El presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, AChM, alcalde de Pelarco, Bernardo Vásquez pidió al Consejo Nacional de Televisión, CNTV, implementar clases en la televisión por las dificultades pedagógicas que la suspensión de clases está acarreando a nuestros estudiantes, producto de la suspensión de clases.En la misiva, el alcalde Vásquez le pidió a la presidenta del CNTV, Catalina Paro “que evalúe la posibilidad de generar alguna estrategia pedagógica a través de los canales de televisión abierta, para complementar los otros mecanismos dispuestos por el MINEDUC y por los propios municipios”.

Vásquez indicó que “los municipios están preocupados por los diversos efectos de la actual coyuntura epidemiológica; y las medidas de apoyo al trabajo de las familias en sus hogares, sin embargo, hay necesidades hasta ahora no cubiertas, por la ausencia de conectividad de muchas familias, lo cual nos lleva a pensar en otras estrategias de apoyo, como podrían ser clases y/u orientaciones pedagógicas por la televisión abierta, medio de comunicación que cuenta con acceso universal y con una elevada audiencia”.

El presidente de la Comisión de Transporte de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carlos Soto felicitó la aprobación de la moción parlamentaria que faculta a los concejos municipales para prorrogar la obtención o renovación del permiso de circulación y su distintivo hasta el 30 de junio.

Carlos Soto, señaló que “esta es una muy buena noticia para las familias chilenas, especialmente hoy que estamos viviendo una emergencia sanitaria”. El también vicepresidente de la AChM puntualizó que “esta medida permitirá evitar aglomeraciones y posibles contagios a los cuales se puede ver expuesta la ciudadanía, y son medidas necesarias hasta que se pueda restablecer con normalidad los servicios sociales que prestan los municipios de Chile”.

Soto recalcó  que “hacemos un llamado al gobierno para que la recaudación que no obtendrán los municipios al 30 de marzo y que afectará el flujo de caja de las municipalidades sea recompensado con el adelanto de cuotas del FCM que le corresponde recibir a cada municipalidad del país.

La moción se aprobó en la Sala de la Cámara sin discusión y pasa de su primer trámite constitucional al Senado, a su segundo trámite constitucional.

Hay que recordar que este trámite tiene como fecha límite el próximo 31 de marzo, proceso para el que, además, se debe pagar por el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) y saldar multas de tránsito atrasadas.

Informe de situación COVID-19. N° 16. Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud de Chile.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

COVID-19. CHILE al 23 de marzo de 2020

Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud de Chile

RESUMEN EJECUTIVO

Se presenta el informe sobre la situación epidemiológica de COVID-19 según los registros de los casos notifi-cados en el Sistema EPIVIGILA:

• Se han notificado 10.768 casos sospechosos, confirmándose un total de 922 casos, presentando ten-dencia al alza (Figura 1). Esta cifra refleja la situación a la fecha de corte del informe (*), la que será actualizada en informes posteriores.
• Las mayores tasa sde notificación se encuentran en las regiones de Ñuble, Araucanía y Metropolita-na (Tabla 1).
• La mediana de edad de los casos es de 34 años (rango 8 meses a 83 años), correspondiendo las muje-res al 51% de los casos. Los menores de 15 años corresponden al 3% (n=23) de los casos, el 6% (n=51) a adultos mayores, mientras que los de 30 a 44 años alcanzaron el 43% (n=376) y presentaron la mayor tasa de incidencia (Figura 2 y Tabla 3).
• El 7,2% de los casos (n=62) ha requerido hospitalización (Tabla 4) y dos personas han fallecido en es-te periodo de análisis.
• Los síntomas más frecuentes son cefalea, disnea y tos (Tabla 5).
• Según información preliminar un 32% (n=297) es considerado caso secundario y el 28% (n=260) como importado (siendo España el país más declarado en la notificación) (Tabla 6)
• .

  

  

  

  

  

  

  

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20 de Marzo de 2020. El ministro de Salud, Jaime Mañalich entregó hoy el nuevo reporte de contagios. En un día se sumaron 92 nuevos casos, aumentando a 434 el número de personas contagiadas con Coronavirus en el país. Además, entregó nuevas medidas para frenar la propagación del virus, como el cierre de cines, teatros, restaurantes, pubs, discotecas, y suspensión de eventos deportivos independientes que congreguen público.

