Por Hernan Calderón Ruiz

Presidente de Conadecus.

Con una velocidad pocas veces vista, el Congreso aprobó recientemente el “Proyecto de Ley de Protección Tarifaria Eléctrica”, también conocido como “Ordenemos la cuenta”, impulsado por el Ministerio de Energía para redefinir el pago de una deuda de alrededor de $ 925 mil millones (unos mil millones de dólares) que los clientes regulados mantienen con las distribuidoras, debido a que en 2020 se “congelaron” las tarifas eléctricas con el objeto de morigerar el “estallido social”.

El pago de esa deuda se hará mediante un cargo adicional al consumo eléctrico, de $5 por kWh, más IVA, a contar del 1 de enero de 2028 y hasta fines de 2035.

El Ministerio aprovechó sí de introducir otros cambios en la regulación vigente, pero quiero referirme en especial a los siguientes:

El proyecto de ley crea un mecanismo de revisión voluntaria de los contratos que las generadoras eléctricas mantienen con las distribuidoras, con la intención de reducir los precios que pagan actualmente los clientes regulados.
El proyecto de ley faculta a las empresas distribuidoras a presentar planes de inversión para la ejecución de obras de infraestructura destinadas a mejorar la calidad del servicio.
Conadecus siempre ha estado de acuerdo en que la deuda con las distribuidoras tiene que ser pagada, pero en la discusión de ese proyecto de ley le hicimos ver a los parlamentarios, y a las empresas, que en un momento de dificultad económica y de múltiples alzas de precios, como el actual, no solo los consumidores deberían hacer un sacrificio para pagarla sino que las propias empresas distribuidoras podrían haber cooperado, por ejemplo, no cobrando intereses por esa postergación (que no fue solicitada por los consumidores), equivalentes más menos un tercio de la deuda. Lamentablemente, no fuimos escuchados.

También le hicimos ver a los parlamentarios que la deuda de los clientes comerciales, expresada en valores por kWh consumido, era al parecer mayor que la de los clientes residenciales, de modo que el cobro de un valor común de $ 5 por kWh podría contener un subsidio no menor de los clientes residenciales en favor de los comerciales, lo que no nos parecía justo ni razonable, pero tampoco fuimos escuchados.

También solicitamos a los parlamentarios que el cargo adicional de $ 5 por kWh quedase exento de IVA, ya que no nos parecía justo que el Estado se beneficiase con el IVA que generará el cargo adicional (cerca de USD 200 millones), pero tampoco fuimos escuchados.

Asimismo, hicimos ver a los parlamentarios que nos parecía muy improbable que un mecanismo de revisión voluntaria de los contratos de suministro reduzca significativamente -si acaso las reduce- las actuales tarifas que pagan los clientes regulados. Propusimos como una mejor solución reponer una modificación propuesta en 2024 al art. 134 de la Ley General de Servicios Eléctricos para que las asociaciones de consumidores también puedan solicitar a la CNE la revisión de esos contratos, cuando las condiciones para su ejecución hayan variado de manera significativa, respecto de las condiciones existentes en el momento en que se firmaron (hoy esa facultad solo la tienen las empresas generadoras y distribuidoras, pero no los clientes, pese a que estos últimos son los que pagan las cuentas).

¿Y por qué pedimos esa facultad? Pues porque en Chile hay muchos contratos de suministro que cuando se firmaron -hace 15 ó 20 años- contemplaban que la generación sería térmica, cuyos insumos (gas, carbón o petróleo) han subido de manera significativa en los últimos años, lo que ha sido la principal causa de las alzas de las tarifas eléctricas que han sufrido los clientes, tanto libres como regulados. Sin embargo, varios de esos contratos ya no se ejecutan mediante generación térmica sino que mediante energías renovables de mucho menor costo, e incluso de costo cero, sin que los ahorros correspondientes se traspasen a los clientes, lo que es un error de la regulación vigente (por no decir que es un abuso).

Pero no nos quedamos ahí y también propusimos otra solución de corto plazo: licitar un mayor número de bloques de suministro y permitir que los clientes regulados interesados puedan acceder a las condiciones comerciales específicas de esos nuevos bloques.

Y propusimos una tercera solución de corto plazo: permitir que se agrupe la demanda de los clientes regulados hasta alcanzar el nivel de 300 kW de potencia instalada que hoy exige la normativa para ser cliente libre y acceder así a mejores tarifas, lo que favorecería especialmente a los clientes residenciales, Mipymes y Pymes.

Pero tampoco fuimos escuchados.

En todo caso, y tal como Conadecus lo ha señalado ya de manera majadera y por años, ante todas las autoridades del país, la solución definitiva y más eficaz para lograr menores precios en el sector eléctrico es implementar un régimen de verdadera competencia en él, tanto para los clientes regulados como para los libres, de modo de reemplazar el actual régimen de aparente competencia –pero de excesivas normas y de excesiva burocracia– que hoy impera en este sector, que solo ha logrado encarecer el servicio. No está demás tener presente que si Chile no logra reducir de manera significativa los costos de la energía –de la energía eléctrica, pero también de los combustibles–, nunca podrá recuperar la senda del desarrollo.

Respecto de la facultad que el proyecto entrega a las distribuidoras para presentar planes de inversión destinados a ejecutar obras adicionales que mejoren la calidad del servicio, señalamos a los parlamentarios que no estábamos de acuerdo, no solo porque esas obras adicionales ocasionarán aumentos de tarifas, sino que porque esos planes deben ser considerados en el momento en que se modelan las empresas eficientes que sirven como referencia para calcular las tarifas reguladas, y no después. Además, la tecnología está empezando a avanzar rápidamente en el sector eléctrico, de modo que algunas de esas obras adicionales -como el soterramiento generalizado de las redes de distribución- podrían quedar obsoletas en pocos años. Tampoco fuimos escuchados.

