La propuesta permite dar acceso a los entrevistadores a los registros con la finalidad de dar cuenta debidamente de la metodología y técnica empleada en ella y para garantizar un debido proceso de formación de los entrevistadores de las instituciones habilitadas para estos efectos.

Regular el
acceso a los registros de entrevistas investigativas videograbadas y de
declaraciones judiciales de menores de edad es el objetivo del proyecto (boletín
12637) ingresado a trámite por el Ejecutivo y que fuera dado a conocer en la
cuenta de la Sala de la sesión de hoy, jueves 16 de mayo.

En el mensaje se recuerda que la Ley 21 . 057, que regula entrevistas grabadas
en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos
sexuales, tiene por objeto regular la realización de la entrevista
investigativa videograbada y de la declaración judicial con el fin de prevenir
la victimización secundaria de estos niños, niñas y adolescentes.

Se aclara que la Subcomisión Técnica de la Comisión Nacional de Coordinación
del Sistema de Justicia Penal de la Ley 20.534, observó la necesidad de una
modificación legal referente al acceso a los registros de las entrevistas
investigativas videograbadas y declaraciones judiciales en atención a
necesidades de formación profesional de quienes realizan esta labor y como
referencia ante un juicio.

En línea con dichas observaciones, el proyecto incorpora un nuevo artículo a la
Ley 21.057, el cual regula las situaciones en que se podrá tener acceso a los
registros de entrevistas investigativas videograbadas y declaraciones
judiciales.

Se establece, por una parte, que para el cumplimiento del proceso de formación
de los entrevistadores, las instituciones del Poder Judicial, Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, Ministerio Público, Carabineros de Chile y
Policía de Investigaciones, podrán solicitar acceso al archivo de entrevistas
investigativas video grabadas y de las declaraciones judiciales en las que haya
participado un determinado entrevistador.

A fin de proteger la privacidad del niño, niña o adolescente entrevistado, los
registros a los que se tengan acceso conforme a esta norma tendrán
suficientemente distorsionado aquellos elementos que permitan identificarlos,
sin que ello afecte su comprensión, siendo esta consideración de carácter
imperativa.

Por otro lado, el proyecto dispone que los entrevistadores podrán solicitar al
Ministerio Público acceso a los registros de la entrevista investigativa
videograbada cuando hubiesen sido citados a declarar en juicio oral, con la
finalidad de dar cuenta debidamente de la metodología y técnica empleada en
ella.

Además, se establece que el acceso a los registros, conforme a esta
disposición, solo podrá realizarse en un lugar habilitado para dicho efecto en
las dependencias de la institución que lo almacene, a saber, el Ministerio
Público o el Poder Judicial.

Finalmente, se establece que un reglamento dictado por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos determinará la forma y las demás condiciones en que
se solicitará y otorgará el acceso a la información, resguardando la
confidencialidad y seguridad del registro mediante un sistema que permita
individualizar a las personas que accedan a este.

Publicado el
16 de mayo del 2019

La Corporación analizó y votó los informes relacionados con las investigaciones al denominado “caso Harex”; sobre inversiones y actuaciones comerciales de Enap; y respecto de irregularidades en los procesos de compra del Ejército.

    En sesión especial, celebrada entre las
19:00 y 20:54 horas de este martes 8 de mayo, la Sala de la Cámara de Diputados
discutió y votó los informes correspondientes a tres comisiones investigadoras.

    En primer lugar, se aprobó por 97 votos a
favor y una abstención, el informe de la Comisión Investigadora de los actos
del Ministerio del Interior; del Ministerio de Justicia; de Carabineros; y de
la PDI, con ocasión del denominado caso Harex, correspondiente a la
desaparición del joven Ricardo Harex González, acaecida en 2001, en la ciudad
de Punta Arenas.

    La instancia investigadora fue aprobada en
sesión celebrada el 21 de junio de 2018, tras la solicitud presentada por 73
diputadas y diputados.

    Luego, se rechazó por dos votos a favor, 96
en contra y cinco abstenciones, el informe de la Comisión Investigadora que
buscó determinar eventuales irregularidades en las inversiones y actuaciones
comerciales realizadas por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), entre los
años 2014 y 2018 inclusive, y de su efecto en el estado financiero actual de la
referida empresa estatal.

    La creación de esta Comisión fue aprobada
el 4 de julio de 2018, tras una solicitud de 63 legisladores y legisladoras.

