El texto que analiza la Comisión de Ciencias busca llenar los vacíos legales que existen en la comisión de los delitos informáticos. En la presente sesión se discutieron materias relacionadas a los procedimientos y pesquisas investigativas.

La Comisión de Ciencias de la Cámara continuó con la discusión y votación en particular del proyecto de ley, originado en mensaje, que establece normas para combatir los delitos informáticos, deroga la Ley 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest (boletín 12192).

En la presente sesión, el grupo parlamentario que preside el diputado Jaime Tohá aprobó diversas indicaciones al articulado correspondientes al capítulo del “Procedimiento”.

La primera propuesta establece que, cuando en la investigación de los delitos como el taque a la integridad de un sistema informático, acceso ilícito, interceptación, ataque a la integridad de los datos informáticos, falsificación informática y fraude informático existan sospechas fundadas, basadas en hechos determinados de que una persona hubiese cometido o participado en la preparación o comisión de algunos de los delitos mencionado; el juez de Garantía, a petición del Ministerio Público, deberá presentar un informe previo detallando de lo acontecido para ordenar la realización de las técnicas previstas y reguladas en el Código Procesal Penal para tales situaciones.

La orden que disponga la realización de estas técnicas deberá indicar el nombre y dirección del afectado por la medida y deberá señalar el tipo y la duración de ella, la que no podrá exceder de sesenta días. No obstante, el juez podrá prorrogar este plazo por un período de hasta igual duración, para lo cual deberá examinar cada vez la concurrencia de los requisitos.

De igual forma, se estipula que, cumpliéndose los requisitos mencionados, el juez de Garantía, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar a funcionarios policiales actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación, con el fin de esclarecer los hechos tipificados como delitos en esta ley, para establecer la identidad y participación de personas determinadas en la comisión de ellos, impedirlos o comprobarlos.

El referido agente encubierto en línea podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido, pudiendo obtener también imágenes y grabaciones de las referidas comunicaciones. No obstará a la consumación de los delitos que se pesquisen el hecho de que hayan participado en su investigación agentes encubiertos.

La norma agrega que el agente encubierto, en sus actuaciones, estará exento de responsabilidad criminal por aquellos delitos en que deba incurrir o que no haya podido impedir, siempre que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación y guarden la debida proporcionalidad con su finalidad.

Otras normas abordadas

También se aprobó el cambio de nombre de prestadores a proveedores de servicios, quienes serán toda entidad pública o privada que ofrezca a los usuarios de sus servicios la posibilidad de comunicar a través de un sistema informático y cualquier otra entidad que procese o almacene datos informáticos para dicho servicio de comunicación o para sus usuarios.

Adicionalmente, se ratificaron dos indicaciones a las disposiciones transitorias. La primera, reemplaza el artículo primero transitorio por un texto que indica que los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente normativa, así como las penas y las demás consecuencias que correspondiere imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si la presente ley comienza a regir durante la perpetración del hecho, se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Se aclara que, si la aplicación de la normativa resulta más favorable al imputado o acusado por un hecho cometido con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella (en este caso se deberá tomar en consideración todas las normas en ella están previstas y que fueran pertinentes al juzgamiento del hecho).

El delito se entenderá por perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.

La segunda indicación aprobada en este marco señala la entrada en vigencia de algunas de las normas de esta ley.

Finalmente, el grupo parlamentario acordó votar hasta total despacho este proyecto en la próxima sesión. ​

Enero 18, 2021.

Este 14 de enero a las 9.00 hrs. en el Servicio Electoral y ante su Director Nacional, Raúl García, se dio cumplimiento al Decreto Exento N° 1.886 de fecha 24 de noviembre de 2020, la Ley N° 21.221, Reforma Constitucional que establece un nuevo itinerario electoral para el Plebiscito Constituyente y otros eventos electorales y, el articulo N° 24 de la Ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, el artículo 91 de la Ley N° 19.195 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y el artículo 114 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, de realizar en audiencia pública, el sorteo del orden de las 101 listas declaradas, para determinar la precedencia de los candidatos en las respectivas cédulas electorales, para las elecciones de Convencionales Constituyentes, Gobernadores Regionales, Alcaldes y Concejales, que se llevarán a efecto el domingo 11 de abril de 2021.

