La Sala de Cámara aprobó en particular la iniciativa que busca prevenir la violencia contra las y los comunicadores.

Consagrar el deber estatal de promover la seguridad y protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, por medio de la creación de un estatuto especial. Ese es el objetivo del proyecto (boletín 14964) aprobado en particular por la Cámara y despachado al Senado.

La iniciativa se originó en una moción impulsada por la diputada Nathalie Castillo (PC). También la suscriben Alejandro Bernales (PL), Jorge Brito (RD), Karol Cariola (PC), Luis Cuello (PC), Claudia Mix (Comunes), Lorena Pizarro (PC), Daniela Serrano (PC), Hotuiti Teao (IND) y Nelson Venegas (PS).

La propuesta se aprobó en general en la Cámara, el pasado 31 de julio. Sin embargo, volvió a la Comisión de Cultura por ser objeto de indicaciones, las cuales se integraron al texto y, hoy, se respaldaron por la Sala.

Los cambios aprobados se refieren a algunos objetivos de la normativa. Lo primero refiere al ítem de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Al respecto, se agregó que dichos derechos sean reconocidos en tratados internacionales y que las libertades fundamentales sean consagradas en la Constitución.

Otro ítem enmendado es el relativo a derechos y deberes contemplados en esta ley que serán aplicables a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, independiente del régimen contractual al que se encuentren suscritos. En este plano, se agregó la frase “y del medio de comunicación en el cual se encuentren desarrollando sus funciones”.

Contenido

La iniciativa busca la protección de periodistas y comunicadores, al prevenir hechos de violencia en su contra, en razón de su labor comunicacional. Además, pretende proteger y garantizar su seguridad, libertad e integridad. Por otra parte, promueve medidas de investigación, sanción y reparación, entre otras.

El texto define lo que se entenderá por periodistas, restringiendo el término a quienes hayan obtenido un título universitario. En tanto, las/os trabajadoras/es de las comunicaciones son las personas cuya actividad principal es la recopilación, tratamiento y difusión de información al público. Esto, por cualquier medio de comunicación, tanto online como offline.

En esa línea, se incluye a reporteros/as, camarógrafos/as, fotógrafos/as, al personal de apoyo técnico, comunicadores sociales y comunitarios. También a choferes, intérpretes, revisores, traductores, editores, productores, difusores y distribuidores. Lo anterior, sin que signifique, necesariamente, que la persona cuente con un título profesional o equivalente. De igual modo, se incluye a estudiantes de periodismo en práctica profesional, como egresados de la carrera.

Agresiones

El concepto de agresión se define como cualquier acto que atente contra la vida, integridad física, psíquica y sexual de las y los periodistas y las personas trabajadoras de las comunicaciones en el ejercicio de su labor comunicacional.

Entre ellas, se consideran desapariciones forzadas, homicidios, secuestros, toma de rehenes, torturas y apremios ilegítimos. Igualmente, violencia física, intimidación, amenazas, detenciones ilegales y/o arbitrarias y ataques discriminatorios.

También, contempla la censura, violación de las comunicaciones, espionaje, vigilancia ilegal y toda forma de violencia sexual, entre otras, que puedan significar menoscabo.

En caso de que los hechos revistan carácter de delito, será competencia del Ministerio Público su investigación.

El Estado deberá prevenir las agresiones evaluando las amenazas surgidas en contextos sociohistóricos o en discursos que estigmaticen y criminalicen a periodistas y comunicadores.

Por otra parte, se propone no solo la protección de periodistas, sino también de sus familias cuando estén en riesgo. Asimismo, se define la obligación de resguardar a comunicadores que investigan el crimen organizado u otros temas de interés público. Paralelamente, se promueve la protección de trabajadores/as de las comunicaciones mujeres, diversidades y disidencias de sexo y de género.

Debate

El informe de la Comisión de Cultura estuvo a cargo de Viviana Delgado (IND). Luego, se pasó a la discusión del proyecto, donde expusieron las y los diputados Miguel Mellado (RN), Catalina Pérez (RD), Lorena Pizarro (PC), Ericka Ñanco (RD), Jorge Rathgeb (RN), Vlado Mirosevic (PL), Fernando Bórquez (IND), Jorge Brito (RD), Marisela Santibáñez (IND), Daniela Serrano (PC), Juan Carlos Beltrán (RN), Cristián Araya (PREP) y Gonzalo De la Carrera (IND).

