El texto, que quedó en condiciones de ser promulgado como ley, fija el procedimiento a seguir para los interesados; y los beneficiarios de este mecanismo especial y simplificado, así como los requisitos especiales a cumplir.

En posición de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República quedó el proyecto que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos. Ello, luego que la Sala de la Cámara aprobara las enmiendas del Senado a este texto que modifica para sus fines la Ley 20.234.

La propuesta está dirigida al saneamiento y regularización de obras mínimas de urbanización que requieren asentamientos poblados que no cuentan con permiso o recepción de loteo otorgado por la respectiva Dirección de Obras Municipales. Además, se les exige cumplir con las características y demás requisitos exigidos por esta ley.

Para solicitar la regularización se deberá presentar a la Dirección de Obras Municipales los siguientes antecedentes:

1. Formulario único del Ministerio de Vivienda, diseñado para efectos de la aplicación
   de esta ley. Debe ser suscrito por los interesados que representen, al menos, 30% de los residentes permanentes.
2. Plano del proyecto de regularización del asentamiento.
3. Plano de ubicación y emplazamiento.
4. Declaraciones juradas simples, en las que se manifieste la voluntad de ceder al dominio público las superficies destinadas a vialidades y áreas verdes, entre otros aspectos. Esto, cuando la solicitud fuese presentada por el o los propietarios del terreno.

Beneficiarios del procedimiento especial

Podrán acogerse a este procedimiento:

1. Las poblaciones de tipo popular respecto de las cuales la municipalidad hubiese aprobado un plano de loteo o de subdivisión de predios.
2. Las poblaciones que hubiesen sido declaradas en situación irregular.
3. Los asentamientos en los que se hubiese constituido dominio sobre predios específicos mediante el procedimiento contemplado en el DL 2.695, de 1979.
4. Poblaciones y loteos que hubiesen sido de propiedad de los Servicios de Vivienda y Urbanización o de sus antecesores legales. Esto, en el caso que se hubiese transferido el dominio de sitios.
5. Los loteos, subdivisiones de predios, poblaciones y edificaciones que se hubiesen acogido a las disposiciones de la Ley 18.138.
6. Los campamentos que formen  parte del catastro de erradicación del año 2019 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
7. Asentamientos irregulares emplazados en área urbana o de extensión urbana que se consideren necesarios de regularizar. Esto, con el objeto de normalizar el desarrollo del área respectiva.
8. Los asentamientos irregulares emplazados en área rural, siempre y cuando se encuentren en alguno de los supuestos excepcionales contemplados la Ley General de Urbanismo y Construcciones (art. 55). Además, que obtengan las autorizaciones e informes previos favorables de las autoridades administrativas.

Los asentamientos irregulares emplazados, total o parcialmente, sobre una vialidad, espacio público o equipamiento comunitario existentes y/o en sectores que se encuentran afectos a utilidad pública para nuevas vialidades, circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, solo podrán acogerse a esta ley si acreditan que las obras de saneamiento y regularización contemplan la materialización de tales obras.

Requisitos especiales

Para la obtención del beneficio se deberá cumplir con todas las condiciones y requisitos exigidos:

• Se encuentren materializados de hecho con anterioridad al 31 de diciembre de 2018. También que formen  parte del catastro de campamentos del año 2019, del Ministerio de Vivienda.
• No tener permiso de loteo o que, habiendo contado con tal permiso o habiéndose acogido a las leyes excepcionales, no cuentan con la correspondiente recepción definitiva. O, bien, que cuentan con un certificado de recepción definitiva que requiere ser modificado.
• Que en más del 70% de los lotes resultantes del asentamiento irregular existan residentes permanentes.
• Que las viviendas existentes en el loteo tengan una tasación máxima de UF2.000, en promedio. Este requisito no será aplicable a campamentos considerados por los programas públicos destinados a atender a asentamientos precarios.
• No encontrarse localizados en zonas no edificables, conforme a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General. Tampoco en áreas expuestas a riesgos que no sean mitigables, en consideración a informes técnicos evacuados por organismos o servicios competentes. Igualmente, no podrán estar localizados en áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural o de protección de recursos de valor natural, tales como parques y reservas nacionales o monumentos naturales. Del mismo modo, no se admitirá la regularización de asentamientos localizados en fajas de caminos cortafuego ni en la faja vial de caminos públicos.
• Ausencia de dictamen sancionatorio administrativo o judicial. De igual modo, que no existan denuncias, demandas o querellas pendientes presentadas ante la respectiva Dirección de Obras Municipales o los tribunales de justicia.