En esta ocasión y en concordancia con las medidas de sanidad impuestas por efectos de la pandemia, este sorteo se llevó a cabo vía telemática y transmitido por redes sociales de Servel.

El sorteo se efectuó con letras del abecedario en número igual al de listas declaradas, incorporándose a este abecedario las siguientes combinaciones de letras (XA…….XZ ;YA……..YZ; ZA, ZB, ZC, ZD……etc.) asignándole la primera letra que arroje el sorteo a la lista primeramente declarada y las restantes letras a las demás en el orden de su recepción y se obtiene el siguiente resultado

Las letras asignadas distinguirán a las listas en las cédulas oficiales en todos los territorios electorales para la elección de Convencionales Constituyentes, Gobernadores Regionales, Alcaldes y Concejales.

En el caso de la identificación de escaños reservados para los Pueblos Indígenas, estos se identificarán en la Cédula Oficial con el nombre del Pueblo Indígena que corresponda.

En el actual contexto de crisis hídrica y temporada estival 2021, la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), representada esta vez por el alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova, acompañado de expertos de la Conaf y empresas sanitarias, expusieron sobre la necesidad de prevención de incendios forestales, especialmente en el secano costero de nuestro país.

El Alcalde Córdova señaló que “sabemos que este es un trabajo institucional que requiere el esfuerzo de muchos, donde valoramos este tremendo esfuerzo de la Asociación, que cumple un rol importante para que estemos atentos ante la ocurrencia de cualquier evento catastrófico durante estas fechas tan críticas”.

Mientras que, Patricio Herrada, de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess), Señaló que “hoy hablamos de 11 años consecutivos de una gran sequía, que requiere que las empresas vayan desarrollando planes para mitigar y aminorar esta crisis”

Por su parte, Claudio Santelices, Essbio/Nuevosur expresó que “somos un país de catástrofes y como empresa hemos estado presentes trabajando para intentar ser un aporte en su control y el trabajo con los municipios es vital, realizamos una labor de mantenimiento de los grifos, junto a los municipios y bomberos”.

Alejandro Salas, Gerente Regional de Esval, indicó que “tenemos un déficit crítico en cuanto a recursos hídricos y como institución nuestros pilares fundamentales para enfrentar esta situación son, la generación de alertas, definición de puntos de carguío de agua, establecimiento de canales de comunicaciones efectivos y trabajo preventivo, logrando un trabajo coordinado a gran escala”.

Jorge Saavedra, Jefe del Departamento de Desarrollo e Investigación de la Conaf indicó que “los municipios son fundamentales y desde la Conaf, estamos trabajando para poder llevar una mayor tranquilidad para la población. Sin duda, que el trabajo conjunto con las municipalidades y las compañías de agua, nos permite centrarnos en las áreas más críticas”.

El Secretario Ejecutivo de la AChM, Jaime Belmar se refirió al trabajo municipal destacando que, “el tema hídrico es fundamental, la verdad es que la contingencia especial del 2020, nos mantuvo ocupados principalmente en temas relacionados a materias presupuestarias, pero sin lugar a dudas, estas cápsulas de capacitación, tanto en materias hídricas como en este caso en materia de incendios forestales, son temas que como municipios a lo largo de todo el país, consideramos como fundamentales”.

Los incendios forestales arrasan con enormes extensiones de vegetación, constituyéndose en una de las causas del proceso de fragmentación del bosque, deforestación y desertificación. La literatura les atribuye, además, ser uno de los causantes de la contaminación atmosférica e incluso, de su participación en la liberación, a través de la combustión, de Contaminantes Orgánicos Persistentes más conocidos como COP´s.

En Chile, país que no es ajeno a esta realidad, se originan anualmente un promedio de 6.000 incendios, con una superficie afectada de 50.000 hectáreas. La causa que da origen a estos eventos, casi exclusivamente, se radica en el ser humano y sus actividades.

