CARTA ABIERTA DE RECLAMO PARTIDARIO EN D-12

Compañeros/as Comisión Política

Partido Socialista de Chile

En reciente conocimiento de lo acordado por ustedes referido a las candidaturas parlamentarias, nos encontramos ingratamente sorprendidos, por lo tanto, de común acuerdo los militantes del comunal de La Florida y que correspondemos al distrito 12, queremos hacer llegar nuestro profundo malestar ante la designación cupular tomada, por la posibilidad cierta de que las candidatas a diputadas de nuestro distrito sean CLAUDIAN HASBUN y LI FRIDMAN, los nombres que han trascendido.

No tenemos nada personal contra ellas como personas. Pero si graves discrepancias por su forma de designación ya que estamos todo/as  de acuerdo de que una no tiene ni 5 años de militancia en nuestro partido y la otra es una actriz sin militancia conocida y trabajo territorial desconocido, que además a ambas  ni siquiera la conocemos en el comunal. Ni en este ni en el de puente alto, que conformaran el distrito 12.

 

Al parecer compañeras/os ustedes,  tienen poca o mala memoria, ya olvidaron que tuvimos la mala experiencia tener del actor Jorge Gajardo (Pelao de los Venegas) que entrego la Alcaldía a Rodolfo Cárter.  Por lo que no queremos repetir la misma historia. Basta de pasar por alto a la militancia y el abnegado trabajo para obtener estos cupos. Siendo que además el partido debe pelear el cinco por ciento para seguir su existencia legal.

Suscriben

Luis Fuentes

Rodrigo Villegas

(SIC)

Nota: la carta fue enviada por un militante PS-Maipú a espera que la directiva local de Maip{u presente algo similar por no tener candidato en el distrito por quien votar.




El postergado adiós a las tarjetas de coordenadas

Un salto real en la seguridad bancaria

Hay decisiones que parecen técnicas, pero en realidad son de sentido común. El retiro de la tarjeta de coordenadas es una de ellas. Durante años, los bancos en Chile protegieron operaciones sensibles con un cartón plastificado que, si bien fue útil en su momento, hoy equivale a dejar la llave pegada en la puerta: cómodo, pero altamente vulnerable.

Hasta hace unos días, la norma de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) establecía que la tarjeta de coordenadas desaparecería el 1 de agosto de 2025, dando paso obligatorio a la Autenticación Reforzada de Clientes (ARC) en operaciones críticas. Sin embargo, la institución acaba de anunciar que la medida se posterga un año: será exigida recién a partir del 1 de agosto de 2026 para dar más tiempo a los bancos para ajustar sistemas, capacitar personal y asegurar soluciones inclusivas para todos los usuarios.

¿Nos pone esto a la vanguardia global? No. Pero sí nos alinea —aunque más tarde— con estándares internacionales como la Strong Customer Authentication (SCA) del reglamento PSD2 europeo, que exige múltiples factores independientes y, como elemento clave, el vínculo dinámico: un mecanismo que ata la autenticación al monto y al destinatario de la operación, invalidándola automáticamente si algo cambia.

Este modelo, bien aplicado, reduce drásticamente el fraude en pagos remotos y mejora la trazabilidad del sistema. La evidencia es clara: Microsoft calcula que activar múltiples factores de autenticación disminuye en un 99 % el riesgo de cuentas comprometidas. Google, por su parte, reportó cero incidentes de phishing tras adoptar llaves de seguridad con estándares FIDO, que operan con códigos temporales generados desde hardware y con verificación criptográfica real.

En Chile, el debate público ha girado en torno a la inclusión: ¿qué pasa con los adultos mayores que no usan smartphones? La respuesta existe y ya está en marcha: tokens físicos equivalentes, enrolamiento asistido en sucursales y soporte accesible. La seguridad no tiene por qué ser excluyente si se diseña bien.

Con un año extra sobre la mesa, el riesgo es que el impulso se diluya. Que la prórroga sea excusa para demorar inversiones o postergar mejoras. La autenticación reforzada no debe convertirse en una promesa eterna; tiene que ser una experiencia simple, medible y accesible. El enrolamiento debe tomar minutos, no semanas. Los tokens deben estar disponibles en sucursal sin burocracia. El soporte debe funcionar a la primera. Y deben existir métricas públicas que demuestren avances concretos: usuarios activos, reducción de fraudes, éxito en la activación de biometría.