Tras la reunión interministerial de coordinación por COVID-19 que se realizó en La Moneda, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que hasta se registraban 434 casos positivos de coronavirus en el país. “La situación al día de hoy es que tenemos 92 nuevos casos lo que llega a un total de 434 confirmados, la mayoría en la región Metropolitana, Ñuble y Biobío”, explicó la autoridad.

Este resultado, dijo no debe llevar a ninguna conclusión apresurada de aplanamiento de curva porque los números tienen una gran variabilidad a diario, por lo cual, llamó a la prudencia.

De ese total, seis ya han sido dados de alta y “tenemos un total de 32 pacientes hospitalizados, siete en ventilación mecánica y evolucionando de forma favorable, salvo un paciente de una edad no avanzada que se mantiene en una situación de riesgo vital por cuanto tiene más de un órgano comprometido producto de una enfermedad crónica”.

Nuevas medidas

Con el objetivo de ayudar a disminuir la concentración de personas y evitar  la diseminación de este virus, “el Presidente nos ha pedido determinar a partir del día de hoy el cierre, en todo el territorio nacional por un periodo indefinido, de los siguientes tipos de locales: cines; teatros, restaurantes, pubs, discotecas, eventos deportivos independientes que congreguen público”, informó el ministro Mañalich. Medida que comenzará a regir a partir de las 00.00 de esta noche.

Estas acciones se complementan a la suspensión de clases de colegios, la aplicación de cuarentena en algunos lugares del país, como Caleta Tortel e Isla de Pascua. Al respecto de este último, la autoridad explicó que la cuarentena “consiste en aislar a personas que están con una enfermedad o que tienen un alto riesgo de desarrollarla,  para que esa infección no se comunique al resto de la comunidad”.

Además, anunció la incorporación de la ciudad de Puerto Williams a la implementación de las barreras sanitarias que se están instalando desde anoche en 8 regiones del país, luego que un funcionario del hospital comunitario local manifestó síntomas de enfermedad respiratoria suave y ayer fue diagnosticado con COVID-19.

Exámenes

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zuñiga, por su parte informó que como Ministerio de Salud, se ha ampliado la definición de caso sospechoso, por lo que tendrán un mayor número de test diagnósticos que realizar.

“Para esto hemos implementado 31 laboratorios a lo largo de todo el país, con la capacidad de realizar aproximadamente 4 mil exámenes y se espera expandir a 9 mil, los nuevos centros se ubican en la ciudad de Antofagasta, Valparaíso, en el hospital Lucio Córdova en la Región Metropolitana, Talca y Valdivia, esperamos seguir aumentando la capacidad de testeo para fortalecer la estrategia que este gobierno ha determinado para aplanar la curva”, dijo.

 Vacunas Influenza

La subsecretaria de Salud Pública informó que al día de hoy “llevamos en estos tres días de vacunación dos millones 864 mil 494 personas vacunada que corresponden a un 38,5% de la población de riesgo”, en alusión a la campaña nacional de inmunización contra el virus de la Influenza.

La subsecretaria Daza expresó “un agradecimiento profundo a todos los alcaldes porque han hecho un trabajo muy coordinado y acucioso para llegar a población de riesgo, que sabemos son en un porcentaje, también un grupo de riesgo para el COVID-19”.

En el universo vacunado detalló se concentra el “44% de los adultos mayores y el 57% de los enfermos crónicos a inmunizar en el global de la campaña. Nos llena de orgullo que en esta situación de epidemia hayamos tenido una respuesta tan positiva de la población para vacunarse”, dijo la subsecretaria.

El Ministerio de Salud asegura el acceso a toda la población de riesgo, como a los nuevos grupos incorporados. El ministro de Salud informó que la Fuerza Aérea ha colaborado en el traslado de vacunas a zonas extremas y que el stock inicial, de 7 millones 300 mil dosis, se incrementó a través de compras adicionales, a 10 millones.

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Presidente declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el territorio nacional

18 de Marzo de 2020 :Entrará en vigencia a las 00:00 horas de este jueves, con una duración de 90 días y permitirá, entre otras cosas, proteger la cadena logística y traslado de insumos médicos y de pacientes, resguardar fronteras y garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el abastecimiento. También permitiría establecer medidas como cuarentenas o toques de queda.

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En Chile, ayer se confirmaron 37 nuevos casos, lo que hace un total de 238 contagios comprobados en todo el país. Por esto, el Presidente Sebastián Piñera decretó hoy Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el territorio nacional, el cual entrará en vigencia a las 00:00 horas de este jueves, con una duración de 90 días.