En todo caso, y a riesgo de seguir siendo majaderos, reiteramos a los parlamentarios que todo el actual sistema de modelación de las empresas reguladas necesita ser profundamente revisado y simplificado, ya que los modelos de empresa eficiente deben ser de público dominio y de fácil comprensión.

Por ejemplo, nos parece inexplicable que en el caso de las empresas de transmisión se emplee su inventario real –que según sabemos incluye varios millones de elementos técnicos– para determinar las inversiones de la empresa eficiente. Esta sola complicación es una fuente de errores –como ha ocurrido recientemente, en el caso de Transelec–, al mismo tiempo que torna prácticamente inentendibles e inauditables a los modelos correspondientes.

Para regular tarifas siempre deben considerarse los costos operacionales y los activos propios de una empresa eficiente, y no los de las empresas reales, ya que de ese modo se evitan las distorsiones que puedan afectar a estas últimas y se simulan las condiciones de operación de un mercado competitivo.

En síntesis, la premura impidió que fuésemos escuchados, pero la Ministra de Energía nos aseguró que después de este proyecto de ley vendría otro, en el que sí se podrán abordar los profundos cambios que requiere el sector eléctrico, proyecto que deberá considerar la opinión no solo de la industria, reguladores y gobierno, sino que también la de los consumidores, tanto regulados como no regulados.

Ojalá sea así, porque los chilenos necesitamos que se ordenen las cuentas de luz, pero también que bajen.

Por Francisco Pincheira Peña

En agosto del año 1967 abracé la Falange jurando con 17 años como militante del PDC, inmediatamente me nombraron presidente de la base juvenil “Avance del Mañana” en la populosa comuna de San Miguel; muchos años más tarde y ya residente de Maipú, me encontré con algunos de los muchachos que fundamos esa juventud, Leónidas Carvajal, Sabina Moreno, Manuel Romero entre otros.

El partido crecía a los pies del Radomiro Tomic, y ya en ese entonces fue la primera crisis al separarse primero la Izquierda Cristiana con Rodrigo Ambrosio y luel el MAPU con Jacques Chonchol a la cabeza, pero la tozudes nos obligó a quedarnos en el partido que nos había dado tantas alegrías, como la reforma agraria, la ley de juntas de vecinos, la construcción del metro, la junta de auxiliar de becas entre muchos otros logros que hasta hoy perduran.

Miles de chilenos abrazaron el partido, logrando ser el de mayor envergadura en Chile; el golpe militar nos pilló aún dolidos por la elección perdida por Radomiro, las divergencias internas hicieron crisis durante los años 80; ya en Maipú, como dirigente sindical, tuve una importante participación en FESIMA.

Transcurría el año 86, el partido se estaba recomponiendo y logré contactarme en la Plaza Mayor de Maipú con Herman Silva y tuve la primera conversación para abrir líneas en ese tiempo con el joven Octavio Burotto, quienes junto a otros jóvenes repartía panfletos en la Plaza Mayor.

En los años 80 a 90, asistimos al Teatro Caupolicán y escuchamos a nuestro líder Eduardo Frei M., donde bosquejaba en su discurso la unidad social y política del pueblo donde cabria toda la oposición al Dictador.

En el intertanto en Maipú crecían los primeros lotes o tendencias, lo singular es que en Maipú nació la Concertación de Partidos por la Democracia, grandes articuladores como Herman Silva o Héctor Canales que a propósito había hecho una importante labor con los jóvenes secundarios, Campusano, Donoso, Barahona, Osorio y muchos más que no recuerdo lograron dar vida joven al partido, por otro lado las diferentes formas de hacer partido dieron nacimiento de tendencias , una liderada por Mario Ortiz, otra por Herman Silva, otra por Héctor Canales y la naciente tendencia colorina lideradas en ese tiempo-en Maipú- por Humberto Salas y José “Pepe” Ruiz entre otros.

Poco aportó el Congreso Ideológico de la DC que fijó el domicilio político en la centro Izquierda, el partido se partió en varias facciones situación que aprovechó la UDI para quedarse con más de un millón de votos de la DC con un discurso populista cuyas banderas hoy lo tiene el PDG, mientras tanto la DC se fue jibarizando dejando en el olvido los cientos de proyectos que lograron los diputados Dupre y Pareto en sus diferentes tiempos.

La presencia en la Unión Comunal de juntas de vecinos arrebatada dirigentes cercanos a la dictadura mediante procesos democráticos. En esta instancia la DC logro colocar a 7 militantes de 10 y floreció el Partido; en el ámbito deportivo se logró el Consejo Local de Deportes, que aglutinaba a miles de deportistas, el Colegio de profesores y las juntas de vecinos, todas integradas por algún demócrata cristiano.

En el en el año 90 y luego de la participación de Gabriel Valdés, se logró unificar la centro izquierda, pero el ala conservadora del Partido se alejó definitivamente hasta hoy que el partido luego de ser el más grande de Chile esta minimizado a un 4 por ciento de militantes.

No es bueno buscar culpables, quizás en un comienzo fue el grupo de los ocho presidentes de bases que tuvieron una firme confrontación con Herman Silva, o quizás el grave error del camino propio con Goic o Yasna.

Hoy día el Partido en Maipú está extinguido, no hay voluntad y muchos siguen a ídolos de barro que solo aportan división. En mi opinión hay tres gestiones que urgen para salvar Maipú:

1º: Colocar el Partido delante que los intereses particulares,

2º: La voluntad política de sentarse a conversar en serio sin colocar puestos,

3ª:  Seguir el lineamiento de buscar elementos nuevos y participar en las organizaciones sociales y por sobre todo entender porque se está en el Partido, es decir adoctrinarse, de lo contrario estamos en la UTI.

