La iniciativa, que retorna a Constitución por ser objeto de indicaciones, sube en un grado la pena para quienes amenacen, agredan o atenten contra la vida de dirigentes sociales.

El proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código Penal con el propósito de establecer una circunstancia agravante de responsabilidad criminal en el caso de delitos cometidos contra dirigentes de juntas de vecinos (boletines 11.948 y 12.926), fue aprobado en general por la Sala de la Cámara, con 136 votos a favor y dos abstenciones.

El texto, que vuelve a la Comisión de Constitución por ser objeto de indicaciones, establece una agravante en los delitos de amenazas, lesiones graves, castración, mutilación y homicidios, que pudieren cometerse en contra de dirigentes de organizaciones comunitarias por su condición de tales.

En concreto, la propuesta legal incorpora dos nuevos artículos al Código Penal:

• El 298 bis, que señala que en delitos de amenazas podrán ser aplicadas las penas superiores en un grado si la víctima fuese integrante del  directorio de una organización comunitaria funcional, junta de vecinos o unión comunal, constituidas conforme a la Ley 19.418, en represalia del ejercicio de sus funciones.
• Y el artículo 410 bis, que establece que en delitos de lesiones graves, castración, mutilación y homicidios podrán ser aplicadas las penas superiores en un grado, si la víctima es dirigente vecinal o comunitario.

El diputado Francisco Undurraga (Evópoli) fue el encargado de entregar el informe de la Comisión de Constitución, donde se destacó la labor de dirigentes sociales que cumplen un rol fundamental para la democracia, en la defensa de los intereses de la comunidad, en la solución de problemas y en colaborar con medidas de resguardo de la seguridad ciudadana para evitar prácticas delictivas que afecten a los vecinos.

En tal plano, se resaltó que estos dirigentes, muchas veces, se ven enfrentados a situaciones de riesgo y son intimidados por parte de personas y organizaciones delictuales.

Desde todos los sectores valoraron la labor ad honorem que realizan los dirigentes sociales, con un trabajo desinteresado, pero que implica serios riesgos, sobre todo, por la expansión del narcotráfico en las diversas comunas.

En ese sentido, uno de los autores de una de las mociones, Marcelo Díaz, recordó que, en agosto de 2019, en el Cerro Polanco, en Valparaíso, dirigentes vecinales fueron baleados.

Diciembre 17, 2020

La moción que fue aprobada en particular por la Comisión de Deportes, busca establecer un impedimento para que el presidente de una federación deportiva sea a la vez presidente de una de las asociaciones o clubes que la integran, impidiendo así que se produzcan situaciones de faltas de control por parte de los asociados a sus dirigentes.

La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular y remitió a la sala el proyecto (boletín 12.247) que modifica la Ley 19.712, del Deporte, en materia de incompatibilidades del cargo de director de la Federación de Fútbol y de inhabilidades para ser directores de federaciones deportivas nacionales.

La idea matriz de la iniciativa, que fue remitida a la Comisión de Deportes por haber sido objeto de indicaciones, consiste en establecer un impedimento para que el presidente de una federación deportiva sea a la vez presidente de una de las asociaciones que la integran, impidiendo, así, que se produzcan situaciones de faltas de control por parte de los asociados a sus dirigentes.

En específico, la indicación anexada al texto, que fue finalmente aprobada por la unanimidad de los integrantes de la instancia, incorpora a los presidentes de clubes en la referida incompatibilidad, por el mismo motivo antes señalado.

El proyecto agrega en la normativa vigente, que no podrán ser directores de la Federación Deportiva Nacional (FDN) quienes hayan sido condenados por delitos contra la probidad o por prácticas antisindicales o infracción a los derechos antisindicales de los trabajadores.

Con ello, según se remarcó en el debate por parte de las y los legisladores, se refuerza el propósito de que los dirigentes, dedicados a encabezar los rumbos de deportes, “sean personas de trayectoria intachable y profesional, que sirvan al deporte”.

La iniciativa que en su espíritu original pretende proteger la institucionalidad de las federaciones, reafirmar su independencia, autonomía, funcionamiento y patrimonio, será informada ahora a la sala por el diputado Pablo Prieto (IND).

Diciembre 9, 2020

La iniciativa, enviada ahora al Senado, permite un nuevo retiro del 10%, teniendo como límite máximo 150UF y mínimo de 35UF. En caso de no completar el margen mínimo, podrá retirarse la totalidad de los recursos disponibles en la cuenta individual.

A su segundo trámite fue enviado el proyecto de reforma constitucional que establece y regula un mecanismo excepcional de retiro de fondos previsionales (boletines 13736, 13749 y 13800), ello luego que la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados diera su aprobación al texto, tanto en general como en particular.

La idea de legislar fue aprobada por 130 votos favorables, 18 en contra y dos abstenciones. Luego, en la votación en particular se resolvió sobre una decena de indicaciones presentadas, las cuales ninguna fue aprobada. Si tuvo efecto sobre el texto una votación separada que restó una norma que indicaba que los fondos retirados superiores a 35UF constituirían renta para todos los efectos legales. Dicha disposición se rechazó por 60 votos a favor, 83 en contra y seis abstenciones.

En concreto, la iniciativa aprobada autoriza a las y los afiliados del sistema privado de pensiones, de forma voluntaria y excepcional, a realizar un segundo retiro de hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias.

