Reiteramos nuestra solidaridad con las demandas y reivindicaciones, pero repudiamos los actos de violencia, vandalismo y delincuencia.

SANTIAGO, martes 22 de octubre de 2019

A          :           SEBASTIAN
PIÑERA ECHEÑIQUE

                                    PRESIDENTE REPUBLICA DE CHILE

PRESENTE

DE       :           ASOCIACIÓN
CHILENA DE MUNICIPALIDADES

Frente a la situación de crisis política y social que afecta a nuestro
país la Asociación Chilena de Municipalidades, representando a alcaldes,
alcaldesas, concejales y concejalas de los municipios del país señalamos:

1. Reiteramos nuestra solidaridad con las demandas y reivindicaciones de la sociedad toda, las que buscan avanzar en más equidad y justicia social en nuestro país. Se debe terminar con los abusos, la corrupción y brechas de desigualdad que afectan a Chile. Esto ha sido relevado permanentemente por la Asociación Chilena de Municipalidades.
2. Repudiamos los actos de violencia, vandalismo y delincuencia que hemos sufrido en estos días. Lamentamos que esto perjudique a barrios populares y de clase media de nuestras comunas.
3. Lamentamos con dolor la muerte de compatriotas y que existan cientos de personas heridas y familias que están sufriendo. De forma transversal, las responsabilidades políticas deben ser asumidas.
4. Exigimos en estos momentos, responsabilidad y compromiso de todos los sectores sociales y políticos para superar la crisis. Debemos lograr un nuevo pacto social que permita establecer las bases de un modelo de desarrollo más justo, Chile no puede seguir esperando.
5. La experiencia que vivimos en nuestras comunas, que nos permite conocer de cerca las injusticias que afectan a nuestras vecinas y vecinos, nos ha hecho históricamente generar propuestas a diferentes Gobiernos para superar las injusticias de nuestro país, hoy conminamos al Gobierno y al Congreso Nacional a implementar las siguientes acciones:
   1. Congelar las tarifas asociadas a los servicios básicos para nuestra población como son el transporte público, la electricidad y la distribución del agua potable, mientras se defina un sistema tarifario que impida los abusos.
   1. Garantizar la gratuidad del transporte público a nivel nacional para estudiantes y personas mayores.
   1. Rebajar de inmediato la dieta a congresistas y altas autoridades, junto con establecer un tope de sueldos para altos funcionarios del Estado, empresas públicas y empresas privadas que reciben concesiones del Estado.
   1. Proponemos al Gobierno y al Congreso Nacional legislar con suma urgencia una reforma tributaria que aumente significativamente la recaudación del Estado, para abordar de una vez y para siempre, las tremendas deudas que nuestra sociedad mantiene con los sectores más vulnerables, entre las que destacamos: las pensiones, la salud, la educación, la vivienda y los servicios básicos, entre otras.
   1. Reforma al sistema municipal. Es inaceptable que los Municipios de las comunas con mayores necesidades sociales, sean los que cuentan con menos recursos para enfrentar la desigualdad territorial.

Hacemos un llamado a todos los ciudadanos, actores
políticos, sociales, sindicales, empresariales y comunitarios bajo principios
democráticos, de justicia y solidaridad para la conformación de un NUEVO PACTO
SOCIAL.  Como
municipios nos ponemos a disposición para ser parte de esta discusión.

ASOCIACIÒN CHILENA
DE MUNICIPALIDADES

La iniciativa, ingresada a trámite y abordada en la presente jornada, entrega una autorización al Presidente para dejar sin efecto un alza de tarifas determinada por el Panel de Expertos.

En sesión
especialmente convocada para este efecto, la Sala de la Cámara de Diputados analizó,
aprobó y despachó al Senado, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que
faculta al Presidente de la República para dejar sin efecto el alza de tarifas
en el transporte público de pasajeros (boletín
13010).

La propuesta, ratificada en general y en particular por 103 votos a favor, uno
en contra y una abstención, fue ingresada a trámite esta misma tarde por el
ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, quien estuvo
presente también en la sesión de Sala iniciada cerca de las 17:00 y culminada
con la votación y despacho de la iniciativa, alrededor de las 20:15 hrs.