En su mayoría y en forma transversal, señalaron que la protección de periodistas es necesaria por la labor que realizan en defensa de la la libertad de expresión y de información. Contribuyendo así a lograr una sociedad más democrática y justa. Pese a que se criticó la información hegemónica y parcial de consorcios periodísticos, se valoró el periodismo independiente que denuncia los conflictos de interés y corrupción.

Igualmente, se recordó a la comunicadora Francisca Sandoval, que recibió un disparo en la cabeza en 2022, cuando reporteaba el Día del Trabajador, falleciendo días después y que inspiró este proyecto. Del mismo modo, a Pepe Carrasco, asesinado en dictadura. Se suma lo ocurrido hace pocos días en la región de La Araucanía en una protesta de agricultores, donde un equipo de la Universidad Autónoma TV fue agredido por un funcionario policial y su camarógrafo detenido.

Por otra parte, agregaron que se protegerá a los comunicadores de la censura y se recordó el caso del periodista Mauricio Weibel, afectado por escuchas ilegales al investigar la corrupción en el Ejército. Por otra parte, se recordó que se garantizará el acceso a la información y documentos, también en momentos de conflicto interno o armado.

En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, destacó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registrará las denuncias de agresiones. Adicionalmente, que se eleva la protección de periodistas y comunicadores a los estándares internacionales de la Ley Marco de la Unesco.

Durante la votación, el diputado Stephan Schubert (PREP) anunció reserva de constitucionalidad respecto a la protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones mujeres, diversidades y disidencias de sexo y de género (Art. 14).

Junto a esta medida, las y los diputados también solicitaron al Gobierno que instruya el uso obligatorio de uniformes en la población penal.

A través de dos resoluciones, la Sala de la Cámara solicitó el Gobierno tomar medidas para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios.

En primer lugar, la resolución 985 establece la necesidad de erigir nuevos centros penitenciarios, así como ampliar y mejorar los ya existentes.

En el texto, se justifica que las últimas mediciones señalan que una de las principales preocupaciones de la ciudadanía es la seguridad pública. Y, frente a esto, agrega que Chile es el país de América Latina en que más ha aumentado la percepción de la delincuencia.

Sin embargo, en la iniciativa también se reconoce la crisis carcelaria que afecta a los centros penitenciaros. Por ello, a raíz de la falta de dignidad de las y los reclusos, los jueces de garantía tienen incentivos para autorizar medidas de cumplimiento alternativo.

Frente a aquello, en la resolución se plantea como imperativo que el sistema penitenciario modernice su infraestructura. Para esto, es necesario que se destinen recursos para contar con más y mejores centros penitenciarios.

La resolución, respaldada por 135 votos a favor y una abstención, fue promovida por los diputados del Comité del Partido Republicano, Benjamín Moreno, Cristián Araya, Juan Irarrázaval, Harry Jürgensen, José Carlos Meza, Mauricio Ojeda, Agustín Romero, Luis Sánchez, Stephan Schubert y Cristóbal Urruticoechea.

Uniformes en centros penitenciarios

En la misma jornada, la Sala aprobó la resolución 984, que solicita establecer el uso de uniformes para la población penal. En su contenido, argumenta que es preocupante el número de incautaciones de drogas, armas y celulares en los centros penitenciarios. Igualmente, que desde los mismos recintos se sigan planificando y cometiendo delitos.

Frente a lo expuesto, en la resolución se plantea que una forma de contribuir para crear un mejor clima al interior de los recintos penitenciarios es obligar a las y los internos a llevar uniforme.

Esta medida ofrecería la ventaja de crear un clima de igualdad, disciplina y respeto a la ley dentro de los recintos. Además, evitaría que se cree en torno a la vestimenta una categorización de los internos. También evitaría que ciertos internos sean víctimas de otros por motivo de sus vestimentas. Con esto, se podría prevenir que las mafias carcelarias abusen del resto de la población penal.

La iniciativa, aprobada por 89 votos a favor, 26 en contra y 22 abstenciones, la presentaron la y los diputados del Comité del Partido Republicano, Cristián Araya, Chiara Barchiesi, Harry Jürgensen, Johannes Kaiser, José Carlos Meza, Mauricio Ojeda, Agustín Romero, Luis Sánchez, Stephan Schubert y Cristóbal Urruticoechea.