“Este Estado de Excepción tiene como objetivo anticiparnos y prepararnos para las etapas que vienen en esta pandemia”, declaró el Mandatario.

El Estado de Excepción permitirá:

• Dar mayor seguridad a los hospitales y todos los sitios de atención de salud.
• Proteger la cadena logística y traslado de insumos médicos.
• Facilitar el cuidado y traslado de pacientes y personal médico y la evacuación de personas.
• Resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y medidas de aislamiento social.
• Garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el normal abastecimiento de la población.
• Proteger y resguardar las fronteras.

Además, permitirá dictar una serie de medidas, incluyendo la restricción de reuniones en espacios públicos, asegurar la distribución de bienes y servicios básicos, ordenar la formación de reservas de alimentos y otros bienes necesarios para la atención y subsistencia de la población, establecer cuarentenas o toques de queda, dictar medidas para la protección de servicios de utilidad pública, y limitar el tránsito o locomoción de personas.

El Estado de Catástrofe permite la colaboración de las Fuerzas Armadas para enfrentar la crisis y establece la designación de Jefes de la Defensa Nacional, los cuales asumirán el mando de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en las zonas respectivas, velar por el orden público y reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional.

Las facultades que permite este Estado y las medidas específicas que correspondan, se adoptarán en forma progresiva, según la evolución de este virus y se informarán oportunamente a la población.

“En estos tiempos de crisis está en juego la salud de los chilenos. En consecuencia, son tiempos que requieren unidad y no división. Liderazgo y no dispersión. Colaboración y no enfrentamiento. Responsabilidad y no improvisaciones. Generosidad y no egoísmos. Tranquilidad y disciplina para enfrentar esta pandemia“, enfatizó el Presidente y agregó que “como un país solidario, llamo a todos mis compatriotas a que en estos tiempos difíciles nos cuidemos entre todos“.

Presidente anuncia suspensión de clases en escuelas y reduce actos públicos:“El Gobierno ha tomado todas las medidas necesarias para enfrentar en buena forma este desafío”

15 MAR 2020. El Mandatario, además, dijo que se prohibirán las visitas a los establecimientos de larga estadía de adultos mayores y el funcionamiento de los centros de día, así como medidas preventivas en las cárceles.

El Presidente Sebastián Piñera anunció este domingo la suspensión de las clases en jardines infantiles y escuelas, en acuerdo con las asociaciones de municipalidades, y la prohibición de los eventos públicos con más de 200 personas para prevenir el contagio de coronavirus en el país.

“Comprendo el temor, la incertidumbre y la angustia que esta pandemia ha producido en muchas chilenas y chilenos. Tengan la certeza que este Gobierno, desde muy temprano, ha tomado todas las medidas necesarias para enfrentar en buena forma este desafío”, dijo el Mandatario en una declaración al país acompañado por los ministros de Salud, Jaime Mañalich; de Educación, Raúl Figueroa; y del Interior, Gonzalo Blumel; junto a alcaldes.

Las medidas anunciadas por el Presidente fueron las siguientes:

1. ADULTOS MAYORES

Para cuidar mejor a nuestros adultos mayores, que son el grupo de más alto riesgo frente al COVID-19, hemos decidido que, a partir de mañana, y por los próximos 30 días:

Se prohibirán las visitas a los Establecimientos de Larga Estadía de Adultos Mayores, restringiéndose el acceso a las personas estrictamente necesarias, y se fortalecerán las medidas de higiene y aislamiento al interior de estos establecimientos.

Se suspenderá el funcionamiento de todos los Centros de Día para adultos mayores a lo largo de todo el país.

Se suspenderán todas las reuniones de clubes y uniones comunales de adultos mayores en el país.

2. CÁRCELES

Para proteger mejor la salud de los adultos mayores que están privados de libertad, se enviará al Congreso un Proyecto de Ley para sustituir la pena de privación de libertad por arresto domiciliario total para todos los mayores de 75 años, y aquellos entre 65 y 74 años, que les reste menos de un año para cumplir su condena.

Este proyecto de ley excluirá a aquellos condenados por delitos graves, violaciones a los derechos humanos y de lesa humanidad.

Adicionalmente, se tomarán medidas para restringir la frecuencia de las visitas y el número de personas que podrá participar en ellas, y habrá un mayor control sanitario para el ingreso de todas las personas a nuestros centros penitenciaros.

