Homenaje transversal en Maipú: Democracia Cristiana, comunal Maipú, expresa condolencias al Partido Socialista por el fallecimiento de Camilo Escalona.Un acto que sobrepasa las barreras ideológicas y da un ejemplo fraternal interpartidario, manteniendo sus legítimas diferencias.

La Directiva Comunal de la Democracia Cristiana en Maipú envió una misiva oficial a la militancia y directiva comunal del Partido Socialista para expresar sus más sentidas condolencias tras el sensible fallecimiento del exsenador, expresidente del Senado e histórico dirigente político, don Camilo Escalona Medina. Este gesto de fraternidad republicana destaca el impacto transversal que la figura del líder socialista dejó en el espectro político nacional y en las comunas del país.

Desde la perspectiva de la mesa comunal de la falange, la trayectoria de Escalona es reconocida como un pilar fundamental en la historia política reciente de Chile. Su incansable vocación de servicio público y su firme convicción democrática marcaron una pauta de liderazgo enfocada en el bienestar de la ciudadanía y en la defensa institucional del país durante momentos clave de su transición y consolidación democrática.

Asimismo, la misiva relevó el rol articulador que el exmandatario del Senado mantuvo a lo largo de décadas. Su constante esfuerzo por impulsar la convergencia política fue calificado por los demócratas cristianas como un elemento indispensable para la construcción de los grandes acuerdos nacionales y el fortalecimiento sostenido de todas las fuerzas democráticas chilenas.

En el plano humano e institucional, la comunicación extendió un abrazo fraterno a los militantes socialistas de la comuna de Maipú, uniéndose al profundo dolor que embarga a la colectividad local. Este acompañamiento solidario refleja los lazos históricos de colaboración que han caracterizado a ambas fuerzas políticas en el territorio comunal a lo largo de los años.

Finalmente, el documento cierra reiterando el respeto y la admiración hacia la memoria de una figura insigne que dedicó su vida al debate legislativo y a la construcción de país. La partida de Camilo Escalona deja un legado imborrable en el socialismo chileno y en el recuerdo de quienes compartieron con él los ideales de justicia social y democracia.

Señor Director:

A 36 años de su fundación, las cifras muestran una universidad que ha crecido; sus estudiantes, profesores y funcionarios permiten comprender la dimensión humana de esa transformación.

Una reciente entrevista publicada por La Tercera al rector de la Universidad Bernardo O’Higgins (UBO), Claudio Ruff, entrega antecedentes que permiten dimensionar cuánto puede transformarse una institución universitaria en poco más de una generación. La UBO acaba de cumplir 36 años y, entre las cifras que menciona su rector, hay algunas especialmente llamativas: cuando asumió en 2011, la universidad contaba con apenas dos académicos con doctorado y hoy son cerca de 300; en ese mismo período, mientras la cantidad de estudiantes aproximadamente se duplicó, el patrimonio institucional se multiplicó por cinco. A ello se agregan el desarrollo de la investigación, la internacionalización, el fortalecimiento académico y una creciente preocupación por la empleabilidad de sus egresados, todos antecedentes que permiten apreciar una evolución institucional que va bastante más allá del crecimiento de la matrícula.

Mientras leía aquella entrevista pensé inevitablemente en lo que uno observa desde otro lugar de la universidad: la sala de clases. Hace pocos días llegué a la UBO alrededor de las 8:15 de la mañana. Mi clase comenzaba a las 8:30 y ya había dos alumnas esperando. Una estaba sentada al fondo, visiblemente cansada; la otra aprovechaba esos minutos frente a un pequeño computador. Les pregunté por qué habían llegado tan temprano y sus respuestas me hicieron recordar algo que los profesores nunca debiéramos olvidar. Una venía desde El Quisco y la otra desde Melipilla. Esta última se levantaba aproximadamente a las cinco de la mañana, la acercaban en automóvil hasta donde podía tomar un bus, luego debía continuar hasta el Metro y desde allí completar su recorrido hacia la universidad. Cuando a las 8:30 comienza la clase, el profesor ve a una estudiante sentada frente a él, pero muchas veces desconoce las horas de viaje, el cansancio y el esfuerzo que existieron antes de que esa joven cruzara la puerta de la sala.

El semestre pasado viví una experiencia parecida. Una alumna se quedaba dormida con cierta frecuencia durante la clase y habría sido muy fácil concluir que tenía poco interés, que no descansaba lo suficiente por irresponsabilidad o que simplemente no estaba comprometida. Preferí conversar con ella al término de una jornada y preguntarle qué ocurría. Sus amigas quisieron acompañarla y, naturalmente, no había inconveniente. Entonces me explicó que trabajaba en un restaurante y lavaba platos hasta tarde, por lo que algunas mañanas llegaba a clases después de haber dormido apenas unas horas. Situaciones como esas enseñan también al profesor, porque nos recuerdan que vemos al estudiante desde el momento en que entra a nuestra sala, mientras su vida comenzó varias horas antes y puede incluir trabajo, largos desplazamientos, responsabilidades familiares o dificultades que desconocemos completamente.

