los mecanismos de créditos y becas. Destaca un aumento de 8,2% en los beneficios de Arancel en Educación Superior.
d. Víctimas de delitos violentos: Mejoran los canales de atención y orientación a las víctimas de delitos violentos. Destaca la creación de una Defensoría de las Víctimas (US$ 6,3 millones).

V. Pymes y Capacitación

– Se incrementa en US$5,9 millones el Bono Capacitación para Medianas y Pequeñas Empresas, aumentando la cobertura en 17.114 beneficiarios, lo que significa un crecimiento superior a 2,6 veces el presupuesto.
– El programa Capacitación en Oficios aumenta su cobertura en 6.902 beneficiarios, con alza de US$15,2 millones (56%).
– El Programa de Formación en el Puesto de Trabajo aumenta en un 133% respecto al presupuesto anterior, un incremento de US$2,4 millones.
– En el año 2019 se incluye un nuevo Programa de Capacitación orientado a la Reconversión laboral, beneficiando a 2.559 personas, con un presupuesto de US$2,5 millones.

VI. Vivienda

– El Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 asigna a Inversión Habitacional un total de US$2.227 millones, lo que representa un aumento de 11,5% respecto del año anterior.
– Los Fondos destinados a subsidios aumentan 12,4% promedio. Destaca en esta línea programática el financiamiento de un nuevo programa habitacional de 182.587 unidades, el que compromete US$2.459 millones.
– US$7,7 millones para el inicio de 22 proyectos de Infraestructura Sanitaria y US$2,5 millones para financiar 15 proyectos de Saneamiento de Poblaciones.
– US$78 millones para el Programa de Reconstrucción, lo que permitirá subsanar los efectos de los terremotos del año 2010 del Norte Grande, el Incendio de Valparaíso, el Aluvión en el Norte Grande, el Terremoto de Coquimbo y los Incendios Forestales.

VII. Salud
– El Gasto en el Ministerio de Salud crece 5,9% real respecto de lo proyectado para 2018.
– Uno de los impulsores de este aumento es el financiamiento a la implementación del compromiso del gobierno del hospital digital. Este hospital virtual opera de forma descentralizada con horario continuado 7 días a la semana y 24 horas al día. A diferencia de los hospitales físicos, este no tiene restricciones geográficas.

VIII. Regiones

– El presupuesto en Inversión Regional presenta un incremento del 2,5% respecto del año 2018.
– El alza se explica principalmente por el incremento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, así como un incremento en los recursos asociados con el Fondo de Apoyo Regional, FAR.

IX. Plan Araucanía

– El Costo total del Plan Impulso Araucanía para el período 2018-2026 alcanza unos US$ 8.000 millones.
– El presupuesto para el año 2019 es de US$ 961 millones, representando un aumento de 41% respecto a los recursos contemplados para el Plan el año 2018.
– Los recursos asignados para el año 2019 permiten financiar 491 proyectos y programas en áreas como: Agricultura, Economía, Energía, Medio Ambiente, Vivienda, Obras Públicas, Transporte, Desarrollo Social, Educación y Salud.

X. Seguridad

– Seguridad Pública presenta recursos por un total de US$ 2.523,7 millones.
– Los recursos asignados para el año 2019 permiten financiar:
a. Proyectos y programas de prevención en la Subsecretaría de Prevención del Delito, tales como la Red Nacional de Seguridad Pública en 72 comunas, Lazos en 36 comunas, programa PREVIENE en el Senda en 226 comunas, y en la misma institución, el programa Parentalidad, con una cobertura proyectada para el año 2019 de 4.000 personas.
b. Financiar las etapas correspondientes a las Leyes de Planta de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, con un total de US$ 24,2 millones, que fortalecen sus funciones.
c. Recursos adicionales cercanos a US$1 millón, asociados con labores de ciberinteligencia en la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI.

Publicado el 29 de septiembre del 2018

Felipe Delpin, Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), dijo que: “Aprobar esta iniciativa de esta manera es una condena a la quiebra de cientos de municipios a lo largo y ancho de Chile, ya que la gran mayoría, con los recursos propios, solo cubre el gasto corriente, y muchas veces, con sus cuentas mensuales en saldo negativo”.

Con preocupación
ven las Municipalidades de Chile el avance del proyecto de pago de facturas a
30 días que se encuentra en tramitación en el parlamento, situación ante la
cual el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), y
Alcalde de La Granja, Felipe Delpin, realizó un llamado al gobierno del
Presidente Sebastián Piñera a reponer la indicación que eximía a los gobiernos
locales de este proceso cuando los pagos de los municipios correspondan a
iniciativas financiadas con recursos externos.