Febrero 15, 2024.

La iniciativa, que busca prevenir la corrupción y ampliar los mecanismos de participación ciudadana, se encuentra ad portas de ser despachada por la Comisión de Gobierno Interior.

Continúa la votación del proyecto de ley que fortalece la probidad en los municipios.

La iniciativa, que se encuentra en trámite en la Comisión de Gobierno Interior, fomenta la transparencia y la rendición de cuentas de todas las instituciones que reciban aportes públicos de cualquier tipo. Al mismo tiempo, el texto busca prevenir la corrupción y ampliar los mecanismos de participación ciudadana.

En la sesión, la instancia avanzó en normas que se encontraban pendientes de votación y en las cuales existía acuerdo con el Ejecutivo. Así, el grupo parlamentario respaldó una indicación que plantea que las corporaciones y fundaciones deben entregar un informe trimestral sobre su gestión y marcha al Consejo.

Una de las indicaciones que no tuvo respaldo fue la que apuntaba a establecer una sanción de multa en los casos en que no se fundamente el voto o abstención de los concejales. Esto, en el contexto de la votación de proyectos. Sobre dicha enmienda, el Ejecutivo señaló que “sería improcedente establecer una sanción de multa en estos casos”, punto compartido por la mayoría de las y los diputados de la comisión. Aseguraron, además, que esto podría generar ciertos problemas en su implementación y un estándar distinto. En particular, respecto a los demás órganos que también tienen deberes de fundamentación.

En otras materias, la comisión dejó pendiente de votación una indicación en este proyecto sobre probidad en los municipios. La propuesta de norma señala que el Consejo podrá solicitar un informe a las empresas, corporaciones, fundaciones o asociaciones municipales y las entidades que reciban aportes o subvenciones de las municipalidades. Ello, donde se detalle el uso, situación y movimiento de todos y cada uno de los aportes o subvenciones municipales percibidas.

Por otra parte, el grupo parlamentario solicitó conocer la respuesta de la Asociación Chilena de Municipalidades y de la Contraloría respecto al gasto en personal que se encuentra cumpliendo funciones en corporaciones y fundaciones que dependen de las municipalidades.

A la espera de la contestación, la instancia acordó avanzar en las siguientes indicaciones y dejar pendiente de votación dicha materia. De igual modo, concordó en despachar la propuesta dentro de las próximas sesiones.

Octubre 25, 2023

El texto legal busca abordar la conmoción y el rechazo social que generan los delitos de naturaleza económica y su impacto en el orden público económico. En este sentido, hay perfeccionamientos del Senado que pasaron por regulaciones puntuales que tenían por objeto clarificar, precisar y ofrecer una mejor integración con el derecho vigente.

En tercer trámite, la Cámara aprobó el proyecto (boletines 13204 y 13205) que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente. Además, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos.

La iniciativa, despachada al Ejecutivo para su promulgación como ley, armoniza una serie de normas destinadas a proteger el orden económico. Para ello, regula un completo catálogo de delitos económicos y ambientales. Así, establece categorías de delitos, para calificarlos como “delitos económicos” y hacer aplicable el estatuto diferenciado de penas y otros efectos.

Asimismo, establece un sistema especial de determinación de la pena, de sustitución de penas, de determinación y cuantía de la multa y de inhabilitaciones especiales. En este sentido, actualiza algunos delitos y crea otros nuevos. Junto a ello, enmienda la Ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre otros puntos.

Modificaciones del Senado

En una primera categoría, se explica que, durante la tramitación de la iniciativa, se aprobaron otros proyectos relativos a materias que esta norma también contempla.

En una segunda categoría de modificaciones están los vacíos legales. Particularmente, en lo relatico al catálogo de delitos económicos y algunas cuestiones que la Unidad para el Análisis de Delitos Financiero detectó en materia de lavado de dinero.

La tercera categoría dice relación con eliminaciones. Guardan razón con la idea de que otros proyectos hicieron suyas algunas ideas de la norma en debate, prefiriendo extraerlas del presente proyecto para priorizar su tramitación independiente. Al respecto, fueron más rápidas en su cometido y son: regulación común sobre el comiso de ganancia y su regulación en el Código Penal y el Código Procesal Penal, en el caso del crimen organizado.

