Señor Director,

 

El gobierno de Gabriel Boric será recordado como el Mega Fracaso Nacional. No dejó avances ni progreso, sino una serie de Mega Desastres en todas las áreas: seguridad, economía, justicia, educación y relaciones exteriores.

 

Los Mega Indultos:

 

Boric indultó a delincuentes reincidentes y a terroristas del estallido social, desprotegiendo a los ciudadanos. Los beneficiados con su “compasión” volvieron a cometer delitos graves, incluyendo homicidios.

 

El Mega Estado de Excepción Fallido:

 

La violencia y el narcotráfico se dispararon en La Araucanía y el norte del país, a pesar de los estados de excepción. La presencia militar no impidió más atentados ni asesinatos de Carabineros.

 

El Mega Caso Convenios:

 

Un escándalo de corrupción sin precedentes. 14 mil millones de pesos fueron desviados a fundaciones fantasma del oficialismo, demostrando la impunidad con la que operan.

 

El Mega Robo de Computadores y Caja Fuerte:

 

En medio del Caso Convenios, se robaron computadores y documentos clave del Ministerio de Desarrollo Social, en un aparente encubrimiento de pruebas.

 

El Mega Saqueo de CORFO:

 

El gobierno desvió 3,4 billones de pesos desde CORFO a Hacienda, sin explicar dónde fue a parar ese dinero.

 

La Mega Delincuencia Desatada:

 

Chile pasó a ser un país donde el sicariato, los secuestros y las extorsiones son parte del día a día. El Tren de Aragua y otras bandas criminales extranjeras operan sin restricciones.

 

La Mega Crisis en la Macrozona Sur:

 

El terrorismo en La Araucanía sigue en ascenso. La exministra Siches fue recibida a balazos en Temucuicui, reflejando la pérdida de control estatal.

 

Las Mega Tomas de Terrenos:

 

El gobierno optó por negociar con los usurpadores, dejando que la ocupación ilegal siga expandiéndose por el país.

 

La Mega Contratación de Amigos y Familiares:

 

El gobierno de Boric se convirtió en una agencia de empleos para militantes de su coalición.

 

Se multiplicaron los cargos de confianza, muchos de ellos sin experiencia ni preparación.

 

Casos de nepotismo descarado: familiares de altos cargos del oficialismo fueron contratados en ministerios y reparticiones públicas sin proceso competitivo.

 

Cargos sin función clara: Muchos asesores y operadores políticos han recibido sueldos millonarios sin demostrar gestión efectiva.

 

 

Las Mega Filtraciones de Audios:

 

El tráfico de influencias y la corrupción en el Poder Judicial quedaron en evidencia con los audios filtrados.

 

La Mega Destrucción de la Educación:

 

Se priorizó el adoctrinamiento ideológico en lugar de mejorar la enseñanza. Se recortó el financiamiento de los Liceos Bicentenario, y miles de estudiantes quedaron sin computadores ni útiles escolares.

 

Las Mega Bombas Molotov en Liceos:

 

Colegios emblemáticos se transformaron en centros de violencia, con alumnos organizando ataques y manipulando explosivos dentro de los establecimientos.

 

Los Mega Desaciertos Diplomáticos:

 

Boric ha sido un desastre en política exterior.

 

Mega bochorno con Argentina: Su canciller, Antonia Urrejola, fue grabada criticando a la administración de Alberto Fernández en una conversación privada, dañando la relación con el país vecino.

 

Mega insulto a España: En una visita oficial, Boric fue ignorado por el presidente Pedro Sánchez en un acto, lo que evidenció el deterioro de las relaciones con la península.

 

Mega papelón en la APEC: Durante la cumbre, Boric no fue tomado en cuenta por los líderes mundiales, demostrando la irrelevancia internacional de Chile bajo su mandato.

 

Mega servilismo con Venezuela: Su negativa a condenar con firmeza la dictadura de Maduro y su tibieza ante el asesinato de Ronald Ojeda, exmilitar venezolano, evidenciaron su sumisión ante el chavismo.

