Debido a que pronto habrá elecciones para elegir  autoridades políticas en el país, la prensa y redes sociales, como siempre,  se ve atestada de pobres y lamentables comentarios  que emiten las autoridades políticas relacionadas con la contingencia que vive la ciudadanía;  comentarios que tienen como contenido  diferentes respuestas  frente a un mismo hecho, todo dependiendo si la situación corresponde al gobierno o sector político a que pertenecen o si es opositor, no aportando en nada  a elevar el dialogo y análisis que debiera imperar en los medios,  incidiendo a que el ciudadano que tiene que elegirlos para que continúen en su carrera,  utilicen los mismos  argumentos  cantinfleros.

Senadores y diputados, presidentes de partidos políticos; comentaristas   de todo medio de comunicación pagados para  difundir la retórica conspicua de honorables que aparecen en programas dirigidos a incentivar la pobreza de los análisis simplista y populistas, sabiendo que tiene rédito electoral en un segmento importantes de la ciudadanía que desgraciadamente termina imitándolos.

Mismo hecho, mismo político, diferente comentario:

1.- Es acusado de corrupción un político: Si es adversario,  “Es robarse el patrimonio de todos los chilenos”. Si es partidario de gobierno, “solo los tribunales deben determinar si es culpable o no”.

2.- Sube el IPC: Si es su gobierno, “Se debe a factores externos”. Si es adversario, “el gobierno ha perdido el rumbo en la economía”

3.- Sube  el PIB (producto interno bruto): si es su gobierno: “El gobierno incentivó las exportaciones y la familia aumentó el consumo al tener mayor poder adquisitivo. Si es en el gobierno adversario: “muy bajo el aumento y se debió solo a las exportaciones mineras que beneficia solo a un sector”.

4.- El incendio consumió miles de hectáreas: Si es adversario al gobierno. “CONAF no estuvo a la altura, pudo controlarse antes, debe renunciar el Director”. Si es su gobierno, “Las condiciones climáticas hicieron imposible controlarlo antes”.

5.- Los resultados del SIMCE bajaron en un porcentaje mayor que años anteriores. Si es su gobierno, “se debió a factores estructurales que vienen arrastrándose hace muchos años y la tasa de aplicación fue muy baja debido a falta de examinadores, por lo que no es concluyente el resultado”. Si es adversario; “Para el gobierno no es importante la educación pública que tiene los resultados más bajos, están destruyendo la educación”.

6.- Aumentó la lista de espera en la red pública de salud. Si es opositor al gobierno de turno: “Financiamiento insuficiente del Ministerio de Salud y mala gestión del ministerio”. Si es su gobierno: “Existe una infraestructura deficiente producto de la poca inversión en gobiernos anteriores”.

Se podría citar decenas de ejemplos exactamente iguales respecto de emitir juicios sobre un hecho y aprovecharse de la poca capacidad de análisis de los electores para acomodar sus argumentos según la posición donde estén.

Como tienen conocimiento que no existe exigencia, por parte de la ciudadanía, emiten argumentos inconsistentes y una mirada acomodativa de los fracasos y éxitos sobre    las contingencias que afectan a las personas; se dan el gusto de sacar provecho con frases simplistas que proviene de mentalidades adaptadas para engañar, perturbar, evitar el razonamiento apelando al sentimiento, terminando en la manipulación emocional.

La confianza ciudadana en el poder político en Chile está en niveles históricamente bajos, 3%, los factores son múltiples, comenzando por la desconfianza en sus grotescos y contradictorios argumentos en sus discursos; la cantidad de honorables   desaforados; la complacencia con el poder económico que financian sus campañas para  luego legislar a su favor y para graficar con el vocabulario popular juvenil urbano; sus intervenciones en los medios de comunicación “son enteramente flaite”.

