El próximo miércoles 7 de noviembre, de 16:00 a 17:30 horas, la Sala de la Cámara de Diputados realizará una sesión especial, con el objeto de analizar la denominada “deuda histórica” del Estado de Chile con sus docentes, generada durante el proceso de desmunicipalización.En el año 1981 la Ley Nº 3.551 dispuso un reajuste del sueldo base al sector público, estableciendo en su artículo 40 una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación. Sin embargo, esta normativa no se cumplió y, como resultado de la municipalización impuesta a partir de ese año, la mayoría de los profesores no alcanzaron a recibir el 100% de la asignación, pues al ser traspasados al sector municipal, los nuevos empleadores desconocieron los derechos adquiridos por los docentes.

Esta situación ha llevado a maestros a lo largo de todo Chile a recurrir a los Tribunales de Justicia y al propio Congreso, con el propósito de demandar al Estado por una indemnización compensatoria por el no pago de este reajuste salarial.

Por lo anterior, la Sala de la Cámara de Diputados analizará en una sesión, solicitada por 66 parlamentarios, dicha situación, a la que se ha invitado a los ministros de Educación, Marcela Cubillos; Hacienda, Felipe Larraín; Desarrollo Social, Alfredo Morgado; y Trabajo, Nicolás Monckeberg.

El tiempo previo, contemplado en el artículo 76 del Reglamento, corresponderá al Comité Revolución Democrática.Publicado el 31 de octubre del 2018.

El Colegio de Profesores de Chile comentó que existen respuestas contradictorias y ambiguas entre los personeros del Mineduc, a quienes acusaron de no ser concretos tras las demandas del gremio.

De manera unánime, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó enviar al Ejecutivo un oficio que solicita al Mineduc pronunciarse, de manera concreta, sobre el petitorio realizado por los profesores que solicita optimizar las condiciones laborales para mejoras pedagógicas.

El vocero del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar, comentó que existen respuestas contradictorias y ambiguas entre el subsecretario Raúl Figueroa, con quién han estado en conversaciones desde abril de 2018, y la ministra Marcela Cubillos, acusando a ambos de no ser concretos tras las demandas del gremio.

La presidenta de la instancia legislativa, diputada Cristina Girardi (PPD), destacó que “de los puntos que están involucrados en el petitorio, prácticamente, casi todos no tienen relación con demandas gremiales” y especificó que todos tienen que ver con en cómo se mejora la educación.

La diputada Girardi enfatizó que este es un llamado desesperado de los docentes por tratar de re-enfocar la educación de los niños y jóvenes de nuestro país para que no se desvirtúe.

Según informó la legisladora, el oficio al Ejecutivo expresa su apoyo a lo planteado por los profesores y solicita que se retomen las conversaciones con el Ministerio de Educación (Mineduc) y que se lleguen a consensos que apunten a lograr cambios profundos en el tema educacional chileno.

Demandas del magisterio

La paciencia de los docentes tiene fecha de tope: la reunión acordada con la Secretaria de Estado, este viernes 26 de octubre. De llegar a buen término, el 31 de este mes se reunirá la mesa negociadora con el subsecretario.

El dirigente explicó que, entre sus demandas, está poner fin a la estandarización de la educación chilena. “La que se maneja en base a un pobre concepto de calidad y mejora continua; que estimula el logro de determinados indicadores cuantitativos para ubicarse en el pináculo de los rankings o para la sobrevivencia de la escuela, pero en ningún caso para permitir una verdadera educación integral”, especificó Aguilar.

También piden mayor estabilidad laboral a profesores que están “a contrata”, pese a cumplir iguales funciones y responsabilidades que los titulares.

Sobre la Deuda Histórica, el gremio explica que la lista original incluía a más de 84 mil docentes y que hoy solo quedan 65 mil profesores que piden una mejora a sus pensiones. Además, se destacó que han rebajado notoriamente sus demandas económicas considerando que el tema es complejo si se habla de cifras.

Publicado el 25 de octubre del 2018

La Corporación analizó la propuesta sobre la base del informe de la Comisión Mixta que abordó las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado. La iniciativa, en concreto, fortalece la tipificación de ciertas conductas relacionadas con el cohecho y el soborno, al tiempo que aumenta las sanciones en la materia.En condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como Ley de la República quedó el proyecto (boletín 10739) que modifica el Código Penal con el objeto de perfeccionar el marco legal del cohecho y el soborno, ello luego que la Cámara de Diputados diera su aprobación, por la unanimidad de 114 votos, al informe de la Comisión Mixta que resolvió las diferencias con el Senado en torno a esta propuesta.

En lo fundamental, esta iniciativa fortalece la tipificación de ciertas conductas y eleva las penas de los principales delitos funcionarios: malversación, fraude al fisco, negociación incompatible, soborno y cohecho.

También se crean nuevos delitos de corrupción entre particulares y de administración desleal. Además, amplía el radio de acción del comiso, para hacerse cargo de las ganancias ilegales, y hace más exigente la regulación para las personas jurídicas vinculadas a estos hechos delictuales.

El origen de la Comisión Mixta se motivó en el rechazo del Senado, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2017, en el tercer trámite constitucional, de la totalidad de las enmiendas que en su oportunidad había acordado la Cámara de Diputados.

Por efecto de lo anterior, la propuesta hoy aprobada por los diputados, y que ya cuenta con la ratificación del Senado, abordó el conjunto del proyecto de ley que se inició en moción en junio de 2016, por un grupo de senadores, y complementado en su paso por la Cámara por otras propuestas de diputados y del propio Ejecutivo de la época.

Texto aprobado

Uno de los primeros puntos es incorporar a la escala general de penas, que pueden imponerse en los casos de delitos calificados como crímenes, las inhabilitaciones “absoluta perpetua” y “absoluta temporal”, para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que éste tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública.

