En su discurso, hizo un recorrido por los logros alcanzados durante estos dos años; los proyectos impulsados; las metas y los compromisos más relevantes para su Gobierno; y el anuncio de proyectos de ley específicos al Congreso Nacional.

Cumpliendo con los requerimientos constitucionales y
legales, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, rindió esta noche su
segunda cuenta pública ante el Congreso Pleno, en Valparaíso, entre las 20:35 y
las 22:40 hrs.

El Primer Mandatario inició su discurso haciendo una especial mención a los
últimos hechos acontecidos a raíz del frente de mal tiempo en el sur del país,
expresando su “profunda solidaridad y apoyo a los habitantes de Los
Ángeles, Talcahuano y Concepción”.

Indicó luego que nos corresponde como país liderar una “Nueva
Transición” que nos permita, antes de que termine la próxima década,
“conquistar el desarrollo, derrotar la pobreza y hacer de Chile un país
con valores y principios sólidos, en que todos tengamos verdaderas
oportunidades”. Además, sostuvo que necesitamos recuperar un ambiente de
paz. respeto, debate civilizado, diálogo y búsqueda de acuerdos.

Luego, inició su análisis por área temática, partiendo por Seguridad Ciudadana,
donde radicó la importancia de su fortalecimiento. Mencionó diversas medidas en
práctica y en vías de desarrollo y resaltó la necesidad combatir adecuadamente
la delincuencia, para lo cual destacó el “Acuerdo Nacional por la
Seguridad Ciudadana”, junto a una serie de proyectos de ley para
modernizar Carabineros y la PDI y fortalecer dichas instituciones.

Sostuvo que con las medidas empleadas medio millón de personas se libraron de
ser víctima de un delito; destacó esfuerzos en materia de prevención,
rehabilitación y reintegración a personas que delinquieron; fortalecimiento de
la presencia de carabineros y PDI en 33 barrios con mayor delincuencia y buscar
erradicar narcotráfico; mayor combate al narcotráfico.

Otro punto destacado fue su política de poner a los niños primeros en la fila.
En este plano, por ejemplo, recordó la creación de Ministerio de Desarrollo
Social y Familia y llamó al Senado a la pronta aprobación de la
imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra los niños, ya despachado por
la Cámara de Diputados.

A seguir, se refirió a avances en materia de migración, así como el desarrollo
de políticas y el impulso de proyectos de ley que buscan la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres. En este último plano, por ejemplo, dijo que
se está impulsando el derecho a Sala Cuna Universal para todos los hijos de mujeres
trabajadoras y una mayor presencia en cargos de alta responsabilidad de las
mujeres.

Clase Media, Pobreza, Crecimiento, Plan Araucanía

El Presidente resaltó el desarrollo de la política “Red Clase Media
Protegida”, que incluye 70 medidas; reafirmó el compromiso con los más
pobres, mencionando el “Proyecto Compromiso País”, que identificó 16
grupos en situación de pobreza o vulnerabilidad; y dedicó un espacio para
exponer los logros en materia de crecimiento.

“Logramos un crecimiento del 4%, tres veces el promedio del gobierno
anterior y de América Latina y superior al mundo. Se crearon más de 155 mil
empleos con contrato y protección social y nacieron 130 mil nuevas empresas,
los salarios crecieron un 2.6% real, la brecha de salarios entre hombres y
mujeres disminuyó a su menor nivel histórico, la inversión y la productividad
se recuperaron, creciendo 4.6% y 1.6%, respectivamente. Además, el déficit
fiscal disminuyó y estamos estabilizando la deuda pública”, remarcó.

En este marco, el Mandatario llamó a “dejar atrás el obstruccionismo”
y a recuperar una cultura de diálogo y acuerdos. “El rol del gobierno y la
oposición no es intentar destruirse mutuamente. Es dialogar y colaborar, con
unidad y buena voluntad, cada uno desde sus propias posiciones, para que a
Chile le vaya bien y para mejorar la calidad de vida de todos nuestros
compatriotas”, acotó.

También destacó los cinco acuerdos nacionales que impulsó su gobierno, que
incluyen el Plan Araucanía, donde mencionó diversas propuestas, en marcha o por
venir, como por ejemplo la reforma constitucional para el reconocimiento de
pueblos originarios. Además, dijo que se trabaja para que La Araucanía deje de
ser la región olvidada y sea líder y pionera.

En mi primera intervención como Presidente de todos los chilenos hice un
llamado a recuperar la cultura del diálogo, la colaboración y los acuerdos con
todas las fuerzas políticas y con toda la sociedad civil, lo que quedó
reflejado en 5 grandes Acuerdos Nacionales, en campos tan importantes para la
calidad de vida de los chilenos como la Seguridad Ciudadana, la Infancia, la
Salud, el Desarrollo Integral y la Araucanía.