 

Mega ofensa a Israel: En un acto sin precedentes, Boric se negó a recibir las cartas credenciales del embajador israelí, dañando las relaciones diplomáticas con un país clave en tecnología y defensa.

 

 

La Mega Crisis Habitacional y la Falta de Reconstrucción:

 

Los damnificados de incendios siguen sin vivienda, mientras el gobierno desvió recursos a operadores políticos.

 

El Mega Apagón Nacional:

 

El país quedó a oscuras debido a fallas en la planificación energética, demostrando la incompetencia del gobierno.

 

Las Mega Reformas Fallidas:

 

Fracaso de la Reforma Tributaria, rechazada en el Congreso.

 

Fracaso del Proceso Constituyente, con dos plebiscitos rechazando su propuesta revolucionaria.

 

Pérdida de US$320 millones en sueldos y habilitación de oficinas para la Convención Constitucional, sin resultados.

 

 

La Mega Pérdida de Inversiones:

 

Chile ha perdido liderazgo en minería, energía e hidrógeno verde por culpa del exceso de trámites burocráticos y la incertidumbre política.

 

El Mega Cierre de la Fundición Ventanas:

 

750 trabajadores quedaron desempleados tras una decisión apresurada, debilitando la industria minera.

 

Los Mega Recortes a las Fuerzas Armadas y de Orden:

 

En plena crisis de seguridad, el gobierno redujo el presupuesto de Carabineros y las Fuerzas Armadas, debilitando aún más la lucha contra el crimen.

 

El Mega Alza de Tarifas Eléctricas:

 

Las cuentas de luz aumentaron más del 50% en un año, sin ninguna medida de mitigación del gobierno.

 

El Mega Encubrimiento de la Crisis del Tren de Aragua:

 

El secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda a manos del Tren de Aragua reflejó el colapso del control migratorio.

 

El Mega Despilfarro del Estado:

 

El dinero público ha sido utilizado para financiar propaganda, operadores políticos y eventos ideológicos, en lugar de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

 

Las Mega Renuncias en el Tercer Año de Desgobierno:

 

A solo un día del tercer aniversario de este desastre, la Ministra de Defensa, Maya Fernández y el asesor presidencial Miguel Crispi renunciaron, confirmando la crisis interna y la falta de rumbo del gobierno.

 

El Mega Juicio Político que Chile necesita, pero que no se atrevieron a impulsar:

 

Cualquier democracia madura habría sometido a Boric a un juicio político por corrupción, abandono de deberes y colapso institucional. Pero en Chile, la impunidad y la cobardía de la oposición permitieron que este desastre llegara a su fin sin consecuencias.

 

Este gobierno ha sido el peor de la historia reciente, y su “legado” será recordado por lo que realmente fue: una pesadilla de crimen, corrupción y caos. Los chilenos tendrán la oportunidad en 2025 de enterrar este desastre para siempre.

 

Christian Slater Escanilla

Señor Director:

Chile repite los mismos errores. En 2020, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, se implementaron las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), que desarmaron legalmente a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, condenándolas a una absurda indefensión frente a terroristas y delincuentes. Hoy, en 2025, el gobierno de turno insiste en profundizar esta política suicida.

Se nos ha vendido la falacia de la “proporcionalidad” en el uso de la fuerza como la gran solución. Es un error fatal. La proporcionalidad no protege al ciudadano honesto ni a la autoridad; protege al delincuente. La autoridad debe tener superioridad operativa, respaldo jurídico y la facultad de emplear la fuerza de manera efectiva y disuasiva. Pero este gobierno prefiere convertir a nuestros uniformados en fusibles desechables, seres humanos de segunda categoría cuyo sacrificio es aceptable, mientras que la vida de un delincuente parece valer más que la de un carabinero o un militar.

 

Además, jamás debió normalizarse el empleo de las Fuerzas Armadas en situaciones de orden público. Su rol es otro, y su intervención en estas circunstancias debe ser una excepción absoluta, no una solución permanente ante la incompetencia política o la falta de voluntad para fortalecer a las instituciones encargadas del resguardo interno.