En materia de comiso de ganancias se adecuó una parte en relación al proyecto de ley de criminalidad organizada, en trámite de promulgación. Su objetivo es evitar duplicidades. Igualmente, en cuanto a procedimientos concursables, para poder adecuar este proyecto a otro que también se encuentra en tramitación. Este es el que moderniza los procedimientos concursables contemplados en la Ley 20.720 y crea nuevos procedimientos para micro y pequeñas empresas realiza.

En el área del medioambiente fue necesario hacer adecuaciones al proyecto original respecto del marco regulatorio administrativo en específico. Además, del establecimiento de nuevas regulaciones en materia de falseo, elusión u oposición de las fiscalizaciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. Uno de los aspectos relevantes dice relación con la eliminación de las acciones penales. institucionales y que se vinculan a los delitos tributarios, aduaneros y la colusión.

Debate

En el análisis, las y los diputados destacaron el cambio de la figura del derecho penal en el ámbito de los delitos económicos. Recalcaron que no es posible que existan delincuentes de primera y segunda categoría.

Sostuvieron que se ofrece un sistema completo de tratamiento para que la reacción del sistema penal tenga sentido frente a este tipo de criminalidad. Asimismo, plantearon que la norma pone foco en quienes tienen la verdadera responsabilidad sobre los delitos.

Manifestaron que establece un sistema de penas que estará acorde a los ingresos de los condenados, persiguiéndolos en donde mas les duele: en sus ganancias. Resaltaron, de igual modo, que la norma evitará  situaciones de colusión como los ocurridos con las farmacias o los pollos. En la misma línea, indicaron que casos como La Polar o Penta tendrán una pena efectiva y comiso de ganancias ilegítimas.

Puntualizaron que se busca terminar con los delitos de cuello y corbata que cometen personas con poder económico. Por otra parte, relevaron que se introduce la responsabilidad penal de las empresas y un nuevo catalogo de delitos ambientales, en un contexto de urgencia ambiental.

Participaron del debate Marcos Ilabaca (PS), Francisco Pulgar (IND), Viviana Delgado (PEV), Daniel Lilayu (UDI), Gonzalo Winter (PCS), Boris Barrera (PC), Luis Sánchez (PREP), Bernardo Berger (IND), Lorena Fries (PCS), Gonzalo De la Carrera (IND), Tomás Hirsch (PH), Leonardo Soto (PS), Francisco Undurraga (Evópoli), Mónica Arce (IND), Rubén Darío Oyarzo (PDG), Mercedes Bulnes (IND), Karol Cariola (PC), Nelson Venegas (PS), Consuelo Veloso (RD), Jaime Mulet (FRVS), Johannes Kaiser (IND), Luis Malla (PL), Félix González (PEV), Jorge Guzmán (Evópoli), Gael Yeomans (PCS), Daniel Melo (PS), Diego Ibáñez (PCS), Daniel Manouchehri (PS), Jaime Araya (IND), José Carlos Meza (PREP), Marisela Santibáñez (PC), Raúl Leiva (PS) y Tomás De Rementería (IND).

Ejecutivo 

El ministro de Justicia, Luis Cordero, destacó que el texto contiene puntos exitosos, como el impulso del Poder Legislativo, ya que es un proyecto de la Cámara y sus promotores son transversales. Además, recordó contó con la asesoría de profesores y profesoras de Derecho Penal. Por último, mencionó, el Ejecutivo hizo suyo este proyecto, defendiendo su contenido.

Frente a la solicitud de votaciones separadas por partidos de la oposición, la autoridad planteó que la regla sobre inhabilitación perpetua para contratar por el Estado causó dudas, estimándola desproporcionada. Sin embargo, acotó que la norma ya fue aprobada por la Cámara y que el Senado solo hizo una adecuación de redacción.

En cuanto al comiso de ganancia sin condena, mencionó que el proyecto que viene del Senado mantiene íntegramente lo aprobado por la Cámara. Solo precisa algunos aspectos y regula el procedimiento para garantizar las reglas del debido proceso.

En las votaciones, la Sala ratificó las modificaciones en dos bloques amplios, uno respecto de normas generales y otro en cuanto a las disposiciones de ley orgánica. Luego, tras seis votaciones separadas, se concluyó de apoyar el texto, derivándose a fase de promulgación.

