La gran mayoría concuerda que no es un teatro, más bien es una sala de multiusos, pero se ha logrado que cumpla con esas múltiples funciones bajo la estructura de un galpón, tema que muchos maipucinos que tuvieron un teatro de lujo privado, con 1.200 butacas y un grado de inclinación que permitía ver del escenario de todos los ángulos (hoy ocupa ese lugar Hites y una galería de locales en el Mall comercial Pumay) sin duda miden la calidad del recinto.

El Consejo Regional Metropolitano aprobó este miércoles 7 de octubre la cantidad de $ 265.513.0000 para ser destinados a reparaciones  al actual edificación, que según los antecedentes aportados al CORE, tiene diversas anomalías que hay que reparar para dar un mejor uso a temas culturales

Así lo señaló el consejero regional que representa a Maipú, Cerrillos y Estación Central, Cristian Rubio,  que señaló a nuestro medio: “La cultura, el arte y el folklore en Maipú son un patrimonio comunal, este proyecto va en la dirección correcta de fomentar estas actividades de las vecinas y vecinos de la comuna, por lo que para mejorar la calidad de vida y preservar las tradiciones comunales de las maipucinas y maipucinos siempre contarán con mi voto favorable”.

Aun así, Cristian Rubio está a la espera del gran proyecto que permita “la construcción del Nuevo Teatro Municipal, para el cual cuando llegue el minuto también estaremos disponibles.”

El proyecto aprobado contempla obras de conservación, la adquisición de equipamiento, que permitan el uso adecuado del recinto. Entre las modificaciones contempla el reemplazo de 1.050 m2 de la cubierta y la reparación de 987 m2 de la misma cubierta.

La reparación de 100m2 de ventanas de policarbonato, a reparación o reemplazo de 364m2 de ventanas y mamparas de la fachada y otros sectores del edificio.

El escenario del Salón Principal también será reparado, considerándose el cambio de 131m2 de piso y la reposición de la Parrilla.

Tanto las comisiones de Constitución como de Gobierno Interior aprobaron proyectos que buscan facilitar la participación no presencial en las urnas, particularmente en el actual contexto de pandemia, para las personas con Covid-19.

Por unanimidad de 11 votos, la Comisión de Constitución respaldó la reforma constitucional que dispone la habilitación de un sistema de sufragio especial no presencial, para evitar el riesgo de contagio de Covid-19 en procesos electorales (boletín 13760), texto que será informado a la Sala por el diputado Leonardo Soto (PS).

La iniciativa, originada en una moción parlamentaria, modifica el inciso segundo de la disposición transitoria cuadragésima primera de la Constitución Política de la República, que regula la realización del plebiscito y que señala que en ningún caso las medidas sanitarias de carácter general podrán afectar la realización de este; agregando a las facultades extraordinarias del Consejo Directivo del Servel, una habilitación expresa para que el organismo establezca un sistema de sufragio especial no presencial.

Esta habilitación al Servel lo faculta para la dictación de normas e instrucciones para implementar un sistema de voto domiciliario, voto postal, voto por delegación u otra alternativa de voto no presencial, que tenga el respaldo de los 4/5 integrantes del Consejo Directivo y en acuerdo con las autoridades sanitarias.

En el caso del plebiscito del 25 de octubre próximo, estas normas deberán dictarse en conjunto con el protocolo que debe publicar el Consejo Directivo del Servicio Electoral hasta 45 días antes de la celebración del plebiscito, en acuerdo con el Ministerio de Salud. Tratándose de las elecciones siguientes -eventuales primarias para elección de gobernadores regionales o alcaldes; y elecciones de abril o de noviembre de 2021- habrá plazo hasta 45 días antes de esos actos eleccionarios.

La comisión escuchó sobre esta materia al presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría y al ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Moncekeberg.

Santamaría informó que el organismo analizó distintas posibilidades de voto, pero que finalmente no alcanzaron el quorum de parte del consejo que encabeza.

“Evaluamos la posibilidad del voto postal, lo que implicaba salir y entregar el voto en una oficina de correo, pero cuando supimos que la autoridad sanitaria había establecido la prohibición de salir, evaluamos una especie de híbrido que permitía ejercer un derecho humano como es el derecho a participar en forma directa. Lamentablemente, esto no reunió los quorum suficientes al interior del consejo para transformase en una posición oficial de esta institución”.

El directivo del servicio Electoral también llamó la atención con la necesidad de renovar al organismo y considerar opciones que se usan en otros países como el voto anticipado, el voto domiciliario, el voto postal.

