Al encuentro, solicitado por 60
parlamentarios/as, concurrieron en representación del Gobierno asistieron el
ministro y el subsecretario de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine y Lucas
Palacios, respectivamente, junto al titular de la Dirección General de
Concesiones, Hugo Vera.

Analizar el
grave problema que afecta a los usuarios de los peajes y TAG de rutas y
autopistas, en lo que respecta a las tarifas, cobros y seguridad, fue el
objetivo central de la sesión especial celebrada por la Cámara de Diputados
esta tarde, entre las 16:00 y las 17:35 horas.

La
convocatoria, solicitada por 60 legisladores/as, contempló asimismo conocer las
políticas públicas adoptadas por los diferentes gobiernos en esta materia, así
como las medidas legislativas que se pretenden impulsar.

A nombre de
los solicitantes, el diputado Tucapel Jiménez (PPD) remarcó que los chilenos
están cansados e indignados por los constantes abusos que se presentan en
distintas instancias del acontecer diario y de tener que pagar, por ejemplo,
por inversiones que deberían asumir las propias empresas que buscan aumentar su
negocio y mejorar su rentabilidad.

Recordó
que, desde enero pasado, se aplicó un aumento de peajes y del TAG del 6,4%,
porcentaje que se construye sobre la base de un aumento fijo de 3,5% acordado
con las concesionarias más inflación.

Indicó que
esta situación, que afecta a toda la ciudadanía por igual, es impresentable al
observarse las ganancias de las empresas concesionarias. “Las utilidades
de las autopistas urbanas aumentaron en un 507% en siete años”, enfatizó,
resaltando que dicho margen solo es comparable al de industrias como la
bancaria o de las AFP.

En este
plano, llamó al Ejecutivo a tener la voluntad de gobernar para la gente y no
para las empresas y a impulsar en esa línea una revisión de los actuales
contratos. “Lo importante son las familias chilenas”, enfatizó.

En
representación de sus respectivas bancadas también intervinieron los/as
diputados/as Ignacio Urrutia (IND), Pablo Prieto (IND), Renato Garín (IND),
Ximena Ossandón (RN), Cristhian Moreira (UDI), Jorge Sabag (DC), Félix González
(PEV), Andrés Longton (RN), René Manuel García (RN), Alejandra Sepúlveda
(FRVS), Javier Hernández (UDI) y Alexis Sepúlveda (PR).

Ejecutivo

En
representación del Gobierno asistieron el Ministro de Obras Públicas, Juan
Andrés Fontaine; el Subsecretario del área, Lucas Palacios; y el director
general de Concesiones, Hugo Vera.

Juan Andrés
Fontaine sostuvo que el TAG es un sistema eficiente y equitativo para financiar
la construcción de estas vías y observó que los altos cobros hoy presentes
corresponden a autopistas o carreteras cuyos contratos son antiguos, de alrededor
de 20 años, que reflejan las condiciones económicas de la época.

Explicó
que, si bien la rentabilidad de dichas empresas es alta en el presente, ello no
refleja las ganancias reales del periodo completo de la concesión. En dicho
plano informó que las utilidades del total del periodo, desde el 2000, son del
orden del 6%, respecto de las pistas interurbanas; y del 9%, de las urbanas.

Aseguró que
el Gobierno está trabajando para que en las nuevas licitaciones se concreten
fórmulas distintas para conseguir peajes más moderados. Indicó que, para tal
efecto, se hará competir a los postulantes para garantizar cobros menores y
para hacer las inversiones adicionales que se requieran durante los 25 años que
duraría la concesión.

Resoluciones
aprobadas

Tras el
debate, la Sala de la Cámara aprobó tres resoluciones. La primera de ellas, la
481, fue ratificada por 89 votos a favor y una abstención y tuvo como objetivo
central solicitar al Presidente de la República que patrocine el proyecto
(boletín 11954) que modifica la Ley de Tránsito, para especificar el supuesto
de la infracción consistente en la circulación de un vehículo sin dispositivo
electrónico habilitado para el cobro de tarifas o peajes.

La
resolución 482, aprobada por 93 votos a favor, 12 en contra y 14 abstenciones,
apela a que el Presidente de la República instruya a los ministerios
correspondientes para que efectúen una revisión a la legislación que regula las
concesiones viales a fin de incorporar los cambios necesarios.

