La unidad como obligación: una reflexión inspirada en  el académico, historiador y columnista Alejandro San Francisco. La unidad no es una opción, sino una obligación moral para salvar a Chile del caos político actual.

Después de leer atentamente la columna de Alejandro San Francisco publicada el 3 de noviembre en El Líbero, en la que aborda la “unidad, diversidad y vocación” de las derechas en Chile, he sentido la necesidad de profundizar en su reflexión. Coincido, en términos generales, con su análisis, pero creo que es necesario llevar esta discusión un paso más allá, con un enfoque crítico hacia nuestra realidad política.

San Francisco plantea la importancia de la unidad en un contexto de diversidad y vocación dentro de la derecha chilena, pero considero que esta unidad no puede ser un simple ideal. En este momento crítico que vive el país, la unidad debe ser más que una aspiración: debe convertirse en una obligación moral y un compromiso tangible, especialmente en los próximos años que culminan en diciembre de 2025.

La unidad no puede limitarse a ser un eslogan vacío. Debe ser un compromiso real y concreto, sobre todo en vistas a la segunda vuelta de gobernadores que se avecina y a los desafíos políticos del próximo año. No basta con que los partidos políticos, en particular aquellos de la derecha, exhiban una fachada de cohesión; la unidad debe ser auténtica y centrada en el servicio al Bien Común.

Chile no se encuentra en su estado actual de caos e inseguridad debido a las Fuerzas Armadas o a la ciudadanía. Más bien, ha sido la clase política la que ha fallado al país, en gran parte por sus divisiones internas y la falta de compromiso con las promesas hechas a los votantes. Algunos políticos, en lugar de entender la “diversidad” como una oportunidad para enriquecer sus propuestas, han caído en caprichos egocéntricos y han olvidado su “vocación” de servicio.

San Francisco acertadamente destaca la necesidad de la unidad, pero yo iría más lejos: esta unidad debe ser una prioridad moral para proteger a Chile de la amenaza de una “revolución cultural” que busca borrar nuestras tradiciones republicanas, así como los valores fundamentales que sostienen nuestra sociedad, como la religión, la familia y la comunidad. La historia reciente nos demuestra que, cuando los partidos se dividen y priorizan sus disputas internas, terminan perdiendo la confianza del electorado, como ocurrió en la segunda vuelta presidencial de 2021.

Mirando hacia el exterior, podemos inspirarnos en los ejemplos de líderes como Bukele, Milei, Meloni y el resurgimiento de Donald Trump. Estos líderes han mostrado que, cuando hay unidad y un compromiso genuino con el Bien Común, se pueden lograr resultados que beneficien a la mayoría. Además, es crucial reforzar los valores de sentido común, pro familia y de seguridad que se destacan en países como Hungría y en los logros de Vox en España.

Estamos ahora a días de la segunda vuelta de gobernadores regionales, una instancia crucial para consolidar los logros recientes y dar un paso decisivo hacia un futuro mejor para Chile. Los ciudadanos están exigiendo un cambio, y lo han demostrado en las urnas. Pero para que este cambio sea duradero y efectivo, no basta con victorias puntuales. La oposición debe comprender la urgencia de la unidad y abandonar los protagonismos que tanto daño han hecho.

La unidad no debe depender de cálculos políticos ni de agendas partidistas, sino de un compromiso real con el bienestar de todos los chilenos. Hoy, la unidad no es un lujo ni una prerrogativa de los partidos políticos, sino una demanda legítima de la ciudadanía para proteger el futuro de nuestra nación.

Gracias a la columna de Alejandro San Francisco, se abre un espacio para esta necesaria reflexión. Sin embargo, debemos ir más allá de las palabras y trabajar en acciones concretas. Solo así podremos asegurar un Chile mejor para todos.

Saludos cordiales,

Christian Slater Escanilla.

Un patriota

Señor Director:

Un gran avance hacia la protección del pasajero es lo que promueve la nueva normativa que regula el equipaje en buses interurbanos, la cual obliga a que en los viajes de más de cinco horas, las empresas de servicios de transporte público de pasajeros deban entregar un comprobante por cada bulto o equipaje transportado con el nombre de la persona que viaja y su número de asiento.

