Considerar la territorialidad es uno de los puntos en que coinciden la exsubsecretaria del Sernam, Gloria Maira, y Javiera Arce, de la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso, en el debate sobre una ley de cuotas para estos cargos.

Legislar sobre una ley de cuota de género en las elecciones
de gobernadores regionales, alcaldes y concejales es clave, coinciden las
invitadas a la Comisión sobre Mujeres y Equidad de Género de la Cámara que
analiza esta moción .

Si bien ya existe una experiencia previa en este ámbito, con la ley de cuotas
en las elecciones parlamentarias, hoy existe la posibilidad de profundizar
hacia la pertinencia territorial de este instrumento, subrayó Javiera Arce, de
la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso.

Sostuvo que los partidos políticos, en general, generan muchas omisiones,
incluso territoriales, debido a nuestra estructura absolutamente centralista
que se refleja en las decisiones públicas.

“Entonces, lo que tendríamos que buscar o ir avanzando es hacia,
justamente, que los partidos políticos sean capaces de ellos promover sus
propios liderazgos femeninos en los territorios y ellos mismos darse cuenta de
qué manera potenciar a las mujeres que existen en esos espacios”, acotó. 

La visión fue compartida por gran parte de los expositores que entregaron su
opinión sobre la moción, aunque, según explicó la diputada Karin Luck (RN),
también hubo comentarios relativos a formación y fiscalización.

Informó que otro de los grandes temas que está en debate es el relativo a
aquellas elecciones en donde se elige una sola persona, como son las figuras
del alcalde o de los gobernadores regionales. “No hay problema en que haya
temas proporcionales, pero si se plantean muchas diferencias entre si damos el
paso o no damos el paso para que sea cuando es un solo candidato”, agregó

En este sentido, la presidenta de la comisión, Loreto Carvajal (PPD), manifestó que Chile debe
apuntar hacia una transformación, tanto en la Constitución como en la Ley de
Partidos Políticos. 

“Lamentablemente, el poder mayor, o uno de los poderes mayores, que tienen las
directivas de los partidos políticos se genera en las secretarías generales y,
hoy día, no tenemos en las secretarías generales, por lo menos en los partidos
grandes, a mujeres. La mayoría son hombres, pero, a su vez, también a nivel de
direcciones seguimos teniendo un número inferior de mujeres, no tenemos equidad
de género”, remarcó. 

Los antecedentes que expone el proyecto dan cuenta de un estudio del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre mujeres y elecciones
municipales 2016.

Dicho estudio sanciona que si la norma sobre el máximo de candidatos de un
mismo sexo que rige para las elecciones parlamentarias hubiese operado como
marco regulatorio para las municipales, solo un 17% de los partidos políticos
podría haber competido, ya que solo tres cumplirían con la norma de equilibrio
de género que obliga a los partidos políticos a que en sus listas de
candidatos/as ningún sexo supere el 60%, ni esté por debajo del 40%. 

Publicado el 03 de enero del 2019

La primera normativa sobre el tema surgió en 2008, con la Ley 20.251, que estableció un procedimiento para regularizar la situación de estas construcciones y obtener ante la respectiva Dirección de Obras Municipales la recepción definitiva.

Luego, en 2014, se dictó la Ley 20.671, que amplió el plazo para acogerse a dicha posibilidad de regularización hasta junio de 2016. Por último, en atención a que para la fecha de expiración de este beneficio aún restaban muchas viviendas por acogerse al beneficio, se dictó la Ley 20.898, que amplió la vigencia, generándose así un nuevo plazo que vence el 4 de febrero de 2019.

La nueva propuesta fue presentada en octubre de 2019 por un grupo encabezado por la diputada Aracely Leuquén (RN) y compuesto por René Alinco (IND), Camila Flores (RN), René Manuel García (RN), Pablo Kast (Evópoli) y Andrés Longton (RN).

La idea matriz del proyecto fue ampliar nuevamente la vigencia del plazo para que los propietarios de viviendas que no cuenten con recepción definitiva, total o parcial puedan hacer uso del procedimiento simplificado de regularización de viviendas de autoconstrucción, contemplado en la citada Ley 20.898, y especificar el avalúo que debe tener el bien de autoconstrucción para poder acogerse al beneficio de esta norma legal.