Es tan importante la verborrea esparcida en todo medio por parte de estos personajes, que lamentablemente ha incidido en el ciudadano a tal punto que si el acontecimiento negativo recaído en una autoridad de su sector tiende inmediatamente a relativizar o justificar lo injustificable adoptando los mismos argumentos de los honorables. Hemos llegado al punto que ya no importa lo grave de la falta, irregularidad o el delito; el efecto para el ciudadano, su análisis y posterior condena personal no es el daño ocasionado ya que ésta estará dependiendo si pertenece a su sector o es del bando contrario.

No obstante, si en nuestro mapa político se presenta a candidato alguien serio, objetivo y que diga la verdad sobre los hechos que interesan a la comunidad, logrará solo el apoyo de sus amigos y familiares que conocen su calidad moral.

Pedro Alexi Aguirre Moya

Mientras asistía, ya hacia varias décadas, a seminarios gremiales, participando en una de las tantas comisiones que se formaban, un colega, después de escuchar a representantes de funcionarios de una municipalidad de muy al sur de nuestro país denunciado el abuso de poder del alcalde, dijo: “Parecen reyes”. Solicité la palabra e intervine para decir que difería del colega, yo estimaba que “Parecen Faraones”.  Causó mucha risa y el moderador me solicitó que me explicara.

Mencioné que solo había que remitirse a nuestra norma que nos rige, El Estatuto Administrativo para funcionarios municipales que, entre muchos aspectos, regula los sumarios administrativos, ese instrumento que permite al alcalde instruir una investigación y sancionar infracciones administrativa, pudiendo aplicar la medida de destitución.

Para hacerlo simple:

Estatuto Administrativo.

a) 126.- El alcalde ordena instruir un sumario administrativo.

b) 127.- El alcalde nombra al Fiscal.

c) 138.- El alcalde aplica la medida disciplinaria.

d) 139.- Al alcalde se le presenta el recurso de reposición

e) 140.- El alcalde finalmente sanciona

El debido proceso (rango constitucional) está destinado a asegurar un proceso racional y justo. Una de las garantías procesales más importantes que se deben respetar es el derecho de impugnar las resoluciones desfavorables ante el superior jerárquico de quien resolvió.

No existe disposición legal que indique cual es el Superior Jerárquico del alcalde para ejercer el derecho de impugnar las resoluciones desfavorables que afecten a un funcionario/a municipal y se dé cumplimiento al debido proceso en el tribunal administrativo.

Se podría pensar que, para un funcionario destituido post sumario administrativo, resuelto por quien es juez y parte en el proceso, tiene la posibilidad de recurrir a la Contraloría General de la República. Diferentes dictámenes del órgano contralor señalan que: …esta Entidad Fiscalizadora no puede efectuar consideraciones relativas al mérito probatorio de ciertos elementos de convicción, pues ello debe ser apreciado por quien sustancia el proceso disciplinario y por la autoridad que ejerce la potestad disciplinaria, y no por este Órgano de Control.

Además, el órgano contralor está impedido de pronunciarse, a no ser por irregularidades en el procedimiento, en razón a lo que indica la ley N° 19.880, Art. 59, inciso 4° (Ley que establece los procedimientos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado).

Art. 49

“No procederá recurso jerárquico contra los actos del presidente de la República, de los ministros de estado, de los alcaldes y los jefes superior de los servicios públicos descentralizados. En estos casos, el recurso de reposición agotará la vía administrativa.

Fui conocedor de muchos sumarios cuya intencionalidad fue destituir al funcionario, independiente si los hechos ameritaban tal medida o si existían elementos probatorios de haber cometido irregularidades para aplicar la máxima sanción.

Se puede decir que la alternativa es recurrir a los tribunales de justicia, lo que es efectivo, y muchos funcionarios han revertido la decisión de la autoridad municipal llegando a la corte suprema en la cual se ha comprobado que sólo se trataba de una medida de persecución política o sencillamente generar cupos en la planta para el ingreso de los que llegan con cada autoridad, En estos casos la municipalidad ha tenido que reintegrar al funcionario/a y pagar las remuneraciones correspondiente al período que estuvo despedido.