 

Por el contrario, Carabineros de Chile debe ser el primer y más celoso guardián de su propio mandato. La mantención del orden público es su tarea, y nadie debería arrebatársela. Sin embargo, vemos cada vez más casos en los que carabineros son dados de baja por haber cumplido con su deber, y en otras ocasiones, sin el respaldo institucional necesario, han tenido que costear de su propio bolsillo su defensa legal. ¿Cómo puede esperarse que un funcionario policial actúe con determinación si sabe que, al hacerlo, se arriesga no solo a perder su carrera, sino a enfrentar un calvario judicial en total abandono?

 

Si un comandante, en cualquier época y en cualquier país, tuviera que enfrentar una situación donde sus subordinados estuvieran desprovistos de herramientas para cumplir su misión, expuestos a la agresión sin respaldo legal y convertidos en blanco fácil de turbas violentas, ¿no sería su deber moral y profesional exigir condiciones adecuadas para su seguridad y cumplimiento del deber?

 

Las Reglas de Uso de la Fuerza no pueden ser una excusa para la inacción ni una herramienta política para eludir responsabilidades. Si el costo de proteger la seguridad pública es seguir sumando nombres de carabineros, militares y policías caídos en cumplimiento del deber, entonces la historia juzgará con severidad a quienes, teniendo la posibilidad de corregir este error, optaron por la comodidad del silencio.

 

Mientras nuestras Fuerzas Armadas y de Orden estén sometidas a estas reglas injustas, seguirán muriendo soldados, carabineros y policías abandonados por un Estado que los considera prescindibles. ¿Quién protege a quienes nos protegen?

 

Chile está al borde del abismo de la anarquía. O corregimos este rumbo ahora o nos enfrentaremos a una nación sin ley, donde los delincuentes seguirán siendo intocables y los hombres y mujeres de uniforme seguirán cayendo sin justicia ni honor.

 

Basta ya de cobardía política y sumisión institucional.

 

Christian Slater Escanilla.

Coronel (R) del Ejército de Chile.

Tras uno de los eventos más devastadores de la historia de Chile, es momento de reflexionar sobre el rol que han tenido los seguros en la resiliencia del país frente a desastres naturales y otras crisis.

El 27 de febrero de 2010, Chile vivió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia. Con una magnitud de 8,8 en la escala de Richter y un posterior tsunami, el terremoto dejó un saldo de cientos de víctimas fatales, miles de damnificados y cuantiosas pérdidas materiales. Sin embargo, la respuesta del sector asegurador fue clave en la reconstrucción del país, permitiendo que miles de familias y empresas pudieran recuperarse en tiempo récord. A 15 años de aquella tragedia, es momento de reflexionar sobre el rol que han tenido los seguros en la resiliencia de Chile frente a desastres naturales y otras crisis.

Las aseguradoras pagaron más de USD $8 mil millones en indemnizaciones tras el terremoto de 2010, ayudando a miles de personas y negocios a mitigar las pérdidas y a retomar la normalidad. Esta rápida respuesta no sólo alivió a los asegurados, sino que también permitió que la economía del país pudiera recuperarse de manera más efectiva. La experiencia de aquel evento marcó un antes y un después en la percepción del seguro como una herramienta fundamental en la planificación del riesgo y la recuperación ante desastres.

“El terremoto de 2010 nos dejó muchas lecciones, pero una de las más importantes es la relevancia de contar con un seguro adecuado. Como corredores de seguros, nuestra labor ha sido educar y acompañar a las personas y empresas para que comprendan la importancia de proteger su patrimonio. La experiencia nos ha enseñado que un buen asesoramiento hace la diferencia en los momentos más difíciles.”, destaca Nicolás Williams, presidente de la Asociación Gremial de Corredores de Chile (ACOSEG).

El compromiso del sector no se ha limitado a los terremotos. Durante la pandemia de Covid-19, muchas aseguradoras decidieron no aplicar la exclusión de pandemia en las pólizas de salud, permitiendo a sus asegurados acceder a la cobertura médica en un momento crítico. Esta decisión ayudó a aliviar la presión sobre el sistema de salud pública y dio tranquilidad a miles de familias en uno de los períodos más difíciles de la historia reciente.