Estas historias adquieren especial significado cuando hablamos de gratuidad. El apoyo del Estado ha permitido que miles de jóvenes puedan acceder a la educación superior sin que la situación económica de sus familias constituya la barrera que fue para generaciones anteriores, pero gratuidad nunca ha significado ausencia de esfuerzo. Hay estudiantes que recorren decenas de kilómetros todos los días, combinan distintos medios de transporte, trabajan después de clases, ayudan a sus familias o comienzan su jornada cuando todavía está oscuro. El Estado contribuye financiando esa oportunidad con recursos que provienen del conjunto de la sociedad, incluidas naturalmente las propias familias de estos jóvenes, mientras cada estudiante aporta algo que ninguna política pública puede reemplazar: perseverancia, responsabilidad y la voluntad de aprovechar una posibilidad que puede modificar profundamente su futuro.

Hace algunas semanas tuve también la oportunidad de conversar en el programa Voces de Mando de El Periodista TV con el vicerrector de la Universidad Bernardo O’Higgins, Jorge Arias. Durante esa conversación apareció un antecedente que adquiere un significado especial cuando uno conoce historias como las de estos estudiantes: antes de ocupar una de las principales responsabilidades académicas de la institución, Arias fue alumno de la misma universidad. No se trata de presentar esa trayectoria como una medida de éxito aplicable a todos ni de suponer que cada estudiante debe aspirar a recorrer un camino semejante, sino de recordar hasta dónde puede proyectarse una oportunidad educacional cuando se combina con esfuerzo, formación y desarrollo profesional. Para quienes hacemos clases constituye además una buena advertencia: nunca sabemos realmente hasta dónde puede llegar la persona que hoy está sentada frente a nosotros.

En aquella conversación hablamos de pensamiento crítico, responsabilidad social, formación ética, inteligencia artificial y de los desafíos que enfrentarán las nuevas generaciones de profesionales. También abordamos el ideario de Bernardo O’Higgins, quien da nombre a la universidad, y la vigencia que mantienen valores asociados a su figura como la educación, el servicio, la responsabilidad y la preocupación por el país. Son temas que complementan muy bien la evolución descrita por Claudio Ruff, porque el crecimiento patrimonial, la incorporación de académicos con doctorado, el desarrollo de la investigación, la internacionalización y el fortalecimiento de las capacidades institucionales muestran una universidad que ha ido ampliando las condiciones necesarias para enseñar, investigar y formar profesionales preparados para un mundo que está cambiando a enorme velocidad.

Con el paso de estos meses he ido descubriendo, además, que esa universidad no se conoce solamente conversando con sus autoridades ni observando sus estadísticas. Como profesor la encuentro todos los días en situaciones bastante más sencillas: en mi coordinadora académica de Responsabilidad Social Universitaria, que orienta, acompaña y ayuda a resolver las dudas propias de quien debe ir conociendo una institución desde dentro; y también en una persona que, casi como un ángel que se cruzó en mi camino, me ayudó desde el primer momento a resolver un trámite que debo realizar ante el Servicio de Impuestos Internos y que, hasta hoy, todos los meses se sienta conmigo, me orienta, me corrige y me ayuda a hacer bien algo que todavía no logro resolver completamente solo. Puede parecer una situación menor, pero es justamente en esas ayudas entregadas con paciencia y buena disposición donde uno comienza también a percibir el carácter humano de una institución.

Esa misma disposición la encuentro en la persona que desde muy temprano abre una sala, enciende las luces y pone en funcionamiento la calefacción antes de que lleguen alumnos y profesores; en el joven de la sala de profesores que registra nuestra presencia y siempre responde con buena disposición; en el guardia que cada mañana recibe, pregunta, orienta y, con el paso del tiempo, comienza también a reconocer a quienes llegamos regularmente a hacer clases. Son funciones distintas, algunas más visibles que otras, pero todas contribuyen a que la actividad académica pueda desarrollarse con normalidad y a que quienes llegamos a trabajar a la universidad vayamos reconociendo rostros, costumbres y personas que terminan haciendo más cercana una institución que, al comienzo, naturalmente resulta desconocida.

También la he encontrado en profesores con más experiencia dentro de la universidad, algunos conocidos simplemente en una conversación de pocos minutos en la sala de profesores o al cruzarnos en un pasillo, que espontáneamente ayudan a resolver aquellas cosas que para quien recién se incorpora pueden parecer más difíciles de lo que realmente son. Así he aprendido mejor a manejar la intranet, a comprender procedimientos internos y a aprovechar el Aula Virtual, una plataforma que personalmente me ha sorprendido por su calidad, organización y utilidad para el trabajo docente. Nada de aquello constituye una hazaña extraordinaria, pero precisamente por eso resulta importante: una institución también se construye con personas que están dispuestas a detenerse algunos minutos para orientar a otro y permitir que haga mejor su trabajo.

En estos meses esa sensación de comunidad me deparó incluso una sorpresa personal que no esperaba: reencontrarme dentro de la universidad con una joven sobrina que trabaja allí y a quien fue una enorme alegría volver a ver. Puede parecer un detalle ajeno a una reflexión sobre educación superior, pero para mí terminó sumándose a una experiencia que se ha ido construyendo con muchas pequeñas situaciones, encuentros y conversaciones. Una universidad puede tener miles de estudiantes, cientos de académicos, investigadores, funcionarios y autoridades, pero para quien llega a ella por primera vez esa gran estructura comienza a adquirir rostro cuando reconoce personas, aprende sus nombres, recibe una orientación, encuentra cooperación y poco a poco deja de sentirse simplemente alguien que viene a impartir una clase para empezar a sentirse parte de una comunidad.

