Considerar la territorialidad es uno de los puntos en que coinciden la exsubsecretaria del Sernam, Gloria Maira, y Javiera Arce, de la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso, en el debate sobre una ley de cuotas para estos cargos.

Legislar sobre una ley de cuota de género en las elecciones
de gobernadores regionales, alcaldes y concejales es clave, coinciden las
invitadas a la Comisión sobre Mujeres y Equidad de Género de la Cámara que
analiza esta moción .

Si bien ya existe una experiencia previa en este ámbito, con la ley de cuotas
en las elecciones parlamentarias, hoy existe la posibilidad de profundizar
hacia la pertinencia territorial de este instrumento, subrayó Javiera Arce, de
la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso.

Sostuvo que los partidos políticos, en general, generan muchas omisiones,
incluso territoriales, debido a nuestra estructura absolutamente centralista
que se refleja en las decisiones públicas.

“Entonces, lo que tendríamos que buscar o ir avanzando es hacia,
justamente, que los partidos políticos sean capaces de ellos promover sus
propios liderazgos femeninos en los territorios y ellos mismos darse cuenta de
qué manera potenciar a las mujeres que existen en esos espacios”, acotó. 

La visión fue compartida por gran parte de los expositores que entregaron su
opinión sobre la moción, aunque, según explicó la diputada Karin Luck (RN),
también hubo comentarios relativos a formación y fiscalización.

Informó que otro de los grandes temas que está en debate es el relativo a
aquellas elecciones en donde se elige una sola persona, como son las figuras
del alcalde o de los gobernadores regionales. “No hay problema en que haya
temas proporcionales, pero si se plantean muchas diferencias entre si damos el
paso o no damos el paso para que sea cuando es un solo candidato”, agregó

En este sentido, la presidenta de la comisión, Loreto Carvajal (PPD), manifestó que Chile debe
apuntar hacia una transformación, tanto en la Constitución como en la Ley de
Partidos Políticos. 

“Lamentablemente, el poder mayor, o uno de los poderes mayores, que tienen las
directivas de los partidos políticos se genera en las secretarías generales y,
hoy día, no tenemos en las secretarías generales, por lo menos en los partidos
grandes, a mujeres. La mayoría son hombres, pero, a su vez, también a nivel de
direcciones seguimos teniendo un número inferior de mujeres, no tenemos equidad
de género”, remarcó. 

Los antecedentes que expone el proyecto dan cuenta de un estudio del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre mujeres y elecciones
municipales 2016.

Dicho estudio sanciona que si la norma sobre el máximo de candidatos de un
mismo sexo que rige para las elecciones parlamentarias hubiese operado como
marco regulatorio para las municipales, solo un 17% de los partidos políticos
podría haber competido, ya que solo tres cumplirían con la norma de equilibrio
de género que obliga a los partidos políticos a que en sus listas de
candidatos/as ningún sexo supere el 60%, ni esté por debajo del 40%. 

Publicado el 03 de enero del 2019

Desde la publicación de Aula Segura en el Diario Oficial, los establecimientos educacionales subvencionados por el Estado tendrán un plazo de noventa días para actualizar sus reglamentos.

El Presidente Sebastián Piñera firmó con la Ministra de
Educación la Ley Aula Segura. Esta normativa aumentará las atribuciones de
directores de colegios ante hechos violentos al interior de establecimientos
educacionales. El evento se produjo este miércoles 19 de diciembre.

El Liceo de Estación Central fue el escenario para la firma.
Allí se dieron cita diferentes autoridades, como Jaime Bellolio (UDI), Diego
Schalper (RN) y Luis Pardo (RN). A su vez, estuvieron los alcaldes Rodrigo
Delgado y Felipe Alessandri, además de la Seremi de la Región Metropolitana: Bárbara
Soto. Los directores de los liceos emblemáticos de la comuna de Santiago
también estuvieron presentes. Ellos han debido enfrentar hechos de violencia
durante los últimos años.