En la Sala, los discursos fueron diversos. El oficialismo puso de relieve la
crisis social que se vive hoy en el país y llamó al diálogo y a aprobar la
iniciativa. Los representantes de la DC, PPD, PS, FRVS y PR estuvieron en
general por aprobar la propuesta, pero como punto de partida en un plan que
considere otras demandas sociales, particularmente en materia de pensiones.

El Frente Amplio y el PC dijeron condenar la violencia, pero en tanto se avance
a un pacto social abierto. Asimismo, puso como condicionante para apoyar
cualquier propuesta del Gobierno sacar a los militares de las calles y no
reprimir al pueblo en las calles. Sin embargo, a la hora de la votación la
postura de los primeros varió y fue así que la mayoría de los integrantes del
Frente Amplio presentes dieron su voto afirmativo a la iniciativa. El PC, en
tanto, prefirió abandonar la Sala y no votar, con la excepción de Marisela Santibáñez que optó por la abstención.

El proyecto, aprobado en los mismos términos que lo propuesto por el Ejecutivo,
otorga al Presidente de la República la facultad de dejar sin efecto un alza
de tarifas determinada por el Panel de Expertos, mediante un decreto
supremo fundado expendido por el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que también es firmado por Hacienda.

En dicho decreto se deberán consignar los recursos que permitan mantener el
equilibrio financiero del sistema o compensar el valor real de la tarifa.

El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley (3.500
millones de pesos para el año 2019, según el informe financiero) se
financiará con los recursos de la partida presupuestaria del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones. En lo que falte, del Tesoro Público.

Trámite y consideraciones del Ejecutivo

Previo a su análisis en Sala, la iniciativa fue abordada por la Comisión
de Hacienda, en donde se pudo aclarar el alcance de la norma y
efecto en regiones y cuyo informe fue rendido ante la Sala por el diputado, Leopoldo
Pérez (RN).

Dentro de los hitos de dicho debate, se especificó que la misma cantidad de
recursos que se destinen al transporte público metropolitano serán aplicables a
través de los fondos espejo establecidos en la Ley 20.378, en beneficio del
resto de las regiones del país, materia que será visualizada a través de la Ley
de Presupuestos de la Nación.

El texto del mensaje explica que la Ley 20.378 define los ajustes de tarifa del
sistema de transporte público de pasajeros de la Provincia de Santiago y las
comunas de San Bernardo y Puente Alto, conforme a lo decretado por el Panel de
Expertos. Asimismo, señala una restricción que impide a dicho Panel determinar
una reducción en el nivel general de tarifas, mientras se encuentre vigente el
subsidio.

En dicho documento, el Gobierno reconoce que la última alza de tarifas
decretada por el Panel de Expertos, a partir del 6 de octubre, gatillada por el
incremento de costos del sistema, “reveló la necesidad de que el Ejecutivo
cuente con herramientas legales que le permitan ponderar antecedentes de orden
económico y social al momento de aplicar un alza de tarifas y, de manera
excepcional y fundada, poder dejar sin efecto o limitar un alza”.

Cabe destacar que la Sala se convocará nuevamente mañana, de 15:00 a 17:00
hrs., para analizar con el Ejecutivo la actual crisis que vive el país.

Publicado el
20 de octubre del 2019

En la próxima sesión de la Comisión de Medio Ambiente serán escuchados representantes animalistas, que se encuentran en contra de la práctica de este deporte nacional.

La Comisión
de Medio Ambiente se encuentra analizando el proyecto que modifica la
legislación sobre protección de animales y la Ley que establece normas en
beneficio del circo chileno, para considerar como maltrato animal el rodeo y
otras actividades
(boletín 12.113).

A la sesión, celebrada este lunes 14 de octubre, asistieron el presidente de la
Federación de Rodeo Campesino (Ferocam), Juan Francisco Vásquez; las
representantes de las Corraleras de Chile, Marcela Romagnoli y Javiera Toro; el
pesidente de los Criaderos de Caballos Chilenos, Luis Muñoz; y el presidente de
la Federación Nacional de Rodeo, Luis Ordoñez.