La CMF ya reguló y entrego nuevos plazos. La banca tiene ahora tiempo extra para perfeccionar la implementación. Y los usuarios, la oportunidad de prepararnos: activar biometría, familiarizarnos con nuevos métodos y no aprobar nunca lo que no iniciamos. Si cada actor aprovecha este año adicional, el resultado seguirá siendo tangible: menos fraude, más confianza y un sistema donde la seguridad deje de depender de un papel impreso para integrarse, de verdad, en cada transacción.

Fernando Abrego.




Más mujeres en los directorios

Señor director:

En julio hubo un importante avance en nuestro país, eso hay que reconocerlo, ya que el Congreso aprobó la ley que aumenta la participación de mujeres en directorios. Esto, justo en un año en que no hubo más inclusión femenina en estas instancias de las empresas del IPSA tras las juntas de accionistas del mes de abril. Es muy importante que las grandes profesionales del país vayan asumiendo más puestos de liderazgo y de toma de decisiones corporativas, que muchas veces están 100% dominadas por hombres.

Más allá de esta buena noticia para la equidad de género en el ámbito empresarial, quedan varios temas que deben ser considerados. Se necesita más que una legislación para llegar a estas instancias decisivas en las compañías. Resulta fundamental la formación académica. Luego, la experiencia profesional es clave para el correcto desempeño en estos espacios de toma de decisión.  Sin duda ambos elementos no son impedimento hoy, puesto que existen grandes profesionales en el país, que están desarrollando brillantes carreras al interior de la empresas.

El tercer factor es la motivación personal y el deseo por asumir estas funciones de forma genuina por las mujeres. Esto permite el despliegue de la creatividad y los puntos de vista al interior de las mesas directivas.  Sólo así el cuoteo no terminará como una mera obligación y efectivamente producirá el avance que muchos esperamos hace años.

Gonzalo Jiménez Seminario

Profesor adjunto Ingeniería & MBA UC




Niñez activa, futuro saludable

Señor Director:

En el marco del Día del Niño, propongo que dejemos de mirar esta fecha únicamente como una oportunidad de consumo y comencemos a valorarla como un momento para hablar de desarrollo infantil. Entre tantas pantallas, rutinas sedentarias y diagnósticos de salud mental en aumento, promover el deporte desde la infancia ya no es solo deseable, es urgente.

Incorporar la actividad física como parte del día a día de niñas y niños no se trata solo de prevenir enfermedades o gastar energía. El deporte enseña a ganar y perder, a respetar turnos, a trabajar en equipo y a desarrollar perseverancia. Cuando estas experiencias están mediadas por el juego, se transforman en hábitos duraderos y en una fuente genuina de bienestar.

Por eso, en vez de regalar juguetes que quedarán olvidados en poco tiempo, tal vez valga la pena pensar en regalar experiencias que dejen huella. Una clase, una inscripción, una tarde de partido. Incentivar el deporte en la niñez no es solo una buena idea, es una necesidad país.

Daniela Baytelman




Volver a creer en la política.       

No es fácil entender la política hoy. El centro político, otrora columna vertebral de los  grandes acuerdos, parece desdibujado. Y, sin embargo, asistimos al curioso espectáculo de  ver a casi todos los candidatos —incluso los de la derecha más dura— haciendo guiños al  ideario socialdemócrata.

En medio de esa confusión, hay una candidatura que emerge con honestidad desde la raíz  popular y que se aproxima con decisión al espíritu del socialismo democrático: la de Jeannette  Jara. Aunque su origen está en el Partido Comunista, ha expresado una voluntad genuina de  diálogo y unidad con la centroizquierda —con esa alianza histórica que conformaron PPDs,  socialistas, Radicales, Liberales y Democratacristianos, y que construyó buena parte del país  que hoy conocemos.

 

Porque hay una historia que vale la pena recordar: los años en que, tras la noche larga de la  dictadura, Patricio Aylwin nos enseñó a reconciliarnos con la democracia, Eduardo Frei  impulsó la modernización del Estado, y Ricardo Lagos nos hizo creer que Chile podía caminar  con dignidad entre las naciones del mundo.