Después del proceso de audiencias, la Comisión que encabeza el diputado Carlos Abel Jarpa (PRSD) aprobó en general la iniciativa y avanzó en concretar un nuevo texto, más acotado que el propuesto originalmente, que será presentado a la Sala por el diputado Sergio Bobadilla (UDI).

La nueva redacción modifica la Ley 20.898, extendiendo su vigencia por tres años más, con lo cual la nueva fecha de caducidad quedaría fijada para el 4 de febrero de 2022. Además, se agrega una precisión en torno a uno de los documento que se deberán presentar ante la Dirección de Obras Municipales para realizar el proceso de regularización.

Publicado el 07 de diciembre del 2018

Por medio de una resolución, las/os diputadas/os buscan eliminar definitivamente estos costos, alivianando la carga de los usuarios dela Cuenta Rut, que están conformados mayoritariamente por el sector de menores ingresos de nuestra población y los jóvenes.

Por 141 votos a favor y 4 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 267, que pide al Presidente de la República que, a través del Ministerio de Hacienda, requiera al Banco del Estado poner fin a los cobros vinculados a la consulta de saldo y cartolas y a los giros de dinero asociados a la Cuenta Rut.

El texto señala que, del universo de cuentas Rut activadas, el 54% pertenece al segmento cuya renta es inferior a 200 mil pesos, mientras que el 27% está compuesto por jóvenes. En este sentido, la cuenta RUT ha permitido la bancarización de aquellos sectores de la población que tradicionalmente son discriminados por la banca privada y el sistema financiero.

Sin embargo, describen las/os parlamentarias/os, esta cuenta tiene un alto costo asociado a su uso, cobrándose $300 por cada giro que se efectúa, independiente del cajero; $600 si el giro se realiza a través de una caja en sucursal del Banco Estado; $100 por cada consulta de saldo y cartolas; y $1000por reposición de la tarjeta.

“Los costos son excesivos, siendo una cuenta cara si se compara con los productos financieros que ofrece la banca en Chile, y pueden mermar de forma grave los ingresos de los usuarios de cuenta RUT, especialmente si consideramos que el 54% de ellos percibe rentas inferiores a los 200 mil pesos mensuales”, argumentaron.

Por tanto, las/os legisladoras/es manifestaron la necesidad de revisar estos cobros e iniciar las conversaciones con Banco del Estado, a fin de tomar las acciones pertinentes que permitan eliminar definitivamente estos costos, alivianando la carga de los usuarios de la Cuenta Rut, que están conformados mayoritariamente por el sector de menores ingresos de nuestra población y los jóvenes.

La resolución fue presentada ante el Hemiciclo por los/as diputados/as UDI Enrique Van Rysselberghe, Osvaldo Urrutia, Sergio Gahona, Nicolás Noman, Rolando Rentería, Virginia Troncoso,Guillermo Ramírez, Gastón Von Mühlenbrock, Sandra Amar y Juan Fuenzalida.

Publicado el 07 de diciembre del 2018

El proyecto modifica la tipificación del delito de femicidio incorporando la modalidad del cometido por pareja, esposo, cónyuge o conviviente y en los casos en que un hombre mata a una mujer por razones de género.

Penas que alcanzan hasta el presidio perpetuo calificado contempla el proyecto de ley (boletín 11970) que busca modificar el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contras las mujeres, que fue aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados, por la unanimidad de 121 votos a favor.

La iniciativa, informada ante el Hemiciclo por la diputada Camila Vallejo (PC), es también conocida como “Ley Gabriela”, en asociación a Gabriela Alcaíno, quien fuera asesinada junto a su madre, Carolina Donoso, por su expareja y cuyos familiares se encontraron asistiendo al debate y votación de la ley desde las tribunas del Hemiciclo.

En su idea matriz, la propuesta, analizada previamente por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, expresa la necesidad de modificar el Código Penal para ampliar el delito de femicidio a cualquier asesinato de una mujer con motivos de odio, menosprecio o abuso por causa de género, sin importar la relación o cercanía del asesinato con su víctima.