Los defensores del rodeo explicaron a los legisladores que, en la práctica del
deporte nacional, se cuidan mucho a los animales que participan en el y que
para ello desarrollaron un reglamento que norma hasta el transporte de los
novillos y de los caballos.

Marcela Romagnoli- dos veces campeona en este deporte- fue clara al señalar que
“la protección al animal tiene que ver con que los jinetes se ajusten al
reglamento, el cual es muy claro al establecer que el animal- novillo- no puede
ser corrido más de una vez”.

La diputada María José Hoffmann (UDI) comentó, al término de la reunión, que
las normas que están estudiando recogen una preocupación que existe en la
ciudadanía sobre el tema.

Al mismo tiempo, indicó que le consta el compromiso de los huasos corraleros
con el bienestar de los animales y por ello llamó a hacer una reflexión de cómo
mejorar la protección del ganado y de los caballos.

“Creo que es importante hacer la reflexión (de proteger más a los animales) y
por eso creo que hay que mejorar el reglamento” sostuvo la legisladora UDI.

Por su parte, la diputada Cristina Girardi (PPD) señaló que entiende que para
quienes han vivido en el campo este deporte no constituye maltrato animal, pues
hay una visión de mundo diferente, pero el rodeo, agregó, “hay que verlo en los
tiempos que corren actualmente y bajo la siguiente pregunta ¿pondrían en el
lugar del novillo a un ser humano?”

La legisladora busca con ello debatir si es válido que el ser humano use a
otras especies para satisfacer su placer, solo por considerarse superior a los
demás.

En la próxima sesión, los diputados de la Comisión recibirán a representantes
animalistas que están en contra del rodeo para que expongan sus argumentos
sobre este deporte.

Publicado el
14 de octubre del 2019

A la sesión especial asistió el ministro (s) de Medio Ambiente, Felipe Riesco, quien respaldó los requerimientos parlamentarios y anunció que el Gobierno presentará durante este año un proyecto de ley marco de cambio climático.

En una intensa jornada, la Sala de
la Corporación analizó esta tarde, en sesión especial, el estado de la crisis
climática global y nacional, la declaración de estado de emergencia climática
por parte de la Cámara de Diputados y el Gobierno y la adopción de medidas
frente a esta situación.

En representación de los 56 solicitantes del encuentro, intervinieron en el
tiempo previo la diputada Catalina Pérez
(RD) y el diputado Marcelo Díaz (PS),
quienes concordaron en la idea de buscar soluciones concretas y declarar
formalmente el estado de emergencia climática.

La diputada Pérez se refirió a las contradicciones a las que nos vemos
enfrentados como país y llamó a dar el debate de fondo en materia climática.

“Debemos declarar formalmente el estado de emergencia climática y construir una
política de Estado (…) Proponemos el cierre de las termoeléctricas a carbón,
una reforma al Código de Aguas, políticas de transición justas para proteger a
los trabajadores y un plan de inversión que valorice la protección del medio
ambiente”, insistió la parlamentaria.

En el mismo sentido, el diputado Díaz remarcó que “se ha fallado como
generación y como Estado”, por lo que se hace necesario generar políticas
públicas y establecer plazos a las grandes empresas contaminantes.

“Queremos que toda obra pública reutilice las aguas negras y grises (…) Hay un
montón de proyectos que ayudarían a que Chile se dote de políticas en esta
materia y no hemos sido capaces de construir un equilibrio con nuestro medio
ambiente (…) Cada día castigamos a las generaciones que vienen después de
nosotros”,

Ejecutivo

En representación del Ejecutivo, el ministro (s) de Medio Ambiente, Felipe Riesco,
reafirmó el compromiso del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera en materia
de cambio climático.

En ese tenor, enumeró los objetivos que se propone Chile para la Cop 25 y
relevó la participación que ha tenido el jefe de Estado a nivel mundial en lo
que se refiere a sustentabilidad.

Por ello, añadió que el combate al cambio climático debe ser una política de
Estado.

“Estamos elaborando un proyecto de ley marco de cambio climático que se
presentará ante este Congreso durante el segundo semestre del 2019, esta
legislación será un reflejo de nuestro compromiso por las generaciones
futuras”, señaló.