“Para ganar la batalla de la educación, hay que restablecer
ciertos valores y ciertos principios básicos que, hoy día, desgraciadamente, se
ven vulnerados con demasiada frecuencia y con demasiada impunidad”, sostuvo el
Presidente Sebastián Piñera. Además, el mandatario advirtió que “nuestro Gobierno
está, y va a estar siempre, con los profesores que quieren enseñar; con los
alumnos que quieren aprender; con los padres y apoderados que quieren ver a sus
hijos progresar; y va a combatir siempre, y con mucha fuerza, a los que
quieren, con violencia, bombas molotov, overoles blancos o cualquier otro medio
de violencia, venir a destruir lo que es nuestra comunidad escolar”

Por su parte, la Ministra de Educación agregó: “estamos muy
contentos con la promulgación de la Ley Aula Segura, que tuvo un apoyo
transversal en el Congreso. Queremos comunidades educativas seguras, profesores
que no sean agredidos y estudiantes que puedan estudiar con tranquilidad al
interior de sus escuelas… esta es una Ley que efectivamente va a beneficiar la
seguridad de las comunidades educativas, el respeto a los profesores y también
va a fortalecer a la educación pública”.

¿En qué consiste la Ley Aula Segura?

Esta ley sancionará los actos cometidos por cualquier
miembro de la comunidad educativa que ocasione daños a la integridad física o
psíquica de cualquiera de los miembros de ésta, o de terceros que se encuentren
en dependencias de los establecimientos. Los hechos de violencia pueden ser
agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de
armas o artefactos incendiarios, agresiones sexuales o actos que atenten contra
la infraestructura.

Desde su publicación en el Diario Oficial, los
establecimientos educacionales subvencionados por el Estado tendrán un plazo de
90 días para actualizar sus reglamentos.

miércoles 19 de diciembre, 2018

La primera normativa sobre el tema surgió en 2008, con la Ley 20.251, que estableció un procedimiento para regularizar la situación de estas construcciones y obtener ante la respectiva Dirección de Obras Municipales la recepción definitiva.

Luego, en 2014, se dictó la Ley 20.671, que amplió el plazo para acogerse a dicha posibilidad de regularización hasta junio de 2016. Por último, en atención a que para la fecha de expiración de este beneficio aún restaban muchas viviendas por acogerse al beneficio, se dictó la Ley 20.898, que amplió la vigencia, generándose así un nuevo plazo que vence el 4 de febrero de 2019.

La nueva propuesta fue presentada en octubre de 2019 por un grupo encabezado por la diputada Aracely Leuquén (RN) y compuesto por René Alinco (IND), Camila Flores (RN), René Manuel García (RN), Pablo Kast (Evópoli) y Andrés Longton (RN).

La idea matriz del proyecto fue ampliar nuevamente la vigencia del plazo para que los propietarios de viviendas que no cuenten con recepción definitiva, total o parcial puedan hacer uso del procedimiento simplificado de regularización de viviendas de autoconstrucción, contemplado en la citada Ley 20.898, y especificar el avalúo que debe tener el bien de autoconstrucción para poder acogerse al beneficio de esta norma legal.

Después del proceso de audiencias, la Comisión que encabeza el diputado Carlos Abel Jarpa (PRSD) aprobó en general la iniciativa y avanzó en concretar un nuevo texto, más acotado que el propuesto originalmente, que será presentado a la Sala por el diputado Sergio Bobadilla (UDI).

La nueva redacción modifica la Ley 20.898, extendiendo su vigencia por tres años más, con lo cual la nueva fecha de caducidad quedaría fijada para el 4 de febrero de 2022. Además, se agrega una precisión en torno a uno de los documento que se deberán presentar ante la Dirección de Obras Municipales para realizar el proceso de regularización.

Publicado el 07 de diciembre del 2018

En la última reunión de Directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), que dirige el alcalde de La Granja, Felipe Delpin, se acordó crear una comisión de ética para sancionar las conductas de quienes se aparten de la probidad en el uso de los recursos públicos.

Esta iniciativa, surge como parte de las acciones que se encuentra realizando la AChM con miras a lo que será la “Escuela de Capacitación Municipal, Verano 2019”, donde cada curso deberá contar con un módulo de “Ética Pública”, que permita ir desarrollando acciones que mejoren el uso de los recursos públicos.