A esto, señala el documento, se le asigna una pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado (de 15 años y 1 día a perpetuo).

En el mismo contexto, la propuesta pretende establecer agravantes especiales al delito de femicidio y excluir a los delitos de femicidio, parricidio y homicidio simple y calificado de la aplicación de las atenuantes de “irreprochable conducta anterior” o de haber obrado producto de arrebato u obcecación, en los casos en que haya precedido incidente de violencia cometido por el autor contra la víctima, sus ascendientes o descendientes.

Además, propone una enumeración de circunstancias agravantes, tales como el hecho que la víctima hubiese sido cónyuge, conviviente o hubiese tenido una relación de pareja con el autor, habiendo existido o no convivencia; que la víctima estuviese en estado de embarazo; que sea menor de edad o mayor de 60 años; que tenga relación de parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado colateral con el autor; así como que se cometa en presencia de descendientes menores de edad de la víctima.

Adicionalmente, la iniciativa crea un nuevo artículo que tipifica la figura de incitación al suicidio o le preste auxilio para cometerlo, en el marco de las desiguales relaciones de poder basadas en el género, especificando circunstancias en que especialmente se entenderá la concurrencia de dichas relaciones desiguales de poder.

El proyecto de ley fue presentado por las/os diputadas/os Karol Cariola (PC), Daniella Cicardini (PS), Maya Fernández (PS), Cristina Girardi (PPD), Marcela Sabat (RN), Gabriel Silber (DC), Jaime Tohá (PS), Víctor Torres (DC), Camila Vallejo (PC) y Gael Yeomans (RD).

Publicado el 29 de noviembre del 2018

La iniciativa, que fue objeto de un amplio debate en la Sala, duplica el rango del aporte fiscal a las instituciones colaboradoras, al tiempo que impone nuevas exigencias e inhabilidades para estas, así como obligaciones y responsabilidades adicionales para el Sename.

Responder a la urgente necesidad de impedir que, mientras se defina el marco de la nueva institucionalidad relacionada a los menores en estado de vulnerabilidad social, sigan ocurriendo cierres de centros colaboradores del Sename por falta de financiamiento, es la finalidad central del proyecto (boletín 11657) aprobado por la Cámara de Diputados y despachado a segundo trámite al Senado.

El tratamiento de esta iniciativa fue objeto de un amplio debate en la Sala, donde el oficialismo marcó filas en su apoyo y en la urgencia de entregar el aumento de subvención aquí definida, en particular, para prevenir que de aquí al próximo año se concreten nuevos cierres de colaboradores que dejen en mayor indefensión a niños, niñas y adolescentes en situación de precariedad o vulneración social.

En tanto, la oposición se mostró dividida. Mientras algunos legisladores insistieron en una crítica férrea y en llamar al rechazo como forma de reclamo por montos que se estimaron insuficientes y por su asignación a instituciones que no estarían dando el ancho para el cometido que se les encarga; otros, si bien coincidieron en señalar que el avance es aún limitado, reconocieron la capacidad del Ejecutivo para respaldar propuestas de otros sectores y la urgencia de sustentar las operaciones de múltiples instituciones colaboradas.

En la hora de votación, la propuesta fue aprobada en general por 101 votos a favor, 27 en contra y cinco abstenciones. Luego, se desarrollaron otras 23 votaciones separadas que permitieron restituir algunos de los criterios aprobados en la Comisión de Constitución y que fueron modificados o eliminados por su par de Familia, entre ellos, la vía de financiamiento del aumento de recursos.

Aumento de subvención

Si bien el proyecto abarca varios puntos, el incremento de la subvención fue uno de los que estuvo presente en casi todos los discursos. En concreto, el texto ratificado por la Sala permite duplicar el actual rango (se sube de 8,5-15 unidades de subvención Sename mensuales a 15-30 USS mensuales).

El cálculo estima que en el primer año de aplicación, el límite máximo efectivo de la subvención se incremente en un 25%, es decir, pasará de 15 a 18,75 USS . Lo anterior irroga un mayor gasto fiscal de $ 9.771 millones. A su vez, se estima que el mayor gasto fiscal en caso de alcanzar el límite máximo del rango para la línea Centros Residenciales (30 USS) sería de $39.108 millones.