Finalmente, también se ha desarrollado un protocolo para garantizar el aislamiento de los eventuales contagiados al interior de dichos recintos.

3. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Se establece cuarentena a todos los hogares del SENAME del país, donde, al igual que en el caso de los Centros de Adultos mayores, sólo entrarán las personas estrictamente necesarias e indispensables y se adoptarán severas medidas de control sanitario.

4. EDUCACIÓN

En acuerdo con las Asociaciones de Municipalidades, se ha determinado suspender por un periodo de dos semanas las clases en los jardines infantiles y colegios municipales y privados subvencionados.

Sin perjuicio de esta decisión, el Gobierno y los Municipios deberemos adoptar todas las medidas necesarias para:

– Implementar para estos niños la campaña de vacunación contra la influenza, que comienza mañana.

– Establecer mecanismos para mantener el servicio de alimentación de la JUNAEB, para los estudiantes afectados y que lo requieran.

 – Desarrollar mecanismos en caso que se requieran diagnósticos relacionados con el Coronavirus.

– Implementar mecanismos de acompañamiento en las escuelas para aquellos niños que lo requieran.

– Los Municipios han comprometidos Turnos Éticos en los colegios para acompañar a los menores que, por las condiciones de sus familias y hogares lo requieran.

5. VACUNACIÓN INFLUENZA

Dada la severidad mostrada por la influenza durante el invierno del hemisferio norte, hemos decidido anticipar la campaña de vacunación contra la influenza para proteger mejor a los chilenos durante nuestro invierno. Esta campaña comenzará mañana lunes, durará dos meses y apunta a vacunar a 8 millones de personas, y muy especialmente a los grupos de alto riesgo como los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los enfermos crónicos y los funcionarios de la salud. Hacemos un llamado a todos los chilenos a vacunarse contra la influenza. Esto es esencial para proteger nuestra salud, y además contribuye a la campaña de prevención del COVID19.

6. ACTOS PÚBLICOS

Se reduce de 500 a 200 personas el número máximo de personas que pueden participar en actos públicos. Esta medida entrará en vigencia a partir del día miércoles 18 de marzo, pero se solicitará que, quienes estén en condiciones de hacerlo a partir hoy, lo hagan. Como medida preventiva sanitaria adicional, se solicita a las municipalidades de todo el país que tomen todas las medidas necesarias para suspender el comercio ambulante de las calles.

7. TRANSPORTE

Para contribuir a un sistema de transporte público más seguro, se han fortalecido las medidas de higiene en el metro y los buses urbanos e interurbanos. Según las recomendaciones de la OMS, las mascarillas están especialmente reservadas para los enfermos, de forma de evitar nuevos contagios y para el personal que tiene contacto directo con la población de riesgo.

8. PASOS FRONTERIZOS

Se ha implementando un mayor control sanitario en todas nuestras fronteras terrestres. Junto con la Declaración Jurada, estamos estableciendo Aduanas Sanitarias, a través de un Examen Médico para diagnosticar en la frontera el estado de salud de las personas, y en base a este, permitir o denegar su ingreso al país.

Para evitar la importación y propagación de este virus y proteger la salud de los chilenos, todas las personas provenientes de países calificados de Alto Riesgo por la Organización Mundial de la Salud, tendrán que estar en una cuarentena de 14 días al ingresar al país, cuyo incumplimiento será sancionado con las multas que corresponden.

Además, todas las personas que pasen la Aduana Sanitaria, recibirán un Pasaporte Sanitario para el control y 8 seguimiento de todas las personas que provengan de estos países. Estamos evaluando constantemente la conveniencia y necesidad de cerrar algunos pasos fronterizos terrestres, lo que se hará de ser necesario.

Tras escuchar a representantes de diversas asociaciones del sector público, ministros de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional y 4 constitucionalistas, por unanimidad, la instancia coincidió en la necesidad de legislar pero sin que ello afecte carreras funcionarias o remuneraciones de fiscales o jueces.

Por unanimidad, la Comisión de Constitución aprobó en general el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite, que busca determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria.

Los senadores Felipe Harboe, presidente de la instancia; Andrés Allamand, Francisco Huenchumilla, Víctor Pérez Varela y Alfonso de Urresti, coincidieron en la necesidad de legislar para fijar las estructuras remuneracionales de las autoridades políticas y miembros del parlamento.

