La reforma constitucional permite un cuarto retiro del 10% e incluye a los pensionados de rentas vitalicias. Además, autoriza el retiro del 100% de los fondos de AFP para quienes certifiquen enfermedades catastróficas o de alto costo. Junto a ello, resguarda el pago de pensiones de alimentos impagas. La iniciativa pasa ahora a segundo trámite.

Tras una estrecha votación, que exigía un alto quórum de aprobación (93 votos favorables como mínimo), la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y envió a segundo trámite la reforma constitucional que permite a los afiliados del sistema previsional un cuarto retiro anticipado y voluntario del 10 % de los fondos previsionales.

El proyecto, que refunde seis mociones , contó con 94 votos a favor, 39 en contra y 9 abstenciones en su idea de legislar. Por no ser objeto de indicaciones, se entendió por aprobado también en particular por el mismo resultado.

Cabe  mencionar que la iniciativa, con calificación de discusión inmediata (seis días para su aprobación), tomó como base la redacción del tercer retiro. A ello, la Comisión de Constitución le introdujo variadas modificaciones. Estas se detallaron en el informe respectivo, que presentó la diputada Karol Cariola (PC). Con ello, a su vez, se dio inicio al debate legislativo que contó con más de 60 intervenciones.

La reforma agrega una nueva disposición transitoria a la Constitución (N°51). Su objetivo es mitigar los efectos derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del Covid-19.

Para sus fines, la norma autoriza a los afiliados del sistema privado de pensiones, regido por el DL 3.500, de 1980, a realizar voluntaria y excepcionalmente un nuevo retiro de hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual por cotizaciones obligatorias.

El retiro fija un monto máximo de 150 UF y un monto mínimo de 35 UF.  Si el monto acumulado es menor a 35 UF, se podrá retirar la totalidad de los fondos. La solicitud se puede realizar en los siguientes 730 días (2 años) de publicada la ley.

A su vez, se permite a quienes cuenten con diagnósticos y tratamientos de alto costo, según las leyes 20.850 (conocida como Ricarte Soto) y 19.779 (enfermedades catastróficas), -y que acrediten su enfermedad mediante certificado médico de un especialista-, retirar el total de los montos acumulados. El máximo fijado es de 1.350 UF.

Los fondos retirados se considerarán intangibles para todo efecto legal. Tampoco serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa.

Lo anterior será sin perjuicio del derecho de subrogación legal del alimentario o su representante y de la retención, suspensión y embargabilidad por deudas originadas por obligaciones alimentarias.

Pensiones de alimentos impagas

En el caso de tener el solicitante deudas originadas por obligaciones alimentarias, el juez de familia competente autorizará, de oficio, al alimentario o, a petición de este, de su representante legal o curador ad litem, a subrogarse en los derechos del alimentante moroso para realizar la solicitud de retiro de fondos previsionales. En este caso, se podrá apelar hasta por la totalidad de la deuda, incluidos reajustes, multas e intereses.

Se detallan en la norma procedimientos judiciales y plazos para la entrega de fondos retenidos. Si el total de la deuda excede el monto máximo de retiro permitido, la subrogación se autorizará hasta por ese monto.

La administradora de fondos de pensiones (AFP) deberá efectuar la transferencia por deudas alimentarias en un plazo no superior a diez días hábiles, contado desde que es notificada. Si se incumple dicho plazo, la AFP será sancionada con multa a beneficio fiscal por parte de la Superintendencia de Pensiones.

Para asegurar el pago de pensiones de alimentos, la entrega de los fondos acumulados y autorizados a retirar se efectuará solo a partir del décimo día hábil y en un plazo máximo de quince días hábiles, contados desde la presentación de la solicitud a la AFP.

Rentas vitalicias

El proyecto incluye un segundo anticipo del 10% para los pensionados por rentas vitalicias o sus beneficiarios por un monto máximo de 150 UF. Este podrá ser solicitado en un plazo máximo de 365 días de publicada la ley. Su pago se realizará en un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde de la recepción de la solicitud.

