El presidente de la Comisión de Transporte de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carlos Soto, indicó que “las horas punta del transporte público traerán un rebrote del COVID 19. Aglomeraciones en los paraderos, hacinamiento en el Transantiago y no existe un protocolo para el uso del Metro, entre otras medidas”.

 Soto insistió en “que no existen paraderos con la información suficiente para que exista distanciamiento social, tampoco un protocolo que permita el ingreso de los trabajadores en horarios diferidos para evitar aglomeraciones y hay una discriminación por parte del Ministerio de Transporte, que anuncia medidas solo en el barrio alto y nada en las comunas populares del gran Santiago.

Como se sabe, el Ministerio de Transportes anunció una serie de medidas con la finalidad de minimizar los riesgos de contagio en paraderos, buses y dependencias del Metro de Santiago, en medio del desconfinamiento de las siete comunas, que comenzaron este martes, sin embargo, en la instancia no se dieron a conocer las cifras exactas sobre cuánto aumentaría el flujo de pasajeros.

Desde la Comisión de Transportes, piden al Ministerio, que las medidas sean coherentes con los riesgos que corren los pasajeros del transporte público y se haga un plan que permita minimizar los riesgos y que contenga medidas paulatinas para toda la región con el fin de evitar un rebrote del COVID 19.

Presidente de la AChM opina sobre sobre el desconfinamiento: “Esperamos que este llamado a los gobiernos locales, no sea solamente para el anuncio, si no que más bien sea un trabajo permanente”.

El presidente de la asociación Chilena de Municipalidades (AChM), alcalde de Natales, Fernando Paredes agradeció al gobierno que las fases de desconfinamiento hayan sido informadas señalando que, “valoramos profundamente que el Ministro de Salud, haya hecho un llamado y se haya reunido con la mayoría de los alcaldes y alcaldesas del país para hacerlos partícipes de este plan paso a paso que se está anunciando”.

Asimismo recalcó que “como alcaldes siempre hemos planteado que los gobiernos comunales, tenemos que ser partícipes preponderantes en un aspecto tan importante como el desconfinamiento”. Además, el jefe comunal de Natales,  indicó que “los municipios hemos planteado, que la base de este plan, testeo, trazabilidad y el aislamiento a través de las residencia sanitarias, debe tener un financiamiento consensuado y asegurado en todos los territorios de nuestro país, y principalmente en las comunas”.

Sobre el plan paso a paso anunciado por el gobierno, el Alcalde Paredes expresó que “un plan de desconfinamiento tiene que hacerse de la mano con los municipios, esperamos que este llamado a los gobiernos locales, no sea solamente para el anuncio, si no que más bien sea un trabajo permanente, donde los alcaldes y alcaldesas participemos en el análisis y el diagnóstico, pero también en la toma de decisiones”.

Finalmente, el presidente de la AChM pidió mayor coordinación comunal, señalando que, “hacemos  llamado que hacemos al Ministerio de Salud, es que empodere a las distintas Secretarías Ministeriales de Salud en cada región, para dar una señal clara de descentralización, y también creo que llegó el momento en esta emergencia sanitaria, para que las regiones empiecen a tomar sus propias decisiones”.

En la oportunidad, tras dos días de amplio debate, se votaron los artículos con las modificaciones planteadas en el segundo informe de la Comisión de Constitución: la norma que permite el retiro extraordinario de hasta un 10% de los fondos acumulados fue aprobada, en tanto que la creación del Fondo Colectivo Solidario de Pensiones fue rechazado.

Cumpliendo con los requerimientos de quórum constitucional, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular y despachó a segundo trámite al Senado el proyecto de reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual, bajo determinadas condiciones.

El debate en particular de la iniciativa (boletines 13501, 13617 y 13627) comenzó en la sesión ordinaria de ayer con la lectura del segundo informe de la Comisión de Constitución, en donde se explicó los dos cambios emprendidos, respecto del texto aprobado en general el pasado 8 de julio.

En concreto, la primera modificación permitió definir que los fondos retirados no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal, mientras que la segunda enmendó la denominación del proyecto.

Al momento de las votaciones, el texto que permite el retiro excepcional de un 10% de los fondos previsionales (ver más detalles de la propuesta), junto con la mencionada modificación, fue ratificado por 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones.

Luego, la norma que creaba el Fondo Colectivo Solidario de Pensiones se rechazó por no alcanzar el quórum mínimo de aprobación de 93 votos favorables. El texto obtuvo 89 votos a favor, 43 en contra y 21 abstenciones.

Finalmente, se aprobó el cambio de denominación del proyecto, pero sacando la mención al citado Fondo.

Discusión de la iniciativa

La continuación del debate, en esta segunda jornada, comenzó con la intervención de la diputada Claudia Mix (Comunes), quien reclamó por la necesidad de dar ayuda a los miles de chilenos y chilenas que hoy necesitan una solución. “La gente no aguanta más ni puede esperar por soluciones que se prolongan y con letra chica”, remarcó en su discurso, destacando que la presente propuesta es un mínimo gesto de dignidad para esas personas.