No obstante, aclararon que el texto legal que llegó de la Cámara requiere de profundos perfeccionamientos puesto que tal como está redactado generaría consecuencias negativas en las estructuras de sueldos de la administración pública y en las carreras de unos 12 mil funcionarios y funcionarias, incluyendo a fiscales, jueces y ministros de la Corte Suprema.

Al respecto, el ministro de la Segpres, Felipe Ward anticipó que el Ejecutivo presentará durante el debate en particular una indicación que recoja lo diversos perfeccionamientos.

Los parlamentarios escucharon a representantes de las diversas asociaciones de funcionarios del sector público, así como al Fiscal Nacional, a ministros de la Corte Suprema encabezados por su presidente Guillermo Silva y a 4 constitucionalistas: Carlos Carmona, Luis Cordero, Arturo Fermandois y Sebastián Soto.

La mayoría de los invitados advirtieron la necesidad de introducir una serie de perfeccionamientos y afinar la técnica legislativa para conseguir el objetivo del proyecto de acortar las brechas remuneracionales.

ARGUMENTACIONES

El senador Harboe  afirmó  que “no somos los legisladores quienes nos fijamos la dieta sino que hay norma constitucional que la homologa a los ministros de Estado. Por lo tanto, hay que hacer un cambio relevante en la dieta pero también en las remuneraciones de autoridades políticas y miembros parlamento” dijo y recalcó que “en ningún caso este cambio es extensible al ministros del poder judicial, fiscales u otros funcionarios.

Asimismo, hizo presente su preocupación “por la mala calidad del proyecto que fue aprobado en la Cámara. Es un proyecto de aplauso fácil pero que genera consecuencias a más de 112 mil funcionarios que podrían verse afectados en sus remuneraciones”. Asimismo manifestó su extrañeza porque en el trámite de la Cámara “no se haya escuchado a ningún constitucionalista “.

A su turno, el senador Pérez Varela, explicó que “tras escuchar a expositores organizaciones gremiales, Presidente de la Corte Suprema y profesores  de derecho constitucional todos coinciden en que este es un muy mal proyecto y no resuelve el tema de fondo”.

Agregó que “muy por el contrario genera un  marco de incertidumbre, dificultades y ahora recae en el Senado una modificación sustancial del texto legal”.

El senador Allamand coincidió en que “la iniciativa debe acotarse a los cargos parlamentarios, ministros de Estado y no al resto de las autoridades incluidas por las múltiples razones que han dado a conocer los propios invitados”. Agregó además que “estamos frente a una iniciativa muy defectuosa”.

El senador De Urresti, aseveró que comparte  “el objetivo de proyecto de fijar las estructuras de las remuneraciones públicas y por qué no decirlo también de las privadas para acortar las brechas y creo que el parlamento puede dar una señal en ese sentido”. No obstante, reconoció que quedó “preocupado por las opiniones de los constitucionalistas y me llama la atención que en la Cámara de Diputados no hayan sido convocados”.

Finalmente, el senador Huenchumilla expresó que “la idea de legislar se enmarca en un problema político que tenemos en el país por la desigualdad de los ingresos y que abarca sector público y privado”. Añadió que “me parece que hay que apoyar la idea de legislar pero vamos a requerir de una técnica legislativa muy refinada para acotar y precisar el texto legal”.

En lo fundamental el texto de la iniciativa que cumple su segundo trámite constitucional establece que “son públicas las remuneraciones y dietas de las altas autoridades y jefaturas de la administración pública”; y propone la creación de una comisión integrada por representantes del Consejo de Alta Dirección Pública, del Banco Central y un miembro designado por el Presidente de la República, para fijar cada cuatro años los montos de las remuneraciones para diputados, senadores y otros altos cargos públicos.

Publicado 9 de marzo de 2020

La presidenta de la Comisión de Género de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Concejala de Peñalolén, Claudia Mora, saludó a las autoridades locales y funcionarias municipales, en la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Claudia Mora destacó que “Chile aún no avanza lo suficiente en materia de género, ya que en las últimas elecciones de alcaldes y concejales, sólo un 12% de los jefes comunales, corresponde a mujeres. En el caso de los concejales, las cifras indican que un 25% de los ediles corresponde a mujeres”.

Pese a que las mujeres representan más de la mitad de la población en Chile -51,37%- su representación es de apenas un 15,83% en la Cámara de Diputados y un 15,79% en el Senado.