Mayo 15, 2023

La Sala del Senado respaldó unánimemente el informe de la Comisión Mixta, instancia que aclaró que el delito basal ya está tipificado en nuestro ordenamiento penal. Con todo, se avanza en sancionar la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro.

¿CÓMO QUEDÓ EL TEXTO?

En condiciones de convertirse en ley quedó el proyecto que modifica el Código Penal para sancionar la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro, texto legal que es parte de la Agenda de Seguridad definida entre el Parlamento y el Ejecutivo

La Sala del Senado respaldó unánimemente el informe de la Comisión Mixta, instancia que respaldó que el delito de sicariato propiamente tal ya está penado, “está perfectamente cubierto en el Código Penal y normas específicas más eficientes”, aclaró el senador José Miguel Insulza, quien detalló los acuerdos de la instancia conformada por senadores y diputados.

¿CÓMO QUEDÓ EL TEXTO?

El texto avanza en sanciones específicas cuando el sicariato se comete en un contexto de conspiración, por lo que el mensaje avanza en este sentido y precisa cuando se comete el delito “con ánimo de lucro”, por realizarlo “por beneficio económico o de otra naturaleza en provecho propio o de un tercero”, lo que será sancionado con pena que va desde 15 años y un día a 20 años a presidio perpetuo (presidio mayor en su grado máximo).

Además, “el que conspire para cometer el delito de homicidio calificado (…) será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo”; es decir, entre 3 años y 1 día a 5 años.

“Si la conducta descrita se comete en contra de un juez con competencia en lo penal; de un fiscal del Ministerio Público; de un defensor penal público; de un funcionario de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile o de Gendarmería de Chile, en razón del ejercicio de sus funciones, será castigado con la pena” que va desde 3 años y 1 día a 10 años (presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo)

19 de abril de 2023

A través de una resolución, la Sala rechazó que se realice por parte del Metro de Santiago un hito conmemorativo en la estación Baquedano.

La Sala de la Cámara acordó manifestar al Presidente de la República “su más absoluto rechazo al financiamiento de iniciativas que conmemoren al octubrismo chileno”.

A través de la resolución 597, presentada por la diputada María Luis Cordero (IND), se solicita instruir al director del Metro de Santiago la no materialización del hito conmemorativo del 18 de octubre en la estación del metro Baquedano, bajo el contexto de operatividad de su acceso.

La resolución se aprobó por 79 votos a favor, 47 en contra y 13 abstenciones. También es firmada por Jorge Alessandri (UDI), Chiara Barchiesi (PREP), Johannes Kayser (IND); y los RN Juan Carlos Beltrán, Sofía Cid, Catalina Del Real, Andrés Longton, Diego Schalper y Camila Flores.

El texto recuerda que el 18 de octubre de 2019 el país vivió el denominado estallido social. Este llevó a “la desestabilización del orden establecido”. Asimismo, a la afectación de un gran número de personas, producto de la destrucción del comercio y el transporte público. Todo ello relacionado a saqueos e incendios.

Sus promotores señalan que estos hechos hacen que se mantenga una herida abierta en la sociedad que se ve agudizada, tanto por los dichos, como por las acciones del actual Gobierno. En ese sentido, citan las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, de octubre pasado, donde, si bien hizo un análisis de esos hechos, mantuvo la visión de legítimas demandas.

A esto se sumaría el anuncio realizado por parte del Metro de Santiago. Su director indicó que, en la apertura del acceso a la estación Baquedano, se mantendría el espacio comunitario de la memoria, conocido como el “Jardín de la Resistencia”. Esto, en palabras del director, para dar “permanencia a un espacio de construcción colectiva y de memoria.

Publicada : Enero 30, 2023

Enero 11, 2023. La elección de los 50 integrantes del Consejo Constitucional se realizará el próximo 7 de mayo de 2023. En tanto, el plebiscito para aprobar o rechazar la nueva propuesta constitucional, se llevará a cabo el 17 de diciembre de 2023.Por 109 votos a favor, 37 en contra y 2 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó en general la reforma constitucional con el objeto de establecer un procedimiento para la elaboración y aprobación de una nueva Constitución Política de la República.

Posteriormente, se respaldaron con más de 110 votos a favor, otras seis normas cuya votación separada fue solicitada.

Con esta aprobación, la reforma será comunicada al Presidente de la República para su promulgación.

Consejo Constitucional

El Consejo Constitucional tendrá por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución.