Junto a lo anterior, el texto norma los plazos y vías para efectuar el procedimiento, así como los ajustes regulatorios aplicados al caso. Asimismo, entre otras disposiciones, se establecen obligaciones para los interesados, que siguen a la entrega del beneficio.

02-05- 2022

Este jueves 21 de abril patrociné con mi firma el proyecto de reforma constitucional que permitirá el cobro de las deudas de alimentos a partir de los fondos previsionales de los deudores.

Este proyecto traerá justicia a miles de mujeres, hijas e hijos que están a la espera de que se pague la responsabilidad mínima que tiene un progenitor.

Un 86% de las pensiones que se debían se pagaron hasta el tercer retiro. Por esta razón lamento profundamente que el gobierno haya mezclado una gran idea con la intención de frenar el quinto retiro para la gente.

Nuestra intención es tomar esta iniciativa y convertir en ley para saldar una deuda que nos avergüenza como país.

Una vez aprobada la ley, serán los jueces quienes podrán ordenar el cobro de las pensiones adeudadas hasta por el 100% del total.

Esperamos que el gobierno acoja con prontitud esta medida y aplique las urgencias necesarias para un proyecto que sabemos concitará un apoyo transversal de nuestra Cámara y el país.

VIVIANA DELGADO RIQUELME

DIPUTADA DE LA REPÚBLICA

Eran seis las iniciativas que abrían la posibilidad de realizar retiros de fondos de pensiones desde un 10 a un 100%. Una de las mociones incluía a pensionados por rentas vitalicias.

Por 70 votos a favor, 70 en contra y 12 abstenciones, la Sala de la Cámara rechazó la idea de legislar sobre proyectos que permitían un nuevo retiro de fondos de pensiones. El debate sobre este proyecto se extendió por cuatro horas, marcado por la polarización en las posturas, dándose luego inicio al análisis de la segunda propuesta originada por el Ejecutivo, que tampoco alcanzó el quórum necesario.

La idea fundamental común de los seis proyectos era facultar a las y los afiliados del sistema privado de pensiones a realizar un nuevo retiro. Los montos variaban en cada una de las mociones, partiendo desde un 10 hasta llegar, incluso, al 100% de los fondos.

Las mociones refundidas necesitaban el respaldo de 93 votos, ya que correspondían a reformas transitorias de la Constitución. Al no alcanzarlos, las iniciativas serán archivadas y no se podrán volver a plantear en el plazo de un año.

Retiros por el 10%

Las mociones fueron analizadas en primera instancia por la Comisión de Constitución, donde también fueron rechazadas.

El primer proyecto (boletín 14729) fue presentado en diciembre de 2021 por la diputada Pamela Jiles (PH) y Félix González (PEV). El objetivo de la iniciativa era replicar los alcances de la ley que permitió un tercer retiro del 10% de los fondos de previsionales.

Luego, antes de terminar su mandato, el diputado Karim Bianchi (IND) presentó un proyecto (boletín 14858) para retirar hasta un 100% de los fondos. La moción señalaba que, en primer lugar, las y los afiliados podrían hacer un retiro del 10% en las mismas condiciones del tercero.

Sin embargo, agregó que quienes sufrieran enfermedades cubiertas por la Ley Ricarte Soto o enfermedades catastróficas certificadas podían hacer un retiro del 100%. Esto, con un límite máximo de 1.350 UF (cerca de $43 millones). Asimismo, incluía a las rentas vitalicias.

Hasta el 100%

Junto a estos proyectos, se refundieron otras cuatro mociones (boletines 14730, 14859, 14861 y 14860) cuyo objetivo era permitir un retiro de hasta un 100%. Aquí también participaron los diputados Jiles y González, además de Jorge Durán (RN) y Gaspar Rivas (PDG).