Tratándose de simples delitos, se agrega la sanción de inhabilitación “absoluta temporal”, en los mismos términos ya señalados.

La iniciativa avanza luego en regular los efectos que cada una de estas sanciones produce, como por ejemplo, la extensión de la privación de cargos y tiempos en que dura la medida.

En segundo lugar, se aumentan las penas corporales, pecuniarias y restrictivas de derechos aplicables a las distintas figuras constitutivas de delitos contempladas en el Código Penal, cometidos por funcionarios públicos, como la malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales.

Respecto de las penas corporales, se propone la reclusión menor en sus grados medio a máximo. Asimismo, se propone el aumento de las multas aplicables y la inhabilitación absoluta temporal. En este marco, por ejemplo, se sanciona al empleado público que, directa o indirectamente, se interese en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiese de intervenir en relación a su cargo.

En la misma línea, se sanciona al árbitro o liquidador comercial que directa o indirectamente se interese en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiese de intervenir en relación con los bienes, cosas o intereses patrimoniales cuya adjudicación, partición o administración estuviere a su cargo. En una perspectiva similar se hace referencia al veedor o liquidador en un procedimiento concursal, peritos, guardadores o albaceas, directores o gerentes de una sociedad anónima.

Las mismas penas se impondrán a las personas mencionadas si, en las mismas circunstancias, dieren o dejaren tomar interés, debiéndo impedirlo, a su cónyuge o conviviente civil, a un pariente en cualquier grado de la línea recta o hasta en el tercer grado inclusive de la línea colateral, a terceros asociados con él, sea por consanguinidad o afinidad.

Otras sanciones en el sistema público

El proyecto también contempla una amplio cuadro de perfeccionamientos a las figuras delictuales atingentes a los empleados públicos.

En este marco se abordan, por ejemplo, un aumento de las penas y sanciones para quienes exigen o acepten mayores derechos a los correspondientes a su cargo o beneficios económicos para sí o terceros; para quienes reciban beneficios económicos o de otra naturaleza por omitir actos propios de su cargo; o para los que ejerzan influencia en otro empleado con el fin de obtener de este una decisión que pueda generar un provecho para un tercero interesado.

En la misma línea, se aumenta las penas para los empleados públicos que reciben un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o para un tercero, por cometer crímenes o simples delitos contemplados en este marco legal, como la malversación de caudales públicos, fraude y cohecho. Asimismo, se perfecciona la normativa relativo al cohecho atingente a los funcionarios públicos en relación a operaciones internacionales.

La iniciativa también define que no se les aplicará el grado mínimo de las penas de los delitos mencionados, cuando se trate de empleados públicos que desempeñen un cargo de elección popular, de exclusiva confianza de estos, de alta dirección pública del primer nivel jerárquico o por un fiscal del Ministerio Público o por cualquiera que, perteneciendo o no al orden judicial, ejerza jurisdicción; por los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, o por el General Director de Carabineros o el Director General de la Policía de Investigaciones.

La restricción recién señalada también se aplicará cuando los delitos se cometan con ocasión de los siguientes procesos: designación en un cargo público; procedimientos de adquisición, contratación o concesión; permisos o autorizaciones para el desarrollo de actividades económicas; y fiscalización de actividades económicas. Se fijan, además, plazos de prescripción y agravantes.

Finalmente, entre un amplio número de normas, se efectúan adecuaciones normativas, en línea a las definidas en el Código Penal, en la Ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.

Publicado el 25 de octubre del 2018

Durante la misma sesión, los diputados solicitaron al Gobierno, por medio de dos resoluciones, crear un Banco de ADN bovino en regiones y que los restos del primer dinosaurio chileno vuelvan a Aysén.

Solicitar al Presidente de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley para declarar el 2 de julio del año 2019 como feriado regional, con el propósito de promocionar el valor científico y turístico del eclipse solar total que ocurrirá en la región de Coquimbo ese día, es el objeto de la resolución 211, aprobada por la Sala de la Cámara de Diputados.

La resolución de los diputados Pedro Velásquez (FRVS), Juan Fuenzalida (UDI), Sergio Gahona (UDI), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Jaime Mulet (FRVS), Esteban Velásquez (FRVS), René Saffirio (IND), Raúl Saldívar (PS), Daniella Cicardini (PS) y Renato Garín (RD), sumó 98 votos a favor, 7 en contra y 24 abstenciones.

El texto también pide que se instruya a los Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones y de Educación y al Servicio Nacional del Turismo, realizar una estrategia transversal de difusión y promoción del astroturismo para esa fecha.

Crear Banco de ADN bovino en regiones

Los diputados Javier Hernández (UDI), Iván Norambuena (UDI), Ramón Barros (UDI), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Sandra Amar (IND), Enrique Van Rysselberghe (UDI), Jaime Bellolio (UDI), Gastón Von Mühlenbrock (UDI), Rolando Rentería (UDI) y Juan Fuenzalida (UDI) son los autores de la resolución 214 que pide al jefe de Estado que estudie la posibilidad de crear y financiar un banco de ADN bovino en las regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos.

El documento, aprobado por 123 votos afirmativos y 11 abstenciones, plantea que el citado Banco sea la primera medida orientada a establecer, con carácter obligatorio y a nivel nacional, el registro del perfil genético de los animales que puedan ser objeto del delito de abigeato.

Cámara solicita que restos de primer dinosaurio chileno vuelvan a Aysén

La Cámara de Diputados aprobó también el proyecto de resolución 221, que expresa su respaldo a la solicitud de la comunidad aysenina acerca del retorno de los fósiles del primer dinosaurio jurásico “Chilesaurus Diegosuarezi”, descubiertos en febrero de 2004 en la zona de Mallín Grande en la cuenca del lago General Carrera de la región de Aysén, por Diego Suárez.