“Yo valoro este proyecto, pero creo que ya no estamos a tiempo, lamentablemente, para aplicarlo el 25 de octubre”, enfatizó Santamaría.

A su vez, el ministro Monckeberg planteó que como gobierno coinciden con la postura del Servicio Electoral en cuanto a la inminencia del plebiscito para poder implementar un sistema que funcione bien.

No obstante, comentó que el voto anticipado es una fórmula que ha estudiado el gobierno, así como el voto por correo o la urna móvil. “Son tres alternativas que están sobre la mesa y que como gobierno ya estamos elaborando alternativas que nos permita presentar al Congreso modificaciones en esta materia y poder dar una respuesta a quienes no pueden concurrir a votar”.

Voto a distancia

Por su parte, la Comisión de Gobierno Interior aprobó en general, por siete votos a favor y seis abstenciones, la moción que modifica la ley N°18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, para habilitar el voto mediante correo para personas que, por distintas razones, tengan dificultad o imposibilidad de trasladarse al local de votación (boletín 13.729).

La instancia, que en jornadas anteriores recibió también la opinión de las autoridades del Servel y de la Segpres, escuchó en esta oportunidad al gerente general de Correos de Chile, José Luis Rodríguez, quien explicó que su institución lleva trabajando 30 años junto al Tribunal Calificador de Elecciones y al Servel, en los diversos procesos eleccionarios del país.

Añadió que cuentan con personal entrenado en el tema, quienes notifican a los vocales y a los colegios escrutadores; así como, los días previos a la elección, sus equipos retiran materiales desde y hacia las juntas electorales y los locales de votación.

“Para todos estos eventos hemos especializado a nuestros trabajadores, donde, incluso, el apoyo es voluntario ya que estos eventos se realizan los fines de semana. Es parte de la historia de Correos de Chile acompañar los procesos eleccionarios del país”, señaló Rodríguez.

Septiembre 8, 2020

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), alcalde de Natales, Fernando Paredes se refirió a la reunión que sostuvo con los máximos integrantes del municipalismo en Chile, entre los que destacan los integrantes del Directorio, el Comité Ejecutivo y los presidentes de las principales asociaciones regionales de municipalidades.

En la cita, se debatieron los principales efectos económicos de la pandemia, los menores ingresos que han percibido los municipios por no pago de contribuciones, menos permisos de circulación y otros ítems que han generado una crisis que pone en riesgo la continuidad de muchas municipalidades.

Al respecto, el presidente de la AChM, alcalde Fernando Paredes señaló que “tenemos un gran acuerdo, que se tomó en este consejo directivo ampliado, se necesita un rescate financiero urgente por parte del Gobierno, a todas las municipalidades del país. Es cierto que se han realizado aportes para enfrentar el COVID-19 en cada uno de los territorios, pero aquí, tenemos que tener claridad, que los municipios están afectados en sus presupuestos”.

El alcalde Paredes indicó que “para ser claro, hay municipios que ya no pueden pagar su alumbrado público, sus contratos de extracción de la basura, ni mantención de áreas verdes, incluso en muchos municipios tampoco hay aportes para la salud ni la educación, y lo que es peor, muchas comunas ya no pueden pagar  las ayudas sociales que demandan diariamente las comunidades”.

Consultado sobre la gravedad de la situación, Paredes señaló que “estamos en una situación de gravedad, se nos terminó el tiempo, solicitamos un máximo sentido de urgencia al Gobierno, la próxima semana vamos a entregar nuestras propuestas, pero también aquí hay que entender que los municipios somos parte del Estado, aquí existe una crisis institucional con los municipios, donde hoy se están debilitando los presupuestos municipales, lo cual  tiene en una situación muy complicada a los municipios, que claramente afectan a las comunidades más vulnerables de nuestro país”.

Entre las propuestas que se están barajando se pueden anticipar las siguientes:

• Préstamos del Estado a los municipios a cuenta de futuros ingresos que administra el  Estado, como el Impuesto Territorial, esto para cubrir requerimientos de operación.

• Mejoras en per cápita de Salud, Actualmente $7.200., se aspira $10.000 en 2020 (valor estimado por estudios de antes de la pandemia).

• Modificación en criterio de pago de la subvención escolar, para que sea en relación a la matrícula y no a la asistencia.

• Inyección de recursos frescos, por un sistema distinto al Fondo Común Municipal, para superar crisis de financiamiento.

