En la próxima sesión de la Comisión de Medio Ambiente serán escuchados representantes animalistas, que se encuentran en contra de la práctica de este deporte nacional.

La Comisión
de Medio Ambiente se encuentra analizando el proyecto que modifica la
legislación sobre protección de animales y la Ley que establece normas en
beneficio del circo chileno, para considerar como maltrato animal el rodeo y
otras actividades
(boletín 12.113).

A la sesión, celebrada este lunes 14 de octubre, asistieron el presidente de la
Federación de Rodeo Campesino (Ferocam), Juan Francisco Vásquez; las
representantes de las Corraleras de Chile, Marcela Romagnoli y Javiera Toro; el
pesidente de los Criaderos de Caballos Chilenos, Luis Muñoz; y el presidente de
la Federación Nacional de Rodeo, Luis Ordoñez.

Los defensores del rodeo explicaron a los legisladores que, en la práctica del
deporte nacional, se cuidan mucho a los animales que participan en el y que
para ello desarrollaron un reglamento que norma hasta el transporte de los
novillos y de los caballos.

Marcela Romagnoli- dos veces campeona en este deporte- fue clara al señalar que
“la protección al animal tiene que ver con que los jinetes se ajusten al
reglamento, el cual es muy claro al establecer que el animal- novillo- no puede
ser corrido más de una vez”.

La diputada María José Hoffmann (UDI) comentó, al término de la reunión, que
las normas que están estudiando recogen una preocupación que existe en la
ciudadanía sobre el tema.

Al mismo tiempo, indicó que le consta el compromiso de los huasos corraleros
con el bienestar de los animales y por ello llamó a hacer una reflexión de cómo
mejorar la protección del ganado y de los caballos.

“Creo que es importante hacer la reflexión (de proteger más a los animales) y
por eso creo que hay que mejorar el reglamento” sostuvo la legisladora UDI.

Por su parte, la diputada Cristina Girardi (PPD) señaló que entiende que para
quienes han vivido en el campo este deporte no constituye maltrato animal, pues
hay una visión de mundo diferente, pero el rodeo, agregó, “hay que verlo en los
tiempos que corren actualmente y bajo la siguiente pregunta ¿pondrían en el
lugar del novillo a un ser humano?”

La legisladora busca con ello debatir si es válido que el ser humano use a
otras especies para satisfacer su placer, solo por considerarse superior a los
demás.

En la próxima sesión, los diputados de la Comisión recibirán a representantes
animalistas que están en contra del rodeo para que expongan sus argumentos
sobre este deporte.

Publicado el
14 de octubre del 2019

A la sesión especial asistió el ministro (s) de Medio Ambiente, Felipe Riesco, quien respaldó los requerimientos parlamentarios y anunció que el Gobierno presentará durante este año un proyecto de ley marco de cambio climático.

En una intensa jornada, la Sala de
la Corporación analizó esta tarde, en sesión especial, el estado de la crisis
climática global y nacional, la declaración de estado de emergencia climática
por parte de la Cámara de Diputados y el Gobierno y la adopción de medidas
frente a esta situación.

En representación de los 56 solicitantes del encuentro, intervinieron en el
tiempo previo la diputada Catalina Pérez
(RD) y el diputado Marcelo Díaz (PS),
quienes concordaron en la idea de buscar soluciones concretas y declarar
formalmente el estado de emergencia climática.

La diputada Pérez se refirió a las contradicciones a las que nos vemos
enfrentados como país y llamó a dar el debate de fondo en materia climática.

“Debemos declarar formalmente el estado de emergencia climática y construir una
política de Estado (…) Proponemos el cierre de las termoeléctricas a carbón,
una reforma al Código de Aguas, políticas de transición justas para proteger a
los trabajadores y un plan de inversión que valorice la protección del medio
ambiente”, insistió la parlamentaria.

En el mismo sentido, el diputado Díaz remarcó que “se ha fallado como
generación y como Estado”, por lo que se hace necesario generar políticas
públicas y establecer plazos a las grandes empresas contaminantes.

“Queremos que toda obra pública reutilice las aguas negras y grises (…) Hay un
montón de proyectos que ayudarían a que Chile se dote de políticas en esta
materia y no hemos sido capaces de construir un equilibrio con nuestro medio
ambiente (…) Cada día castigamos a las generaciones que vienen después de
nosotros”,

Ejecutivo

En representación del Ejecutivo, el ministro (s) de Medio Ambiente, Felipe Riesco,
reafirmó el compromiso del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera en materia
de cambio climático.

En ese tenor, enumeró los objetivos que se propone Chile para la Cop 25 y
relevó la participación que ha tenido el jefe de Estado a nivel mundial en lo
que se refiere a sustentabilidad.

Por ello, añadió que el combate al cambio climático debe ser una política de
Estado.

“Estamos elaborando un proyecto de ley marco de cambio climático que se
presentará ante este Congreso durante el segundo semestre del 2019, esta
legislación será un reflejo de nuestro compromiso por las generaciones
futuras”, señaló.

Resoluciones aprobadas

Antes del término de la sesión, la Sala aprobó diez resoluciones que van en la
línea de proponer al Presidente de la República la adopción de medidas
necesarias para hacer frente a la crisis climática.