Natalia Castillo (RD) recordó que el pasado 8 de julio se logró alcanzar el alto quórum para aprobar la idea de legislar de la iniciativa y lamentó las fuertes presiones que desde el Gobierno surgen hoy para revertir ese resultado. Sostuvo que hay una necesidad urgente por resolver y planteó que si las promesas del Gobierno se cumplen, bien, pero que ello no resta de entregar alternativas al pueblo para que ellos mismos puedan escoger. “Nos cansamos de esperar”, sentenció.

Jorge Alessandri (UDI) observó que la pandemia ha afectado a la economía mundial y nacional, quedando en evidencia las falencias de nuestro sistema laboral. Reconoció la lentitud del Estado para reaccionar, sobre todo cuando se necesitan soluciones rápidas, pero sostuvo que la propuesta en trámite no va en la línea correcta porque implicará un gran daño previsional y dejará a muchas personas fuera del sistema. En tal plano, defendió la propuesta del Ejecutivo en cuanto a montos y ventajas comparativas.

Camila Vallejo (PC), ante las afirmaciones de que con este proyecto se está provocando un daño previsional, sostuvo que el verdadero daño es que el 50% de los connacionales no pueda jubilarse con más de 150 mil pesos y que muchas mujeres estén condenadas a pensiones de miseria. Luego, junto con defender las líneas del proyecto, resaltó que la medida es de carácter voluntario.

Francisco Undurraga (Evópoli) reiteró su compromiso con hacer buena política y remarcó que no apoyar la propuesta no implica no entender las necesidades de la clase media, ni lo que reclama la ciudadanía o falta de sentido de realidad. “Se trata de no meter las patas tan hasta el fondo”, alertó. Sostuvo que esta es una “paupérrima y mezquina solución”, con poca claridad en la letra y alcances del texto y no atendible cuando existen otras alternativas sobre la mesa.

Jaime Naranjo (PS) recordó que si la Cámara está abocada a esta discusión es porque la ayuda del Gobierno ha sido tardía e insuficiente. Criticó que, hoy, el Gobierno le quiera negar a la gente la libertad de retirar dineros de sus fondos para atender la emergencia y refutó las presiones que se han ejercido para que no se alcance el quórum de aprobación.

Gonzalo Winter (PCS) afirmó que Chile no tiene un sistema de seguridad social efectivo, dado que es el Estado el que paga el 80% de las pensiones, sustentado, principalmente, del cobro del impuesto del IVA. Indicó que se está en esta situación porque el Gobierno ha manejado el tema como si fuera una huelga y remarcó que, aun cuando no se aprobara la propuesta, igualmente se habría avanzado en instalar la necesidad de un cambio en el sistema.

Otras opiniones

Para el diputado Harry Jürgensen, los impulsores de la iniciativa no dan confianza cuando aminoran los efectos de la medida y llamó a no avanzar en la materia. Si bien reconoció que las respuestas desde el Ejecutivo no han sido oportunas para la clase media, no por ello se debe avanzar en un retiro de los fondos previsionales que pondrán en riesgo las futuras pensiones. “Es al Estado al que se le debe exigir soluciones efectivas”, enfatizó.

Alejandra Sepúlveda (FRVS), con una olla en su mano, expuso a la audiencia cómo este instrumento refleja la unión de la gente para alimentarse en tiempos de hambre, por medio de las ollas comunes, pero también cómo refleja el descontento de la población cuando se la golpea en señal de protesta. “Lo que queremos hacer es cambiar la realidad desde el sufrimiento de las personas; invito a votar por este proyecto, por Chile y su sufrimiento”, puntualizó.

Víctor Torres (DC) recordó que se llegó a esta medida extrema, que reconoció no es inocua, pero sí necesaria, porque la propia ciudadanía lo pidió frente a una profunda situación de vulnerabilidad que hoy incluye a la clase media. “No podemos seguir con indolencia e indiferencia ante la gente (…) Es necesario que este Parlamento tenga empatía política”, planteó.

Cristina Girardi (PPD) resaltó la luz de esperanza que brindó la aprobación en general de esta iniciativa, en orden a romper con una estructura rígida que defiende los intereses del poder económico. “Dicen se va a derrumbar el país, muchas vidas ya están derrumbadas y la única opción es hoy día esta alternativa”, acotó, agregando luego que esta es una posibilidad real de hacer cambios en Chile en beneficio de la gente.

El independiente Karim Bianchi afirmó que la gente quiere su dinero y criticó duramente las presiones del Ejecutivo en pro de que se rechace la propuesta. Llamó a que se le entregue a la gente la opción de elegir entre la presente medida y la oferta que hace el Gobierno. Pidió, asimismo, aprovechar la crisis para realizar cambios al sistema previsional e insistió en que la propuesta tiene un fondo ético.

Para Cosme Mellado (PR), las respuestas del Ejecutivo han sido claramente insuficientes. Apeló a la necesidad de una ayuda inmediata y digna para la gente y estimó que la propuesta en trámite es un puntapié inicial para un cambio estructural en el sistema de pensiones. ”La política está para servir; nuestros compatriotas tienen hambre y hoy la prioridad está en las personas. Aprovechemos la oportunidad histórica de estar al lado de la gente”, sentenció.