El alcalde Delpin señaló que “esto está en concordancia con la voluntad de la mayoría de los municipios, que en todo el país buscan mecanismos que mejoren la transparencia y la probidad en el uso de los recursos públicos”.

El jefe comunal de La Granja se refirió a la nueva comisión subrayando que “ésta será una instancia más, porque como se sabe, las municipalidades tenemos innumerables controles como, como el Concejo Municipal,la unidad de control interno; la Contraloría General de la República; el Consejo para la Transparencia; los tribunales de justicia; el control de los medios de comunicaciones y los propios vecinos, que siempre están prestos a cualquier indicio de corrupción. Somos, en definitiva, los órganos del Estado con más control en Chile”.

La Comisión que formará la AChM está preparando un código de ética y reforzará los controles de las actividades de capacitación. Asimismo,se reiterará a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo para que cree un registro único de entidades capacitadoras, de tal manera, que exista pertinencia en las capacitaciones y se cumplan los estándares necesarios para el buen uso de los recursos públicos.

Con respecto a la “Escuela de Capacitación Municipal, Verano2019”, estás se realizarán la tercera semana de enero y tendrá sus sedes en las ciudades de Arica, Ancud, Santiago, Puerto Varas y Puerto Natales, donde se abordarán temas jurídicos, de financiamiento municipal, desarrollo económico local, desarrollo social, educación y cultura, entre otros.

Por medio de una resolución, las/os diputadas/os buscan eliminar definitivamente estos costos, alivianando la carga de los usuarios dela Cuenta Rut, que están conformados mayoritariamente por el sector de menores ingresos de nuestra población y los jóvenes.

Por 141 votos a favor y 4 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 267, que pide al Presidente de la República que, a través del Ministerio de Hacienda, requiera al Banco del Estado poner fin a los cobros vinculados a la consulta de saldo y cartolas y a los giros de dinero asociados a la Cuenta Rut.

El texto señala que, del universo de cuentas Rut activadas, el 54% pertenece al segmento cuya renta es inferior a 200 mil pesos, mientras que el 27% está compuesto por jóvenes. En este sentido, la cuenta RUT ha permitido la bancarización de aquellos sectores de la población que tradicionalmente son discriminados por la banca privada y el sistema financiero.

Sin embargo, describen las/os parlamentarias/os, esta cuenta tiene un alto costo asociado a su uso, cobrándose $300 por cada giro que se efectúa, independiente del cajero; $600 si el giro se realiza a través de una caja en sucursal del Banco Estado; $100 por cada consulta de saldo y cartolas; y $1000por reposición de la tarjeta.

“Los costos son excesivos, siendo una cuenta cara si se compara con los productos financieros que ofrece la banca en Chile, y pueden mermar de forma grave los ingresos de los usuarios de cuenta RUT, especialmente si consideramos que el 54% de ellos percibe rentas inferiores a los 200 mil pesos mensuales”, argumentaron.

Por tanto, las/os legisladoras/es manifestaron la necesidad de revisar estos cobros e iniciar las conversaciones con Banco del Estado, a fin de tomar las acciones pertinentes que permitan eliminar definitivamente estos costos, alivianando la carga de los usuarios de la Cuenta Rut, que están conformados mayoritariamente por el sector de menores ingresos de nuestra población y los jóvenes.

La resolución fue presentada ante el Hemiciclo por los/as diputados/as UDI Enrique Van Rysselberghe, Osvaldo Urrutia, Sergio Gahona, Nicolás Noman, Rolando Rentería, Virginia Troncoso,Guillermo Ramírez, Gastón Von Mühlenbrock, Sandra Amar y Juan Fuenzalida.

Publicado el 07 de diciembre del 2018

El proyecto modifica la tipificación del delito de femicidio incorporando la modalidad del cometido por pareja, esposo, cónyuge o conviviente y en los casos en que un hombre mata a una mujer por razones de género.