Entre los
puntos planteados se mencionan reducir las tarifas de TAG y peajes, junto con
la eliminación del 3,5% de incremento base que tienen los reajustes anuales de
dichos cobros; que se cumplan compromisos en materia de inversiones en
carreteras o alternativas de vías de no pago; eliminar multas cursadas por
deudas del TAG; y eliminación inmediata de la tarifa de saturación, entre
otros.

Finalmente,
la resolución 483, ratificada por 111 votos a favor y once abstenciones, pide
al Primer Mandatario que estudie medidas para mejorar el sistema de concesiones
de obras públicas, disminuyendo la congestión, aumentando la seguridad vial y
generando cobros más proporcionales al uso.

Asimismo,
se llama a establecer bases de licitación lo más competitivas posibles, de
manera que la tarifa por concepto de peaje sea justa y proporcional; y estudie
mecanismos de cobro que resguarden adecuadamente los derechos de los usuarios,
entre varias propuestas.

Publicado
el 06 de marzo del 2019

Entre las materias abordadas por la iniciativa se encuentran el derecho a retracto, los contratos de adhesión por medios electrónicos, el derecho de prepago en operaciones de consumo financiero, garantías, denegación de embarque de pasajeros por vuelos sobrevendidos y prescripción de recetas médicas electrónicas.

Establecer
medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores es el
objetivo central del proyecto ingreso por el Ejecutivo y dado a conocer en la
cuenta de la Sala de la Cámara de Diputados en el día de hoy (5 de marzo de
2019).

La
propuesta (boletín 12409), en primer lugar, busca modificar el derecho a
retracto ya contemplado la ley respecto de las compras celebradas por medios
electrónicos y en aquéllos en que se aceptare una oferta realizada a través de
catálogos, avisos o cualquier otra forma de comunicación a distancia. En
concreto, se elimina la facultad que tienen los proveedores de disponer
expresamente que no procede el derecho a retracto en la contratación asociada a
productos y traslada el ejercicio de dicho derecho a los consumidores.

En cuanto a
contratos de adhesión por medios electrónicos, se propone que los proveedores
informen siempre a los consumidores los medios físicos y tecnológicos a través
de los cuales podrán hacer efectivos sus derechos y poner término a los
contratos, según lo establecido en los mismos, y que, en ningún caso se podrá
exigir condiciones más gravosas que aquellas utilizadas para la contratación.

Otro punto
a abordar es lo relativo al derecho de prepago, establecido en el art. 10 de la
Ley 18.010, que consagra una garantía irrenunciable del deudor, pero que está
sujeto a un límite de 5.000 UF en cuanto al monto del capital cuyo pago puede
ser anticipado.

Se estimó,
que, dado que la Ley 18.010 es un cuerpo normativo vigente desde larga data
(1981), es necesario concordar sus disposiciones con el estatuto de la Ley de
Protección de los Derechos de los Consumidores, el cual persigue evitar
condiciones injustificadamente ventajosas para una de las partes en este tipo
de relaciones contractuales. De esta forma, se propone que, para efectos de
ejercer el derecho de prepago en aquellas operaciones de consumo financiero
regidas por 19.496, no sea aplicable 5.000 UF señalado.

Otras modificaciones

El presente
proyecto también clarifica el derecho de opción del consumidor entre la
garantía legal y las denominadas garantías voluntarias o convencionales.
“Entendiendo la necesidad de lograr una efectiva protección de los
derechos de los consumidores, una garantía legal no puede ser desplazada por
una garantía voluntaria o convencional. Por ello, se propone establecer la
libre elección del consumidor para que pueda optar derechamente a alguno de los
derechos del artículo 20 de la ley N° 19.496, o por aquella garantía otorgada
por el proveedor”, se especifica.

La
propuesta también aborda modificaciones en materia de deberes de información en
caso de denegación de embarque de pasajeros. Se explica en el mensaje que el
overbooking o sobre reserva permite a las líneas aéreas vender más asientos de
los que posee un vuelo, lo cual, como se sabe, constituye una práctica
comercial permitida por la ley.

En pro de
avanzar en la materia, la iniciativa busca fortalecer el derecho del consumidor
a ser informado con anticipación respecto del procedimiento en caso de
denegación del embarque por la aerolínea en caso de sobre venta y, en ese caso,
de cuáles son las medidas de mitigación y compensación que tendrá a su favor.