    Finalmente, por 104 votos a favor y uno en
contra, se ratificó la investigación sobre los actos ilegales y/o fraudulentos
cometidos en el Ejército de Chile, a partir del año 2005, con ocasión de los
procedimientos de compra de bienes por parte de dicha institución a empresas
públicas y privadas, y la eventual duplicación de facturas emitidas a diversos
proveedores, según constaría en la contabilidad de dicha rama de las Fuerzas
Armadas.

Publicado
el 08 de mayo del 2019

La propuesta, que además perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica, se fija la meta de entregar un mejor servicio eléctrico en todo el país, que sea reflejado correcta y eficientemente en las tarifas establecidas en la regulación sectoria

    Conforme a lo anunciado en una sesión especial dedicada a analizar el tema del recambio de medidores, semanas atrás, el Ejecutivo ingresó a trámite legislativo un proyecto (boletín 12567) que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica.

    En el mensaje se remarca que las modificaciones referidas al actual sistema tarifario se justifican de manera irrefutable, considerando la nueva realidad económica y sectorial, que no es la misma bajo la cual fue diseñado el marco regulatorio vigente.

    “Hoy la tasa de costo de capital fija de 10%, utilizada en el proceso de valorización, está desacoplada de la realidad y estabilidad del país. Primero, porque la realidad de las condiciones de acceso a financiamiento difiere significativamente de las condiciones observadas en la década de 1980, cuando se estableció. Segundo, porque el desarrollo tecnológico, la alta penetración y relevancia del servicio eléctrico y la variación del retorno esperado de mercado, entre otros factores, han disminuido el riesgo y el retorno de las empresas, lo cual no se encuentra reflejado en la tasa”, se sentencia en el documento.

    Sobre la base del anterior análisis, el proyecto se fija el objetivo de entregar un mejor servicio eléctrico en todo el país, que sea reflejado correcta y eficientemente en las tarifas establecidas en la regulación sectorial, a través de la fijación de una nueva tasa de actualización, representativa de los riesgos actuales que enfrentan las empresas que prestan el servicio de distribución eléctrica.

    Asimismo, se promoverá la modernización del procedimiento de determinación y fijación de las tarifas de distribución, a fin de determinar adecuadamente los costos eficientes de prestar el servicio de distribución, evitando asimetrías de información y permitiendo la participación de los agentes interesados de forma transparente y contestable, basado en argumentos técnicos, jurídicos y económicos.

    Además, se avanza en una nueva definición de “áreas típicas” que reflejen adecuadamente los costos de la empresa modelo que actúe de manera eficiente y cumpla con las exigencias de calidad de servicio establecidas en la normativa.

    Por último, la iniciativa contempla expresamente que sus disposiciones se aplicarán al proceso de determinación de tarifas de distribución correspondiente al cuadrienio 2020-2024, así como también al proceso de fijación de precios de servicios no consistentes en suministros de energía, asociados a la distribución de energía eléctrica, en lo que fuese pertinente.

Publicado el 24 de abril del 2019

La ministra de Energía, Susana Jiménez, anunció esta mañana (17 de abril) importantes decisiones sobre el recambio de medidores, pero agregó que se revisará a la baja la rentabilidad de las distribuidoras de manera de asimilarlas a otros entes regulados.

Ver comunicado

Ministra de
Energía anuncia que recambio de medidores será voluntario y que ingresará hoy
proyecto de ley para rebajar la rentabilidad de las distribuidoras eléctricas

Susana Jiménez
anunció, además, que el proceso de recambio se extenderá de siete a nueve años,
y que  se propondrá en el proyecto de ley
un piso de 6% de rentabilidad para las compañías eléctricas.

Valparaíso.-
miércoles 17 de abril de 2019. La ministra de Energía, Susana Jiménez, junto al
ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y parlamentarios
y jefes de bancada de Chile Vamos, hizo hoy en el Congreso un importante
anuncio de medidas administrativas y legales respecto del recambio de medidores
inteligentes en los hogares.

La Titular
de Energía explicó que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera heredó la
situación del recambio de medidores inteligentes de la administración anterior,
dado que tanto la Ley 21.076 como el Decreto que establece el cambio
obligatorio de los medidores fueron dictados durante el gobierno de la entonces
presidenta Michelle Bachelet. 