• Exigir al Gobierno la participación de los municipios en los planes de reactivación y pro empleo,  dentro del acuerdo de los US$ 12.000 millones, del cual, por el momento, están excluidos, entre otras propuestas

Encuentro Nacional de Concejales 2020: Conclusiones. Los Concejales de Chile convocados por la Comisión de Concejales de la Asociación Chilena de Municipalidades reunidos de manera virtual por primera vez en la historia de nuestro país concluyen este encuentro nacional declarando los siguientes 10 puntos:

1.- Hacer del Municipio un real Gobierno Comunal o Local.

2.- El Municipio es el Estado en la base y vive profundamente los sueños y/o dificultades de sus habitantes, siendo receptor privilegiado de las exigencias surgidas de la creciente participación ciudadana.

3.- Descentralizar el Estado, es avanzar en reformas contributivas locales que contemplen las características de cada comuna y no dictadas arbitraria y linealmente desde el Estado Central. No todos los Municipios, sus territorios, economías, climas y poblaciones, son iguales.

4.- Alcaldes y Concejos unidos por objetivos comunes y centrados en las necesidades de sus vecinos promoverán un mayor progreso y desarrollo local.

5.- Apoyar a PYMES y Microempresas (desarrollo económico local).

6.- En el actual contexto se requiere una Agenda Digital Local (banda ancha y servicios para los 345 Municipios del país).

7.- Los Concejales de Chile abogan por un Sistema Nacional de Formación Municipal (formación presencial y a distancia) que contemple a las y los concejales de Chile.

8.- Descentralizar funciones no esenciales que administra el Estado y que son de interés municipal: las atribuciones no esenciales (aquellas atribuciones contenidas en cuerpos legales distintos a la Ley de Municipalidades), debieran ser transferidas a los Municipios mediante la celebración de convenios directos entre los servicios públicos y las Municipalidades, con el correspondiente financiamiento.

9.- Descentralizar programas nacionales con impacto local: transferir mediante convenios, entre el Municipio y los servicios públicos centralizados o regionales, programas sociales para la ejecución directa de parte de los Municipios.

10.- Legislar con financiamiento: toda nueva transferencia debe tener el correspondiente financiamiento para no seguir aumentando el déficit municipal. Se debe otorgar rango constitucional a la obligación del Estado de financiar cualquier nueva competencia (desde el punto de vista de recursos humanos, materiales y tecnológicos).

11.- Los Concejales de Chile abogamos por un nuevo trato con los alcaldes para evitar los malos tratos a los que en ocasiones se ven expuestos los Concejales de Chile. Todos los integrantes del Concejo Municipal somos autoridades legítimas por la soberanía popular.

Un 85% de los encuestados declaró estar de acuerdo con la iniciativa que prohíbe el uso de bolsas plásticas en el comercio nacional La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) junto a la Escuela de Gobierno Local realizó una encuesta para conocer la apreciación de la ciudadanía respecto a la ley “Chao Bolsas” que prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio nacional.

Del total de  personas encuestadas, el sondeo reveló que un 85% declara estar de acuerdo con la iniciativa, mientras que un 65% se acuerda de vez en cuando de llevar sus bolsas reutilizables al momento de realizar sus compras.

El presidente de la AChM, alcalde de Natales, Fernando Paredes señaló que “como presidente de la AChM, hago un llamado a todas las instituciones y principalmente a las familias del país, para cultivar y potenciar el uso de las bolsas reutilizables, de modo tal de ir cumpliendo con esta ley, que ya se encuentra vigente y desde el punto de vista medioambiental es muy positiva para el país”.

A dos años de la promulgación de esta ley, se han logrado reducir alrededor de cinco mil millones de bolsas plásticas. En primera instancia, la medida limitó a un máximo de dos unidades la entrega de bolsas a clientes en grandes tiendas y supermercados.

Desde este 3 de agosto de 2020, se suman a esta iniciativa las pequeñas y medianas empresas, los almacenes y puestos de feria. La única excepción para su utilización es para los alimentos de contacto directo como lo son el pan, las verduras, las frutas y los pescados.

“A raíz de esta ley surge la imperiosa necesidad de implementar programas de educación a la población respecto de medidas que puedan ser un aporte al medioambiente. El foco principal de estas iniciativas debe estar puesto en los niños, pues son los que marcarán la diferencia y aportarán el factor de cambio para traspasar hábitos de generación en generación”, declara María José Bastías, Directora de Proyectos de Escuela de Gobierno Local.