Entre las ideas, se solicita al Gobierno presentar un proyecto de ley marco
sobre cambio climático, declarar estado de emergencia climática y la
actualización del Plan Nacional de Adaptación frente al cambio climático,
además de la aprobación de una estrategia nacional de transformación social y
ecológica.

En el mismo sentido, se pidió información en relación al comercio internacional
de Chile con impactos para la crisis climática, el cierre de las
termoeléctricas de carbón al año 2030, la focalización de las medidas de
mitigación mediante aforestación y conservación, exclusivamente, en bosque
nativo, la reforma al régimen de administración del agua, una política de
transición justa para las zonas de sacrificio y la firma del Acuerdo de Escazú.

Otros puntos solicitan la actualización de la contribución nacionalmente
determinada con sujeción al libro de reglas de París, tomar las medidas
necesarias para alcanzar una matriz basada en un 100% en energías renovables al
año 2040 y dar prioridad a la tramitación del proyecto que crea el Servicio de
Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Por último, se busca eliminar la obligación legal de Codelco-Chile, a través de
la fundación y refinería Las Ventanas, de garantizar, sin restricción ni
limitación alguna, el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana
minería que envíe la empresa nacional de minería.

Publicado el
09 de octubre del 2019

El informe,
que será discutido este martes 1 de octubre por el pleno de la Sala, llama a
los/as parlamentarios/as a aprobar la “cuestión previa” y rechazar la
admisibilidad del libelo.

Por cuatro
votos en contra y uno a favor, la Comisión encargada de analizar la procedencia
de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela
Cubillos, recomendó a la Sala rechazar el libelo acusatorio.

La instancia, que fue presidida por el diputado Celso
Morales (UDI), llamó a la Sala de la Cámara a aprobar la cuestión previa y a
rechazar la admisibilidad del informe que consta de cinco capítulos.

Los diputados Pedro
Pablo Alvarez-Salamanca (UDI), Catalina
Del Real (RN), Hugo
Rey (RN) y Celso
Morales (UDI), acordaron rechazar la admisibilidad de la acusación, mientras
que la diputada Maite
Orsini (RD) optó por aprobarla.

Entre los fundamentos que recomendaron rechazar el informe, se encuentra la
falta argumentos procedentes, en el sentido de que no cumple con los requisitos
mínimos establecidos en la Constitución.

En tanto, los argumentos que estuvieron por aprobar el documento resaltaron la
conducta sistemática de la ministra Marcela Cubillos, en favor del abandono de
la educación pública.

La Sala de la Cámara de Diputados deberá pronunciarse, este martes 1 de
octubre, a partir de las 10:30 horas, sobre la denominada “cuestión previa” y
determinar si la acusación cumple o no con los requisitos fijados en la
Constitución.

El libelo acusatorio se encuentra dividido en cinco capítulos, que consignan
brevemente lo siguiente:

Primer capítulo: se afirma que la ministra ha “faltado a la verdad” y ha
cometido “faltas a la probidad”, queriendo transmitir su visión del Sistema de
Admisión Escolar a los apoderados.

Segundo capítulo: se refiere al envío masivo de correos a padres y
apoderados para “promocionar” la iniciativa mencionada anteriormente.

Tercer capítulo: señala que la secretaria de Estado habría dejado “sin
aplicación la ley” al “dilatar el nombramiento de autoridades”, entre otros
aspectos.

Cuarto capítulo: se habla de que la ministra “no actuó conforme a
los deberes legales y no realizó tardíamente las acciones necesarias para
corregir la inejecución presupuestaria en que incurrió la Dirección de
Educación Pública”, en los servicios locales de educación que eran dirigidos
por personeros nominados bajo la administración de la expresidenta Bachelet.

Quinto capítulo: tiene relación con la “vulnerabilidad del principio de
igualdad” en torno a las problemáticas por el no pago de menciones a las
educadoras diferenciales.

Publicado el
30 de septiembre del 2019

La Comisión de Gobierno Interior espera la indicación que presentará el Ejecutivo y que incorporará incentivos para establecer cuotas de género en las elecciones de los consejos regionales y concejos municipales, similares a los que actualmente existen para las parlamentarias.

En la recta
final en la Comisión de Gobierno Interior se encuentra el
proyecto (boletín 11.994) que establece
cuotas de género para las elecciones regionales y comunales.

La moción, que ya fue despachada de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género,
fue analizada por la instancia, la que aprobó gran parte de su articulado,
donde se establece que no puede haber más de un 60% de candidaturas válidamente
inscritas del mismo género.

Durante el debate, se estableció que las cuotas serían solo para quienes
integren los consejos regionales y las concejos comunales, dejando de lado las
elecciones de alcalde y de gobierno regional.

Frente a ello, la diputada Marcela Hernando
(PR), una de las promotoras del proyecto, señaló que no existe ningún lugar del
mundo donde exista ley de cuotas para cargos uninominales. “Nos parecía
que avanzar con los cores y los concejales en la próxima elección era
importante, además, cuando el Ejecutivo está dispuesto a darle viabilidad a
través de financiamiento”, precisó.

Dentro de los artículos que quedaron pendientes para votar, se encuentran los
que establecen un financiamiento similar al que existe actualmente para las
elecciones parlamentarias y que el Gobierno anunció que patrocinaría. Esto
implicaría aportes para los partidos por sus candidaturas femeninas y una
devolución mayor del porcentaje de votos obtenidos.