El descubridor que tenía entonces 7 años, acompañaba a sus padres que realizaban misiones geológicas gracias a un proyecto Fondecyt patrocinado por Sernageomin.

La resolución, ratificada por 132 votos a favor y 4 abstenciones, solicita además al Presidente Sebastián Piñera que, por intermedio de la Ministra de las Culturas, realice las gestiones conducentes para la exhibición definitiva del “Chilesaurus Diegosuarezi” en el Museo Regional de la Patagonia de Coyhaique.

Esta solicitud fue presentada por los diputados Miguel Ángel Calisto (DC), Hugo Rey (RN), Renzo Trisotti (UDI), Amaro Labra (PC), Marcelo Díaz (PS), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Gonzalo Fuenzalida (RN), Florcita Alarcón (PH), Marisela Santibáñez (PRO) y Carolina Marzán (PPD).

Publicado el 17 de octubre del 2018

La Comisión de Mujeres y Equidad de Género analizó junto a la ministra de esta cartera y autoridades del Metro de Santiago la negativa de implementar carros separados para mujeres en horas punta con el fin de evitar los abusos. En la sesión se comprometieron a potenciar las medidas de seguridad.

Sólo la Línea 6 del Metro de Santiago cuenta con cámaras de seguridad al interior de los carros. Si bien en todos los coches hay un citófono que comunica directamente con el chofer -en los más antiguos- o con la central en casos de emergencia, no se ha informado de que éstos también puedan ser usados en casos de acoso y abuso en este transporte público.

Esta realidad fue expuesta en la comisión de Mujeres y Equidad de Género, por la ministra de esta cartera, Isabel Plá y el presidente del Metro, Louis de Grange con el fin de analizar la negativa de implementar carros separados para mujeres en horas punta, como solicitaba la resolución 337, promovida por diputadas de oposición.

Si bien se reconoce la necesidad de generar cambios para terminar con estos abusos, la separación no es la medida que más convence ni tampoco la que sería más eficiente en el corto y largo plazo.

“No estoy de acuerdo en que se separen vagones entre hombres y mujeres, porque eso es perder la batalla frente al acoso”, comentó la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández (PS), quien integra esta instancia parlamentaria. Además, considera que esto sería aplicable solo para el Metro, y “qué pasa con la micro, donde también hay mucho acoso. El tema va por la educación” complementó la legisladora.

El presidente de Metro señaló que además de las cámaras en los carros de la línea 6, en cada andén y mezzanina hay cámaras de seguridad y que el personal está capacitado para recibir las denuncias y dar apoyo a las víctimas. También se sumará una comisaría en la estación Baquedano, que ayudará a potenciar el respaldo de las denuncias.

“Un dato muy importante es que en el 97% de las denuncias que reciben los funcionarios de Metro por temas de acoso, el acosador es detenido y puesto a disposición de carabineros, por lo tanto es tremendamente efectiva” señaló Louis De Grange, presidente de Metro de Santiago. Con estos antecedentes insistió en la necesidad de que quien sea víctima de acoso o abuso haga la denuncia.

Sin embargo, la crítica que realiza la presidenta de la comisión, diputada Loreto Carvajal (PPD) a las medidas señaladas por Metro, radica en que operan tras cometerse el delito. A su juicio, es necesario “poner el énfasis en lo preventivo”, explicó.

Tras el debate en la instancia, el gobierno junto a la empresa de transportes asumieron el compromiso de implementar nuevas medidas para prevenir que estas situaciones se generen. “Vamos a iniciar una campaña en conjunto con el Metro. Una campaña de sensibilización, para promover la denuncia y de educación, de cultura de respeto en el espacio público” anunció la ministra Plá.

En el marco de la campaña nacional contra la violencia hacia la mujer que todos los años el gobierno desarrolla en noviembre, se desarrollará un enfoque especial sobre este tema, en las que Metro difundirá la información a través de todas sus plataformas, explicó la secretaria de Estado.

El acuerdo fue valorado por la instancia legislativa. “Lo más importante es que la gente se entere, comunicar. El Metro tiene muchos medios para evitar estas situaciones que ya se han implementado, pero la gente no los conoce”, señaló la diputada Ximena Ossandón (RN).

Comisión evalúa denunciar a “En su propia trampa”

Un segundo tema que fue analizado en la comisión fue la molestia generalizada tras la emisión del programa “En su propia trampa ” que expuso al abuso a actrices con el fin de denunciar a un falso tarotista. El tema fue debatido junto a la presidenta del Colegio de Periodistas, Margarita Pastene, quien señaló que “esto no tiene nada de periodismo”.

A juicio de las parlamentarias integrantes de esta comisión, en esta producción se vulneran explícitamente derechos de las mujeres. “Lo que a mi me preocupa es que estemos hablando de una vulneración al momento de existir un contrato de trabajo” manifestó la diputada Marcela Sabat (RN), pues hay dudas si tenían la claridad de que se enfrentarían a este tipo de abuso.

La Comisión acordó solicitar más información para saber si existe una denuncia en este caso, y si no existe, presentar una a nombre de la instancia. Además, intentarán ponerse en contacto con las involucradas para tener su propia versión de los hechos.

Publicado el 16 de octubre del 2018

Andrés Aylwin murió a las 7 de la mañana de este lunes 20 de agosto, a los 93 años. El exlegislador destacó durante la dictadura militar por su activo rol en la defensa judicial de los presos políticos y en la condena a las violaciones a los DDHH.

Muestras
de tristeza y hondo pesar provocó el fallecimiento de Andrés Aylwin, a las 7 de
la mañana de este lunes 20 de agosto, a los 93 años.