 

Y luego vino Michelle Bachelet, que nos recordó que el desarrollo sin justicia social es solo  una promesa vacía. Ella fue quien puso el acento en que la igualdad debía dejar de ser un  ideal lejano y convertirse en un derecho concreto para quienes más lo necesitan. Avanzó en  educación gratuita, en derechos de las mujeres, en salud pública, y en una mirada más  inclusiva del país.

 

Ese espíritu transformador, profundamente político y profundamente humano, sigue siendo  necesario. Hoy más que nunca. Porque el Estado mantiene un rol insustituible en la  conducción del desarrollo, pero también porque debemos atrevernos a confiar más en la  creatividad y el empuje del mundo privado, especialmente de las pequeñas y medianas  empresas.

 

Ahí vuelve a cobrar sentido la CORFO, que alguna vez fue sinónimo de industrialización y  futuro. Ese organismo necesita renovarse, abrazar los desafíos de una economía global marcada por la inteligencia artificial, la automatización y la transición ecológica.

 

 

Es tiempo de volver a creer. En la política con mayúscula. En el diálogo, en la unidad y en la  capacidad del Estado de servir con eficiencia y transparencia. La historia ya nos demostró  que los grandes cambios son posibles cuando se juntan ideas, coraje y sentido de país.

 

Nolberto Salinas R.




LA SOCIEDAD CÓMPLICE.

Señor Director:

Estamos cometiendo un crimen… y le decimos justicia

Chile se vanagloria de ser un país que respeta los derechos humanos y defiende el Estado de Derecho. Pero hay una realidad vergonzosa que muchos prefieren no ver: estamos cometiendo un crimen —jurídico, ético y humano— contra un grupo específico de personas, y lo hacemos bajo el cómodo disfraz de “justicia”.

 

Cuesta comprender cómo, en pleno 2025, todavía se estén juzgando a exuniformados bajo un sistema inquisitivo que fue reemplazado hace ya dos décadas. El nuevo sistema procesal penal rige en Chile desde el año 2005, consagrando garantías básicas como la imparcialidad del juez, el derecho a una defensa efectiva, la oralidad y la publicidad de los juicios.

 

Sin embargo, cuando se trata de quienes vistieron uniforme durante el Gobierno Militar, pareciera que el tiempo procesal se detuvo. Se les sigue juzgando bajo procedimientos que concentran en un mismo juez la investigación, la acusación y el fallo, en flagrante contradicción con el principio del debido proceso y con los estándares internacionales que el mismo Estado chileno dice respetar.

 

Yo puedo entender que un delito de lesa humanidad sea, conforme al Derecho Internacional, imprescriptible e inamnistiable. Lo que no puedo comprender ni aceptar es que dicho delito se investigue y sancione en Chile bajo un sistema judicial ya extinto, que entrega al juez amplias facultades discrecionales, permitiéndole actuar según su propia conveniencia judicial o ideológica, amparando con ello un relato oficial parcial, sesgado y carente de imparcialidad.

 

¿Qué explica esta anomalía jurídica? ¿Qué teme el Poder Judicial al aplicar el mismo estándar de justicia que exige a todos los demás ciudadanos? ¿Por qué mantener procesos abiertos durante décadas, reabrir causas ya concluidas o fundar sentencias en presunciones y testimonios dudosos, sin pruebas materiales ni respeto por la cosa juzgada?

 

Algunos dirán que se trata de justicia. Pero cuando se ignoran principios básicos del derecho penal moderno, cuando se niega el acceso a beneficios carcelarios por edad avanzada o enfermedades terminales, y cuando se exige el “arrepentimiento” como requisito para considerar un trato digno, lo que se observa no es justicia: es venganza.

 

Y lo peor: para muchos de estos hombres —ya ancianos, enfermos, abandonados—, esto se ha transformado en un castigo eterno. No por lo que hayan hecho o dejado de hacer, sino por lo que representan para una parte de la élite política, judicial y comunicacional de Chile. Una condena simbólica que no termina con la sentencia, ni con la cárcel, ni con la muerte.

 

El Estado no puede seguir actuando como espectador ante este escenario. No puede mantenerse indiferente frente a denuncias fundadas de manipulación judicial, testigos cuestionables o presiones ideológicas. Lo que está ocurriendo en Chile —según muchas voces expertas— podría configurar una forma selectiva y anómala de persecución penal. Y si eso es así, no estamos ante un sistema de justicia, sino ante una maquinaria de revancha, administrada por quienes juraron defender la Constitución y el Estado de Derecho.