La medida, dispuesta con la idea de mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional decretado a causa del Covid-19, establece como monto máximo de retiro el equivalente a 150UF y un mínimo de 35UF.

En el evento de que el 10% de los fondos acumulados sea inferior al límite recién señalado, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. Igualmente, si los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual son inferiores a 35UF, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos.

La norma determina que la entrega de los fondos se efectuará en una sola cuota y en el plazo máximo de 30 días hábiles de presentada la solicitud ante la respectiva Administradora de Fondos de Pensiones y estará sujeta a la retención, suspensión y embargabilidad por deudas originadas por obligaciones alimentarias de conformidad a lo previsto en la Ley 21.254.

Asimismo, se remarca que la presente facultad no es incompatible con el ejercicio del derecho de retiro del 10% establecido en la reforma constitucional ya vigente y se indica que la Superintendencia de Pensiones establecerá la normativa que regule esta cotización

Luego, se especifica que los afiliados que soliciten el retiro de fondos previsionales podrán reintegrar todo o parte de dichos fondos mediante una cotización voluntaria adicional equivalente a un 5% mensual calculada sobre la última remuneración cotizada y que podrá enterarse durante todo el período que sea necesario para restituir el saldo retirado reajustado, sin perjuicio de su facultad de suspenderlo o discontinuarlo.

Además, se establece que el Presidente de la República, los parlamentarios, los gobernadores regionales, los funcionarios de exclusiva confianza del Jefe del Estado y los contratados sobre la base de honorarios que asesoren directamente a las autoridades gubernativas ya indicadas, que hayan hecho efectivo el primer retiro o que accedan a este nuevo beneficio deberán incorporar a su declaración de patrimonio e intereses la información respectiva.

Debate

Tal como ocurrió con el proyecto de ley que definió un primer retiro de fondos previsionales, la presente propuesta generó un amplio e intenso debate al interior de la Sala tras la rendición del informe de la Comisión de Constitución, por parte del diputado Leonardo Soto (PS). El ánimo generalizado fue en pro de aprobarla.

Entre los diputados del oficialismo afines a la medida, se mencionaron los otros esfuerzos realizados durante el periodo, pero se reconoció que, en muchos casos, se llegó tarde o con condiciones que marginaron de los beneficios estatales a muchas familias y sectores del país.

Asimismo, se observó que el presente retiro se realiza ante una pandemia que no cede, prolongada en el tiempo respecto de las estimaciones iniciales y con una economía que urge ser reactivada. En todo caso, se relevó la importancia de concretar la reforma previsional, hoy en segundo trámite en el Senado.

En la oposición, la crítica fue dura hacia el Gobierno, particularmente hacia Hacienda, acusando ineficacia en sus políticas, tardanza en las soluciones y letra chica en sus propuestas, que obligaron a emprender un primer retiro y, ahora, a avanzar a un segundo, pese a reconocerse que hacer uso de los recursos previsionales de los chilenos no es la mejor medida.

Muchos de las y los que intervinieron, destacaron que el primer retiro permitió un alivio a las familias, destinándose los recursos a alimentación, pago de deudas y ahorro y gatillando, con la colocación de más de 13 mil millones de dólares en el mercado nacional, una leve reactivación de la decaída economía.

Asimismo, se hizo un llamado directo al Ejecutivo a aprender de las experiencias pasadas y a no obstaculizar el trámite de esta iniciativa, ni menos a concretar el anuncio de que sería enviada al Tribunal Constitucional para frenarla.

En la oportunidad, también hubo voces contrarias al proyecto radicadas, principalmente, en partidos del oficialismo. Para estas y estos legisladores, avanzar en el proyecto es hipotecar el bienestar futuro de miles de chilenos que se quedarán sin pensiones.

Destacaron que, con el retiro anterior, cerca de dos millones de personas quedaron sin fondos previsionales y remarcaron que, con la actual propuesta, la cifra aumentaría a cerca de cuatro millones. En este plano, llamaron a no continuar en esta línea. Además, pidieron al Gobierno diligencia en la ejecución de sus políticas de apoyo a la ciudadanía.

En representación del Gobierno participó el titular del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg.

Tanto las comisiones de Constitución como de Gobierno Interior aprobaron proyectos que buscan facilitar la participación no presencial en las urnas, particularmente en el actual contexto de pandemia, para las personas con Covid-19.

Por unanimidad de 11 votos, la Comisión de Constitución respaldó la reforma constitucional que dispone la habilitación de un sistema de sufragio especial no presencial, para evitar el riesgo de contagio de Covid-19 en procesos electorales (boletín 13760), texto que será informado a la Sala por el diputado Leonardo Soto (PS).

La iniciativa, originada en una moción parlamentaria, modifica el inciso segundo de la disposición transitoria cuadragésima primera de la Constitución Política de la República, que regula la realización del plebiscito y que señala que en ningún caso las medidas sanitarias de carácter general podrán afectar la realización de este; agregando a las facultades extraordinarias del Consejo Directivo del Servel, una habilitación expresa para que el organismo establezca un sistema de sufragio especial no presencial.

Esta habilitación al Servel lo faculta para la dictación de normas e instrucciones para implementar un sistema de voto domiciliario, voto postal, voto por delegación u otra alternativa de voto no presencial, que tenga el respaldo de los 4/5 integrantes del Consejo Directivo y en acuerdo con las autoridades sanitarias.