Votos transversales

En el debate también se expresaron voces que cruzaron las respectivas veredas, en favor o en contra de la propuesta. Así, por ejemplo, desde el oficialismo el diputado Eduardo Durán (RN) manifestó su apoyo a la reforma constitucional estimando no posible eludir el difícil momento que se vive. Si bien reconoció los esfuerzos del Gobierno para llegar a la gente que está sufriendo, observó que ello “ha sido a destiempo e insuficiente”, donde muchas familias no han podido alcanzar a los beneficios. “Reafirmo mi compromiso con el 10% por la gente de mi país y mi distrito que se lo merecen”, puntualizó.

En la posición inversa se mostró el diputado independiente del bando opositor, Pepe Auth. No desconoció que era una decisión difícil, pero alertó que la propuesta era una mala alternativa. “Mejoremos la oferta tardía del Gobierno (…) Es malo que se instale el precedente de echar mano a recursos destinados a la vejez”, postuló, llamando a mejorar el sistema aumentando los fondos y no reduciéndolos; incrementando la solidaridad y no con individualismo; y con un ente público encargado de asegurar para todos una pensión digna.

En el debate de la presente jornada también intervinieron los/as diputados/as Alexis Sepúlveda (PR), Giorgio Jackson (RD), Gael Yeomans (PCS), Amaro Labra (PC), Juan Antonio Coloma (UDI), Gabriel Boric (PCS), Ximena Ossandón (RN), Raúl Saldívar (PS), Catalina Pérez (RD), Juan Fuenzalida (UDI), Daniel Verdessi (DC), Diego Ibáñez (PCS), Boris Barrera (PC), Gonzalo Fuenzalida (RN), Maite Orsini (RD), Jaime Mulet (FRVS), Javier Macaya (UDI), Alejandro Bernales (PL), Daniel Núñez (PC), Félix González (PEV), Andrea Parra (PPD), Miguel Crispi (RD), Ramón Barros (UDI), Marcelo Schilling (PS), Camila Rojas (Comunes), Marisela Santibáñez (PC) y Renato Garín (IND).

Asimismo, intervinieron los/as legisladores/as, Ricardo Celis (PPD), Jorge Brito (RD), Patricio Melero (UDI), Manuel Monsalve (PS), Miguel Ángel Calisto (DC), Hugo Gutiérrez (PC), Andrés Celis (RN), Raúl Leiva (PS), Pablo Kast (Evópoli), Gabriel Silber (DC), Bernardo Berger (RN), Leonardo Soto (PS), Osvaldo Urrutia (UDI), Joanna Pérez (DC), Karin Luck (RN), Juan Santana (PS), María José Hoffmann (UDI), Maya Fernández (PS), Francisco Eguiguren (RN), Loreto Carvajal (PPD), Juan Luis Castro (PS), Emilia Nuyado, Rodrigo González (PPD), Alejandro Santana (RN), Matías Walker (DC), Guillermo Ramírez (UDI) y Fidel Espinoza (PS).

Además, intervinieron en representación del Ejecutivo los titulares de los Ministerios Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado; de Hacienda, Ignacio Briones; y del Interior, Gonzalo Blumel. También estuvo presente el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg.

Julio 15, 2020

• En la pregunta de un posible retorno a  las clases presenciales durante el segundo semestre, un 68% de los encuestados declaró que no enviaría a sus hijos a clases, mientras que sólo un 8% sí lo haría.

• Según encuestas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el acceso a internet en el hogar ha crecido desde un 60,4% en 2012 y un 87,4% en 2017: casi 9 de cada 10 hogares tienen acceso a la red. Aún así, a la fecha hay un 12% de la población que no tiene acceso, lo que dificulta el aprendizaje.

Una nueva encuesta ciudadana “online” realizó la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), en conjunto con la Escuela de Gobierno Local, esta vez sobre la difícil situación de los estudiantes que hace ya cuatro meses están sin clases presenciales.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), más de 1.500 millones de estudiantes en el mundo han tenido que salir de sus salas de clases para

recibir aprendizaje a través de la modalidad online.

El Presidente de la AChM, alcalde de Natales, Fernando Paredes, señaló que “es importante destacar, que si bien, las clases online tienen una alta valoración, queda evidencia que un 12 de los alumnos no tienen acceso a internet, por lo que, no están recibiendo los contenidos del Ministerio, reforzando la idea que nada reemplaza las clases presénciales”, agregando que “como asociación, vamos a analizar y depurar lo datos, para entregarlos a la autoridad de educación, para seguir de cerca las nuevas decisiones en esta materia”.

En nuestro país, desde hace más de cuatro meses el gobierno decidió suspender las clases  presenciales en colegios y universidades. En el ámbito escolar, más de 3,6 millones de alumnos han estado recibiendo material y contenido desde los colegios a través de esta nueva modalidad. Los profesores se han visto obligados a adaptar sus clases pensadas para el aula y transmitirlas a través de las herramientas tecnológicas.

Con el objetivo de ahondar en esta temática, la Asociación Chilena de Municipalidades junto a la Escuela de Gobierno Local desarrollaron la consulta ciudadana denominada “Modalidad online y retorno a clases en la Educación Chilena”. La encuesta busca profundizar en la apreciación de los padres respecto a las clases en modalidad online, los aprendizajes y el futuro retorno a clases presenciales.