Tal vez por eso, cuando se habla del ideario de Bernardo O’Higgins y de valores como el servicio, la responsabilidad o la preocupación por los demás, no es necesario buscarlos únicamente en grandes declaraciones institucionales. También pueden reconocerse en conductas mucho más cotidianas: en quien llega temprano para que una sala esté preparada, en quien ayuda a un profesor a resolver un trámite, en quien explica una plataforma a un colega, en quien acompaña a un estudiante con dificultades o simplemente en quien recibe con amabilidad a otra persona. Quizás sea en esas expresiones sencillas donde aquello que podríamos llamar un espíritu o’higginiano deja de ser solamente una referencia histórica y comienza a percibirse, discretamente, en los pasillos de una universidad que lleva su nombre.

Mirados desde esa perspectiva, los 36 años de la Universidad Bernardo O’Higgins pueden contarse de varias maneras. Las cifras que entrega Claudio Ruff muestran cuánto ha crecido y se ha transformado institucionalmente; la trayectoria de Jorge Arias demuestra una de las múltiples posibilidades que puede abrir la educación a lo largo de una vida; y las historias de quienes se levantan a las cinco de la mañana para viajar desde Melipilla, llegan desde El Quisco o trabajan hasta tarde lavando platos antes de volver a clases muestran cuánto esfuerzo humano existe detrás de una matrícula universitaria. Junto a ellos están los profesores, coordinadores, administrativos, auxiliares, personal de seguridad y tantas otras personas cuyos nombres probablemente nunca aparecerán en un ranking, pero cuyo trabajo cotidiano permite que todas esas cifras, proyectos y propósitos institucionales puedan hacerse realidad.

En tiempos de inteligencia artificial y de transformaciones tecnológicas aceleradas, las universidades necesariamente deberán seguir desarrollando investigación, infraestructura, capacidades académicas, internacionalización y nuevas herramientas de enseñanza. La experiencia cotidiana muestra al mismo tiempo que esos avances pueden convivir perfectamente con algo profundamente humano: conocer a las personas, comprender las distintas realidades desde las cuales llegan, exigir cuando corresponde, orientar cuando es necesario y ofrecer oportunidades para que cada uno pueda desarrollar aquello que es capaz de llegar a ser. Quizás sea precisamente en ese encuentro entre crecimiento institucional, calidad académica, esfuerzo personal, servicio y comunidad donde mejor se comprende por qué, en la Universidad Bernardo O’Higgins, las oportunidades tienen rostro.

Christian Slater E.

Docente de pregrado, Universidad Bernardo O’Higgins (UBO).

Responsabilidad Social Universitaria.

CARTA AL DIRECTOR

A casi siete años del estallido social de octubre de 2019, hay señales que deberían preocuparnos.

Afiches atribuidos a los denominados Grupos de Acción Popular (GAP) han comenzado a aparecer en las inmediaciones de varios liceos emblemáticos de Santiago. Sus mensajes no llaman simplemente a protestar: hablan de “rebelión”, “lucha revolucionaria” y de destruir las estructuras que, según ellos, sostienen un sistema “injusto y cruel”.

¿Casualidad? Difícil saberlo.

Lo que sí resulta llamativo es el lugar escogido: precisamente los liceos que durante años han sido escenario de tomas, barricadas, enfrentamientos y episodios de violencia. No son espacios cualquiera. Tienen capacidad de movilización y, como quedó demostrado en 2019, pueden convertirse en el punto de partida de conflictos de alcance nacional.

Señor Director:

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, fue uno de los primeros en pedir apoyo militar acotado frente a la crisis de seguridad. Hoy, cuando el Gobierno propone nuevas herramientas constitucionales contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo, sería especialmente interesante conocer su opinión.

La propuesta del Gobierno para introducir cambios constitucionales destinados a enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado merece una discusión bastante más profunda que la habitual controversia entre oficialismo y oposición. Lo que está en juego no es solamente disponer de nuevas herramientas policiales o modificar algunos artículos de la Constitución, sino determinar qué debe hacer el Estado cuando organizaciones criminales comienzan a disputarle espacios de autoridad, control territorial y, finalmente, poder.

Hace pocos días, en Voces de Mando, de El Periodista TV, conversé con el general en retiro John Griffiths sobre la necesidad de que Chile avance hacia una verdadera estrategia de seguridad nacional. Una de las cuestiones que surgió en esa conversación es que existen amenazas que pueden comenzar como problemas propios de la seguridad pública, pero que por su capacidad económica, sus conexiones internacionales, su penetración institucional y el control que llegan a ejercer sobre determinados territorios terminan adquiriendo una dimensión mucho más amplia.

En esta misma materia, el coronel en retiro y académico Jorge Sanz ha hecho un aporte que considero especialmente interesante. Él ha advertido que el crimen organizado ya no puede entenderse únicamente como narcotráfico, porque controla territorios, corrompe instituciones y desafía al Estado. Concuerdo plenamente con esa mirada. La droga produce dinero, pero ese dinero permite comprar voluntades, intimidar comunidades, financiar estructuras criminales, corromper funcionarios y ejercer autoridad allí donde el Estado comienza a retroceder. El problema cambia de naturaleza cuando una organización delictual deja de limitarse a infringir la ley y comienza a ocupar espacios de poder que legítimamente corresponden al Estado.