Las principales diferencias de estas propuestas guardaban relación con los plazos para elevar la solicitud. En cuanto a los beneficiarios, todos consideran a las y los afiliados activos, pensionados por invalidez o sobrevivencia, pero excluían las rentas vitalicias.

Por otro lado, dos de las propuestas buscaban mecanismo para aumentar las cotizaciones. Uno permitía aumentar, para aquellas personas que realicen el retiro, en un 11% las cotizaciones obligatorias por un año. La otra establecía un aporte fiscal, cuyas características se determinarían por ley de quórum calificado.

El texto permitía un retiro de hasta un 10%, pero condicionado a situaciones particulares como el pago de pensiones alimenticias, deudas en materia de salud o servicios básicos o para ahorro para la primera vivienda.

Tras un amplio y complejo debate, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados no logró consensuar una vía para concretar una nueva opción de retiro desde los fondos previsionales. Para ello, sopesó dos propuestas: una originada en mociones parlamentarias y otra planteada por el Ejecutivo.

Respecto de la primera, la Corporación no alcanzó el quórum de 93 votos favorables, por lo cual se rechazó. Pero, además, tampoco reunió el consenso necesario para respaldar la otra iniciativa, que requería 78 votos a favor como mínimo (obtuvo 68 votos a favor, 83 en contra y 1 abstención).

Sin embargo, a diferencia de los proyectos parlamentarios, el Gobierno tiene una opción. Esta consta en hacer uso de la herramienta de la insistencia, presentando el texto ante el Senado.

Alcances de la iniciativa

El proyecto originado por el Ejecutivo (boletín 14901) se presentó por medio de los informes de las comisiones de Trabajo y de Hacienda. En concreto, autorizaba a realizar un retiro, de forma voluntaria y excepcional por hasta el 10% de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual. El monto máximo sería el equivalente a 150UF y el mínimo a 35UF. Si el dinero era menor al monto mínimo, se podía retirar hasta dicho margen.

Los fondos retirados se consideraban extraordinariamente intangibles para todo efecto legal. No serían objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o afectación judicial o administrativa.

Los dineros retirados se podían utilizar, exclusivamente, para los siguientes fines:

1. Exigir el pago de deudas originadas por obligaciones alimentarias. Para ello, el texto describe los procedimientos a seguir por las partes, así como los derechos y deberes referidos a esta materia.
2. El pago de deudas de salud, contraídas hasta el 31 de marzo de 2022. Será válido tanto respecto del seguro previsional de salud, público o privado, como de prestadores institucionales. Requerirá previa acreditación de estas a través de la Superintendencia de Salud.
3. Incrementar el ahorro necesario para la postulación a los subsidios para la construcción o adquisición de la primera vivienda. Se detallan en las normas siguientes procedimientos y condicionantes para esta facultad.
4. Pagar créditos hipotecarios de hasta 4.000UF, contraídos para la adquisición de la primera vivienda, hasta el 31 de marzo de 2022.
5. El pago de deudas de servicios sanitarios, de electricidad y gas de red, vencidas hasta el 31 de marzo de 2022.
6. Cancelar deudas financieras, bancarias y no bancarias, contraídas hasta el 31 de marzo de 2022.

Otras normas

Luego, el texto detallaba algunas formalidades para concretar los retiros y obligaciones de información que se deberán cumplir. Ello afectaba tanto a acciones del propio afiliado como de las AFP.

También se permitía el reintegro de todo o parte de los fondos retirados mediante una cotización voluntaria adicional. Ella no estaba sujeta a comisiones y sería equivalente al 5% mensual.

La propuesta, asimismo, especificaba los nuevos porcentajes de remuneración que regirían con cargo a los fondos de la Cuenta Individual por Cesantía. El primer mes, 70%; segundo, 55%; tercero, 55%; cuarto, 55%; quinto, 45%; y sexto o superior, 40%. A su vez, se indicaban los montos máximos y mínimos a recibir para cada caso.

Para el financiamiento de estas prestaciones se girarían los recursos de la Cuenta Individual por Cesantía del trabajador. Cuando estos fuesen insuficientes, se financiarían con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. Se entendía por tal evento, cuando el monto acumulado fuera inferior al requerido para financiar los cinco primeros giros.