“Esta situación
ha generado una profunda preocupación en el mundo municipal, toda vez que,
producto de una indicación del Ejecutivo, se rechazó eximir a las
municipalidades de la implementación de esta ley cuando se trata de pagos con
fondos externos o sectoriales -no propiamente municipales- para la cancelación
de facturas”, señaló Delpin.

La AChM,
organización que reúne a la mayoría de los municipios del país, agregó que:
“Aprobar esta iniciativa de esta manera es una condena a la quiebra de cientos
de municipios a lo largo y ancho de Chile, ya que la gran mayoría, con los
recursos propios, solo cubre el gasto corriente, y muchas veces, con sus
cuentas mensuales en saldo negativo. Hay que recordar que más del 80% de los
recursos que hoy maneja un municipio provienen de fondos externos”.

“Dada la
estructura y normativa de financiamiento municipal vigente en nuestro país, la
capacidad de gestión de recursos propios es limitada, y la alternativa de
financiamiento para el diseño, desarrollo y ejecución de proyectos de inversión
depende en su mayoría de las transferencias que realizan una multiplicidad de
actores (Ministerios, Servicios, Gobiernos Regionales, etc), en ciclos, montos,
condiciones, procesos y tiempos distintos. El manejo de estas transferencias no
dependen en lo absoluto de los gobiernos locales, por lo que, traspasar la
responsabilidad de sus pagos a los municipios, significa someterlos a una
situación de asfixia económica, en muchos casos, letal”, señaló Felipe Delpin.

“La Asociación
Chilena de Municipalidades (AChM), llama al Gobierno y al Senado de la
República, a reponer la indicción que exime a las municipalidades del pago de
facturas en un plazo de 30 días cuando se trate de fondos de un origen distinto
al municipal, y de paso, abogar para que se establezca la obligación de parte
de los organismo del Estado de dar cumplimiento oportuno y puntual a sus
obligaciones cuando se trate de la transferencia de recursos hacia los
municipios, y así éstos puedan cumplir los compromisos de pago con los
proveedores de bienes y servicios a tiempo”, puntualizó la AChM.

“El miércoles 22
de agosto, la Cámara de Diputados despachó el proyecto que obliga a las
empresas a pagar a las Pymes sus facturas en un plazo no mayor a 30 días. Dicha
iniciativa pasa ahora a tercer trámite constitucional, debiendo ser votada en
el Senado, instancia en la cual esperamos que los municipios de Chile puedan
ser escuchados”, finalizó Delpin.

A la instancia, que evalúa el eventual notable abandono de deberes incurrido por los altos magistrados de la Corte Suprema, concurrió, además, el abogado Arturo Fermandois.

Hasta
la Comisión que investiga el libelo acusatorio presentado en contra de los
ministros de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, Manuel
Valderrama y Carlos Kunsemuller, por notable abandono de deberes, concurrieron
Lorena Pizarro y Alicia Lira, presidentas de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos, respectivamente.

Ante los cinco miembros que integran la instancia, ambas manifestaron su apoyo
a la acusación contra los jueces supremos y llamaron a poner freno a la
impunidad.

“El incumplimiento por olvido de deberes de la Corte Suprema nos hace pensar
que existe hoy la posibilidad de poder fin a la impunidad (…). Los jueces se
han olvidado de la promoción de la defensa de los derechos humanos y de
conservar la norma internacional”, señaló Lorena Pizarro.

Al mismo tiempo, resaltó que es obligación de los legisladores aprobar la
acusación, ya que la no aprobación contravendría el derecho internacional
humanitario.

Por su parte, Alicia Lira reiteró que la validez de la acusación constitucional
tiene un importante sustento en los tratados internacionales en este ámbito.

“Nos quieren llevar a una reconciliación forzada, no pensando en las víctimas,
ni en los familiares, ni en la sociedad. (…). Este no es un problema personal
con los jueces, sino contra sus fallos, ellos no han pensado en las víctimas.
Acá han pasado por arriba de los tratados internacionales en derechos humanos”,
expresó.

En tanto, el abogado Arturo Fermandois señaló, entre varios puntos, que la
Corte Suprema no está obligada a aplicar cualquier tratado internacional y
llamó a los parlamentarios a adecuar la legislación a dicha aplicabilidad.

Reacciones

El presidente de la instancia, diputado Leonardo Soto (PS), valoró las intervenciones, ya que,
aseguró, son muy relevantes para el contexto de fondo de la Comisión. “Esto
tiene que ver con que la justicia chilena no está cumpliendo los estándares
internacionales cuando se trata de condenados por violación a los derechos
humanos”, acotó.