La iniciativa establece la entrega de un bono de 500 mil pesos y un préstamo estatal de hasta 650 mil pesos mensuales para trabajadores formales y a honorarios, y los que tengan empresas individuales, que hayan bajado su nivel de ingresos por efectos de la pandemia.

Con 143 votos a favor y uno en contra, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto -iniciado en mensaje- que establece un financiamiento con aporte fiscal para la protección de los ingresos de la clase media.

Se solicitó igualmente la votación separada de cuatro normas del texto legal, que la comisión de Desarrollo Social recomendaba rechazar, pero que, finalmente, fueron aprobados, como sugería la Comisión de Hacienda. Por efecto de ello, la iniciativa se despachó al Ejecutivo para su promulgación como ley.

La iniciativa va dirigida a los trabajadores formales que han sido afectados en sus ingresos con una reducción igual o superior al 30% y que el promedio de sus remuneraciones mensuales en el año 2019 fluctuó entre los $400.000 y $1.500.000.

La ayuda se materializará a través de la entrega de un bono y la posibilidad de acceder a un préstamo estatal. Se espera llegar, así, a más de un millón 600 mil trabajadoras/es de clase media.

El diputado Jaime Naranjo (PS) entregó el informe de la Comisión de Desarrollo Social, que aprobó en general la iniciativa en forma unánime, pero que rechazó el articulado del proyecto. En tanto, el diputado Patricio Melero (UDI) expuso el informe de la Comisión de Hacienda, instancia que ratificó el contenido del proyecto en los mismos términos que lo aprobado en forma unánime por la Sala del Senado.

Legisladores/as de diversos sectores valoraron la iniciativa, pero manifestaron su preocupación por los trabajadores que no acceden al beneficio, como los del transporte colectivo y escolar, feriantes, garzones y personas jubiladas por el sistema de renta vitalicia, entre otros, que tampoco accedieron a los beneficios de las leyes de Ingreso Familiar de Emergencia.

En dicha línea, la petición fue a ampliar la cobertura de esta ley, hecho que no prosperó durante el trámite en comisiones.

En la sesión, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló que los trabajadores beneficiarios de este proyecto son los que tienen ingresos formales, entendiéndose por aquellos los que dejan algún registro administrativo -que no remite únicamente a ingresos laborales-, sino a cualquier ingreso que se pueda tener, de modo de contar con un instrumento efectivo que de cuenta de la baja en sus remuneraciones.

Agregó que algunos transportistas ingresan en el beneficio, los que tienen pagos previsionales, pero no los con renta presunta e informales, quienes podrán postular al Ingreso Familiar de Emergencia, hoy simplificado, que requiere para su acceso solo contar con ficha en el Registro Social de Hogares.

La autoridad sostuvo, además, que existe el compromiso de buscar otra alternativa para dicho sector, por lo que, junto a la ministra de Transportes, se reunirán con el gremio el próximo lunes.

Contenido del proyecto

El objetivo de la propuesta es establecer un mecanismo transitorio de financiamiento para la protección de los ingresos de la clase media que se traduce, por un lado, en un aporte fiscal, que se puede solicitar una sola vez, que no es restituible y cuyo monto se determina según una escala de ingresos; y, por otro, en el otorgamiento de un beneficio, que solo debe restituirse si el beneficiario obtiene ingresos en los años siguientes.

El aporte directo se entregará -por una sola vez- por un monto de $500 mil a todos los trabajadores y trabajadoras que tenían ingresos formales brutos entre $400.000 y $1.500.000 mensuales y que han sufrido caídas en sus ingresos de al menos un 30%.

Esto contempla a los siguientes grupos:

Trabajadores con contrato suspendido o cesantes, beneficiarios del seguro de cesantía.

Trabajadores con su contrato suspendido o cesantes que no sean beneficiarios del seguro de cesantía (por no calificar o no estar afiliados – trabajadores con contratos pre 2002).

Trabajadores que han acordado reducciones salariales mayores al 30%.

Personas naturales organizados como empresas individuales (cuenta propia) que han visto caer sus ingresos en 30% o más.

Trabajadores a honorarios.

 También se favorecerá, con montos decrecientes, a aquellos trabajadores con ingresos entre $1,5 y $2 millones de mensuales, que hayan tenido caídas de ingresos de 30% o más. La propuesta contempla llegar a un aporte de 100 mil pesos para quienes tengan promedio mensual de ingreso sobre 1.800.000 y hasta 2.000.000 de pesos.