Aylwin -nacido un 20 de junio de 1925- destacó durante la dictadura militar por
su activo rol en la defensa judicial de los presos políticos y en la condena a
las violaciones a los DDHH.

“Estudio crítico de nuestro procedimiento del trabajo” fue el título de la
memoria con que se tituló de abogado, el 19 de junio de 1953, en la Universidad
de Chile.

Su trayectoria política se inició en 1949, cuando se incorporó a la falange
nacional. Ocho años después, en 1957, se integró al partido Demócrata
Cristiano.

En 1965, Andrés Aylwin fue elegido diputado por la octava agrupación departamental
“Melipilla, San Antonio, San Bernardo y Maipo”, para el período 1965-1969;
siendo reelecto por dos nuevos períodos, en 1969-1973 y 1973-1977. Esta última
legislatura fue interrumpida con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

Ese año mismo años formó parte del conocido “grupo de los 13”,
compuesto por militantes de la DC que, a dos días del derrocamiento de Salvador
Allende, rechazaron la acción militar.

Durante la dictadura, Aylwin destacó por su trabajo en el Comité para la Paz y
en la Vicaría de la Solidaridad. En 1978 fue elegido presidente de la
Agrupación de Abogados pro DDHH y dirigió la Comisión contra la Tortura,
desempeñándose como abogado querellante en casos de detenidos desaparecidos.

El 11 de marzo de 1990, junto con el retorno a la democracia y la asunción al
mando Presidencial de su hermano Patricio, Andrés Aylwin volvió a la Cámara de
Diputados en representación del distrito 30, que agrupaba las comunas de San
Bernardo, Buin, Paine y Calera de Tango, de la región Metropolitana; cargo que
mantuvo hasta marzo de 1998.

Su perfil legislativo se centró principalmente en temas de carácter nacional,
como la reforma agraria, previsión y asistencia social, capacitación sindical,
promoción y protección de los DDHH y derechos de los trabajadores.

Presentó un total de 58 mociones parlamentarias, algunas como autor y otras en
calidad de coautor, transformándose ocho de ellas en ley.

En sus 194 intervenciones en Sala, manifestó su opinión sobre las más diversos
materias y tras el retorno a la democracia, tuvo un rol relevante en las
discusiones sobre maltrato a menores, filiación, defensa y promoción de los
derechos humanos, así que la reparación a las víctimas de la dictadura militar.

Publicado el 20 de agosto del 2018

Encabezado por el nuevo presidente de los Concejales, Marcelo Sandoval, la Directiva Nacional de Concejales, de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), junto a los representantes de todas las regiones, concurrieron al Congreso Nacional para seguir gestionado de los acuerdos del Encuentro de Osorno, en el sentido de un cambio a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM), que otorgue mayores facultades y recursos a la función que ejercen los ediles en las 345 municipalidades del país.Estos encuentros se realizaron en el marco del Seminario “Herramientas para Mejorar la Gestión” centrado en el rol, atribuciones y facultades del concejo municipal. Los Concejales se reunieron con diversos parlamentarios, de todas las bancadas  entre ellos, el presidente del Senado, Carlos Montes, Carolina Goic, José Manuel Ossandón, Alejandro Guillier, Rabindranath Quinteros, y los Diputados, Catalina Del Real, Gabriel Ascencio, Ricardo Celis y Karen Luck, quienes solidarizaron con las demandas de los Concejales de Chile.

El Presidente de la Comisión, Concejal de La Pintana, Marcelo Sandoval señaló que “fue una instancia relevante para conocer las visiones que tienen nuestros pares en las 16 regiones; en cuanto a las reuniones con los parlamentarios, estas fueron muy productivas y sentimos la acogida y el respaldo de ellos para trabajar en la dignidad del cargo de Concejal y esperamos el apoyo de todos”.

Por su parte Patricio Huerta, Concejal de Talagante y Vicepresidente de la comisión señaló “hoy dimos un gran paso en la lucha por dignificar el cargo, nos recibieron parlamentarios de todos los colores políticos y debemos seguir trabajando, esta no será una pelea corta, pero debemos trabajar por todos los concejales del país”.

Uno de los parlamentarios que comentó la reunión con los ediles fue el Senador Alejandro Guillier, quien expresó que “los concejales son el primer contacto con el ciudadano, por lo tanto necesitamos que ellos se sientan más empoderados para que co-gobiernen con los alcaldes”. El senador subrayó que “necesitamos que tengan dignidad en su cargo, por lo tanto, tienen el derecho a capacitarse, a acceder a estudios técnicos y a mayores recursos, para ser reales representantes de la comunidad”.

Catalina Del Real, recordó su pasado municipal señalando “como ex concejala, conozco las dificultades y prejuicios del cargo, por lo tanto, le extiendo mi mano a la comisión de concejales, para apoyar cualquier iniciativa que dignifique y fortalezca la labor de los concejales de Chile”.

La Comisión Nacional de Concejales, está trabajando  un ante proyecto de Ley, que ya fue sociabilizado con el Ejecutivo, mediante la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), con el fin de resolver los conflictos históricos que afectan a los Concejales de todo el país.

La medida regirá para los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios por cuatro o más ingresos mínimos mensuales y que tengan menos de 55 años los hombres y menos de 50 las mujeres, al 1 de enero de 2012. No obstante, en el debate surgieron dudas por el real efecto que tendrá esta obligatoriedad en las prestaciones de seguridad social.

Con un amplio debate sobre los desafíos y falencias del sistema previsional,  en especial de los trabajadores independientes, la Sala aprobó la idea de legislar del proyecto en primer trámite que modifica las normas para la incorporación de estos trabajadores a los regímenes de protección social.

El texto legal fue visado en general por 21 votos a favor, 1 en contra y 14 abstenciones y se fijó como plazo para realizar indicaciones hasta el próximo 18 de octubre.