El sondeo reveló información respecto a distintos establecimientos (particular, particular subvencionado, municipal y universidad) y niveles educacionales (preescolar, básica, media, universitario). De esta manera, se logró tener una mirada amplia respecto de lo que está pasando a nivel educacional en nuestro país a raíz de la pandemia.

Algunos resultados:

Un 62% de los encuestados considera que la modalidad online no ha sido efectiva para el aprendizaje de sus hijos. Por otra parte, un 63% considera que la mayor preocupación para la vuelta a clases presenciales es el temor a un posible contagio.

De igual manera, se preguntó a los participantes si a raíz de la pandemia y estallido social consideran cambiar el método de aprendizaje de sus hijos (ya sea con clases particulares, exámenes libres o clases online): un 40% dijo que sí lo haría, un 37% que no y un 23% no lo sabe.encuesta_achm_estudiantes2

La Sala del Senado despachó la iniciativa luego de tres jornadas de arduo debate respecto a las medidas integrales para la protección social en el marco de la pandemia.

En condiciones de cumplir su segundo trámite, en la Cámara de Diputados quedó el proyecto que dispone beneficios para trabajadores independientes, especialmente a honorarios, ante las dificultades generadas por la propagación de la enfermedad Covid-19 en Chile. (Boletín N° 13.542-05).

Luego de tres jornadas,  (vea nota relacionada) la Sala despachó la iniciativa con votación de mayoría tras aplicar el artículo 178 del Reglamento del Senado, considerando las abstenciones como favorables a la posición que obtuvo mayor número de votos. De este modo, el proyecto quedó en condiciones de cumplir su segundo trámite, en la Cámara de Diputados.

El proyecto de ley, iniciado en Mensaje propone crear un nuevo beneficio transitorio para apoyar los ingresos y la liquidez de los trabajadores independientes, cuando estos hayan experimentado una disminución relevante de sus ingresos a consecuencia de la situación sanitaria actual.

Durante el debate, quedaron de manifiesto las diferencias entre senadores de gobierno y oposición; mientras los primeros hicieron énfasis en la urgencia de aprobar estos apoyos a los trabajadores independientes, sus pares de la oposición hicieron ver su disconformidad por considerar el aporte como “insuficiente” e insistieron en que esta iniciativa debiera ser parte del acuerdo por ingreso familiar de emergencia.

En la tercera jornada, fundamentaron su voto los senadores: Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma, José Miguel Durana, Álvaro Elizalde, José García Ruminot, Guido Girardi, Carolina Goic, Alejandro Guillier, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza, Felipe Kast, Ricardo Lagos Weber, Juan Ignacio Latorre, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Jorge Pizarro, Iván Moreira, Alejandro Navarro, Ximena Órdenes, Manuel José Ossandón, Víctor Pérez Varela, Yasna Provoste, Rabindranath Quinteros, Ximena Rincón, David Sandoval, Ena Von Baer, Isabel Allende, Pedro Araya, Carlos Bianchi, Juan Castro, Adriana Muñoz y Alfonso De Urresti.

Los principales contenidos del proyecto son:

–        Dispone un beneficio transitorio con motivo de la propagación de la enfermedad denominada COVID-19, en favor de los trabajadores independientes que perciban rentas gravadas conforme al artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo establecido en la presente ley hasta por un máximo de tres meses, continuos o discontinuos, dentro de los seis meses siguientes a contar del 1º de mayo de 2020.

–        Tendrán acceso al beneficio, los trabajadores independientes a que se refiere el artículo anterior, que cumplan los siguientes requisitos copulativos:

1. a) Haber emitido boletas de honorarios en a lo menos 4 meses, continuos o discontinuos, de los 12 meses anteriores al 1° de abril de 2020, o haber emitido boletas de honorarios en a lo menos 8 meses, continuos o discontinuos, en los 24 meses anteriores a la referida fecha;
2. b) Que, en el mes anterior al cual se solicita el beneficio, sus rentas brutas percibidas hayan experimentado una disminución de, al menos, un 30%, respecto del resultado de dividir por 12, el conjunto de las rentas brutas gravadas y percibidas durante los 12 meses anteriores al 1° de abril de 2020. Para estos efectos, las rentas brutas referidas se reajustarán según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre el último día del mes anterior a su percepción y el último día del mes anterior a la solicitud del beneficio; y
3. c) Que todas las boletas de honorarios a que se refiere en la mencionada letra a) y las del periodo de 12 meses antes del 1° de abril de 2020 a que se refiere la letra b) se hayan emitido en forma electrónica. No obstante lo anterior, podrán haberse emitido en papel las boletas de honorarios de dichos periodos tratándose de: contribuyentes cuyos servicios no estén sujetos a la obligación de retención del artículo 74 N°2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y que hayan realizado pagos provisionales conforme al artículo 84 letra b) de la referida ley o contribuyentes que desarrollen su actividad económica en un lugar geográfico sin cobertura de datos móviles o fijos de operadores de telecomunicaciones que tienen infraestructura, sin acceso a energía eléctrica o en lugares declarados como zonas afectadas por catástrofe.