Sin embargo, su implementación ha sido demasiado apresurada, generando importantes dificultades operativas para los transportistas al no darles el tiempo suficiente para adaptar sus equipos, y todo lo que ello conlleva en logística y coordinación para otorgar un buen servicio. Además, ha provocado confusión entre los usuarios, quienes no estaban al tanto de los nuevos límites de peso y número de bultos, sumado a que la infraestructura de terminales y buses no estaba preparada para cumplir con las exigencias de forma adecuada.

A todo esto, se suma un hecho relevante y es que la nueva medida no faculta a las empresas de transporte a poder exigir el carnet de identidad de las personas, situación que está en trámite. Por lo tanto, el equipaje puede incluir el nombre del pasajero, sin embargo, no es posible corroborar si corresponde efectivamente a su identidad.

Si bien coincidimos en la necesidad de una regulación y estamos de acuerdo en promover constantes acciones en beneficio de los usuarios, pensamos que una medida de esta magnitud requiere de un período de adaptación más extenso y paulatino, lo que habría sido fundamental para que las empresas del sector pudieran ajustar sus operaciones sin afectar a los pasajeros ni la calidad del servicio.

Simón Narli

Cofundador de Recorrido.cl

Señor Director:

El reciente reconocimiento del ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre el crecimiento nulo del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) en septiembre de 2024 ha provocado una mezcla de incredulidad e indignación entre la ciudadanía. Las palabras de Marcel, calificando la cifra como “decepcionante” y “claramente negativa”, dejan al descubierto una preocupante falta de previsión y solidez en la gestión económica del gobierno.

Resulta cuestionable que un gobierno que ha cometido errores repetidos en sus políticas trate de mitigar el impacto de sus fallos simplemente reconociéndolos públicamente. Este tipo de admisiones, de error y ensayo

que ya se ha hecho una costumbre en el Gobierno, pueden ser vistas, según la perspectiva de muchos, más como una estrategia de distracción que como un ejercicio de transparencia y responsabilidad. La economía es un pilar fundamental que afecta directamente las fuentes de trabajo, la inversión y la esperanza de millones de chilenos, y no puede ser manejada con ligereza o excusas que buscan minimizar la magnitud de las consecuencias.

El hecho de que el ministro de Hacienda haya atribuido parte de la cifra negativa a los feriados de fiestas patrias y a los días puente subraya un problema más profundo: la incapacidad de planificación y la falta de estrategias efectivas para contrarrestar factores previsibles. Estos argumentos pueden parecer insuficientes para justificar un rendimiento tan pobre en un contexto donde los ciudadanos esperan un liderazgo firme y soluciones concretas, no explicaciones que bordean en lo banal.

El panorama se torna más crítico al considerar que el crecimiento en los últimos doce meses solo alcanzó un 1%, muy por debajo de las expectativas y de las promesas iniciales. Es evidente que la situación económica ha superado las capacidades del actual gabinete, y las proyecciones optimistas de un mejor cuarto trimestre basadas en una baja de las tasas de interés se perciben con escepticismo.

En un país donde el bienestar de la población depende de una gestión responsable y eficaz, es comprensible que la indignación crezca cuando los encargados de liderar la economía parecen improvisar o manejarse con explicaciones simplistas. Esta pésima costumbre de algunos líderes, marcada por la ineptitud y la ignorancia, ha arrastrado al país a una situación de precariedad que afecta cada vez más la vida diaria de los chilenos. La irresponsabilidad en el manejo de la economía impacta no solo en las cifras, sino también en la vida diaria de los chilenos, exacerbando problemas como la delincuencia, el aumento de los suicidios y la disminución en la tasa de natalidad. La falta de oportunidades y la incertidumbre económica hacen que, para muchas familias, la idea de traer hijos al mundo sea una carga impensable y casi irresponsable en un país empobrecido por la ineptitud de sus líderes.