Hicieron uso de la palabra los senadores Carolina Goic, Iván Moreira, Juan Pablo Letelier, José Miguel Durana, Víctor Pérez Varela, Carlos Bianchi, José Miguel Insulza, Juan Castro,  Alfonso De Urresti, Alejandro Guillier, Juan Ignacio Latorre, Adriana Muñoz, Alejandro Navarro y Francisco Chahuán, además del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.

Los argumentos a favor de la iniciativa se centraron en la necesidad de dar respuesta al alto número de trabajadores independientes que hoy no cuenta con sistema previsional y no tiene obligación de cotizar, en ese sentido, se trata de promover la incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de protección social, con el propósito de permitir su acceso a las mismas prestaciones de seguridad social a la que tienen derecho los trabajadores dependientes.

Sin embargo, varios parlamentarios de oposición expresaron sus aprensiones puesto que a su juicio “no se ataca el problema de fondo que es el sistema previsional actual de las AFP que no asegura tasas de reemplazo suficientes y se escuda en que el que cotiza más tendrá mejor pensión”. Asimismo algunos legisladores dejaron constancia de que no existe claridad en las cifras de la población en edad laboral informal y que no impone, simplemente porque sus ingresos son muy bajos.

Al respecto, el ministro del Trabajo explicó que “este proyecto tiene impacto, o establece esta obligación gradual, a unos 649.958 trabajadores cuyos honorarios anuales totales sean iguales o superiores a cinco ingresos mínimos mensuales ($1.380.000).

Aclaró que “en organismos públicos trabajan 189.280. Instituciones fiscales, 95 mil de estas; sector municipal, 86 mil de estos; y del sector privado, exactamente la diferencia”. Asimismo advirtió que “La ley actualmente vigente, promulgada el año 2008, establece que a partir de ahora, este año, se debe cotizar por el 100%. Y con el 10% que se les retiene, no alcanza”. “En consecuencia, si no hacemos nada, en abril lo que va a ocurrir es que no solo no se les va a devolver ni un peso de impuesto a estos trabajadores a honorarios, sino que además van a quedar endeudados”.

CONTENIDOS

En lo fundamental, el proyecto apunta a instaurar la obligatoriedad de cotizar por parte de los trabajadores independientes para tener acceso a las prestaciones de seguridad social, la que se materializará en la declaración anual de impuestos de abril de cada año, a partir del 2019, aumentándose gradualmente la retención del 10% por los honorarios hasta llegar al 17%, sobre una base imponible del 80% de la renta bruta anual.

 La obligación rige para los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios por cuatro o más ingresos mínimos mensuales y que tengan menos de 55 años los hombres y menos de 50 las mujeres al 1 de enero de 2012.

La cotización para pensiones se calculará como la diferencia entre la retención y el pago realizado a los diferentes regímenes previsionales y será incrementada gradualmente desde un 3% hasta llegar al 10%.

FORMALIZACIÓN DEL TRABAJO

GOIC

El proyecto consagra un nuevo orden en la prelación de seguros de modo de garantizar la cobertura de salud común sin desconocer la relevancia del aporte a las pensiones” , “asimismo permitirá el acceso a los planes de atención médica, junto al seguro de invalidez y sobrevivencia”… “Se establece una alternativa también para los 9 primeros años, de modo que los trabajadores puedan cotizar para salud y previsión por una remuneración imponible menor”.

MOREIRA

“En Chile existe un número importante de chilenos que esta fuera del régimen previsional, se trata de profesionales independientes, aquellos a honorarios y también una cifra importante de personas que presta servicios al Estado. La solución a este problema no es el voluntarismo y se requiere responsabilidad y gradualidad”.

LETELIER

“Es un proyecto que podría abordarse de distintas maneras. En Chile la cifra que entregó SII son más de 2 millones de personas que boletean. Es decir, hay un altísimo porcentaje de la fuerza de trabajo que no cotiza y no existe en nuestra cultura la importancia de la formalización del trabajo y el Estado también es cómplice”.

DURANA

“El proyecto busca un equilibrio en el acceso de las prestaciones sociales y una gradualidad en el proceso de cotización de los independientes… es impresentable que trabajadores que prestan servicios al Estado estén en situación de desmedro frente a sus pares”.

PÉREZ VARELA

“Estamos hablando de temas de larga data y se trata como si fuera reciente, pero la desprotección laboral,  previsional y de salud es un tema evidente que se debe tratar de resolver. Con la reforma previsional de 2008 se nos dijo que este problema quedaría resuelto, pero al buscar la protección de los trabajadores se les castigaba en su remuneración. Por eso creo que esta segunda propuesta busca con la gradualidad y prelación una fórmula que no afecte tanto sus remuneraciones”.

EL ESTADO Y DERECHOS LABORALES

BIANCHI:

“Estamos obligados a avanzar (…); según escuchamos del Ejecutivo de alguna manera se enmarca en la búsqueda de una solución progresiva (…), pero el  Estado igual se lava las manos al no asumir la responsabilidad y obligación de tener en mejores condiciones a los funcionarios públicos. (…) ¿Obligaremos a quienes están a 10 años de jubilarse a entra a este sistema, le aseguraremos una jubilación medianamente digna?, no será así, por eso en particular se deben buscar consensos”

INSULZA:

“Este no es un proyecto para los informales, las personas pagan sus impuestos, pero no reciben ningún beneficio y por el contrario, le estamos cobrando un adicional; sin embargo el proyecto tiene sus beneficios, debemos llegar al momento en que incluiremos a todos los trabajadores sin que tengan que pagar adicionalmente, sobre todo cuando tienen rentas más bajas. (…) Entre los temas a corregir está el asegurar el pago de las pensiones alimenticias”.