Reformas del Gobierno

El Presidente Piñera se refirió luego a las grandes reformas que impulsa su
Gobierno, entregando diversos detalles de los proyectos hoy en trámite, como
por ejemplo en materia tributaria y previsional, respecto de esta última
haciendo un llamado directo al Congreso Nacional para su aprobación para
mejorar la situación de los pensionados del país.

También mencionó la modernización laboral, ámbito donde se espera hacer mejoras
y perfeccionamientos al Sence; y fortalecer la Dirección del Trabajo y la
legislación que regula las negociaciones colectivas.

En Salud, dijo que se está fortaleciendo la salud pública con la construcción,
entrega e inicio de 50 hospitales y 160 centros de salud primaria, de los
cuales 38 ya están en operación; el reimpulso y perfeccionamiento de leyes ya
vigentes, como la Ley Ricarte Soto y Ley de Fármacos. Asimismo, anunció la
implementación del Hospital Digital, así como una reforma al Fonasa y al
sistema de isapres, eliminando las preexistencias y declaraciones previas de
salud.

Educación fue otro tópico, donde destacó diversas propuestas de ley ya
aprobadas o en vías de ello, así como el desarrollo de la Política de Sana
Convivencia Escolar, para combatir el bullying y ciberacoso. También hizo
mención a propuestas en materia de educación parvularia y superior, esta última
con el compromiso que “ningún joven con voluntad y mérito se quede fuera
de la educación superior por falta de recursos y que ninguna familia vea
transformado el sueño de un hijo profesional en una pesadilla por la pesada
mochila de deudas que ello pueda originar”.

El Mandatario prosiguió luego haciendo mención al desarrollo de políticas de
descentralización y la igualdad de oportunidades y al nuevo Ministerio de
Ciudad, Vivienda y Territorio, que unirá al Ministerio de Vivienda con el de
Bienes Nacionales. Luego, complementó su visión con el crecimiento de la
cobertura en viviendas sociales (200 mil soluciones habitacionales al año).

En transportes, hizo acotación al proyecto Transporte Tercer Milenio, ya está
en marcha; el Proyecto Red Metropolitana, que reemplazará al Transantiago; y
anuncio que el Ministerio de Obras Publicas declaró de interés público los
proyectos para construir los anhelados trenes de pasajeros y carga, que
conectarán Santiago con los puertos de Valparaíso y San Antonio. Asimismo,
destacó la amplia flota de buses eléctricos en la capital y que en esta semana
se inició el despliegue de esta Red de buses eléctricos en Concepción.

El Presidente señaló los avances en materia de telecomunicaciones, resaltando
que se completó la instalación de fibra óptica austral, que une Puerto Montt
con Puerto Williams e integra a Aysén y Magallanes. Además, se implementará
prontamente la Tecnología 5G, que permitirá a Chile estar a la vanguardia de
esta revolución tecnológica.

Otras áreas

Sebastián Piñera también mencionó el Plan Nacional de Infraestructura, que
contempla inversiones por más de US$ 4 mil millones este año y más de US$ 20
mil millones para el cuatrienio 2018-2022; la construcción de más embalses en
el país; el fomento de energía limpia para Chile; continuar con la política de
“Chile Potencia Agroalimentaria”; y el envío de un proyecto de ley
que cree el nuevo Ministerio de Agricultura y Alimentos, incluyendo la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

En Justicia y Derechos Humanos, sostuvo que no se permitirá el abuso ni la
impunidad y afirmó que aplicará “tolerancia cero a los narcotraficantes,
estén donde estén, dentro o fuera de las cárceles”. Además, indicó que se
está trabajando en un nuevo Plan de Infraestructura Penitenciaria y en un Plan
Nacional de Derechos Humanos, con atención especial en los grupos más
vulnerables.

A continuación, se refirió al desarrollo de políticas en el ámbito cultural,
así como en Ciencia y Tecnología, para continuar con el área de Minería, donde
destacó que se está desarrollando una minería moderna y sustentable y avanzando
en una cartera de 44 grandes proyectos de inversión, que significan más de
US$65.000 millones en el período 2018 – 2027.

El Presidente también hizo referencias en materia de Deportes, Probidad y
Transparencia y anunció cambios en torno al Congreso Nacional. “Presentaré
a este Congreso una reforma que permita modernizar su funcionamiento, agilizar
sus tiempos y mejorar la calidad de la legislación. Además, impulsaremos una
Reforma Constitucional para reducir a 120 el número de diputados y a 40 el número
de senadores y para poner límites a las reelecciones de senadores, diputados y
alcaldes”, especificó.

También hizo alcances en torno a la modernización del Estado; la
descentralización, donde se convocará a una Mesa de Trabajo para que proponga
con urgencia perfeccionamientos a la legislación; sobre materia de Defensa y
Fuerzas Armadas; y respecto de la posición de Chile en su contexto regional y
mundial, con referencias a los acuerdos internacionales logrados, su
participación en organismos y diferendos, como fue el caso de Bolivia, y
menciones especiales por la situación de Venezuela.