La iniciativa, que retorna a Constitución por ser objeto de indicaciones, sube en un grado la pena para quienes amenacen, agredan o atenten contra la vida de dirigentes sociales.

El proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código Penal con el propósito de establecer una circunstancia agravante de responsabilidad criminal en el caso de delitos cometidos contra dirigentes de juntas de vecinos (boletines 11.948 y 12.926), fue aprobado en general por la Sala de la Cámara, con 136 votos a favor y dos abstenciones.

El texto, que vuelve a la Comisión de Constitución por ser objeto de indicaciones, establece una agravante en los delitos de amenazas, lesiones graves, castración, mutilación y homicidios, que pudieren cometerse en contra de dirigentes de organizaciones comunitarias por su condición de tales.

En concreto, la propuesta legal incorpora dos nuevos artículos al Código Penal:

• El 298 bis, que señala que en delitos de amenazas podrán ser aplicadas las penas superiores en un grado si la víctima fuese integrante del  directorio de una organización comunitaria funcional, junta de vecinos o unión comunal, constituidas conforme a la Ley 19.418, en represalia del ejercicio de sus funciones.
• Y el artículo 410 bis, que establece que en delitos de lesiones graves, castración, mutilación y homicidios podrán ser aplicadas las penas superiores en un grado, si la víctima es dirigente vecinal o comunitario.

El diputado Francisco Undurraga (Evópoli) fue el encargado de entregar el informe de la Comisión de Constitución, donde se destacó la labor de dirigentes sociales que cumplen un rol fundamental para la democracia, en la defensa de los intereses de la comunidad, en la solución de problemas y en colaborar con medidas de resguardo de la seguridad ciudadana para evitar prácticas delictivas que afecten a los vecinos.

En tal plano, se resaltó que estos dirigentes, muchas veces, se ven enfrentados a situaciones de riesgo y son intimidados por parte de personas y organizaciones delictuales.

Desde todos los sectores valoraron la labor ad honorem que realizan los dirigentes sociales, con un trabajo desinteresado, pero que implica serios riesgos, sobre todo, por la expansión del narcotráfico en las diversas comunas.

En ese sentido, uno de los autores de una de las mociones, Marcelo Díaz, recordó que, en agosto de 2019, en el Cerro Polanco, en Valparaíso, dirigentes vecinales fueron baleados.

Diciembre 17, 2020

La moción que fue aprobada en particular por la Comisión de Deportes, busca establecer un impedimento para que el presidente de una federación deportiva sea a la vez presidente de una de las asociaciones o clubes que la integran, impidiendo así que se produzcan situaciones de faltas de control por parte de los asociados a sus dirigentes.

La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular y remitió a la sala el proyecto (boletín 12.247) que modifica la Ley 19.712, del Deporte, en materia de incompatibilidades del cargo de director de la Federación de Fútbol y de inhabilidades para ser directores de federaciones deportivas nacionales.

La idea matriz de la iniciativa, que fue remitida a la Comisión de Deportes por haber sido objeto de indicaciones, consiste en establecer un impedimento para que el presidente de una federación deportiva sea a la vez presidente de una de las asociaciones que la integran, impidiendo, así, que se produzcan situaciones de faltas de control por parte de los asociados a sus dirigentes.

En específico, la indicación anexada al texto, que fue finalmente aprobada por la unanimidad de los integrantes de la instancia, incorpora a los presidentes de clubes en la referida incompatibilidad, por el mismo motivo antes señalado.

El proyecto agrega en la normativa vigente, que no podrán ser directores de la Federación Deportiva Nacional (FDN) quienes hayan sido condenados por delitos contra la probidad o por prácticas antisindicales o infracción a los derechos antisindicales de los trabajadores.

Con ello, según se remarcó en el debate por parte de las y los legisladores, se refuerza el propósito de que los dirigentes, dedicados a encabezar los rumbos de deportes, “sean personas de trayectoria intachable y profesional, que sirvan al deporte”.