CASTRO:

“El Estado es uno de los principales vulneradores de los derechos laborales; la ley prohíbe en este sector el contrata bajo la modalidad Código del Trabajo, pero en la práctica sabemos que en los servicios públicos los trabajadores a honorarios cumplen órdenes, horarios y realizan labores permanentes; es decir, el Estado ha ayudado a que muchos trabajadores tengan una mala calidad de vida. (…) La solución es fácil si se aplica sentido común: todo trabajador debe gozar plenamente de la seguridad social y cumplir con las obligaciones”.

DE URRESTI:

“No se ataca el problema de fondo. (…) En Chile buscamos la fórmula en la que el que ahorra más tiene mejores pensiones; en definitiva el que ha ganado más seguramente tendrá una pensión mayor, pero lo que queremos es la propuesta del sistema previsional y no el maquillaje para las AFP, las que tienen a más de cien mil personas sacando una pensión de 153 mil pesos mensuales, lo que es inadmisible. ¡Se buscan fórmulas para asegurarles el negocio a las AFP!”.

GUILLIER:

“Acá tenemos la típica contradicción que ya es habitual y parte de la historia, y uno debe votar por el mal menor. (…) Cualquier persona sabe que es mejor ahorrar por cuenta propia. (…) El sistema actual no es adecuado para la estructura laboral chilena y ahora se pretende meter a dos mil trabajadores independientes sin saber a qué, porque perderán dinero. ¿Qué favor le estamos haciendo a los trabajadores independientes, con qué moral le decimos que esta es una solución”.

DEPENDENCIA DEL SISTEMA DE AFP

LATORRE

“Estamos por superar el sistema de AFP y crear un verdadero sistema de seguridad social que garantice pensiones decentes, con aporte tripartito, reservas técnicas para dar sostenibilidad financiera al sistema y administración pública… Aquí hay que distinguir dos situaciones: las empresas privadas que tienen a su cargo trabajadores bajo régimen de subordinación y dependencia. Esto es ilegal, por lo que los trabajadores pueden exigir sus derechos. Por otro lado, están los trabajadores a honorarios del Estado, que es un tema que aún no podemos solucionar”.

MUÑOZ

“Este proyecto impacta en un universo muy diverso. No solamente se afecta a funcionarios públicos, tanto del Estado, de la Administración Pública, como municipales, sino que también a emprendedores independientes. Entonces, la ley aquí trata por igual, por parejo, homogéneamente a este universo, que va a afectar, por cierto, de una manera compleja, en las distintas realidades. Además, en un país donde salarios son bajos va a incentivar el contrato informal”

NAVARRO

“El ministro ha señalado que si no se continúa la tramitación de este proyecto de ley, en la declaración de impuestos del 2019 a los trabajadores a honorarios no se les va a devolver los impuestos y es más: van a quedar debiendo. Esto es ponerlos contra la espada y la pared. La ley que hoy día nos plantean es entrar por la ventana, entrar de rodillas a un sistema que no garantiza ni prestaciones sociales ni, por cierto, tampoco, seguridad social”.

CHAHUÁN

“Será la discusión en particular la ocasión para que finalmente podamos mejorar la fórmula, que, en definitiva, vele por una mejor pensión para los trabajadores a honorarios de los municipios y el Estado. Es un proyecto importante para los trabajadores chilenos, particularmente aquellos que han sido abusados por parte del Estado y que finalmente no sean también castigados, teniendo pensiones que no se condicen finalmente con el trabajo realizado”.

De forma unánime, los parlamentarios de los distintos sectores destacaron la resolución del Tribunal de La Haya, derivada de la demanda marítima presentada por Bolivia contra nuestro país.

De manera transversal, diputados de los distintos sectores celebraron el contundente fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que rechazó la demanda marítima presentada por Bolivia contra Chile.

A la salida de La Moneda, desde donde asistió a los detalles de la transmisión desde La Haya, la Presidenta de la Cámara, diputada Maya Fernández (PS), relevó la importancia de respetar el respetar el fallo emitido por el alto Tribunal Internacional y a “trabajar en conjunto con el pueblo boliviano para una mayor integración y desarrollo de los pueblos”.

Por su parte, desde la sede de Santiago del Congreso Nacional, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, diputado Pablo Vidal (RD), sostuvo que “este fallo ratifica que la posición chilena era la correcta; un fallo que ha sido contundente y que dice que Chile no está obligado a negociar, cosa que solo depende de la buena voluntad de nuestro país”.

“Creo que la Corte ha dado una lección; se falla en base a argumentos jurídicos y no a la puesta en escena o el poder de los países. Esto es también un no al chovinismo y a las voces que decían que había que tomar medidas más extremas como retirarse del pacto de Bogotá”, planteó.

Vidal agregó que “hay que reconocer el trabajo arduo y serio del Gobierno y de los gobiernos anteriores”.

En esa línea, el diputado Carlos Abel Jarpa (PRSD) dijo estar “muy contento, muy tranquilo, porque la Corte ha fallado en derecho”. Estimó que, lo más importante es el camino tomado para llegar a este resultado y “que la política internacional de Chile es una política de Estado”. “Se cumplió lo que habíamos dicho, que nunca estuvo en riesgo la soberanía de chile y que siempre nuestro país ha estado dispuesto a negociar”, remarcó.

El diputado Manuel Antonio Matta (DC) fue categórico al respecto. “Me superó el fallo 12 a 3; contundente y maciso… nosotros en derecho ganamos. ¡Qué más podemos pedir!”, puntualizó.

Sostuvo que no cabe duda que el argumento es jurídico y que “la derrota boliviana es jurídica conforme a las normas del derecho internacional. Nada nos va a obligar en el futuro a ceder soberanía del mar territorial, esto sin perjuicio de continuar con las relaciones de fraternidad entre ambos países”.