Penas que alcanzan hasta el presidio perpetuo calificado contempla el proyecto de ley (boletín 11970) que busca modificar el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contras las mujeres, que fue aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados, por la unanimidad de 121 votos a favor.

La iniciativa, informada ante el Hemiciclo por la diputada Camila Vallejo (PC), es también conocida como “Ley Gabriela”, en asociación a Gabriela Alcaíno, quien fuera asesinada junto a su madre, Carolina Donoso, por su expareja y cuyos familiares se encontraron asistiendo al debate y votación de la ley desde las tribunas del Hemiciclo.

En su idea matriz, la propuesta, analizada previamente por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, expresa la necesidad de modificar el Código Penal para ampliar el delito de femicidio a cualquier asesinato de una mujer con motivos de odio, menosprecio o abuso por causa de género, sin importar la relación o cercanía del asesinato con su víctima.

A esto, señala el documento, se le asigna una pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado (de 15 años y 1 día a perpetuo).

En el mismo contexto, la propuesta pretende establecer agravantes especiales al delito de femicidio y excluir a los delitos de femicidio, parricidio y homicidio simple y calificado de la aplicación de las atenuantes de “irreprochable conducta anterior” o de haber obrado producto de arrebato u obcecación, en los casos en que haya precedido incidente de violencia cometido por el autor contra la víctima, sus ascendientes o descendientes.

Además, propone una enumeración de circunstancias agravantes, tales como el hecho que la víctima hubiese sido cónyuge, conviviente o hubiese tenido una relación de pareja con el autor, habiendo existido o no convivencia; que la víctima estuviese en estado de embarazo; que sea menor de edad o mayor de 60 años; que tenga relación de parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado colateral con el autor; así como que se cometa en presencia de descendientes menores de edad de la víctima.

Adicionalmente, la iniciativa crea un nuevo artículo que tipifica la figura de incitación al suicidio o le preste auxilio para cometerlo, en el marco de las desiguales relaciones de poder basadas en el género, especificando circunstancias en que especialmente se entenderá la concurrencia de dichas relaciones desiguales de poder.

El proyecto de ley fue presentado por las/os diputadas/os Karol Cariola (PC), Daniella Cicardini (PS), Maya Fernández (PS), Cristina Girardi (PPD), Marcela Sabat (RN), Gabriel Silber (DC), Jaime Tohá (PS), Víctor Torres (DC), Camila Vallejo (PC) y Gael Yeomans (RD).

Publicado el 29 de noviembre del 2018

El acuerdo firmado considera un alza nominal de 3,5% en las remuneraciones del sector público a partir del 1 de diciembre de 2018, además de una serie de beneficios y mesas de trabajo sectoriales y transversales para lograr avanzar hacia un mejor empleo público.

El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, junto a su par de Trabajo, Nicolás Monckeberg, lideraron hoy el cierre las negociaciones del Gobierno con la Mesa del Sector Público (MSP) por el reajuste salarial, proceso que finalizó con un acuerdo mayoritario con los gremios.

“La negociación fue larga, pero estos procesos son así. Lo importante es el acuerdo alcanzado y el espíritu de diálogo que ha habido detrás de este proceso”, destacó tras la firma de un protocolo el titular de Hacienda.

El acuerdo firmado considera un alza nominal de 3,5% en las remuneraciones del sector público a partir del 1 de diciembre de 2018, además de una serie de beneficios y mesas de trabajo sectoriales y transversales para lograr avanzar hacia un mejor empleo público. Estos beneficios llegarán a cerca de 3 millones de personas, 1 millón del sector activo y cerca de 2 millones de sector pasivo.

“El acuerdo tiene un valor que va más allá de las cifras (…) Se ha avanzado en temas que son de interés inmediato, como por ejemplo los incentivos al retiro de algunos funcionarios públicos, pero también se definió una agenda para 2019 y hay trabajos que se harán de manera más sectorial”, explicó el Ministro Larraín, quien agradeció el rol de la Dipres en este proceso y, en particular, del subdirector de Racionalización y Gestión Pública, Matías Acevedo.