El problema de esta solución tiene que ver con los recursos económicos que se requiere y que desgraciadamente no todos pueden solventar. Si tomamos en consideración los ingresos de un funcionario municipal perteneciente a las plantas de auxiliar, administrativo y técnico cuyo promedio de ingreso se aproxima a ochocientos mil pesos, resulta muy difícil que se pueda solventar un juicio que se vea en la corte de apelaciones y termine en la corte suprema ya que se requeriría muchos millones de pesos, que muy pocos pueden solventar. De esta forma, la limitación económica para poder defenderse de decisiones arbitrarias de quienes no están sujetos a un recurso superior en tribunal administrativo como los alcaldes, los hace omnipotentes; deciden instruir sumario; nombran al fiscal, fijan la sanción, hay que apelar a ellos y finalmente resuelven una destitución; parecido a un faraón.

En décadas, fui testigo de varios despidos a compañeros de trabajo por faltas que, si las hubiese cometido los funcionarios que llegan con la autoridad cada cuatro años para “arreglar todo”, solo sería motivo de una sonrisa del parecido a un faraón.

Ante el abuso de poder por parte del todopoderoso recaído en funcionarios/as de bajos recursos, no tiene valor la mejor de las defensas o la inocencia, ya que impera la intención del “faraón de turno”, situación que se contrapone con lo que debería imperar en los municipios; lo justo.

Pedro Alexi Aguirre Moya

Falta poco para que   se cumpla un año de la entrada en vigencia de la ley 21.674, llamada “ley corta de ISAPRES” una de las tantas leyes en las cuales los honorables traicionan a sus electores   en beneficio de los poderosos que financian campañas sin importar a quien, es decir “al voleo”, como quedó comprobado con el financiamiento ilegal de la política; no importa de qué lado, lo valioso se ve en el futuro, al momento de votar leyes que como dicen unos, “lo que le importa a la gente”, otros “los derechos de los trabajadores”, slogan dirigido a los ingenuos o ilusos electores, lo importante es acercarse “al pueblo” en período de elecciones y ofrecer buenos rostros  prometiendo que legislarán para hacer justicia “a tanto chileno que no llega a fin de mes”, hecho que ocurrió totalmente en contra de la gente al aprobar la ley de ISAPRES, normativa en la que los honorables corrieron en resguardar el patrimonio de los empresarios, que en un largo tiempo ganaron millones de dólares transgrediendo la legalidad.

No es necesario entrar en muchos detalles, solo recordar que las ISAPRES, (por muchos años) cobraron valores de los planes al margen de la ley, ratificado por decenas de resoluciones judiciales. Finalmente, la Corte Suprema emite fallo que en lo fundamental señala: “Es precisamente en este contexto que puede afirmarse que las tablas de factores elaboradas por cada Isapre, según se ha razonado, adolecen de nulidad absoluta por objeto ilícito, al contravenir el derecho público chileno, por hallarse en contradicción con la carta fundamental”.

Las ISAPRES, después de haber estado muchos años cobrando en exceso y en definitiva quedándose con parte del patrimonio de 700 mil trabajadores que representaban a 3 millones de personas, perdiendo múltiples juicios por su acción ilegal, sin que gobiernos y honorables se “dieran cuenta” que era un abuso hacia “las personas o trabajadores” que votan por ellos.

Comienza el lobby de los empresarios ante el gobierno y honorables con argumentos que decían: “si es que no se logra un cálculo que permita una deuda que sea pagable, lo que va a suceder probablemente es que en definitiva las ISAPRES no van a estar en condiciones de pagarlo”.  Argumento claro y preciso, el cálculo no debe estar centrado en lo que las ISAPRES cobraron en exceso al margen de la ley y Constitución Política, sino lo que puedan pagar. La deuda queda en 409 millones de dólares menos que el cálculo original y los honorables, decidiendo cómo se resuelve lo que se les debe a quienes votaron por ellos, lo consagran en la votación final aprobando la famosa ley corta de ISAPRES.