Datos relevantes

En las elecciones municipales del año 2016, se presentaron como candidatos a la Alcaldía, 1.211 postulantes, de los cuales 980 fueron hombres y sólo 231 mujeres.

En el caso de los postulantes al cargo de concejal, se presentaron, 13.130 candidatos, de los cuales 9.072 fueron hombres y 4.058 mujeres.

Porque es importante una modificación a la Ley de cuotas: En Chile las mujeres son el 51% de la población y el 52% del electorado, pero solo, el 12% de los alcaldes y el 29% de los concejales.

Una ley de cuotas es una norma que obliga a los partidos políticos a presentar listas de candidatos equilibradas entre mujeres y hombres. Se trata de una medida de “acción afirmativa”, es decir la acción de una política pública que busca impulsar la igualdad de derechos con la finalidad de superar el desequilibrio que impide a las mujeres acceder a cargos de elección popular en igualdad condiciones respecto a los hombres.

La propuesta, que permitirá que los trabajadores públicos también puedan reclamar judicialmente por la violación de sus derechos fundamentales en su relación con el empleador, fue destinada al Senado, para cumplir con su tercer trámite legislativo.

El 6 de noviembre pasado, la Sala de la Cámara aprobó legislar en torno al proyecto que extiende la aplicación del procedimiento de la tutela laboral a los trabajadores públicos y municipales. Sin embargo, dada la presentación de indicaciones, la iniciativa volvió en la oportunidad a la Comisión de Trabajo para un segundo informe que hoy, finalmente, fue ratificado por la Corporación.

El texto, enviado a tercer trámite al Senado, agrega en el Código del Trabajo que las normas de los artículos 485 y siguientes (referidos a la tutela laboral) son aplicables a todos los trabajadores, incluidos aquellos funcionarios de la administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial; trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o aquéllas en que tenga aportes, participación o representación.

Luego, indica que dichas normas también serán aplicables a los trabajadores que se desempeñen en los siguientes órganos: Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Justicia Electoral, Contraloría General de la República y Banco Central. Asimismo, se extenderá a los trabajadores de entidades que sus propias leyes declaren como autónomas.

La iniciativa también modifica otras dos disposiciones del citado Código (arts. 486 y 489) que abordan aspectos relacionados con la Inspección del Trabajo y procesos judiciales de indemnización (o reincorporación al cargo, según opción del trabajador), en torno a los efectos del procedimiento de tutela laboral, ahora también en la perspectiva del sector público.

Tutela laboral

La tutela laboral es un procedimiento mediante el cual el trabajador reclama la violación de sus derechos fundamentales en su relación con el empleador, normas que se encuentran consagradas en el artículo 485 del Código del Trabajo y que hoy solo son aplicables al sector privado.

Este marco reconoce o ampara los siguientes derechos fundamentales para el trabajador/a y, en extensión, a su familia, cuando corresponda:

• A la vida y a la integridad física y psíquica, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral.
• Respeto y protección a la vida privada y a la honra.
• A la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada.
• A la libertad de conciencia, a la manifestación de todas las creencias y al ejercicio libre de todos los cultos.
• Libertad de expresión, opinión e información sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio.
• Libertad de trabajo y el derecho a su libre elección. Además, la garantía de que ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo las excepciones que la propia Constitución dispone.
• A no ser sujeto de los actos discriminatorios señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo.
• Libertad sindical y el derecho a negociar colectivamente sin obstáculos indebidos.
• Garantía de indemnidad, que consiste en no ser objeto de represalias ejercidas por parte del empleador, en razón o como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo o por el ejercicio de acciones judiciales.

Al quedar excluido el sector público de este marco de garantías, estas no son aplicables a dichos funcionarios. Así, por ejemplo, se excluye la intervención de la Inspección del Trabajo frente a situaciones como el despido injustificado o vulneraciones específicas a los derechos laborales.

Bases del proyecto

El proyecto de ley tiene su origen en tres propuestas parlamentarias. La moción más antigua (boletín 9476) data de agosto de 2014 y fue ingresada por cinco senadores de oposición.

Tras un periodo de estancamiento, la propuesta es retomada en diciembre de 2018, oportunidad donde el Senado adoptó la decisión de refundirla con otras dos iniciativas ingresadas ese año (boletines 12322 y 12327), también nacidas en la oposición.