Este año cumplo 58 años en mi amada DC, este miércoles cantare en el aniversario al igual que en aquel Agosto del 67, la DC por siempre y feliz aniversario.

Francisco Pincheira Peña

En este inicio de semana quiero enviar un fraterno saludo a todas y todos los y las militantes de la Democracia Cristiana de Chile, especialmente a los habitantes de esta hermosa comuna de Maipú. Esto con ocasión de un nuevo aniversario de nuestra querida DC que en esta fecha cumple sus 69 años de existencia.

Gracias a todos quienes hacemos partido día a día en nuestros territorios llevando la falange en nuestro corazón. Me refiero especialmente al colectivo “Orgullosos de ser DC” quienes siempre están practicando el espíritu cristiano acompañando y apoyando a aquellos/as camaradas cuando necesitan unas palabras de afecto, solidaridad o algún apoyo material.

Les comparto la invitación de nuestra directiva regional a juntarnos este miércoles 29 de julio a partir de las 18.00 horas, en la sede nacional de la Democracia Cristiana, en Alameda 1460 Comuna de Santiago, donde podremos vernos personalmente y disfrutar de una amena conversación.

Con afecto.

Arturo Madariaga Fuentealba.

Columna sin IA, solo con las imperfecciones de IA= Inteligencia artesanal.

La Municipalidad de Maipú, es la organización con mayor cantidad de trabajadores en la comuna superando los tres mil,  una realidad que obliga, dado a la diversidad  e importancia de los servicios que presta ,    a una preocupación especial sobre la vida de las personas que son los responsables directos en satisfacer eficientemente las necesidades que demanda la comunidad , sin embargo, hay signos claros que existen falencias profundas en construir un clima laboral óptimo, un tema muy delicado que afecta no sólo a los/las trabajadore/as, sino al municipio,  y por consiguiente a la comunidad.

La percepción de lo señalado precedentemente nace de situaciones muy simples que paso a explicar:

Cada vez que me dirijo a Prensa Local y posteriormente al centro de la comuna, me encuentro con excompañeros/as de trabajo del municipio, que con mucho cariño se acercan a saludarme y preguntar sobre la vida de pensionado, estableciendo una grata conversación referida a muchos temas municipales del pasado y presente. En esos intercambios pregunto algo que siempre me preocupó mientras fui presidente de la Asociación de funcionarios/as de SMAPA: ¿Cómo está el clima laboral? Lamentablemente, la inmensa mayoría, expresan con mucha desazón y en forma rotunda, que es muy malo.

Se me viene a la memoria que, hace más de 20 años, desde la Asociación de Funcionarios de SMAPA se solicitó a la administración de esa época realizar un diagnóstico, contratando a una empresa especializada, con el objetivo que se determinara el grado bueno, regular o malo del clima laboral en nuestra sanitaria. No fue sorpresa que la administración, en reunión donde no estuvimos presente, comunicara que se efectuaría un diagnóstico del clima laboral en el municipio, pero exceptuando al SMAPA. Después del reclamo respectivo, que no amerita comentar, se realizó la encuesta a todo el personal, sin que nunca pudimos conocer el resultado.

Teniendo claro que mi “encuesta” es exigua de acuerdo con el universo de trabajadores/as del municipio, pero repitiéndose la misma opinión negativa a través de muchos años, creo que el municipio debiera tener conocimiento real sobre la percepción de sus trabajadores/as respecto del clima laboral en el cual desempeñan sus funciones.

Revisando la opinión de diferentes expertos sobre la importancia del clima laboral, llego a la convicción, después de muchos años sin que a las diferentes administraciones municipales les haya interesado, que es necesario hacer un llamado a las autoridades y trabadores/as con el objetivo de hacer los esfuerzos dirigidos a obtener conocimiento cabal sobre un tema tan sensible y simple, como preguntarse sobre la forma en que los funcionarios/as “viven” su mundo laboral.

Es extraño que el municipio, a través de la unidad de Recursos Humanos, no se haya preocupado, por décadas, de instruir, verificar y evaluar los siguientes factores en el ámbito del quehacer laboral que inciden en un buen clima.

– ¿Los jefes apoyan y guían en lugar de solo vigilar?

– ¿La opinión de los/as funcionarios/as son tomadas en cuenta?

– ¿Existe tolerancia y buen trato en todos los niveles?

– ¿Se valora el esfuerzo y reconocen los logros individuales y grupales?

– ¿Oportunidades claras de capacitación, aprendizaje?

– ¿Confianza para tomar decisiones sin supervisión excesiva de las jefaturas?

– ¿Espacios físicos óptimos y preocupación por medir el hacinamiento en las   instalaciones?

Son solo algunos aspectos que deberían ser motivo de preocupación por parte de la administración, teniendo como objetivo cumplir con los beneficios que genera un buen clima laboral, de acuerdo con lo que señalan los expertos y que se indican a continuación:

Un buen clima laboral, en síntesis, permite un mejor desempeño de las personas y satisfacción con el trabajo realizado; se alcanzan más fácilmente las metas propuestas; el comportamiento de las personas en las organizaciones se ve directamente afectado en forma positiva por el medio que los rodea; fomenta la participación de los trabajadores, el compañerismo, fortalece la cultura organizacional y las personas realizan sus actividades con mayor motivación.

Después de revisar varias definiciones de clima laboral, cito una que creo reúne con simpleza el concepto.

“el conjunto de condiciones psicológicas, emocionales y sociales que caracterizan a una organización y determinan cómo los empleados perciben su entorno de trabajo”.