De acuerdo al protocolo firmado por 13 de los 15 gremios (la Anef y el Colegio de Profesores deben ratificarlo internamente) se establecen beneficios diferenciados dependiendo de las rentas, procurando siempre beneficiar más a los que ganan menos. “Esto refleja la preocupación del Gobierno por los más vulnerables, quienes ganan menos dentro del sector público”, resaltó el Ministro Larraín.

Así, se considera la entrega de un bono de acuerdo que se pagará una vez y que ascenderá a $185 mil para los trabajadores cuya remuneración líquida que les corresponda percibir en noviembre de 2018 sea igual o inferior a $683.100 y de $91.500 para los trabajadores cuya remuneración mensual bruta sea igual o inferior a $2.487.816.

Además, entre otros beneficios, se establece un aguinaldo de Navidad para 2018 de $56.297 para los trabajadores con una remuneración líquida igual o inferior a $752.209 y de $29.779 para aquellos trabajadores que tengan una remuneración líquida superior a la señalada e igual o inferior a $2.490.923.

La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), se unió a la campaña “Pinta el mundo de naranjo” iniciativa del Secretario General de Naciones Unidas e implementada por ONU Mujeres en todo el mundo.

En este contexto el presidente de la AChM, alcalde de La Granja, Felipe Delpin, junto a Carlos Soto, concejal de Lo Espejo,  Vicepresidente de la entidad municipalista y  María Inés Salamanca, Representante de ONU Mujeres en Chile, llamaron a los municipios del país a sumarse a la campaña, que busca realizar un cambio cultural en la sociedad para eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas.

Sobre la campaña, el Presidente de la AChM señaló que “para nosotros es una obligación moral sumarnos a esta campaña, la violencia contra la mujer es una terrible realidad, es por esto, que adherimos a la campaña y nos comprometemos a realizar acciones permanentes que ayuden a erradicar toda violencia en contra de las mujeres”.

Por su parte, la representante de ONU Mujeres dijo que “para nosotros es muy importante el compromiso de los municipios y los gobiernos locales, porque los consideramos la puerta de entrada para la ciudadanía y las mujeres víctimas de violencia”.

Durante la actividad participaron diversas autoridades municipales, como el alcalde de Punitaqui, Carlos Araya y concejalas de diversos colores políticos.

COMPROMISO DE ACCIONES ENTRE LA ACHM Y ONU MUJERES:

1. Poner el tema de la campaña en la tabla de los Concejos Municipales antes del 10 de diciembre, para que cada Municipio incorpore acciones para sumarse a la campaña.

2. Pedir a los Concejos Municipales que en alguna de sus sesiones puedan colocarse poleras o camisas naranja como señal de su adhesión a la campaña y enviarla a las redes sociales.

3. Hacer visible en sus edificios y oficinas públicas el color de la campaña, usando implementos naranjas (telas, banderas, iluminación), acompañado siempre de la frase Únete pongamos fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.

4. Incorporar la gráfica de la campaña a las páginas web de los municipios.

5. Twittear en las redes sociales municipales el compromiso de los municipios con la campaña.

6. Fortalecer las oficinas municipales de la mujer.

7. Organizar en las escuelas y liceos municipales encuentros, deportivos, de conversación y análisis con mujeres y hombres de su comuna.

8. Plantar en cada plaza municipal un naranjo como símbolo de la campaña.

9. Crear un concurso literario para historias y poemas de mujeres sin violencia

10. Pintar mensajes en la vía pública (Ej. Pasos peatonales) que hagan referencia a la campaña.

11. Registrar toda actividad de la campaña y viralizarla en las redes sociales.

12. Tomar una fotografía del/la alcalde/sa junto con su equipo, vestidos de naranja y publicar en redes sociales, utilizando los hashtags: #ÚNETE #PintaElMundoDeNaranja #dianaranja #NoMásViolenciaContraMujeres

13. Realizar una color Run Naranja (Corrida familiar, donde los participantes van con poleras blancas y al inicio de la competencia se lanza pintura de color naranja, adhiriendo así a la campaña).