La economía no es un juego, y los errores en su manejo deben ser asumidos con consecuencias claras. La pregunta que surge es si el país debería considerar mecanismos más exigentes de responsabilidad pública, como tribunales de honor, para quienes tienen en sus manos el futuro económico de la nación. La paciencia de los chilenos no es infinita, y la falta de resultados, sumada a la repetición de errores y excusas, solo alimenta la frustración y la desconfianza.

Christian Slater Escanilla

Las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en junio de este año revelan una continua disminución de la natalidad en Chile, con una caída del 22,39% durante el primer cuatrimestre en comparación con el mismo período de 2023. Este fenómeno refleja claramente las transformaciones que está experimentando nuestra sociedad.

En los últimos 40 años ha bajado significativa y sistemáticamente la tasa de natalidad en nuestro país, además ha aumentado la edad en la que se tiene el primer hijo. Este cambio en la edad del tránsito hacia la maternidad es un fenómeno visto también en la mayoría de los países que conocemos como desarrollados. Pienso que es un error creer que esto es consecuencia de que las personas, y en particular las mujeres, de pronto decidieron crecer en lo personal o económico dejando para después la maternidad o la crianza. Esa es una mirada superficial, injusta y -a mi parecer- equivocada del fenómeno. Este cambio obedece a una transformación social más compleja que parte desde la redefinición de los roles tradicionales de género en una sociedad que es brutal para exigir a las mujeres cumplir con ciertas expectativas que operan como requisitos para alcanzar la “adultez responsable”.

Además, hoy en día las exigencias para la crianza se han intensificado y encarecido, en un entorno que no cuenta con los soportes públicos o sociales suficientes. Un ejemplo de ello es el costo actual de la educación, cuando no es estatal, en todos sus niveles. Respecto a las exigencias en la crianza, vivimos en un mundo en el que confiar el cuidado a terceras personas, o expresar cansancio a los hijos luego de un día de trabajo parece o se juzga como incorrecto. Sumen a ello la exigencia profesional y el rendimiento que se impone a las mujeres trabajadoras.

Ahora, el rol de la mujer actual en términos de  estudios, mayor participación en el  mercado laboral sí genera un impacto en estas cifras de baja natalidad,  pero en la medida en que como sociedad no somos capaces de compatibilizar los tiempos y exigencias que imponemos a las mujeres. Pienso que una sociedad madura incorpora la maternidad y la crianza, no las posterga en pos del desarrollo multidimensional de la mujer.

Por otro lado, la ausencia presencial y/o material  de los padres es un hecho recurrente en nuestra sociedad. Las estadísticas lo muestran y las leyes que han aparecido en el último tiempo destinadas a equilibrar el aporte económico en la crianza de los hijos son una expresión de esta ausencia. No digo que una mujer sola no pueda sustentar la crianza, de hecho, casi siempre lo hacen, lo que pienso es que esto requiere un esfuerzo adicional para el que muchas mujeres se preparan desarrollándose profesionalmente y alcanzando ciertas metas económicas (vivienda, ahorros) antes de la transición a la maternidad.

En este sentido creo, que regulando aún más la responsabilidad paternal en Chile, esto podría generar un cambio en la natalidad en Chile.  Sin duda  hemos avanzado en ese sentido. Sin embargo, sólo legislar no es suficiente. Un ejemplo de ello es que la tasa de solicitud de los permisos post natales para hombres es aún muy baja en nuestro país.

Una mirada de las políticas públicas

Pienso que la prolongación del postnatal, el mayor acceso a salas cuna y otras leyes van en el sentido correcto. Sin embargo, falta incorporar la crianza en el balance o en la planificación estratégica de las empresas y las instituciones del estado. Eso no se hace. Tampoco -salvo excepciones- se ayuda a las mujeres que quieren preservar fertilidad congelando óvulos. Esta es una manera razonable que ofrece la medicina de postergar la maternidad sin comprometer las posibilidades de embarazo cuando la mujer decida buscarlo. Es relevante hacer el punto en que las coberturas de salud públicas y privadas son todavía muy limitadas para este tipo de procedimientos, a pesar de que la natalidad es baja en Chile.