Finalmente, entre sus últimos alcances, observó el envejecimiento de la
población; anunció el envío de un proyecto de Ley Marco de Cambio Climático;
habló sobre revolución tecnológica; y concluyó haciendo un llamado a la unidad.

Publicado el 01 de junio del 2019

La Cámara de Diputados analizó la propuesta en tercer trámite, aprobándose todos los cambios promovidos por el Senado, incluyendo un artículo nuevo que entrega responsabilidades a las concesionarias de rutas en torno a esta materia.

La Sala de
la Cámara de Diputados respaldó, por 115 votos a favor y 16 abstenciones, las
modificaciones propuestas por el Senado al proyecto de ley que modifica el
tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos
motorizados o de los bienes que se encuentran en su interior (boletín
11.818).

El texto considera como robo y sanciona con la pena de presidio menor en su
grado máximo (desde 3 años y un día a 5 años) la apropiación de vehículos
motorizados, siempre que el autor se valga de la sorpresa o distracción del
conductor o se genere por parte del autor cualquier maniobra distractora, cuyo
objeto sea que la víctima abandone el vehículo para facilitar su apropiación,
en ambos casos, al momento en que esta se apreste a ingresar o hacer abandono
de un lugar habitado, destinado a la habitación o sus dependencias, o su lugar
de trabajo.

Con la misma pena se castigará el robo de cosas que se encuentren en bienes
nacionales de uso público, en sitio no destinado a la habitación o al interior
de vehículos motorizados.

Además, la norma considera como robo y castiga con presidio mayor en sus grados
mínimo a máximo (5 años a 20 años) la apropiación de un vehículo motorizado
mediante la generación de cualquier maniobra distractora cuyo objeto sea que la
víctima abandone el vehículo.

Si al momento de producirse el robo o hurto de un vehículo motorizado, se
encuentra en su interior un infante o una persona que no pueda abandonar el
vehículo por sus propios medios y el autor del robo o hurto inicia la
conducción del mismo, se aplicará la pena de presidio mayor en sus grados medio
a máximo (10 años y un día a 20 años).

Cuando el objeto de la receptación sean vehículos motorizados se impondrá la
pena de presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años) y multa
equivalente al valor de la tasación fiscal del vehículo.

La iniciativa remitida al Ejecutivo para los respectivos trámites de promulgación,
impone una multa equivalente al doble de la tasación fiscal, cuando el autor de
la receptación conozca o no pueda menos que conocer que el origen de la
apropiación del vehículo fue un “portonazo”.

Todo vehículo motorizado liviano nuevo, que se comercialice o ingrese al país
para ser comercializado, deberá contar con dispositivos de protección contra su
utilización no autorizada. Un reglamento del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, suscrito además por el Ministro del Interior y Seguridad
Pública, determinará los requerimientos técnicos de dichos dispositivos. Este
reglamento deberá dictarse dentro de un plazo de seis meses, contado desde la
publicación de esta ley en el Diario Oficial.

El nuevo artículo 6º introducido por el Senado y aprobado por 116 votos a favor
y 16 abstenciones, dispone que los concesionarios de rutas que operen con
sistema electrónico de cobro, a requerimiento del Ministerio Público, sin
necesidad de orden judicial previa, deberán proporcionar información, actualizada
y en forma inmediata, del tránsito de vehículos motorizados que se registren en
sus sistemas y que hayan sido objeto de denuncia por el delito de robo, hurto o
receptación.

El incumplimiento de esta disposición se sancionará con multa de diez a cien unidades
tributarias mensuales. Será competente para conocer de esta infracción el juez
de policía local del lugar en que tenga su domicilio el concesionario
respectivo.

Esta ley entrará en vigencia transcurridos seis meses desde la publicación en
el Diario Oficial del reglamento a que se hacía referencia anteriormente.

Publicado el
29 de mayo del 2019

La propuesta permite dar acceso a los entrevistadores a los registros con la finalidad de dar cuenta debidamente de la metodología y técnica empleada en ella y para garantizar un debido proceso de formación de los entrevistadores de las instituciones habilitadas para estos efectos.

Regular el
acceso a los registros de entrevistas investigativas videograbadas y de
declaraciones judiciales de menores de edad es el objetivo del proyecto (boletín
12637) ingresado a trámite por el Ejecutivo y que fuera dado a conocer en la
cuenta de la Sala de la sesión de hoy, jueves 16 de mayo.

En el mensaje se recuerda que la Ley 21 . 057, que regula entrevistas grabadas
en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos
sexuales, tiene por objeto regular la realización de la entrevista
investigativa videograbada y de la declaración judicial con el fin de prevenir
la victimización secundaria de estos niños, niñas y adolescentes.