En tanto, la diputada Catalina Del Real (RN) recordó que siempre dijeron que el Tratado de 1904 estaba plenamente vigente, pero reconoció que no sabían “si estar tan optimistas, aunque en el fondo sabíamos que teníamos la razón. Estamos muy contentos porque por fin se hizo justicia, después de escuchar durante tantos años mentiras y descalificaciones por parte del presidente Evo Morales”.

Finalmente, el Primer Vicepresidente de la Cámara, diputado Jaime Mulet (FRVS), precisó que, a la luz de este fallo, “hay una sensación de alegría porque se da esta situación de un proceso que ha traspasado más de un Gobierno lo que refuerza el sentimiento de unidad nacional”.

“Hay que celebrarlo porque es una resolución muy importante que sienta un precedente muy fuerte respecto de nuestra relación de futuro con Bolivia”, recalcó.

Publicado el 01 de octubre del 2018

La propuesta del Ejecutivo asciende a US$ 73.470 millones, lo que representa un incremento de 3,2% respecto a 2018. La propuesta fue recibida por la Presidenta de la Cámara, diputada Maya Fernández, y por el Secretario de la Corporación, Miguel Landeros.

Cumpliendo con los plazos reglamentarios, el Gobierno formalizó hoy el ingreso a tramitación, en la Cámara de Diputados, del proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación para el año 2019, el cual contempla un monto de US$ 73.470 millones y un incremento de 3,2% respecto a 2018.

La propuesta legal fue presentada por el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y recepcionada a nombre de la Cámara por la Presidenta Maya Fernández (PS) y por el Secretario de la Corporación, Miguel Landeros.

Al respecto, la diputada Fernández destacó la importancia del acto celebrado hoy en la sede de Santiago del Congreso Nacional, así como la disposición de los parlamentarios para sacar adelante la mejor ley posible en la materia.

“Estamos aquí reconociendo un acto republicano, que se hace con las presidencias de la Cámara siempre. Estamos acá un día sábado, por tanto, marca siempre la disposición a conversar, justamente, más allá de las diferencias y, claramente, cuando las tengamos, los parlamentarios y parlamentarias, desde las Comisiones , se harán ver; pero siempre con respeto y diálogo, como corresponde”, remarcó

En lo particular indicó que esperan que se mantengan todas aquellas materias que implican beneficios sociales y anunció que se estudiarán en detalle cada partida, en particular las de mayor impacto en la sociedad, como son, por ejemplo, las de educación, salud y vivienda.

El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, sostuvo que el proyecto de ley permite el financiamiento de todos los estamentos e instituciones que se financian por medio de esta ley y aseguró que se ha intentado “mantener todos los programas sociales que beneficien a las personas”. Además, afirmó que el Ejecutivo está en disposición de dialogar con los parlamentarios, reconociendo que la ley termina siendo una construcción conjunta. “Estamos en la disposición de aceptar ideas que nos parezcan que son convenientes para el país”, precisó.

Antecedentes generales

El Ejecutivo explicó que el gasto fiscal planteado en el proyecto permite avanzar en tres dimensiones: los compromisos del programa de Gobierno; la reducción del déficit estructural de 0,2 puntos por año; e impulsar la inversión pública (presenta un alza de 1,2% respecto de 2018), como uno de los motores del crecimiento económico.

Conforme a las prioridades dadas por el Gobierno, Salud, Educación, Trabajo y Previsión Social destacan en el Presupuesto 2019, por tamaño del gasto y contribución al crecimiento. De hecho, uno de cada cuatro pesos irá a Educación (25,4%) y uno de cada cinco pesos se destinará a Salud (20,2%), se destacó.

Otras carteras y estamentos con participación importante en el erario nacional para el próximo año son: Trabajo, con 16,4%; Interior, con 7,9%; Obras públicas, con 5,8%; Vivienda, con 4,8%; Defensa, 4,2%; Justicia, con 3%; Transportes, con 2,6%; Desarrollo Social, con 1,5%; Economía, con 1,4%; Poder Judicial, con 1,4%; Agricultura, con 1,2%; y Hacienda, con 1,1%.

En línea con lo anterior, los ministerios con mayores alzas en los montos asignados respecto del gasto 2018 son Salud, con 40,7%, y Educación, con 25,4%.

Datos sectoriales según prioridades

I. Adultos mayores:

– Crecimiento de 108.040 personas en el número de beneficiarios de PBS y APS Vejez, totalizando 1.310.244, gracias a un incremento de US$161 millones.
– El Bono por Hijo para las Mujeres aumentará su cobertura en 22.908 beneficiarias, gracias a un aumento de su presupuesto en US$13,1 millones.
– Incremento del Bono Bodas de Oro del 16,2%, considerando una cobertura de 18.945 matrimonios.

II. Infancia:

A. SENAME:
1. Aumenta en un 10% los recursos considerados para la Operación de los Centros de Administración Directa, lo cual incluye US$ 16 millones adicionales para la Reconversión de Centros de Reparación Especializado de Administración Directa (CREAD) en residencias de Vida familiar.
2. Se incrementa en 3,9% el Gasto en Subvenciones en el Área de Protección a Menores.
– US$2,1 millones para aumentar en un 40% las plazas del programa de Protección Especializado de Intervención Residencial (PER).
– Se destinarán más de US$5,1 millones para aumentar la cobertura del Programa de Protección Especializado (PRO) y del programa de Familia de Acogida Especializada (FAE).

B. Chile crece contigo
– Aumenta en un 8% el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social para el Sistema Chile Crece Contigo y otros programas de la niñez.
– Se reforzará el Sistema Chile Crece Contigo en programas de salud, lo que incluye US$30 millones para el programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial y US$23 millones para el Programa de Apoyo al Recién Nacido.