Adicionalmente, se señalaba que las AFP tendrían derecho a una retribución adicional. Para esto se determinaba la vía de cálculo y condiciones.

Por último, entre otras normas, se consignaba la entrada en vigencia de las disposiciones de esta ley; condiciones especiales; y la autorización a comprometer recursos fiscales para el financiamiento de prestaciones de cesantía del Fondo Solidario.

Marzo 23, 2022. Gobierno presenta ante Comisión de Trabajo sus lineamientos sobre política laboral y previsional. La ministra del área, Jeannette Jara, manifestó que la recuperación del empleo es clave en su agenda. Por otro lado, recalcó que lo se haga en materia de pensiones se concretará a partir de nuevas cotizaciones, descartando así que los ahorros actuales se toquen.

La recuperación del empleo es uno de los ejes principales dados a conocer por la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, ante la comisión técnica de la Cámara, en el marco de la agenda que tiene la cartera.

A estos lineamientos se añade el énfasis en los grupos más rezagados y la formalidad de la relación laboral. Asimismo destaca la dignidad laboral para todos y todas, las relaciones laborales justas y la seguridad social.

La autoridad recalcó que estos ejes se construirán con dialogo social, que incluya a los trabajadores, trabajadoras, empleadores, Gobierno y sociedad civil, para abordar las problemáticas del mundo laboral.

Con respecto a lo anterior, anunció que en los primeros 100 días de Gobierno convocaran a una “Comisión de Diálogo Social para enfrentar los efectos de la pandemia y la crisis económica global en el mundo del trabajo”.

Entre los puntos mencionados por la ministra Jara, para la recuperación del empleo con énfasis en sectores rezagados, se expuso la revisión y potenciamiento de los subsidios a la contratación. Se suma el apoyo a las pymes y la recuperación de la formalidad entre otros.

En relación a la dignidad laboral, la ministra se refirió a la reducción de la jornada semanal a 40 horas. También destacó el compromiso de Gobierno que implica un alza escalonada del salario mínimo, alcanzando los $500.000 al final del periodo.

Reforma a las pensiones

La ministra Jara recalcó que el sistema debe hacerse cargo de lo que se denomina un sistema de seguridad social. “Para que nuestro proyecto avance y se apruebe, requerimos avanzar en un acuerdo tripartito… es evidente que hay cosas que están más despejadas como la cotización del empleador”, afirmó.

“Tenemos que tener un nivel de acuerdo previo a efecto de que esto pueda consolidarse. La PGU (Pensión Garantizada Universal) fue un paso; tenemos otro paso que dar en el Pilar Contributivo. En ese sentido, respecto de los fondos previsionales que hoy día están ahorrados, esos fondos en nuestra propuesta se mantienen de la misma forma en las administradoras de fondos de pensiones y no se tocan”, aseguró.

Al respecto, detalló que lo que se haga en materia de reforma de pensiones, se realizará a partir de las nuevas cotizaciones.

Diputados Republicanos acusan al gobierno de “obsesionarse” con los impuestos ante un eventual gravamen al sobreconsumo de agua.

 Los diputados del Partido Republicano, Stephan Schubert, Agustín Romero, José Meza y Juan Irarrázaval consideraron como una medida radical y absurda, lo planteado por el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, quien no descartó aplicar un impuesto a quienes tengan un sobre consumo de agua.

El secretario de Estado justificó la eventual aplicación de la medida, afirmando que el 2021 fue el cuarto año más seco, sumado a que la región Metropolitana presenta un déficit hídrico del 67%.

Al respecto, el diputado Irarrázaval explicó que “primero, el gobierno piensa en aumentar el impuesto a los ingresos de los chilenos. Después, aumentar el impuesto al diésel que es con lo que se mueven los chilenos y ahora, quieren un impuesto al agua, que se supone que es todos los chilenos. Nos parece que el gobierno quiere sacar una tajada para pagar los pitutos recién nombrados. Debiera ser al revés: hacer más eficiente al Estado y no contratar y eliminar a más operadores políticos”.

Su par, José Meza estimó que “de la mala primera semana de Gobierno pasamos a una peor, porque poco a poco el Presidente Boric comienza a gravar distintos tipos de productos, ahora ya no solo estudia el diésel, sino también el agua… El agua, que es un bien de consumo básico. Estamos frente a una situación grave, y no seremos partícipes de apoyar iniciativas que solo buscan lanzar al país al precipicio”.