Desde esa perspectiva, la reforma constitucional que impulsa el Gobierno resulta particularmente relevante. Entre otras materias, busca establecer nuevas herramientas para enfrentar organizaciones criminales y terroristas y permitir una intervención especial en territorios gravemente afectados por ellas. Naturalmente han aparecido reparos, incluso desde sectores políticos que han sostenido posiciones firmes en materia de seguridad, mientras desde la oposición se han planteado prevenciones respecto de derechos, facultades excepcionales y controles institucionales. Es legítimo discutir cada uno de esos aspectos y establecer todos los resguardos necesarios, pero otra cosa muy distinta sería que esas prevenciones terminaran inmovilizando al Estado frente a organizaciones que precisamente aprovechan sus debilidades, vacíos y demoras.

Tampoco debiéramos abordar esta discusión como si Chile estuviera inventando una extravagancia. Basta mirar lo que ocurre en otras partes del mundo. En Francia e Italia es habitual encontrar militares protegiendo aeropuertos, estaciones ferroviarias e infraestructura crítica; Estados Unidos emplea fuerzas militares y de la Guardia Nacional en determinadas tareas fronterizas y de apoyo; Ecuador ha debido combinar directamente capacidades policiales y militares frente al avance del crimen organizado, y Colombia articula desde hace años el empleo de ambas instituciones frente a organizaciones armadas y criminales. Brasil también ha recurrido, bajo mecanismos jurídicos propios, al empleo de sus Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior. Cada país tiene su historia, sus normas y sus procedimientos, pero todos han debido adaptarse a amenazas que cambiaron. Chile también debe vivir la realidad.

Eso no significa buscar soluciones fáciles ni improvisadas. Tampoco parece razonable resolver el problema colocando simplemente a las Fuerzas Armadas bajo la conducción operativa de Carabineros. Son instituciones distintas, con formación, doctrina, jerarquías, cultura profesional y misiones diferentes. El verdadero problema está más arriba y es esencialmente político: quién conduce, quién ejecuta y quién responde cuando el Estado decide emplear conjuntamente capacidades policiales y militares.

Las Fuerzas Armadas dependen de una autoridad civil y las policías también. Si el Estado determina que frente a determinadas amenazas deben actuar coordinadamente, corresponde que sea precisamente esa conducción política la que defina los objetivos, establezca los límites, distribuya responsabilidades y asuma también las consecuencias de las decisiones adoptadas. No parece razonable que una dificultad política termine transformándose en un problema entregado a los uniformados para que sean ellos quienes resuelvan, en los hechos, quién manda a quién.

En este punto echo de menos también una posición pública y clara de Carabineros de Chile. No parece conveniente que una institución con su historia y tradición simplemente espere a conocer qué resolverá finalmente la autoridad política respecto del mando de una eventual operación conjunta. Si policías y Fuerzas Armadas van a actuar en un mismo territorio, esa cuestión debe quedar despejada antes de que salgan a la calle. En mi opinión, la conducción política debe permanecer inequívocamente en la autoridad civil y, en el nivel operativo, debe existir un mando único previamente establecido, respetando las jerarquías, antigüedades y tradiciones institucionales de las fuerzas participantes. Lo que no parece razonable es improvisar una subordinación entre instituciones porque administrativamente resulte más sencillo. Estas materias se resuelven antes de una crisis, no durante ella.

Para Maipú esta discusión tiene, además, una dimensión especialmente concreta. Su alcalde, Tomás Vodanovic, pidió en 2024 apoyo militar acotado para determinadas tareas de seguridad, protección de infraestructura crítica y recuperación de sectores afectados por hechos graves de violencia. Aquello provocó sorpresa en su propio sector político, pero también puso sobre la mesa algo que los alcaldes conocen antes que muchos otros: son ellos quienes observan directamente cuándo una banda se instala, cuándo el narcotráfico intimida a los vecinos, cuándo un barrio comienza a deteriorarse y cuándo determinados espacios empiezan a escapar del control cotidiano del Estado.

Por eso sería particularmente interesante conocer hoy la posición del alcalde Vodanovic frente a esta reforma. Lo que hace dos años planteó desde la experiencia concreta de Maipú se encuentra ahora dentro de una discusión nacional mucho más amplia. No se trata de militarizar las comunas ni de reemplazar a las policías, sino de determinar qué instrumentos necesita legítimamente el Estado cuando las capacidades ordinarias resultan insuficientes frente a organizaciones que buscan mucho más que enriquecerse con la droga.

Porque lo verdaderamente grave comienza cuando el dinero del narcotráfico se transforma en influencia, la influencia en control territorial y ese control en poder sobre personas, barrios e instituciones. En ese momento, el problema deja de ser solamente policial y pasa a comprometer algo esencial: la capacidad del Estado para ejercer autoridad efectiva sobre su propio territorio.

Y ese es un poder que el Estado no puede abandonar.

Christian Slater E.

NOTA REDACCIÓN: Favor solo enviar comentarios unipersonales, no por proxi abutados.

Hoy, mientras avanzaba por Santiago, vi las cabinas del nuevo teleférico desplazándose sobre la ciudad en su etapa de pruebas. Abajo seguíamos entre automóviles, edificios y esa cordillera que muchas veces ya ni miramos. No sé muy bien por qué, pero aquella escena me produjo algo que hace tiempo no sentía con tanta claridad frente a una obra pública: esperanza. Me imaginé esas cabinas llenas de familias, trabajadores, estudiantes y niños, personas que pensarán y votarán distinto, pero que viajarán juntas sin preguntarse si quien está sentado al lado es comunista, facho, de izquierda o de derecha. Y pensé que quizás llevamos demasiado tiempo mirando el Chile equivocado.