Este órgano será integrado con paridad. Para ello, la lista de un partido político o pactos electorales deberán señalar el orden de precedencia que  tendrán los candidatos en cada circunscripción senatorial, comenzando por una mujer y alternándose, sucesivamente, éstas con hombres.

Una vez obtenidos los resultados de la elección, se determinará la cantidad de hombres o mujeres que deban aumentar o disminuir, para obtener dicha paridad.

Los resultados se ordenarán, a partir de las listas o pactos, de menor a mayor de acuerdo al total de votos a nivel nacional. Luego, las circunscripciones, también de menor a mayor.

Finalmente, se definirá que el candidato más votado del sexo subrepresentado de la lista o pacto electoral menos votada a nivel nacional en la circunscripción senatorial en que dicha lista o pacto electoral haya obtenido la menor votación, reemplazará al candidato menos votado del sexo sobre representado que habría resultado electo.

Escaños pueblos originarios

El Consejo podrá estar integrado, además, por uno o más miembros de los pueblos originarios reconocidos en la ley 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas. El número de escaños se obtendrá de sumar el total de votos válidamente emitidos en la circunscripción nacional indígena. Si dicha suma representa un porcentaje igual o superior al 1,5% respecto del total de votos del resto del padrón nacional, se elegirá un escaño.

Si es superior al 3,5% serán dos cargos. Además, por cada dos puntos adicionales sobre el 3,5% se asignará un escaño adicional.

Comisión Experta

La Cámara de Diputados y el Senado elegirán, doce cada uno, a los 24 miembros de la Comisión Experta. Esta comisión deberá proponer al Consejo Constitucional un anteproyecto de propuesta de nueva Constitución, y realizar las demás funciones que esta reforma le fija. Su integración también será paritaria.

Para ser electo integrante de esta comisión, se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio. Además, los candidatos y candidatas deberán contar con un título universitario o grado académico de, a lo menos, ocho semestres de duración y deberán acreditar una experiencia profesional, técnica y/o académica no inferior a diez años, sea en el sector público o privado.

Comité Técnico de Admisibilidad

La reforma también establece la creación de un órgano compuesto por 14 personas, que estará encargado de resolver los requerimientos que se interpongan contra aquellas propuestas de normas aprobadas por la Comisión o por el plenario del Consejo Constitucional, o por la Comisión Experta, que contravengan lo dispuesto en el artículo 154. Su integración será paritaria.

Para ser miembro del Comité Técnico de Admisibilidad, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener el título de abogado, con al menos 12 años de experiencia en el sector público o privado y acreditar una destacada trayectoria judicial, profesional y/o académica. Los integrantes de este Comité Técnico serán propuestos, en una sola nómina, por la Cámara de Diputados, la que deberá ser aprobada por los cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio. Dicha nómina, posteriormente, deberá ser ratificada por el Senado, por el mismo quórum.

Cronograma del proceso

La reforma establece la elección de 50 miembros para el Consejo Constitucional el 7 de mayo de 2023. Estos serán electos siguiendo las normas de la elección de los integrantes del Senado.

Asimismo, se fijó el inicio del trabajo de la Comisión Experta y del Comité Técnico de Admisibilidad, el 6 de marzo de 2023.

La reforma también estableció la celebración de un plebiscito de salida para aprobar o rechazar la nueva propuesta constitucional, el 17 de diciembre de 2023. En dicho plebiscito el electorado dispondrá de una cédula que contendrá la siguiente pregunta, “¿Está usted a favor o en contra del texto de Nueva Constitución?”.

Bases institucionales

La reforma aprobada dejó establecido que la propuesta de nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá contener, entre otras, las siguientes bases institucionales y fundamentales:

Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo. El Estado de Chile es unitario y descentralizado.

La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos.

La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible.

Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común.

Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional.

Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí: Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo bicameral.

Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la libertad de enseñanza y el derecho-deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, entre otros.

La iniciativa, abordada en tercer trámite, establece el derecho a acceder a un diagnóstico y a distintas alternativas terapéuticas para mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad, independiente del régimen previsional o sistema de salud del cual formen parte las personas. Otro tema importante que queda inserto en el proyecto busca hacerse cargo del pago oportuno de las licencias médicas.