En tanto, el legislador Agustín Romero explicó que “parece que el Gobierno tiene una obsesión por los impuestos, ahora intenta solucionar los problemas de la crisis hídrica a través con impuestos, ¿es que no han entendido que esas medidas sólo perjudican a la economía de las familias?”.

Segundos después, agregó que “primero tenían la intención de subir los impuestos al diésel y ahora granar las cuentas del agua. Realmente es incomprensible, sobre todo cuando ellos dicen defender a los más vulnerables. La solución a la grave crisis hídrica que estamos viviendo en el país es avanzar en infraestructura, por ejemplo. La sequía es un problema que llegó para quedarse, entonces debemos buscar las mejores soluciones técnicas a largo plazo y no pensar sólo en meterle la mano al bolsillo a los chilenos”.

Mientras que el diputado Stephan Schubert afirmó que “esto es absurdo. Mientras nosotros estamos por defender el bolsillo de los chilenos, el gobierno solo quiere meterles la mano, con el falso discurso de querer proteger a los más vulnerables. Ya basta de dobles discursos. Que el gobierno transparente que lo único que quiere es meter la mano al bolsillo de los chilenos, como si éstos no estuvieran lo suficientemente golpeados. No les basta con la tremenda inflación, el alto precio de los combustibles, que afecta el presupuesto de las familias, ahora quieren imponer un impuesto tan absurdo como el consumo de agua. Este gobierno está muy lejos de estar a favor de la población”.

En un comunicado, la diputada por el distrito 8, Viviana Delgado, dio a conocer su punto de vista y el motivo por el cual votará a favor el quinto retiro. Señala que es una votación forzosa porque el pueblo está sufriendo y me hace poner en la balanza los efectos negativos en la economía y las necesidades urgentes de las personas, a las que agrega la desconfianza de la gente en las AFP.

“Necesitamos con urgencia un sistema de seguridad social pensado en las personas y no en cuidar el negocio de las AFP.  Espero que quinto retiro sea el último paso para hablar en serio sobre el futuro de las pensiones”.

COMUNICADO DE PRENSA SOBRE QUINTO RETIRO

Chile se enfrenta nuevamente ante la encrucijada de un nuevo retiro forzoso de fondos previsionales. Recalco la palabra forzoso porque no es el escenario ideal, ya que sacar ese dinero tendrá un efecto negativo en la economía y en las futuras cuentas de la gente.

Sin embargo, las necesidades presentes de nuestro pueblo puestas en la balanza son más urgentes. Hay gente sin trabajo, y mucha más gente que tiene un trabajo oficialmente, pero sobrevive apenas con lo mínimo.

La desconfianza en el sistema es tan grande que la gente prefiere tener el dinero en sus cuentas del banco o disponible para invertir en algún proyecto o emprendimiento que dejarlo en manos de las administradoras de fondos.

Alguien dijo que las AFP no son Mercedes Benz al que le falta bencina, pero misma bencina es el dinero que mucha gente necesita para llegar a fin de mes. Esto lo sé porque vivo la realidad de mis vecinos en el sector Poniente de Maipú donde la necesidad se palpa en la calle.

Necesitamos con urgencia un sistema de seguridad social pensado en las personas y no en cuidar el negocio de las AFP.  Espero que quinto retiro sea el último paso para hablar en serio sobre el futuro de las pensiones. Buscando crear un sistema cuyo fin principal sea generar pensiones dignas y no únicamente obtener ganancias gracias a nuestros ahorros.

Como diputada digo sí al quinto retiro y no a más AFP

23 de febrero 2022 .- La sala de la Cámara aprobó y despachó a ley la iniciativa, derivada de los efectos de la la pandemia de Covid-19.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad y despachó a ley, el proyecto que prorroga la vigencia de todas las licencias de conducir, producto de la pandemia de Covid-19 (Boletín 14768).

La iniciativa prorroga la vigencia de todas las licencias de conducir cuyo control correspondiere realizar durante los años 2020, 2021 y 2022. Con esta norma se entenderán vigentes hasta el día y mes señalados en la licencia respectiva, del año 2023.