14. Realizar una corrida familiar con poleras naranjas.

15. Realizar un mural pintado por la comunidad (mujeres) con motivos de la campaña utilizando el color naranjo.

La iniciativa, que fue objeto de un amplio debate en la Sala, duplica el rango del aporte fiscal a las instituciones colaboradoras, al tiempo que impone nuevas exigencias e inhabilidades para estas, así como obligaciones y responsabilidades adicionales para el Sename.

Responder a la urgente necesidad de impedir que, mientras se defina el marco de la nueva institucionalidad relacionada a los menores en estado de vulnerabilidad social, sigan ocurriendo cierres de centros colaboradores del Sename por falta de financiamiento, es la finalidad central del proyecto (boletín 11657) aprobado por la Cámara de Diputados y despachado a segundo trámite al Senado.

El tratamiento de esta iniciativa fue objeto de un amplio debate en la Sala, donde el oficialismo marcó filas en su apoyo y en la urgencia de entregar el aumento de subvención aquí definida, en particular, para prevenir que de aquí al próximo año se concreten nuevos cierres de colaboradores que dejen en mayor indefensión a niños, niñas y adolescentes en situación de precariedad o vulneración social.

En tanto, la oposición se mostró dividida. Mientras algunos legisladores insistieron en una crítica férrea y en llamar al rechazo como forma de reclamo por montos que se estimaron insuficientes y por su asignación a instituciones que no estarían dando el ancho para el cometido que se les encarga; otros, si bien coincidieron en señalar que el avance es aún limitado, reconocieron la capacidad del Ejecutivo para respaldar propuestas de otros sectores y la urgencia de sustentar las operaciones de múltiples instituciones colaboradas.

En la hora de votación, la propuesta fue aprobada en general por 101 votos a favor, 27 en contra y cinco abstenciones. Luego, se desarrollaron otras 23 votaciones separadas que permitieron restituir algunos de los criterios aprobados en la Comisión de Constitución y que fueron modificados o eliminados por su par de Familia, entre ellos, la vía de financiamiento del aumento de recursos.

Aumento de subvención

Si bien el proyecto abarca varios puntos, el incremento de la subvención fue uno de los que estuvo presente en casi todos los discursos. En concreto, el texto ratificado por la Sala permite duplicar el actual rango (se sube de 8,5-15 unidades de subvención Sename mensuales a 15-30 USS mensuales).

El cálculo estima que en el primer año de aplicación, el límite máximo efectivo de la subvención se incremente en un 25%, es decir, pasará de 15 a 18,75 USS . Lo anterior irroga un mayor gasto fiscal de $ 9.771 millones. A su vez, se estima que el mayor gasto fiscal en caso de alcanzar el límite máximo del rango para la línea Centros Residenciales (30 USS) sería de $39.108 millones.

El costo que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No obstante, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar dicho presupuesto en lo que falte, con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público. En los años siguientes, los recursos se consultarán en la Ley de Presupuestos del Sector Público respectiva.

Otras normas del proyecto

Conjuntamente con el aumento de subvenciones, el proyecto contempla otras modificaciones a la ley vigente que regula el sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Algunos de estos perfeccionamientos apuntan a precisar o redefinir principios rectores de este sistema o a agregar derechamente otros conceptos en dicho marco, como es el asegurar las condiciones que otorguen el necesario bienestar biopsicosocial de los menores.

También se deberá respetar como principios la efectividad de los derechos y las condiciones ambientales y oportunidades que los niñas, niños y adolescentes requieren, según su etapa de desarrollo, mediante una intervención oportuna y de calidad; y la transparencia, eficiencia, eficacia e idónea administración de los recursos que conforman la subvención.

Asimismo, para el reconocimiento de las instituciones colaboradoras, impide que participen en sus directorio, representación legal, gerencia o administración individuos que figuren en el Registro de Personas con prohibición para trabajar con menores de edad. Esta y otras prohibiciones ya contempladas en la ley vigente se extienden a personas naturales que desempeñan sus funciones directamente con los niños, niñas y adolescentes.