Incendios y cambio climático: nuevos desafíos para el sector asegurador

En los últimos años, el país ha enfrentado nuevos desastres de gran magnitud, como los incendios forestales en Valparaíso y, más recientemente, en la zona centro-sur del país. Estos eventos, cada vez más frecuentes, han generado pérdidas millonarias y han afectado a miles de chilenos. La industria aseguradora ha respondido con millones de dólares en indemnizaciones, permitiendo a los damnificados reconstruir sus vidas y sus bienes. Hoy, el seguro ya no es sólo un respaldo económico, sino un aliado esencial en la mitigación del impacto social y económico de estas tragedias.

“Desde nuestra experiencia, hemos visto cómo una respuesta rápida y eficiente puede marcar el rumbo de la recuperación tras un desastre. En 2010, el desafío fue enorme, pero el trabajo conjunto entre aseguradoras, corredores, liquidadores y asegurados permitió que las indemnizaciones llegaran en tiempo récord. Hoy seguimos enfrentando desafíos, como los incendios forestales y el cambio climático, y nuestra misión sigue siendo la misma: garantizar que quienes han sufrido pérdidas puedan recibir el apoyo necesario para salir adelante.”, señala Felipe Alonso, presidente de la Asociación de Liquidadores Oficiales de Seguros Independientes (ALOSI).

Este ejercicio de memoria nos debe llevar a preguntarnos si como país estamos mejor preparados para un siguiente evento importante, tanto desde la perspectiva privada como pública, y así,  poder enfrentar las consecuencias de este tipo siniestros de la mejor manera, logrando recuperar la normalidad en el plazo más corto posible.

Desde ACOSEG y ALOSI, señalaron que, por supuesto quedan desafíos pendientes para la Industria Aseguradora, como la incorporación de seguros inclusivos o lograr una mayor penetración de seguros en más sectores de la sociedad, para que el costo individual y social sea el menor posible, mitigando los efectos que causa un evento de grandes proporciones.

A 15 años de uno de los eventos naturales más devastadores de la historia de Chile, los corredores y liquidadores de Chile, como parte del sector asegurador, mantienen su compromiso con la resiliencia del país, adaptándose a nuevos desafíos y reforzando su papel como un pilar fundamental en la recuperación de Chile frente a desastres.

ACOSEG

Señor Director:

A 15 años del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, la tragedia no solo dejó destrucción y muerte, sino también una profunda herida en la justicia chilena. Más de 150 personas murieron ahogadas porque el Estado, en vez de advertirlas del peligro, las dejó a merced del mar. La negligencia fue evidente: no hubo alerta de tsunami, no hubo evacuación efectiva, no hubo liderazgo ni coordinación.

El gobierno de la época, encabezado por Michelle Bachelet, junto con su Ministro del Interior, la ONEMI, el SHOA y otras autoridades responsables, falló estrepitosamente. Mientras la Armada tenía información sobre la inminencia del tsunami, un funcionario de la ONEMI en Dichato tranquilizaba a la población con un megáfono, asegurando que no había riesgo. Minutos después, el agua se llevó todo a su paso.

 

Las familias de las víctimas esperaron justicia, pero nunca llegó. En cambio, lo que sí ha llegado es la persecución implacable contra otros “agentes del Estado”: los exuniformados. A ellos no se les exige prueba alguna, basta con haber pertenecido a una unidad militar en determinado período para ser condenados a cadena perpetua. Se les encarcela con juicios basados en ficciones jurídicas y se les aplica un sistema judicial derogado en 2005, pero que sigue vigente solo para ellos.

 

Esta no es una afirmación antojadiza. Incluso el expresidente uruguayo José Mujica, exguerrillero, reconoció que en su país hubo acusaciones fraudulentas para incriminar a exmilitares. Lo que ocurre en Chile y Argentina sigue el mismo patrón: una persecución con fines políticos, disfrazada de justicia.

 

Si la justicia fuera realmente equitativa, los responsables del 27F estarían tras las rejas, condenados bajo los mismos criterios que hoy se aplican contra los exuniformados. Si se castiga sin pruebas a unos, que se haga lo mismo con los civiles que fallaron en su deber, o que no se haga con nadie.