Se aclara que la Subcomisión Técnica de la Comisión Nacional de Coordinación
del Sistema de Justicia Penal de la Ley 20.534, observó la necesidad de una
modificación legal referente al acceso a los registros de las entrevistas
investigativas videograbadas y declaraciones judiciales en atención a
necesidades de formación profesional de quienes realizan esta labor y como
referencia ante un juicio.

En línea con dichas observaciones, el proyecto incorpora un nuevo artículo a la
Ley 21.057, el cual regula las situaciones en que se podrá tener acceso a los
registros de entrevistas investigativas videograbadas y declaraciones
judiciales.

Se establece, por una parte, que para el cumplimiento del proceso de formación
de los entrevistadores, las instituciones del Poder Judicial, Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, Ministerio Público, Carabineros de Chile y
Policía de Investigaciones, podrán solicitar acceso al archivo de entrevistas
investigativas video grabadas y de las declaraciones judiciales en las que haya
participado un determinado entrevistador.

A fin de proteger la privacidad del niño, niña o adolescente entrevistado, los
registros a los que se tengan acceso conforme a esta norma tendrán
suficientemente distorsionado aquellos elementos que permitan identificarlos,
sin que ello afecte su comprensión, siendo esta consideración de carácter
imperativa.

Por otro lado, el proyecto dispone que los entrevistadores podrán solicitar al
Ministerio Público acceso a los registros de la entrevista investigativa
videograbada cuando hubiesen sido citados a declarar en juicio oral, con la
finalidad de dar cuenta debidamente de la metodología y técnica empleada en
ella.

Además, se establece que el acceso a los registros, conforme a esta
disposición, solo podrá realizarse en un lugar habilitado para dicho efecto en
las dependencias de la institución que lo almacene, a saber, el Ministerio
Público o el Poder Judicial.

Finalmente, se establece que un reglamento dictado por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos determinará la forma y las demás condiciones en que
se solicitará y otorgará el acceso a la información, resguardando la
confidencialidad y seguridad del registro mediante un sistema que permita
individualizar a las personas que accedan a este.

Publicado el
16 de mayo del 2019

La Corporación analizó y votó los informes relacionados con las investigaciones al denominado “caso Harex”; sobre inversiones y actuaciones comerciales de Enap; y respecto de irregularidades en los procesos de compra del Ejército.

    En sesión especial, celebrada entre las
19:00 y 20:54 horas de este martes 8 de mayo, la Sala de la Cámara de Diputados
discutió y votó los informes correspondientes a tres comisiones investigadoras.

    En primer lugar, se aprobó por 97 votos a
favor y una abstención, el informe de la Comisión Investigadora de los actos
del Ministerio del Interior; del Ministerio de Justicia; de Carabineros; y de
la PDI, con ocasión del denominado caso Harex, correspondiente a la
desaparición del joven Ricardo Harex González, acaecida en 2001, en la ciudad
de Punta Arenas.

    La instancia investigadora fue aprobada en
sesión celebrada el 21 de junio de 2018, tras la solicitud presentada por 73
diputadas y diputados.

    Luego, se rechazó por dos votos a favor, 96
en contra y cinco abstenciones, el informe de la Comisión Investigadora que
buscó determinar eventuales irregularidades en las inversiones y actuaciones
comerciales realizadas por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), entre los
años 2014 y 2018 inclusive, y de su efecto en el estado financiero actual de la
referida empresa estatal.

    La creación de esta Comisión fue aprobada
el 4 de julio de 2018, tras una solicitud de 63 legisladores y legisladoras.

    Finalmente, por 104 votos a favor y uno en
contra, se ratificó la investigación sobre los actos ilegales y/o fraudulentos
cometidos en el Ejército de Chile, a partir del año 2005, con ocasión de los
procedimientos de compra de bienes por parte de dicha institución a empresas
públicas y privadas, y la eventual duplicación de facturas emitidas a diversos
proveedores, según constaría en la contabilidad de dicha rama de las Fuerzas
Armadas.

Publicado
el 08 de mayo del 2019

La propuesta, que además perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica, se fija la meta de entregar un mejor servicio eléctrico en todo el país, que sea reflejado correcta y eficientemente en las tarifas establecidas en la regulación sectoria

    Conforme a lo anunciado en una sesión especial dedicada a analizar el tema del recambio de medidores, semanas atrás, el Ejecutivo ingresó a trámite legislativo un proyecto (boletín 12567) que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica.

    En el mensaje se remarca que las modificaciones referidas al actual sistema tarifario se justifican de manera irrefutable, considerando la nueva realidad económica y sectorial, que no es la misma bajo la cual fue diseñado el marco regulatorio vigente.