En la misma línea, se especifica un listado de causales que permitirán revocar el reconocimiento de colaborador acreditado que ejecute la línea de acción “Centros Residenciales”; al tiempo que se exige a las instituciones remitir anualmente al Sename y mantener publicada y actualizada en sus respectivas páginas web información sobre la entidad, su desempeño (objetivos, indicadores de gestión y financieros, etc.), balances y antecedentes de las competencias técnicas y profesionales de su personal, entre otros.

Por último, entre otras consideraciones, se perfeccionan ciertas obligaciones que se adjudican al Sename en cuanto a la supervisión y fiscalización del sistema y se especifican algunas de las características que deberá contener el reglamento que se dispondrá en la materia.

Publicado el 21 de noviembre del 2018

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados recibió a los ministros de Hacienda y de Trabajo, quienes expusieron los alcances de la iniciativa que comenzará su tramitación en el Parlamento.

Con el objeto de exponer los fundamentos de la iniciativa, los ministros de Hacienda y de Trabajo, Felipe Larraín y Nicolás Monckeberg, respectivamente, presentaron ante la Comisión de Trabajo, presidida por el diputado Gastón Saavedra (PS), los lineamientos generales de la reforma al sistema de pensiones (boletín 12212) impulsada por el Ejecutivo.

La propuesta se construye sobre la base de cinco principios fundamentales:

1. Reconocer el esfuerzo individual de los trabajadores y respetar plenamente sus derechos de propiedad sobre las cotizaciones y el ahorro previsional que acumulan en sus cuentas individuales.
2. Concentrar el mayor esfuerzo fiscal en los más vulnerables, en la clase media y en las mujeres.
3. Asegurar que cada uno de los cambios ayuden, en forma directa o indirecta, a mejorar las pensiones.
4. Evitar efectos negativos de las reformas sobre el crecimiento económico y la creación de empleos.
5. Responsabilidad fiscal, asegurando la sustentabilidad de largo plazo de los beneficios, en particular los que se financian con el presupuesto público.

Los Secretarios de Estado plantearon la necesidad de concretar los cambios, debido sobre todo al envejecimiento de la población y al porcentaje de trabajadores cotizantes, lo que hace inviable el actual sistema.

Según explicó el titular de Hacienda, “no es posible mejorar las pensiones si no tenemos un aumento en la contribución, tanto en la mínima, que es la obligatoria; como en la voluntaria”.

A su turno, el ministro del Trabajo explicó que, al día de hoy, “2,38 trabajadores le deberían financiar la jubilación a un pensionado; el año 2050, a la vuelta de la esquina, un trabajador le tiene que financiar la pensión a un pensionado; y el 2060, si mantenemos este sistema, un trabajador debería financiar la pensión a más de un pensionado”.

Para el diputado Raúl Soto (DC), si bien la discusión recién comienza, el proyecto requiere de modificaciones urgentes, para que sea una ley efectiva que perdure en el tiempo, considerando que “ningún sistema previsional en el mundo puede descansar en forma excesiva en el Fisco, porque en 5, 10 , 15 años más vamos a tener que seguir metiendo plata en el pilar solidario, lo que, a largo plazo, es absolutamente insostenible”.

En tanto, el diputado Patricio Melero (UDI), junto con destacar el proyecto del Ejecutivo, valoró el debate que se inicia en la instancia, respecto del cual ya hay cierto grado de conocimiento y discusión avanzado, debido al proyecto de ley que en su momento inició la administración anterior.

“Tenemos que partir ya con las audiencias que van a ayudar mucho a la deliberación, tenemos que avanzar con este proyecto que, afortunadamente, no parte de cero porque ya hubo una larga discusión el año pasado”, precisó.

Respecto del Pilar Solidario, se promueve un aumento gradual para los actuales y futuros beneficiarios, pero con incrementos mayores para los de mayor edad. Además, se busca asegurar una pensión de monto constante y facilitar el acceso a personas de los sectores más pobres.

El proyecto del ley comprende también normas para incentivar la competencia en la industria de administración de fondos de pensiones; para fortalecer la educación y mejorar la información previsional; y para aumentar la transparencia del sistema de AFP.

Publicado el 20 de noviembre del 2018