“No podemos tener una legislación en materia parlamentaria, de una categoría, y
en materia de consejeras regionales o concejalas, de segunda categoría, en el
sentido que no inyecte al menos la misma cantidad de recursos que se consideran
como un incentivo para el voto como se hace hoy”, señaló la presidenta de la
instancia, diputada Joanna Pérez (DC).

Frente a eso, valoró la voluntad del Ejecutivo de presentar una indicación en
esta dirección. “Hay que entender que este es un proceso de cuatro elecciones
y, luego de eso, cuando ya se aspire a nivelar la cancha, donde hayan más
mujeres en cargos de elección popular, esta ley se deja sin efecto o termina su
proceso. Por lo tanto, no es algo permanente, es algo acotado en el tiempo”, agregó
la parlamentaria.

El diputado Renzo Trisotti (UDI)
respaldó la posición del Gobierno y señaló que esta nueva normativa será un
“gran avance para las mujeres, para poder mantener estas cuotas y tener una
mayor representatividad de mujeres en cargos de elección popular”.

De acuerdo a lo señalado en la Comisión, el Ejecutivo le dará la urgencia
necesaria a la tramitación de este proyecto con el fin de que pueda
materializarse en las próximas elecciones municipales y de gobierno regional de
octubre de 2020.

Publicado el
22 de agosto del 2019

Declaración

Lo que ha quedado en
evidencia esta semana es que hay desigualdad en los recursos con que cuenta
cada municipio para hacer frente a los problemas de seguridad de las comunas.
Los alcaldes que nos hemos reunido esta mañana del 21 de agosto de 2019 hemos
concordado una serie de puntos que nos preocupan y frente a los cuales debemos
reaccionar ahora.

1. La desigual distribución
   de los recursos policiales. Ya en 2009, la prensa de la época señalaba que en la zona oriente
   de Santiago había una dotación policial, cuatro veces superior a la de otras
   comunas del Gran Santiago. En la actualidad, de acuerdo con la información que
   disponemos, las comunas de la zona Oriente doblan en dotación policial por
   habitante a otras comunas de sectores con más problemas, tanto en la Región
   Metropolitana como en otros núcleos urbanos del país. Como han señalado algunos
   estudios, el acceso a la información en Carabineros de Chile respecto a la
   dotación policial por comuna ha tenido importantes restricciones. Es hora de transparentar dicha información
   para dar tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas.

• Reposición de un
  programa de prevención del delito de carácter permanente para las
  municipalidades del país. Desde 2017 que no contamos desde el Estado central, con un
  programa de seguridad que provea recursos y herramientas a los municipios de
  forma permanente para enfrentar los problemas de seguridad que tenemos en los
  territorios. El presupuesto de la Subsecretaría de prevención del delito
  representa un paupérrimo 1.2% del total del presupuesto público para seguridad
  y justicia. Con este presupuesto ni siquiera alcanza para cubrir necesidades
  mínimas. Reconocemos otros esfuerzos del gobierno central para proveer
  tecnología y proyectos por vía de fondos concursables, pero se requiere un
  esfuerzo mayor y más sostenido en el tiempo. Solicitamos al ejecutivo la reposición de un programa de este tipo, como
  ha existido en los últimos 20 años.

• Nuevas atribuciones a
  los municipios, pero sin presupuesto. Se discute en el Congreso un proyecto de ley que
  modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades proponiendo nuevas
  funciones para los municipios en materia de tránsito y violencia intrafamiliar,
  pero esas funciones no tienen recursos frescos asignados. Es decir, de
  aprobarse ese proyecto, se generará una nueva desigualdad: solo los municipios
  con más recursos podrán implementar de forma eficiente esas nuevas funciones. Solicitamos a los presidentes de la comisión
  de seguridad ciudadana de la Cámara de Diputados y del Senado estudiar
  seriamente esta situación y corregirla.

• Mayor tasa de
  homicidios en núcleos urbanos. De acuerdo con el estudio mundial de homicidios (ONU, 2019) Chile
  tiene una tasa baja de homicidios (3,7 por cada 100 mil habitantes) comparada
  en el continente americano. Sin embargo, esta ha ido subiendo (en el mismo
  estudio, 2013, la cifra era de 2,7) y se concentra en comunas de núcleos
  urbanos. Solicitamos al ministerio del
  interior la constitución de una mesa de trabajo policial cuyo foco sea la
  seguridad en nuestras comunas y barrios adoptando medidas inmediatas para que
  hechos como los sucedidos en Puente Alto no se repitan.

• Barrios y
  narcotráfico. Valoramos la iniciativa del gobierno de priorizar 33 barrios. Sin
  embargo, la realidad de penetración del narcotráfico la vuelve insuficiente. De
  acuerdo con cifras informadas por el ministerio público, en 2017 había 174
  barrios considerados como críticos. En estos barrios se concentraban varios
  factores como falta de prevención o alta concentración de denuncias. De acuerdo
  con otros estudios también en este tipo de barrios hay una alta incidencia de
  delitos relacionados con violencia de género e intrafamiliar, además de graves
  falencias en conectividad, viviendas y áreas verdes, lo que revela la
  importancia de que los municipios cuenten con recursos para intervenir en estos
  espacios públicos. Por estas razones,
  solicitamos a la Subsecretaría de Prevención del Delito aumentar de 33 a 50 los
  barrios priorizados.