III. Eduación
A. Educación preescolar

– El gasto en subvenciones para pre kínder y kínder aumenta en US$24,5 millones, con un crecimiento de 3,9%. Considera el financiamiento para una matrícula de 326.096 estudiantes el año 2019, con un aumento de 5.000 nuevos alumnos.
– Aumenta el financiamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para algo más de 182.000 niños, lo que significa un crecimiento de 2,8%, equivalente a 5.000 niños.

B. Educación Escolar
– Aumento de recursos para distintas subvenciones escolares de 3,7% respecto del año 2018, equivalente a US$ 316 millones.
– Para actividades en escuelas y liceos se aumenta el presupuesto en US$7,6 millones (3,4%). Este incremento se explica principalmente por infraestructura educacional y recursos educativos (computadores, libros), incluyendo recursos para el mejoramiento de la calidad de la educación.

C. Educación Superior

– Se destinan mayores recursos por US$191 millones, que representa un crecimiento de 6,2% respecto del presupuesto 2018.
– El Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales aumenta en US$8,4 millones (40,9%).
– Incremento de 8,2% en los beneficios de Arancel en Educación Superior (Arancel de Gratuidad, Becas y Fondo Solidario de Crédito Universitario).
– Con estos beneficios se alcanza una cobertura de 232 mil estudiantes en Universidades adscritas a gratuidad (incremento de 4,6%) y 182 mil estudiantes de Formación Técnica e Institutos Profesionales adscritos a la gratuidad (9,6%).

IV. Clase Media

– Se considera incluir los siguientes eventos a ser cubiertos por la Red Clase Media Protegida:
a. Evento catastrófico de salud: Mejoran los seguros de enfermedades catastróficas y facilita el uso de estos seguros.
b. Dificultad para encontrar empleo, estando desempleado: Mejora la red de intermediación laboral y programas de reconversión.
c. Incapacidad para pagar la educación superior de los hijos: Mejoran los mecanismos de créditos y becas. Destaca un aumento de 8,2% en los beneficios de Arancel en Educación Superior.
d. Víctimas de delitos violentos: Mejoran los canales de atención y orientación a las víctimas de delitos violentos. Destaca la creación de una Defensoría de las Víctimas (US$ 6,3 millones).

V. Pymes y Capacitación

– Se incrementa en US$5,9 millones el Bono Capacitación para Medianas y Pequeñas Empresas, aumentando la cobertura en 17.114 beneficiarios, lo que significa un crecimiento superior a 2,6 veces el presupuesto.
– El programa Capacitación en Oficios aumenta su cobertura en 6.902 beneficiarios, con alza de US$15,2 millones (56%).
– El Programa de Formación en el Puesto de Trabajo aumenta en un 133% respecto al presupuesto anterior, un incremento de US$2,4 millones.
– En el año 2019 se incluye un nuevo Programa de Capacitación orientado a la Reconversión laboral, beneficiando a 2.559 personas, con un presupuesto de US$2,5 millones.

VI. Vivienda

– El Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 asigna a Inversión Habitacional un total de US$2.227 millones, lo que representa un aumento de 11,5% respecto del año anterior.
– Los Fondos destinados a subsidios aumentan 12,4% promedio. Destaca en esta línea programática el financiamiento de un nuevo programa habitacional de 182.587 unidades, el que compromete US$2.459 millones.
– US$7,7 millones para el inicio de 22 proyectos de Infraestructura Sanitaria y US$2,5 millones para financiar 15 proyectos de Saneamiento de Poblaciones.
– US$78 millones para el Programa de Reconstrucción, lo que permitirá subsanar los efectos de los terremotos del año 2010 del Norte Grande, el Incendio de Valparaíso, el Aluvión en el Norte Grande, el Terremoto de Coquimbo y los Incendios Forestales.

VII. Salud
– El Gasto en el Ministerio de Salud crece 5,9% real respecto de lo proyectado para 2018.
– Uno de los impulsores de este aumento es el financiamiento a la implementación del compromiso del gobierno del hospital digital. Este hospital virtual opera de forma descentralizada con horario continuado 7 días a la semana y 24 horas al día. A diferencia de los hospitales físicos, este no tiene restricciones geográficas.

VIII. Regiones

– El presupuesto en Inversión Regional presenta un incremento del 2,5% respecto del año 2018.
– El alza se explica principalmente por el incremento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, así como un incremento en los recursos asociados con el Fondo de Apoyo Regional, FAR.

IX. Plan Araucanía

– El Costo total del Plan Impulso Araucanía para el período 2018-2026 alcanza unos US$ 8.000 millones.
– El presupuesto para el año 2019 es de US$ 961 millones, representando un aumento de 41% respecto a los recursos contemplados para el Plan el año 2018.
– Los recursos asignados para el año 2019 permiten financiar 491 proyectos y programas en áreas como: Agricultura, Economía, Energía, Medio Ambiente, Vivienda, Obras Públicas, Transporte, Desarrollo Social, Educación y Salud.

X. Seguridad

– Seguridad Pública presenta recursos por un total de US$ 2.523,7 millones.
– Los recursos asignados para el año 2019 permiten financiar:
a. Proyectos y programas de prevención en la Subsecretaría de Prevención del Delito, tales como la Red Nacional de Seguridad Pública en 72 comunas, Lazos en 36 comunas, programa PREVIENE en el Senda en 226 comunas, y en la misma institución, el programa Parentalidad, con una cobertura proyectada para el año 2019 de 4.000 personas.
b. Financiar las etapas correspondientes a las Leyes de Planta de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, con un total de US$ 24,2 millones, que fortalecen sus funciones.
c. Recursos adicionales cercanos a US$1 millón, asociados con labores de ciberinteligencia en la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI.

Publicado el 29 de septiembre del 2018