Porque mientras discutimos existe otro Chile que trabaja, construye, invierte, estudia, emprende, combate el crimen e intenta recuperar el crecimiento. Fue mirando esas cabinas cuando se me ocurrió una provocación: ¡que vivan los comunistas y los fachos!

No hablo de los extremos ni de quienes justifican la violencia. Hablo de tantos chilenos a quienes encerramos cómodamente bajo alguna de esas etiquetas. Algunos se acercaron a ideas comunistas porque conocieron pobreza, abuso o injusticias y creen sinceramente que una sociedad mejor necesita mayor igualdad. Puedo discrepar profundamente de sus respuestas sin considerarlos menos patriotas. Otros son llamados fachos porque exigen orden, defienden la propiedad y no olvidan la violencia de 2019: incendios, saqueos, estaciones y carros del Metro destruidos, buses quemados, ataques con bombas incendiarias a Carabineros, monumentos vandalizados, La Moneda amenazada, sectores de Santiago bajo el temor de turbas y saqueos, una violencia de tal magnitud que llevó al Estado a decretar la emergencia y desplegar a las Fuerzas Armadas, e incluso la representación pública del Presidente de la República bajo una guillotina. Rechazar aquello tampoco convierte a nadie en extremista.

Hace poco escribí en mi blog El Deber Ser sobre el whataboutism: la evasión que empobrece el debate público, esa costumbre de no responder, sino de contestar con las culpas del otro. Si alguien habla de Allende, aparece Pinochet; si habla de Pinochet, aparece Allende. Si unos hablan de reconciliación, otros responden sin perdón ni olvido; si unos reclaman justicia, otros hablan de venganza; si aparecen los detenidos desaparecidos, alguien responde con los presos políticos. Seguimos atrapados en las mismas veredas desde las cuales, hace más de cincuenta años, los chilenos no fuimos capaces de resolver nuestras diferencias.

Por todo lo que aquello significó y por las equivocaciones de las cuales, de una u otra manera, debemos hacernos responsables como sociedad, creo que ya es tiempo de buscar reconciliación. El problema es que aquellas trincheras continúan siendo demasiado útiles para una parte de nuestra clase política. Mantener un enemigo, un resentimiento y una división permite conservar adhesiones, protagonismo y poder. Esa es la mala política: la que necesita que sigamos enfrentados porque encuentra en nuestras diferencias una razón para seguir siendo indispensable.

A mí me interesa poco quién pensó, licitó o inició el teleférico que vi hoy. Me interesa que funcione. Lo mismo ocurre con el Puente Chacao, las líneas del Metro, los trenes, hospitales, carreteras o cualquier proyecto capaz de mejorar la vida de las personas. Chile no puede comenzar nuevamente cada cuatro años.

Por eso quiero que al actual gobierno le vaya bien. Quiero que consiga destrabar inversiones sin renunciar a las regulaciones necesarias, abrir mercados, fortalecer las relaciones con nuestros vecinos, enfrentar con seriedad los problemas de Codelco, combatir al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, recuperar seguridad, generar empleo y hacer crecer nuevamente nuestra economía. Y quiero que saque adelante su propuesta de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, porque siempre he creído que reconstruir no consiste solamente en reparar lo destruido, sino también en aprovechar la oportunidad para volver a levantar, invertir, crecer y mirar hacia adelante. El proyecto ha obligado además a mostrar con bastante claridad dónde están las prioridades de cada cual: mientras unos pueden legítimamente discutir sus mecanismos, cuesta entender a quienes parecen anteponer la conveniencia de sus partidos, sus pequeñas trincheras o su propia supervivencia política a cualquier posibilidad de que Chile vuelva a crecer. Si algo comenzó antes, que este gobierno lo continúe; si estaba detenido, que lo destrabe; si está mal, que lo corrija; y si funciona, que lo profundice. Nunca he entendido a quienes necesitan que un gobierno fracase para demostrar después que tenían razón, porque cuando un gobierno fracasa no pierde un partido político: termina pagando Chile.

Quizás por eso me molesta tanto cierto pesimismo profesional instalado en nuestra conversación pública. Hay reconocidos comentaristas y analistas que han construido prestigio, audiencia, rating y finalmente un negocio alrededor de la crítica permanente. La crítica es indispensable, pero otra cosa es necesitar encontrar una falla detrás de cada avance, una sospecha detrás de cada buena noticia y una intención oscura detrás de cualquier proyecto. Mantener a una audiencia permanentemente indignada puede ser rentable; convencer a una sociedad de que nada funciona, nadie merece confianza y cualquier esperanza es ingenua resulta bastante más dañino.

Después de tantos años de elecciones, plebiscitos, campañas y enfrentamientos, quizás Chile necesita simplemente volver a trabajar, crecer y construir. Aquel teleférico me hizo pensar por algunos minutos menos en el país que discute sobre quién tuvo razón hace cincuenta años y más en el país que todavía puede construir pensando en los próximos cincuenta.

Y si los comunistas y los fachos de los que hablo son aquellos ciudadanos que trabajan, estudian, producen, emprenden, crían hijos, quieren vivir seguros y todavía creen que Chile puede ser mejor, entonces bienvenidos sean todos. Tal vez llegó el momento de mirar menos la etiqueta de quien rema a nuestro lado y preocuparnos mucho más de volver a remar en la misma dirección.

Christian Slater E.