En el caso del plebiscito del 25 de octubre próximo, estas normas deberán dictarse en conjunto con el protocolo que debe publicar el Consejo Directivo del Servicio Electoral hasta 45 días antes de la celebración del plebiscito, en acuerdo con el Ministerio de Salud. Tratándose de las elecciones siguientes -eventuales primarias para elección de gobernadores regionales o alcaldes; y elecciones de abril o de noviembre de 2021- habrá plazo hasta 45 días antes de esos actos eleccionarios.

La comisión escuchó sobre esta materia al presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría y al ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Moncekeberg.

Santamaría informó que el organismo analizó distintas posibilidades de voto, pero que finalmente no alcanzaron el quorum de parte del consejo que encabeza.

“Evaluamos la posibilidad del voto postal, lo que implicaba salir y entregar el voto en una oficina de correo, pero cuando supimos que la autoridad sanitaria había establecido la prohibición de salir, evaluamos una especie de híbrido que permitía ejercer un derecho humano como es el derecho a participar en forma directa. Lamentablemente, esto no reunió los quorum suficientes al interior del consejo para transformase en una posición oficial de esta institución”.

El directivo del servicio Electoral también llamó la atención con la necesidad de renovar al organismo y considerar opciones que se usan en otros países como el voto anticipado, el voto domiciliario, el voto postal.

“Yo valoro este proyecto, pero creo que ya no estamos a tiempo, lamentablemente, para aplicarlo el 25 de octubre”, enfatizó Santamaría.

A su vez, el ministro Monckeberg planteó que como gobierno coinciden con la postura del Servicio Electoral en cuanto a la inminencia del plebiscito para poder implementar un sistema que funcione bien.

No obstante, comentó que el voto anticipado es una fórmula que ha estudiado el gobierno, así como el voto por correo o la urna móvil. “Son tres alternativas que están sobre la mesa y que como gobierno ya estamos elaborando alternativas que nos permita presentar al Congreso modificaciones en esta materia y poder dar una respuesta a quienes no pueden concurrir a votar”.

Voto a distancia

Por su parte, la Comisión de Gobierno Interior aprobó en general, por siete votos a favor y seis abstenciones, la moción que modifica la ley N°18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, para habilitar el voto mediante correo para personas que, por distintas razones, tengan dificultad o imposibilidad de trasladarse al local de votación (boletín 13.729).

La instancia, que en jornadas anteriores recibió también la opinión de las autoridades del Servel y de la Segpres, escuchó en esta oportunidad al gerente general de Correos de Chile, José Luis Rodríguez, quien explicó que su institución lleva trabajando 30 años junto al Tribunal Calificador de Elecciones y al Servel, en los diversos procesos eleccionarios del país.

Añadió que cuentan con personal entrenado en el tema, quienes notifican a los vocales y a los colegios escrutadores; así como, los días previos a la elección, sus equipos retiran materiales desde y hacia las juntas electorales y los locales de votación.

“Para todos estos eventos hemos especializado a nuestros trabajadores, donde, incluso, el apoyo es voluntario ya que estos eventos se realizan los fines de semana. Es parte de la historia de Correos de Chile acompañar los procesos eleccionarios del país”, señaló Rodríguez.

Septiembre 8, 2020

La iniciativa establece la entrega de un bono de 500 mil pesos y un préstamo estatal de hasta 650 mil pesos mensuales para trabajadores formales y a honorarios, y los que tengan empresas individuales, que hayan bajado su nivel de ingresos por efectos de la pandemia.

Con 143 votos a favor y uno en contra, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto -iniciado en mensaje- que establece un financiamiento con aporte fiscal para la protección de los ingresos de la clase media.

Se solicitó igualmente la votación separada de cuatro normas del texto legal, que la comisión de Desarrollo Social recomendaba rechazar, pero que, finalmente, fueron aprobados, como sugería la Comisión de Hacienda. Por efecto de ello, la iniciativa se despachó al Ejecutivo para su promulgación como ley.

La iniciativa va dirigida a los trabajadores formales que han sido afectados en sus ingresos con una reducción igual o superior al 30% y que el promedio de sus remuneraciones mensuales en el año 2019 fluctuó entre los $400.000 y $1.500.000.

La ayuda se materializará a través de la entrega de un bono y la posibilidad de acceder a un préstamo estatal. Se espera llegar, así, a más de un millón 600 mil trabajadoras/es de clase media.

El diputado Jaime Naranjo (PS) entregó el informe de la Comisión de Desarrollo Social, que aprobó en general la iniciativa en forma unánime, pero que rechazó el articulado del proyecto. En tanto, el diputado Patricio Melero (UDI) expuso el informe de la Comisión de Hacienda, instancia que ratificó el contenido del proyecto en los mismos términos que lo aprobado en forma unánime por la Sala del Senado.

Legisladores/as de diversos sectores valoraron la iniciativa, pero manifestaron su preocupación por los trabajadores que no acceden al beneficio, como los del transporte colectivo y escolar, feriantes, garzones y personas jubiladas por el sistema de renta vitalicia, entre otros, que tampoco accedieron a los beneficios de las leyes de Ingreso Familiar de Emergencia.

En dicha línea, la petición fue a ampliar la cobertura de esta ley, hecho que no prosperó durante el trámite en comisiones.

En la sesión, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló que los trabajadores beneficiarios de este proyecto son los que tienen ingresos formales, entendiéndose por aquellos los que dejan algún registro administrativo -que no remite únicamente a ingresos laborales-, sino a cualquier ingreso que se pueda tener, de modo de contar con un instrumento efectivo que de cuenta de la baja en sus remuneraciones.