La iniciativa que en su espíritu original pretende proteger la institucionalidad de las federaciones, reafirmar su independencia, autonomía, funcionamiento y patrimonio, será informada ahora a la sala por el diputado Pablo Prieto (IND).

Diciembre 9, 2020

La Sala despachó la iniciativa que propone avanzar hacia métodos más cualitativos de medición escolar.

En condiciones de cumplir su segundo trámite, en la Cámara de Diputados, quedó el proyecto de ley,  que modifica la Ley General de Educación con el objeto de complementar el sistema de evaluación correspondiente al nivel de educación básica, especialmente a los cursos primero a cuarto básico. (Boletín N° 11.992-04)

El proyecto conocido también como “No más notas” tuvo su origen en una moción de los senadores Yasna Provoste, Francisco Chahuán, Juan Ignacio Latorre, Manuel José Ossandón y Jaime Quintana, y tiene por objeto establecer nuevas fórmulas de evaluación, distintas a la actual escala de notas de 1 a 7, propendiendo a la utilización de criterios cualitativos, con especial énfasis en los estudiantes del primer ciclo básico.

La Sala despachó en particular la norma que, según recalcaron sus autores, cobra más sentido de urgencia dados los cambios impuestos por la pandemia. En la ocasión el senador Jaime Quintana, dio cuenta de la iniciativa, y también señaló que “la pandemia nos demostró que necesitamos estar preparados para evaluar de otra manera”.

11 de diciembre de 2020

Asimismo hicieron uso de la palabra los senadores:

Yasna Provoste,

“Se incorpora el criterio que la evaluación sea retroalimentación y de cómo vamos a ser capaces de promover un estilo de aprendizaje distinto. La innovación de resultados de ha sido a través de informes verbales”

Ena Von Baer

“Hay que confiar más en las comunidades educativas del país y comprender que las realidades no son las mismas, pues dependen, según regiones o proyectos educativos”.

Guido Girardi

“Las nuevas generaciones van a necesitar insrumentos que motiven la creatividad y no la nota porque segmenta y perpetúa  la visión lineal del siglo XX. Vamos a ir perdiendo no solo la diversad sino la capacidad de enfrentar escenarios distintos”.

Carlos Montes

“Tiendo a pensar que el quiebre mayor está en la concepción de una educación que prepara para salir a trabajar. En Chile, la discusión del siglo 19 era leer y escribir, pero cuál es el debate de hoy: una tecnología más sofisticada. Necesitamos ver cómo se educa en el contexto en que estamos”.

José García Ruminot

“Mi aproximación a este tema, que es muy importante, es que debemos respetar los acuerdos y las decisiones que adoptan los equipos directivos de las distintas unidades educativas del país”.

Rodrigo Galilea

“Considero que aquí estamos discutiendo una situación sobre la modalidad de evaluación de los menores del primer ciclo y lo que subyace en el debate de fondo es una discusión sobre el modelo educativo del país y eso presenta desafíos enormes”.

Asimismo justificaron su voto la senadora Carmen Gloria Aravena y Alejandro Guillier

La iniciativa, enviada ahora al Senado, permite un nuevo retiro del 10%, teniendo como límite máximo 150UF y mínimo de 35UF. En caso de no completar el margen mínimo, podrá retirarse la totalidad de los recursos disponibles en la cuenta individual.

A su segundo trámite fue enviado el proyecto de reforma constitucional que establece y regula un mecanismo excepcional de retiro de fondos previsionales (boletines 13736, 13749 y 13800), ello luego que la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados diera su aprobación al texto, tanto en general como en particular.

La idea de legislar fue aprobada por 130 votos favorables, 18 en contra y dos abstenciones. Luego, en la votación en particular se resolvió sobre una decena de indicaciones presentadas, las cuales ninguna fue aprobada. Si tuvo efecto sobre el texto una votación separada que restó una norma que indicaba que los fondos retirados superiores a 35UF constituirían renta para todos los efectos legales. Dicha disposición se rechazó por 60 votos a favor, 83 en contra y seis abstenciones.