El costo que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No obstante, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar dicho presupuesto en lo que falte, con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público. En los años siguientes, los recursos se consultarán en la Ley de Presupuestos del Sector Público respectiva.

Otras normas del proyecto

Conjuntamente con el aumento de subvenciones, el proyecto contempla otras modificaciones a la ley vigente que regula el sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Algunos de estos perfeccionamientos apuntan a precisar o redefinir principios rectores de este sistema o a agregar derechamente otros conceptos en dicho marco, como es el asegurar las condiciones que otorguen el necesario bienestar biopsicosocial de los menores.

También se deberá respetar como principios la efectividad de los derechos y las condiciones ambientales y oportunidades que los niñas, niños y adolescentes requieren, según su etapa de desarrollo, mediante una intervención oportuna y de calidad; y la transparencia, eficiencia, eficacia e idónea administración de los recursos que conforman la subvención.

Asimismo, para el reconocimiento de las instituciones colaboradoras, impide que participen en sus directorio, representación legal, gerencia o administración individuos que figuren en el Registro de Personas con prohibición para trabajar con menores de edad. Esta y otras prohibiciones ya contempladas en la ley vigente se extienden a personas naturales que desempeñan sus funciones directamente con los niños, niñas y adolescentes.

En la misma línea, se especifica un listado de causales que permitirán revocar el reconocimiento de colaborador acreditado que ejecute la línea de acción “Centros Residenciales”; al tiempo que se exige a las instituciones remitir anualmente al Sename y mantener publicada y actualizada en sus respectivas páginas web información sobre la entidad, su desempeño (objetivos, indicadores de gestión y financieros, etc.), balances y antecedentes de las competencias técnicas y profesionales de su personal, entre otros.

Por último, entre otras consideraciones, se perfeccionan ciertas obligaciones que se adjudican al Sename en cuanto a la supervisión y fiscalización del sistema y se especifican algunas de las características que deberá contener el reglamento que se dispondrá en la materia.

Publicado el 21 de noviembre del 2018

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados recibió a los ministros de Hacienda y de Trabajo, quienes expusieron los alcances de la iniciativa que comenzará su tramitación en el Parlamento.

Con el objeto de exponer los fundamentos de la iniciativa, los ministros de Hacienda y de Trabajo, Felipe Larraín y Nicolás Monckeberg, respectivamente, presentaron ante la Comisión de Trabajo, presidida por el diputado Gastón Saavedra (PS), los lineamientos generales de la reforma al sistema de pensiones (boletín 12212) impulsada por el Ejecutivo.

La propuesta se construye sobre la base de cinco principios fundamentales:

1. Reconocer el esfuerzo individual de los trabajadores y respetar plenamente sus derechos de propiedad sobre las cotizaciones y el ahorro previsional que acumulan en sus cuentas individuales.
2. Concentrar el mayor esfuerzo fiscal en los más vulnerables, en la clase media y en las mujeres.
3. Asegurar que cada uno de los cambios ayuden, en forma directa o indirecta, a mejorar las pensiones.
4. Evitar efectos negativos de las reformas sobre el crecimiento económico y la creación de empleos.
5. Responsabilidad fiscal, asegurando la sustentabilidad de largo plazo de los beneficios, en particular los que se financian con el presupuesto público.

Los Secretarios de Estado plantearon la necesidad de concretar los cambios, debido sobre todo al envejecimiento de la población y al porcentaje de trabajadores cotizantes, lo que hace inviable el actual sistema.

Según explicó el titular de Hacienda, “no es posible mejorar las pensiones si no tenemos un aumento en la contribución, tanto en la mínima, que es la obligatoria; como en la voluntaria”.

A su turno, el ministro del Trabajo explicó que, al día de hoy, “2,38 trabajadores le deberían financiar la jubilación a un pensionado; el año 2050, a la vuelta de la esquina, un trabajador le tiene que financiar la pensión a un pensionado; y el 2060, si mantenemos este sistema, un trabajador debería financiar la pensión a más de un pensionado”.