Para terminar, lamentablemente me es necesario mencionar que al regresar a la pregunta ¿cómo está el clima laboral?  a mis excompañeros de trabajo y cuál es el factor que más afecta, la respuesta mayoritaria está relacionada con cierta prepotencia y arrogancia de jefaturas, entendiéndola como expresión de muchos matices; lo que aumenta la preocupación y la necesidad de abordar el problema considerando su relevancia y afectación directa en la calidad de la atención y servicios prestados para satisfacer las múltiples necesidades de la comunidad.

Pedro Alexi Aguirre Moya

Ha llegado a mis manos una circular emanada por la Dirección, sostenedor de la escuela hospitalaria el Carmen de Maipu RBD (rol base de datos) 31407-2 emitió una circular a la comunidad escolar notificando que por supuesta disposición del director del hospital Sr. Cristian Galvez el establecimiento restringirá la matrícula para el año 2027 exclusivamente a niños tramo Fonasa, además impone como requisito que el acceso pedagógico sea visado o ingresado previamente por un Cesfam.Quisiera recordarles a las jefaturas firmantes y responsables que dicha instrucción no sólo adolece de nulidad por falta de competencia, sino que constituye una violación flagrante al ordenamiento jurídico ya que la medida impuesta vulnera de forma directa el artículo 19 numeral 10 de la Constitución Política del Estado y además constituye un acto arbitrario prohibido expresamente por la ley 20609 (ley Zamudio).

La ley de Educación General (20370) consagra el principio de universalidad, equidad y no discriminación arbitraria e inclusión escolar entre otras Normativas.

Las escuelas hospitalarias están reguladas por el decreto 374 del MINEDUC y financiadas con subvención estatal según el decreto 375 del mismo ministerio.

En relación al Director del hospital El Carmen Sr. Cristian Galvez este carece de toda competencia legal para normar criterios de admisión escolar o permanencia de estudiantes. Cualquier acto administrativo en ese sentido es nulo de pleno derecho por incompetencia absoluta.

El director del hospital se rige por el DFL N°1 del 2005 del ministerio de salud, teniendo facultades estrictamente sanitarias de gestión de su red asistencial.

La salud y la integración de niños vulnerables, es una situación compleja y el colegio en su modalidad domiciliaria es su único espacio de normalidad y desarrollo. La comunidad debe repudiar y no permitir que burocracias ilegales les arrebaten ese derecho.

Humberto Salas Mayorga

Profesor -Académico

Con fecha 30 de octubre 2025, publiqué comentarios sobre la charlatanería de la mayoría de los políticos de todos los sectores titulado: IDIOMA POLITICO SEGÚN LA OCASION y para comprender mejor este artículo, recomiendo redirigirse a ese link.

En la oportunidad mencioné seis ejemplos que señalan cómo los políticos de todos los sectores atacan o relativizan mismos hechos con diferentes comentarios, según si la situación irregular o ilegal ocasionada se originó bajo la responsabilidad de un partidario o contrincante político.

El comportamiento de la clase política chilena suele estar marcado por una beligerancia sistémica cuando se encuentra en la oposición, sin embargo, al asumir como gobernantes, esa agresividad sin límites se transforma en conveniente amnesia o “trabajo mental” para relativizar sus propios garrafales errores. Para ilustrar esta doble moral, si es que se puede nombrar así, cabe preguntarse: ¿Qué habrían dicho los personeros del actual gobierno, sus parlamentarios y adherentes si las siguientes acciones hubiesen sido cometidas por sus adversarios?

¿QUÉ HABRÍAN DICHO?, si:

Nombramientos y Gestión:

• Crisis de los SEREMI: El gobierno nombra a dieciocho autoridades regionales que, a pocos días, no asumen el cargo por no cumplir con los requisitos de experiencia o título profesional, otros renuncian por redes sociales sin conocer los motivos, también por comentarios pasados en contra del presidente, no se presenta a trabajar, etc. No uno o dos, dieciocho.
• Improvisación en Seguridad: La ministra declara abiertamente que “no esperaba la exigencia de un plan de seguridad estructurado y concreto”.
• Alerta de Quiebra: Se difunden gráficas afirmando tajantemente que el Estado Chileno se encontraba en quiebra, obligando la intervención de la Contraloría y el desmarque del ministro de Hacienda.
• Programas Sociales: El Ministerio de Hacienda emite un oficio instruyendo “discontinuar” 142 programas sociales esenciales para luego argumentar que “no era eso lo que querían decir”.

 Intervenciones de la Vocería:                                                               

• Soberanía en Dudas: Al ser consultada sobre la soberanía del estrecho de Magallanes, la vocera de Gobierno responde que “la consulta se deriva a la Cancillería”, demostrando ignorancia sobre el territorio.
• Información Internacional: La vocera asegura en televisión que el barril de petróleo “está a dos euros”. El valor real de mercado alcanzaba los 104 dólares.
• Error y rectificación: La vocera afirma taxativamente que “todos los chilenos queremos que una persona “condenada” por el asesinato de Jaime Guzmán, cumpla condena en nuestro país. Se rectificó por medios sociales aclarando que Apablaza no está condenado.
• Financiamiento de Almuerzo: La vocera asegura que el “almuerzo privado fue financiado por el presidente con fondos propios”, pero el propio Mandatario la contradice al declarar que el encuentro fue “un error por desconocimiento” y que hubo gasto público, la seguridad.
• -La vocera declaró que el gobierno estaba “trabajando en contra de la seguridad”.

Disminuciones Presupuestarias.

-Recortes en la JUNAEB: El presidente formula que “Puede ser que algún niño lleve un sándwich y decida ese día no almorzar” … ¿Qué pasa con el alimento de ese niño?”, justificando recortes en la JUNAEB.

Migración:

-Tras prometer la expulsión de 300 mil migrantes y recibir críticas por lo inviable de la medida, el presidente argumenta que sus palabras eran “Una metáfora”, para luego corregir y catalogarla como un “hipérbole”.

-El biministro Daniel Mas Valdés omite registrar sus sociedades en el extranjero en la declaración de intereses.