El monto del adelanto solicitado se pagará descontándose a prorrata de las rentas que resten por pagar al asegurado vitalicio. Para ello, se utilizará como base cálculo las condiciones vigentes al momento del traspaso de sus fondos previsionales a la compañía de seguros.

Este monto no podrá superar el 5% de las rentas mensuales que resten por pagar al asegurado, que podrá solicitar una prórroga de pago de 90 días. Pagado el adelanto, se deberá volver a la renta mensual originalmente pactada.

También, se plantea que los pensionados a través de rentas vitalicias podrán optar al pilar solidario en las mismas condiciones que los pensionados por retiro programado.

La Comisión para el Mercado Financiero dictará las instrucciones necesarias para la aplicación de esta disposición, previa consulta a la Superintendencia de Pensiones.

El mecanismo de pago se aplicará al adelanto de rentas vitalicias permitido por la Ley 21.330, por consiguiente, afectará a todos quienes hayan o no ejercido tal derecho.

El diputado RN, Camilo Morán, se declara en estado de reflexión respecto a la votación del cuarto retiro de fondos de pensiones. El parlamentario pidió poner todas la cifras sobre la mesa antes de tomar una decisión, eso si, no descartó “ser uno de los 93 votos que se necesitan para aprobar el proyecto”. 

El diputado oficialista se declaró en estado de reflexión de cara a la votación del cuarto retiro. El parlamentario de RN, si bien señaló que hoy la economía, el desconfinamiento, están dando luces de respiro, no descartó aprobar la iniciativa. 

“Sigo en estado de reflexión. Es muy importante saber cómo sale el proyecto de la Comisión de Constitución a la Sala. Hoy parece irresponsable su discusión, pero uno tiene que analizar todas las variables. Hay que ver las cifras también de lo significaría un cuarto retiro, hoy recibimos información del Ministerio de Hacienda sobre el impacto fiscal de la medida, todo eso hay que sopesarlo y tomar la mejor decisión”, dijo Morán. 

El parlamentario agregó: “Yo aún no tengo la decisión tomada. Tal como he apoyado los retiros anteriores creo que una vez más voy a estar del lado de la gente, y hoy la gente tiene una opinión dividida. Si es necesario aprobar, van a contar con mi voto. Si es necesario, seré uno de los 93 votos que se necesitan para aprobar el proyecto”. 

El diputado también desdramatizó los efectos internos en la coalición de Chile Podemos Más. “Esta discusión la hemos tenido antes. Cada uno sabe lo que tiene que votar, reflexionar junto a la gente que representa. Hay que poner todo sobre la mesa”, finalizó. 

El diputado Camilo Morán solicitó esta medida a La Moneda, al ministerio de salud, para otorgar mayor libertad a las personas el 16, 17, 18 y 19 de septiembre, argumentando los números alentadores de la situación epidemiológica hasta ahora.

 El diputado por el distrito 8, Camilo Morán, pidió al gobierno que dentro de su plan de fiestas patrias, que se anunciará pronto, no se contemple el toque de queda los días 16, 17, 18 y 19 de septiembre. Esto, según dice, para otorgar mayores libertades a las personas para una fecha tan especial como es la celebración del 18 de septiembre. El parlamentario dice que la medida se puede estudiar pensando en los alentadores números que está dejando hoy la pandemia en casos diarios, positividad, cobertura de vacunación. 

“Ya en la región metropolitana estamos llegando al 80% de cobertura de vacunación. La positividad está a la baja y vamos a entrar al toque de queda a las 0 horas. Le pido formalmente al ejecutivo que para esa fecha, que nos gusta tanto, no exista toque de queda”, dijo Morán. 

Diputados RN presentan proyecto que pide al gobierno la condonación del CAE, Crédito Corfo y Fondo Solidario, a quienes hubiesen tenido gratuidad.