En tanto, el diputado Renzo Trisotti (UDI) afirmó que la Comisión ha podido
escuchar a distintos profesores con opiniones diversas, lo que lleva a la
conclusión de que, en el fundamento de la acusación constitucional, no existe
una opinión unánime de la doctrina.

La instancia continuará su ciclo de audiencias, mientras se encuentra a la
espera de recibir la defensa por parte de los jueces acusados.

Publicado el 03 de septiembre del 2018

La resolución, presentada por un grupo transversal de legisladores, propone, además, iniciar un proceso de consulta a la comunidad, tanto respecto de la relevancia del proyecto de un tren rápido, como para conocer sugerencias en relación a su trazado y condiciones, con el fin de asegurar el compromiso de las personas al éxito de la iniciativa.

Adoptar todas las medidas tendientes a la
más pronta licitación y puesta en marcha de un tren rápido entre las regiones
de Valparaíso y Metropolitana es lo que pide al Gobierno la resolución 140
aprobada por la Sala de la Cámara de Diputados.

El documento, ratificado por 95 votos a favor, 39 en contra y 10 abstenciones,
propone, también, un pronunciamiento claro acerca del procedimiento para
autorizar el proyecto, debido a las dudas respecto a la colisión de
competencias entre los ministerios de Transportes y de Obras Públicas, de modo
que antes de iniciarse el proceso de autorización estén despejadas todas las
eventuales trabas burocráticas que pudieran demorar la iniciativa o incluso
desincentivar las inversiones necesarias.

Por otro lado, plantea a las autoridades regionales correspondientes que
inicien un proceso de consulta a la comunidad, tanto respecto de la relevancia
del proyecto de un tren rápido como para conocer sugerencias en relación a su
trazado y condiciones con el fin de asegurar el compromiso de las personas al
éxito de la iniciativa.

La resolución fue presentada a la Cámara por los diputados Jorge Sabag (DC), Víctor Torres (DC), Marcelo Díaz (PS), Jaime Bellolio (UDI), Daniel Verdessi (DC), Francisco
Undurraga (EVOP), Andrés Longton (RN), Guillermo Teillier (PC) y Gabriel Silber (DC).

Publicado el 31 de agosto del 2018.

La
propuesta legal se divide en dos grandes bloques: medidas pro crecimiento y
normas que apuntan directamente a modernizar y simplificar el sistema
tributario y a introducir mayor seguridad jurídica. Como regla general, se
plantea que las disposiciones comiencen a regir el 1 de enero de 2019.

Equidad y justicia en la distribución de
los tributos; simplicidad de las normas y procesos tributarios; y certeza y
seguridad jurídica son tres de los seis principios rectores del proyecto
ingresado hoy por el Gobierno a la Cámara de Diputados que busca impulsar una
modernización del sistema tributario chileno, particularmente en aras de
avanzar hacia el desarrollo del país (boletín 12043).
La iniciativa se divide en dos grandes bloques, siendo el primero de ellos el
referente a las medidas pro crecimiento y que apuntan, en particular, a
impulsar la inversión. Específicamente, en este ámbito se considera concretar
un régimen transitorio de depreciación instantánea equivalente al 50% de la
inversión realizada en activos fijos nuevos o importados (incluyendo
inversiones en obras y construcciones), una vez que se inicie su utilización.

En función de este régimen, que se extenderá por dos años, las empresas podrán
depreciar instantáneamente el 50% de la inversión realizada en nuevos proyectos
que se inicien durante dicho período, y de forma acelerada el restante 50% de
la inversión.

En la misma línea, pero además teniendo en cuenta las circunstancias económicas
y sociales por la que atraviesa la región de la Araucanía, este proyecto de ley
establece un incentivo a la inversión específico para esta región, consistente
en un régimen de depreciación instantánea por el total de las nuevas inversiones
realizadas en dicha región durante los próximos dos años, en activos fijos
nuevos o importados (incluyendo inversiones en obras y construcciones).

Por último, se considera mantener la depreciación semi-instantánea (1/10 de
vida útil) que existe para todos los contribuyentes que obtienen ingresos
anuales iguales o menores a UF100.000.

Otra medida en este ámbito es la extensión de la rebaja de crédito fiscal IVA
que actualmente tienen las viviendas de un valor de hasta UF 2.000, equivalente
al 65% del IVA, para permitir que viviendas de hasta un valor de UF 4.000
puedan también usar el crédito especial de IVA, pero por un monto equivalente
al 45% de dicho IVA.

Asimismo, se incorporan modificaciones en leyes que establecen franquicias
tributarias de contribuyentes en zonas extremas, ampliando sus beneficios hasta
el año 2035; se modernizan procedimientos de solicitud de devolución del IVA; y
se definen medidas que buscan generar mejores condiciones para la adquisición
de activos fijos por parte de las empresas.