 

El 27F no solo marcó una catástrofe natural, sino que también expuso la inconsistencia del sistema judicial chileno. Mientras algunos enfrentan juicios políticos, otros, con responsabilidad directa en la muerte de más de 150 personas, siguen libres e intocables.

 

Christian Slater Escanilla.

 

Coronel (R) del Ejército de Chile.

Señor Director:

Este 12 de febrero se conmemoró un nuevo aniversario de la Batalla de Chacabuco, un hito clave en la independencia de Chile y Perú. Sin embargo, como ha ocurrido en años anteriores, pasó prácticamente desapercibida. Ni el gobierno, ni la mayoría de los medios, ni gran parte de la sociedad parecieron darle la importancia que merece. Mientras en Chile el verano y las vacaciones de febrero acaparan la atención, en Argentina, como siempre, sí fue recordada por su Ejército y la ciudadanía.

No es casualidad. Desde hace años, la batalla cultural ha desplazado nuestra historia. Se promueven relatos que distorsionan o minimizan episodios fundamentales, restando mérito a figuras como Bernardo O’Higgins y el Ejército Libertador de los Andes. Es preocupante que la memoria histórica de nuestro país se esté debilitando hasta el punto de que una de las gestas más estratégicas de la independencia sea ignorada o relegada a un simple acto protocolar.

Pero la responsabilidad no es solo del mundo político o académico. También debemos hacer una autocrítica como sociedad y como Ejército de Chile. Durante décadas, hemos permitido que se borren o relativicen las grandes gestas patrióticas. Hemos aceptado con indiferencia que nuestra historia se difumine bajo la presión de agendas ideológicas o simplemente por la comodidad de no incomodar.

Es hora de recuperar nuestra identidad y fortalecer nuestra memoria histórica. La independencia de Chile no fue un hecho fortuito ni un simple trámite administrativo. Fue el res

Señor Director:

 

El retiro del Monumento al General Manuel Baquedano en marzo de 2021 fue consecuencia de la absoluta falta de resguardo estatal ante su sistemática vandalización. Sin embargo, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) pretende ahora impedir su reinstalación en la Plaza Baquedano, desafiando lo dispuesto en la Ley N° 4.328, que en 1928 ordenó su emplazamiento en ese lugar.

 

El abogado y exministro del Tribunal Constitucional, Jorge Correa Sutil, ha señalado con acierto que el CMN carece de la representación y la legitimidad democrática para revocar una decisión tomada mediante una ley de la República. Un organismo administrativo no tiene facultades para pasar por sobre el Congreso Nacional y modificar, sin base legal, la ubicación de un monumento erigido por disposición legislativa.

 

El General Baquedano no es patrimonio de una institución en particular, sino de todo Chile. Su figura representa un legado histórico ligado a la Guerra del Pacífico y a la consolidación de la República. Permitir que su estatua sea desplazada por decisión de un organismo sin atribuciones para ello abre la puerta a la arbitrariedad y al debilitamiento del Estado de Derecho.

 

El Ejército cumplió con su deber al retirar, custodiar y restaurar la escultura. Ahora, corresponde que las autoridades cumplan con el suyo: restablecer el monumento en su ubicación original, tal como lo establece la ley. La memoria histórica de Chile no puede ser manipulada por presiones políticas ni por decisiones administrativas sin respaldo legal.

 

Atentamente,

 

Christian Slater Escanilla.

 

 

Coronel (R) del Ejército de Chile

Donald Trump ha redefinido la política exterior de EE.UU. con una doctrina que prioriza la influencia sobre la intervención militar. La “War of Influence” no se libra con tropas en el terreno ni bombardeos, sino con sanciones, presiones económicas y reconfiguración de alianzas.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha dejado en claro que el rol de las Fuerzas Armadas es proteger el territorio nacional, no sostener el orden global a costa de EE.UU. Sin embargo, su estrategia enfrenta desafíos: terrorismo, crimen organizado y burocracias globalistas que ven amenazados sus intereses.

 

China es el principal adversario de esta guerra. Trump ha intensificado sanciones, restringido la tecnología clave y promovido la relocalización industrial para reducir la dependencia de Pekín. Sin armas, pero con una estrategia de máxima presión, busca contener su expansión económica.