– La ministra de Ciencia Ximena Lincolao, no incluye en su declaración formal tres sociedades fuera del país.

Trabajo de la Vocera:

-El presidente agradece públicamente a la vocera por su “trabajo acucioso” y por ser la “persona que da las buenas noticias”. Pocos días después le pide la renuncia.

El Deporte:

-Dopaje: Se designa como ministra del Deporte a Natalia Duco, deportista que fue sancionada por tres años de suspensión de toda actividad deportiva tras dar positivo por doping.

-Estética: La ministra del Deporte declara públicamente que “la prioridad uno” de su cartera es entregar “ropa linda” a los atletas, afirmando que “si una va fea con la polera mala, ya perdiste”

-Recorte Presupuesto: Mientras se habla de estética, se recorta el presupuesto afectando a más de 3.000 deportistas y se cancelan los Juegos Nacionales y Paranacionales.

 VERBORREA Y DESCARO:

Ante este panorama tragicómico (combinación de tragedia, comedia y humor), la respuesta al título de esta columna es demasiado obvio, muy fácil de adivinar lo que “habrían dicho” si los que hoy gobiernan, estuvieran en la oposición. El repertorio de su charlatanería los delata debido a que es el mismo desde hace muchos años, usando esos medios de comunicación que están al servicio del engaño; el sesgo, sensacionalismo emocional, especulación, exageración de la realidad, falta de rigor y siempre disponible ante quien financia.

Resumiendo; a los cuatro vientos “habrían dicho”:

Están aprendiendo; son alumnos en práctica, no tiene idea lo que es administrar el estado, no existe rigurosidad, son un fiasco, no saben hablar, están improvisando, dan vergüenza, no tienen gente preparada, no se informan, fuera de la realidad, engañan a la gente, no hay formación pública, pérdida de la realidad, son ignorantes, etc.

Si existe algo que caracteriza fielmente a la mayoría de los políticos chilenos de todos los sectores, es lo  predecible  y la inconsecuencia de sus palabras, acciones y lo burdo de las intervenciones para justificar o minimizar los descalabros, errores, irregularidades o ilegalidades de las “autoridades” de su sector, pero que finalmente les sirve para “emocionar” a ingenuos electores que recogen y divulgan los mismos argumentos de sus líderes, aun cuando tienen plena convicción sobre la mediocridad que los enviste.

Pedro Alexi Aguirre Moya

LA DC FRENTE AL DESAFIO DE KAST Y LA RECONSTRUCCIÓN INTERNA

Por Claudia Atenas Soza.

Este fin de semana que pasó, la Democracia Cristiana se congregó, a través de su Junta Nacional, para elegir a los nuevos integrantes de su Consejo Nacional. En aquella instancia, tuve el honor y privilegio de resultar elegida Consejera Nacional de la Democracia Cristiana con la primera mayoría nacional de las mujeres y la tercera mayoría nacional general.

Este gran respaldo Partidario, me impone el desafío de estar a la altura de las grandes tareas que tiene la Democracia Cristiana en su intento de ser una alternativa real, que entregue soluciones a las necesidades de las personas.

Si queremos ser opción de gobierno, el primer cambio parte por casa; por lo cual  se debe tener mas democracia partidaria y un rol claro frente al gobierno de Kast.

La DC, debe tener un rol de oposición responsable, siendo garante de los derechos sociales y políticos obtenidos y generando propuestas para profundizar estos derechos.

SE DEBE VOLVER A SER OPCIÓN DE GOBIERNO

La confianza ciudadana no se recupera con nostalgia, se recupera con ideas, gestión y calle. No se requieren consignas, se requieren soluciones para la seguridad, las listas de espera, para el empleo y el costo de la vida.

La DC, debe ser alternativa real en los próximos gobiernos comunales y regionales.

PARTICIPACION INTERNA

Sin militantes no hay partido.

Por este motivo, entre las medidas que me he propuesto impulsar están el dar espacios a  consultas partidarias a través de la modalidad de un militante un voto, para la toma decisiones relevantes que deba afrontar la DC, realización un nuevo Congreso Ideológico y Escuelas de Formación Partidaria.

LA DC DEBE SER OPOSICIÓN RESPONSABLE

Chile no aguanta 4 años de trinchera, se debe apoyar lo que sirve a Chile y a la vez ser freno de eventuales retrocesos .

LA DC debe ser alternativa para tener un  mejor sistema de salud primara, tener una propuesta de mejoras a la Educación Pública, al desempleo y a la falta de vivienda.

El desafió es grande, por lo que se requiere de nuestros mejores esfuerzos.

Fraternalmente.

Claudia Atenas Soza

Consejera Nacional

Democracia Cristiana

Es muy recurrente y legítimo la protesta de trabajadores relacionado con los despidos que realizan los alcaldes en todo el país al momento de producirse alternancia de carácter político; fui testigo en mis 48 años trabajando en el municipio bajo la administración de 9 alcaldes, unos más, otros menos. El análisis no está referido sobre quien desvinculó a más trabajadores bajo la calidad jurídica honorario y contrata, sino lo dramático para quienes son “elegidos” y lo incomprensible e irracional de la situación que paso a expresar.

MARCO LEGAL

La figura trabajador/a a “honorarios” en el estatuto administrativo municipal (ley N°18.813) menciona lo siguiente: “Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.”

La norma los deja fuera del estatuto siéndoles aplicable las disposiciones de sus propios contratos y supletoriamente las normas generales del Código Civil

Uno de los conceptos claros y precisos en la legislación referido a los contratos a honorarios es lo que indica el Art. 4° del Estatuto Administrativo Municipal que indica:

1.-Podrán contratarse sobre la base de honorarios, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la Municipalidad”.

 2.- Se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos.