Sin
embargo, aseguró que se recogieron los planteamientos de la ciudadanía y de los
parlamentarios de Chile Vamos, por lo que el gobierno del Presidente Piñera
resolvió lo siguiente:

1. Modificación de la Norma Técnica de
   Distribución que regula el reemplazo de los medidores, estableciendo el cambio
   voluntario de los medidores eléctricos por parte de los usuarios y extendiendo
   el plazo de recambio de 7 a 9 años.
2.  

Al mismo
tiempo, la responsabilidad del cambio se mantendrá en las empresas, sin
perjuicio de que la aceptación por parte de los clientes será voluntaria.

El recambio
se iniciará con los medidores que son propiedad de la empresa, lo que permitirá
a los hogares descontar de inmediato ese cobro. Adicionalmente, las compañías
deberán priorizar los hogares que tengan sistema de generación-distribuida,
nuevos proyectos inmobiliarios, así como aquellos que soliciten el recambio de forma
voluntaria, o tengan los equipos con fallas.

Con esto,
se busca compatibilizar la voluntariedad del cambio con la importancia de los
avances tecnológicos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los
chilenos.

• Se revisará a la baja la rentabilidad
  de las empresas distribuidoras de manera de asimilarlas a otros sectores
  regulados, en los cuales se calcula la tasa de rentabilidad adecuada para el
  sector y se establece un piso de 6%.
•  

“Todos
estos cambios se proponen con el objetivo de mejorar la calidad del servicio,
reducir los costos de la energía para los chilenos y cuidar nuestro medio
ambiente”, explicó la ministra Susana Jiménez.

El titular del organismo, Osvaldo Macías, señaló a los diputados de Trabajo que el proyecto tendrá repercusiones importantes porque extiende el perímetro regulatorio que tiene la institución, incorpora otras entidades que deberán ser fiscalizadas y nuevos roles y funciones a los que actualmente existen.

    El Superintendente de Pensiones, Osvaldo
Macías, expuso ante la Comisión de Trabajo de la Cámara, en el marco del debate
del proyecto que mejora las pensiones del pilar solidario y del sistema de
capitalización individual, al tiempo que crea nuevos beneficios para la clase
media y las mujeres y un subsidio y seguro de dependencia (boletín 12.212).

    Macías detalló que, ante los nuevos deberes
que consigna la iniciativa, también se les confieren facultades en la ley.

    Con respecto a la administración del 4 %
adicional que se contempla, explicó que se formarán administradoras de ahorro
complementario para pensiones, las que deberán ser autorizadas, reguladas y
fiscalizadas por el organismo que encabeza, que además deberá autorizar su
régimen de inversión.

    Precisó que la Superintendencia de
Pensiones deberá regular y fiscalizar lo correspondiente al seguro de
dependencia, la administradora del seguro y su funcionamiento.

    El superintendente de Pensiones puntualizó
que formarán parte de un comité de coordinación junto a la Comisión para el
Mercado Financiero, ya que hay muchas materias en común respecto al sistema de
pensiones, por ejemplo, pólizas de renta vitalicia; tasas de interés de
descuento; seguro de invalidez y sobrevivencia; y seguro de dependencia, entre
otras, que deberán ser abordadas por esta instancia.

    Agregó que, debido a la ampliación del
perímetro regulatorio, el proyecto de ley considera aumentar la dotación de la
superintendencia de 247 a 256 funcionarios.

    Finalmente, subrayó que los plazos de la
reforma son estrechos porque, sin duda, el propósito es que las pensiones suban
lo más rápido posible. En ese plano, recalcó que la Superintendencia de
Pensiones debe adaptarse y cumplir con lo que sancione el Congreso Nacional.

    Reacciones parlamentarias

    El diputado Patricio Melero (UDI) destacó
los nuevos ámbitos que abarcará el proyecto y subrayó que el punto en debate
sigue siendo la entidad que administrará este porcentaje adicional.

    “Una serie de beneficios nuevos que no
están hoy día, como es el bono que van a recibir las mujeres que tengan al
menos 16 años de cotizaciones, de una unidad de fomento mensual; el bono clase
media y, desde luego, el seguro de pensión para quienes tengan dependencia
severa, es decir, que no puedan por si solos auto valerse, lo que también es
una creación nueva y que les va a dar una cifra importante mensualmente”,
planteó.