En sus fundamentos el texto sostiene que la pandemia aún no ha terminado y los protocolos, restricciones y aforos correspondientes siguen vigentes.

Ante ello, las municipalidades no cuentan con los recursos ni la capacidad para atender a todas las personas que requieren renovar su licencia de conducir.

Lo anterior considerando que deberán tramitar el triple de solicitudes que en un año de condiciones normales. Esto porque a quienes venza su licencia en 2022, deben adicionarse los rezagados de 2020 y 2021. Todo ello, cumpliendo las restricciones y protocolos sanitarios existentes.

La iniciativa agrega que el inminente colapso de las municipalidades afectará a miles de chilenos, y será especialmente perjudicial para quienes necesitan conducir sus vehículos motorizados para trabajar, lo que justifica la aprobación de la norma.

ción de la norma.

La iniciativa, iniciada en mociones refundidas, modifica la denominada “Ley del Mono”, ampliando en un año el plazo para acogerse al procedimiento de regularización de viviendas. También, establece un nuevo plazo para la regularización de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o equipamiento social.

En condiciones de convertirse en ley de la República quedó el proyecto sobre vigencia de los procedimientos excepcionales de regularización de viviendas y de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o equipamiento social (boletines 13860 y 14676).

La propuesta, originada en mociones refundidas, efectúa una nueva modificación a la Ley 20.898, conocida como “Ley del Mono”. Ella establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción.

En concreto, el texto propone ampliar en un año el plazo para acogerse al procedimiento de regularización de viviendas. Para esto, establece que sea de 7 años, desde la publicación de la Ley 20.898. Es decir, del 4 de febrero de 2016 al 4 de febrero de 2023.

Sobre la regularización de edificaciones, la norma actual detalla que la vigencia se encuentra vencida. El plazo para acogerse al procedimiento de regularización era de 3 años, desde la publicación de la ley. Es decir, del 4 de febrero de 2016 al 4 de febrero de 2019. Dicha caducidad no fue renovada por la Ley 21.141.

El proyecto, que ingresó el 28 de octubre de 2020, proponía prorrogar el plazo de vigencia, de 3 a 6 años, dado que venció el 4 de febrero de 2019. Fue ahí donde se buscó renovar su vigencia hasta el 4 de febrero de 2022.

En ese contexto, la moción despachada a ley propone establecer una prorroga hasta el 4 febrero de 2023.

Equipamiento comunitario y otros

Durante la tramitación del proyecto, la Comisión de Vivienda incluyó en lo que respecta a la regularización de equipamiento social, el equipamiento comunitario. Esto consiste en edificaciones destinadas al culto religioso, de cualquier religión; a los recintos destinados a actividades deportivas; sedes comunitarias; juntas de vecinos y, en general, a sedes sociales de organizaciones sin fines de lucro.

Lo anterior, con el objeto de no extender el trámite legislativo.

Finalmente, la instancia estableció que estas prorrogas eran excepcionales, para no provocar efectos contradictorios con el régimen general aplicable a la edificación de inmuebles.

De lo contrario, se podría inducir a las personas a no cumplir con la norma general, bajo el pretexto de utilizar el procedimiento para la regularización de segundas viviendas. Eso, según se explicó, escapa del objeto de la propuesta despachada a ley.

Enero 19, 2022

“Presidencializar el cuarto retiro muestra la mala cara de la política”. El parlamentario RN pidió no presidencializar el debate del cuarto retiro en el Senado tras la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados. 

El diputado RN, Camilo Morán, quien votó a favor del cuarto retiro, llamó a no presidencializar el debate de la iniciativa en el Senado, ante la medición de fuerzas que buscan parlamentarios entre los candidatos presidenciales de cara a la próxima votación.

“Presidencializar el cuarto retiro muestra la mala cara de la política. Esto no es el concurso o un partido de fútbol de quien saca más rédito o quien se convierte en la figura del partido. El debate no debería estar en quien saca mayor oportunidad o posibilidad, el foco tiene que estar puesto en las personas que hoy necesitan ese retiro, salir de un apuro, y a partir de ahí, convencer a quienes están indecisos con sus votos. Me parece un error presidencializar el cuarto retiro”.