Como comentario aparte, y a propósito de lobby, se hace la invitación para que averigüen cuantas veces fueron al congreso las organizaciones de los trabajadores como CUT, ANEF, ASEMUCH, FENATS, etc.

Un Honorable senador (Javier Macaya) afirma: “no sé en qué planeta se puede pensar que una deuda como esa, que es superior en varias veces el patrimonio de las aseguradoras en Chile, permite la subsistencia del sistema”. El senador no debe dormir pensando cómo subsisten   los miles de trabajadores y PYMES que están endeudados muchas veces su patrimonio, pero no presenta ningún proyecto de ley para “destrabar” tanto sufrimiento por endeudamiento.

En resumen, además de rebajar la deuda, la ley otorga a las ISAPRES 13 años para pagar y se autoriza para que suban el valor de los planes, dicho de otra forma, la “ley autoriza para que suban los planes a los afiliados con la intención que sean los afiliados los que paguen la deuda de las ISAPRES”.

¡Comienza la devolución!, claro está, los honorables no se dieron cuenta o se olvidaron de que era sin reajuste).

Se inician los reclamos por devoluciones de $126.00, (ciento veintiséis pesos mensuales); $128,00, (ciento veintiocho pesos); $198,00 pesos, etc., etc.

Los honorables tenían conocimiento que existían deudas de diferentes valores, pero no tenían conocimiento que 13 años equivalen a 156 meses y que una deuda de $19.656,00 (diecinueve mil pesos) dividido en 156 corresponde a $126,00, (ciento veintiséis pesos), en ese momento viene un arrebato de iluminación legislativa y algunos manifiestan que hay que corregir; sin comentario. Aparecen mentes abiertas de honorables y el propio Superintendente ofreciendo la alternativa de “pronto pago” por parte de las ISAPRES, claro que descontando hasta en un 25% del total de la deuda, el argumento novedoso es que “nada se lo impide”. Rutina para Bombo Fica.

Curioso, el sistema judicial (Corte Suprema) falla protegiendo a los afilados y el congreso aprueban una ley transfiriendo los costos a quienes se les había cercenado su patrimonio, ese que tanto protege nuestra constitución, para muchos honorables depende de quién sea el patrimonio

Perdonando la extensa introducción, y teniendo claro, como se dice en el campo, “pasó la vieja” y “la culpa no la tiene el chancho sino el que le da el afrecho”, lo señalado tiene que ver con los honorables de cada partido que votaron a favor, en contra y los que se abstuvieron, y si se dan el trabajo de averiguar, se llevarán sorpresas que es meritorio para otro comentario, no obstante, lo que interesa es cómo votaron nuestros representantes del distrito 8 la ley corta de ISAPRES, defendiendo  el patrimonio de las “personas” “trabajadores”, “el chileno de a pie” , ¿o a las empresas?.

Viviana Delgado               En Contra

Carmen Hertz                   Abstención

Cristian Labbé                  No votó

Joaquín Lavín                  A Favor

Claudia Mix                      A Favor

Rubén Oyarzo                  A Favor

Agustín Romero               A Favor

Alberto Undurraga            A Favor

No debiéndome ni debiéndole a Isapre alguna, el único Propósito de este escrito es un pequeño análisis de cómo Honorables o Candidatos en período electoral prometen ser representante de los intereses de la gente, los trabajadores, el chileno honesto, la señora juanita; desvalidos, etc. (menciones electorales), no obstante, a la hora de problemas que los afectan, votan a favor de los empresarios.

Pedro Alexi Aguirre Moya

Presentación

Después de trabajar 48 años en la I. Municipalidad de Maipú, específicamente en SMAPA, habiendo realizado 12 funciones en la única sanitaria pública del país, iniciándome en 1976, como muchos chilenos,  en el PEM (Plan de Empleo mínimo) inventado por la dictadura para aproximadamente el 22 % de cesantía en aquellos  tiempos y transcurrido un año en ese “estatus” ascendí a la planta de obreros, después Administrativo para terminar en Jefatura encargado del Departamento de Administración y Finanzas de nuestra sufrida sanitaria.