Préstamo solidario estatal

Un segundo punto de la norma establece un préstamo solidario con aporte estatal, -que podrá solicitarse en forma voluntaria- con tasas de interés real igual a 0%, que sólo será reajustado de acuerdo a la inflación.

El préstamo podrá solicitarse hasta por cuatro meses, con un monto mensual máximo de $650.000. El primer mes, solo podrá solicitarse por el monto que exceda del aporte estatal mencionado anteriormente de $500.000 pesos.

Se otorgará un año de gracia al préstamo solidario, por lo que las personas comenzarán a pagar en abril de 2022 y lo harán en un plazo de cuatro años, hasta el 2025. El pago del préstamo será en función de los ingresos que tenga el trabajador y ningún pago podrá superar el 5% de sus ingresos anuales. De no lograr pagar todo el monto, el remanente total será condonado por parte del Estado.

Podrán solicitar el préstamo solidario las personas que tienen una renta mensual promedio durante 2019 igual o superior a $400 mil y que sus ingresos hayan disminuido en, al menos, un 30%. Se financiará hasta un 70% de la caída de sus ingresos.

El préstamo solidario se solicitará mensualmente solo vía online al Servicio de Impuestos Internos y será entregado por la Tesorería General de la República, una vez que estén validadas las rentas que tienen las personas, en un plazo de 10 días hábiles luego de realizada la solicitud.

El presidente de la Comisión de Transporte de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carlos Soto, indicó que “las horas punta del transporte público traerán un rebrote del COVID 19. Aglomeraciones en los paraderos, hacinamiento en el Transantiago y no existe un protocolo para el uso del Metro, entre otras medidas”.

 Soto insistió en “que no existen paraderos con la información suficiente para que exista distanciamiento social, tampoco un protocolo que permita el ingreso de los trabajadores en horarios diferidos para evitar aglomeraciones y hay una discriminación por parte del Ministerio de Transporte, que anuncia medidas solo en el barrio alto y nada en las comunas populares del gran Santiago.

Como se sabe, el Ministerio de Transportes anunció una serie de medidas con la finalidad de minimizar los riesgos de contagio en paraderos, buses y dependencias del Metro de Santiago, en medio del desconfinamiento de las siete comunas, que comenzaron este martes, sin embargo, en la instancia no se dieron a conocer las cifras exactas sobre cuánto aumentaría el flujo de pasajeros.

Desde la Comisión de Transportes, piden al Ministerio, que las medidas sean coherentes con los riesgos que corren los pasajeros del transporte público y se haga un plan que permita minimizar los riesgos y que contenga medidas paulatinas para toda la región con el fin de evitar un rebrote del COVID 19.

Presidente de la AChM opina sobre sobre el desconfinamiento: “Esperamos que este llamado a los gobiernos locales, no sea solamente para el anuncio, si no que más bien sea un trabajo permanente”.

El presidente de la asociación Chilena de Municipalidades (AChM), alcalde de Natales, Fernando Paredes agradeció al gobierno que las fases de desconfinamiento hayan sido informadas señalando que, “valoramos profundamente que el Ministro de Salud, haya hecho un llamado y se haya reunido con la mayoría de los alcaldes y alcaldesas del país para hacerlos partícipes de este plan paso a paso que se está anunciando”.

Asimismo recalcó que “como alcaldes siempre hemos planteado que los gobiernos comunales, tenemos que ser partícipes preponderantes en un aspecto tan importante como el desconfinamiento”. Además, el jefe comunal de Natales,  indicó que “los municipios hemos planteado, que la base de este plan, testeo, trazabilidad y el aislamiento a través de las residencia sanitarias, debe tener un financiamiento consensuado y asegurado en todos los territorios de nuestro país, y principalmente en las comunas”.

Sobre el plan paso a paso anunciado por el gobierno, el Alcalde Paredes expresó que “un plan de desconfinamiento tiene que hacerse de la mano con los municipios, esperamos que este llamado a los gobiernos locales, no sea solamente para el anuncio, si no que más bien sea un trabajo permanente, donde los alcaldes y alcaldesas participemos en el análisis y el diagnóstico, pero también en la toma de decisiones”.

Finalmente, el presidente de la AChM pidió mayor coordinación comunal, señalando que, “hacemos  llamado que hacemos al Ministerio de Salud, es que empodere a las distintas Secretarías Ministeriales de Salud en cada región, para dar una señal clara de descentralización, y también creo que llegó el momento en esta emergencia sanitaria, para que las regiones empiecen a tomar sus propias decisiones”.