Resoluciones aprobadas

Antes del término de la sesión, la Sala aprobó diez resoluciones que van en la
línea de proponer al Presidente de la República la adopción de medidas
necesarias para hacer frente a la crisis climática.

Entre las ideas, se solicita al Gobierno presentar un proyecto de ley marco
sobre cambio climático, declarar estado de emergencia climática y la
actualización del Plan Nacional de Adaptación frente al cambio climático,
además de la aprobación de una estrategia nacional de transformación social y
ecológica.

En el mismo sentido, se pidió información en relación al comercio internacional
de Chile con impactos para la crisis climática, el cierre de las
termoeléctricas de carbón al año 2030, la focalización de las medidas de
mitigación mediante aforestación y conservación, exclusivamente, en bosque
nativo, la reforma al régimen de administración del agua, una política de
transición justa para las zonas de sacrificio y la firma del Acuerdo de Escazú.

Otros puntos solicitan la actualización de la contribución nacionalmente
determinada con sujeción al libro de reglas de París, tomar las medidas
necesarias para alcanzar una matriz basada en un 100% en energías renovables al
año 2040 y dar prioridad a la tramitación del proyecto que crea el Servicio de
Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Por último, se busca eliminar la obligación legal de Codelco-Chile, a través de
la fundación y refinería Las Ventanas, de garantizar, sin restricción ni
limitación alguna, el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana
minería que envíe la empresa nacional de minería.

Publicado el
09 de octubre del 2019

El informe,
que será discutido este martes 1 de octubre por el pleno de la Sala, llama a
los/as parlamentarios/as a aprobar la “cuestión previa” y rechazar la
admisibilidad del libelo.

Por cuatro
votos en contra y uno a favor, la Comisión encargada de analizar la procedencia
de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela
Cubillos, recomendó a la Sala rechazar el libelo acusatorio.

La instancia, que fue presidida por el diputado Celso
Morales (UDI), llamó a la Sala de la Cámara a aprobar la cuestión previa y a
rechazar la admisibilidad del informe que consta de cinco capítulos.

Los diputados Pedro
Pablo Alvarez-Salamanca (UDI), Catalina
Del Real (RN), Hugo
Rey (RN) y Celso
Morales (UDI), acordaron rechazar la admisibilidad de la acusación, mientras
que la diputada Maite
Orsini (RD) optó por aprobarla.

Entre los fundamentos que recomendaron rechazar el informe, se encuentra la
falta argumentos procedentes, en el sentido de que no cumple con los requisitos
mínimos establecidos en la Constitución.

En tanto, los argumentos que estuvieron por aprobar el documento resaltaron la
conducta sistemática de la ministra Marcela Cubillos, en favor del abandono de
la educación pública.

La Sala de la Cámara de Diputados deberá pronunciarse, este martes 1 de
octubre, a partir de las 10:30 horas, sobre la denominada “cuestión previa” y
determinar si la acusación cumple o no con los requisitos fijados en la
Constitución.

El libelo acusatorio se encuentra dividido en cinco capítulos, que consignan
brevemente lo siguiente:

Primer capítulo: se afirma que la ministra ha “faltado a la verdad” y ha
cometido “faltas a la probidad”, queriendo transmitir su visión del Sistema de
Admisión Escolar a los apoderados.

Segundo capítulo: se refiere al envío masivo de correos a padres y
apoderados para “promocionar” la iniciativa mencionada anteriormente.

Tercer capítulo: señala que la secretaria de Estado habría dejado “sin
aplicación la ley” al “dilatar el nombramiento de autoridades”, entre otros
aspectos.

Cuarto capítulo: se habla de que la ministra “no actuó conforme a
los deberes legales y no realizó tardíamente las acciones necesarias para
corregir la inejecución presupuestaria en que incurrió la Dirección de
Educación Pública”, en los servicios locales de educación que eran dirigidos
por personeros nominados bajo la administración de la expresidenta Bachelet.

Quinto capítulo: tiene relación con la “vulnerabilidad del principio de
igualdad” en torno a las problemáticas por el no pago de menciones a las
educadoras diferenciales.