El proyecto de resolución es liderado por el diputado RN, Camilo Morán, acompañado por los diputados Hugo Rey y Jorge Durán. Además de pedir la condonación parcial del CAE, solicitan que el Crédito con Aval del Estado se elimine por un nuevo sistema de financiamiento.

Con el proyecto de resolución, los diputados RN, solicitan al presidente de la república, alivianar la carga financiera a las familias, condonando la deuda a aquellas personas que habrían podido acceder a la política de gratuidad de la educación superior, si es que dicha medida hubiese estado vigente. Condonar la deuda del CAE en modalidad de gratuidad retroactiva cuesta entre US$1.500 y US$2.000 millones de dólares.

“La mochila del CAE le pesa hoy a muchas familias. No podemos avanzar en la condonación total. Cuesta 12 millones de dólares. Y no queremos vender humo como lo hace la izquierda con la condonación total. Acá estamos proponiendo un primer paso, accesible, de condonar la deuda del CAE a quienes hubiesen tenido gratuidad. Además, pedimos al presidente evaluar la situación de los estudiantes con Crédito Corfo y Fondo Solidario”, dijo el diputado Camilo Morán.

Además en el proyecto de resolución, se pide la eliminación del CAE, cambiándolo por un nuevo sistema de financiamiento para las personas que hoy no accedan aún a la gratuidad universitaria. Este sistema sería sin la banca privada, sin intereses, un pago máximo del 10% de los ingresos y que se condona transcurridos 10 años desde el egreso.

“La falta de este anuncio complica a varios parlamentarios de cara a la votación del cuarto retiro”

El diputado Camilo Morán estableció parámetros respecto al proyecto del cuarto retiro que se avecina la próxima semana, solicitando al gobierno que anuncie ya la extensión del IFE puesto que “la falta de anuncio nos complica a varios parlamentarios del oficialismo de cara a la votación del cuarto retiro”.

La extensión del IFE, es una incógnita que aún no se revela por parte del gobierno y por lo mismo, el parlamentario Morán exige una pronto anuncio de cara a la discusión del cuarto retiro del 10%:

“Le solicitamos al Ejecutivo que no dilate más y anuncie ya la extensión del IFE, hay que reconocer que esa falta de anuncio, complica a varios parlamentarios del oficialismo” dice Morán.

De esta manera, relaciona el anuncio del IFE con la influencia que puede generar en la discusión del 10% dado que “Creo yo, que en esta ocasión, nadie quiere llevar a cabo esta medida (4to retiro). Más aún en el momento de pandemia que estamos viviendo” expresó Morán.

Además, emplazó a la oposición para que  “si llega el IFE extendido, un llamado también a esa oposición irresponsable: que se acuerde por qué llegamos a la agenda de mínimos comunes, precisamente para evitar estos retiros” finalizó Morán.

 “Creo que el candidato se pasó derechamente 8 pueblos”

 Tras los dichos de Sebastián Sichel respecto al apoyo de parlamentarios al cuarto retiro, el diputado Camilo Morán (RN) fue enfático en señalar que “Sebastián Sichel creo que se equivoca, no en el diagnóstico, sino que en el tono”.

Esta mañana, el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel se refirió a una futura votación del cuarto retiro, aludiendo que observará a quienes apoyen el proyecto para tenerlo en consideración en los futuros apoyos para las campañas.

Ante esta declaración, el parlamentario Camilo Morán indicó que “creo que el candidato se equivoca no el diagnóstico, sino que en el tono”.  Además, en cuanto a la unidad de la coalición afirmó que “Chile Vamos necesita todo lo contrario, un tono de unidad, de cohesión, de coordinación, entre los distintos actores”.

Morán alude al tono de los dichos diciendo que “en ese sentido creo que el candidato se pasó derechamente 8 pueblos”.

“Hoy día Chile Vamos debería estar preocupado de sumar y no restar. Creo que el tono del candidato no es el correcto(…) si el quiere poner en el centro de la discusión a las personas, creo que es lo que corresponde, todos los parlamentarios de Chile Vamos estaremos disponibles, pero no bajo amenaza, ese no es el camino” finalizó Morán.