• Los trabajadores independientes y que cumplan los requisitos contemplados en el artículo anterior, podrán solicitar un monto mensual de beneficio en dinero, en los términos dispuestos en este artículo.

Para los efectos de esta ley se entenderá por:

650. a) Beneficio Máximo Mensual: La cantidad de $650.000.
651. b) Ingreso de Referencia: La cantidad de $320.500.
652. c) Ingreso Promedio Mensual: El resultado de dividir por 12 la suma de las rentas gravadas conforme al artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, percibidas en los 12 meses anteriores al 1º de abril de 2020. Para efectos de este cálculo, las referidas rentas brutas percibidas se reajustarán según la variación del Índice de Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior a su percepción y el último día del mes anterior a aquel en que se realiza la solicitud.
653. d) Ingreso Mensual: La suma de las rentas gravadas conforme al artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta percibidas en el mes respecto del cual se solicita el beneficio. Para efectos de este cálculo las referidas rentas brutas percibidas se reajustarán según la variación del Índice de Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior a su percepción y el último día del mes anterior a aquel en que se realiza la solicitud
654. e) Factor de Diferencia del Ingreso: El resultado de dividir por el Ingreso Promedio Mensual, la diferencia entre el Ingreso Promedio Mensual y el Ingreso Mensual.

–        El monto del beneficio que podrán solicitar los trabajadores independientes se calculará mensualmente, en relación a la reducción del Ingreso Mensual respecto al Ingreso Promedio Mensual, conforme a las reglas siguientes:

1. a) Si el Ingreso Promedio Mensual es igual o inferior al Ingreso de Referencia, el trabajador independiente beneficiario podrá solicitar hasta un monto que ascenderá al 70% de la diferencia entre el Ingreso Promedio Mensual y el Ingreso Mensual.
2. b) Si el Ingreso Promedio Mensual es superior al Ingreso de Referencia, el trabajador independiente beneficiario podrá solicitar hasta un monto que ascenderá al 70% del resultado de multiplicar el Factor de Diferencia del Ingreso por el promedio entre el Ingreso de Referencia y el Ingreso Promedio Mensual.

En ningún caso el monto mensual del beneficio que se entregue al trabajador independiente beneficiario podrá ser mayor al Beneficio Máximo Mensual.

Los trabajadores independientes tendrán derecho a solicitar un beneficio por cada mes que haya transcurrido en que se cumplan los requisitos respectivos y hasta por un máximo de 3 meses, continuos o discontinuos, dentro de los 6 meses siguientes a contar del 1º de mayo de 2020

Los trabajadores independientes podrán solicitar mensualmente el beneficio, para efectos de cubrir la caída de sus ingresos correspondientes al mes anterior a la solicitud, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley. Esta solicitud podrá considerar la totalidad del beneficio o una cantidad menor.

• El trabajador independiente que cumpla los requisitos establecidos en esta ley podrá solicitar mensualmente el beneficio al Servicio de Impuestos Internos, preferentemente mediante medios electrónicos, respecto de la caída de ingresos que hubiese sufrido el mes anterior e indicando la forma o medio de pago por la que opta entre aquellas disponibles y los demás antecedentes que determine dicho Servicio mediante una o más resoluciones, en las que también se determinará la forma de solicitar el beneficio.

Corresponderá al Servicio de Impuestos Internos la determinación del cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento del beneficio y el cálculo del monto máximo que corresponda a cada beneficiario.

Verificado que sea el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 y el monto del beneficio que corresponda, el Servicio de Impuestos Internos le informará al Servicio de Tesorerías para que proceda a otorgar y pagar el beneficio, según el medio de pago por el que haya optado el trabajador independiente, entre aquellos disponibles.

La entrega del beneficio se realizará dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde la solicitud del trabajador independiente.

–        Los beneficios que establece la presente ley se considerarán ingresos para los efectos del artículo 4 de la ley N° 21.230 que concede un Ingreso Familiar de Emergencia. Para lo anterior, el Servicio de Impuesto Internos deberá entregar mensualmente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, una nómina de los beneficiarios y el monto de los beneficios que autorice a cada trabajador. El Servicio de Impuestos Internos deberá entregar esta información dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que haya autorizado la entrega del beneficio, en la forma y condiciones que establecerá mediante resolución.

• El beneficio se reintegrará ante el Servicio de Tesorerías, en tres cuotas anuales y sucesivas, sin multas ni intereses. La primera cuota anual corresponderá a un 20% del beneficio total obtenido y cada una de las dos cuotas anuales restantes, corresponderán a un 40% del beneficio total obtenido. Al reintegro del beneficio se le descontará el subsidio que corresponda en conformidad al artículo 8. Las cuotas que corresponda pagar se reajustarán conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor, en el período comprendido entre el último día del mes anterior al que el trabajador independiente recibió el beneficio respectivo y el último día del mes anterior al pago.

Las cuotas de reintegro se pagarán en el proceso de declaración anual de impuesto a la renta conforme al artículo 65 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, debiendo enterarse la primera cuota en el proceso que se lleve a cabo en el año 2022.