La presentación de las iniciativas se condicen con dos hitos específicos. El fallo en 2013 de la Corte Suprema, que estimó que “no existe una razón jurídica valedera para excluir de su aplicación a toda una categoría de trabajadores, como son los funcionarios públicos”; y la posterior resolución del Tribunal Constitucional, que acusó inaplicabilidad por inconstitucionalidad y sostuvo que no procede la aplicación del procedimiento de tutela laboral a los funcionarios públicos y municipales.

Publicado el 03 de marzo del 2020

La Sala de la Cámara de Diputados ratificó las observaciones del Senado a la iniciativa que modifica la Ley de Tránsito, estableciendo que si en un día calendario se cometen dos o más contravenciones a la prohibición, solo se considerará la primera para todos los efectos legales.

En condiciones de ser enviado al Ejecutivo para su pronta promulgación como ley de la República quedó el proyecto de ley que modifica la Ley de Tránsito, para delimitar la infracción que consiste en circular un vehículo sin dispositivo electrónico de pago de peajes o tarifas

Lo anterior, luego que la Corporación ratificara las modificaciones del Senado, las cuales fueron abordadas en dos votaciones: una que permitió la aprobación del grueso de los cambios a la norma permanente, tras registrarse 131 votos a favor y una abstención; y otra que concitó 76 votos a favor, 54 en contra y 3 abstenciones, que permitió aprobar las enmiendas al artículo transitorio.

La iniciativa establece en su articulado permanente que, si en un día calendario se cometen dos o más contravenciones a la prohibición circular un dispositivo electrónico u otro sistema complementario que permitan su cobro, solo se considerará la primera para todos los efectos legales.

Además, se fijan normas en materia de juzgados de policía local, de modo que se dispongan de formularios que permitan solicitar la declaración de la prescripción de las multas cursadas por infracción a las normas de tránsito o de transporte terrestre

El nuevo artículo transitorio introducido por el Senado, en tanto, establece que, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la ley, las multas aplicadas por infracción, que se encuentren asociadas a una misma placa patente en el Registro de Multas de Tránsito No Pagadas del Servicio de Registro Civil e Identificación, que hayan sido informadas a ese registro hasta el 30 de noviembre de 2019 y que no se encuentren extinguidas por prescripción o pago a la fecha de publicación de esta ley, podrán ser extinguidas mediante el pago del menor monto entre el 20% del importe total de las multas antes referidas asociadas a la placa patente correspondiente o 100 UTM.

Para estos efectos, la persona a cuyo nombre esté inscrito el vehículo deberá suscribir un convenio con la municipalidad ante la cual se renueve el permiso de circulación, en el que el pago podrá pactarse en hasta 24 cuotas mensuales expresadas en UTM, sin intereses, debiendo pagarse la primera cuota al momento de la suscripción del convenio.

Dicho convenio solo podrá suscribirse en forma simultánea con la renovación del permiso de circulación y para tales efectos deberán pagarse, en cuanto corresponda, los permisos de circulación de años anteriores y las multas anotadas en el Registro de Multas de Tránsito No Pagadas distintas a las ya indicadas.

Efectos del pago

Una vez pagada la primera cuota, las multas serán eliminadas del Registro de Multas de Tránsito No Pagadas para los efectos de permitir la renovación del permiso de circulación.

En caso de falta de pago oportuno de dos o más cuotas acumuladas o de retardo de más de 30 días corridos en el pago de la última cuota, el convenio de pago quedará sin efecto de pleno derecho, dejando sin efecto la extinción de las multas objeto del convenio.

Tales multas se inscribirán nuevamente en el Registro de Multas de Tránsito No Pagadas por el saldo impago de su importe original, que fuese informado por la municipalidad suscriptora del convenio y su plazo de prescripción se contará desde la fecha de esta nueva inscripción.

Las eliminaciones e inscripciones en el Registro de Multas de Tránsito No Pagadas que se establecen en esta ley se practicarán con el solo mérito de la información remitida por la municipalidad que suscriba el convenio de pago al Servicio de Registro Civil e Identificación a través de medios electrónicos y estarán exentas de aranceles.

Sin perjuicio de la eliminación de las multas del Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ya señaladas, se anotará en ese registro la circunstancia de haberse suscrito el convenio. En caso que el convenio quede sin efecto, el comprador responderá por las multas que hayan sido objeto del convenio y que se vuelvan a inscribir.

Publicado el 30 de enero del 2020