La petición apunta a la necesidad de que exista un representante especializado para Chile y el mundo, particularmente, con ocasión de las consecuencias que la pandemia del Covid-19 ha ocasionado en el deporte nacional, a fin de que los deportistas accedan a mejores condiciones en el extranjero, durante sus competencias y entrenamientos.

Por 102 votos afirmativos, dos en contra y 17 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la resolución 1627 que solicita al Presidente de la República instruir al ministro de Relaciones Exteriores, para crear de forma permanente la figura del agregado deportivo.

El texto, presentado por los diputados de Evópoli Sebastián Keitel y Andrés Molina, señala entre sus considerandos que el coronavirus y las restricciones a la movilidad han afectado a toda la industria deportiva, incluyendo a atletas, entrenadores, instructores, administradores, voluntarios y funcionarios de competiciones. También a empresas, tales como gimnasios, organizadores de eventos, agencias de marketing y productores de equipo deportivo, entre otros.

Agrega que, como resultado de la pandemia y del acuerdo a la European Platform for Sport Innovation (EPSI), ya se han observado una serie de consecuencias en el sector deportivo como pérdida de ingresos de los organismos, desempleo, y deportistas que no reciben apoyo financiero.

En ese contexto, los parlamentarios argumentan que todas estas consideraciones no pasan únicamente por las determinaciones de un solo órgano, como lo es un ministerio.

Por ello, sostienen que dadas las complejidades y diversidad de circunstancias que componen esta situación, “es menester establecer de manera permanente e ininterrumpida la figura del agregado deportivo que represente al país en cada latitud a fin de ejercer como interlocutor entre las diversas materias que afectan al quehacer deportivo nacional con representaciones en el extranjero o con gestiones competitivas o comerciales fuera de Chile”.

Julio 12, 2021

La Comisión de Trabajo escuchó al subsecretario del ramo, Fernando Arab, y a representantes de plataformas. que compartieron la necesidad que la regulación sea moderna y adaptable a la viabilidad de esta industria.

Es un error tratar esta materia bajo la lógica laboral tradicional; las respuestas deben ser innovadoras y no pueden ser bajo las lógicas laborales tradicionales, ni bajo civiles tradicionales”, sostuvo el subsecretario Fernando Arab, ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que analiza el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en relación al contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicios (boletín 13.496).

La norma, aprobada previamente por el Senado, busca regular la relación laboral entre las plataformas digitales y los repartidores, estableciendo dos tipos de repartidores, dependientes e independientes, y que sean estos los que decidan qué tipo de relación desean tener, sin perder sus derechos a seguridad social, entre otros puntos.

En sus planteamientos, el subsecretario del Trabajo indicó que pretender que se siga la lógica laboral tradicional es no entender cómo funcionan las plataformas. Además, agregó que es un error pensar que todas las plataformas funcionan iguales y que no aparecerán nuevas aplicaciones en el futuro próximo.

“Operan de manera distinta, por lo tanto debemos ser inteligentes en cómo planteamos una regulación que entienda las diversidades que tiene cada plataforma, que hoy día algunas son de reparto y otras de transportes. Seguramente aparecerán otras en el futuro”.

Cabe recordar que, actualmente, existe otro proyecto de ley, de moción parlamentaria en segundo trámite en el Senado, que plantea regular a los trabajadores de plataformas digitales bajo contrato de trabajo y que establece cumplir horarios fijos bajo supervisión y dependencia.

Representantes entregan consideraciones 

La instancia también escuchó las opiniones de Felipe Simonsohn, Head of Corporate Affairs South Cone Didiglobal; Karol Morales, sicóloga y doctora en sicología de la Universidad Católica de Valparaíso; Javier Aránguiz, gerente de Pedidos Ya y Nicolás Sánchez, gerente de Asuntos Gubernamentales de Chile Uber.

Este último, propuso a la instancia legislativa que se considere la propuesta de incorporar la libertad de elección de los trabajadores de plataformas digitales, en su relación laboral, entre dependientes o independientes.