–        Tendrán derecho a un subsidio, los trabajadores independientes que reciban el beneficio que contempla esta ley y cuyas rentas obtenidas en el proceso de declaración anual de impuesto a la renta que establece el artículo 65 de la Ley sobre Impuesto a la Renta del año 2021, divididas por 12, resulten en una cantidad igual o menor a $500.000.

El monto del subsidio se determinará de la siguiente manera, dependiendo del nivel de rentas del trabajador:

320. a)      El subsidio será equivalente al 70% de la cantidad que corresponda a la diferencia de comparar el Ingreso Mensual con el Ingreso Promedio Mensual, por cada mes respecto del cual se reciba el beneficio, para aquellos trabajadores independientes que de la división señalada en el inciso anterior les resulte una cantidad de hasta $320.500. En todo caso, dicho subsidio tendrá un tope máximo de $75.000.
321. b)     El subsidio será equivalente al 50% de la cantidad que corresponda a la diferencia de comparar el Ingreso Mensual con el Ingreso Promedio Mensual, por cada mes respecto del cual se reciba el beneficio, para aquellos trabajadores independientes que de la división señalada en el inciso anterior les resulte una cantidad superior a $320.500 e igual o inferior a $400.000. En todo caso, dicho subsidio tendrá un tope máximo de $75.000.
322. c)      El subsidio será equivalente al 40% de la cantidad que corresponda a la diferencia de comparar el Ingreso Mensual con el Ingreso Promedio Mensual, por cada mes respecto del cual se reciba el beneficio, para aquellos trabajadores independientes que de la división señalada en el inciso anterior les resulte una cantidad superior a $400.000 e igual o inferior a $500.000. En todo caso, dicho subsidio tendrá un tope máximo de $75.000.

–        Durante el proceso de declaración anual de impuesto a la renta, que establece el artículo 65 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, del año 2021, el Servicio de Impuestos Internos informará a todos los trabajadores independientes que hayan accedido al beneficio establecido en esta ley, el monto del subsidio que le corresponda, y el monto total que deberá reintegrar en las tres cuotas anuales que establece en el artículo 6.

• El Servicio de Tesorerías, en representación del Fisco, estará facultado para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes para obtener el reintegro del beneficio que haya sido otorgado de acuerdo a la presente ley.

9 de junio de 2020

La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) desarrolló una encuesta sobre ingresos y desempleo para ir midiendo el impacto que tendrá estos factores en las economías locales y el rol que tendrán que asumir los municipios.

El Secretario Ejecutivo de la AChM, Jaime Belmar, explicó que “esta encuesta que desarrollamos apunta al rol de información, coordinación y gestión que deberán asumir los municipios en materia de apoyo a las personas que sufren la cesantía y que concurren a las municipalidades en busca de ayuda”. Destacó además que  “estamos ya haciendo los análisis  que nos permitan estudiar y diseñar futuros   planes proempleo para proyectos que sean verdaderamente productivos y que permitan generar más trabajo, producción  y actividad económica para las comunas. Este será un gran desafío país donde esperamos que el gobierno central pueda apoyar y financiar   programas de esa naturaleza”.

Señaló también que “estas cifras deben ir a la par -y son coherentes- con  las manifestadas  por otros estudios realizados por distintas entidades, en el sentido de lo afectada que se ve la salud mental de sus trabajadores” .  Solo el 27 % de los trabajadores asegura que logra tener un equilibrio entre su vida personal y el trabajo remoto, mientras que un grupo mayoritario 46.9% dice que lo intenta (Laborum.com).

Por otro lado, el estudio CADEM /Mutual de Seguridad (abril 2020) ante la pregunta de los cambios en los hábitos de trabajo la crisis COVID–19 los resultados coinciden en que, además del temor en perder el trabajo, la crisis   ha significado muchos más cambios en los hábitos de los trabajadores. Así, por ejemplo:

• Cambios en la carga laboral (si aumenta o disminuye): 76%
• Cambios en los horarios de trabajo:  74%
• Cambios en la forma de desplazarse medio de transporte utilizado:  62%
• Cambio a trabajo remoto: 58%
• Cambio de roles o funciones:  43%
• Declaran no haber experimentado ningún cambio: 8%

Belmar también considera que “estas cifras del estudio realizado por la AChM pudieran incluso ser más agudas, si tomamos en consideración  que los  ajuste a la baja de las proyecciones de crecimiento para 2020 y el anticipo de una  caída de 4,8% del PIB, según la Encuesta de Expectativas Económicas que realiza mensualmente el Banco Central, va  a repercutir fuertemente en las municipalidades tanto en ayudas sociales como en establecer programas de proempleo a la mayor brevedad”.

La Sala ratificó por amplia mayoría las modificaciones del Senado respecto de esta propuesta legal, permitiendo con ello su despachó al Ejecutivo para su promulgación. El texto aprobado define que los diputados podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por dos períodos; mientras que los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo por un período.

Con un contundente respaldo, la Sala de la Cámara aprobó todas las enmiendas del Senado a la reforma constitucional para limitar la reelección de las autoridades públicas (boletines 4.115, 4.499, 4.701, 4.891, 7.888 y 8.221), con lo cual la iniciativa quedó en condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República.