Asimismo,
el proyecto ajusta las compensaciones según estándares internacionales y
modifica la fórmula de cálculo de las indemnizaciones que correspondan, cuyo
monto se determinará según la diferencia entre la hora de llegada y la prevista
para el vuelo inicialmente reservado y no según la hora de salida respecto a la
prevista para el vuelo inicialmente reservado, como lo dispone la ley vigente.

Además, se
establecen nuevos deberes de información junto con una sanción contravencional
en la Ley sobre protección de los derechos de los consumidores, frente a su
incumplimiento.

Finalmente,
el proyecto, siguiendo el ejemplo del e-prescribing de países desarrollados,
como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, se propone eliminar el requisito
de la firma electrónica avanzada para las recetas electrónicas y, para efectos
de seguridad y trazabilidad en la entrega de medicamentos, se propone la
creación de una Central Electrónica de Recetas, a la que cada facultativo podrá
enviar las recetas electrónicas que prescriba. En el caso de recetas retenidas
y recetas cheque, tendrán acceso solo los proveedores de medicamentos
certificados y autorizados por el paciente.

De esta
manera, bastará para los pacientes ingresar su rol único tributario en la
página web de las farmacias, para que ellas verifiquen la existencia de la
receta en la Central Electrónica de Recetas y expendan el medicamento de forma
online, pudiendo ser entregado en la dirección que determine el paciente.

Publicado
el 05 de marzo del 2019

Además, la Sala contempla el análisis de otras tres propuestas: una que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas; otra que busca asegurar la protección de los integrantes de la comunidad escolar en casos de violencia; y el acuerdo en materia de Defensa entre Chile y Estados Unidos.

Las
mociones refundidas que abordan como único proyecto las materias del ciber
acoso y cyberbullyng (boletines 11784, 11803 y 12022) encabezan la tabla de la
Sala de la Cámara de Diputados para este martes 5 de marzo.

La
propuesta, calificada con urgencia de “suma” (15 días para el
trámite), presenta informe de la Comisión de Educación, que rendirá el diputado
Jaime Bellolio (UDI).

La Sala
también contempla otras tres propuestas:

1. El
proyecto de ley, iniciado en moción (boletín 11078), que limita la
responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones
realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la
responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos
medios de pago. Considera informe de la Comisión de Economía que expondrá el
diputado Jaime Naranjo (PS).

2. La
iniciativa, iniciada en moción, que modifica la ley General de Educación, para
asegurar la protección de los integrantes de la comunidad escolar en casos de
violencia al interior de los establecimientos educacionales (boletín 11963).
Segundo informe de la Comisión de Educación que entregará la diputada Camila
Vallejo (PC).

3. El
acuerdo entre Chile y los Estados Unidos para la Investigación, Desarrollo,
Prueba y Evaluación de Proyectos en Materia de Defensa, suscrito en Puerto
España, Trinidad y Tobago, el 11 de octubre de 2016 (boletín 12041).

Publicado
el 04 de marzo del 2019

Exitosa investigación se desarrolló a partir que se detectó que los integrantes de una banda dedicada al narcotráfico hacían envíos de droga a Santiago, oculta en camas que eran despachados por encomienda desde Iquique.

Los seis integrantes de una banda —uno
de nacionalidad chilena y el resto bolivianos— detenidos cuando intentaron
ingresar al mercado más de 90 kilos de droga oculta entre bultos de diversas
encomiendas que declaraban el traslado camas, fueron condenados en el marco de
la denominada operación “Morfeo”

El caso fue presentado por el  fiscal de Maipú, Luis Vacca Soria, ante el
Quinto Tribunal Oral de Santiago luego de una investigación iniciada en mayo de
2018 por denuncia de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones
de Chile.

 “Se trabajó de
forma muy eficiente en conjunto con la Brigada Antinarcóticos de la PDI. Y a
raíz de esto incautamos una cantidad de droga considerable, y lo más
importante, logramos impedir que llegara al mercado”, destacó
Luis Vacca Soria.

Paso a Paso

En
la etapa investigativa, de acuerdo a los antecedentes que se conocieron en el
juicio oral, se estableció que Prudencio Ugarte (boliviano) recibiría desde la
ciudad de Iquique un envío que declaraba el transporte de una cama. La
presencia de la droga fue posible por el trabajo de uno de los perros de la
policía que detectó la presencia de droga.