Perfeccionamiento al sistema tributario

Un segundo bloque de normas apuntan directamente a modernizar y simplificar el
sistema tributario y a introducir mayor seguridad jurídica.

En este marco se propone un sistema tributario único integrado con tributación
de las personas en base a retiros. Se mantiene el principio actual de
integración de la tributación por parte de la empresa, a través de un impuesto
corporativo, con la misma tasa para todas las empresas, salvo las que
califiquen como pymes, las que tendrán una tasa menor. Los propietarios
tributarán con impuestos finales exclusivamente en base a retiros efectivos, en
una escala progresiva, dependiendo de su nivel de rentas, para incentivar así
la inversión de los recursos disponibles.

Como principio rector, los retiros y dividendos de una empresa se imputarán en
primer lugar a aquellas utilidades tributables, para posteriormente acceder a
aquello exento, no renta o bien capital. Cualquier exceso sobre lo anterior
quedará asimismo gravado con impuestos finales.

También se simplifican los registros a llevar por las empresas y se libera de
esta obligación en la medida que no sea estrictamente necesario (por ejemplo en
el caso de un contribuyente que no presente rentas exentas o ingresos no constitutivos
de renta).

Asimismo se simplifica y equipara el crédito a que tendrán derecho todos los
contribuyentes por los impuestos pagados por las empresas de las cuales son
propietarios, sin distinguir ni discriminar por la naturaleza de las mismas.

Además, se promueve una modernización y simplicidad del régimen de tributación
de las pymes, que incluye la inclusión de la denominada “Cláusula
Pyme”, que reemplazará a la conocida norma del artículo 14 ter; y se
impulsa un incentivo a la reinversión de utilidades.

Luego, se avanza en un conjunto de disposiciones que buscan introducir
seguridad jurídica, tanto a través de adecuaciones menores que permiten que las
normas se puedan comprender con mayor facilidad, dado que se aclara su
redacción; como otras ya más sustantivas para introducir certeza tributaria y
seguridad jurídica.

Finalmente, entre otras tantas normas, se introducen perfeccionamientos al
régimen antielusión y a los derechos del contribuyente y se especifica de
manera detallada los plazos de vigencia de las modificaciones efectuadas en
este proyecto, que como regla general regirán a partir del 1 de enero de 2019.

Publicado el 23 de agosto del 2018

El criterio para fijar
dicho calendario se fundamenta en la necesidad de optimizar el trabajo
parlamentario, atendiendo las funciones propias que la Constitución les asigna
en el triple rol de legisladores, fiscalizadores y representantes de la
ciudadanía.

Ante una serie de publicaciones
y opiniones vertidas respecto del trabajo que han realizado los señores y
señoras diputados durante esta semana, la Cámara de Diputados se ve en la
obligación de aclarar:

El calendario legislativo está fijado desde
comienzo de año y es de público conocimiento. El criterio para fijar dicho
calendario se fundamenta en la necesidad de optimizar el trabajo parlamentario,
atendiendo las funciones propias que la Constitución les asigna en el triple
rol de legisladores, fiscalizadores y representantes de la ciudadanía.

Una vez más, debemos precisar que la labor de
diputadas y diputados no solo se ejerce en la Sala de Sesiones, sino que esencialmente
en el trabajo de Comisiones y, también, en el desarrollado en cada distrito.

Solo señalar que durante esta semana se realizaron
en sede legislativa, tanto en Valparaíso como en Santiago, 20 sesiones de
Comisiones y 3 sesiones de Sala. Además de la sesión de la subcomisión de
Patrimonio, celebrada el jueves 16 del presente, a la que asistieron
representantes del Ministerio de la Cultura y las Artes y Universidades
Regionales. Dicha información se encuentra disponible en el sitio institucional
www.camara.cl

La labor que desarrollan los señores y señoras diputados en
sus distritos es extensa y de ello hay evidencia en cada localidad. Por lo
tanto, parecen injustas y profundamente equivocadas las afirmaciones realizadas
por algunos medios de comunicación en orden a sostener que los parlamentarios
se habrían tomado días libres.

La Cámara de Diputados ratifica su disposición a convocar a
sesiones de Sala y de Comisiones toda vez que sea necesario y, de esa forma,
garantizar el oportuno y adecuado tratamiento a los proyectos de ley que se
tramitan en la Corporación.

Por último, reconociendo el rol de los medios de
comunicación y comprometidos con la libertad de opinión, hacemos un llamado a
informar de forma completa, incorporando en su análisis todas las actividades
que desarrollan los parlamentarios, incluidas aquellas realizadas en sus
respectivos distritos.

Publicado el 17 de agosto del
2018