En la oportunidad, tras dos días de amplio debate, se votaron los artículos con las modificaciones planteadas en el segundo informe de la Comisión de Constitución: la norma que permite el retiro extraordinario de hasta un 10% de los fondos acumulados fue aprobada, en tanto que la creación del Fondo Colectivo Solidario de Pensiones fue rechazado.

Cumpliendo con los requerimientos de quórum constitucional, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular y despachó a segundo trámite al Senado el proyecto de reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual, bajo determinadas condiciones.

El debate en particular de la iniciativa (boletines 13501, 13617 y 13627) comenzó en la sesión ordinaria de ayer con la lectura del segundo informe de la Comisión de Constitución, en donde se explicó los dos cambios emprendidos, respecto del texto aprobado en general el pasado 8 de julio.

En concreto, la primera modificación permitió definir que los fondos retirados no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal, mientras que la segunda enmendó la denominación del proyecto.

Al momento de las votaciones, el texto que permite el retiro excepcional de un 10% de los fondos previsionales (ver más detalles de la propuesta), junto con la mencionada modificación, fue ratificado por 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones.

Luego, la norma que creaba el Fondo Colectivo Solidario de Pensiones se rechazó por no alcanzar el quórum mínimo de aprobación de 93 votos favorables. El texto obtuvo 89 votos a favor, 43 en contra y 21 abstenciones.

Finalmente, se aprobó el cambio de denominación del proyecto, pero sacando la mención al citado Fondo.

Discusión de la iniciativa

La continuación del debate, en esta segunda jornada, comenzó con la intervención de la diputada Claudia Mix (Comunes), quien reclamó por la necesidad de dar ayuda a los miles de chilenos y chilenas que hoy necesitan una solución. “La gente no aguanta más ni puede esperar por soluciones que se prolongan y con letra chica”, remarcó en su discurso, destacando que la presente propuesta es un mínimo gesto de dignidad para esas personas.

Natalia Castillo (RD) recordó que el pasado 8 de julio se logró alcanzar el alto quórum para aprobar la idea de legislar de la iniciativa y lamentó las fuertes presiones que desde el Gobierno surgen hoy para revertir ese resultado. Sostuvo que hay una necesidad urgente por resolver y planteó que si las promesas del Gobierno se cumplen, bien, pero que ello no resta de entregar alternativas al pueblo para que ellos mismos puedan escoger. “Nos cansamos de esperar”, sentenció.

Jorge Alessandri (UDI) observó que la pandemia ha afectado a la economía mundial y nacional, quedando en evidencia las falencias de nuestro sistema laboral. Reconoció la lentitud del Estado para reaccionar, sobre todo cuando se necesitan soluciones rápidas, pero sostuvo que la propuesta en trámite no va en la línea correcta porque implicará un gran daño previsional y dejará a muchas personas fuera del sistema. En tal plano, defendió la propuesta del Ejecutivo en cuanto a montos y ventajas comparativas.

Camila Vallejo (PC), ante las afirmaciones de que con este proyecto se está provocando un daño previsional, sostuvo que el verdadero daño es que el 50% de los connacionales no pueda jubilarse con más de 150 mil pesos y que muchas mujeres estén condenadas a pensiones de miseria. Luego, junto con defender las líneas del proyecto, resaltó que la medida es de carácter voluntario.

Francisco Undurraga (Evópoli) reiteró su compromiso con hacer buena política y remarcó que no apoyar la propuesta no implica no entender las necesidades de la clase media, ni lo que reclama la ciudadanía o falta de sentido de realidad. “Se trata de no meter las patas tan hasta el fondo”, alertó. Sostuvo que esta es una “paupérrima y mezquina solución”, con poca claridad en la letra y alcances del texto y no atendible cuando existen otras alternativas sobre la mesa.

Jaime Naranjo (PS) recordó que si la Cámara está abocada a esta discusión es porque la ayuda del Gobierno ha sido tardía e insuficiente. Criticó que, hoy, el Gobierno le quiera negar a la gente la libertad de retirar dineros de sus fondos para atender la emergencia y refutó las presiones que se han ejercido para que no se alcance el quórum de aprobación.

Gonzalo Winter (PCS) afirmó que Chile no tiene un sistema de seguridad social efectivo, dado que es el Estado el que paga el 80% de las pensiones, sustentado, principalmente, del cobro del impuesto del IVA. Indicó que se está en esta situación porque el Gobierno ha manejado el tema como si fuera una huelga y remarcó que, aun cuando no se aprobara la propuesta, igualmente se habría avanzado en instalar la necesidad de un cambio en el sistema.