MG Ciencias Militares

De mis apuntes de Ética

Señor Director:

Por primera vez en tres décadas de presencia endémica del virus hanta, el Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria a nivel nacional. La letalidad se duplicó este año y el propio decreto identifica una “multiamenaza sanitaria”, con hanta, arbovirosis e influenza aviar circulando simultáneamente. Es razonable pensar que este tipo de episodios volverá a repetirse

El hanta no cuenta con tratamiento antiviral aún; su manejo es de soporte, con pacientes que pueden requerir UCI o ECMO. Ese soporte depende, sin embargo, de una cadena de medicamentos —sedantes, anticoagulantes, antibióticos— a la que se suman los antivirales y antipiréticos que demandarían la influenza y la arbovirosis mencionadas en el decreto. Cuando la demanda se concentra en varias regiones a la vez, la disponibilidad de estos fármacos deja de ser un detalle logístico y pasa a incidir directamente en la capacidad de respuesta del sistema. Por eso conviene revisar estos mecanismos mientras la situación está en fase de alerta, antes de que una eventual escalada haga más costosa la reacción.

Pese a ello, la planificación de estas contingencias no incorpora a quienes producen y distribuyen los medicamentos que esa respuesta requiere.

Como Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, consideramos que estos desafíos se abordan mejor como un ecosistema completo. Quedamos a disposición del Ministerio de Salud para explorar, junto a la autoridad, mecanismos de coordinación que fortalezcan la capacidad de anticipación y contención ante futuras alertas sanitarias.

Claudia Papic, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos.

Sr. Director:

Durante 53 años, sectores de la izquierda, organizaciones de derechos humanos y gran parte del mundo político y académico presentaron a los chilenos como una verdad indiscutible que Bernarda Vera había sido detenida, ejecutada y hecha desaparecer por militares en 1973. Su nombre ingresó al Informe Rettig, al Museo de la Memoria y al listado oficial de detenidos desaparecidos. Sobre ese caso se construyeron discursos políticos, publicaciones, indemnizaciones, procesos judiciales y condenas. Durante más de medio siglo, cualquier persona que se atreviera a cuestionar esa versión era inmediatamente descalificada, estigmatizada o acusada de negacionista.

Hoy, un examen de ADN con una certeza superior al 99,9999% confirmó que Bernarda Vera estaba viva y residía en Argentina.

La magnitud de este hecho no admite eufemismos. Una mujer que durante décadas figuró oficialmente como detenida desaparecida nunca estuvo en una fosa clandestina. Nunca fue una desaparecida. Mientras en Chile su nombre seguía siendo utilizado como uno de los símbolos de las violaciones a los derechos humanos atribuidas al régimen militar, ella desarrolló su vida al otro lado de la cordillera.

Y el silencio de quienes durante años levantaron este caso como una verdad absoluta resulta tan estruendoso como revelador. ¿Dónde están hoy los organismos de derechos humanos? ¿Dónde están los dirigentes políticos que durante décadas utilizaron este nombre en discursos y campañas? ¿Dónde están el Museo de la Memoria y quienes exigían aceptar sin cuestionamientos cada versión oficial? Ninguno parece dispuesto a asumir la responsabilidad política, moral e histórica que implica un error de esta magnitud.

Pero en esta historia hay un nombre que no puede quedar en el olvido: el teniente coronel Hugo Guerra Jorquera. Murió privado de libertad en Punta Peuco tras haber sido condenado en una causa relacionada con la desaparición de Bernarda Vera. Él ya no podrá escuchar explicaciones, ni disculpas, ni ver cómo la historia que sustentó ese caso cambia de manera tan radical. Su familia tampoco recuperará los años perdidos ni el peso de una condena que lo acompañó hasta el final de su vida.

Durante décadas se instaló la idea de que cuestionar un caso era un atentado contra los derechos humanos; que exigir pruebas era una forma de negacionismo y que toda duda era moralmente inaceptable. Sin embargo, los derechos humanos no pueden defenderse sobre relatos inamovibles ni sobre verdades que se niegan a ser revisadas cuando aparecen nuevos antecedentes. La justicia exige convicciones, pero también exige la humildad de corregir cuando la evidencia demuestra que una historia no ocurrió como se sostuvo durante más de cincuenta años.

Este caso abre una interrogante que nadie debería intentar censurar: si un expediente de esta relevancia terminó demostrando que la supuesta víctima estaba viva, ¿cuántos otros casos merecen ser revisados con el mismo rigor? Esa pregunta no debilita la justicia; por el contrario, la fortalece. Lo que realmente la debilita es la negativa a revisar aquello que durante décadas fue presentado como una verdad absoluta.

Durante más de medio siglo, ancianos militares fueron perseguidos con una severidad que muchos consideran desproporcionada, mientras la violencia política de las organizaciones armadas de izquierda fue relegada a un segundo plano en buena parte del relato público. Al mismo tiempo, se consolidó un discurso que, para muchos, nunca admitió errores, nunca aceptó matices y rara vez practicó la autocrítica cuando los hechos desafiaban las certezas instaladas.

Hoy quienes construyeron y defendieron ese relato tienen la oportunidad de reconocer que se equivocaron. Pero probablemente no lo harán. No porque falten pruebas, sino porque admitir un error de esta magnitud significaría aceptar que durante 53 años se sostuvo como verdad una historia que la evidencia científica terminó desmintiendo.

Jorge Ravanales Arriagada

Chile reconoce oficialmente a un oficio clave para el desarrollo del país.