• Seguridad para todas las comunas del país. Sería injusto señalar
  que este es un problema de la región metropolitana o de los principales núcleos
  urbanos del país. En distintas localidades, aún las más apartadas, la realidad
  del microtráfico o la comisión de otros delitos de carácter rural, tales como
  el abigeato o el robo de cables, preocupan a nuestras autoridades locales. Es
  necesario que exista un plan nacional de seguridad que de cuenta de la
  diversidad de realidades de nuestro país.

Revaluar el Fondo Común Municipal.
Estamos conscientes de que los recursos son escasos frente a las muchas
demandas. Sin embargo, existe en el Estado de Chile un instrumento que
permitiría redistribuir y apoyar a las comunas: el Fondo Común Municipal (FCM).
Es necesario que el Estado

La iniciativa del Ejecutivo persigue
la integración social y la equidad territorial, al tiempo que otorga nuevas
facultades al Ministerio de la Vivienda, en materia de planificación de las
ciudades.

Tras un amplio debate, la Sala aprobó y despachó al
Senado el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos normativos
en materia de integración social y urbana (boletín
12.288).

El texto, cuyo informe de la Comisión de Vivienda
fue rendido por el diputado Miguel Ángel Calisto
(DC), pretende mejorar los niveles de integración social y urbana de las
ciudades y lograr un adecuado desarrollo de ellas a lo largo del país. Para
ello, se pretende aumentar la construcción de viviendas sociales con
integración social, a través de densificación equilibrada en zonas con
potencial de desarrollo urbano y modernizar la gestión del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.

Con tal objeto, se busca modificar la Ley 16.391, que Crea el Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo, proponiendo su cambio de nombre por el de Ministerio de
Ciudad, Vivienda y Territorio.

El texto contempla tres nuevas funciones ministeriales que fueron
adicionadas durante el trámite en la Comisión. En ellas, se faculta al
Ministerio para implementar políticas de suelo y programas habitacionales que
propicien la construcción de viviendas destinadas a beneficiarios de los
programas habitacionales del Estado, junto con establecerle la obligación de
resguardar que los instrumentos de planificación territorial contemplen
criterios y disposiciones para la integración e inclusión social urbana.

Por otra parte, establece que los nuevos planes reguladores comunales o sus
modificaciones integrales o actualizaciones deben contemplar disposiciones que
incentiven la construcción de viviendas destinadas a beneficiarios de los
programas habitacionales del Estado y a otras personas o familias en situación
de vulnerabilidad.

En el mismo contexto, se aprobó la incorporación de un nuevo artículo que
señala que no solo esta secretaría de Estado podrá establecer beneficios de
normas urbanísticas para proyectos de viviendas integradas.

El proyecto establece, además, que los beneficios de normas urbanísticas en
polígonos que incluyan inmuebles en sectores que se encuentren protegidos en la
categoría de monumentos históricos, zona típica, de conservación historia no
podrán afectar los valores y atributos, por los cuales dichos monumentos, zonas
o inmuebles fueron protegidos.

En línea con lo anterior, se estableció que los proyectos de viviendas
integradas, que pretendan acogerse a beneficio normativo en tales inmuebles o
sectores deben obtener permisos municipales y autorizaciones sectoriales.

Otras consideraciones

La iniciativa también faculta a los Serviu para concesionar, mediante
licitación pública, la construcción, administración y mantención de viviendas
económicas en terrenos de su propiedad o de otros órganos o servicios de
administración del Estado. Dicha concesión otorgará a su titular un derecho
real de uso y goce sobre el inmueble por un período determinado y sujeto a la
condición de destinar un porcentaje de las viviendas a beneficiarios del
programa del subsidio de arriendo.

El Ministerio, a través de los Serviu, agrega el proyecto, podrá otorgar
subsidios de los programas habitacionales vigentes a personas jurídicas de
derecho público o derecho privado, sin fines de lucro, que tengan por objeto
construir viviendas o transformarlas en residencias multifamiliares o
mejorarlas, destinadas a beneficiarios del programa de subsidio de arriendo.

Durante la votación, la Sala rechazó una parte del texto propuesto por el
Ejecutivo, donde se le permitía a la cartera ejercer la función de dictar
ordenanzas, reglamentos e instrucciones generales sobre urbanización de terrenos,
construcción de viviendas, obras de equipamiento comunitario, desarrollo y
planificación urbanos y cooperativas de viviendas.

Asimismo, la función de supervigilar todo lo relacionado con la planificación
urbana, planeamiento comunal e intercomunal y sus respectivos planes
reguladores, urbanizaciones, construcciones y aplicaciones de leyes pertinentes
sobre la materia.

Publicado el
14 de agosto del 2019

En la comisión de Contitución de la Cámara, el ministro de Minería, Baldo Prokurica reiteró que la moción genera un daño a las políticas del Estado para exportar estos productos. Por su parte, el vicepresidente de Corfo, Pablo Terrazas, también expuso su negativa a la moción.

La Comisión de Constitución de la Cámara está
encargada de analizar la moción que declara de interés nacional la
explotación, industrialización y comercialización del litio, así como toda
operación emanada de su explotación y cuyo titular del contrato sea persona
natural o jurídica (boletín 10638).

En la pasada sesión estuvieron presentes el ministro de Minería, Baldo
Prokurica; el vicepresidente de Corfo, Pablo Terrazas; y los abogados de
Derecho Constitucional, Jorge Correa Sutil y Arturo Fermandois, los que en
general consideraron negativa la propuesta.

En la comisión se habló respecto del punto político al que podría aludir el
proyecto tras lo ocurrido con Corfo y SQM y los cuestionamientos por el financiamiento
irregular de campañas políticas.

Frente a esto el diputado Tomas Hirsch (PH) señaló que el único castigo lo ha
recibido el pueblo chileno, una vez que le fue expropiado el litio.

“Ya sabemos el escándalo que ha significado Soquimich a través de la historia.
El señor Ponce Lerou se autoregaló una empresa que le pertenecía a todos los
chilenos. Luego, vinieron escándalos como el ‘caso cascadas’ y ni hablar de
todo lo que significó el financiamiento irregular a la política”,
puntualizó.

En ese sentido, subrayó que el litio es estratégico y que corresponde que
vuelva a manos del Estado donde estuvo alguna vez.

“El litio pertenece al Estado y de algún modo está entregado en arriendo, pero
eso significa un beneficio gigantesco. No por nada SQM es una de las empresas
más grandes del mundo en el área de minería”, sentenció.

Ante este escenario, el parlamentario cree que se está buscando un cierto
resquicio, desde el punto de vista constitucional, ya que se puede argumentar a
favor o en contra desde ese ámbito. Sin embargó, consideró que es un hecho de
fondo que todos los países están buscando tener control sobre el mineral
estratégico y Chile hoy no lo tiene.

Visión oficialista

Por el contrario, el diputado Francisco Eguiguren
(RN) valoró la presentación de los invitados porque habrán dejado claro que se
trata de un proyecto inconstitucional.

“Este proyecto no va a lograr ningún objetivo porque lo que se pretende ya está
contemplado desde el año 79, cuando se le declaró reservado al Estado, por lo
que cualquier iniciativa es vana”, remarcó.

Planteó que la ley orgánica constitucional que lo declara de reserva nacional
es mucho más amplia y mucho más importante que la de interés nacional. Por lo
tanto, si se quiere salvaguardar el litio eso ya está logrado.

“Ahora, si se quiere expropiar el litio, digámoslo con todas sus letras; que se
quieren expropiar empresas del Estado, pero el perjuicio que vamos a tener desde
el punto de vista económico para el país es enorme”, planteó, agregando luego
que “los inversionistas no se van a fijar en Chile; van a arrancar de
Chile, porque nadie quiere invertir en un lugar donde después les van a
expropiar la propiedad”.

En cuanto al mandato del grupo legislativo, este es amplio, según se informó en
la sesión, por lo tanto, los parlamentarios pueden examinar la iniciativa, ver
su constitucionalidad e introducir indicaciones.

Incluso se evalúa ampliar el plazo destinado a su análisis con el fin de
conocer en detalle distintas visiones con respecto a la iniciativa que busca
declarar el litio de interés nacional.

Publicado el
14 de agosto del 2019

La resolución plantea la necesidad de procurar los cuidados, afectos y protección que requieren las personas de la tercera y cuarta edad, ya sea en forma temporal o cuando exista alguna medida judicial que haya ordenado la separación del medio familiar directo.

Por 101
votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó pedir al
Ejecutivo que los ministros de Desarrollo Social y Secretario General de la
Presidencia, coordinen y realicen los estudios para crear un programa nacional de familias de acogida para el adulto mayor.

Los diputados RN Catalina Del
Real, Sofía Cid, Jorge Rathgeb, Hugo Rey, José Miguel
Castro y Cristóbal
Urruticoechea; DC Jorge Sabag; y
PC Daniel Núñez plantean que el programa debe ser subsidiado por el Estado y coordinado
por el Senama.

La resolución 477 añade que el propósito es procurar -mediante una familia
alternativa- los cuidados, afectos y protección que requieren las personas de
la tercera y cuarta edad, ya sea en forma temporal o cuando exista alguna
medida judicial que haya ordenado la separación circunstancial, transitoria o
permanente del medio familiar directo.

Los datos aportados indican que, por
cada niño o niña, hay 10 ancianos abandonados; 330 mil adultos mayores viviendo
solos; y uno de cada tres sufre algún tipo de maltrato.

Publicado el
09 de agosto del 2019

Publicado el 26 de julio del 2Entre las iniciativas se abordan materias relativas a licencias médicas, comercio por plataformas digitales, deporte, trata de personas, ocupación ilegal, reciclaje, copropiedad inmobiliaria y educación.

Un total de 22 nuevas propuestas legislativas fueron ingresadas a trámite legislativo a la Cámara de Diputados y dadas a conocer en las cuentas de la Sala de las sesiones de la cuarta semana de julio.

Las propuestas son las siguientes:

1. Para modificar la Ley 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, para determinar el plazo máximo para su pago (boletín 12781). De los/as PR Fernando Meza; DC Gabriel Ascencio y Víctor Torres; independiente Pepe Auth; PPD Loreto Carvajal y Ricardo Celis; RN Gonzalo Fuenzalida; PL Vlado Mirosevic; PS Marcelo Schilling; y PC Camila Vallejo.

2. Para exigir del comercio minorista que se desarrolla a través de plataformas digitales, proveer al público información, transparente y de libre acceso, sobre los precios de los productos que comercializa (boletín 12782). De los/a PR Fernando Meza y Marcela Hernando; DC Gabriel Ascencio; independiente Pepe Auth; UDI Jaime Bellolio; PPD Tucapel Jiménez; PL Alejandro Bernales y Vlado Mirosevic; y PS Leonardo Soto.

3. Para exigir que en el Registro de Vehículos Motorizados se consigne el número de siniestros que cada vehículo haya sufrido (boletín 12783). De los UDI Javier Hernández, Jorge Alessandri, Nino Baltolu, Sergio Bobadilla, Juan Antonio Coloma, Sergio Gahona, Joaquín Lavín, Javier Macaya, Nicolás Noman e Iván Norambuena.

4. Para disponer la realización de partidos preliminares de las categorías de fútbol femenino y juvenil, con ocasión de los partidos oficiales de la primera división A, del fútbol profesional chileno (boletín 12784). De las/os independientes Marisela Santibáñez y Érika Olivera; RD Natalia Castillo; PPD Cristina Girardi; PC Daniel Núñez y Camila Vallejo; PH Florcita Alarcón; RN Gonzalo Fuenzalida; FRVS Jaime Mulet; y REP Ignacio Urrutia.

5. Para modificar el Código Penal, para aumentar las penas asignadas a los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas (boletín 12785). De los UDI Renzo Trisotti, Sandra Amar, Jorge Alessandri, Nino Baltolu, Álvaro Carter, Sergio Gahona, Iván Norambuena, Gustavo Sanhueza y Osvaldo Urrutia, más el RN Gonzalo Fuenzalida.

6. Para modificar la Ley 20.380, sobre Protección de los animales, para regular las carreras de perros (12786). De los independientes Pablo Prieto; UDI Pedro Pablo Alvarez-Salamanca; PPD Ricardo Celis; PS Fidel Espinoza; DC Pablo Lorenzini y Jorge Sabag; PR Fernando Meza y José Pérez; Evópoli Andrés Molina; y RN Diego Paulsen.

7. Para modificar el Código Penal, para aumentar las penas asignadas al hurto falta y adecuar su tipificación (boletín 12787). De los/as UDI Cristhian Moreira, Sandra Amar, Jorge Alessandri, Sergio Bobadilla, Álvaro Carter, Patricio Melero y Virginia Troncoso; DC Miguel Ángel Calisto y Daniel Verdessi; y RN Gonzalo Fuenzalida.

8. Para modificar el Código Penal para sancionar con penas privativas de libertad el delito de ocupación ilegal o usurpación de inmuebles, en determinados casos (boletín 12788). De los RN Diego Paulsen, Gonzalo Fuenzalida, René Manuel García, Harry Jürgensen, Carlos Kuschel, Miguel Mellado y Jorge Rathgeb; independientes Pablo Prieto y René Saffirio; y DC Matías Walker.

9. Para modificar el Código Penal para establecer una nueva hipótesis y un nuevo plazo de flagrancia para el delito de ocupación ilegal de inmuebles (boletín 12789). De los RN Diego Paulsen, Gonzalo Fuenzalida, René Manuel García, Harry Jürgensen, Carlos Kuschel, Miguel Mellado y Jorge Rathgeb; independientes Pablo Prieto y René Saffirio; y DC Matías Walker.

10. Para obligar a los establecimientos comerciales a implementar embalajes reciclables para el transporte de los productos, sin costo para el cliente final (boletín 12790). De los PR José Pérez, Carlos Abel Jarpa y Marcela Hernando; RN Mario Desbordes, Andrés Longton y Diego Paulsen; DC José Miguel Ortiz, Jorge Sabag y Víctor Torres; e independiente Pablo Prieto.

11. Para modificar el Reglamento de la Cámara de Diputados, para sancionar la interposición de denuncias o recursos temerarios ante la Comisión de Ética y Transparencia (boletín 12791). Del independiente Renato Garín.

12. Para generar mayor transparencia y participación de los coproprietarios en la administración de condominios y promover una mayor equidad de género en la composición de sus órganos internos (boletín 12792). De los independientes Renato Garín y Gonzalo Winter; y PH Florcita Alarcón.

13. Para exigir que en la publicidad de las operaciones de crédito de dinero se incluyan consejos para educar sobre el endeudamiento responsable (boletín 12793). De los/a independiente Renato Garín; PH Florcita Alarcón; PEV Félix González; RN Harry Jürgensen; UDI Joaquín Lavín; PR Alexis Sepúlveda; y RN Ximena Ossandón.

14. Para modificar la Ley 20.216, que Establece normas en beneficio del circo chileno, para prohibir la utilización de animales en espectáculos circenses De los independientes Renato Garín y René Alinco; PH Florcita Alarcón; y PPD Andrea Parra.

15. Para impedir la integración vertical entre prestadores de salud e isapres, y entre laboratorios y farmacias, así como el control societario conjunto de unos y otros, por un mismo controlador (boletín 12798). De los/as RD Miguel Crispi; PS Juan Luis Castro; PPD Ricardo Celis; RN Jorge Durán y Ximena Ossandón; independientes Diego Ibáñez y Patricio Rosas; PC Amaro Labra; DC Daniel Verdessi; y Comunes Claudia Mix.

16. Para dictar normas sobre prevención, fiscalización y sanción de la contaminación por malos olores y modifica la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente al respecto (boletín 12799). De las/os DC Joanna Pérez, Miguel Ángel Calisto, Jorge Sabag y Daniel Verdessi; PS Daniella Cicardini; RD Catalina Pérez; RN José Miguel Castro; independiente Renato Garín; Evópoli Andrés Molina; y UDI Celso Morales.

17. Para disponer el cobro de arancel proporcional y prohibir la denegación de títulos y grados académicos en razón de deudas impagas de los estudiantes, en determinados casos (boletín 12801). De las/os RN Paulina Núñez, Luis Pardo, Frank Sauerbaum y Diego Schalper; PPD Cristina Girardi; Comunes Camila Rojas; PC Camila Vallejo; UDI Jaime Bellolio; RD Giorgio Jackson; y DC Mario Venegas.

18. Para instituir el 1 de agosto de cada año como el Día Nacional de la Gratitud (boletín 12802). De los RN Diego Schalper y Evópoli Luciano Cruz-Coke.

19. Para modificar el Código Orgánico de Tribunales para ofrecer una nueva opción de práctica profesional a los postulantes al título profesional de abogado (boletín 12803). Del independiente Renato Garín.

20. Para modificar la ley General de Bancos en materia de plazos para el pago y la oposición del deudor y de remate o adjudicación de inmuebles, en juicio hipotecario (boletín 12804). Del independiente Renato Garín.

21. Para modificar la Carta Fundamental para incluir el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, entre aquellos amparados por la acción constitucional de protección (boletín 12805). De la/os RN Francesca Muñoz, Mario Desbordes y Eduardo Durán; DC Miguel Ángel Calisto e Iván Flores; y UDI Juan Antonio Coloma.

22. Para modificar el Código Sanitario para posibilitar la fijación de precios de referencia de los productos farmacéuticos, alimenticios, cosméticos, entre otros, así como determinados elementos de uso médico (boletín 12800). De los/a PS Marcelo Díaz y Maya Fernández; RD Miguel Crispi; e independiente Patricio Rosas.

Publicado el
26 de julio del 2019

La sesión especial, que tomó como particular objeto del debate los problemas ocurridos en la planta de tratamiento de agua potable de ESSAL S.A., contó con la participación de los ministros de Economía, de Salud y de Obras Públicas. En la oportunidad se aprobaron siete resoluciones que, entre otros puntos, piden se termine con la concesión a la empresa e indemnice a la ciudadanía.

Analizar el funcionamiento
en el país de las empresas concesionarias de servicio público sanitario, en
especial el de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos ESSAL S.A. y los
problemas ocurridos en su planta de tratamiento de agua potable, que han
ocasionado una emergencia sanitaria y ambiental en la comuna de Osorno, fue el
objeto de la sesión especial celebrada esta tarde en la Cámara de Diputados.

El debate, iniciado a las 17:00 horas, fue abierto por los cuatro
representantes de la zona afectada, los diputados Javier
Hernández (UDI), Emilia Nuyado
(PS), Harry Jürgensen (RN) y Fidel Espinoza (PS).

Javier Hernández sostuvo que, durante
diez, los 180 mil habitantes de Osorno fueron víctimas de la mentira y
humillación por parte de una empresa sin escrúpulos, que optó por la ganancia
en vez de la responsabilidad social. “ESSAL se comportó como predador de
la codicia; …no les importó la salud de los habitantes sino solo ocultar su
negligencia, a esta altura descarada”

Pidió, en representación de los chilenos afectados, que ESSAL se vaya de Osorno
y que el Ejecutivo promueva una ley de Osorno, para resarcir el perjuicio
económico y moral provocado.

Emilia Nuyado lamentó que el intendente
no haya tenido un diagnóstico claro en Osorno y que el Gobierno no haya
declarado en la oportunidad “zona de catástrofe”. Criticó que no se
escuchara la vos de la ciudadanía y que se evitara con ello mayores complicaciones
como las que después se vivieron y que afectaron principalmente a las personas
más humildes que no tenían para comprar agua embotellada o a los adultos
mayores que no se podían trasladar con facilidad a los centros de distribución.

Criticó que no se contara con planes de contingencia y que la empresa no
tuviera capacidad de responder en la contingencia. En dicho plano, coincidió en
que se debe caducar la concesión de la empresa, discutir la nacionalización del
agua y revisar la situación de todas las sanitarias de Chile, para evitar lo
ocurrido en Osorno en otra comuna.

Harry
Jürgensen sostuvo que es impresentable la situación de precariedad con la que
operaba la empresa, sin generador de respaldo y con maniobras para evitar pagar
la tarifa eléctrica de invierno, que finalmente propiciaron el derrame de
petróleo. “Era una bomba de tiempo que, tarde o temprano, iba a
estallar”, remarcó, criticando que ello sucediera a la vista de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios y otras instituciones del país que
deberían haber fiscalizado estas situaciones.

Estimó que la decisión del Gobierno fue clara y fuerte, presionando a ESSAL a
realizar las acciones correspondientes con la mayor premura posible, pese a las
mentiras y dilaciones promovidas por la empresa. Además, pidió que se le
apliquen las mayores sanciones posibles a la sanitaria, incluyendo la caducidad
de la concesión, y que el Estado tenga protocolos que pueda activar frente a
este típo de situaciones.

En tanto, Fidel Espinoza criticó que la
demora que se tomó en abordar la crisis en Osorno no habría pasado en la
capital y llamó a que se entreguen respuestas y soluciones a lo que calificó
como una de las peores crisis de la zona. Asimismo, criticó que, al día de hoy,
el único inculpado sea un trabajador que laboraba en una precaria situación y
que no se le asignen las responsabilidades que corresponden a los directivos de
ESSAL que quisieron economizar plata a costo de los usuarios.

Dijo que acá se deben aplicar sanciones severas y ejemplificadoras para una
empresa que opera con sistemas obsoletos, pero que obtiene ganancias
millonarias. Planteó que, si no es posible la caducidad, que al menos se
apliquen millonarias indemnizaciones para levantar un plan Osorno, que le
permita recuperarse.

En el debate también participaron los/as diputados/as Jaime Mulet (FRVS), Renato
Garín (IND), Gabriel Ascencio
(DC), Carlos Kuschel (RN), Andrés Molina (Evópoli), Alejandro Bernales (PL), José Pérez (PR), Amaro
Labra (PC), Catalina Pérez
(RD), Ricardo Celis (PPD), Leonidas Romero (RN), Nicolás
Noman (UDI), Diego Ibáñez y Alejandro Santana (RN).

Resoluciones

En la oportunidad se aprobaron sietes resoluciones dirigidas al Presidente de
la República:

-674: que solicita aplicar la normativa legal y caducar la concesión sanitaria
a ESSAL.

-675: que pide el despliegue de acciones con el objeto de proteger y compensar
la situación que afecta a la comunidad de Osorno, luego del corte del servicio
de agua potable imputable a la empresa concesionaria de este servicio.

-676: que establezca a la brevedad máxima una mesa público privada con pequeños
y medianos emprendedores y trabajadores independientes afectados por el
desabastecimiento de agua potable en Osorno, para asegurar una pronta
indemnización de los perjuicios sufridos y también para reactivar sus
emprendimientos, profesiones y oficios.

-677: caducar la concesión a ESSAL y enviar a la brevedad proyectos para de ley
para fortalecer las facultades de fiscalización de la Superintendencia.

-678: que manifiesta la preocupación por la emergencia sanitaria que afecta a
los habitantes de Osorno y solicita el término definitivo de la concesión de la
empresa y la indemnización de las familias afectadas.

-679: que se envíe un proyecto de ley que garantice la continuidad del servicio
de abastecimiento de agua potable.

-680: que impulse las modificaciones legales para facultar a la
Superintendencia o a la autoridad pertinente, la facultad de nombrar un
administrador adjunto en las empresas sanitarias en las situaciones que se vea
gravemente afectado el servicio sanitario para los usuarios.

Ejecutivo

A la sesión concurrieron los ministros de Economía, de Obras Públicas y de
Salud, Juan Andrés Fontaine, Alfredo Moreno y Jaime Mañalich, respectivamente.
Además, participaron el superintendente de Servicios Sanitarios (S), Jorge
Rivas; y el director nacional del Sernac, Lucas Del Villar.

El ministro Jaime Mañalich llamó a no minimizar lo que significa una alerta
sanitaria y todas las acciones que pueden ser emprendidas en dicho contexto y
que, finalmente, evitaron que se produjera un brote de enfermedad infecciosa en
la zona. Sostuvo que un calificación de estado de excepción no habría ayudado
en materia de Salud, ya que está dirigida a otros fines, y afirmó que se
cumplió con la misión.

Juan Andrés Fontaine informó que se iniciará por parte del Sernac un proceso
voluntario colectivo que partirá con la recepción de antecedentes de daños por
parte de los afectados y su estimación, para continuar con la fijación de las
compensaciones. Acotó que este proceso será llevado tanto para persona
naturales como para las micro y pequeñas empresas y anunció que mañana será la
primera reunión con representantes de la empresa. De no haber acuerdo,
especificó, se continuará con un proceso ante la justicia.

Finalmente, el ministro Moreno calificó el evento ocurrido en Osorno como una
enorme crisis y negligente y dijo compartir a nombre del Gobierno la
indignación de los habitantes y la preocupación que expresaron los diputados.

Resaltó que, ante el hecho, ministros y subsecretario, así como el
superintendente de servicios sanitarios acudieron al lugar y estuvieron todo el
tiempo necesario para superar la emergencia, al igual que el intendente y los
seremis, que celebraron dos comités de emergencia al día.

Junto con comunicar diversas acciones de apoyo a la ciudadanía, dijo que se
inició un proceso de fiscalización a la empresa cuya planta fue completamente
contaminada, así como también a todas plantas existentes en el país, de modo de
evitar situaciones similares.

Remarcó que se aplicarán las sanciones más severas que establece la ley, dada
la gravedad de los hechos. En este plano recordó que la ley establece un máximo
de 600 millones de pesos, pero no solo por el corte de abastecimiento, sino por
cada infracción cometida, por lo cual se está evaluando cuántas y cuáles son
estas y su nivel de gravedad, para establecer la sanción que merecen.

Finalmente, entre otros puntos, anunció que, si bien ya existe en trámite una
reforma de los servicios sanitarios, se ingresará un proyecto nuevo sobre la
materia que contemplará la aplicación de mayores sanciones, que entregará más
atribuciones y recursos a la Superintendencia y que buscará evitar la
vulnerabilidad del sistema.

Publicado el
24 de julio del 2019