    “Hoy la tasa de costo de capital fija de 10%, utilizada en el proceso de valorización, está desacoplada de la realidad y estabilidad del país. Primero, porque la realidad de las condiciones de acceso a financiamiento difiere significativamente de las condiciones observadas en la década de 1980, cuando se estableció. Segundo, porque el desarrollo tecnológico, la alta penetración y relevancia del servicio eléctrico y la variación del retorno esperado de mercado, entre otros factores, han disminuido el riesgo y el retorno de las empresas, lo cual no se encuentra reflejado en la tasa”, se sentencia en el documento.

    Sobre la base del anterior análisis, el proyecto se fija el objetivo de entregar un mejor servicio eléctrico en todo el país, que sea reflejado correcta y eficientemente en las tarifas establecidas en la regulación sectorial, a través de la fijación de una nueva tasa de actualización, representativa de los riesgos actuales que enfrentan las empresas que prestan el servicio de distribución eléctrica.

    Asimismo, se promoverá la modernización del procedimiento de determinación y fijación de las tarifas de distribución, a fin de determinar adecuadamente los costos eficientes de prestar el servicio de distribución, evitando asimetrías de información y permitiendo la participación de los agentes interesados de forma transparente y contestable, basado en argumentos técnicos, jurídicos y económicos.

    Además, se avanza en una nueva definición de “áreas típicas” que reflejen adecuadamente los costos de la empresa modelo que actúe de manera eficiente y cumpla con las exigencias de calidad de servicio establecidas en la normativa.

    Por último, la iniciativa contempla expresamente que sus disposiciones se aplicarán al proceso de determinación de tarifas de distribución correspondiente al cuadrienio 2020-2024, así como también al proceso de fijación de precios de servicios no consistentes en suministros de energía, asociados a la distribución de energía eléctrica, en lo que fuese pertinente.

Publicado el 24 de abril del 2019

La ministra de Energía, Susana Jiménez, anunció esta mañana (17 de abril) importantes decisiones sobre el recambio de medidores, pero agregó que se revisará a la baja la rentabilidad de las distribuidoras de manera de asimilarlas a otros entes regulados.

Ver comunicado

Ministra de
Energía anuncia que recambio de medidores será voluntario y que ingresará hoy
proyecto de ley para rebajar la rentabilidad de las distribuidoras eléctricas

Susana Jiménez
anunció, además, que el proceso de recambio se extenderá de siete a nueve años,
y que  se propondrá en el proyecto de ley
un piso de 6% de rentabilidad para las compañías eléctricas.

Valparaíso.-
miércoles 17 de abril de 2019. La ministra de Energía, Susana Jiménez, junto al
ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y parlamentarios
y jefes de bancada de Chile Vamos, hizo hoy en el Congreso un importante
anuncio de medidas administrativas y legales respecto del recambio de medidores
inteligentes en los hogares.

La Titular
de Energía explicó que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera heredó la
situación del recambio de medidores inteligentes de la administración anterior,
dado que tanto la Ley 21.076 como el Decreto que establece el cambio
obligatorio de los medidores fueron dictados durante el gobierno de la entonces
presidenta Michelle Bachelet. 

Sin
embargo, aseguró que se recogieron los planteamientos de la ciudadanía y de los
parlamentarios de Chile Vamos, por lo que el gobierno del Presidente Piñera
resolvió lo siguiente:

1. Modificación de la Norma Técnica de
   Distribución que regula el reemplazo de los medidores, estableciendo el cambio
   voluntario de los medidores eléctricos por parte de los usuarios y extendiendo
   el plazo de recambio de 7 a 9 años.
2.  

Al mismo
tiempo, la responsabilidad del cambio se mantendrá en las empresas, sin
perjuicio de que la aceptación por parte de los clientes será voluntaria.

El recambio
se iniciará con los medidores que son propiedad de la empresa, lo que permitirá
a los hogares descontar de inmediato ese cobro. Adicionalmente, las compañías
deberán priorizar los hogares que tengan sistema de generación-distribuida,
nuevos proyectos inmobiliarios, así como aquellos que soliciten el recambio de forma
voluntaria, o tengan los equipos con fallas.

Con esto,
se busca compatibilizar la voluntariedad del cambio con la importancia de los
avances tecnológicos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los
chilenos.

• Se revisará a la baja la rentabilidad
  de las empresas distribuidoras de manera de asimilarlas a otros sectores
  regulados, en los cuales se calcula la tasa de rentabilidad adecuada para el
  sector y se establece un piso de 6%.
•  

“Todos
estos cambios se proponen con el objetivo de mejorar la calidad del servicio,
reducir los costos de la energía para los chilenos y cuidar nuestro medio
ambiente”, explicó la ministra Susana Jiménez.

El titular del organismo, Osvaldo Macías, señaló a los diputados de Trabajo que el proyecto tendrá repercusiones importantes porque extiende el perímetro regulatorio que tiene la institución, incorpora otras entidades que deberán ser fiscalizadas y nuevos roles y funciones a los que actualmente existen.