Al
continuar con el trabajo de pesquisa se detectó la presencia de droga en otras
encomiendas, todas las cuales provenían de la misma ciudad y que venían declaradas
también como camas.

En
suma, de ese procedimiento se evitó la comercialización de más de 85 kilos de
droga, entre pasta base de cocaína y clorhidrato de la misma sustancia y se
logró la captura de otras cinco personas, todas las cuales fueron finalmente
condenadas por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes.

Estos
 fueron 
identificados como  Prudencio
Ugarte Condori, Ciro Alexis Pinto Ruz (chileno) y René Villegas Gallego,
encargados y transportar la droga; Salvador Ibarra Guerrero, Basilia Zeballos
Brito y María Fuentes Delgadillo.

Todos
los imputados, con la excepción de Salvador Ibarra Guerrero, obtuvieron una
pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 40 unidades
tributarias mensuales en calidad de autores del ilícito de tráfico de drogas.

Respecto
del chileno Pinto Ruz, se le suman 541 días más a la pena principal por el
delito de tenencia ilegal de municiones. Finalmente, a Ibarra Guerrero, el
tribunal consideró pertinente la pena sustitutiva de exclusión del territorio
nacional, ya que no se le otorgó el agravante de reunión o agrupación que
contempla le Ley 20.000

Con fecha 2
de febrero de 2019 el Diario Oficial, publicó la ley Nº 21.135 que otorga
beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios municipales.

El texto
legal  establece la bonificación por
retiro voluntario, para los funcionarios municipales que en el período
comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre del año 2025,  hayan cumplido o cumplan 60 años de edad en
el caso de las mujeres, o 65 años de edad si son hombres, y cesen en sus cargos
por aceptación de renuncia voluntaria, en los plazos a que se refiere esta ley.

La
bonificación por retiro voluntario será el equivalente a un mes de remuneración
por cada año de servicio, o fracción superior a seis meses prestados por el
funcionario en la administración municipal, con un máximo de seis meses. Se
reconocerán además los períodos discontinuos siempre que ellos sean superiores
a un año o, al menos, uno de ellos sea superior a cinco años.

Por su
parte, el alcalde deberá  someter a
concejo, la posibilidad de otorgar a los funcionarios beneficiarios la
bonificación indicada, en las condiciones y plazos que indica la norma, así
como una bonificación por retiro complementaria, que en conjunto no podrán
sobrepasar los años de servicios prestados en la administración municipal.  Además, indica que el alcalde y el Concejo no
podrán acordar bonificaciones por retiro complementarias para algunos
funcionarios, excluyendo a otros, como tampoco diferenciadas entre ellos.

Por último,
entre otras precisiones, se indica que las municipalidades deberán remitir las
postulaciones que cumplan los requisitos a la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo, dentro de los diez días hábiles siguientes al
vencimiento de los plazos especificados en la ley, junto a las certificaciones
respectivas. Corresponderá a las municipalidades verificar el cumplimiento de
los referidos requisitos.

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de Autoridades Locales Subdere suscribirá convenios para que municipios
potencien proyectos de sustentabilidad medioambiental »

La propuesta, enviada ahora a segundo trámite, permite que el procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción tenga tres años más de vigencia.

    El 4 de febrero próximo vence la vigencia
de la llamada “Ley del Mono”, es decir, el marco normativo que define
un sistema simplificado para la regularización de viviendas de
autoconstrucción.

    Reconociendo el amplio número de
construcciones que no han podido acogerse aún a este beneficio, un grupo de
legisladores/as presentó en octubre de 2018 un proyecto (boletín 12153) que
extiende la aplicación de la citada ley, propuesta que fue analizada en la
Comisión de Vivienda de la Cámara y que hoy la Sala ratificó por una votación
unánime de 123 votos favorables.

    La iniciativa, despachada al Senado a
segundo trámite, extiende la vigencia del sistema simplificado por tres años
más, con lo cual la nueva fecha de caducidad quedaría fijada para el 4 de febrero
de 2022. Además, se agrega una precisión en torno al certificado de avalúo que
otorga el Servicio de Impuestos Internos, que se debe presentar ante la
Dirección de Obras Municipales para realizar el proceso de regularización,
particularmente para aclarar que el documento debe estar conforme a la fecha de
publicación de esta ley.