Publicado el
30 de septiembre del 2019

La Comisión de Gobierno Interior espera la indicación que presentará el Ejecutivo y que incorporará incentivos para establecer cuotas de género en las elecciones de los consejos regionales y concejos municipales, similares a los que actualmente existen para las parlamentarias.

En la recta
final en la Comisión de Gobierno Interior se encuentra el
proyecto (boletín 11.994) que establece
cuotas de género para las elecciones regionales y comunales.

La moción, que ya fue despachada de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género,
fue analizada por la instancia, la que aprobó gran parte de su articulado,
donde se establece que no puede haber más de un 60% de candidaturas válidamente
inscritas del mismo género.

Durante el debate, se estableció que las cuotas serían solo para quienes
integren los consejos regionales y las concejos comunales, dejando de lado las
elecciones de alcalde y de gobierno regional.

Frente a ello, la diputada Marcela Hernando
(PR), una de las promotoras del proyecto, señaló que no existe ningún lugar del
mundo donde exista ley de cuotas para cargos uninominales. “Nos parecía
que avanzar con los cores y los concejales en la próxima elección era
importante, además, cuando el Ejecutivo está dispuesto a darle viabilidad a
través de financiamiento”, precisó.

Dentro de los artículos que quedaron pendientes para votar, se encuentran los
que establecen un financiamiento similar al que existe actualmente para las
elecciones parlamentarias y que el Gobierno anunció que patrocinaría. Esto
implicaría aportes para los partidos por sus candidaturas femeninas y una
devolución mayor del porcentaje de votos obtenidos.

“No podemos tener una legislación en materia parlamentaria, de una categoría, y
en materia de consejeras regionales o concejalas, de segunda categoría, en el
sentido que no inyecte al menos la misma cantidad de recursos que se consideran
como un incentivo para el voto como se hace hoy”, señaló la presidenta de la
instancia, diputada Joanna Pérez (DC).

Frente a eso, valoró la voluntad del Ejecutivo de presentar una indicación en
esta dirección. “Hay que entender que este es un proceso de cuatro elecciones
y, luego de eso, cuando ya se aspire a nivelar la cancha, donde hayan más
mujeres en cargos de elección popular, esta ley se deja sin efecto o termina su
proceso. Por lo tanto, no es algo permanente, es algo acotado en el tiempo”, agregó
la parlamentaria.

El diputado Renzo Trisotti (UDI)
respaldó la posición del Gobierno y señaló que esta nueva normativa será un
“gran avance para las mujeres, para poder mantener estas cuotas y tener una
mayor representatividad de mujeres en cargos de elección popular”.

De acuerdo a lo señalado en la Comisión, el Ejecutivo le dará la urgencia
necesaria a la tramitación de este proyecto con el fin de que pueda
materializarse en las próximas elecciones municipales y de gobierno regional de
octubre de 2020.

Publicado el
22 de agosto del 2019

Declaración

Lo que ha quedado en
evidencia esta semana es que hay desigualdad en los recursos con que cuenta
cada municipio para hacer frente a los problemas de seguridad de las comunas.
Los alcaldes que nos hemos reunido esta mañana del 21 de agosto de 2019 hemos
concordado una serie de puntos que nos preocupan y frente a los cuales debemos
reaccionar ahora.

1. La desigual distribución
   de los recursos policiales. Ya en 2009, la prensa de la época señalaba que en la zona oriente
   de Santiago había una dotación policial, cuatro veces superior a la de otras
   comunas del Gran Santiago. En la actualidad, de acuerdo con la información que
   disponemos, las comunas de la zona Oriente doblan en dotación policial por
   habitante a otras comunas de sectores con más problemas, tanto en la Región
   Metropolitana como en otros núcleos urbanos del país. Como han señalado algunos
   estudios, el acceso a la información en Carabineros de Chile respecto a la
   dotación policial por comuna ha tenido importantes restricciones. Es hora de transparentar dicha información
   para dar tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas.