Fueron 48 años, en los que me correspondió, paralelamente a las labores normales  dentro de la Dirección, ejercer como presidente de la Asociación de Funcionarios,   debiendo enfrentar al menos tres intentos de cambiar la dependencia jurídica de SMAPA, o con mayor claridad, intentos  de privatización, a los cuales como organización presentamos un férreo rechazo.

Hoy acogido a retiro mi amigo Jaime Navarro me ha otorgado este espacio para comunicar y analizar diferentes aspectos del quehacer municipal y recoger ideas, opiniones, reclamos, aportes de vecinos, amigos y organizaciones que requieran expresarse en diferentes temas a través de este  prestigioso medio de comunicación comunal.

Corrupción en Municipios

Podría comentar hechos que ocurrieron todos estos años en SMAPA, pero como a los pensionados se les recomienda no comenzar a vivir del pasado, he decidido en esta primera oportunidad referirme a las situaciones de corrupción que afectan a los municipios de nuestro país y que repercute negativamente en miles de trabajadores honestos de quienes ninguna autoridad o medio de comunicación hace referencia para establecer una diferencia.

Estar primero en el ranking de corrupción en Chile no es algo que deba soslayarse, sin embargo para la “clase” política (a muchos les molesta que se les nombre como “clase”) no parece preocuparles; no cabe duda que desde estas corporaciones se desvían recursos en forma directa o indirecta en forma ilícita para beneficio personal y también algo para financiar campañas, motivos suficientes para dejar las cosas tal como están o pintar caricaturescamente la ley, apelando a la ética, para continuar con la corruptela.

La corrupción en los municipios es historia de muchos años, lo menciono porque tengo amigos que dicen: “antes no era así”. Solo  para dar algunos ejemplos, recordar que en dictadura se vendió la esquina de mayor valor en la comuna, (Esquina Blanca con Pajaritos, hoy un centro comercial) sin las exigencias que hoy están establecidas para dar transparencia en la enajenación de un bien municipal; hacer memoria que se le otorgó permiso a un cercano del alcalde de turno para que instalara una bomba de bencina al interior de la plaza (única en el mundo) o dar en comodato, por décadas, la propiedad donde hoy está el teatro municipal para que funcionara un supermercado. Me imagino lo que se diría si hoy si ocurriese lo mismo.

Concepto de Municipalidad

En las pequeñas encuesta que suelo hacer con amigos, conocidos y ex compañeros de trabajo, al preguntar qué concepto tienen de los municipios, unos responden que son un botín político comercial;  otros dicen que son corporaciones para transferir recursos al sector privado utilizando cualquier subterfugio; hay quienes coinciden con lo que mandata la ley orgánica municipal que es satisfacer las diferentes necesidades de la comunidad y procurar su desarrollo integral.

No cabe duda de que el prestigio de las municipalidades está en el suelo, no obstante, es necesario determinar el origen de esta deplorable opinión que tiene la ciudadanía, y para responder objetivamente es necesario encontrar a los responsables que han logrado posicionar a estas corporaciones de derecho público en los primeros lugares en el ranking de la corrupción chilena.

Quienes son

Es indiscutible que la corrupción en los municipios está radicada fundamentalmente en personajes que van de paso como son alcaldes y funcionarios de confianza que en cada administración, de acuerdo a la ley, son SECPLA, ASESORIA JURIDICA, DIDECO, ADM. MUNICIPAL, SALUD, EDUCACIÓN, sin embargo, en cada cambio de administración (sin distinción) se contrata gran cantidad de “funcionarios” para que realicen labores que la dotación estable  “no saben hacer” y los que llegan lo hacen como eruditos, hoy le dicen “los de Harvard”, a pesar que muchos solo conocen de Municipalidad debido a que han tenido que obtener el permiso de circulación; además se les paga remuneraciones superiores, con el mismo nivel formativo que al personal directivos, jefaturas, técnicos, administrativos y auxiliares que por muchos años han cumplido la función y  justifican esos sueldos mencionando que es una inversión; tema para otro comentario.