    El Superintendente de Pensiones, Osvaldo
Macías, expuso ante la Comisión de Trabajo de la Cámara, en el marco del debate
del proyecto que mejora las pensiones del pilar solidario y del sistema de
capitalización individual, al tiempo que crea nuevos beneficios para la clase
media y las mujeres y un subsidio y seguro de dependencia (boletín 12.212).

    Macías detalló que, ante los nuevos deberes
que consigna la iniciativa, también se les confieren facultades en la ley.

    Con respecto a la administración del 4 %
adicional que se contempla, explicó que se formarán administradoras de ahorro
complementario para pensiones, las que deberán ser autorizadas, reguladas y
fiscalizadas por el organismo que encabeza, que además deberá autorizar su
régimen de inversión.

    Precisó que la Superintendencia de
Pensiones deberá regular y fiscalizar lo correspondiente al seguro de
dependencia, la administradora del seguro y su funcionamiento.

    El superintendente de Pensiones puntualizó
que formarán parte de un comité de coordinación junto a la Comisión para el
Mercado Financiero, ya que hay muchas materias en común respecto al sistema de
pensiones, por ejemplo, pólizas de renta vitalicia; tasas de interés de
descuento; seguro de invalidez y sobrevivencia; y seguro de dependencia, entre
otras, que deberán ser abordadas por esta instancia.

    Agregó que, debido a la ampliación del
perímetro regulatorio, el proyecto de ley considera aumentar la dotación de la
superintendencia de 247 a 256 funcionarios.

    Finalmente, subrayó que los plazos de la
reforma son estrechos porque, sin duda, el propósito es que las pensiones suban
lo más rápido posible. En ese plano, recalcó que la Superintendencia de
Pensiones debe adaptarse y cumplir con lo que sancione el Congreso Nacional.

    Reacciones parlamentarias

    El diputado Patricio Melero (UDI) destacó
los nuevos ámbitos que abarcará el proyecto y subrayó que el punto en debate
sigue siendo la entidad que administrará este porcentaje adicional.

    “Una serie de beneficios nuevos que no
están hoy día, como es el bono que van a recibir las mujeres que tengan al
menos 16 años de cotizaciones, de una unidad de fomento mensual; el bono clase
media y, desde luego, el seguro de pensión para quienes tengan dependencia
severa, es decir, que no puedan por si solos auto valerse, lo que también es
una creación nueva y que les va a dar una cifra importante mensualmente”,
planteó.

    En esta dirección, sostuvo que lo que se va
consolidando es un principio que hay que hacer valer en materia previsional y
que es la libertad para poder elegir, esto es, que si los chilenos quieren el
aporte adicional destinarlo a la AFP, que es ahora la más rentable, tengan el
derecho a hacerlo. Si se crea un organismo distinto, un gestor del Estado, por
ejemplo y es parte de la negociación, el que quiera hacerlo lo pueda hacer.

    “Pero lo que no tiene lógica alguna es
que le impongamos bajo esta consigna de ‘No más AFP’ la prohibición absoluta a
los chilenos si quieren destinar su aporte adicional al sistema de las AFP”,
remarcó.

    Por su parte, el diputado Tucapel Jiménez
(PPD) dijo que no se entiende que hoy día la tabla de mortalidad esté ajustada
a 110 años, a pesar que hay una mínima cantidad de personas que tienen más de
100 años y que reciben pensión.

    “La verdad, es que esa no es la
realidad de Chile y la pregunta es si ajustamos realmente esa tabla de
mortalidad a la realidad de Chile, en que los promedios de vida serán, no sé,
85, 90 años ¿cuánto sería el porcentaje que mejoraría la pensión de los
chilenos?”, interrogó.

    El diputado cree que esto podría traducirse
en un proyecto de fácil despacho, pese a que el aumento podría no ser mayor,
pero que, igualmente, corregiría una situación en que por un porcentaje muy
menor, se afecte a la mayoría.

Publicado
el 16 de abril del 2019

La directora jurídica del Ministerio Público, Marta Herrera, valoró ante los/as diputados/as la iniciativa, no obstante manifestó sus dudas frente a la creación de direcciones de transparencia que propone el proyecto del Ejecutivo, ya que no promovería una respuesta más uniforme.

    El proyecto que modifica la ley sobre
acceso a la transparencia (boletín 12.100) y que analiza la Comisión de
Constitución de la Cámara modifica siete cuerpos legales distintos, en orden a
fortalecer y aumentar los estándares de transparencia en el ejercicio de la
función pública.

    El texto legal propone crear direcciones de
transparencia en los órganos autónomos constitucionales, con el objeto de velar
por el cumplimiento del principio de transparencia, como también del derecho de
acceso a la información pública.