La Sala respaldó de forma unánime un proyecto sobre dolor no oncológico y fibromialgia, propuesta iniciada en una moción en la Cámara de Diputados que contó con un amplio respaldo al tomar en cuenta la invisibilidad, poca comprensión y conocimiento sobre esta enfermedad de detección muy complicada. Generalmente, se caracteriza por problemas de sueño; rigidez muscular; dolor y molestias musculares; y sensación de agarrotamiento, entre otros síntomas.

A juicio de la diputada Karol Cariola se trata de un proyecto que entrega justicia “porque estás persona no son reconocidas” mientras que los diputados Carlos Bianchi y Erika Olivera la fundamentaron como “una lucha realizada desde regiones” para una enfermedad que “antes se confundía con otras patologías”.

Por su parte la diputada Carolina Marzán manifestó que se trata de una patología que padecen mujeres y hombres que “son discriminados con la no entrega de licencias médicas”. A ello la diputada Gloria Naveillan agregó que es un mal que “convierte en un suplicio, caminar, estar acostada o lavarse el pelo”.

La nota fue publica en el diario de la Cámara de Diputados el 9 de enero de 2023, y busca además promover y garantizar el cuidado integral de la salud de las personas con dolores crónicos no oncológicos y fibromialgia. La idea es mejorar su calidad de vida, independiente del régimen previsional o sistema de salud del cual formen parte las personas.

La norma determina una serie derechos, entre ellos, acceder a un diagnóstico, así como a distintas alternativas terapéuticas. Igualmente, se entrega una definición de las enfermedades que aplican para ello.

No obstante, una de las preocupaciones planteadas en las intervenciones dice relación con el rol del Estado. El texto establece que el Estado velará que toda persona con dolores crónicos no oncológicos y fibromialgia tenga acceso libre e igualitario al sistema previsional de salud y su adecuada protección como cotizante y beneficiario.

El tema es que aquello tiene costos y, por ello, el llamado de las y los parlamentarios es que esta norma tenga viabilidad real.

Además, la iniciativa se hace cargo del pago oportuno de las licencias médicas que se otorguen por esta razón. También, incluye la incorporación de datos estadísticos para generar políticas públicas y medidas de educación sobre la enfermedad

A comienzos del 2020, la entonces dirigenta social maipucina Viviana Delgado, fue distinguida con el primer “Reconocimiento Latinoamericano de Defensores y Defensoras del Medio Ambiente” por las organizaciones alemanas Taller Latinoamericano de Investigación y Desarrollo (TALIDE) y el sindicato Arbeit un Leben, en conjunto con El Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y el Territorio (MOSACAT).

Debido a la pandemia, no fue posible en aquel momento concretar la premiación en Alemania. En su reemplazo, se realizó una ceremonia en línea el día 11 de febrero de ese mismo año en la sede del Colegio de Profesores de Maipú, donde Viviana Delgado fue reconocida con la mencionada distinción, por su profundo compromiso en temas sociales y medioambientales.

En la justificación del premio, se reconoció a través de Delgado el trabajo de muchas personas que participaron en la defensa de la Quebrada de la Plata del sector rural de Maipú, la lucha contra el oleoducto de SONACOL del sector Camino a Melipilla y su trabajo contra el proyecto “Cerrillos Data Center” de Google, en la Región Metropolitana en conjunto con MOSACAT.

Hoy electa diputada del distrito 8, viaja finalmente a Alemania para recibir personalmente este reconocimiento junto con la concejala Alejandra Salinas en representación de El Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y el Territorio (MOSACAT) y la ex convencional, Elisa Giustinianovich. La denominada “Gira Verde” de la diputada, la llevará además a visitar Grecia, donde ser reunirá con autoridades de gobierno interesadas en su experiencia y, finalmente, Alemania. En este último país de destino la diputada visitará ciudades como Berlín y Hamburgo, donde están contemplados encuentros con organizaciones como el Partido Verde Alemán, Transparencia Internacional, representantes del Consejo Político de Mujeres de Brandemburgo, entre otras.

Cabe mencionar que este viaje es financiado enteramente por las organizaciones que invitan a la diputada, por lo que no implica gasto fiscal.

Ministro de Educación da cuenta del avance del Sistema de Educación Pública y anuncia extensión del calendario de implementación.

En una sesión especial conjunta convocada por la Comisión de Educación y Cultura del Senado y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, dio cuenta del avance de la implementación del Sistema de Educación Pública.