Además, indicó que “para maximizar el potencial de la tecnología, las soluciones deben ser compatibles con el modelo de plataformas de intermediación y con las necesidades de las personas que se benefician de ellas”.

En la misma línea, Felipe Simonsohn, representante de DIDI, pidió a la comisión que se reflexione sobre aumentar el plazo de entrada en vigencia de la futura ley a 12 meses; debido a la gran cantidad de interconexiones para implementarla. Además, propuso endurecer las políticas de fiscalización para aquellos que incumplan la normativa.

A su vez, Javier Aránguiz de Pedidos Ya, solicitó que se considere el derecho de desconexión a nivel industria e indicó que “para cada una de las aplicaciones es posible cuantificar cuántas horas se conectan las personas que trabajan, pero es muy difícil conocer cuántas horas lo hacen en todo el sistema. Por ello, debe regularse”, enfatizó.

Por otro lado, la sicóloga Karol Morales planteó que el proyecto no considera los gastos en qué incurre el trabajador para ejecutar el servicio prestado, resultando, muchas veces, con ingresos efectivos inferiores al sueldo mínimo y/o insostenibles.

Agregó que respecto de las plataformas de reparto a domicilio y transporte privado de pasajeros, pero especialmente en el caso de reparto, la evidencia académica jurídico internacional muestra que es la empresa quien organiza el trabajo; por lo tanto, el trabajador no puede ser considerado independiente.

Fundamentos del texto

El objetivo principal de la propuesta es regular las relaciones entre los trabajadores y las empresas de plataformas digitales de servicios, mediante contratos especiales incorporados en un nuevo capítulo del Código del Trabajo.

Par ello, establece normas para los contratos de trabajo de los trabajadores de plataformas dependientes y la prestación de servicios de trabajadores independientes. Respecto de estos últimos, se consagra su derecho a la cobertura de seguridad social y el respeto de sus derechos fundamentales.

Asimismo, consagra el derecho de los trabajadores de plataformas dependientes e independientes a constituir las organizaciones sindicales que estimen convenientes.

Junio 25, 2021

Mediante un oficio a la seremi de Salud, Paula Labra, los diputados Camilo Morán y Jorge Durán (RN), exigieron un sumario sanitario para el comando de la ex candidata a gobernadora Karina Oliva y del gobernador electo Claudio Orrego, por incumplir aforos sanitarios el domingo pasado.

 Este martes, los parlamentarios RN emplazaron a los comandos que participaron de la elección a gobernadores por la Región Metropolitana, luego que superaran los aforos sanitarios en sus reuniones de ese día:

 “Hemos oficiado a la seremi de Salud respecto a lo que vimos todos los chilenos el domingo recién pasado en los comandos tanto de Karina Oliva como del gobernador electo señor Orrego, quienes no respetaron ninguna norma sanitaria” indicó Morán.

 Además, comparó la falta sanitaria de los comandos, con las fiestas clandestinas: “no tiene nada de distinto con una fiesta clandestina que tanto hemos condenado, que tanto le hemos rogado a cientos de millones de jóvenes que no las realicen porque ponen en peligro la salud pública” expresó Camilo Morán.

 En tanto, el diputado Jorge Durán recalcó: “que indolencia, que falta de respeto es no entender lo que está viviendo Chile y como ellos abusan de los privilegios”.

 Además, los diputados RN lo vincularon con la interpelación hacia el Ministro de Salud, Enrique París, haciendo alusión a la “desfachatez” del sector luego de la “irresponsabilidad” del domingo pasado:

 “Ellos el domingo no respetaron nada, no respetaron ninguna norma sanitaria y además hoy día tienen la desfachatez de acusar al ministro de Salud por no estar cumpliendo con su trabajo supuestamente” dijo Morán

 De igual manera, Durán declaró: “Se pudo ver a muchos, incluso parlamentarios que hoy critican la pandemia, que hoy tienen la desfachatez, la ´cara de palo´, de anunciar una interpelación en contra del ministro de Salud. Los mismos que no respetan las medidas sanitarias”.