 

La justicia no puede ser ideológica. No puede servir para escribir la historia oficial. Y mucho menos, puede ser el instrumento para castigar de por vida a quienes sirvieron a la patria bajo circunstancias que el mismo país les exigió enfrentar.

 

Christian Slater E.

Coronel (R) del Ejército de Chile

Un patriota sin partido político




Un Quijote entre ruinas políticas

Señor Director:

La renuncia de Alberto Undurraga a la presidencia de la Democracia Cristiana, tras la decisión de su partido de respaldar la candidatura presidencial de Jeannette Jara, es mucho más que un gesto político. Es una señal de coherencia en tiempos en que esa virtud escasea.

Undurraga no se fue por capricho ni cálculo. Se fue por principios. Porque entendió que hay límites que no se deben cruzar, incluso cuando la mayoría lo haga. Porque comprendió que ser leal a una historia, a un electorado y a una identidad política vale más que aferrarse a un cargo a cualquier precio.

 

En medio de una política cada vez más dominada por pactos sin alma y convicciones desechables, su paso al costado no es una derrota, sino un acto de dignidad. Y por eso merece ser reconocido.

 

Atentamente,

Christian Slater E.

Coronel (R) del Ejército de Chile.

Un patriota sin partido político.




¿Queremos avanzar? Estamos estancados

Señor director:

Sacar adelante un proyecto es como echar a andar un auto con el freno de mano puesto. El reciente fallo de la I. Corte de Apelaciones de Copiapó, que obligó a la Seremi de Salud a pronunciarse ante una solicitud de la empresa Solenor, expuso que la injustificada demora de la autoridad es una vulneración a los derechos fundamentales amparados por nuestra Constitución. Esto, a su vez, dejó en evidencia que si bien, gran parte del país quiere avanzar, estamos estancados.

¿La razón? la excesiva permisología. En el caso de Solenor, la falta de respuesta del Estado implicó pérdidas económicas, empleos y la detención de una iniciativa ambientalmente urgente, clave para neutralizar los residuos peligrosos provenientes de la minería en Atacama.

Esto es un problema estructural. En Chile, conseguir autorizaciones puede tomar más tiempo que diseñar, financiar y ejecutar un proyecto completo, y en esta línea, la permisología se ha convertido en un pantano regulatorio, donde quien se atreve a cruzar, rara vez sale sin hundirse.

Este fallo no sólo marca un precedente legal; es un llamado de atención a la inercia estatal que, disfrazada de prudencia administrativa, termina asfixiando el desarrollo. Si queremos reactivar Chile y dar señales claras a quienes desean invertir y emprender, necesitamos más decisiones y menos silencios.

Kevin Venturelli Sims

Profesor de la Clínica Jurídica UC

 




NI PUEBLO NI ÉLITE, SOLO ORGULLO DE SER CHILENO

Señor Director:

Mientras algunos insisten en seguir dividiendo a Chile entre “pueblo y élite”, entre izquierda y derecha, entre buenos y malos, José Antonio Kast ha optado por algo muy distinto: pensar en Chile. Y eso, en medio de la miseria moral y el espectáculo político de estos días, no es menor.

En una entrevista reciente, el abanderado del Partido Republicano fue claro al declarar que su eventual gobierno no priorizará la agenda valórica. No porque reniegue de sus convicciones —que son bien conocidas—, sino porque entiende que este sería un gobierno de emergencia. Y en tiempos de emergencia, lo urgente no puede ser eclipsado por lo accesorio. Eso, para quienes observamos con responsabilidad el rumbo del país, se llama tener claridad de prioridades.

Kast no se deja arrastrar al barro de los debates estériles ni responde a los mordiscos de quienes buscan desesperadamente que caiga en la trinchera del enfrentamiento ideológico. Prudencia, fortaleza, justicia y templanza: esas parecen ser las virtudes cardinales que guían su estrategia. En vez de repetir los clichés de siempre, camina con firmeza hacia lo que realmente importa: seguridad pública, crecimiento económico, salud, educación y vivienda.