• Reposición de un
  programa de prevención del delito de carácter permanente para las
  municipalidades del país. Desde 2017 que no contamos desde el Estado central, con un
  programa de seguridad que provea recursos y herramientas a los municipios de
  forma permanente para enfrentar los problemas de seguridad que tenemos en los
  territorios. El presupuesto de la Subsecretaría de prevención del delito
  representa un paupérrimo 1.2% del total del presupuesto público para seguridad
  y justicia. Con este presupuesto ni siquiera alcanza para cubrir necesidades
  mínimas. Reconocemos otros esfuerzos del gobierno central para proveer
  tecnología y proyectos por vía de fondos concursables, pero se requiere un
  esfuerzo mayor y más sostenido en el tiempo. Solicitamos al ejecutivo la reposición de un programa de este tipo, como
  ha existido en los últimos 20 años.

• Nuevas atribuciones a
  los municipios, pero sin presupuesto. Se discute en el Congreso un proyecto de ley que
  modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades proponiendo nuevas
  funciones para los municipios en materia de tránsito y violencia intrafamiliar,
  pero esas funciones no tienen recursos frescos asignados. Es decir, de
  aprobarse ese proyecto, se generará una nueva desigualdad: solo los municipios
  con más recursos podrán implementar de forma eficiente esas nuevas funciones. Solicitamos a los presidentes de la comisión
  de seguridad ciudadana de la Cámara de Diputados y del Senado estudiar
  seriamente esta situación y corregirla.

• Mayor tasa de
  homicidios en núcleos urbanos. De acuerdo con el estudio mundial de homicidios (ONU, 2019) Chile
  tiene una tasa baja de homicidios (3,7 por cada 100 mil habitantes) comparada
  en el continente americano. Sin embargo, esta ha ido subiendo (en el mismo
  estudio, 2013, la cifra era de 2,7) y se concentra en comunas de núcleos
  urbanos. Solicitamos al ministerio del
  interior la constitución de una mesa de trabajo policial cuyo foco sea la
  seguridad en nuestras comunas y barrios adoptando medidas inmediatas para que
  hechos como los sucedidos en Puente Alto no se repitan.

• Barrios y
  narcotráfico. Valoramos la iniciativa del gobierno de priorizar 33 barrios. Sin
  embargo, la realidad de penetración del narcotráfico la vuelve insuficiente. De
  acuerdo con cifras informadas por el ministerio público, en 2017 había 174
  barrios considerados como críticos. En estos barrios se concentraban varios
  factores como falta de prevención o alta concentración de denuncias. De acuerdo
  con otros estudios también en este tipo de barrios hay una alta incidencia de
  delitos relacionados con violencia de género e intrafamiliar, además de graves
  falencias en conectividad, viviendas y áreas verdes, lo que revela la
  importancia de que los municipios cuenten con recursos para intervenir en estos
  espacios públicos. Por estas razones,
  solicitamos a la Subsecretaría de Prevención del Delito aumentar de 33 a 50 los
  barrios priorizados.

• Seguridad para todas las comunas del país. Sería injusto señalar
  que este es un problema de la región metropolitana o de los principales núcleos
  urbanos del país. En distintas localidades, aún las más apartadas, la realidad
  del microtráfico o la comisión de otros delitos de carácter rural, tales como
  el abigeato o el robo de cables, preocupan a nuestras autoridades locales. Es
  necesario que exista un plan nacional de seguridad que de cuenta de la
  diversidad de realidades de nuestro país.

Revaluar el Fondo Común Municipal.
Estamos conscientes de que los recursos son escasos frente a las muchas
demandas. Sin embargo, existe en el Estado de Chile un instrumento que
permitiría redistribuir y apoyar a las comunas: el Fondo Común Municipal (FCM).
Es necesario que el Estado

La iniciativa del Ejecutivo persigue
la integración social y la equidad territorial, al tiempo que otorga nuevas
facultades al Ministerio de la Vivienda, en materia de planificación de las
ciudades.

Tras un amplio debate, la Sala aprobó y despachó al
Senado el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos normativos
en materia de integración social y urbana (boletín
12.288).

El texto, cuyo informe de la Comisión de Vivienda
fue rendido por el diputado Miguel Ángel Calisto
(DC), pretende mejorar los niveles de integración social y urbana de las
ciudades y lograr un adecuado desarrollo de ellas a lo largo del país. Para
ello, se pretende aumentar la construcción de viviendas sociales con
integración social, a través de densificación equilibrada en zonas con
potencial de desarrollo urbano y modernizar la gestión del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.