En concreto, la iniciativa aprobada autoriza a las y los afiliados del sistema privado de pensiones, de forma voluntaria y excepcional, a realizar un segundo retiro de hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias.

La medida, dispuesta con la idea de mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional decretado a causa del Covid-19, establece como monto máximo de retiro el equivalente a 150UF y un mínimo de 35UF.

En el evento de que el 10% de los fondos acumulados sea inferior al límite recién señalado, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. Igualmente, si los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual son inferiores a 35UF, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos.

La norma determina que la entrega de los fondos se efectuará en una sola cuota y en el plazo máximo de 30 días hábiles de presentada la solicitud ante la respectiva Administradora de Fondos de Pensiones y estará sujeta a la retención, suspensión y embargabilidad por deudas originadas por obligaciones alimentarias de conformidad a lo previsto en la Ley 21.254.

Asimismo, se remarca que la presente facultad no es incompatible con el ejercicio del derecho de retiro del 10% establecido en la reforma constitucional ya vigente y se indica que la Superintendencia de Pensiones establecerá la normativa que regule esta cotización

Luego, se especifica que los afiliados que soliciten el retiro de fondos previsionales podrán reintegrar todo o parte de dichos fondos mediante una cotización voluntaria adicional equivalente a un 5% mensual calculada sobre la última remuneración cotizada y que podrá enterarse durante todo el período que sea necesario para restituir el saldo retirado reajustado, sin perjuicio de su facultad de suspenderlo o discontinuarlo.

Además, se establece que el Presidente de la República, los parlamentarios, los gobernadores regionales, los funcionarios de exclusiva confianza del Jefe del Estado y los contratados sobre la base de honorarios que asesoren directamente a las autoridades gubernativas ya indicadas, que hayan hecho efectivo el primer retiro o que accedan a este nuevo beneficio deberán incorporar a su declaración de patrimonio e intereses la información respectiva.

Debate

Tal como ocurrió con el proyecto de ley que definió un primer retiro de fondos previsionales, la presente propuesta generó un amplio e intenso debate al interior de la Sala tras la rendición del informe de la Comisión de Constitución, por parte del diputado Leonardo Soto (PS). El ánimo generalizado fue en pro de aprobarla.

Entre los diputados del oficialismo afines a la medida, se mencionaron los otros esfuerzos realizados durante el periodo, pero se reconoció que, en muchos casos, se llegó tarde o con condiciones que marginaron de los beneficios estatales a muchas familias y sectores del país.

Asimismo, se observó que el presente retiro se realiza ante una pandemia que no cede, prolongada en el tiempo respecto de las estimaciones iniciales y con una economía que urge ser reactivada. En todo caso, se relevó la importancia de concretar la reforma previsional, hoy en segundo trámite en el Senado.

En la oposición, la crítica fue dura hacia el Gobierno, particularmente hacia Hacienda, acusando ineficacia en sus políticas, tardanza en las soluciones y letra chica en sus propuestas, que obligaron a emprender un primer retiro y, ahora, a avanzar a un segundo, pese a reconocerse que hacer uso de los recursos previsionales de los chilenos no es la mejor medida.

Muchos de las y los que intervinieron, destacaron que el primer retiro permitió un alivio a las familias, destinándose los recursos a alimentación, pago de deudas y ahorro y gatillando, con la colocación de más de 13 mil millones de dólares en el mercado nacional, una leve reactivación de la decaída economía.

Asimismo, se hizo un llamado directo al Ejecutivo a aprender de las experiencias pasadas y a no obstaculizar el trámite de esta iniciativa, ni menos a concretar el anuncio de que sería enviada al Tribunal Constitucional para frenarla.

En la oportunidad, también hubo voces contrarias al proyecto radicadas, principalmente, en partidos del oficialismo. Para estas y estos legisladores, avanzar en el proyecto es hipotecar el bienestar futuro de miles de chilenos que se quedarán sin pensiones.