Mientras otros se victimizan, se atacan entre ellos y convierten la política en un circo de egos, Kast avanza. Lo hace sin populismos ni promesas vacías, con propuestas concretas y un equipo técnico que crece cada día, incorporando expertos que entienden lo que hay que hacer. No está cazando votos al mejor postor. No corteja a los que han hecho de la política un negocio, ni a la derecha económica ni a la izquierda caviar.

Y lo más relevante: ha comenzado a construir la unidad que Chile tanto necesita. Pese a las dificultades, ha logrado avanzar junto al Partido Social Cristiano, el Partido Nacional Libertario y —no menos importante— con miles de Patriotas independientes, como yo, que aunque hoy no tengamos partido político, sí tenemos algo muy claro: buscamos lo mejor para Chile.

No queremos cargos, ni favores, ni cuotas de poder. Queremos recuperar la confianza en una política seria, honesta y orientada al Bien Común. Y sobre todo, queremos recuperar el orgullo de ser chilenos. Porque Chile no necesita más caudillos ni operadores: necesita servidores. Y eso es lo que muchos vemos en Kast y en quienes lo rodean. Una resistencia moral frente a una casta política vieja, corrupta y desgastada, que hace décadas dejó de servir al pueblo y hoy legisla solo para sus bolsillos.

Pero no solo los operadores de siempre hacen daño. También hay otro grupo que actúa desde el ego disfrazado de superioridad moral: aquellos que, desde su pedestal intelectual, declaran con dramatismo que votarán nulo. Se presentan como líderes de opinión, pero lo que realmente promueven es su propia mezquindad. Incapaces de superar el mal del “Pavo Real”, creen que Chile necesita sus monólogos más que su participación responsable. Renuncian a elegir, pero no a opinar. Y eso, en tiempos de definiciones, no es valentía: es una cómoda cobardía.

Y mientras algunos se rasgan las vestiduras hablando de “extremos”, conviene recordar algo básico: ni los comunistas ni los republicanos comen guaguas. Pero hay diferencias. Unos han defendido —y de ser necesario, volverían a defender— la lucha armada para imponer su ideología; los otros creen únicamente en la vía democrática. Unos han intentado secuestrar la democracia, someterla o degradarla al servicio de intereses ideológicos o personales; los republicanos, en cambio, quieren protegerla.

Hay quienes solo ven en la política una nueva oportunidad para seguir robando; los republicanos buscan terminar con la corrupción. Entonces cabe preguntarse: ¿es válido votar por un partido y un líder que ha sido consecuente y que promete erradicar las malas prácticas? Para algunos, evidentemente no. Y eso no debería sorprendernos. Sin embargo, la historia demuestra que es más peligroso un gobierno comunista que uno republicano. El primero se perpetúa, como en Cuba, Nicaragua o Venezuela. El segundo, gobierna cuatro años y no apoyará jamás una tiranía, ni de izquierda ni de derecha.

Pareciera un razonamiento lógico. Pero no lo es para todos. No lo es para aquellos que obtuvieron un puesto de trabajo solo por haber votado por Boric o por militar en la izquierda, y jamás por mérito, responsabilidad o eficiencia. Tampoco lo es para los que están desesperados por mantener sus cuotas políticas en el Congreso. Y menos aún para quienes necesitan que sigan existiendo canales abiertos entre el delito y la política. Por eso, hay una mala clase de ciudadano, transversal en lo político, que jamás votaría por Kast. Son parte de esos miles que no solo tienen cuentas pendientes con la justicia, sino también con su ética, sus valores y sus virtudes.

 

Muchos creían que el cinismo iba ganando.

Que la cobardía disfrazada de neutralidad, la mezquindad del voto nulo, el oportunismo acomodado, el delito, la impunidad, el doble estándar y la ignorancia satisfecha eran los nuevos amos del escenario político. Y durante un tiempo, lo parecieron. Pero no. Hoy, según lo reflejan las encuestas y lo confirma el sentido común, va ganando algo muy distinto.

Va ganando una fuerza política que no le teme a decir la verdad. Va ganando un partido que no le debe favores a nadie. Va ganando una propuesta que defiende la democracia, la seguridad y la justicia, sin cálculos ni complejos. Va ganando la convicción de que Chile merece un Estado que funcione, un país que se levante, y una política al servicio del Bien Común.

Y, sobre todo, va ganando un liderazgo que ha demostrado coherencia, coraje y responsabilidad: el de José Antonio Kast.