Otras opiniones

Para el diputado Harry Jürgensen, los impulsores de la iniciativa no dan confianza cuando aminoran los efectos de la medida y llamó a no avanzar en la materia. Si bien reconoció que las respuestas desde el Ejecutivo no han sido oportunas para la clase media, no por ello se debe avanzar en un retiro de los fondos previsionales que pondrán en riesgo las futuras pensiones. “Es al Estado al que se le debe exigir soluciones efectivas”, enfatizó.

Alejandra Sepúlveda (FRVS), con una olla en su mano, expuso a la audiencia cómo este instrumento refleja la unión de la gente para alimentarse en tiempos de hambre, por medio de las ollas comunes, pero también cómo refleja el descontento de la población cuando se la golpea en señal de protesta. “Lo que queremos hacer es cambiar la realidad desde el sufrimiento de las personas; invito a votar por este proyecto, por Chile y su sufrimiento”, puntualizó.

Víctor Torres (DC) recordó que se llegó a esta medida extrema, que reconoció no es inocua, pero sí necesaria, porque la propia ciudadanía lo pidió frente a una profunda situación de vulnerabilidad que hoy incluye a la clase media. “No podemos seguir con indolencia e indiferencia ante la gente (…) Es necesario que este Parlamento tenga empatía política”, planteó.

Cristina Girardi (PPD) resaltó la luz de esperanza que brindó la aprobación en general de esta iniciativa, en orden a romper con una estructura rígida que defiende los intereses del poder económico. “Dicen se va a derrumbar el país, muchas vidas ya están derrumbadas y la única opción es hoy día esta alternativa”, acotó, agregando luego que esta es una posibilidad real de hacer cambios en Chile en beneficio de la gente.

El independiente Karim Bianchi afirmó que la gente quiere su dinero y criticó duramente las presiones del Ejecutivo en pro de que se rechace la propuesta. Llamó a que se le entregue a la gente la opción de elegir entre la presente medida y la oferta que hace el Gobierno. Pidió, asimismo, aprovechar la crisis para realizar cambios al sistema previsional e insistió en que la propuesta tiene un fondo ético.

Para Cosme Mellado (PR), las respuestas del Ejecutivo han sido claramente insuficientes. Apeló a la necesidad de una ayuda inmediata y digna para la gente y estimó que la propuesta en trámite es un puntapié inicial para un cambio estructural en el sistema de pensiones. ”La política está para servir; nuestros compatriotas tienen hambre y hoy la prioridad está en las personas. Aprovechemos la oportunidad histórica de estar al lado de la gente”, sentenció.

Votos transversales

En el debate también se expresaron voces que cruzaron las respectivas veredas, en favor o en contra de la propuesta. Así, por ejemplo, desde el oficialismo el diputado Eduardo Durán (RN) manifestó su apoyo a la reforma constitucional estimando no posible eludir el difícil momento que se vive. Si bien reconoció los esfuerzos del Gobierno para llegar a la gente que está sufriendo, observó que ello “ha sido a destiempo e insuficiente”, donde muchas familias no han podido alcanzar a los beneficios. “Reafirmo mi compromiso con el 10% por la gente de mi país y mi distrito que se lo merecen”, puntualizó.

En la posición inversa se mostró el diputado independiente del bando opositor, Pepe Auth. No desconoció que era una decisión difícil, pero alertó que la propuesta era una mala alternativa. “Mejoremos la oferta tardía del Gobierno (…) Es malo que se instale el precedente de echar mano a recursos destinados a la vejez”, postuló, llamando a mejorar el sistema aumentando los fondos y no reduciéndolos; incrementando la solidaridad y no con individualismo; y con un ente público encargado de asegurar para todos una pensión digna.

En el debate de la presente jornada también intervinieron los/as diputados/as Alexis Sepúlveda (PR), Giorgio Jackson (RD), Gael Yeomans (PCS), Amaro Labra (PC), Juan Antonio Coloma (UDI), Gabriel Boric (PCS), Ximena Ossandón (RN), Raúl Saldívar (PS), Catalina Pérez (RD), Juan Fuenzalida (UDI), Daniel Verdessi (DC), Diego Ibáñez (PCS), Boris Barrera (PC), Gonzalo Fuenzalida (RN), Maite Orsini (RD), Jaime Mulet (FRVS), Javier Macaya (UDI), Alejandro Bernales (PL), Daniel Núñez (PC), Félix González (PEV), Andrea Parra (PPD), Miguel Crispi (RD), Ramón Barros (UDI), Marcelo Schilling (PS), Camila Rojas (Comunes), Marisela Santibáñez (PC) y Renato Garín (IND).