Para el diputado Raúl Soto (DC), si bien la discusión recién comienza, el proyecto requiere de modificaciones urgentes, para que sea una ley efectiva que perdure en el tiempo, considerando que “ningún sistema previsional en el mundo puede descansar en forma excesiva en el Fisco, porque en 5, 10 , 15 años más vamos a tener que seguir metiendo plata en el pilar solidario, lo que, a largo plazo, es absolutamente insostenible”.

En tanto, el diputado Patricio Melero (UDI), junto con destacar el proyecto del Ejecutivo, valoró el debate que se inicia en la instancia, respecto del cual ya hay cierto grado de conocimiento y discusión avanzado, debido al proyecto de ley que en su momento inició la administración anterior.

“Tenemos que partir ya con las audiencias que van a ayudar mucho a la deliberación, tenemos que avanzar con este proyecto que, afortunadamente, no parte de cero porque ya hubo una larga discusión el año pasado”, precisó.

Respecto del Pilar Solidario, se promueve un aumento gradual para los actuales y futuros beneficiarios, pero con incrementos mayores para los de mayor edad. Además, se busca asegurar una pensión de monto constante y facilitar el acceso a personas de los sectores más pobres.

El proyecto del ley comprende también normas para incentivar la competencia en la industria de administración de fondos de pensiones; para fortalecer la educación y mejorar la información previsional; y para aumentar la transparencia del sistema de AFP.

Publicado el 20 de noviembre del 2018

Por medio de una resolución, los diputados solicitaron al Gobierno adoptar las medidas administrativas, legales y financieras pertinentes.

Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 241, que pide al Presidente de la República adoptar las medidas administrativas, legales y financieras a fin de investigar, ubicar y proporcionar la adecuada sepultura del Padre de la Patria, Manuel Rodríguez Erdoíza.

El documento, presentado a la Cámara por el diputado Pablo Vidal (RD), detalla que han pasado más de 200 años de la muerte alevosa de Manuel Rodríguez en Til Til que, por casi 80 años, ha estado sepultado en la iglesia La Merced de Til Til, según los mismos habitantes históricos de la comuna.

Agrega que la comisión patriótica popular designada en 1894 para ubicar y llevar su cuerpo a Santiago y sepultarlo en el Cementerio General, relataron de forma poco prolija lo sucedido con el cuerpo del prócer.

Por otro lado, manifiesta que la comunidad de Til Til asegura que el cuerpo llevado a Santiago corresponde a un soldado de la Guerra del Pacífico. De un hombre de más de 45 años.

Y que, incluso, en 1985 el médico forense del Servicio Médico Legal, doctor Claudio Paredes, exhumó el cuerpo hallando en sus suturas craneales vestigios de un hombre de 45 a 50 años. Y el prócer tenía 33 cuando murió.

Sumado a ello, describe el texto, existe la versión de la comunidad de Pumanque, que asegura que el cuerpo de Manuel Rodríguez está sepultado junto a su esposa, Francisca de Paula Segura y Ruiz, en la iglesia de Pumanque, Provincia de Colchagua.

Por otro lado, señala la resolución, la familia del Padre de la Patria ha solicitado infructuosamente por diversas vías legales contrastar tanatológicamente con muestras de ADN si el cuerpo del Cementerio General corresponde o no a Manuel Rodríguez.

Publicado el 05 de noviembre del 2018

El próximo miércoles 7 de noviembre, de 16:00 a 17:30 horas, la Sala de la Cámara de Diputados realizará una sesión especial, con el objeto de analizar la denominada “deuda histórica” del Estado de Chile con sus docentes, generada durante el proceso de desmunicipalización.En el año 1981 la Ley Nº 3.551 dispuso un reajuste del sueldo base al sector público, estableciendo en su artículo 40 una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación. Sin embargo, esta normativa no se cumplió y, como resultado de la municipalización impuesta a partir de ese año, la mayoría de los profesores no alcanzaron a recibir el 100% de la asignación, pues al ser traspasados al sector municipal, los nuevos empleadores desconocieron los derechos adquiridos por los docentes.

Esta situación ha llevado a maestros a lo largo de todo Chile a recurrir a los Tribunales de Justicia y al propio Congreso, con el propósito de demandar al Estado por una indemnización compensatoria por el no pago de este reajuste salarial.