Con tal objeto, se busca modificar la Ley 16.391, que Crea el Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo, proponiendo su cambio de nombre por el de Ministerio de
Ciudad, Vivienda y Territorio.

El texto contempla tres nuevas funciones ministeriales que fueron
adicionadas durante el trámite en la Comisión. En ellas, se faculta al
Ministerio para implementar políticas de suelo y programas habitacionales que
propicien la construcción de viviendas destinadas a beneficiarios de los
programas habitacionales del Estado, junto con establecerle la obligación de
resguardar que los instrumentos de planificación territorial contemplen
criterios y disposiciones para la integración e inclusión social urbana.

Por otra parte, establece que los nuevos planes reguladores comunales o sus
modificaciones integrales o actualizaciones deben contemplar disposiciones que
incentiven la construcción de viviendas destinadas a beneficiarios de los
programas habitacionales del Estado y a otras personas o familias en situación
de vulnerabilidad.

En el mismo contexto, se aprobó la incorporación de un nuevo artículo que
señala que no solo esta secretaría de Estado podrá establecer beneficios de
normas urbanísticas para proyectos de viviendas integradas.

El proyecto establece, además, que los beneficios de normas urbanísticas en
polígonos que incluyan inmuebles en sectores que se encuentren protegidos en la
categoría de monumentos históricos, zona típica, de conservación historia no
podrán afectar los valores y atributos, por los cuales dichos monumentos, zonas
o inmuebles fueron protegidos.

En línea con lo anterior, se estableció que los proyectos de viviendas
integradas, que pretendan acogerse a beneficio normativo en tales inmuebles o
sectores deben obtener permisos municipales y autorizaciones sectoriales.

Otras consideraciones

La iniciativa también faculta a los Serviu para concesionar, mediante
licitación pública, la construcción, administración y mantención de viviendas
económicas en terrenos de su propiedad o de otros órganos o servicios de
administración del Estado. Dicha concesión otorgará a su titular un derecho
real de uso y goce sobre el inmueble por un período determinado y sujeto a la
condición de destinar un porcentaje de las viviendas a beneficiarios del
programa del subsidio de arriendo.

El Ministerio, a través de los Serviu, agrega el proyecto, podrá otorgar
subsidios de los programas habitacionales vigentes a personas jurídicas de
derecho público o derecho privado, sin fines de lucro, que tengan por objeto
construir viviendas o transformarlas en residencias multifamiliares o
mejorarlas, destinadas a beneficiarios del programa de subsidio de arriendo.

Durante la votación, la Sala rechazó una parte del texto propuesto por el
Ejecutivo, donde se le permitía a la cartera ejercer la función de dictar
ordenanzas, reglamentos e instrucciones generales sobre urbanización de terrenos,
construcción de viviendas, obras de equipamiento comunitario, desarrollo y
planificación urbanos y cooperativas de viviendas.

Asimismo, la función de supervigilar todo lo relacionado con la planificación
urbana, planeamiento comunal e intercomunal y sus respectivos planes
reguladores, urbanizaciones, construcciones y aplicaciones de leyes pertinentes
sobre la materia.

Publicado el
14 de agosto del 2019

En la comisión de Contitución de la Cámara, el ministro de Minería, Baldo Prokurica reiteró que la moción genera un daño a las políticas del Estado para exportar estos productos. Por su parte, el vicepresidente de Corfo, Pablo Terrazas, también expuso su negativa a la moción.

La Comisión de Constitución de la Cámara está
encargada de analizar la moción que declara de interés nacional la
explotación, industrialización y comercialización del litio, así como toda
operación emanada de su explotación y cuyo titular del contrato sea persona
natural o jurídica (boletín 10638).

En la pasada sesión estuvieron presentes el ministro de Minería, Baldo
Prokurica; el vicepresidente de Corfo, Pablo Terrazas; y los abogados de
Derecho Constitucional, Jorge Correa Sutil y Arturo Fermandois, los que en
general consideraron negativa la propuesta.