    La propuesta, sin embargo, no es compartida
por el Ministerio Público, según explicó la titular de la Dirección Jurídica
del organismo, Marta Herrera, ya que, de acuerdo a sus características, no
promovería una respuesta más uniforme que es lo que se busca.

    “No le vemos mucho sentido a esta
institucionalidad que, además, no conversaría necesariamente entre sí. Por lo
tanto, no promovería esta intención de tener una respuesta más uniforme”,
planteó.

    En ese sentido, indicó que están sujetos a
un control y tratan de exponer en cifras cómo ese control se ha producido con
los años de implementación de la Ley 20.285, que es totalmente externo a través
de la Corte de Apelaciones respectiva y que, en muchos casos, perdemos.
“Es quien requiere el que gana y nosotros debemos entregar la información
y lo que queremos demostrar con eso es que el control funciona”, precisó.

    En todo caso, dijo que están abiertos a
analizar la mejor forma de generar este control, pero reiteraron que no les
parece que la mejor forma sea la dirección de transparencia porque, a su
juicio, esto solo burocratiza la respuesta que se le da al usuario aumentando
los plazos de respuesta.

    Los representantes del Ministerio Público
detallaron que los ingresos de solicitudes de información por la Ley de
Transparencia se han incrementado de manera exponencial en el período 2013 a
marzo de 2019, siendo la Fiscalía Nacional la entidad que más solicitudes de
información recibe cada año.

    El diputado Leonardo Soto (PS) valoró que
los representantes del Ministerio Público no presentaran mayores objeciones a
la posibilidad de que en el futuro todo lo relativo a la transparencia de su
institución este bajo la supervisión del Consejo para la Transparencia. También
coincidió en que la creación de una institucionalidad paralela no es la mejor
opción.

    “Creo que se fortalece la visión de varios
integrantes de la Comisión, dentro de los que me incluyo, en torno a que el
Gobierno ha presentado un proyecto de ley donde elige un camino equivocado, que
es buscar crear una institucionalidad paralela al Consejo para la Transparencia
y ahí situar a estas instituciones”, acotó.

    De acuerdo a su opinión, “esto no es
conveniente porque significa crear un traje a la medida de estas propias
autonomías, donde cada uno será juez y parte respecto de qué hace público y qué
mantiene en reserva, generando un incentivo perverso para las propias
instituciones”.

    La iniciativa en debate extiende el ámbito
de aplicación de la ley de transparencia a las Corporaciones y Asociaciones
Municipales.

    Asimismo, somete a su aplicación al
Congreso Nacional, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Contraloría
General, Banco Central, Servicio Electoral, Tribunal Calificador de Elecciones
y Corporación Administrativa del Poder Judicial.

    En cada uno de estos órganos se crearán
direcciones de transparencia integradas por tres directores, dos de los cuales
serán designados por la Comisión de Transparencia del Estado de Chile y, el
restante, por el Presidente, jefe superior u órgano de dirección superior del
órgano autónomo constitucional, según corresponda, sobre la base de una nómina
que elaborará el Consejo de Alta Dirección Pública.

Publicado
el 12 de abril del 2019

La propuesta, que fue despachada al Senado para su segundo trámite, establece el segundo sábado de octubre de cada año como el Día del Artista Local.

    Por unanimidad, la Sala de la Cámara de
Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que establece el
segundo sábado de octubre de cada año como el Día del Artista Local (boletín
11.490).

    En el texto, los autores destacan la
importancia de los artistas locales, desde tiempos inmemorables, ya que,
aseguran, desempeñan una función relevante en las sociedades.

    “Constituyen la base cultural de una
comunidad y sus obras son una manifestación cultural producto del contacto
directo con las pequeñas comunidades”, relata el documento.

    La iniciativa, que fue informada ante el
Hemiciclo por el diputado Alejandro Bernales (PL), indica que, no obstante, en
los actuales tiempos modernos, el rol de este artista ha quedado relegado tanto
por el Estado como por la sociedad civil y se ha dado paso a la vigencia de
grandes artistas por sobre quienes son la primera fuente de contacto en cada
agrupación humana.

    Así, los autores consideran que el artista
local es trascendente en la cultura nacional, pues es representativo de su
comunidad, a la que se encuentra arraigado y porque participa de los actos
culturales de la vida diaria de las personas, en peñas folclóricas, en juntas
de vecinos, en escuelas, en fiestas locales, entre otros eventos de relevancia
para la sociedad.

    En esa línea, resaltan que la visión del
artista local debería enfocarse en ser el principal colectivo a nivel nacional
en la creación y fomento artístico, ya que su aporte en las diversas
manifestaciones del arte no es sino expresión de la comunidad a la que
pertenece. De ahí que, sugieren, la necesidad de resaltar y visualizar el valor
de la producción intelectual en las comunidades rurales y urbanas del país.