Agregó que algunos transportistas ingresan en el beneficio, los que tienen pagos previsionales, pero no los con renta presunta e informales, quienes podrán postular al Ingreso Familiar de Emergencia, hoy simplificado, que requiere para su acceso solo contar con ficha en el Registro Social de Hogares.

La autoridad sostuvo, además, que existe el compromiso de buscar otra alternativa para dicho sector, por lo que, junto a la ministra de Transportes, se reunirán con el gremio el próximo lunes.

Contenido del proyecto

El objetivo de la propuesta es establecer un mecanismo transitorio de financiamiento para la protección de los ingresos de la clase media que se traduce, por un lado, en un aporte fiscal, que se puede solicitar una sola vez, que no es restituible y cuyo monto se determina según una escala de ingresos; y, por otro, en el otorgamiento de un beneficio, que solo debe restituirse si el beneficiario obtiene ingresos en los años siguientes.

El aporte directo se entregará -por una sola vez- por un monto de $500 mil a todos los trabajadores y trabajadoras que tenían ingresos formales brutos entre $400.000 y $1.500.000 mensuales y que han sufrido caídas en sus ingresos de al menos un 30%.

Esto contempla a los siguientes grupos:

Trabajadores con contrato suspendido o cesantes, beneficiarios del seguro de cesantía.

Trabajadores con su contrato suspendido o cesantes que no sean beneficiarios del seguro de cesantía (por no calificar o no estar afiliados – trabajadores con contratos pre 2002).

Trabajadores que han acordado reducciones salariales mayores al 30%.

Personas naturales organizados como empresas individuales (cuenta propia) que han visto caer sus ingresos en 30% o más.

Trabajadores a honorarios.

 También se favorecerá, con montos decrecientes, a aquellos trabajadores con ingresos entre $1,5 y $2 millones de mensuales, que hayan tenido caídas de ingresos de 30% o más. La propuesta contempla llegar a un aporte de 100 mil pesos para quienes tengan promedio mensual de ingreso sobre 1.800.000 y hasta 2.000.000 de pesos.

Préstamo solidario estatal

Un segundo punto de la norma establece un préstamo solidario con aporte estatal, -que podrá solicitarse en forma voluntaria- con tasas de interés real igual a 0%, que sólo será reajustado de acuerdo a la inflación.

El préstamo podrá solicitarse hasta por cuatro meses, con un monto mensual máximo de $650.000. El primer mes, solo podrá solicitarse por el monto que exceda del aporte estatal mencionado anteriormente de $500.000 pesos.

Se otorgará un año de gracia al préstamo solidario, por lo que las personas comenzarán a pagar en abril de 2022 y lo harán en un plazo de cuatro años, hasta el 2025. El pago del préstamo será en función de los ingresos que tenga el trabajador y ningún pago podrá superar el 5% de sus ingresos anuales. De no lograr pagar todo el monto, el remanente total será condonado por parte del Estado.

Podrán solicitar el préstamo solidario las personas que tienen una renta mensual promedio durante 2019 igual o superior a $400 mil y que sus ingresos hayan disminuido en, al menos, un 30%. Se financiará hasta un 70% de la caída de sus ingresos.

El préstamo solidario se solicitará mensualmente solo vía online al Servicio de Impuestos Internos y será entregado por la Tesorería General de la República, una vez que estén validadas las rentas que tienen las personas, en un plazo de 10 días hábiles luego de realizada la solicitud.

En la oportunidad, tras dos días de amplio debate, se votaron los artículos con las modificaciones planteadas en el segundo informe de la Comisión de Constitución: la norma que permite el retiro extraordinario de hasta un 10% de los fondos acumulados fue aprobada, en tanto que la creación del Fondo Colectivo Solidario de Pensiones fue rechazado.

Cumpliendo con los requerimientos de quórum constitucional, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular y despachó a segundo trámite al Senado el proyecto de reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual, bajo determinadas condiciones.

El debate en particular de la iniciativa (boletines 13501, 13617 y 13627) comenzó en la sesión ordinaria de ayer con la lectura del segundo informe de la Comisión de Constitución, en donde se explicó los dos cambios emprendidos, respecto del texto aprobado en general el pasado 8 de julio.

En concreto, la primera modificación permitió definir que los fondos retirados no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal, mientras que la segunda enmendó la denominación del proyecto.

Al momento de las votaciones, el texto que permite el retiro excepcional de un 10% de los fondos previsionales (ver más detalles de la propuesta), junto con la mencionada modificación, fue ratificado por 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones.

Luego, la norma que creaba el Fondo Colectivo Solidario de Pensiones se rechazó por no alcanzar el quórum mínimo de aprobación de 93 votos favorables. El texto obtuvo 89 votos a favor, 43 en contra y 21 abstenciones.

Finalmente, se aprobó el cambio de denominación del proyecto, pero sacando la mención al citado Fondo.

Discusión de la iniciativa

La continuación del debate, en esta segunda jornada, comenzó con la intervención de la diputada Claudia Mix (Comunes), quien reclamó por la necesidad de dar ayuda a los miles de chilenos y chilenas que hoy necesitan una solución. “La gente no aguanta más ni puede esperar por soluciones que se prolongan y con letra chica”, remarcó en su discurso, destacando que la presente propuesta es un mínimo gesto de dignidad para esas personas.