Los hechos

La contundente realidad de autoridades municipales comprometidas en actos de corrupción, conocida por todos, arroja un nutrido y variado elenco de personajes que cumplen medidas de prisión, arresto domiciliario, prohibición de salir del país, y también una alcaldesa condenada y fugada de la justicia, lo que la hace merecedora, al regresar, de presentarse como candidata a la presidencia de la república  y triunfar por una amplia mayoría del electorado nacional.

La consultora Enacción estableció que son 67 comunas en las que existen indicios de mal uso de recursos públicos por un monto total de cuatrocientos treinta y un mil millones de pesos, que equivale a 9 teletones y 71 CESFAN.” Entre los actos de corrupción lideran, fraude al fisco; malversación de caudales públicos; cohecho; falsificación de instrumento público; lavado de activos y otras irregularidades. Lideran, por lejos, alcaldes independientes  con un 37%, seguido por UDI, 15%; 10%, PS; 7%, DC; 6%, ex PS; 3%, PC; y un 13% corresponden a otras tiendas. Es lo que se ha logrado descubrir.

Quienes son?

No hay intención, por parte periodística, gobierno o parlamento, despejar sobre quiénes son los que cometen los actos de corrupción en los municipios, por este motivo quiero aportar un grano de arena para exculpar a los 465.000 funcionarios  y funcionarias municipales de carrera (incluido salud y educación) que labora esforzada y honestamente en los 345 municipios del país  y se ven afectados por actos ilícitos que en su inmensa mayoría son efectuados por personeros que ocupan cargos político de confianza de los alcaldes, que obviamente están de paso.

Quién controla?

Es curioso que existiendo un Director de Control en cada municipio y una de las funciones principales que le asigna la ley orgánica  de municipalidades es realizar la auditoría operativa interna; Controlar la ejecución financiera,  presupuestaria y representar al alcalde los actos municipales que estime ilegales, no sea este funcionario quien denuncie los actos ilícitos cometidos por las autoridades en muchos años. Para quienes algo sabemos de municipalidad la respuesta es muy lógica, los directores de control son subalternos del alcalde, lo que no merece mayor explicación y no deja de ser curioso que en cada ilícito que se han cometido, no exista ninguna sanción para quienes debieron denunciarlo de acuerdo a sus responsabilidades, quedando de manifiesto  que nunca el control interno ha funcionado, ni en el fraude de carabineros, fuerzas armadas, Ministerio y municipalidades, etc. ; el mínimo análisis nos dice que el control debe ser externo y permanente.

Gobiernos y Honorables

Una característica que se supone debe poseer los que se dedican a la política es percatarse de un problema antes de que se convierta en crisis, particularidad que obviamente nuestros gobiernos y parlamentarios no tienen, lo normal es legislar 10 años tarde.  Las municipalidades están en crisis desde hace mucho tiempo y una de las soluciones para disminuir la corruptela es modificar solo un artículo de la ley, que no significa aumentar el gasto del  municipio ni del fisco, basta disponer que los directores de control dependan directamente de la Contraloría General de la república y continúe financiándolos cada municipalidad, un símil de lo que opera con los jueces de policía local; de esta forma alguien externo golpeará la mesa frente a ilegalidades y disminuirán los “casos”. No cabe dudas que si alguien planteara esta solución, intervendrían honorables  y ediles para dejar todo como está, indicando que una medida así va en contra de la “autonomía del municipio”; precisamente esa “autonomía”; el “excesivo poder de los alcaldes”   y “los venidos de Harvard” (con escazas excepciones) es lo que tiene a las corporaciones edilicias bajo la corruptela y  sumidas en el descrédito y rechazo de la ciudadanía afectando la imagen de miles de trabajadoras y trabajadores que desempeñan sus funciones honradamente.

Pedro Alexi Aguirre Moya