 

En Europa, la OTAN enfrenta una transformación. Trump exige que los aliados financien su propia defensa, desmantelando el modelo de “seguridad gratuita” que predominó durante décadas.

 

El globalismo también es un blanco de la “War of Influence”. Trump ha recortado fondos a la ONU y otras organizaciones multilaterales que operan con burocracias infladas y agendas políticas ajenas a los intereses estadounidenses.

 

Esta estrategia busca restaurar la soberanía de EE.UU. sin entrar en conflictos que drenen su economía. Sin embargo, la gran incógnita es cuánto tiempo podrá sostenerse sin que sus adversarios provoquen una crisis que lo obligue a recurrir a la fuerza militar.

 

La batalla ya comenzó. No con misiles, sino con sanciones, diplomacia y presión económica. El mundo está presenciando una nueva forma de guerra, donde la victoria no se mide en territorios ocupados, sino en la capacidad de EE.UU. para reestructurar el orden global sin disparar un solo proyectil.

 

Christian Slater E.

 

Coronel (R) del Ejército de Chile.

Señor Director.

¿Por qué los presos pueden votar y los militares no?

En Chile, quienes están en prisión y reúnen ciertos requisitos pueden votar en sus respectivas cárceles, con mesas habilitadas por el SERVEL y Gendarmería. Sin embargo, los uniformados que custodian el proceso electoral o que están desplegados en zonas de conflicto, como la Macrozona Sur, no pueden ejercer su derecho al voto porque la ley les exige sufragar en su mesa de inscripción original, sin opciones de voto anticipado ni en su lugar de servicio.

 

Esta situación es una clara discriminación. Si el Estado garantiza el derecho al voto de los presos, con mayor razón debe hacerlo con aquellos que protegen la seguridad y el orden público. Es urgente una reforma que permita a los uniformados votar en mesas habilitadas en cuarteles o zonas de despliegue, con voto anticipado o mecanismos flexibles, asegurando su participación sin afectar sus funciones.

 

Negarles este derecho mientras se facilita el voto de reclusos es una contradicción que debe corregirse si queremos fortalecer la democracia.

 

Christian Slater Escanilla.

 

Coronel (R) del Ejército de Chile.

Sr Director

• Según datos proporcionados por ALTO Chile, las cinco comunas con mayor incidencia de delitos contra la propiedad y el patrimonio que afectaron a la industria del retail durante el año 2024 corresponden a La Florida con 2.095 eventos, Maipú (1.532), Puente Alto (1.493), Viña del Mar (1269) y Ñuñoa (1.186).
• Además, el total de eventos delictivos que afectó a la industria del retail  fue de 33.313 casos, dichos  eventos delictivos más frecuentes por tipo y cantidad fueron: hurto, con 29.701 casos; robo de vehículos, con 1.912 incidentes; robos con intimidación y violencia, con 793;  lesiones y amenazas, con 450 reportes; daños, con 216 registros; y estafas y fraudes, con 145 casos documentados.

Santiago, 2025.- Los eventos delictivos y, particularmente aquellos que tienen un componente violento representan un desafío crítico para el sector retail, impactando no sólo en el patrimonio, y la seguridad de los trabajadores y clientes, sino también la sostenibilidad operativa de los negocios. Estos incidentes afectan, por un lado, directamente la seguridad, ya que ponen en riesgo tanto a trabajadores como a clientes, lo que implica mayor inversión de recursos de las empresas en medidas de protección y estrategias de prevención. Y, por otro lado, los delitos tienen un efecto negativo en los resultados financieros, ya que los robos y hurtos generan mermas económicas significativas, afectando la rentabilidad y operatividad de los establecimientos.

Según datos proporcionados por ALTO Chile, las comunas con mayor incidencia de delitos contra la propiedad y el patrimonio que afectaron a la industria del retail durante 2024 fueron  La Florida con 2.095 eventos, Maipú (1.532), Puente Alto (1.493), Viña del Mar (1269) y Ñuñoa (1.186), ocupando los cinco primeros lugares en cantidad de eventos delictivos registrados.