Por lo anterior, la Sala de la Cámara de Diputados analizará en una sesión, solicitada por 66 parlamentarios, dicha situación, a la que se ha invitado a los ministros de Educación, Marcela Cubillos; Hacienda, Felipe Larraín; Desarrollo Social, Alfredo Morgado; y Trabajo, Nicolás Monckeberg.

El tiempo previo, contemplado en el artículo 76 del Reglamento, corresponderá al Comité Revolución Democrática.Publicado el 31 de octubre del 2018.

El Colegio de Profesores de Chile comentó que existen respuestas contradictorias y ambiguas entre los personeros del Mineduc, a quienes acusaron de no ser concretos tras las demandas del gremio.

De manera unánime, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó enviar al Ejecutivo un oficio que solicita al Mineduc pronunciarse, de manera concreta, sobre el petitorio realizado por los profesores que solicita optimizar las condiciones laborales para mejoras pedagógicas.

El vocero del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar, comentó que existen respuestas contradictorias y ambiguas entre el subsecretario Raúl Figueroa, con quién han estado en conversaciones desde abril de 2018, y la ministra Marcela Cubillos, acusando a ambos de no ser concretos tras las demandas del gremio.

La presidenta de la instancia legislativa, diputada Cristina Girardi (PPD), destacó que “de los puntos que están involucrados en el petitorio, prácticamente, casi todos no tienen relación con demandas gremiales” y especificó que todos tienen que ver con en cómo se mejora la educación.

La diputada Girardi enfatizó que este es un llamado desesperado de los docentes por tratar de re-enfocar la educación de los niños y jóvenes de nuestro país para que no se desvirtúe.

Según informó la legisladora, el oficio al Ejecutivo expresa su apoyo a lo planteado por los profesores y solicita que se retomen las conversaciones con el Ministerio de Educación (Mineduc) y que se lleguen a consensos que apunten a lograr cambios profundos en el tema educacional chileno.

Demandas del magisterio

La paciencia de los docentes tiene fecha de tope: la reunión acordada con la Secretaria de Estado, este viernes 26 de octubre. De llegar a buen término, el 31 de este mes se reunirá la mesa negociadora con el subsecretario.

El dirigente explicó que, entre sus demandas, está poner fin a la estandarización de la educación chilena. “La que se maneja en base a un pobre concepto de calidad y mejora continua; que estimula el logro de determinados indicadores cuantitativos para ubicarse en el pináculo de los rankings o para la sobrevivencia de la escuela, pero en ningún caso para permitir una verdadera educación integral”, especificó Aguilar.

También piden mayor estabilidad laboral a profesores que están “a contrata”, pese a cumplir iguales funciones y responsabilidades que los titulares.

Sobre la Deuda Histórica, el gremio explica que la lista original incluía a más de 84 mil docentes y que hoy solo quedan 65 mil profesores que piden una mejora a sus pensiones. Además, se destacó que han rebajado notoriamente sus demandas económicas considerando que el tema es complejo si se habla de cifras.

Publicado el 25 de octubre del 2018

La Corporación analizó la propuesta sobre la base del informe de la Comisión Mixta que abordó las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado. La iniciativa, en concreto, fortalece la tipificación de ciertas conductas relacionadas con el cohecho y el soborno, al tiempo que aumenta las sanciones en la materia.En condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como Ley de la República quedó el proyecto (boletín 10739) que modifica el Código Penal con el objeto de perfeccionar el marco legal del cohecho y el soborno, ello luego que la Cámara de Diputados diera su aprobación, por la unanimidad de 114 votos, al informe de la Comisión Mixta que resolvió las diferencias con el Senado en torno a esta propuesta.

En lo fundamental, esta iniciativa fortalece la tipificación de ciertas conductas y eleva las penas de los principales delitos funcionarios: malversación, fraude al fisco, negociación incompatible, soborno y cohecho.

También se crean nuevos delitos de corrupción entre particulares y de administración desleal. Además, amplía el radio de acción del comiso, para hacerse cargo de las ganancias ilegales, y hace más exigente la regulación para las personas jurídicas vinculadas a estos hechos delictuales.