LA REALIDAD

Despido o desvinculación es un concepto que se repite no solo en los cambios de administración, sino que también ocurre cada fin de año con personas que normalmente no son del sector político del alcalde de turno para ser reemplazados por sus partidarios; no interesa el conocimiento adquirido, el comportamiento, compromiso, rendimiento, etc., el trabajador/a pasa a la cesantía por decisión de la autoridad sin esbozar argumento.

La situación descrita, debe terminar por el bien de los trabajadores, de los municipios y por consiguiente de la comunidad, correspondiendo que la mayoría de los funcionarios/as municipales gocen de estabilidad en el empleo (no inmovilidad como algunas personas maliciosamente o de ignorancia expresan) con el objetivo de no quedar sujeto meramente a decisiones políticas que carecen de ecuanimidad.

 Es  conocido que una gran cantidad de trabajadores/as a honorarios que se desempeñan en los municipios del país realizan labores permanentes por lo que se establecen en habituales. La ilegalidad manifiesta se corrobora con el incumplimiento de todos los requisitos que exige la ley y dictámenes de contraloría general de la república que señalan:

a) Se establece como requisito el carácter temporal.

b) No se configura cometido específico si se contrata por períodos cortos, reiterados sucesivamente.

c) La prestación debe ser excepcional y eminentemente transitoria.

d) La condición de cometido específico (requisito esencial para contratar a honorarios) se pierde con su reiteración en el tiempo transformándose en una labor permanente y, por tanto, habitual.

Si una gran cantidad de  trabajadores/as a honorarios realizan labores habituales; no ejecutan cometidos específicos, no es excepcional ni transitoria y la función es reiterada en el tiempo, no solo están ejerciendo labores propias del personal de planta  (por cierto sin responsabilidad administrativa) sino que reúnen todos los requisitos para dejar establecido que tienen un contrato de trabajo dado lo siguiente: Existe una relación de subordinación y dependencia, quedando claro que existe  un contrato de trabajo sustentado en hechos concretos que se presentan al realizar la función sometido a : Obligación de asistencia; tienen una jefatura; reciben instrucciones; supervigilancia en el desempeño; continuidad de los servicios prestados; obtienen una remuneración y en algunos casos usan uniforme. En la práctica se aplica el principio de primacía de la realidad; esto significa que, ante los juicios por despidos, se acredita que existe un contrato de trabajo tácito y el trabajador tiene derecho a todas las protecciones, beneficios y cotizaciones sociales que exige el Código del Trabajo.

Queda claro que se encubre una relación laboral determinada mediante la prestación de servicios a honorarios.

La constatación de esta ilegalidad está en conocimiento de todos los gobernantes, políticos,  alcaldes, concejales, directores de control (cuya función es representar al alcalde los actos ilegales) y obvio que la Contraloría tiene antecedentes de esta situación aberrante.

CONSECUENCIAS HUMANAS

En resumen, todo acto que es irregular o ilegal que perjudica a los trabajadores/as, no tiene importancia y no se enfrenta a nivel nacional, local ni en el ámbito ejecutivo y legislativo, no obstante, es hora de que alguien comience a representar lo grotesco de esta situación. Es hora de que emerja el empeño para denunciar esta ilegalidad que al parecer al poder político le llena de satisfacción debido a que, al conquistar una alcaldía, la autoridad utiliza las “facultades” para despedir trabajadores/as” y reemplazarlos con los amigos políticos o personales, entre los cuales, en todas las administraciones, hay los que aportan y los que solo levitan.

Las cifras relacionadas con la dotación de los municipios en cuanto al número de personal honorarios son sorprendentes:

DOTACIÓN PLANTA, CONTRATA, HONORARIOS

CASO MAIPU                                                              Costo Mensual

Cargos planta de Municipalidad de Maipú      717

Funcionarios/as ocupando la Planta                572    $      979.911.493

Funcionarios/as a contrata                                 238   $      320.400.916

Trabajadores/as a honorarios                         2.192    $   2.077.574.131

(datos obtenidos de transparencia, puede existir variación)

Queda claramente establecido que con la inmensa cantidad de servicios que deben prestar los municipios a la comunidad, sin el personal contratado a honorarios, el municipio se paraliza.

LIMITACIÓN DEL GASTO

La legislación limita el gasto en remuneraciones del personal de planta, contrata y honorarios en un 42% de los ingresos propios permanentes de un municipio, lo que en la práctica es una farsa gigantesca, ya que con toda seguridad cada administración se enmarca en esta exigencia, sin embargo, el gasto en remuneraciones del personal a honorarios contratado para los “programas comunitarios” (Concebidos para la prestación de servicio ocasionales y/o transitorios , ajenos a la gestión administrativa interna de los municipios) excede inmensamente ese límite.

No cabe duda de que en esos Programas Comunitarios existe una gran cantidad de personas contratadas a honorarios realizando labores habituales y permanentes directamente en el municipio  y que la finalidad se debe a las   necesidades de mejorar los servicios que se prestan considerando la insuficiente dotación de las plantas municipales, por lo que los alcaldes se ven forzados a recurrir a este personal que no está afecto al límite de gastos del 42%.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Todo indica que la clase política se ve muy cómoda con la facultad de despidos ya que la aspiración al poder de un municipio conlleva automáticamente a la contratación de personas que trabajaron en la campaña, en mayoría de las ocasiones con el desconocimiento total de lo que es el funcionamiento municipal, para lo cual es necesario desvincular trabajadores/as a honorarios con una importante trayectoria  y conocimiento demostrado en muchos años de servicio,  hecho que lógicamente deteriora el funcionamiento del municipio ingresando al aprendizaje un contingente importante cada cuatro años  para lograr en el tiempo cierta  eficiencia en las prestaciones hacia la comunidad y de paso, un costo inmenso frente a la pérdida de juicios por indemnización de los despedidos.