La materia fue resuelta tras seis votaciones separadas en las cuales, en cinco de ellas, se exigía el voto favorable de las tres quintas partes de los diputados en ejercicio (93 votos), mientras que en la sexta, solo se solicitaba un quórum simple. En cada una las votaciones se superó con amplio margen el marco exigido para su aprobación.

En la sesión, el diputado Matías Walker (DC) fue el encargado de informar los antecedentes recopilados por la Comisión de Constitución, con la opinión de abogados constitucionalistas y del Secretario General de la Cámara, Miguel Landeros, sobre el efecto de las enmiendas realizadas por el Senado.

Cabe recordar que dicha Corporación rechazó la disposición transitoria aprobada por la Cámara en 2012, que señalaba que las modificaciones introducidas se aplicarán desde las próximas elecciones, considerando que el período en actual ejercicio corresponde al primero. Con la ratificación de lo votado por el Senado, las normas regirán in actum, es decir, inmediatamente para las próximas elecciones del 2021, como lo ratificaron los expertos constitucionalistas.

Posteriormente, intervinieron más de treinta diputadas y diputados, los que, en su mayoría, consideraron positiva una renovación de las autoridades de elección popular y calificaron la votación como histórica. Sin embargo, también hubo argumentos en contra que sostuvieron que la ciudadanía tiene la voluntad para elegir a sus representantes sin la necesidad de establecer un límite temporal al respecto.

 Contenido del Proyecto

La iniciativa tiene como objeto mejorar los niveles de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas y las personas que se desempeñan en ella, al limitar los períodos en que es posible ejercer el cargo de senador, diputado, gobernador, consejero regional, alcalde y concejal.

El texto señala que los diputados podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por dos períodos; mientras que los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo por un período. Para estos efectos, se entenderá que los diputados y senadores han ejercido su cargo durante un período cuando han cumplido más de la mitad de su mandato.

En el caso de los consejeros regionales -cuyo período es de 4 años- podrán ser reelectos sucesivamente en el cargo hasta por dos períodos.

En tanto, los alcaldes y concejales, podrán ser reelectos hasta por los dos períodos siguientes y sucesivos.

Así, el texto precisa que para determinar el límite a la reelección que se aplica a los gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y concejales, se considerará que han ejercido su cargo durante un período cuando hayan cumplido más de la mitad de su mandato.

Así lo informó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, tras visitar una de las dependencias habilitadas en la comuna de Recoleta.

26 de mayo de 2020. A la espera de la llegada de 14 personas a una residencia sanitaria en la comuna de Recoleta, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, junto con la Seremi de la Región Metropolitana, Paula Labra, inspeccionaron las dependencias que desde hoy serán ocupadas como viviendas por personas con COVID-19 que no pueden realizar cuarentena en su casa.

En las últimas 72 horas se han trasladado 825 personas a algunas de las 58 residencias sanitarias que hay en el país, según informó la subsecretaria.

Precisó que en algunos casos, se trasladan a grupos familiares enteros tanto de personas confirmadas, como de contactos estrechos, para que puedan pasar los 14 días de cuarentena juntos.

“Una de las políticas más importantes para contener la propagación del brote es la residencia sanitaria. Es un lugar de alojamiento donde se le brinda confort, alimentación y cuidado médico, en donde las personas con COVID-19 positivo pueden hacer su aislamiento temporal si no cuentan con un lugar para hacer una cuarentena efectiva para no exponer a su entorno”, explicó la subsecretaria de Salud Pública.

También se han trasladado personas con COVID-19 y que viven con personas de mayor riesgo como pacientes crónicos o personas mayores para no exponerlas al riesgo de contagio.

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, comentó que “estamos llamando uno a uno a todas las personas que necesitan ayuda y también coordinando con alcaldes”.

La autoridad hizo un llamado a los chilenos que viven en la Región Metropolitana que necesitan asistir a una residencia sanitaria, que se contacten con la Seremi para poder efectuar el traslado. “Hasta la semana pasada contábamos con 11 residencia Sanitarias y vamos a seguir abriendo más. No van a faltar habitaciones para quienes lo necesiten”.

93% DE LAS PERSONAS QUE UTILIZA EL TRANSPORTE PÚBLICO TEME CONTAGIARSE CON EL COVID-19

El presidente de la Comisión de Transporte de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carlos Soto dio a conocer una consulta aplicada a los ciudadanos que se tienen que trasladar a sus trabajos en medio de la pandemia que afecta al planeta y la cuarentena que afecta a 38 comunas del gran Santiago.

Soto se refirió a los resultados de la consulta indicando que, “creo que una vez más no da la razón el hecho de que no debió ponerse en práctica la restricción vehicular y menos haber bajado la frecuencia de los recorridos, tanto de microbuses, como del metro”.

El Concejal de Lo Espejo pidió a la autoridad sanitaria que “se deben aplicar medidas de control sanitario en cada ida y vuelta de los recorridos de los buses del Transantiago y sancionar drásticamente a quienes – sabiendo de su condición de portadores-  ponen en peligro a los demás ciudadanos”.