Destacaron que, con el retiro anterior, cerca de dos millones de personas quedaron sin fondos previsionales y remarcaron que, con la actual propuesta, la cifra aumentaría a cerca de cuatro millones. En este plano, llamaron a no continuar en esta línea. Además, pidieron al Gobierno diligencia en la ejecución de sus políticas de apoyo a la ciudadanía.

En representación del Gobierno participó el titular del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg.

La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), que encabeza el alcalde de Natales, Fernando Paredes celebró que el ex vicepresidente de la institución y ex alcalde de Estación Central asuma el Ministerio del Interior en un momento muy importante para el país.

El alcalde de Natales señaló que “entendemos que el Gobierno, está valorando y reconociendo en el municipalismo, y principalmente en los alcaldes esa visión que se tiene, para poder desarrollar un país con mucho apego con la comunidad, y ese contacto permanente que hoy los jefes comunales tienen de forma permanente” agregando “sin lugar a dudas, Rodrigo Delgado, será capaz de aprovechar toda esa experiencia, para volcarla al Gobierno y al Ministerio del Interior”.

Para finalizar el Presidente de la AChM, indicó que “celebramos este nombramiento, y le deseamos a Rodrigo Delgado, toda la suerte y disposición para colaborar con el Ministerio del Interior, en beneficio de cada uno de los chilenos y chilenas”.

Ya la AChM envió una carta al nuevo Ministro señalando la disposición de las autoridades locales para colaborar en todos los ámbitos que están por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y generar un diálogo fructífero en aquellas materias como descentralización, autonomía municipal y mayores atribuciones y recursos para las comunas, especialmente aquellas que son rurales y alejadas de los centros urbanos.

Las municipalidades manifiestan que, Chile requiere que lo escuchen, existen muchos problemas apremiantes para millones de personas y comparten con el nuevo Ministro del Interior sus declaraciones, en el sentido de estar atento a lo que nuestros vecinos están sufriendo producto de la pandemia del COVID 19.

Finalmente, los municipios desean éxito en la gestión del ex alcalde Delgado y manifiestan que estarán disponibles en aquellas instancias en las cuales se requiera de la participación de nuestras municipalidades.

El domingo 25 de octubre será recordado por muchos años. Una ejemplar jornada cívica y ciudadana movilizó a millones de chilenos y chilenas a las urnas para pronunciarse democráticamente respecto a la necesidad de una nueva Constitución y sobre el órgano competente que deberá asumir la tarea de elaborar sus contenidos.

Como Asociación Chilena de Municipalidades, saludamos y felicitamos la organización de este evento eleccionario. A los funcionarios municipales,  a las Fuerzas Armadas y de Orden, a los vocales de mesas, al voluntariado y a todos quienes permitieron tener otra  jornada ejemplar en la historia del país. Como autoridades comunales acompañamos este proceso con el optimismo y la convicción de un Chile mejor, y comprendemos que estos resultados no deben ser arrogados por nadie más que por el pueblo chileno, que demostró sus ansias de ser escuchado y de tomar un protagonismo mayor en pos de un mejor vivir.

Hoy recordamos que hace exactamente un año, estábamos convocando a una Asamblea Nacional de Alcaldes que daría lugar a la Consulta Nacional Municipal, realizada  diciembre de 2019, iniciativa que germinó en un momento muy complejo para el país y sus autoridades. Ni el Ejecutivo ni el Congreso lograban resolver la grave crisis política y social abierta el 18 de octubre, en que miles de ciudadanos se volcaron a las calles para demandar el fin de los abusos y la obtención de derechos largamente postergados. Días también en que la violencia mostró su peor cara, expresada en incendios, saqueos, ataques entre civiles y violaciones a los DDHH.

Esa realidad -vivida en carne propia por nuestros vecinos y vecinas- fue rápidamente captada por las autoridades locales, quienes a través de nuestra Asociación reaccionaron de inmediato, y fue así como nuestro Directorio resolvió devolver a los vecinos y vecinas de sus comunas el poder de decidir qué hacer e indicarnos cuáles eran los caminos para resolver la crisis, por medio de los canales democráticos que permite nuestro sistema jurídico. Es así que el 7 de noviembre de 2019 -en la comuna de La Granja-  la Asamblea Nacional de Alcaldes mandató al Directorio de la ACHM y a su presidente, en ese entonces, alcalde German Codina, consultar a la ciudadanía acerca de la necesidad o no de elaborar una nueva Constitución Política, además de establecer prioridades en materia de demandas sociales y otras consultas de carácter local definidas por cada municipio.