Por otro lado, aún falta mucho en la entrega de información relacionada a tratamientos  de fertilidad asistida. Por ahora está muy dirigida en ciertos grupos socioeconómicos o sociales, pero no es masiva. Mi opinión es que se debería incorporar en la educación sexual y reproductiva temprana, como una parte fundamental del ejercicio responsable de la maternidad.

Dr. Oscar Espinosa Cantero.

Especialista en Medicina Reproductiva de Clínica de la Mujer y Medicina Reproductiva, Viña del Mar.

El endeudamiento de los chilenos, que representa el 48,4% del PIB según el último informe del Banco Central, es una señal clara de la falta de educación financiera. Es más, 1 de cada 5 personas presenta una alta deuda, superior al 50% de su ingreso mensual. Durante décadas, el sistema educativo ha omitido esta formación esencial, dejando a las personas sin las herramientas necesarias para tomar decisiones responsables con sus finanzas.Es urgente que la educación financiera se integre desde la enseñanza escolar y/o universitaria para preparar a las generaciones a enfrentar los desafíos económicos actuales, promover el ahorro e invertir con criterio. Sin este conocimiento, las personas seguirán cayendo en el ciclo del endeudamiento.

No podemos seguir  auspiciando el consumo a crédito. Es hora de priorizar la educación financiera para construir una sociedad más informada y económicamente estable.

Julián Blas

Señor Director.

Me dirijo a usted con el propósito de expresar mi preocupación sobre las recientes declaraciones del senador Francisco Huenchumilla respecto a la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), a la cual describió como un grupo que ejerce “violencia política”, y no como una organización terrorista o de crimen organizado. Si bien el senador Huenchumilla, en términos técnicos, tiene razón al diferenciar entre crimen organizado y violencia política, es esencial que se clarifique lo que esto implica, particularmente en una región que ha sufrido las consecuencias de esa violencia.

En los años 2004 y 2005, cuando tuve el honor de desempeñarme como Comandante del Regimiento Tucapel en Temuco, compartí con Francisco Huenchumilla, entonces Alcalde de la ciudad, visiones muy similares respecto a la calidad humana y el amor por la tierra y la patria de los miles de mapuches de la región. Como él, creí firmemente en la importancia de reconocer la dignidad y el compromiso de los mapuches con su cultura y su entorno. Los propios soldados de ese regimiento, en su mayoría mapuches, eran un reflejo de esos valores, algo que está muy lejos de lo que hoy vemos en los grupos que, desarmados en su espíritu, someten a su propio pueblo mediante el miedo y el terror.

Es por eso que me causa profundo dolor y sorpresa lo que el senador ha manifestado recientemente. Este no es el Pancho Huenchumilla que yo conocí. Es innegable que la CAM, a lo largo de su existencia, ha recurrido a la violencia de manera premeditada y cruel. Un claro ejemplo de ello, entre muchos, es el planificado, cobarde, desproporcionado, cruel y sanguinario asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, dos ancianos indefensos, que fueron quemados vivos en su propia casa con el propósito de infundir terror, miedo y sometimiento en la población. Esto, más que “violencia política”, es terrorismo, y debe ser nombrado como tal.

Las palabras del senador Huenchumilla, en su calidad de copresidente de la Comisión de Paz y Entendimiento, no solo afectan la percepción de los hechos, sino que también pueden socavar los esfuerzos por encontrar una solución justa y duradera para la región de La Araucanía. La paz no se logrará si se minimizan actos tan brutales como los que han afectado a miles de personas en esa tierra que ambos hemos compartido y defendido. Por el bien de la Araucanía y las víctimas del terrorismo, espero que el senador corrija su comentario, ya que no refleja la gravedad de los actos cometidos por la CAM y el impacto devastador que estos han tenido en la región.

Atentamente,

Christian Slater Escanilla.

Coronel (R) del Ejército de Chile.

Señor Director:

Hoy se escuchan voces exigiendo perseguir a todos los magistrados involucrados en el Caso Audio, mientras se ignora a quienes han sido responsables de fallos injustos que han condenado a exuniformados.