Natalia Castillo (RD) recordó que el pasado 8 de julio se logró alcanzar el alto quórum para aprobar la idea de legislar de la iniciativa y lamentó las fuertes presiones que desde el Gobierno surgen hoy para revertir ese resultado. Sostuvo que hay una necesidad urgente por resolver y planteó que si las promesas del Gobierno se cumplen, bien, pero que ello no resta de entregar alternativas al pueblo para que ellos mismos puedan escoger. “Nos cansamos de esperar”, sentenció.

Jorge Alessandri (UDI) observó que la pandemia ha afectado a la economía mundial y nacional, quedando en evidencia las falencias de nuestro sistema laboral. Reconoció la lentitud del Estado para reaccionar, sobre todo cuando se necesitan soluciones rápidas, pero sostuvo que la propuesta en trámite no va en la línea correcta porque implicará un gran daño previsional y dejará a muchas personas fuera del sistema. En tal plano, defendió la propuesta del Ejecutivo en cuanto a montos y ventajas comparativas.

Camila Vallejo (PC), ante las afirmaciones de que con este proyecto se está provocando un daño previsional, sostuvo que el verdadero daño es que el 50% de los connacionales no pueda jubilarse con más de 150 mil pesos y que muchas mujeres estén condenadas a pensiones de miseria. Luego, junto con defender las líneas del proyecto, resaltó que la medida es de carácter voluntario.

Francisco Undurraga (Evópoli) reiteró su compromiso con hacer buena política y remarcó que no apoyar la propuesta no implica no entender las necesidades de la clase media, ni lo que reclama la ciudadanía o falta de sentido de realidad. “Se trata de no meter las patas tan hasta el fondo”, alertó. Sostuvo que esta es una “paupérrima y mezquina solución”, con poca claridad en la letra y alcances del texto y no atendible cuando existen otras alternativas sobre la mesa.

Jaime Naranjo (PS) recordó que si la Cámara está abocada a esta discusión es porque la ayuda del Gobierno ha sido tardía e insuficiente. Criticó que, hoy, el Gobierno le quiera negar a la gente la libertad de retirar dineros de sus fondos para atender la emergencia y refutó las presiones que se han ejercido para que no se alcance el quórum de aprobación.

Gonzalo Winter (PCS) afirmó que Chile no tiene un sistema de seguridad social efectivo, dado que es el Estado el que paga el 80% de las pensiones, sustentado, principalmente, del cobro del impuesto del IVA. Indicó que se está en esta situación porque el Gobierno ha manejado el tema como si fuera una huelga y remarcó que, aun cuando no se aprobara la propuesta, igualmente se habría avanzado en instalar la necesidad de un cambio en el sistema.

Otras opiniones

Para el diputado Harry Jürgensen, los impulsores de la iniciativa no dan confianza cuando aminoran los efectos de la medida y llamó a no avanzar en la materia. Si bien reconoció que las respuestas desde el Ejecutivo no han sido oportunas para la clase media, no por ello se debe avanzar en un retiro de los fondos previsionales que pondrán en riesgo las futuras pensiones. “Es al Estado al que se le debe exigir soluciones efectivas”, enfatizó.

Alejandra Sepúlveda (FRVS), con una olla en su mano, expuso a la audiencia cómo este instrumento refleja la unión de la gente para alimentarse en tiempos de hambre, por medio de las ollas comunes, pero también cómo refleja el descontento de la población cuando se la golpea en señal de protesta. “Lo que queremos hacer es cambiar la realidad desde el sufrimiento de las personas; invito a votar por este proyecto, por Chile y su sufrimiento”, puntualizó.

Víctor Torres (DC) recordó que se llegó a esta medida extrema, que reconoció no es inocua, pero sí necesaria, porque la propia ciudadanía lo pidió frente a una profunda situación de vulnerabilidad que hoy incluye a la clase media. “No podemos seguir con indolencia e indiferencia ante la gente (…) Es necesario que este Parlamento tenga empatía política”, planteó.

Cristina Girardi (PPD) resaltó la luz de esperanza que brindó la aprobación en general de esta iniciativa, en orden a romper con una estructura rígida que defiende los intereses del poder económico. “Dicen se va a derrumbar el país, muchas vidas ya están derrumbadas y la única opción es hoy día esta alternativa”, acotó, agregando luego que esta es una posibilidad real de hacer cambios en Chile en beneficio de la gente.

El independiente Karim Bianchi afirmó que la gente quiere su dinero y criticó duramente las presiones del Ejecutivo en pro de que se rechace la propuesta. Llamó a que se le entregue a la gente la opción de elegir entre la presente medida y la oferta que hace el Gobierno. Pidió, asimismo, aprovechar la crisis para realizar cambios al sistema previsional e insistió en que la propuesta tiene un fondo ético.

Para Cosme Mellado (PR), las respuestas del Ejecutivo han sido claramente insuficientes. Apeló a la necesidad de una ayuda inmediata y digna para la gente y estimó que la propuesta en trámite es un puntapié inicial para un cambio estructural en el sistema de pensiones. ”La política está para servir; nuestros compatriotas tienen hambre y hoy la prioridad está en las personas. Aprovechemos la oportunidad histórica de estar al lado de la gente”, sentenció.