    En esta dirección, sostuvo que lo que se va
consolidando es un principio que hay que hacer valer en materia previsional y
que es la libertad para poder elegir, esto es, que si los chilenos quieren el
aporte adicional destinarlo a la AFP, que es ahora la más rentable, tengan el
derecho a hacerlo. Si se crea un organismo distinto, un gestor del Estado, por
ejemplo y es parte de la negociación, el que quiera hacerlo lo pueda hacer.

    “Pero lo que no tiene lógica alguna es
que le impongamos bajo esta consigna de ‘No más AFP’ la prohibición absoluta a
los chilenos si quieren destinar su aporte adicional al sistema de las AFP”,
remarcó.

    Por su parte, el diputado Tucapel Jiménez
(PPD) dijo que no se entiende que hoy día la tabla de mortalidad esté ajustada
a 110 años, a pesar que hay una mínima cantidad de personas que tienen más de
100 años y que reciben pensión.

    “La verdad, es que esa no es la
realidad de Chile y la pregunta es si ajustamos realmente esa tabla de
mortalidad a la realidad de Chile, en que los promedios de vida serán, no sé,
85, 90 años ¿cuánto sería el porcentaje que mejoraría la pensión de los
chilenos?”, interrogó.

    El diputado cree que esto podría traducirse
en un proyecto de fácil despacho, pese a que el aumento podría no ser mayor,
pero que, igualmente, corregiría una situación en que por un porcentaje muy
menor, se afecte a la mayoría.

Publicado
el 16 de abril del 2019

La directora jurídica del Ministerio Público, Marta Herrera, valoró ante los/as diputados/as la iniciativa, no obstante manifestó sus dudas frente a la creación de direcciones de transparencia que propone el proyecto del Ejecutivo, ya que no promovería una respuesta más uniforme.

    El proyecto que modifica la ley sobre
acceso a la transparencia (boletín 12.100) y que analiza la Comisión de
Constitución de la Cámara modifica siete cuerpos legales distintos, en orden a
fortalecer y aumentar los estándares de transparencia en el ejercicio de la
función pública.

    El texto legal propone crear direcciones de
transparencia en los órganos autónomos constitucionales, con el objeto de velar
por el cumplimiento del principio de transparencia, como también del derecho de
acceso a la información pública.

    La propuesta, sin embargo, no es compartida
por el Ministerio Público, según explicó la titular de la Dirección Jurídica
del organismo, Marta Herrera, ya que, de acuerdo a sus características, no
promovería una respuesta más uniforme que es lo que se busca.

    “No le vemos mucho sentido a esta
institucionalidad que, además, no conversaría necesariamente entre sí. Por lo
tanto, no promovería esta intención de tener una respuesta más uniforme”,
planteó.

    En ese sentido, indicó que están sujetos a
un control y tratan de exponer en cifras cómo ese control se ha producido con
los años de implementación de la Ley 20.285, que es totalmente externo a través
de la Corte de Apelaciones respectiva y que, en muchos casos, perdemos.
“Es quien requiere el que gana y nosotros debemos entregar la información
y lo que queremos demostrar con eso es que el control funciona”, precisó.

    En todo caso, dijo que están abiertos a
analizar la mejor forma de generar este control, pero reiteraron que no les
parece que la mejor forma sea la dirección de transparencia porque, a su
juicio, esto solo burocratiza la respuesta que se le da al usuario aumentando
los plazos de respuesta.

    Los representantes del Ministerio Público
detallaron que los ingresos de solicitudes de información por la Ley de
Transparencia se han incrementado de manera exponencial en el período 2013 a
marzo de 2019, siendo la Fiscalía Nacional la entidad que más solicitudes de
información recibe cada año.

    El diputado Leonardo Soto (PS) valoró que
los representantes del Ministerio Público no presentaran mayores objeciones a
la posibilidad de que en el futuro todo lo relativo a la transparencia de su
institución este bajo la supervisión del Consejo para la Transparencia. También
coincidió en que la creación de una institucionalidad paralela no es la mejor
opción.

    “Creo que se fortalece la visión de varios
integrantes de la Comisión, dentro de los que me incluyo, en torno a que el
Gobierno ha presentado un proyecto de ley donde elige un camino equivocado, que
es buscar crear una institucionalidad paralela al Consejo para la Transparencia
y ahí situar a estas instituciones”, acotó.