Asimismo, intervinieron los/as legisladores/as, Ricardo Celis (PPD), Jorge Brito (RD), Patricio Melero (UDI), Manuel Monsalve (PS), Miguel Ángel Calisto (DC), Hugo Gutiérrez (PC), Andrés Celis (RN), Raúl Leiva (PS), Pablo Kast (Evópoli), Gabriel Silber (DC), Bernardo Berger (RN), Leonardo Soto (PS), Osvaldo Urrutia (UDI), Joanna Pérez (DC), Karin Luck (RN), Juan Santana (PS), María José Hoffmann (UDI), Maya Fernández (PS), Francisco Eguiguren (RN), Loreto Carvajal (PPD), Juan Luis Castro (PS), Emilia Nuyado, Rodrigo González (PPD), Alejandro Santana (RN), Matías Walker (DC), Guillermo Ramírez (UDI) y Fidel Espinoza (PS).

Además, intervinieron en representación del Ejecutivo los titulares de los Ministerios Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado; de Hacienda, Ignacio Briones; y del Interior, Gonzalo Blumel. También estuvo presente el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg.

Julio 15, 2020

• En la pregunta de un posible retorno a  las clases presenciales durante el segundo semestre, un 68% de los encuestados declaró que no enviaría a sus hijos a clases, mientras que sólo un 8% sí lo haría.

• Según encuestas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el acceso a internet en el hogar ha crecido desde un 60,4% en 2012 y un 87,4% en 2017: casi 9 de cada 10 hogares tienen acceso a la red. Aún así, a la fecha hay un 12% de la población que no tiene acceso, lo que dificulta el aprendizaje.

Una nueva encuesta ciudadana “online” realizó la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), en conjunto con la Escuela de Gobierno Local, esta vez sobre la difícil situación de los estudiantes que hace ya cuatro meses están sin clases presenciales.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), más de 1.500 millones de estudiantes en el mundo han tenido que salir de sus salas de clases para

recibir aprendizaje a través de la modalidad online.

El Presidente de la AChM, alcalde de Natales, Fernando Paredes, señaló que “es importante destacar, que si bien, las clases online tienen una alta valoración, queda evidencia que un 12 de los alumnos no tienen acceso a internet, por lo que, no están recibiendo los contenidos del Ministerio, reforzando la idea que nada reemplaza las clases presénciales”, agregando que “como asociación, vamos a analizar y depurar lo datos, para entregarlos a la autoridad de educación, para seguir de cerca las nuevas decisiones en esta materia”.

En nuestro país, desde hace más de cuatro meses el gobierno decidió suspender las clases  presenciales en colegios y universidades. En el ámbito escolar, más de 3,6 millones de alumnos han estado recibiendo material y contenido desde los colegios a través de esta nueva modalidad. Los profesores se han visto obligados a adaptar sus clases pensadas para el aula y transmitirlas a través de las herramientas tecnológicas.

Con el objetivo de ahondar en esta temática, la Asociación Chilena de Municipalidades junto a la Escuela de Gobierno Local desarrollaron la consulta ciudadana denominada “Modalidad online y retorno a clases en la Educación Chilena”. La encuesta busca profundizar en la apreciación de los padres respecto a las clases en modalidad online, los aprendizajes y el futuro retorno a clases presenciales.

El sondeo reveló información respecto a distintos establecimientos (particular, particular subvencionado, municipal y universidad) y niveles educacionales (preescolar, básica, media, universitario). De esta manera, se logró tener una mirada amplia respecto de lo que está pasando a nivel educacional en nuestro país a raíz de la pandemia.

Algunos resultados:

Un 62% de los encuestados considera que la modalidad online no ha sido efectiva para el aprendizaje de sus hijos. Por otra parte, un 63% considera que la mayor preocupación para la vuelta a clases presenciales es el temor a un posible contagio.

De igual manera, se preguntó a los participantes si a raíz de la pandemia y estallido social consideran cambiar el método de aprendizaje de sus hijos (ya sea con clases particulares, exámenes libres o clases online): un 40% dijo que sí lo haría, un 37% que no y un 23% no lo sabe.encuesta_achm_estudiantes2