En estos casos, se han utilizado ficciones jurídicas, se ha pasado por alto la “cosa juzgada”, se han presentado falsos testimonios y montajes periodísticos, y se ha aplicado la ilegal retroactividad de la ley, todo sin el debido proceso y sin respetar los derechos humanos de los investigados y condenados.

Cabe preguntarse si algún juez o ministro encargado de causas de derechos humanos contra exuniformados jamás ha recibido uno de “esos llamados” o si nunca ha tenido una visita cordial de algún representante de la izquierda o del Partido Comunista en su despacho. Los actuarios, secretarios o escribientes podrían dar cuenta de esta práctica tan peculiar, donde todos, en esas oficinas, coludidamente, respiran el mismo aire viciado.

Hace unos años atrás, recuerdo haber prestado declaración de manera voluntaria a favor de un exuniformado en una de esas oficinas, donde un connotado abogado comunista, sin ser parte del Poder Judicial,  se encontraba cómodamente instalado en el escritorio de al lado. ¡Qué coincidencia más conveniente!

Es momento de que se reconozcan formalmente estas influencias y maniobras que no solo son éticamente reprobables, sino también un atentado contra el debido proceso y la imparcialidad judicial que nuestras leyes y la Constitución exigen. Quizás sea hora de hacerlo presente… antes de que una investigación al respecto lo revele. O tal vez ha llegado el momento de denunciarlo, para reparar la ignorancia o ingenuidad de quienes fuimos testigos de estas situaciones.

Christian Slater Escanilla.

Recientemente, el informe “Monitor Global de Educación” de Ipsos dejó al descubierto la insatisfacción con el sistema educativo. Según este estudio, Chile ocupa el puesto 26 de 30 países en la valoración de su educación.  Además, tan solo un 15% de los encuestados chilenos califica la calidad de la educación como “buena”, mientras que un 49% la considera “mala”. Estos resultados son un llamado de atención para la sociedad en general.

Si bien, desde hace décadas se han presentado mejoras, la falta de confianza en el sistema educativo refleja problemas estructurales que han sido arrastrados por años, pero ¿dónde estamos fallando realmente?

El informe destaca que la educación en Chile es percibida como insuficiente en aspectos clave que deberían ser fundamentales en la actualidad. Fomentar la curiosidad, el pensamiento crítico y el bienestar del estudiantado son pilares que, según el 64%, 63% y 62% de los encuestados respectivamente, no están siendo considerados lo suficiente. Este diagnóstico refleja una visión de un sistema que sigue anclado a un modelo tradicional, que hoy debería estar más enfocado en el desarrollo integral de los estudiantes.

Asimismo, los encuestados consideran que la enseñanza de habilidades generales como la comunicación (60%), y que la enseñanza de las nuevas tecnologías, también están siendo descuidadas (59%). A esto se suma la percepción de que habilidades básicas como la lectura, escritura y aritmética, tampoco están recibiendo el enfoque necesario, según el 50% de los encuestados.

Entonces, ¿cómo podemos revertir esta situación? La solución es multifactorial, y si bien se necesita una constante inyección de recursos y reformas a los contenidos curriculares; también se requiere una transformación más profunda, que comience por revalorar el rol de los docentes como agentes de cambio, dotándolos de las herramientas necesarias para fomentar el pensamiento crítico, la curiosidad y el bienestar en las aulas. Además, necesitamos un sistema más inclusivo y equitativo, que ofrezca oportunidades reales de desarrollo a los estudiantes.

En Santillana Chile, seguimos trabajando en mejoras permanentemente para ser asociadas a las mallas curriculares o extraprogramáticas, es así que, este año hemos lanzado dos nuevas soluciones: Digital House Schools, una solución pedagógica que acerca las últimas tendencias tecnológicas – Diseño UX, programación, análisis de datos, entre otras- al entorno escolar y que está pensada para profesores no especializados y alumnos. También, Tecpro, solución de tipo maker, que entrega competencias actitudinales, comprensión del entorno desde la Robótica y la Electrónica, una mirada integral desde la STEAM y el fomento del trabajo colaborativo desde el aprender haciendo; un programa que se basa en las metodologías aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas y Design Thinking.