Santiago, julio de 2026. Chile se prepara para vivir un hito para el comercio y la construcción nacional: la primera celebración oficial del Día del Ferretero, una fecha que, a partir de este año, se conmemorará cada 28 de julio para reconocer el trabajo, compromiso y trayectoria de quienes, desde las ferreterías de todo el país, contribuyen diariamente al desarrollo de las comunidades.

Conformado por miles de pequeñas y medianas empresas, además de grandes distribuidores, que cumplen un rol fundamental en la cadena de valor de la construcción, la industria y el mejoramiento del hogar, el sector ferretero va un paso más lejos, no solo ofreciendo herramientas y materiales, quienes se encuentran detrás del mostrador se han convertido en verdaderos asesores técnicos de confianza para maestros, contratistas, empresas y familias, siendo muchas veces el primer punto de consulta para resolver proyectos y necesidades cotidianas.

La conmemoración del Día del Ferretero busca poner en valor ese aporte histórico y permanente al crecimiento del país, visibilizando una labor que, aunque muchas veces ocurre tras bambalinas, resulta indispensable para levantar viviendas, desarrollar infraestructura, impulsar emprendimientos y mantener en funcionamiento hogares, comercios e industrias.

“La creación del Día del Ferretero representa un reconocimiento que este oficio merece hace mucho tiempo. El ferretero es mucho más que un comerciante: es un experto, un solucionador de problemas y un motor clave para el rubro de la construcción. Con esta fecha queremos agradecer el esfuerzo, la dedicación y el conocimiento que miles de personas entregan diariamente a sus comunidades”, señaló Natalia Pérez, Gerente de Marketing en Red MTS.

La iniciativa es impulsada por MTS, red ferretera nacional que promueve esta celebración con el propósito de destacar el valor histórico, económico y social del sector, fortaleciendo el reconocimiento de un oficio que ha acompañado el desarrollo de Chile durante más de un siglo.

“Las ferreterías forman parte de la historia del país. Han estado presentes en el crecimiento de nuestras ciudades, apoyando a generaciones de constructores, maestros y familias. Este día también busca reconocer ese legado y proyectarlo hacia el futuro, impulsando un sector que sigue innovando y adaptándose a las nuevas necesidades del mercado”, agregó Natalia Pérez.

Un oficio con más de un siglo de historia

La palabra “ferretero” tiene su origen en el comercio del hierro y otros metales utilizados históricamente en herramientas y elementos de construcción. Con el paso de los años, el oficio evolucionó desde la venta de productos metálicos hacia un rubro integral dedicado a ofrecer soluciones para la construcción, la reparación y el mantenimiento.

Así, las ferreterías han acompañado el desarrollo comercial y constructivo de Chile desde el siglo XIX. Muchas nacieron como negocios familiares y, con el tiempo, evolucionaron hasta convertirse en referentes técnicos para barrios y comunidades.

Un ejemplo de esa tradición es la Ferretería Dos Estrellas, cuyos orígenes se remontan a un taller de carpintería fundado por artesanos españoles en 1875. Posteriormente, con el auge de la minería en el norte del país, inmigrantes —principalmente provenientes de Asturias— impulsaron nuevos almacenes de abastecimiento, entre ellos la histórica Ferretería Lonza, nacida en la zona de Noria en 1880.

Actualmente, diversas empresas mantienen vivo ese legado. Destacan Construplaza, con más de un siglo abasteciendo con materiales de construcción en Santiago; Ferretería Jordan, fundada en 1907 y especializada en el rubro industrial y naval en la Región de Magallanes; además de Ferretería El Águila, Crosur que reunidas son las ferreterías más australes de Chile. A ellas se suman cientos de ferreterías familiares que han transmitido el oficio de generación en generación en todo el país.

Durante el siglo XX, el sector evolucionó junto con la industria de la construcción, incorporando nuevas tecnologías, especialización técnica y una oferta cada vez más amplia de productos y soluciones. En este contexto, en 1994 nació MTS (Materiales y Soluciones S.A.), iniciativa asociativa creada por ferreteros chilenos con el propósito de fortalecer la competitividad y el desarrollo de las ferreterías independientes a nivel nacional.

Un oficio que evoluciona junto al país

En Chile, el ferretero se consolidó como una figura clave durante los procesos de urbanización de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Hoy continúa desempeñando un rol cercano a las personas, entregando orientación, experiencia y conocimientos técnicos que muchas veces han sido transmitidos por generaciones.

Por ello, cada 28 de julio ferreterías, trabajadores, clientes y comunidades podrán sumarse a esta conmemoración mediante actividades especiales, promociones y distintas iniciativas destinadas a reconocer el valor de un oficio esencial para el desarrollo del país. La fecha coincide además con el Día del Campesino, otra conmemoración que pone en valor un oficio fundamental para Chile. Aunque pertenecen a rubros distintos, campesinos y ferreteros comparten un objetivo común: aportar, desde sus respectivos ámbitos, al desarrollo, la construcción, el mantenimiento y el progreso de las comunidades, trabajando muchas veces de manera complementaria.

Más que una celebración comercial, el Día del Ferretero busca instalar un reconocimiento permanente para quienes, desde cada barrio y cada ciudad de Chile, contribuyen diariamente a construir, mantener y mejorar los espacios donde viven millones de personas, destacando el valor de los oficios que, junto a otros pilares como el trabajo campesino, hacen posible el crecimiento del país.