Respecto a la variación porcentual de eventos delictivos de esta naturaleza para las comunas ya mencionadas en comparación con el año 2023, los datos son los siguientes: La Florida registró una disminución del 19%, Viña del Mar un 1% menos y Ñuñoa un descenso del 8%. Por otro lado, Maipú presentó un incremento del 10% y Puente Alto un aumento significativo del 25%.

Por otro lado, en 2024, de un total de 33.313 eventos delictuales que afectaron al retail a nivel nacional, los eventos delictivos más frecuentes por tipo y cantidad fueron el hurto con un total de 29.701 casos; robo de vehículos motorizados, con 1.912 incidentes; robos con intimidación y violencia  con 793 casos; lesiones y amenazas, con 450 reportes; daños, con 216 registros; y estafas y fraudes, con 145 casos documentados.

Eduardo Hernández, Gerente Legal de ALTO en Chile, destaca que durante el 2024 se presentaron 5.370 querellas para este sector del comercio, alcanzando un aumento de un 9% respecto al periodo 2023, y se obtuvieron 882 sentencias condenatorias para este tipo de delitos. Por otro lado, llama la atención que la cantidad de detenidos descendió un 16% si se compará con iguales datos del 2023., mientras que el ticket  promedio reportado en casos terminados con condena fue de $202.618.

“En cuanto a la reportabilidad de eventos, observamos en nuestros clientes para este sector del comercio un aumento del 6% en 2024 en comparación al año anterior, siendo agosto el mes con más reportes, mientras que en 2023 noviembre concentró el mayor número de delitos.Por otro lado, los delitos de robos con intimidación y violencia, los cuales representaban un 5,1% del total de delitos que afectaban al Retail el 2023, pasaron a representar un 2,4% durante el 2024, lo que se traduce en una baja del 18%” agrega.

Bajo este contexto el profesional es enfático en señalar que “ALTO ha enfocado sus esfuerzos en potenciar el uso de plataformas tecnológicas construidas a la medida y que permiten sistematizar de forma correcta y efectiva, los eventos delictuales que afectan a sus clientes , lo que a su vez permite activar  de manera oportuna  estrategias orientadas a la prevención y persecución del delito resguardando debidamente los los intereses de nuestros clientes. Mediante este proceso no sólo buscamos lograr resultados favorables en términos legales, sino también contribuir a la reducción de la criminalidad a nivel nacional a través de un trabajo colaborativo con los actores institucionales a cargo de la persecución penal del Estado, esto es, el Ministerio Público y las policías”.

“Además, esta acción tiene como objetivo generar un efecto disuasivo en la red de clientes de ALTO, buscando incidir en las conductas delictuales reiterativas de los infractores de ley penal, y con ello impactar en la generación de espacios más seguros, como  tiendas de nuestros clientes”, finaliza.

Señor director,

La implementación de la Ley Fintech constituye un gran hito al incluir el registro de la actividad de los influencers que tienen la “capacidad o finalidad de influir en un comportamiento de la audiencia sobre la conveniencia de invertir en algún tipo de instrumento financiero”.

Es innegable que los creadores de contenidos se han convertido en un actor relevante en los últimos años dado el crecimiento de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Eso también incluye, por cierto, al marketing y la publicidad, tomando incluso un rol protagónico en campañas y estrategias. Por eso es importante la aplicación de medidas de este tipo que abren camino a la regulación de su actividad en un área tan sensible para el consumidor como lo es su dinero.

 

La supervisión es relevante, pues al tener miles de seguidores y tal como su nombre lo indica, los influencers tienen gran influencia en el comportamiento y decisiones de su audiencia. Un contenido erróneo en esta materia, o que abuse del desconocimiento de las personas, puede suponer un gran perjuicio. Eso incluye a quienes hacen recomendaciones financieras en nombre de otros.

 

Es por ello la necesidad imperiosa de regular esta actividad para que las redes sociales sigan siendo oportunidad y no un riesgo para la industria, y así no afectar las confianzas.

 

Rodrigo Francischini

Director de Operaciones y Negocios TBWA