Un liderazgo que no se arrastra ante los grupos de presión. Que no se arrodilla ante el progresismo vergonzante ni ante el empresariado oportunista. Un liderazgo que no acomoda su relato a cada circunstancia ni a su ambición personal. Que no dice una cosa hoy y otra mañana para complacer encuestas o cuidar amistades. Un liderazgo que ha sabido convocar a otros, sin traicionar principios ni renunciar a su vocación de servicio.

 

Eso es lo que, poco a poco, está despertando a los chilenos. Porque este país no está cansado de la política; está cansado de los políticos de siempre. Y empieza a mirar, con esperanza, hacia una alternativa que no quiere refundar Chile, sino reconstruirlo con sentido común, orden, justicia, libertad, y sobre todo, con el legítimo orgullo de ser chileno.

Christian Slater E.

Un Patriota sin Partido Político.




LIQUIDACION DE EMPRESA: PAGO A TRABAJADORES ES PRIORITARIO

Trabajadores tienen prioridad en el pago de sus derechos laborales cuando su empresa entra en liquidación. La Superir recuerda que los sueldos impagos, indemnizaciones y otras prestaciones laborales tienen preferencia legal por sobre demás acreedores en un procedimiento de liquidación judicial.
Frente a la incertidumbre que puede generar el cierre de una empresa por someterse a un procedimiento concursal de liquidación, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) recordó que la Ley N.º 20.720 protege especialmente a los trabajadores, asegurando el pago preferente de remuneraciones, asignaciones familiares e indemnizaciones en el marco de un procedimiento judicial de liquidación de bienes, siempre que existan fondos disponibles para el pago de sus créditos.
Este procedimiento es una herramienta legal que permite a una empresa sobreendeudada vender sus activos para el pago ordenado de sus compromisos. En este marco, la ley protege prioritariamente a los trabajadores, quienes suelen ser el grupo más afectado por una crisis empresarial.
La Superir explicó que la Ley N.º 20.720 busca equilibrar el proceso de liquidación, reconociendo la vulnerabilidad de los trabajadores y estableciendo una jerarquía clara que resguarda el ejercicio de sus derechos.
Principales derechos garantizados
De acuerdo con la normativa vigente, entre los derechos laborales que deben ser pagados preferentemente en un proceso de liquidación se encuentran:
• Indemnización sustitutiva del aviso previo, con un tope de 90 UF, en caso que el monto adeudado sea mayor a dicho tope, el saldo se entenderá valista, esto es, se pagará al final, junto con los demás créditos que no gocen de preferencia
• Indemnización por años de servicio, equivalente a tres ingresos mínimos mensuales por cada año trabajado, hasta un máximo de 11 años.
• Indemnización especial por fuero maternal, cuando corresponda.
• Acceso a las prestaciones del seguro de cesantía, en igualdad de condiciones que cualquier persona desempleada.
• Exención del descuento de saldos no devengados por créditos sociales contratados con Cajas de Compensación en el finiquito.

 

Fin del contrato y acceso al seguro de cesantía
La resolución judicial que declara la liquidación marca la fecha oficial de término de los contratos de trabajo. El liquidador concursal, designado por el tribunal, tiene la obligación de comunicar el término del contrato a cada trabajador, ya sea personalmente o por carta certificada y adjuntar a la comunicación un certificado emitido por la Superir donde consten los antecedentes del procedimiento concursal.

Con ambos documentos- la carta de término y el certificado- las personas trabajadoras pueden acudir a cualquier oficina de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) para gestionar el cobro de su seguro de cesantía.

Por otro lado, el liquidador tiene la responsabilidad de poner a disposición de los trabajadores el respectivo finiquito dentro de los plazos legales, el cual debe firmarse ante un ministro de fe ya sea notario público, inspector del trabajo o electrónicamente.

Un proceso vigilado por el Estado

Desde la Superintendencia enfatizaron que la liquidación es un procedimiento judicial, regulado y fiscalizado de manera permanente por la institución. Es un mecanismo que garantiza un trato justo y transparente hacia todos los acreedores, en particular hacia los trabajadores, cuya situación reviste especial preocupación.

Para más información sobre derechos laborales en procesos de liquidación, el servicio invitó a visitar la página www.superir.gob.cl o bien contactar directamente al liquidador designado en el procedimiento.