LA EXPERIENCIA

Experiencia muy triste haber compartido, en casi 5 décadas   de servicio en el municipio de Maipú, con compañeros de trabajo que  prestaron servicios habituales durante 25 años a honorarios con el compromiso, la lealtad y eficiencia, sin distinción con quienes nos desempeñamos en cargos de planta, habiéndose presentado a decenas de concursos para optar a un cargo estable, siendo descartados por quienes trabajaron en una campaña proselitista determinada, hecho practicado por todos los sectores políticos sin distinción.

Una situación más, que deja en evidencia la injusticia relacionada con el tratamiento estricto con el cual se  le sanciona  a funcionarios/as al momento de cometer una irregularidad o ilegalidad, aplicando toda la rigurosidad de la ley, en contraste y la desvergüenza de todos los organismos y autoridades del estado para soslayar la ilegalidad y el abuso indigno que se desprende hacia miles de trabajadores/as a honorarios en todos los municipios del país.

NECESIDAD DE UNA SOLUCIÓN

Teniendo absoluta seguridad que la  solución a esta  situación ilegal, que afecta negativamente a  personas, no será iniciativa de algún gobierno o parlamentario, corresponde  que las organizaciones de trabajadores   exijan a los seis diputados de la circunscripción un dialogo que tienda a la toma de conocimiento de esta práctica anómala y en conjunto se devele la transgresión sostenida en todos los municipios de Chile con el propósito de terminar vía legislativa el abuso, aumentando el porcentaje del gasto en remuneraciones en las plantas de los municipios permitiendo que pase   directamente el personal a honorarios que cumplen funciones habituales, sincerando la hipocresía de todos los gobiernos y terminar con el atropello por parte del estado, traducido en despidos sin justificación.

Traspasar la cantidad de honorarios que desarrollan funciones habituales del municipio en forma gradual, no significaría un gasto mayor, pudiendo ajustarlo al que actualmente se realiza.

La situación crítica del personal a honorarios no obsta a que debe regularizarse la falta de respeto de los alcaldes hacia los funcionarios/as de planta que ejercen cargos directivo y jefaturas en Direcciones, Departamentos y Secciones, asumiendo las responsabilidades implícitas de organizar, dirigir, planificar y controlar esas unidades teniendo   personal contratado a honorarios en calidad de subalternos con el mismo nivel academico  sin ninguna experiencia, conocimiento y responsabilidad, percibiendo remuneraciones el doble que sus jefaturas, generándose otra irregularidad que reviste todos los aspectos de la insensatez avalada por la clase política, hechos que amerita  otro comentario.

Hoy 15 de mayo    conmemoramos 135 años de la encíclica social  Rerum Novarum.

Para  los trabajadores, para los católicos en general y para  los Demócratas Cristianos de Maipú en particular, el año  1891tiene una doble connotación

Maipú fue creado por  decreto número  68 del 22 de diciembre del año 1891 y de acuerdo al artículo 113 de la constitución política de la República del año 1833, bajo la presidencia de Jorge Montt.

Su primer alcalde fue Agustín Llona Albizu .Y ese mismo año a casi 12.000 kilómetros de distancia  de nuestra patria  en Roma el santo padre Leon XIII escribía la primera encíclica social llamada Conditione Epificum o condición de los trabajadores más conocida como Rerum Novarum que es la piedra angular del pueblo católico en la cuestión social y también de los Demócratas Cristianos.

Mientras tanto en Europa se vivía  la 2a revolución industrial que golpeaba con especial intensidad al sector agrícola que en Europa enfrentaba la gran Depresión  Agraria y empezaba a adaptarse a los avances  de la Revolución industrial.

En ese marco la Rerum Novarum analiza  las  relaciones y deberes mutuos entre el trabajo y el capital, así como entre los gobiernos y sus ciudadanos.

Frente al trabajo nos dice que se debe respetar en cada hombre su dignidad como persona.  Esta encíclica es la guía para la justicia social y el trabajo digno

Enfocando temas como:

– Defensa de la dignidad laboral

– Salario justo

– Derecho a la sindicalización

– Opción  por los más  vulnerables

– Cuestión social, lucha por la justicia  social entre otros temas.

En política  esta  encíclica  plantea una tercera vía  busca un camino intermedio entre el socialismo marxista criticado  por su materialismo y el capitalismo.

Rechaza la lucha de clases como motor político y al liberalismo extremo criticando la idea de que el mercado se regule solo sin importar la dignidad humana.

En resumen la encíclica Rerum Novarum marcó  el inicio de  la enseñanza social formal de la iglesia católica, influyendo  en políticas públicas y movimientos sociales durante el siglo XX.

Al cumplirse 40 años en el año 1931 de la Rerum Novarum el santo padre  Pio XI publicó  la encíclica Quadragesimo anno  fue una actualizaciones necesaria de la doctrina Social en un contexto de crisis  económica mundial y el ascenso    de los totalitarismo fascistas  de Hitler y Mussolini y de la Unión Soviética de Stalin quien era el secretario general del partido comunista.

Reconoce el impacto positivo de la Rerum Novarum en la legislación laboral y la organización  de los obreros reafirmando los principios de León XIII, restaura el orden social basado en la justicia y la caridad cristiana evitando tanto el  individualismo extremo como el colectivismo industrial.

Estas  encíclicas  recorrían las  universidades  del mundo y los  líderes jóvenes empezaron a buscar una tercera vía entre el  capitalismo salvaje  y el comunismo.

En Chile influyeron estás encíclicas entre otros a jóvenes como:

– Eduardo  Freí Montalva

– Bernardo Leighton

– Radomiro Tomic

– Jaime Castillo

– Renán Fuentealba

– Rafael Agustín Gumucio

– Manuel Antonio Garretón

– Ignacio Palma

– Andrés Zaldívar

– Mariano Ruiz-Esquide

– Patricio Aylwin

Y tantos  otros jóvenes que después dieron vida al  Partido Demócrata Cristiano.