    De acuerdo a su opinión, “esto no es
conveniente porque significa crear un traje a la medida de estas propias
autonomías, donde cada uno será juez y parte respecto de qué hace público y qué
mantiene en reserva, generando un incentivo perverso para las propias
instituciones”.

    La iniciativa en debate extiende el ámbito
de aplicación de la ley de transparencia a las Corporaciones y Asociaciones
Municipales.

    Asimismo, somete a su aplicación al
Congreso Nacional, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Contraloría
General, Banco Central, Servicio Electoral, Tribunal Calificador de Elecciones
y Corporación Administrativa del Poder Judicial.

    En cada uno de estos órganos se crearán
direcciones de transparencia integradas por tres directores, dos de los cuales
serán designados por la Comisión de Transparencia del Estado de Chile y, el
restante, por el Presidente, jefe superior u órgano de dirección superior del
órgano autónomo constitucional, según corresponda, sobre la base de una nómina
que elaborará el Consejo de Alta Dirección Pública.

Publicado
el 12 de abril del 2019

La propuesta, que fue despachada al Senado para su segundo trámite, establece el segundo sábado de octubre de cada año como el Día del Artista Local.

    Por unanimidad, la Sala de la Cámara de
Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que establece el
segundo sábado de octubre de cada año como el Día del Artista Local (boletín
11.490).

    En el texto, los autores destacan la
importancia de los artistas locales, desde tiempos inmemorables, ya que,
aseguran, desempeñan una función relevante en las sociedades.

    “Constituyen la base cultural de una
comunidad y sus obras son una manifestación cultural producto del contacto
directo con las pequeñas comunidades”, relata el documento.

    La iniciativa, que fue informada ante el
Hemiciclo por el diputado Alejandro Bernales (PL), indica que, no obstante, en
los actuales tiempos modernos, el rol de este artista ha quedado relegado tanto
por el Estado como por la sociedad civil y se ha dado paso a la vigencia de
grandes artistas por sobre quienes son la primera fuente de contacto en cada
agrupación humana.

    Así, los autores consideran que el artista
local es trascendente en la cultura nacional, pues es representativo de su
comunidad, a la que se encuentra arraigado y porque participa de los actos
culturales de la vida diaria de las personas, en peñas folclóricas, en juntas
de vecinos, en escuelas, en fiestas locales, entre otros eventos de relevancia
para la sociedad.

    En esa línea, resaltan que la visión del
artista local debería enfocarse en ser el principal colectivo a nivel nacional
en la creación y fomento artístico, ya que su aporte en las diversas
manifestaciones del arte no es sino expresión de la comunidad a la que
pertenece. De ahí que, sugieren, la necesidad de resaltar y visualizar el valor
de la producción intelectual en las comunidades rurales y urbanas del país.

    Por otro lado, hacen presente la deuda que
el Estado chileno tiene con el artista local, tanto en lo que se refiere al
enfoque de la política cultural, en lo concerniente a su promoción y difusión y
en el mejoramiento de sus condiciones económicas.

    Asimismo, remarcan que este artista tiene
una tremenda relevancia en la jerarquía cultural del país, sin embargo, han
sido invisibilizados en las políticas culturales del Estado, por ello, insisten
se requieren acciones que hagan patente su contribución al patrimonio cultural
del país.

    Por todo lo expuesto, los/as
parlamentarios/as señalan la importancia de visualizar el rol del artista local
fijando un día en el calendario que los conmemore por su aporte a la formación
cultural de la sociedad y, además, reconozca su contribución diaria en las
distintas manifestaciones artísticas en su entorno territorial.

    El proyecto de ley, que tuvo su tramitación
en la Comisión de Cultura, fue presentado por los/as diputados/as Alejandra
Sepúlveda (FRVS), Marcela Hernando (PR), Vlado Mirosevic (PL) y los exdiputados
Miguel Ángel Alvarado y Claudio Arriagada.

Publicado
el 04 de abril del 2019

La influenza es una enfermedad contagiosa causada por el virus Influenza y que se transmiten desde una persona enferma al toser, estornudar o mediante las secreciones nasales. El virus influenza es responsable de infecciones respiratorias severas, que pueden causar complicaciones de gravedad.