    La propuesta aprobada hoy fue ingresada a
trámite por un grupo de legisladoras/es encabezado por la diputada RN Aracely
Leuquén y que integraron sus compañeros de partido Camila Flores, René Manuel
García y Andrés Longton, el independiente René Alinco y el Evópoli Pablo Kast.

    Historia y datos de la Ley del Mono

    La primera normativa relacionada a este
tema surgió en 2008, con la Ley 20.251, que estableció un procedimiento para
regularizar la situación de estas construcciones y obtener ante la respectiva
Dirección de Obras Municipales la recepción definitiva.

    Luego, en 2014, se dictó la Ley 20.671, que
amplió el plazo para acogerse a dicha posibilidad de regularización hasta junio
de 2016. Por último, en atención a que para la fecha de expiración de este
beneficio aún restaban muchas viviendas por acogerse al beneficio, se dictó la
Ley 20.898, que amplió la vigencia, generándose así un nuevo plazo que vence el
4 de febrero de 2019.

    La ley vigente establece que los
propietarios de viviendas que no cuenten con recepción definitiva, total o
parcial, emplazadas en áreas urbanas o rurales, podrán, dentro del plazo de
tres años contado desde la publicación de esta ley (plazo ya extendido por las
leyes mencionadas y la presente propuesta), obtener los permisos de edificación
y de recepción definitiva, siempre que las viviendas cumplan, además, los
siguientes requisitos:

    1) Haber sido construidas antes de la publicación
de esta ley.

    2) No estar emplazadas en áreas de riesgo o
protección, en terrenos declarados de utilidad pública o en bienes nacionales
de uso público. Tratándose de áreas urbanas, deberán estar emplazadas en suelo
que admita el uso residencial.

    3) Tener un avalúo fiscal de hasta 1.000
unidades de fomento. El avalúo se acreditará con el certificado otorgado por el
Servicio de Impuestos Internos.

    4) Tener una superficie cuyos recintos
habitables, incluidos baños y cocina, no exceda de 90 metros cuadrados.

    5) No tener, a la fecha de ingreso de la
solicitud de regularización, reclamaciones escritas pendientes por
incumplimiento de normas urbanísticas ante la dirección de obras municipales o
el juzgado de policía local respectivo.

    6) Cumplir con las normas de habitabilidad,
seguridad y estabilidad de las viviendas; las aplicables a las instalaciones
interiores de electricidad, agua potable, alcantarillado y gas; y las normas de
habitabilidad, alturas, terminaciones, ventilación, seguridad contra incendio y
resistencia, entre otros.

    Finalmente, la ley define que los
propietarios deberán presentar ante la dirección de obras municipales
respectivas una solicitud de permiso y recepción simultánea, acompañando
diversos documentos (como el citado certificado de avalúo), al tiempo que se
regula el tema de los derechos municipales exigibles en el caso.

Publicado
el 17 de enero del 2019

La iniciativa, despachada al Senado para su segundo trámite, establece que los reglamentos que, habiendo sido ingresados para su toma de razón en la Contraloría General de la República durante el año 2018, fueron publicados entre el 1 de enero del año 2019 y la fecha de publicación de esta ley, entrarán en vigencia a partir de esta última.

En sesión
especial legislativa, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al
Senado el proyecto del Gobierno que busca modificar el régimen para la entrada
en vigencia del primer reglamento de planta de personal de municipalidades
(boletín 12372).

La propuesta, ratificada por unanimidad, señala entre sus fundamentos que,
durante el año 2018, de un total de 345 municipios se ingresaron a la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y a la Contraloría General de la República
un total de 152 reglamentos de planta de personas, encontrándose al 31 de
diciembre de 2018 tan solo 96 reglamentos tomados de razón y publicados en el
Diario Oficial.

Agrega que, entre varios factores que explican el bajo número de nuevos
reglamentos tomados en razón se encuentran: que esta facultad se ejerce por
primera vez desde el año 1994, existiendo desconocimiento sobre la forma de
materializar lo dispuesto en la ley; y que el instructivo relativo a la forma
en que el reglamento debía confeccionarse y los requisitos para fijar o
modificar la planta de personal fue emitido por la Contraloría General de la
República, en julio de 2018, y se elaboraron planillas complementarias al
instructivo dos meses después del señalado instructivo.