 “Justamente son los miembros de oposición quienes critican la comunicación de riesgo de gobierno, pero a la primera oportunidad que tienen para demostrar, su comunicación de riesgo es pésimo. Su reunión el domingo, en aforo, no tiene nada distinto a una fiesta clandestina. Si quieren más compromiso de estrategia sanitaria, deben partir por casa también” sostuvo Morán. 

En un segundo punto, la Comisión de Derechos Humanos acordó realizar una sesión especial para conocer el capítulo chileno del Informe Anual de Amnistía Internacional.

La Comisión de Derechos Humanos continuó con la tramitación del proyecto de ley que crea un procedimiento especial para indemnizaciones de personas con lesiones sufridas en el contexto de manifestaciones sociales en el denominado “Estallido Social

La propuesta parlamentaria plantea fijar una regulación especial para determinar la responsabilidad civil del Estado, respecto de todas aquellas personas que hayan sido víctimas de lesiones físicas o psíquicas en el contexto del Estallido Social o que hayan sifo infringidas por agentes del Estado.

La indemnización se entregará en forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente avaluables y que sean consecuencia de hechos normados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Se entenderá por víctimas a aquellos que hayan sufrido lesiones físicas o psíquicas, mutilaciones, tortura, apremios ilegítimos, vejación injusta, violencia sexual y muerte.

Sobre este punto, los legisladores aprobaron que bastará la declaración de dos testigos y un informe emitido por un profesional de la salud para acreditar la calidad de víctima.

Procedimiento judicial

En la sesión, los integrantes de la Comisión aprobaron que será el Tribunal Civil del domicilio de la víctima, o aquel que corresponda al lugar en que ocurrieron los hechos, el competente para llevar a cabo las acciones judiciales.

Se estipularon, además, plazos para el desarrollo de las demandas; así el tribunal citará a audiencia el quinto día hábil después de la última notificación al afectado. La sentencia, por su parte, se dictará dentro de quinto día contado desde la fecha de la audiencia.

En cuanto a los informes realizados por los peritos, estos deberán ajustarse a las Directrices Para La Evaluación de la Tortura y los Malos Tratos contenida en los Capítulos IV, V y VI del Protocolo de Estambul.

Los criterios de reparación se definirán de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Las y los parlamentarios aprobaron el Privilegio de Pobreza para las víctimas, esto es un beneficio establecido por la ley chilena para las personas de escasos recursos que les permite acceder gratuitamente a los servicios judiciales.

En la ocasión los integrantes de la comisión debatieron sobre si las acciones que emanan de la presente ley serían imprescriptibles. Según representantes del oficialismo, este beneficio solo operaria para víctimas de crímenes de lesa humanidad. Finalmente, la norma contó con el visto bueno de la mayoría de la Comisión

La Comisión continuará con la tramitación de esta iniciativa en la próxima sesión.

Informe Amnistía Internacional

La comisión acordó realizar una sesión especial para abordar el último Informe Anual de Amnistía Internacional, que documenta la situación de los Derechos Humanos en las Américas, sesión a la que se invitará a la directora de AI, Ana Piquer.

Las y los parlamentarios, además, votaron a favor de pedir por escrito el nombre de los autores de los antecedentes que se relacionen con la situación en Chile.

El documento aborda, entre otros aspectos, la detención de la hija de Camilo Catrillanca, los cuestionamientos al programa de reparación a las víctimas de trauma ocular, la situación de las personas que han migrado a Chile y las eventuales dificultades que podrían tener a la hora de acceder a la vacuna contra el coronavirus.

Censura

En esta jornada la comisión votó y rechazó, por siete votos en contra y seis a favor, la censura presentada por el diputado Diego Shalper (RN) en contra de la presidenta de la instancia, Emilia Nuyado (PS), por supuestas “irregularidades sistemáticas” en la tramitación de los proyectos de ley.

Abril 16, 2021