Cuadragésimo año explica los principios de subsidiariedad y solidaridad, corporativismo y la organización social.

A los 80 años de escrita la Rerum Novarum el Papa  Montini , santo padre Paulo VI publicó la carta apostólica Octogésima Adveniens en el año  1971 donde refuerza el mensaje  de la Rerum Novarum sobre la dignidad laboral, el derecho a la propiedad y la necesidad de una distribución justa de la riqueza.  Se enfoca en la urbanización, la ecología y la marginación social.

Frente al compromiso político insta a los laicos a no ser pasivos y a trabajar por cambios estructurales en la sociedad.

Octogésima Adveniens reafirma el concepto de tercera vía y conceptos como personalismo o sea la persona y su dignidad por encima de la economía y el estado, subsidiariedad y justicia social.

Al cumplirse  los 100 años  de la encíclica social madre en el año 1991  el santo padre Juan Pablo II escribe la encíclica  Centesimus annus donde actualiza y reafirma los conceptos escritos  en la Rerum Novarum.

Finalmente  y en una frase  Rerum Novarum humanizo el trabajo  y sentó las bases para que la fe  cristiana se traduzca en acción política y justicia económica.

Hoy a 135  años   de la encíclica podemos  decir  que la tercera vía sigue siendo  relevante ante la polarización política y económica que vive nuestro país.

Humberto Salas Mayorga

Mucha controversia ha suscitado uno de los contenidos relacionado con el proyecto del gobierno que rebaja los impuestos corporativos; la reintegración total del sistema  tributario; rebaja para la repatriación de capitales y la exención de contribuciones a  los más ricos del país y de paso, intentos de convencer a la ciudadanía que no es así.

Se ha calculado los miles de millones de pesos que los dueños de las más  grandes empresas del país recibirían en sus arcas; se ha estudiado lo que el fisco dejaría de percibir; lo que cada uno de los diputados o senadores en miles de  dólares ingresarían a sus bolsillos votando el proyecto que los beneficiaría y por consiguiente acrecentando su propia riqueza en forma mágica sin mediar lo que tanto se le dice a las personas que para surgir en la vida se requiere “creatividad, esfuerzo y capacidad”, para ellos, nada de eso.

Nadie sensato puede negar  que gracias   a   esta   medida     política   acrecentarán   sus   propias   fortunas   votando positivamente a tan inmenso regalo y de paso a los más ricos de Chile, lo que hace recordar las palabras del presidente de los Estado Unidos Donald Trump el 22 de diciembre de  2017, al inicio de su primer mandato,  después de firmar una masiva reforma fiscal, viajó a su club privado en Florida y durante una cena con sus amigos millonarios les dijo: “Todos ustedes se acaban de hacer mucho más ricos”. Sincero el presidente Trump, sin complejos y transparente en ese momento; aquí no es verdad, no serán más rico una vez aprobado el proyecto.

Análisis económicos, financieros, sociales, presupuestario, etc. se lee se ve y se escucha en el periodismo nacional, sin embargo, nada se habla de la moral de quien  otorga la dádiva, los que la reciben y los que se verán beneficiados votando en el  parlamento, sin inhabilitarse por tener conflicto de intereses, y por consiguiente  acrecentando la fortuna de los poderosos  del país, demostrando la inmoralidad de  honorables   que   pisan   el   parlamento   con   el   discurso   de     “el   trabajador   o   la  trabajadora”; “la señora Juanita”; “el ciudadano de a pie”, etc.

En mi columna anterior resumí los porcentajes de quienes ostentan   la riqueza de Chile:

• El 1% más rico de Chile concentra el 49.8% de la riqueza total del país. (CEPAL)
• El 10% más rico acumula el 69,4% del patrimonio nacional.
• El 50% de menores ingresos, posee el 2,6% de la riqueza.
• El 17% de los hogares tiene “riqueza negativa”, (más deudas que activos)

Definido el panorama, cabe preguntarse si estos millonarios en dólares tienen la  necesidad de rebajas de impuestos  para que puedan invertir en el país, también  preguntar si no existe una contradicción asombrosa el hecho que se le determine  pagar   menos   impuestos   con   el   argumentos   que   esos   millones   de   dólares   lo invertirán incentivando la economía, generando más trabajo y a esos mismo se les  dice que le “rebajarán impuesto por la repatriación de capitales” ( ofrecer una tasa  especial del 10% para declarar bienes en el extranjero, reduciéndose al 7% si el  capital se invierte en el país) . En simple, sacaron capital generado en el país en  forma irregular; se les premia y se confía que no lo harán con las fortunas que  adquirirán debido a la rebaja del impuesto de primera categoría del 27 al 23 %.

Si los empresarios   más ricos de chile (1%  que venden más del 80% de lo que se  consume en país) tienen necesidad de una ayudita para invertir ya que no les  alcanza   con   lo   que   tienen,   cuesta   entender   que   el   gobierno   estime   que   sí   la  necesitan,   que   no   tienen   de   dónde   obtener   recursos   motivo   por   el   cual   es imprescindible “echar una manito” a ese sector de desvalidos.

Además, si es necesario rebajarles las contribuciones del bien raíz con valores de  viviendas superiores a los mil millones a acaudalados cuyo patrimonio va de 1.000  a 52.600 millones de dólares y tratar de persuadir  que no es ayudar a los más ricos,  es estar convencido que la mayoría de los chilenos somos estúpidos (con todas las  acepciones que indica la Real Academia de la Lengua Española, incluida la de  huevón), pero al parecer, nuestros gobernantes así lo creen.