En la comisión se habló respecto del punto político al que podría aludir el
proyecto tras lo ocurrido con Corfo y SQM y los cuestionamientos por el financiamiento
irregular de campañas políticas.

Frente a esto el diputado Tomas Hirsch (PH) señaló que el único castigo lo ha
recibido el pueblo chileno, una vez que le fue expropiado el litio.

“Ya sabemos el escándalo que ha significado Soquimich a través de la historia.
El señor Ponce Lerou se autoregaló una empresa que le pertenecía a todos los
chilenos. Luego, vinieron escándalos como el ‘caso cascadas’ y ni hablar de
todo lo que significó el financiamiento irregular a la política”,
puntualizó.

En ese sentido, subrayó que el litio es estratégico y que corresponde que
vuelva a manos del Estado donde estuvo alguna vez.

“El litio pertenece al Estado y de algún modo está entregado en arriendo, pero
eso significa un beneficio gigantesco. No por nada SQM es una de las empresas
más grandes del mundo en el área de minería”, sentenció.

Ante este escenario, el parlamentario cree que se está buscando un cierto
resquicio, desde el punto de vista constitucional, ya que se puede argumentar a
favor o en contra desde ese ámbito. Sin embargó, consideró que es un hecho de
fondo que todos los países están buscando tener control sobre el mineral
estratégico y Chile hoy no lo tiene.

Visión oficialista

Por el contrario, el diputado Francisco Eguiguren
(RN) valoró la presentación de los invitados porque habrán dejado claro que se
trata de un proyecto inconstitucional.

“Este proyecto no va a lograr ningún objetivo porque lo que se pretende ya está
contemplado desde el año 79, cuando se le declaró reservado al Estado, por lo
que cualquier iniciativa es vana”, remarcó.

Planteó que la ley orgánica constitucional que lo declara de reserva nacional
es mucho más amplia y mucho más importante que la de interés nacional. Por lo
tanto, si se quiere salvaguardar el litio eso ya está logrado.

“Ahora, si se quiere expropiar el litio, digámoslo con todas sus letras; que se
quieren expropiar empresas del Estado, pero el perjuicio que vamos a tener desde
el punto de vista económico para el país es enorme”, planteó, agregando luego
que “los inversionistas no se van a fijar en Chile; van a arrancar de
Chile, porque nadie quiere invertir en un lugar donde después les van a
expropiar la propiedad”.

En cuanto al mandato del grupo legislativo, este es amplio, según se informó en
la sesión, por lo tanto, los parlamentarios pueden examinar la iniciativa, ver
su constitucionalidad e introducir indicaciones.

Incluso se evalúa ampliar el plazo destinado a su análisis con el fin de
conocer en detalle distintas visiones con respecto a la iniciativa que busca
declarar el litio de interés nacional.

Publicado el
14 de agosto del 2019

La resolución plantea la necesidad de procurar los cuidados, afectos y protección que requieren las personas de la tercera y cuarta edad, ya sea en forma temporal o cuando exista alguna medida judicial que haya ordenado la separación del medio familiar directo.

Por 101
votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó pedir al
Ejecutivo que los ministros de Desarrollo Social y Secretario General de la
Presidencia, coordinen y realicen los estudios para crear un programa nacional de familias de acogida para el adulto mayor.

Los diputados RN Catalina Del
Real, Sofía Cid, Jorge Rathgeb, Hugo Rey, José Miguel
Castro y Cristóbal
Urruticoechea; DC Jorge Sabag; y
PC Daniel Núñez plantean que el programa debe ser subsidiado por el Estado y coordinado
por el Senama.

La resolución 477 añade que el propósito es procurar -mediante una familia
alternativa- los cuidados, afectos y protección que requieren las personas de
la tercera y cuarta edad, ya sea en forma temporal o cuando exista alguna
medida judicial que haya ordenado la separación circunstancial, transitoria o
permanente del medio familiar directo.

Los datos aportados indican que, por
cada niño o niña, hay 10 ancianos abandonados; 330 mil adultos mayores viviendo
solos; y uno de cada tres sufre algún tipo de maltrato.

Publicado el
09 de agosto del 2019