Finalmente esta consulta se realizó el día 15 de diciembre en 220 comunas, con la participación de casi  2.5 millones de personas. Los resultados se conocieron esa misma noche y coinciden mucho a los de este domingo recién pasado. Además, se fijaron como prioridades sociales a nivel nacional las pensiones,  la salud y educación pública. Es por lo que los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de Chile no podemos sino sentir orgullo por ser parte fundamental de esta construcción de un país mejor a través de canales democráticos. Marcamos un rumbo que nos señaló la ciudadanía.

Por todo ello,  una vez constituida la Convención Constitucional entregaremos a ese órgano los resultados pormenorizados de aquella Consulta Municipal en las materias sociales que fueron consultadas, esperando que ellas  se transformen también en un insumo para los y las constituyentes electos. Así cerraremos un proceso del cual estamos satisfechos y contentos.

Ahora viene una etapa distinta. Un nuevo camino, complejo y desafiante, en el que  se deberá nutrir  a la nueva Constitución del contenido que la ciudadanía demanda. Como ACHM queremos continuar siendo actores relevantes de esta nueva construcción. Especialmente, nuestro aporte debe ser en los temas que más se repiten en los territorios que representamos: la creación de un país cada vez menos centralista, y en donde la descentralización, la autonomía local y la participación ciudadana ya no sean solamente  anhelos o discursos, sino una realidad permanente en la construcción política de Chile. De esta forma el Estado y sus servicios podrán acercarse realmente a la ciudadanía. Territorios y localidades deben ser capaces de desarrollarse en todas las dimensiones necesarias para que cada uno pueda vivir una calidad de vida digna y plena. Sabemos que hoy la ciudadanía valora más a los municipios que a otras instituciones del Estado por esta capacidad de estar más cerca, empatizar y ser parte de la comunidad. Por lo mismo, demandamos ser verdaderos gobiernos locales, con mayor autonomía y capacidad de decisión en cada comuna. Este contenido será una prioridad para nuestra Asociación en el proceso que se inició el 25 de octubre.

Si fue la ciudadanía la que impulsó este proceso de cambios profundos en el país, entonces  su presencia  debe estar garantizada en las diversas  etapas del proceso constituyente. Reiteramos en la necesidad de escuchar y desarrollar un proceso pedagógico en que todos aprendamos a construir acuerdos, a superar la intolerancia y pensar primero en el bien común, como horizonte de nuestra vida en comunidad.

Por lo mismo anunciamos que la ACHM -mientras dure el proceso constituyente- se mantendrá en estado de cabildo permanente, convocando y liderando un proceso inserto en la misión que tenemos en la sociedad: alcanzar un consenso democrático respecto de los lineamientos básicos que deben ser incluidos en la nueva Constitución acerca de la descentralización y el desarrollo local.  Para ello crearemos una red de diálogo con el apoyo de académicos, universidades, expertos, líderes de opinión y de la sociedad civil. De todos los sectores y corrientes de pensamiento, para poder consensuar y elaborar las propuestas necesarias para su discusión en la Convención Constitucional. Hacemos un llamado a enriquecer el encuentro de todos los sectores, trabajar juntos y unidos, disminuir las distancias y desconfianzas, de manera que todo chileno se sienta integrado en el proceso iniciado este 25 de octubre de 2020.

Chile ha iniciado un nuevo camino, y en él  los municipios -como en toda la historia del país-seremos compañía y actor, con fuerza, convicción y energía.