    Por otro lado, hacen presente la deuda que
el Estado chileno tiene con el artista local, tanto en lo que se refiere al
enfoque de la política cultural, en lo concerniente a su promoción y difusión y
en el mejoramiento de sus condiciones económicas.

    Asimismo, remarcan que este artista tiene
una tremenda relevancia en la jerarquía cultural del país, sin embargo, han
sido invisibilizados en las políticas culturales del Estado, por ello, insisten
se requieren acciones que hagan patente su contribución al patrimonio cultural
del país.

    Por todo lo expuesto, los/as
parlamentarios/as señalan la importancia de visualizar el rol del artista local
fijando un día en el calendario que los conmemore por su aporte a la formación
cultural de la sociedad y, además, reconozca su contribución diaria en las
distintas manifestaciones artísticas en su entorno territorial.

    El proyecto de ley, que tuvo su tramitación
en la Comisión de Cultura, fue presentado por los/as diputados/as Alejandra
Sepúlveda (FRVS), Marcela Hernando (PR), Vlado Mirosevic (PL) y los exdiputados
Miguel Ángel Alvarado y Claudio Arriagada.

Publicado
el 04 de abril del 2019

La influenza es una enfermedad contagiosa causada por el virus Influenza y que se transmiten desde una persona enferma al toser, estornudar o mediante las secreciones nasales. El virus influenza es responsable de infecciones respiratorias severas, que pueden causar complicaciones de gravedad.

Al año, miles de
personas mueren en el mundo debido a la gripe y muchos requieren de
hospitalización. Para prevenir las condiciones anteriormente mencionadas, es
necesaria la vacunación anual contra este virusAdemás, la infección por el
virus influenza puede conducir a complicaciones severas, como neumonías por
otros agentes y empeorar problemas de salud ya existentes. En los niños también
puede causar neumonía y dificultad respiratoria.

Anualmente ocurren
entre 4.000 y 6.500 hospitalizaciones asociadas a influenza a nivel nacional,
con un mayor riesgo en las personas de sobre 65 años y en los menores de 5
años.

En relación a
mortalidad, entre 400 y 500 muertes ocurren anualmente, siendo mayores en las
personas de 65 y más años.

II. Vacuna
Todos
los años la Organización Mundial de la Salud (OMS) realiza una vigilancia de
los virus influenza que circulan en cada hemisferio y proyecta, en función de
lo ocurrido en el invierno del hemisferio norte, los tipos de virus que serán
más importantes en el hemisferio sur. En base a este análisis, la OMS entrega
las recomendaciones para la fabricación de las vacunas a usar en las campañas
de inmunización.

Para este año, el
Ministerio de Salud adquirió a través de licitación pública, la vacuna
“Influvac” del laboratorio Abbott, que cumple con recomendación de la OMS de
cepas a utilizar en el hemisferio sur.

La fórmula es:

A/Michigan/45/2015
(H1N1) pdm09 cepa que deriva de (A/Singapore/GP1908/2015, IVR-180)
A/Switzerland/8060/2017 (H3N2) cepa que deriva de (A/Brisbane/1/2018,NYMC
X-311)
B/Colorado/06/2017 cepa que deriva de (B/Maryland/15/2016, NYMC BX-69 A)*
(*B/Maryland deriva del linaje de la B/Victoria cumpliendo con la
recomendación de OMS)

III. Grupos
Objetivo 2019

Embarazadas a
partir de la 13ª semana de gestación.

Niños y niñas de
edades comprendidas entre los 6 meses a 5 años 11 meses 29 días.

Adultos de 65 años
y más.

Trabajadores de
avícolas y de criaderos de cerdos.

Personal de Salud
(en el sistema público y privado).

Enfermos crónicos
entre 6 y 64 años, portadores de alguna de las siguientes condiciones de
riesgo:

 Diabetes.
 Enfermedades
pulmonares crónicas, específicamente: asma bronquial; EPOC; fibrosis quística;
fibrosis pulmonar de cualquier causa.
 Cardiopatías,
específicamente: congénitas; reumática; isquémica y miocardiopatías de
cualquier causa.
 Enfermedades
neuromusculares congénitas o adquiridas que determinan trastornos de la
deglución o del manejo de secreciones respiratorias.
 Obesidad
Mórbida.
 Insuficiencia
renal en etapa 4 o mayor.
 Hipertensión
arterial en tratamiento farmacológico.
 Insuficiencia
renal en diálisis.
 Insuficiencia
hepática crónica.
 Enfermedades
autoinmunes como Lupus; escleroderma; Artritis Reumatoidea, enfermedad de
Crohn, entre otras.
 Cáncer en
tratamiento con radioterapia, quimioterapia, terapias hormonales o medidas
paliativas de cualquier tipo.
 Infección por VIH.
 Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas.