Publicado el 26 de julio del 2Entre las iniciativas se abordan materias relativas a licencias médicas, comercio por plataformas digitales, deporte, trata de personas, ocupación ilegal, reciclaje, copropiedad inmobiliaria y educación.

Un total de 22 nuevas propuestas legislativas fueron ingresadas a trámite legislativo a la Cámara de Diputados y dadas a conocer en las cuentas de la Sala de las sesiones de la cuarta semana de julio.

Las propuestas son las siguientes:

1. Para modificar la Ley 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, para determinar el plazo máximo para su pago (boletín 12781). De los/as PR Fernando Meza; DC Gabriel Ascencio y Víctor Torres; independiente Pepe Auth; PPD Loreto Carvajal y Ricardo Celis; RN Gonzalo Fuenzalida; PL Vlado Mirosevic; PS Marcelo Schilling; y PC Camila Vallejo.

2. Para exigir del comercio minorista que se desarrolla a través de plataformas digitales, proveer al público información, transparente y de libre acceso, sobre los precios de los productos que comercializa (boletín 12782). De los/a PR Fernando Meza y Marcela Hernando; DC Gabriel Ascencio; independiente Pepe Auth; UDI Jaime Bellolio; PPD Tucapel Jiménez; PL Alejandro Bernales y Vlado Mirosevic; y PS Leonardo Soto.

3. Para exigir que en el Registro de Vehículos Motorizados se consigne el número de siniestros que cada vehículo haya sufrido (boletín 12783). De los UDI Javier Hernández, Jorge Alessandri, Nino Baltolu, Sergio Bobadilla, Juan Antonio Coloma, Sergio Gahona, Joaquín Lavín, Javier Macaya, Nicolás Noman e Iván Norambuena.

4. Para disponer la realización de partidos preliminares de las categorías de fútbol femenino y juvenil, con ocasión de los partidos oficiales de la primera división A, del fútbol profesional chileno (boletín 12784). De las/os independientes Marisela Santibáñez y Érika Olivera; RD Natalia Castillo; PPD Cristina Girardi; PC Daniel Núñez y Camila Vallejo; PH Florcita Alarcón; RN Gonzalo Fuenzalida; FRVS Jaime Mulet; y REP Ignacio Urrutia.

5. Para modificar el Código Penal, para aumentar las penas asignadas a los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas (boletín 12785). De los UDI Renzo Trisotti, Sandra Amar, Jorge Alessandri, Nino Baltolu, Álvaro Carter, Sergio Gahona, Iván Norambuena, Gustavo Sanhueza y Osvaldo Urrutia, más el RN Gonzalo Fuenzalida.

6. Para modificar la Ley 20.380, sobre Protección de los animales, para regular las carreras de perros (12786). De los independientes Pablo Prieto; UDI Pedro Pablo Alvarez-Salamanca; PPD Ricardo Celis; PS Fidel Espinoza; DC Pablo Lorenzini y Jorge Sabag; PR Fernando Meza y José Pérez; Evópoli Andrés Molina; y RN Diego Paulsen.

7. Para modificar el Código Penal, para aumentar las penas asignadas al hurto falta y adecuar su tipificación (boletín 12787). De los/as UDI Cristhian Moreira, Sandra Amar, Jorge Alessandri, Sergio Bobadilla, Álvaro Carter, Patricio Melero y Virginia Troncoso; DC Miguel Ángel Calisto y Daniel Verdessi; y RN Gonzalo Fuenzalida.

8. Para modificar el Código Penal para sancionar con penas privativas de libertad el delito de ocupación ilegal o usurpación de inmuebles, en determinados casos (boletín 12788). De los RN Diego Paulsen, Gonzalo Fuenzalida, René Manuel García, Harry Jürgensen, Carlos Kuschel, Miguel Mellado y Jorge Rathgeb; independientes Pablo Prieto y René Saffirio; y DC Matías Walker.

9. Para modificar el Código Penal para establecer una nueva hipótesis y un nuevo plazo de flagrancia para el delito de ocupación ilegal de inmuebles (boletín 12789). De los RN Diego Paulsen, Gonzalo Fuenzalida, René Manuel García, Harry Jürgensen, Carlos Kuschel, Miguel Mellado y Jorge Rathgeb; independientes Pablo Prieto y René Saffirio; y DC Matías Walker.

10. Para obligar a los establecimientos comerciales a implementar embalajes reciclables para el transporte de los productos, sin costo para el cliente final (boletín 12790). De los PR José Pérez, Carlos Abel Jarpa y Marcela Hernando; RN Mario Desbordes, Andrés Longton y Diego Paulsen; DC José Miguel Ortiz, Jorge Sabag y Víctor Torres; e independiente Pablo Prieto.

11. Para modificar el Reglamento de la Cámara de Diputados, para sancionar la interposición de denuncias o recursos temerarios ante la Comisión de Ética y Transparencia (boletín 12791). Del independiente Renato Garín.

12. Para generar mayor transparencia y participación de los coproprietarios en la administración de condominios y promover una mayor equidad de género en la composición de sus órganos internos (boletín 12792). De los independientes Renato Garín y Gonzalo Winter; y PH Florcita Alarcón.

13. Para exigir que en la publicidad de las operaciones de crédito de dinero se incluyan consejos para educar sobre el endeudamiento responsable (boletín 12793). De los/a independiente Renato Garín; PH Florcita Alarcón; PEV Félix González; RN Harry Jürgensen; UDI Joaquín Lavín; PR Alexis Sepúlveda; y RN Ximena Ossandón.

14. Para modificar la Ley 20.216, que Establece normas en beneficio del circo chileno, para prohibir la utilización de animales en espectáculos circenses De los independientes Renato Garín y René Alinco; PH Florcita Alarcón; y PPD Andrea Parra.

15. Para impedir la integración vertical entre prestadores de salud e isapres, y entre laboratorios y farmacias, así como el control societario conjunto de unos y otros, por un mismo controlador (boletín 12798). De los/as RD Miguel Crispi; PS Juan Luis Castro; PPD Ricardo Celis; RN Jorge Durán y Ximena Ossandón; independientes Diego Ibáñez y Patricio Rosas; PC Amaro Labra; DC Daniel Verdessi; y Comunes Claudia Mix.

16. Para dictar normas sobre prevención, fiscalización y sanción de la contaminación por malos olores y modifica la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente al respecto (boletín 12799). De las/os DC Joanna Pérez, Miguel Ángel Calisto, Jorge Sabag y Daniel Verdessi; PS Daniella Cicardini; RD Catalina Pérez; RN José Miguel Castro; independiente Renato Garín; Evópoli Andrés Molina; y UDI Celso Morales.

17. Para disponer el cobro de arancel proporcional y prohibir la denegación de títulos y grados académicos en razón de deudas impagas de los estudiantes, en determinados casos (boletín 12801). De las/os RN Paulina Núñez, Luis Pardo, Frank Sauerbaum y Diego Schalper; PPD Cristina Girardi; Comunes Camila Rojas; PC Camila Vallejo; UDI Jaime Bellolio; RD Giorgio Jackson; y DC Mario Venegas.

18. Para instituir el 1 de agosto de cada año como el Día Nacional de la Gratitud (boletín 12802). De los RN Diego Schalper y Evópoli Luciano Cruz-Coke.

19. Para modificar el Código Orgánico de Tribunales para ofrecer una nueva opción de práctica profesional a los postulantes al título profesional de abogado (boletín 12803). Del independiente Renato Garín.

20. Para modificar la ley General de Bancos en materia de plazos para el pago y la oposición del deudor y de remate o adjudicación de inmuebles, en juicio hipotecario (boletín 12804). Del independiente Renato Garín.

21. Para modificar la Carta Fundamental para incluir el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, entre aquellos amparados por la acción constitucional de protección (boletín 12805). De la/os RN Francesca Muñoz, Mario Desbordes y Eduardo Durán; DC Miguel Ángel Calisto e Iván Flores; y UDI Juan Antonio Coloma.

22. Para modificar el Código Sanitario para posibilitar la fijación de precios de referencia de los productos farmacéuticos, alimenticios, cosméticos, entre otros, así como determinados elementos de uso médico (boletín 12800). De los/a PS Marcelo Díaz y Maya Fernández; RD Miguel Crispi; e independiente Patricio Rosas.

Publicado el
26 de julio del 2019

La sesión especial, que tomó como particular objeto del debate los problemas ocurridos en la planta de tratamiento de agua potable de ESSAL S.A., contó con la participación de los ministros de Economía, de Salud y de Obras Públicas. En la oportunidad se aprobaron siete resoluciones que, entre otros puntos, piden se termine con la concesión a la empresa e indemnice a la ciudadanía.

Analizar el funcionamiento
en el país de las empresas concesionarias de servicio público sanitario, en
especial el de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos ESSAL S.A. y los
problemas ocurridos en su planta de tratamiento de agua potable, que han
ocasionado una emergencia sanitaria y ambiental en la comuna de Osorno, fue el
objeto de la sesión especial celebrada esta tarde en la Cámara de Diputados.

El debate, iniciado a las 17:00 horas, fue abierto por los cuatro
representantes de la zona afectada, los diputados Javier
Hernández (UDI), Emilia Nuyado
(PS), Harry Jürgensen (RN) y Fidel Espinoza (PS).

Javier Hernández sostuvo que, durante
diez, los 180 mil habitantes de Osorno fueron víctimas de la mentira y
humillación por parte de una empresa sin escrúpulos, que optó por la ganancia
en vez de la responsabilidad social. “ESSAL se comportó como predador de
la codicia; …no les importó la salud de los habitantes sino solo ocultar su
negligencia, a esta altura descarada”

Pidió, en representación de los chilenos afectados, que ESSAL se vaya de Osorno
y que el Ejecutivo promueva una ley de Osorno, para resarcir el perjuicio
económico y moral provocado.

Emilia Nuyado lamentó que el intendente
no haya tenido un diagnóstico claro en Osorno y que el Gobierno no haya
declarado en la oportunidad “zona de catástrofe”. Criticó que no se
escuchara la vos de la ciudadanía y que se evitara con ello mayores complicaciones
como las que después se vivieron y que afectaron principalmente a las personas
más humildes que no tenían para comprar agua embotellada o a los adultos
mayores que no se podían trasladar con facilidad a los centros de distribución.

Criticó que no se contara con planes de contingencia y que la empresa no
tuviera capacidad de responder en la contingencia. En dicho plano, coincidió en
que se debe caducar la concesión de la empresa, discutir la nacionalización del
agua y revisar la situación de todas las sanitarias de Chile, para evitar lo
ocurrido en Osorno en otra comuna.

Harry
Jürgensen sostuvo que es impresentable la situación de precariedad con la que
operaba la empresa, sin generador de respaldo y con maniobras para evitar pagar
la tarifa eléctrica de invierno, que finalmente propiciaron el derrame de
petróleo. “Era una bomba de tiempo que, tarde o temprano, iba a
estallar”, remarcó, criticando que ello sucediera a la vista de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios y otras instituciones del país que
deberían haber fiscalizado estas situaciones.

Estimó que la decisión del Gobierno fue clara y fuerte, presionando a ESSAL a
realizar las acciones correspondientes con la mayor premura posible, pese a las
mentiras y dilaciones promovidas por la empresa. Además, pidió que se le
apliquen las mayores sanciones posibles a la sanitaria, incluyendo la caducidad
de la concesión, y que el Estado tenga protocolos que pueda activar frente a
este típo de situaciones.

En tanto, Fidel Espinoza criticó que la
demora que se tomó en abordar la crisis en Osorno no habría pasado en la
capital y llamó a que se entreguen respuestas y soluciones a lo que calificó
como una de las peores crisis de la zona. Asimismo, criticó que, al día de hoy,
el único inculpado sea un trabajador que laboraba en una precaria situación y
que no se le asignen las responsabilidades que corresponden a los directivos de
ESSAL que quisieron economizar plata a costo de los usuarios.

Dijo que acá se deben aplicar sanciones severas y ejemplificadoras para una
empresa que opera con sistemas obsoletos, pero que obtiene ganancias
millonarias. Planteó que, si no es posible la caducidad, que al menos se
apliquen millonarias indemnizaciones para levantar un plan Osorno, que le
permita recuperarse.

En el debate también participaron los/as diputados/as Jaime Mulet (FRVS), Renato
Garín (IND), Gabriel Ascencio
(DC), Carlos Kuschel (RN), Andrés Molina (Evópoli), Alejandro Bernales (PL), José Pérez (PR), Amaro
Labra (PC), Catalina Pérez
(RD), Ricardo Celis (PPD), Leonidas Romero (RN), Nicolás
Noman (UDI), Diego Ibáñez y Alejandro Santana (RN).

Resoluciones

En la oportunidad se aprobaron sietes resoluciones dirigidas al Presidente de
la República:

-674: que solicita aplicar la normativa legal y caducar la concesión sanitaria
a ESSAL.

-675: que pide el despliegue de acciones con el objeto de proteger y compensar
la situación que afecta a la comunidad de Osorno, luego del corte del servicio
de agua potable imputable a la empresa concesionaria de este servicio.

-676: que establezca a la brevedad máxima una mesa público privada con pequeños
y medianos emprendedores y trabajadores independientes afectados por el
desabastecimiento de agua potable en Osorno, para asegurar una pronta
indemnización de los perjuicios sufridos y también para reactivar sus
emprendimientos, profesiones y oficios.

-677: caducar la concesión a ESSAL y enviar a la brevedad proyectos para de ley
para fortalecer las facultades de fiscalización de la Superintendencia.

-678: que manifiesta la preocupación por la emergencia sanitaria que afecta a
los habitantes de Osorno y solicita el término definitivo de la concesión de la
empresa y la indemnización de las familias afectadas.

-679: que se envíe un proyecto de ley que garantice la continuidad del servicio
de abastecimiento de agua potable.

-680: que impulse las modificaciones legales para facultar a la
Superintendencia o a la autoridad pertinente, la facultad de nombrar un
administrador adjunto en las empresas sanitarias en las situaciones que se vea
gravemente afectado el servicio sanitario para los usuarios.

Ejecutivo

A la sesión concurrieron los ministros de Economía, de Obras Públicas y de
Salud, Juan Andrés Fontaine, Alfredo Moreno y Jaime Mañalich, respectivamente.
Además, participaron el superintendente de Servicios Sanitarios (S), Jorge
Rivas; y el director nacional del Sernac, Lucas Del Villar.

El ministro Jaime Mañalich llamó a no minimizar lo que significa una alerta
sanitaria y todas las acciones que pueden ser emprendidas en dicho contexto y
que, finalmente, evitaron que se produjera un brote de enfermedad infecciosa en
la zona. Sostuvo que un calificación de estado de excepción no habría ayudado
en materia de Salud, ya que está dirigida a otros fines, y afirmó que se
cumplió con la misión.

Juan Andrés Fontaine informó que se iniciará por parte del Sernac un proceso
voluntario colectivo que partirá con la recepción de antecedentes de daños por
parte de los afectados y su estimación, para continuar con la fijación de las
compensaciones. Acotó que este proceso será llevado tanto para persona
naturales como para las micro y pequeñas empresas y anunció que mañana será la
primera reunión con representantes de la empresa. De no haber acuerdo,
especificó, se continuará con un proceso ante la justicia.

Finalmente, el ministro Moreno calificó el evento ocurrido en Osorno como una
enorme crisis y negligente y dijo compartir a nombre del Gobierno la
indignación de los habitantes y la preocupación que expresaron los diputados.

Resaltó que, ante el hecho, ministros y subsecretario, así como el
superintendente de servicios sanitarios acudieron al lugar y estuvieron todo el
tiempo necesario para superar la emergencia, al igual que el intendente y los
seremis, que celebraron dos comités de emergencia al día.

Junto con comunicar diversas acciones de apoyo a la ciudadanía, dijo que se
inició un proceso de fiscalización a la empresa cuya planta fue completamente
contaminada, así como también a todas plantas existentes en el país, de modo de
evitar situaciones similares.

Remarcó que se aplicarán las sanciones más severas que establece la ley, dada
la gravedad de los hechos. En este plano recordó que la ley establece un máximo
de 600 millones de pesos, pero no solo por el corte de abastecimiento, sino por
cada infracción cometida, por lo cual se está evaluando cuántas y cuáles son
estas y su nivel de gravedad, para establecer la sanción que merecen.

Finalmente, entre otros puntos, anunció que, si bien ya existe en trámite una
reforma de los servicios sanitarios, se ingresará un proyecto nuevo sobre la
materia que contemplará la aplicación de mayores sanciones, que entregará más
atribuciones y recursos a la Superintendencia y que buscará evitar la
vulnerabilidad del sistema.

Publicado el
24 de julio del 2019

En la sala de sesiones del Senado, en el edificio del Congreso en Santiago, están siendo velados los restos del periodista Fidel Oyarzo Salgado (57), quien se desempeñara en Televisión Nacional de Chile, en la cobertura de noticias en el parlamento.

El profesional,
rostro emblemático de la televisora estatal desde el restablecimiento de la
democracia en 1990, falleció este domingo a consecuencia de un cáncer que lo
mantenía internado de gravedad en la Clínica Indisa.

Durante la jornada, una gran cantidad de autoridades, encabezadas por el
Presidente de la República, Sebastián Piñera, personeros del quehacer político
y público en general, ha llegado hasta la sede de Santiago del Congreso para
despedir sus restos, los cuales serán finalmente sepultados en la ciudad de
Osorno.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Iván
Flores (DC), lamentó la partida de Fidel Oyarzo. “Lo que yo
creo que nos va a acompañar por mucho tiempo es la figura de Fidel y lo que él
construyó en la Cámara y en el Congreso Nacional en general, porque esas son
las cosas que al final mantienen a una persona, lo buenos recuerdos”.

Continuó el legislador: “Alguien dijo que nadie verdaderamente muere hasta
que no se le olvida y creo que a Fidel no le se olvidará por varias razones y
la más importante, porque contribuyó a nuestra sociedad nacional, a través de
su trabajo, en distinto medios de comunicación”.

Por su parte, el diputado Patricio Melero
(UDI), recordó su amistad desde inicio de los 90 largos años. “Él debutaba
en el Congreso como periodista de la Radio Cooperativa y yo debutaba en el
Hemiciclo de la Cámara y ahí nos conocimos y ,desde esa época, se fue generando
una relación de respeto recíproca, de amistad; pero nunca de complicidad, en el
sentido de que él evitara preguntarme o interrogarme con toda sagacidad. Yo
siempre agradecí la objetividad que mantuvo en el ejercicio de la profesión”.

En honor al destacado periodista, la sala de la prensa acreditada de la Cámara
de Diputados en Valparaíso pasará a llamarse Sala Fidel Oyarzo, desde el
próximo jueves 25 de julio.

Publicado el
22 de julio del 2019

La Comisión
de Mujeres y Equidad de Género despachó a su par de Gobierno Interior la moción
que establece para las próximas cuatro elecciones una cuota tope de 60% de
candidaturas del mismo género para los cargos de elección de autoridades
comunales y regionales.

Un
importante paso dio el proyecto (boletín
11994) que
establece cuotas de género para las elecciones de los cargos de alcalde,
concejales, gobernadores y el consejo regional. La Comisión de Mujeres y
Equidad de género despachó la moción poniendo un énfasis importante en la
necesidad de otorgar financiamiento a las candidatas y los partidos que las
nominen.

“Creo que es muy necesario establecer en el proyecto de ley los mecanismos de
financiamiento, de igual manera como fueron incorporadas en la actual ley de
elecciones parlamentarias. Es decir, un incentivo económico, ya sea al partido,
pero también un numeral distinto para mujeres candidatas”, planteó la
diputada Loreto
Carvajal (PPD).

La legisladora, una de las autoras de la propuesta, estima que, dicha forma, se
motiva también a que los partidos puedan generar condiciones previas, ya sea de
capacitación y búsqueda de lideresas.

La parlamentaria señaló que, de acuerdo a lo expresado por los ministros
durante el debate en la instancia, es importante darle urgencia a este
proyecto, “para que finalmente tengamos esta ley de cuotas operativa antes de
las próximas elecciones municipales y de gobernadores regionales”.

Para la diputada Sandra
Amar (UDI), no
fue fácil respaldar esta propuesta de sus pares, pues consideraba que era más
relevante ver la capacidad que tiene la mujer más que llegar a un cargo por la
cuota de género. “Pero la experiencia lo ha ido demostrando y me han hecho
cambiar de opinión, pues una forma de poder introducirnos a este mundo político
es poder establecer una ley de cuotas de género”, evaluó.

Desde esta perspectiva, la diputada dijo respaldar la necesidad de entregar un
financiamiento especial a estas modificaciones, que vayan en la línea de los
recursos que se cuentan para las elecciones parlamentarias, sobre todo poniendo
énfasis en las capacitaciones a mujeres que tengan proyección a futuro.

Dentro de las indicaciones aprobadas en el trámite en esta Comisión fue respaldada,
por unanimidad, la propuesta de la diputada Maite
Orsini (RD), que
permite solucionar un conflicto que podría generarse en las elecciones para los
cargos de alcalde y gobernador regional.

En estos casos, la norma establece que solo podrán participar en primarias
hasta un 60% de estas candidaturas, con el fin de asegurar que los cupos que no
se llenen por esta vía permitan expresar la cuota de género establecida por ley
para las elecciones. De esta manera, se asegura que la norma sea efectiva.

Publicado el
19 de julio del 2019

Entre los puntos sancionados destaca la aprobación, con votos del oficialismo, la DC y el PS, del nuevo Consejo de Administración de Seguros Sociales, ente público que administrará el 4% de ahorro previsional y otros seguros sociales que crea el proyecto.

Tras un
largo y accidentado trámite, la Comisión
de Trabajo de la Cámara de Diputados concluyó la votación en
particular del proyecto que busca reformar el sistema previsional y que,
entre sus objetivos, contempla mejorar las pensiones del sistema solidario y de
capitalización individual (boletín
12212).

La propuesta legal, ingresada
a trámite por el Ejecutivo en noviembre de 2018 y ahora enviada a trámite a la Comisión
de Hacienda, tuvo su mayor traspié cuando la
oposición mayoritaria en Trabajo la rechazó en general, el pasado
14 de mayo, obligando a un pronunciamiento de la
Sala que vino a dar su visto favorable el 16 de mayo, luego de tres
sesiones de debate.

Desde ese momento, el citado grupo parlamentario, bajo una nueva presidencia
(la diputada independiente Gael Yeomans
reemplazó al DC Raúl Soto), inició un
intenso análisis del articulado y de las indicaciones presentadas, concluyendo
en el día de hoy, tras más de cinco horas de labor, el despacho del proyecto.

Ente público

Uno de los puntos centrales de la presente discusión giró en torno a la aprobación
del nuevo Consejo de Administración de Seguros Sociales (CAS), por ocho
votos a favor del oficialismo, la DC y el PS; cuatro en contra, de otros
legisladores de la oposición; y una abstención del PPD.

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg,
explicó que este nuevo ente público administrará el 4% de ahorro previsional
adicional y los seguros sociales, como el de acompañamiento o ley Sana, y los
que se crearán para la mujer de clase media, el de longevidad y el de dependencia,
entre otros. Acotó que se tratará de una entidad autónoma, con personalidad
jurídica y financiamiento propio, y que tiene rango constitucional para su
aprobación (4/7).

La Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, señaló que el CAS
será un órgano que podrá subcontratar servicios con otras instituciones, por
ejemplo el IPS, y dictará la política de inversión de la Administración del
Ahorro Previsional (APA).

Explicó que, en los primeros cinco años, el organismo podrá licitar la gestión del
4% a diversos agentes de inversión, como cajas de compensación, cooperativas y
compañías de seguros de vida, entre otros. Luego de ese plazo, la entidad podrá
administrar el 4% de ahorro previsional.

Visión fiscal y parlamentarias

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, agradeció la posibilidad de lograr
acuerdos e informó que se aumentan significativamente los recursos en 100
millones de dólares respecto del proyecto original, para mejorar las
pensiones solidarias desde enero de 2020.

Desde el oficialismo, reconocieron el acuerdo logrado con parte de la
oposición, para avanzar en la mejora de las pensiones solidarias y el
incremento de las pensiones, según destacaron los diputados UDI Patricio Melero y Guillermo
Ramírez y el RN Alejandro Santana.

Los diputados de oposición que respaldaron la creación del Consejo de
Administración de Seguros Solidarios justificaron su votación y anunciaron que
esperan que el Gobierno se allane a subir el porcentaje solidario hoy fijado en
0,2 %.

En tanto, la diputada Gael Yeomans
estimó que, con los votos de oposición que apoyaron las indicaciones del
Ejecutivo, solo se postergó una negociación, ya que el contenido de la
iniciativa no cambió en lo sustancial. Sostuvo que será un aumento de pensiones
“insignificante” y que las AFP seguirán operando detrás del velo de las
compañías de seguro en la administración del 4%.

El proyecto de reforma previsional y que mejora las pensiones seguirá con suma
urgencia para su tramitación (quince días para su discusión), según explicó el
ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel. Expresó que esperan que en agosto el
proyecto pase al Senado, para ser despachado del Congreso en octubre, ello con
el fin de alcanzar a subir las pensiones solidarias en enero de 2020.

Publicado el
18 de julio del 2019

La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) orientó una serie de cursos para este invierno en cinco ciudades del país, con temáticas emergentes como Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Migraciones; y otras que afectan la gestión municipal como es la Jurisprudencia Municipal, las Finanzas Municipales y el Desarrollo Social.

El objetivo
de los cursos es fortalecer las áreas de trabajo en las cuales los ciudadanos
están exigiendo mejores servicios y desarrollo de políticas locales, que
integren las necesidades de una ciudadanía cada vez más empoderada y exigente
de sus derechos.

Los Cursos
están orientados a autoridades locales y funcionarios municipales, que son
quienes están más cerca de las necesidades de la gente y requieren mayores
competencias para enfrentar los desafíos de la nueva sociedad que está
emergiendo en el país.

El detalle
de los cursos es el siguiente:

• Medio ambiente, eficiencia
  energética y cambio climático (Valparaíso – 23 al 26 de julio)
• Finanzas y Modernización
  Municipal (La Serena – 23 al 26 de julio)
• Nuevas realidades y desafíos en
  Seguridad Ciudadana (Santiago – 23 al 26 de julio)
• Descentralización y Desafíos
  para la autonomía municipal (Concepción – 23 al 26 de julio)
• Jurisprudencia municipal y
  Fiscalización (Iquique – 30 de julio al 2 de agosto)
• Protección Social y Migración
  (Iquique – 30 de julio al 2 de agosto)

Esto cursos
tienen cuatro pilares fundamentales que fortalecen la formación municipal y
tiene que ver con expositores que vienen de la Academia, el Estado Central, el
parlamento y los propios municipios que han acumulado una vasta experiencia de
acciones que son replicables en diversas comunas.

La propuesta, que fue remitida a la Comisión de Gobierno Interior para su trámite en particular, pretende modificar los requisitos que establece la normativa vigente, tanto para poder convocar a plebiscitos comunales a requerimiento de la ciudadanía, como para que los resultados de los mismos sean vinculantes.

Por 127
votos a favor, cinco en contra y 14 abstenciones, la Sala de la Cámara de
Diputados aprobó la idea de legislar del proyecto que modifica la Ley 18.695,
orgánica constitucional de municipalidades, en materia de convocatoria a
plebiscitos comunales, a requerimiento de la ciudadanía y de su carácter
vinculante (boletín
12.136).

La iniciativa, que fue enviada a la Comisión
de Gobierno Interior por haber sido objeto de indicaciones, busca
modificar los requisitos que establece la normativa vigente, tanto para poder
convocar a plebiscitos comunales a requerimiento de la ciudadanía, como para
que los resultados de los mismos sean vinculantes, con el fin de avanzar desde
una democracia formal hacia una democracia más efectiva, orientada a la base
social.

El texto describe en su articulado que, para la procedencia del plebiscito a
requerimiento de la ciudadanía, deberá concurrir con su firma, ante notario
público u oficial del Registro Civil, a lo menos el 10% de los ciudadanos que
sufragaron en la última elección municipal, debiendo acreditarse dicho
porcentaje mediante certificación que expedirá el Director Regional del
Servicio Electoral.

Agrega que, dentro del décimo día de adoptado el acuerdo del Concejo Municipal,
de recepcionado oficialmente el requerimiento de este o de los ciudadanos, el
alcalde dictará un decreto para convocar a plebiscito.

Dicho decreto, indica, se publicará dentro de los 15 días siguientes a su
dictación, en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación
en la comuna. Asimismo, se difundirá mediante avisos fijados en la sede comunal
y en otros lugares públicos.

El decreto, señala el proyecto, contendrá la o las cuestiones sometidas a
plebiscito. La votación plebiscitaria se celebrará 120 días después de la
publicación de dicho decreto si ese día correspondiese a un domingo. Si así no
fuese, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente.

Por último, la iniciativa resalta que los resultados del plebiscito serán
vinculantes para la autoridad municipal, siempre que vote en él más del 35% de
los ciudadanos habilitados para votar en la comuna.

Publicado el
10 de julio del 2019

La iniciativa, que se presentó con informe negativo de la Comisión de Educación, pretendía que el rendimiento escolar y las calificaciones sigan siendo consideradas para elegir a algunos alumnos en los establecimientos educacionales.

Tras un
intenso debate que reflejó la contraposición de posturas, la Sala de la Cámara
de Diputados rechazó, por 69 votos a favor y 79 en contra, la idea de legislar
en torno al proyecto del Ejecutivo que establece un sistema de selección por
mérito con inclusión en los establecimientos educacionales de alta exigencia
académica y de especialización temprana, conocido como admisión justa (boletín 12488).

La propuesta, analizada en sesión especial celebrada entre las 18:30 y 20:58
horas, se encontraba en primer trámite en la Cámara y se presentó con informe
negativo de la Comisión de Educación que
rindió ante el hemiciclo el diputado Juan Santana
(PS).

La iniciativa, ingresada a trámite por el Gobierno el 20 de marzo de este año,
buscaba establecer un sistema de selección por mérito con inclusión en los
establecimientos educacionales de alta exigencia académica y de especialización
temprana.

Entre otros puntos, pretendía que el rendimiento escolar y las calificaciones
sigan siendo consideradas para elegir a algunos alumnos en los establecimientos
educacionales.

Para lo anterior, el proyecto modificaba el cuerpo legal relacionado con la
subvención del Estado a establecimientos educacionales, sobre el procedimiento
de admisión para los establecimientos de alta exigencia académica y
especialización temprana. En ese marco se reemplazaba una norma para permitir
que los establecimientos puedan utilizar mecanismos propios de admisión para el
100% de sus estudiantes, cumpliendo requisitos específicos.

Asimismo, permitía que aplicaran procesos de admisión propios, siempre que
cuenten con un proyecto educativo que desarrolle aptitudes que requieran una
especialización temprana y admitan al menos a un 30% de alumnos prioritarios y
a un 20% de alumnos preferentes.

Se planteaba, asimismo, que el Ministerio de Educación resolviera las
solicitudes para aplicar estos procedimientos especiales de admisión,
verificando el cumplimiento de los requisitos.

En segundo lugar, la propuesta, discutida con la participación de la ministra
de Educación, Marcela Cubillos, modificaba la Ley de Inclusión Escolar, eliminando
el régimen transitorio de selección en los establecimientos de alta exigencia
académica.

Por último, por medio de artículos transitorios, permitía que aquellos
establecimientos que iniciaron la disminución gradual de sus procesos de
admisión puedan culminar con ese proceso; y disponía que la ley entrará en
vigencia al momento de su publicación, con excepción del plazo para presentar
la solicitud para realizar mecanismos propios de admisión, el cual comenzaría a
regir para el proceso de admisión del año siguiente al de la publicación de
esta ley.

Cabe mencionar que la Constitución establece que si un proyecto es desechado
en general en la cámara de su origen “no podrá renovarse sino después de
un año”.

Sin embargo, determina también que el Presidente de la República, en caso de
un proyecto de su iniciativa, podrá solicitar que la propuesta pase a la otra
cámara (en este caso sería al Senado) y, si esta lo aprueba en general por
los dos tercios de sus miembros presentes, volverá a la de su origen y solo se
considerará desechado si esta corporación lo rechaza con el voto de los dos
tercios de sus miembros presentes.

Publicado el
09 de julio del 2019

Ante la Comisión de Educación, Pedro Montt, presidente del Consejo, aclaró la decisión que llevó a la entidad a respaldar la idea de cambiar el curriculum para tercero y cuarto medio. Hasta la Comisión de Educación de la Cámara, presidida por la diputada Camila Rojas (IND), concurrió el presidente del Consejo Nacional de Educación (CNED), Pedro Montt, para explicar la decisión que llevó al organismo a aprobar los cambios curriculares, propuestos por el Mineduc, para estudiantes de tercero y cuarto medio.

En las nuevas bases curriculares se establece que, a contar del año 2020, los alumnos tendrán seis ramos obligatorios, que se complementarán con 27 cursos electivos. Dentro de este último espacio se encontrará la asignatura de historia, con contenidos reformulados, que se estudiarán en primero y segundo medio.

Sobre dicho cambio, el titular del Consejo sostuvo que la decisión de ajustar el sistema responde a la necesidad de “establecer un núcleo común”, que sea equitativo y que beneficie a todos los estudiantes.

“La idea es emparejar la cancha y que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades”, indicó Montt.

Al mismo tiempo, agregó que la tarea del Consejo, durante este proceso, fue pedir la opinión de expertos, para lo que se efectuaron alrededor de 190 sesiones con académicos y especialistas.

El Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, partió por afirmar que el cambio curricular fue iniciado en el período anterior y llamó a no perder de vista la coherencia curricular que se le está dando a las bases.

“Lo que se hace acá es darles coherencia a las bases (…) No hacer este cambio es mantener un curriculum descontextualizado”, indicó.

Desde el Colegio de Profesores, en tanto, solicitaron al Ministerio de Educación (Mineduc) conocer los fundamentos que tuvieron para realizar los cambios curriculares.

“Creemos que esta reforma educacional es un daño. (…) Le pedimos a este Gobierno solucionar el problema, independiente que el cambio haya empezado con el gobierno anterior”, manifestó Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores.

A la sesión también asistió Luis Ossandón, académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, quien dilucidó, entre otras cosas, problemas con las metodologías de las bases curriculares.

Concluido el debate, los parlamentarios de oposición, no solo lamentaron la aprobación del curriculum, sino que también la ausencia de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, a la Comisión. Mientras que, desde el oficialismo, llamaron a no hacer de esto algo político.

Cabe señalar que la Sala de la Cámara realizará, este martes 11 de junio, una sesión especial, con el objeto de analizar la decisión adoptada por el Consejo Nacional de Educación de modificar el plan de estudios de los alumnos de tercero y cuarto año medio

Publicado el
10 de junio del 2019

En la resolución se resalta que un nuevo informe de las Naciones Unidas concluyó que los actuales esfuerzos no son suficientes, ya que al sumar todos los compromisos de los estados firmantes del Acuerdo de París, igualmente se aumentaría la temperatura en 3°al año 2100.

Solicitar al
Presidente de la República que modifique la contribución determinada a nivel
nacional, comprometida por Chile en el marco del Acuerdo de París,
estableciendo una mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero más
ambiciosa, es el propósito de la resolución 419, que fuera aprobada por la
Cámara de Diputados por 108 votos a favor y 35 abstenciones.

El texto plantea que la esperanza de evitar un colapso climático descansa en el
cumplimiento del Acuerdo de París, adoptado el año 2015 por los miembros de la
Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCC).

En ese marco, Chile presentó su Indicación Nacional Tentativa (INDC), cifrando
como escenarios posibles de disminución de sus emisiones para 2030, una baja de
30% o del 45% (en caso de contar con financiamiento externo).

Sin embargo, un nuevo informe de las Naciones Unidas “Sobre Disparidad de
las Emisiones” concluyó que los actuales esfuerzos no son suficientes, ya
que al sumar todas las INDC se llegaría a un aumento de temperatura de 3° para
el año 2100.

Los autores mencionan que el Acuerdo de París determinó que, si sube dos o más
grados, desaparecerían los arrecifes de coral; faltaría alimento para las
personas y aumentaría el nivel del mar (provocando el mayor fenómeno migratorio
de la historia).

El compromiso de Chile se planteó en un contexto diferente al actual, puesto
que sabemos que la crisis climática es más urgente de lo que creíamos hace unos
años, según plantearon quienes promovieron la resolución, las diputadas RD Catalina Pérez y Natalia
Castillo; la PPD Cristina Girardi; y los
diputados PH Tomás Hirsch; RD Giorgio Jackson y Jorge
Brito; PEV Félix González; PC
Amaro Labra; DC Raúl Soto y PPD Ricardo
Celis.

Por ello, la iniciativa concluye que se debe avanzar hacia una disminución en
el consumo total de energía, fomento al sistema de transporte público, cambio
del modelo de agricultura intensiva por uno basado en los principios de la
agroecología, entre muchas medidas posibles.

Publicado el
10 de junio del 2019