Al año, miles de
personas mueren en el mundo debido a la gripe y muchos requieren de
hospitalización. Para prevenir las condiciones anteriormente mencionadas, es
necesaria la vacunación anual contra este virusAdemás, la infección por el
virus influenza puede conducir a complicaciones severas, como neumonías por
otros agentes y empeorar problemas de salud ya existentes. En los niños también
puede causar neumonía y dificultad respiratoria.

Anualmente ocurren
entre 4.000 y 6.500 hospitalizaciones asociadas a influenza a nivel nacional,
con un mayor riesgo en las personas de sobre 65 años y en los menores de 5
años.

En relación a
mortalidad, entre 400 y 500 muertes ocurren anualmente, siendo mayores en las
personas de 65 y más años.

II. Vacuna
Todos
los años la Organización Mundial de la Salud (OMS) realiza una vigilancia de
los virus influenza que circulan en cada hemisferio y proyecta, en función de
lo ocurrido en el invierno del hemisferio norte, los tipos de virus que serán
más importantes en el hemisferio sur. En base a este análisis, la OMS entrega
las recomendaciones para la fabricación de las vacunas a usar en las campañas
de inmunización.

Para este año, el
Ministerio de Salud adquirió a través de licitación pública, la vacuna
“Influvac” del laboratorio Abbott, que cumple con recomendación de la OMS de
cepas a utilizar en el hemisferio sur.

La fórmula es:

A/Michigan/45/2015
(H1N1) pdm09 cepa que deriva de (A/Singapore/GP1908/2015, IVR-180)
A/Switzerland/8060/2017 (H3N2) cepa que deriva de (A/Brisbane/1/2018,NYMC
X-311)
B/Colorado/06/2017 cepa que deriva de (B/Maryland/15/2016, NYMC BX-69 A)*
(*B/Maryland deriva del linaje de la B/Victoria cumpliendo con la
recomendación de OMS)

III. Grupos
Objetivo 2019

Embarazadas a
partir de la 13ª semana de gestación.

Niños y niñas de
edades comprendidas entre los 6 meses a 5 años 11 meses 29 días.

Adultos de 65 años
y más.

Trabajadores de
avícolas y de criaderos de cerdos.

Personal de Salud
(en el sistema público y privado).

Enfermos crónicos
entre 6 y 64 años, portadores de alguna de las siguientes condiciones de
riesgo:

 Diabetes.
 Enfermedades
pulmonares crónicas, específicamente: asma bronquial; EPOC; fibrosis quística;
fibrosis pulmonar de cualquier causa.
 Cardiopatías,
específicamente: congénitas; reumática; isquémica y miocardiopatías de
cualquier causa.
 Enfermedades
neuromusculares congénitas o adquiridas que determinan trastornos de la
deglución o del manejo de secreciones respiratorias.
 Obesidad
Mórbida.
 Insuficiencia
renal en etapa 4 o mayor.
 Hipertensión
arterial en tratamiento farmacológico.
 Insuficiencia
renal en diálisis.
 Insuficiencia
hepática crónica.
 Enfermedades
autoinmunes como Lupus; escleroderma; Artritis Reumatoidea, enfermedad de
Crohn, entre otras.
 Cáncer en
tratamiento con radioterapia, quimioterapia, terapias hormonales o medidas
paliativas de cualquier tipo.
 Infección por VIH.
 Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas.

La CUT y la Fundación Chile 21 criticaron el proyecto del Gobierno que pretende modificar el actual sistema de pensiones. Aseguran que el modelo no permite resolver los desafíos que enfrentarán las pensiones considerando el escenario laboral actual.

    Una rentabilidad de un 3% ó 4% son las que
estarían teniendo los instrumentos financieros del sistema de pensiones
chileno. Así lo señaló el director del Área Económica de la Fundación Chile 21,
Eugenio Rivero, en la Comisión de Trabajo, donde se analiza el proyecto del
Gobierno que modifica las pensiones solidarias y el funcionamiento de las
administradoras de fondos de pensiones (boletín 12212).

    De acuerdo a la exposición en la instancia,
Rivero aseguró que “buena parte de los ahorros de los trabajadores se van en
las grandes ganancias que tienen las Administradoras de los Fondos de
Pensiones, que en promedio son un 20% en los últimos años”.

    Sin embargo, señaló que, “en
contraposición, las pensiones que está pagando el sistema privado han bajado de
manera sistemática”, dando como ejemplo que en 2005, las mujeres recibían en
promedio cerca de 5UF mensuales en el pago de las pensiones, el cual ha caído a
cerca de 3,5UF.