Sabemos que estos avances son necesarios y como personas ligadas a la educación, creemos que es fundamental que no solo se prepare a los estudiantes para rendir en pruebas estandarizadas, sino que también se les entregue las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos de un mundo cambiante y complejo. Para lograrlo, debemos ser capaces de reconocer nuestras falencias, tomar decisiones audaces y, sobre todo, escuchar a quienes más conocen la realidad en las aulas: nuestros estudiantes y docentes.

Por Alejandro Solari, Director General Santillana Chile

Señor Director:

Chile espera y los ciudadanos confiamos, que esta vez, no se perderán los audios.

Ya hemos visto desaparecer cajas fuertes, documentos, contratos, audios y computadores. Todo ello sin nunca saber de su contenido y sin ninguna responsabilidad para nadie.

No saber de los WhatsApp del celular de Luis Hermosilla o saber solo lo que el Fiscal Nacional estime necesario, como ya lo hizo presente, sería lo mismo: una forma distinta de robar información.

Christian Slater Escanilla.

Señor Director.

Agustín Squella, un defensor acérrimo de la “democracia sin apellidos” que se autodefine como un liberal en relación con los principios de libertad, igualdad y fraternidad. En su columna publicada en “El Mercurio” el 14 de agosto de 2024, critica nuevamente a quienes abogamos por una “democracia protegida”, reduciéndola a una mera preocupación por el “orden social”. Según Squella, “La democracia se encuentra en apuros. Siempre lo está. Hay poderes explícitos o agazapados que no la quieren para nada, sobre todo cuando se pide solo orden social y desean lo de siempre: poner el pie encima a aquellos que, además de Orden, no claudican en el deber de conseguirlo en un marco de libertades y no con cada policía, militar o milicia con el rifle puesto en la cabeza de quienes, prefiriendo la democracia, la reclaman sin apellidos”.

Este punto de vista puede resultar desconcertante, especialmente cuando se compara con la postura de países como Francia, un país que, paradójicamente, ha promovido históricamente los valores de libertad, igualdad y fraternidad, pero que también mantiene un arsenal de aproximadamente 290 ojivas nucleares, posicionándose como la cuarta mayor potencia nuclear del mundo. Este arsenal es justificado bajo la doctrina de disuasión nuclear, que sostiene que la amenaza de represalias nucleares es necesaria para prevenir un ataque y, en última instancia, para asegurar los mismos valores que Squella defiende.

La tensión entre los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, y la realidad de un arsenal nuclear, refleja una de las grandes paradojas de la política internacional. Mientras Francia busca proyectar estos valores de manera universal —valores sobre los cuales Squella podría hablar por semanas— también justifica su existencia y seguridad en un mundo donde la disuasión nuclear sigue siendo una realidad aceptada. Esta paradoja plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la seguridad, la ética en las relaciones internacionales, y cómo los valores pueden o deben ser aplicados en el ámbito global.

En este contexto, parece que Squella pasa por alto la complejidad de esta contradicción. Francia no solo contempla el uso de “un rifle” en manos de un militar o un policía, sino también el devastador poder de un “arsenal nuclear” que no distingue entre hombres, mujeres o niños, un arma capaz de arrasar con la misma humanidad que busca proteger los ideales de libertad, igualdad y fraternidad.

Mientras tanto, en Chile, por mandato de un político y no de un militar, seguiremos empleando “un fusil o una pistola”, no para tomarnos el poder, como son las pesadillas de Squella, sino para detener a delincuentes y terroristas que secuestran y matan a ciudadanos inocentes, y a soldados y carabineros que tienen hijos y familias, al igual que el resto de la sociedad. Estos no sueñan con golpes militares, sino con políticos decentes y líderes de opinión capaces de cooperar en la construcción de un Chile donde las Fuerzas Armadas no tengan que ser empleadas en tareas que no les corresponden, pero que deben asumir debido a la falta de capacidad y la ineptitud de los gobernantes, y la dejadez e ignorancia de una sociedad en decadencia.

Christian Slater Escanilla.