En la sesión, convocada en conformidad al artículo 7° transitorio de la Ley 21.040, el ministro anunció modificaciones al proceso de implementación, las que permitirán resolver los nudos críticos de esta política pública y así mejorar la instalación del sistema.

Ley Miscelánea

Para ello, el Mineduc seguirá tres caminos. El primero, mediante el proyecto de Ley Miscelánea, que actualmente se encuentra en su segundo trámite legislativo, será ampliar en un año el proceso de traspaso de establecimientos a los seis Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que fueron creados este año, con el objetivo de que tengan el tiempo necesario para realizar su proceso de instalación. De esta forma, estos 6 SLEP recibirían a los establecimientos educacionales el año 2024.

Extensión del calendario de implementación

La segunda vía que se utilizará es un decreto presidencial que modificará el calendario instalación de los 53 SLEP que falta por crear y la tercera es otro proyecto de ley, que será presentado próximamente, y que buscará extender el período de traspaso de establecimientos a los SLEP que entran en funcionamiento a partir del año 2023 e introducirá otras mejoras a todo el sistema.

“Lo que hicimos con la Dirección de Educación Pública (DEP) fue recoger las orientaciones técnicas del Informe de Evaluación Intermedia de la implementación de la Ley 21.040 y del informe preparado por la Universidad Católica, y con eso evaluamos cada futuro SLEP, considerando endeudamiento, sobredotación, dificultades administrativas, transferencia de las propiedades, e hicimos una combinación que permita un equilibrio”, dijo el ministro.

De esta forma, si el calendario actual establece que se deben crear 12 nuevos SLEP en 2023, 18 en 2024 y 23 en 2025, ahora se propone crear 10 nuevos SLEP en 2023, 10 en 2024, 11 en 2025, 11 en 2026 y 11 en 2027. Y si los últimos establecimientos educacionales deben ser traspasados a los servicios en 2026, de acuerdo al cronograma original, ahora se propone que el traspaso termine en 2029.

“El análisis que hicimos es que es imposible seguir con el calendario original, no hay capacidad técnica”, explicó el ministro, debido a que la creación de servicios y el traspaso de establecimientos implica “muchos procesos administrativos, financieros y de gestión que son complejos y que requieren de más tiempo que el que da la ley. Por ejemplo, las propiedades deben estar en regla, y nos hemos encontrado con establecimientos que no tienen planos de construcción o no están inscritos en el Conservador de Bienes Raíces”. Es importante considerar que actualmente, los SLEP cuentan con entre 10 y 12 meses para llevar adelante una serie de procesos clave para su instalación, tiempo que ha demostrado ser insuficiente.

De esta forma, las modificaciones a la Ley 21.040 darán más tiempo para que se realicen bien los procesos de instalación, que incluyen la firma del decreto que crea el SLEP, diseñar planes y convenios, instalar el Comité Directivo Local, emitir decretos alcaldicios, generar concursos públicos para dotar los niveles jerárquicos, habilitar oficinas y sistemas, crear informes financieros, firmar convenios con otras instituciones y traspasar personas e inmuebles, entre otros.

El estado de los 11 SLEP en régimen

El ministro también informó del estado actual de los 11 SLEP que están en régimen actualmente -sin considerar los 6 que fueron creados este año-, los que reúnen a 176 mil escolares de 636 establecimientos, en 41 comunas, además de 7.971 párvulos, 15.299 docentes y 12.846 asistentes de la educación.

En cuanto al presupuesto para la infraestructura de los SLEP, es importante considerar que el gasto estimado para 2022 asciende a $97.232 millones, de los cuales ya se han ejecutado el 39,5% y se estiman transferencias en el cuarto trimestre por $58.755 millones.

Además, el ministro contó que al mes de agosto ya había sido transferido el 100% de los recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) de este año, que alcanzaron los $21.224 millones, de acuerdo con la Ley de Presupuestos.

En cuanto a los avances en la calidad de los procesos de los SLEP, el ministro destacó el desarrollo de modelos de acompañamiento pedagógico, la realización de capacitaciones por parte de la DEP con el apoyo de la Superintendencia de Educación, la articulación con instituciones públicas y privadas y la ejecución de proyectos en infraestructura, enfocados en la conservación y mantenimiento de los establecimientos.

Lunes 26 de Septiembre, 2022