Mayo 7, 2020: La propuesta legal mantenía un punto de discrepancia entre la Cámara y el Senado en torno a la operativa que vendrá a funcionar durante el periodo de transitoriedad. El acuerdo de la comisión mixta apoyó en este tema la redacción del Senado, pero incorporando un criterio base a considerar por la Alta Dirección Pública a la hora de fijar los montos.

Por 140 votos a favor y siete en contra, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la comisión mixta recaído en el proyecto de reforma constitucional, iniciado en mociones refundidas, que regula la dieta parlamentaria y otras altas remuneraciones (boletines 9304, 11124, 11840, 12319 y 13013).

La discrepancia que dio origen a la citada comisión radicó en el rechazo, por parte de la Cámara, de las modificaciones realizadas por el Senado al sistema transitorio que operará en tanto no funcione el mecanismo permanente que será determinado por una Ley Orgánica Constitucional y que llevará a cabo una entidad especialmente creada para este tema.

En lo medular, la Cámara plateó en el primer trámite que, durante el periodo transitorio, se aplique una rebaja inmediata del 50% para las altas remuneraciones del Estado (Presidente y sus ministros; Congreso Nacional; y Gobierno y administración interior). El Senado, en tanto, radicó en el Consejo de la Alta Dirección Pública la fijación de los montos, sin definir un criterio o margen específico.

El acuerdo de la comisión mixta determinó apoyar el grueso del texto del Senado, con dos modificaciones: una que amplió uno de los plazos fijados en la norma y otra que incluyó un criterio general a seguir por la Alta Dirección Pública.

En el debate, los defensores del acuerdo expresaron que la norma va en la línea correcta dado que se garantiza la concreción de una rebaja en las remuneraciones, pero sin la intervención directa del Parlamento, sino que a través de un órgano externo, autónomo, en señal de transparencia y probidad.

Por otra parte, los detractores criticaron que, pese a los diversos esfuerzos realizados, en la comisión mixta no se logró un acuerdo para definir una rebaja inmediata con un monto específico sustancial. Sin embargo, dijeron que apoyaban el texto, en el entendido que esta era la última instancia legislativa disponible y que un rechazo de la norma pondría en peligro la aplicación de una rebaja transitoria, en tanto no opere el sistema definitivo ya acordado.

Texto aprobado

En concreto, el texto planteado por la comisión mixta y ahora también aprobado por la Cámara define que, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de esta reforma constitucional, el Consejo de la Alta Dirección Pública fijará, por una sola vez, las remuneraciones de los ministros de Estado y de los diputados y senadores en los términos que  dispone el artículo 62 de la Constitución (la norma, que es modificada por esta reforma, establece que los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado).

Dentro de los 90 días siguientes a la publicación de esta reforma, el mencionado Consejo determinará, también por una sola vez, las rentas de las demás autoridades señaladas en la norma general, esto es: Presidente de la República, los gobernadores regionales, los funcionarios de exclusiva confianza del Jefe del Estado y los contratados sobre la base de honorarios que asesoren directamente a las autoridades gubernativas ya indicadas.

En los dos casos mencionados, las remuneraciones regirán hasta que entre a operar el sistema permanente.

Igualmente, y en el mismo término, precisará las remuneraciones de intendentes y gobernadores, las que regirán hasta el día en que asuman sus cargos los gobernadores regionales.

También se determina que el citado Consejo reducirá la última remuneración percibida por las autoridades ya mencionadas, en el porcentaje que su estudio lo justifique. Para ello deberá tener en cuenta la Escala Única de Sueldos de la Administración del Estado y los parámetros establecidos en la norma general (art. 38 bis que introduce esta reforma).

Finalmente, en el texto que aún debe sancionar el Senado antes de pasar al Ejecutivo, se establece que la mencionada institución tendrá en especial consideración para la determinación de su trabajo la realidad económica del país y el análisis de política comparada.

Mecanismo permanente

En la pasada sesión del 5 de mayo, la Cámara ratificó el mecanismo permanente que vendrá a operar y cuyas ideas basales están descritos en el nuevo artículo 38 bis que esta reforma constitucional introduce.

En particular, se define que las remuneraciones del Presidente de la República, los senadores y diputados, los gobernadores regionales, los funcionarios de exclusiva confianza del Jefe del Estado y los contratados sobre la base de honorarios que asesoren directamente a las autoridades gubernativas ya indicadas, serán fijadas, cada cuatro años y con a lo menos 18 meses de anticipación al término de un período presidencial, por una comisión cuyo funcionamiento, organización, funciones y atribuciones establecerá una ley orgánica constitucional.

La nueva instancia estará integrada por cinco personas: un exministro de Hacienda, un exconsejero del Banco Central, un excontralor, un expresidente de la Cámara o del Senado y un exdirector del Servicio Civil. Su designación será realizada por el Presidente de la República con acuerdo de los dos tercios de los senadores en ejercicio.

Los acuerdos de la citada comisión serán públicos, se fundarán en antecedentes técnicos y deberán establecer una remuneración que garantice una retribución adecuada a la responsabilidad del cargo y la independencia para cumplir sus funciones y atribuciones.