    Para el diputado Guilermo Ramírez (UDI),
las críticas al proyecto del Gobierno solo se sostienen en que no se cambia el
sistema de AFP.

    “Si a nosotros nos propusieran un proyecto
sin AFP, que aumentara más las pensiones de lo que nosotros estamos
proponiendo, lo aceptaríamos y lo aprobaríamos. Pero esa propuesta, por ninguno
de los invitados y ninguno de los parlamentarios ha sido puesta sobre la mesa”,
argumentó el legislador.

    La Central Unitaria de Trabajadores (CUT),
representada por Bárbara Figueroa, también planteó sus críticas al proyecto,
señalando que no considera el complejo escenario laboral actual, para proyectar
la realidad de las pensiones a futuro.

    “Seguir diciendo que el pilar fundamental
en que debe sostenerse cualquier sistema de previsión o de protección social
-como es el sistema de pensiones- es en base a la estabilidad laboral, el
ingreso a muy temprana edad en el mundo del trabajo y altas rentas, es
construir sobre la base de quimeras”, evaluó.

    La dirigenta argumentó que, lo que están
viviendo todos los días es el temor a perder el empleo y sueldos bajo el ritmo
que tiene el crecimiento económico del país, hecho que los obliga a entender
que el debate previsional no puede pasar única y explícitamente por los
perfeccionamientos del actual sistema.

    En el debate, también se planteó la
necesidad de visibilizar el trabajo no remunerado ya que, tal como señaló la
diputada Gael Yeomans (RD), en Chile no se considera directamente en ninguna
medida.

    “Partamos por tenerlo en las cuentas
nacionales. Ni siquiera tenemos cuantificado cuántas mujeres se dedican a este
trabajo. Sé que se realizó una encuesta desde el INE, pero no sabemos cuánto de
eso aporta al PIB nacional, que es una medida que se tiene en otros países,
para reconocer la existencia de este trabajo y para avanzar en que no sea una
labor natural de las mujeres, sino que sea una responsabilidad de todas las
personas”, sostuvo.

    Frente a este escenario, la Fundación Chile 21 recomendó incluso no aprobar la idea de legislar sobre la materia.

Publicado el 14 de marzo del 2019

El secretario de Estado entregó cifras a los parlamentarios, asegurando que el déficit se ha ido reduciendo gracias a las políticas públicas implementadas.

    Tal como estaba programado y tras la
inasistencia de la semana pasada, el ministro de Salud, Emilio Santelices,
entregó ante los parlamentarios de la comisión del ramo de la Cámara de
Diputados las cifras sobre la deuda hospitalaria al año 2018, sus efectos y
medidas para enfrentarla durante este 2019.

    En la oportunidad, el titular de la cartera
precisó que dicha deuda alcanza los 358 mil millones de pesos, cifra que, sin
embargo, debe ser desagregada para entenderla correctamente.

    Lo anterior porque el 70% de dicho monto
correspondería a una mayor producción, vale decir gastos por un mayor
rendimiento que se traduce por ejemplo, en un avance en la reducción de las
listas de espera. Según el ministro, la nómina se redujo en un 11% respecto de
la misma fecha del año pasado y de aquí a fin de mes no habrá pacientes con una
espera que supere los dos años para someterse a una intervención.

    Santelices agregó en su exposición que el
20% de los 358 mil millones corresponden además a decretos que no alcanzaron su
respectiva toma de razón, vale decir “recursos que existen, que estaban
disponibles, pero que no alcanzaron a estar ejecutados”.

    Al término de la jornada, el ministro
estimó que transmitió “una muy buena noticia” a los parlamentarios.
“El 70% de la deuda representa mayor actividad, por lo que no estamos
hablando de una cifra de deuda, sino que de más de 50 mil personas que pudieron
salir de la lista de espera”, precisó.

    Sin embargo, el presidente de la instancia,
diputado Juan Luis Castro (PS) cuestionó al ministro Santelices al estimar que
este “no señaló ninguna proyección sobre este 2019, ni tampoco la brecha de
déficit hacia los proveedores privados”.

    La Comisión de Salud volverá a reunirse
este martes para despachar el proyecto que modifica el Código Sanitario para
regular los medicamentos bioequivalentes (boletín 9914).

Publicado
el 11 de marzo del 2019