Votos transversales

En el debate también se expresaron voces que cruzaron las respectivas veredas, en favor o en contra de la propuesta. Así, por ejemplo, desde el oficialismo el diputado Eduardo Durán (RN) manifestó su apoyo a la reforma constitucional estimando no posible eludir el difícil momento que se vive. Si bien reconoció los esfuerzos del Gobierno para llegar a la gente que está sufriendo, observó que ello “ha sido a destiempo e insuficiente”, donde muchas familias no han podido alcanzar a los beneficios. “Reafirmo mi compromiso con el 10% por la gente de mi país y mi distrito que se lo merecen”, puntualizó.

En la posición inversa se mostró el diputado independiente del bando opositor, Pepe Auth. No desconoció que era una decisión difícil, pero alertó que la propuesta era una mala alternativa. “Mejoremos la oferta tardía del Gobierno (…) Es malo que se instale el precedente de echar mano a recursos destinados a la vejez”, postuló, llamando a mejorar el sistema aumentando los fondos y no reduciéndolos; incrementando la solidaridad y no con individualismo; y con un ente público encargado de asegurar para todos una pensión digna.

En el debate de la presente jornada también intervinieron los/as diputados/as Alexis Sepúlveda (PR), Giorgio Jackson (RD), Gael Yeomans (PCS), Amaro Labra (PC), Juan Antonio Coloma (UDI), Gabriel Boric (PCS), Ximena Ossandón (RN), Raúl Saldívar (PS), Catalina Pérez (RD), Juan Fuenzalida (UDI), Daniel Verdessi (DC), Diego Ibáñez (PCS), Boris Barrera (PC), Gonzalo Fuenzalida (RN), Maite Orsini (RD), Jaime Mulet (FRVS), Javier Macaya (UDI), Alejandro Bernales (PL), Daniel Núñez (PC), Félix González (PEV), Andrea Parra (PPD), Miguel Crispi (RD), Ramón Barros (UDI), Marcelo Schilling (PS), Camila Rojas (Comunes), Marisela Santibáñez (PC) y Renato Garín (IND).

Asimismo, intervinieron los/as legisladores/as, Ricardo Celis (PPD), Jorge Brito (RD), Patricio Melero (UDI), Manuel Monsalve (PS), Miguel Ángel Calisto (DC), Hugo Gutiérrez (PC), Andrés Celis (RN), Raúl Leiva (PS), Pablo Kast (Evópoli), Gabriel Silber (DC), Bernardo Berger (RN), Leonardo Soto (PS), Osvaldo Urrutia (UDI), Joanna Pérez (DC), Karin Luck (RN), Juan Santana (PS), María José Hoffmann (UDI), Maya Fernández (PS), Francisco Eguiguren (RN), Loreto Carvajal (PPD), Juan Luis Castro (PS), Emilia Nuyado, Rodrigo González (PPD), Alejandro Santana (RN), Matías Walker (DC), Guillermo Ramírez (UDI) y Fidel Espinoza (PS).

Además, intervinieron en representación del Ejecutivo los titulares de los Ministerios Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado; de Hacienda, Ignacio Briones; y del Interior, Gonzalo Blumel. También estuvo presente el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg.

Julio 15, 2020

La Sala ratificó por amplia mayoría las modificaciones del Senado respecto de esta propuesta legal, permitiendo con ello su despachó al Ejecutivo para su promulgación. El texto aprobado define que los diputados podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por dos períodos; mientras que los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo por un período.

Con un contundente respaldo, la Sala de la Cámara aprobó todas las enmiendas del Senado a la reforma constitucional para limitar la reelección de las autoridades públicas (boletines 4.115, 4.499, 4.701, 4.891, 7.888 y 8.221), con lo cual la iniciativa quedó en condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República.

La materia fue resuelta tras seis votaciones separadas en las cuales, en cinco de ellas, se exigía el voto favorable de las tres quintas partes de los diputados en ejercicio (93 votos), mientras que en la sexta, solo se solicitaba un quórum simple. En cada una las votaciones se superó con amplio margen el marco exigido para su aprobación.

En la sesión, el diputado Matías Walker (DC) fue el encargado de informar los antecedentes recopilados por la Comisión de Constitución, con la opinión de abogados constitucionalistas y del Secretario General de la Cámara, Miguel Landeros, sobre el efecto de las enmiendas realizadas por el Senado.

Cabe recordar que dicha Corporación rechazó la disposición transitoria aprobada por la Cámara en 2012, que señalaba que las modificaciones introducidas se aplicarán desde las próximas elecciones, considerando que el período en actual ejercicio corresponde al primero. Con la ratificación de lo votado por el Senado, las normas regirán in actum, es decir, inmediatamente para las próximas elecciones del 2021, como lo ratificaron los expertos constitucionalistas.

Posteriormente, intervinieron más de treinta diputadas y diputados, los que, en su mayoría, consideraron positiva una renovación de las autoridades de elección popular y calificaron la votación como histórica. Sin embargo, también hubo argumentos en contra que sostuvieron que la ciudadanía tiene la voluntad para elegir a sus representantes sin la necesidad de establecer un límite temporal al respecto.

 Contenido del Proyecto

La iniciativa tiene como objeto mejorar los niveles de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas y las personas que se desempeñan en ella, al limitar los períodos en que es posible ejercer el cargo de senador, diputado, gobernador, consejero regional, alcalde y concejal.

El texto señala que los diputados podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por dos períodos; mientras que los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo por un período. Para estos efectos, se entenderá que los diputados y senadores han ejercido su cargo durante un período cuando han cumplido más de la mitad de su mandato.