En ese sentido, describe que, atendido el estado de las cosas, una cantidad
significativa de reglamentos de plantas de persona ingresadas a la Contraloría
General de la República durante el año 2018 no fueron tomados de razón durante
dicho año, considerando la sobrecarga de la institución; y, por ende, tampoco
pudieron ser publicados en el Diario Oficial al 31 de diciembre de 2018, tal
como lo exige la ley, para su entrada en vigencia al 1 de enero de 2019.

Con el objeto de apoyar este proceso y permitir que los municipios puedan
obtener la modificación de sus plantas en los términos legales recientemente
expuestos, es que el proyecto de ley establece que, según los términos
propuestos en la Comisión
de Gobierno Interior,
reglamentos que, habiendo sido ingresados para su toma de razón en la
Contraloría General de la República durante el año 2018, fueron publicados
entre el 1 de enero del año 2019 y la fecha de publicación de esta ley,
entrarán en vigencia a partir de esta última.

Publicado el 16 de enero del 2019

El Senado despachó -en su tercer trámite- el proyecto que apunta a generar nuevas instancias para que más de 4 millones de chilenos que se declararon como no donantes puedan ratificar su decisión.

Por unanimidad,
la Sala del Senado despachó el proyecto que modifica la ley N° 19.451, con el
objeto de incentivar la donación de órganos. De este modo, la
iniciativa, que tuvo su origen en una moción de los senadores Guido Girardi,
Carmen Gloria Aravena, Felipe Kast y Jaime Quintana cumplió su tercer trámite y
quedó en condiciones de ser remitido para su trámite de promulgación.

En la
oportunidad, intervinieron los senadores Guido Girardi, Juan Antonio Coloma, Rabindranath
Quinteros, Felipe Kast, Víctor Pérez Varela y Felipe Harboe quienes recalcaron
la importancia de fomentar un cambio cultural para que todos los procedimientos
faciliten la donación de órganos y se puedan salvar vidas. Además intervino el ministro
de Salud,  Emilio Santelices.

El texto legal -que tuvo modificaciones en la Cámara-
finalmente fijó en 12 meses el plazo para que las personas que figuran como no
donantes puedan ratificar su decisión.

El procedimiento consiste en que el Ministerio de Salud a
través del Registro Civil enviará una carta certificada a unas 4 millones de
personas que se declararon como NO DONANTES, en la cual se les indicará que
tienen un plazo de 12 meses para acercarse a las oficinas de la repartición a
ratificar su condición.

Una vez transcurrido ese plazo sin haber manifestado
voluntad, se entenderá que son donantes universales de órganos para todos los
efectos legales.

Asimismo, la familia no podrá cambiar la voluntad
manifestada en vida por el donante y el conviviente de hecho tenga la potestad,
ante la duda de si la persona que fallece pueda estar en los registros de
donantes, de poder opinar y no quedar al margen de la decisión final que puedan
tomar los hijos, padres o hermanos del difunto.

23 de enero de 2019

La propuesta, iniciada en moción en la Cámara, fue analizada conforme a los cambios planteados por el Senado que mantuvieron los conceptos fundamentales del texto aprobado en el primer trámite.

En condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación
como ley de la República quedó el proyecto (boletín 9489) que regula la captura
de la jibia, ello luego que la Cámara de Diputados ratificara los cambios
propuestos por el Senado por 115 votos a favor, dos en contra y once
abstenciones.

En el segundo trámite, la iniciativa fue objeto de tres precisiones de carácter
formal que no afectaron mayormente el texto aprobado inicialmente por la
Cámara.

La propuesta define que la especie dosidicus gigas o jibia, solo pueda ser
extraída utilizando potera o línea de mano como aparejo de pesca, quedando
prohibido cualquier otro tipo.

Adicionalmente, el proyecto establece que los armadores que infrinjan esta
norma serán sancionados con multa de 500 unidades tributarias mensuales y el
comiso de las especies hidrobiológicas y de los productos derivados de estas.

Por último, se indica que la presente ley entrará en vigencia seis meses
después de su publicación.

La iniciativa, nacida en una moción de los diputados Daniel Núñez (PC) y Víctor Torres(DC), en agosto de 2014, presenta dentro de
sus objetivos asegurar un tratamiento sustentable de este recurso pesquero.