DIRECTORIO NACIONAL 

El jueves 15 de octubre ebla cuenta  que entrega el Ministro Enrique Paris, anuncio que Maipú y otras 7 comunas de la región Metropolitana entran a la fase de “Preparación”, conocida como la fase  tres del desconfinamiento a causa de la pandemia que nos afecta. Esto indica que se termina algunas restricciones, permitiendo desarrollar trabajos no esenciales aunque se hace hincapié que se debe seguir utilizando mascarilla y mantener la distancia social. Otro tanto  se indica que pueden abrir los restauran, pero con atención de comedores al aire libre y distanciados cada mesa de 2 metros.

La subsecretaria para la Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció el pasado jueves 15 de octubre que a contar del lunes 19 de octubre las comunas que cambiarán de fase en el Plan Paso a paso de cinco fases. Avanzan a Preparación en la Región Metropolitana las comunas de: El Monte, Lo Espejo, Maipú, Melipilla, Renca, Paine, San Bernardo y San Joaquín.

El anuncio indca además que en la Región Metropolitana avanzan a fase 4 de “Apertura Inicial” las comunas de Tiltil, María Pinto, San Pedro, Curacaví, Pirque y Colina, todas ellas a partir del lunes 19 de octubre a las 5:00 A.M..

¿QUE ESTA PERMITIDO Y MANTIENE LAS PROHIBICINES EN FASE 3?

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PROHIBIDO:

1. El funcionamiento de Clubes y Centros de día de Adultos Mayores.
2. El funcionamiento de cines, teatros, pubs, discotecas y lugares análogos.

• El funcionamiento de gimnasios abiertos al público.

1. La realización de actividad deportiva con más de 25 personas en lugares abiertos y más de 5 en lugares cerrados.
2. La realización y participación de eventos y reuniones sociales y recreativas de más de 25 personas en espacios cerrados y 50 en lugares abiertos, y durante el horario de toque de queda.
3. La entrada y salida a Centros SENAME y ELEAM sin supervisión.

• Las clases presenciales de establecimientos educacionales, solo excepciones solicitadas por el sostenedor y previa factibilidad sanitaria informada por el MINSAL.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?

1. Todos, incluidos los mayores de 75 años, pueden salir, pero no ir a lugares en cuarentena.
2. Debes respetar el toque de queda, que implica que no puedes salir entre las 23:00 y las 05:00 horas salvo que tengas un salvoconducto por emergencia médica o el fallecimiento de un familiar directo.
3. Puedes ir a trabajar si es que trabajas en un lugar que no esté en cuarentena, a no ser que sea servicio esencial, y tengas un permiso de desplazamiento colectivo o un permiso único colectivo.
4. Participar en eventos, reuniones sociales y recreativas de máximo 25 personas en espacios cerrados y 50 en espacios abiertos, menos en horario de toque de queda.
5. Hacer viajes interregionales solo a comunas que estén en pasos 3, 4, 5.
6. Realizar actividad deportiva y participar en deportes colectivos con máximo 5 personas en lugares cerrados (excepto gimnasios de acceso público) y 25 en lugares abiertos. Sin público.
7. Residentes de Centros SENAME pueden salir hasta 5 veces/semana, con supervisión. También se permiten visitas de vínculos significativos y salidas con fines laborales.
8. Residentes de ELEAM pueden salir a caminar 2 veces a la semana por máximo 2 horas y 200 m. a la redonda, y pueden recibir visita de 2 personas, 2 veces a la semana.

Cada vez que salgas, debes usar mascarilla, mantener la distancia física y recordar medidas como lavado de manos o uso de alcohol gel.

¿QUÉ PUEDE FUNCIONAR EN FASE TRES?

• Farmacias, supermercados y otros lugares de abastecimiento de alimentos y productos básicos, centros de salud y establecimientos de servicio público.
• Comercio y otras actividades no esenciales que puedan funcionar con trabajadores que vivan en una comuna sin cuarentena.
• Atención de público en restaurantes, cafés y lugares análogos sólo en espacios abiertos y con una distancia mínima de 2 metros entre mesas o 25% de capacidad.
• Se pueden realizar cirugías electivas no críticas a no ser que la autoridad indique lo contrario.
• Todo lo que funcione, debe ser siguiendo los protocolos establecidos.