El origen de la Comisión Mixta se motivó en el rechazo del Senado, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2017, en el tercer trámite constitucional, de la totalidad de las enmiendas que en su oportunidad había acordado la Cámara de Diputados.

Por efecto de lo anterior, la propuesta hoy aprobada por los diputados, y que ya cuenta con la ratificación del Senado, abordó el conjunto del proyecto de ley que se inició en moción en junio de 2016, por un grupo de senadores, y complementado en su paso por la Cámara por otras propuestas de diputados y del propio Ejecutivo de la época.

Texto aprobado

Uno de los primeros puntos es incorporar a la escala general de penas, que pueden imponerse en los casos de delitos calificados como crímenes, las inhabilitaciones “absoluta perpetua” y “absoluta temporal”, para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que éste tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública.

Tratándose de simples delitos, se agrega la sanción de inhabilitación “absoluta temporal”, en los mismos términos ya señalados.

La iniciativa avanza luego en regular los efectos que cada una de estas sanciones produce, como por ejemplo, la extensión de la privación de cargos y tiempos en que dura la medida.

En segundo lugar, se aumentan las penas corporales, pecuniarias y restrictivas de derechos aplicables a las distintas figuras constitutivas de delitos contempladas en el Código Penal, cometidos por funcionarios públicos, como la malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales.

Respecto de las penas corporales, se propone la reclusión menor en sus grados medio a máximo. Asimismo, se propone el aumento de las multas aplicables y la inhabilitación absoluta temporal. En este marco, por ejemplo, se sanciona al empleado público que, directa o indirectamente, se interese en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiese de intervenir en relación a su cargo.

En la misma línea, se sanciona al árbitro o liquidador comercial que directa o indirectamente se interese en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiese de intervenir en relación con los bienes, cosas o intereses patrimoniales cuya adjudicación, partición o administración estuviere a su cargo. En una perspectiva similar se hace referencia al veedor o liquidador en un procedimiento concursal, peritos, guardadores o albaceas, directores o gerentes de una sociedad anónima.

Las mismas penas se impondrán a las personas mencionadas si, en las mismas circunstancias, dieren o dejaren tomar interés, debiéndo impedirlo, a su cónyuge o conviviente civil, a un pariente en cualquier grado de la línea recta o hasta en el tercer grado inclusive de la línea colateral, a terceros asociados con él, sea por consanguinidad o afinidad.

Otras sanciones en el sistema público

El proyecto también contempla una amplio cuadro de perfeccionamientos a las figuras delictuales atingentes a los empleados públicos.

En este marco se abordan, por ejemplo, un aumento de las penas y sanciones para quienes exigen o acepten mayores derechos a los correspondientes a su cargo o beneficios económicos para sí o terceros; para quienes reciban beneficios económicos o de otra naturaleza por omitir actos propios de su cargo; o para los que ejerzan influencia en otro empleado con el fin de obtener de este una decisión que pueda generar un provecho para un tercero interesado.

En la misma línea, se aumenta las penas para los empleados públicos que reciben un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o para un tercero, por cometer crímenes o simples delitos contemplados en este marco legal, como la malversación de caudales públicos, fraude y cohecho. Asimismo, se perfecciona la normativa relativo al cohecho atingente a los funcionarios públicos en relación a operaciones internacionales.

La iniciativa también define que no se les aplicará el grado mínimo de las penas de los delitos mencionados, cuando se trate de empleados públicos que desempeñen un cargo de elección popular, de exclusiva confianza de estos, de alta dirección pública del primer nivel jerárquico o por un fiscal del Ministerio Público o por cualquiera que, perteneciendo o no al orden judicial, ejerza jurisdicción; por los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, o por el General Director de Carabineros o el Director General de la Policía de Investigaciones.

La restricción recién señalada también se aplicará cuando los delitos se cometan con ocasión de los siguientes procesos: designación en un cargo público; procedimientos de adquisición, contratación o concesión; permisos o autorizaciones para el desarrollo de actividades económicas; y fiscalización de actividades económicas. Se fijan, además, plazos de prescripción y agravantes.

Finalmente, entre un amplio número de normas, se efectúan adecuaciones normativas, en línea a las definidas en el Código Penal, en la Ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.

Publicado el 25 de octubre del 2018