Datos Ifop

Conforme a los datos aportados en su momento por el Instituto de Fomento
Pesquero (Ifop) a la Comisión de Pesca de la Cámara, la jibia es un
depredador generalista y caníbal; presenta grandes fluctuaciones históricas de
abundancia asociadas a cambios ambientales (aumentó por “El Niño”, período frío,
disminución de depredadores, aumento de zonas de bajo contenido de oxígeno); y
posee gran plasticidad, por cuanto, según las condiciones ambientales, los
individuos pueden alcanzar tres grupos de tamaños (chicos, medianos y grandes).

En Chile, se hallan jibias del grupo de tamaño grande, mientras que en Perú
coexisten los tres grupos (pequeño, mediano y grande).

Según el Ifop, el aumento de la abundancia de este recurso se considera como
una de las causas principales del colapso de la merluza común en Chile y de
pequeños pelágicos en el golfo de México.

La pesquería artesanal comenzó la captura de este recurso durante el 2001, en
tanto que en el 2010 se incorporó la flota industrial, con un máximo histórico
durante ese mismo año, superando las 130 mil toneladas desembarcadas.

En 2012 se estableció una cuota de captura, dividida en un 80% para la flota
artesanal y en un 20% para la flota industrial. En 2016, la cuota industrial se
fraccionó mensualmente hasta agosto de cada año (40 mil toneladas).

Los rendimientos de pesca, medidos en toneladas capturadas por hora de
arrastre, son siempre mayores durante el primer semestre, evidenciando una
fuerte actividad durante los primeros meses del año, debido a la mayor
disponibilidad del recurso.

Respecto de los ejemplares capturados, en su mayoría (>90%) están sobre la
talla de madurez sexual y que el rendimiento máximo sostenido se alcanza
dejando escapar el 40% de la biomasa que desovaría si no hubiera pesca. 

Publicado el 08 de enero del 2019

Los/as parlamentarios/as de la instancia respaldaron el proyecto del Ejecutivo que fija una multa a beneficio fiscal de diez a cien UTM para los infractores. Asimismo, plantea que en caso de reincidencia, se podrá duplicar la sanción.

Una modificación al marco legal que regula la adquisición,
administración y disposición de los bienes del Estado y que establece el acceso
libre y gratuito a las playas y riberas del mar, lagos y ríos es lo que propone
el proyecto aprobado por la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados (boletín 12333).

La iniciativa del Ejecutivo, que será vista próximamente por la Sala de la
Corporación, define una sanción al infractor a beneficio fiscal de diez a cien
UTM. Para los reincidentes se aplicará una multa equivalente al doble del
máximo establecido.

Pese a existir una norma que indica que los vecinos colindantes con playas
deberán facilitar gratuitamente el acceso a ellas, cuando no existan otras vías
o caminos públicos, se reconoce que la experiencia ha demostrado su ineficacia,
ya que no existen sanciones para quienes obstaculicen o impidan el libre
acceso. 

Durante el debate, la diputada Natalia Castillo (RD) presentó una
propuesta de perfeccionamiento al proyecto, que reconoce viene a dar mayor
efectividad a la norma vigente por medio de las sanciones que se plantean.

“Yo presenté una indicación para efectos de eliminar una frase que dejaba
facultades a un reglamento, porque es un reglamento que no hemos conocido y,
además, porque podría haber una superposición de norma, toda vez que esto ya
estaba regulado mediante las normas de los juzgados de policía local”,
precisó. 

Para el diputado Miguel Ángel Calisto (DC), se trata de una buena
medida para garantizar la libre circulación. Sin embargo, a su juicio, debiese
existir otro de tipo de paso para regular que los accesos no queden encerrados
por sectores privados.

“En la práctica esto es más complejo y por eso hemos planteado la necesidad de
que se habilite, por ejemplo, un paso de servidumbre. Y con esto ya estamos
hablando de otra iniciativa, de otro proyecto”, evaluó. 

Indicó que los representantes del Ministerio de Bienes Nacionales le
comunicaron que una norma como esa podría venir en la ley de borde costero,
para lo cual van a preparar “una indicación que permita esta regulación de
manera que los lagos o ríos no queden encerrados en propiedad privada”. 

El proyecto dispone que una vez fijadas las vías de acceso a playas y riberas
del mar, lagos y ríos, el propietario, arrendatario, tenedor u ocupante del
terreno colindante, no podrá cerrarlas ni obstaculizarlas de ningún modo.

Publicado el 04 de enero del 2019.