En el caso de los consejeros regionales -cuyo período es de 4 años- podrán ser reelectos sucesivamente en el cargo hasta por dos períodos.

En tanto, los alcaldes y concejales, podrán ser reelectos hasta por los dos períodos siguientes y sucesivos.

Así, el texto precisa que para determinar el límite a la reelección que se aplica a los gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y concejales, se considerará que han ejercido su cargo durante un período cuando hayan cumplido más de la mitad de su mandato.

Mayo 7, 2020: La propuesta legal mantenía un punto de discrepancia entre la Cámara y el Senado en torno a la operativa que vendrá a funcionar durante el periodo de transitoriedad. El acuerdo de la comisión mixta apoyó en este tema la redacción del Senado, pero incorporando un criterio base a considerar por la Alta Dirección Pública a la hora de fijar los montos.

Por 140 votos a favor y siete en contra, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la comisión mixta recaído en el proyecto de reforma constitucional, iniciado en mociones refundidas, que regula la dieta parlamentaria y otras altas remuneraciones (boletines 9304, 11124, 11840, 12319 y 13013).

La discrepancia que dio origen a la citada comisión radicó en el rechazo, por parte de la Cámara, de las modificaciones realizadas por el Senado al sistema transitorio que operará en tanto no funcione el mecanismo permanente que será determinado por una Ley Orgánica Constitucional y que llevará a cabo una entidad especialmente creada para este tema.

En lo medular, la Cámara plateó en el primer trámite que, durante el periodo transitorio, se aplique una rebaja inmediata del 50% para las altas remuneraciones del Estado (Presidente y sus ministros; Congreso Nacional; y Gobierno y administración interior). El Senado, en tanto, radicó en el Consejo de la Alta Dirección Pública la fijación de los montos, sin definir un criterio o margen específico.

El acuerdo de la comisión mixta determinó apoyar el grueso del texto del Senado, con dos modificaciones: una que amplió uno de los plazos fijados en la norma y otra que incluyó un criterio general a seguir por la Alta Dirección Pública.

En el debate, los defensores del acuerdo expresaron que la norma va en la línea correcta dado que se garantiza la concreción de una rebaja en las remuneraciones, pero sin la intervención directa del Parlamento, sino que a través de un órgano externo, autónomo, en señal de transparencia y probidad.

Por otra parte, los detractores criticaron que, pese a los diversos esfuerzos realizados, en la comisión mixta no se logró un acuerdo para definir una rebaja inmediata con un monto específico sustancial. Sin embargo, dijeron que apoyaban el texto, en el entendido que esta era la última instancia legislativa disponible y que un rechazo de la norma pondría en peligro la aplicación de una rebaja transitoria, en tanto no opere el sistema definitivo ya acordado.

Texto aprobado

En concreto, el texto planteado por la comisión mixta y ahora también aprobado por la Cámara define que, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de esta reforma constitucional, el Consejo de la Alta Dirección Pública fijará, por una sola vez, las remuneraciones de los ministros de Estado y de los diputados y senadores en los términos que  dispone el artículo 62 de la Constitución (la norma, que es modificada por esta reforma, establece que los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado).

Dentro de los 90 días siguientes a la publicación de esta reforma, el mencionado Consejo determinará, también por una sola vez, las rentas de las demás autoridades señaladas en la norma general, esto es: Presidente de la República, los gobernadores regionales, los funcionarios de exclusiva confianza del Jefe del Estado y los contratados sobre la base de honorarios que asesoren directamente a las autoridades gubernativas ya indicadas.

En los dos casos mencionados, las remuneraciones regirán hasta que entre a operar el sistema permanente.

Igualmente, y en el mismo término, precisará las remuneraciones de intendentes y gobernadores, las que regirán hasta el día en que asuman sus cargos los gobernadores regionales.

También se determina que el citado Consejo reducirá la última remuneración percibida por las autoridades ya mencionadas, en el porcentaje que su estudio lo justifique. Para ello deberá tener en cuenta la Escala Única de Sueldos de la Administración del Estado y los parámetros establecidos en la norma general (art. 38 bis que introduce esta reforma).

Finalmente, en el texto que aún debe sancionar el Senado antes de pasar al Ejecutivo, se establece que la mencionada institución tendrá en especial consideración para la determinación de su trabajo la realidad económica del país y el análisis de política comparada.

Mecanismo permanente

En la pasada sesión del 5 de mayo, la Cámara ratificó el mecanismo permanente que vendrá a operar y cuyas ideas basales están descritos en el nuevo artículo 38 bis que esta reforma constitucional introduce.

En particular, se define que las remuneraciones del Presidente de la República, los senadores y diputados, los gobernadores regionales, los funcionarios de exclusiva confianza del Jefe del Estado y los contratados sobre la base de honorarios que asesoren directamente a las autoridades gubernativas ya indicadas, serán fijadas, cada cuatro años y con a lo menos 18 meses de anticipación al término de un período presidencial, por una comisión cuyo funcionamiento, organización, funciones y atribuciones establecerá una ley orgánica constitucional.

La nueva instancia estará integrada por cinco personas: un exministro de Hacienda, un exconsejero del Banco Central, un excontralor, un expresidente de la Cámara o del Senado y un exdirector del Servicio Civil. Su designación será realizada por el Presidente de la República con acuerdo de los dos tercios de los senadores en ejercicio.

Los acuerdos de la citada comisión serán públicos, se fundarán en antecedentes técnicos y deberán establecer una remuneración que garantice una retribución adecuada a la responsabilidad del cargo y la independencia para cumplir sus funciones y atribuciones.

• Si los Municipios se quedan sin dinero, servicios básicos municipales como el retiro de basura, alumbrado público, entre otros, corren peligro de ser suspendidos.

• De los diversos planes económicos, anunciados por el Ejecutivo, los municipios manifiestan que no existe un plan concreto para el rescate de las finanzas municipales.

El Directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), que encabeza el Alcalde de Natales, Fernando Paredes, se reunió con el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones para abordar temas de financiamiento municipal, vinculados a la emergencia sanitaria, funcionamiento de los programas sociales y los déficits municipales.

Al término de la reunión, el presidente de los alcaldes señaló que “valoramos la disposición del Ministro Briones, y como Directorio, entregamos todos los antecedentes de la crisis financiera que están viviendo, gran parte de los municipios del país”.

El Alcalde de Natales se refirió al complejo momento que están pasando algunas municipalidades expresando que “hay municipios que están entrando en un proceso de quiebra, otros han cesado los pagos, producto de los menores ingresos percibidos, relacionado con el aplazamiento de los permisos de circulación y las contribuciones”.

Paredes indicó que “creemos que el Ministro entendió la gravedad de la situación, y comprometió su intención de que los fondos recaudados por permisos de circulación e impuestos territoriales, sean inyectados a la brevedad en las arcas municipales del país”.

Finalmente, el presidente de la AChM remarcó que “si no somos capaces de arreglar la crisis financiera que nos afecta, los municipios no seremos capaces de responder – desde el punto de vista social – a nuestros vecinos más vulnerables”.

La AChM manifestó que el presupuesto del 2020 fue planificado en un escenario normal, no contemplando la crisis sanitaria producto del Covid-19, la cual, ha obligado a las municipalidades a incurrir en gastos, destinados a enfrentar la emergencia, lo que ha causado un profundo daño, principalmente a las familias más vulnerables, que acuden a los municipios en busca de ayuda.

Ejemplo de lo anterior, es la población en cuarentena, que solicita más ayuda a través de víveres artículos de primera necesidad para enfrentar la crisis. Provocando que, con el aumento en la  demandas de ayuda para la comunidad, se disparan los gastos del área social, los que ya, en tiempos “normales” son insuficientes, generando un efecto “dominó” en las finanzas municipales, afectando el periodo presupuestario 2020.

La Sala del Senado aprobó la idea de legislar por 42 votos y se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el próximo 20 de abril.

Con un llamado al Ejecutivo para que presente, en forma urgente, las indicaciones que se requieren para perfeccionar y hacer efectiva la denominada rebaja de la dieta parlamentaria, el Senado aprobó –por unanimidad- la idea de legislar de la reforma constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución Política, para determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria y que cumple su segundo trámite.

De este modo, por 42 votos se respaldó la idea de legislar y se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el próximo 20 de abril.

En la oportunidad, se dejó constancia de que el Ejecutivo tiene la iniciativa para -a través de indicaciones- generar una comisión técnica que fije las remuneraciones de parlamentarios y altas autoridades y, que involucre a su vez, una modificación de estado para establecer una política de recursos humanos y remuneraciones que sea coherente.

La mayoría de los legisladores abogó por debatir “en forma responsable” y “sin populismos” el texto legal ya que “tal como está, podría afectar las remuneraciones de unos 12 mil funcionarios públicos” y afectar incluso la carrera funcionaria, tal como hicieron presente numerosos invitados en el debate desarrollado en la Comisión de Constitución.  Asimismo, se aludió a la evolución histórica que ha tenido el tema de la dieta parlamentaria y cómo ha sido resuelta en distintas Constituciones.

Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores Felipe Harboe, Juan Ignacio Latorre, Ximena Rincón, Juan Antonio Coloma, Pedro Araya, Rabindranath Quinteros, Carmen Gloria Aravena, David Sandoval, Yasna Provoste, Ricardo Lagos Weber, Andrés Allamand, Álvaro Elizalde, Víctor Pérez Varela, Jaime Quintana, Rodrigo Galilea, Iván Moreira, Alejandro Guillier, Alfonso De Urresti, Felipe Kast y Alejandro Navarro, además del ministro de la Segpres, Felipe Ward.

Los parlamentarios coincidieron en que “hoy más que nunca se requieren señales de austeridad” y entre los argumentos expresaron que “el Congreso no puede contar con la facultad de fijar sus propias dietas” y debería “haber un organismo técnico que pondere la labor de los mismos”.

Durante la discusión también se hizo presente el rechazo a las expresiones del Presidente de la República, en cuanto a que “el arriendo de un recinto para hospitales costaba menos al mes que un parlamentario”. En esa línea, se precisó que las dietas están fijadas en la Constitución y por ley afectan además varios cargos en la misma jerarquía.

Por otro lado, los senadores Sandoval y Kast aseguraron que, en este debate, se debiera incorporar además temas, tales como,  el límite a la reelección, la disminución del número de parlamentarios y otros más específicos como la regulación del pago de viáticos.

En la discusión también se reflexionó respecto a que “hay que hacerse cargo de la valoración de la política” y precisaron que no puede ser percibida como una actividad de privilegio”.

31 de marzo de 2020