Señor Director:

Cada 8 de julio, Estados Unidos celebra el Día del Arándano. En Chile, queremos aprovechar esta fecha para relevar un proyecto innovador que SQM, junto a comunidades de la Colonia Agrícola de Pintados, ha desarrollado en Pozo Almonte, en la región de Tarapacá: un programa piloto que permite producir arándanos durante todo el año en el desierto más árido del mundo.

Hemos evaluado 26 variedades bajo fertirriego de alta eficiencia y bioestimulantes microalgales, en cultivo a cielo abierto y bajo sombreo, para validar qué genética se adapta mejor al desierto.

Los resultados han sido notables: en el Predio Agrícola Orlando Ramos logramos esa producción anual, gracias a las condiciones trabajadas junto a la comunidad y al conocimiento de SQM en agricultura de precisión, lo que abre la posibilidad de ofrecer fruta en contraestación.

Este piloto se enmarca en una apuesta mayor de SQM por la agricultura en el norte, que incluye también alfalfa en la Pampa del Tamarugal y un centro agropecuario en Pozo Almonte, parte de un trabajo sostenido para diversificar la matriz productiva agrícola en el desierto y abrir nuevas oportunidades para el territorio.

Una muestra concreta de que el desierto también puede florecer con cultivos de alto valor para las comunidades.

Atilio Narváez, subgerente de Programas Sociales de SQM

Señor Director:

El caso de los niños haitianos cuyo paradero se investiga no puede leerse solo como un episodio migratorio. Es una advertencia sobre lo que ocurre cuando el Estado confunde sensibilidad con ausencia de control.

A propósito del grave caso de los niños, niñas y adolescentes haitianos cuyo paradero hoy se investiga en Chile, vale la pena hacerse una pregunta incómoda: ¿qué país recibió el actual gobierno?

Los antecedentes conocidos son inquietantes. De acuerdo con reportes basados en información de la Contraloría General de la República, 486 menores haitianos habrían ingresado al país acompañados por solo 12 adultos, en 61 vuelos realizados entre 2024 y 2025. En una revisión posterior de 105 menores, 64 no fueron encontrados en los domicilios registrados.

No se trata de una falla menor ni de un trámite mal ejecutado. Cuando el Estado pierde la trazabilidad de un niño, el problema deja de ser administrativo y se transforma en una señal de alarma institucional. Un menor que ingresa al país requiere protección especial, identificación cierta, seguimiento y coordinación efectiva entre los organismos responsables.

Este caso tampoco apareció de la nada. Según los antecedentes publicados, hubo alertas previas, oficios ignorados, advertencias sobre falta de protocolos, debilidades en los registros y ausencia de coordinación entre instituciones públicas. Por eso, la pregunta no es solo qué ocurrió con esos niños, sino por qué el sistema no reaccionó antes.

Durante años se instaló una peligrosa confusión: creer que exigir antecedentes era falta de humanidad; que verificar vínculos familiares era sospechar indebidamente; que controlar fronteras era dureza; que pedir documentos legalizados era una traba burocrática; que aplicar procedimientos rigurosos era contrario a los derechos. Pero la realidad termina imponiéndose. Sin registros confiables, la protección se vuelve discurso. Sin autoridad, los más vulnerables quedan expuestos.

Por eso resulta difícil escuchar, todavía hoy, hablar con tanta liviandad del “legado” de Gabriel Boric. Si se quiere hablar de legado, hay que hacerlo completo. No basta con recordar símbolos, relatos o intenciones declaradas. También hay que mirar el país que quedó: más inseguro, más desconfiado, con instituciones tensionadas, recursos públicos cuestionados y una autoridad que demasiadas veces pareció más dispuesta a explicar el desorden que a impedirlo.

El actual gobierno tiene la obligación de hacerse cargo. Para eso fue elegido y para eso gobierna. Pero una cosa es exigirle resultados y otra muy distinta es actuar como si todas las crisis hubieran nacido el día en que asumió. Lo que hoy recibe es la consecuencia de una falla transversal del Estado: un Ejecutivo que relativizó controles, un Legislativo que no cerró a tiempo los vacíos normativos, un Poder Judicial que demasiadas veces pareció más atento al garantismo que a la protección efectiva de las víctimas, y órganos fiscalizadores que llegaron tarde frente a señales que debieron encender alarmas mucho antes.

El dato policial ayuda a dimensionar el ambiente general. En 2024, Carabineros de Chile atendió más de 11 millones 600 mil procedimientos asociados a delitos, faltas, infracciones y contravenciones. Eso equivale a casi 32 mil procedimientos diarios, más de 22 por minuto y prácticamente uno cada tres segundos. Comparado con la población nacional, ese volumen representa cerca del 58% de los habitantes del país.

No significa que más de la mitad de los chilenos haya cometido un delito o una falta. La estadística habla de procedimientos, no de personas distintas. Pero sí muestra un país sometido a una presión permanente de incumplimientos, conflictos, fiscalizaciones y transgresiones cotidianas. Esa presión no nace solo en la delincuencia violenta. También aparece en el no pago de pensiones de alimentos, en la evasión tributaria, en las licencias médicas abusivas, en los arriendos impagos, en el no pago de autopistas, en las ocupaciones ilegales, en beneficios obtenidos irregularmente y en recursos fiscales que se pierden sin explicación suficiente.

Chile puede discutir sus políticas migratorias, su modelo de seguridad, su economía y sus prioridades sociales. Todo eso es legítimo. Lo que no puede hacer es seguir relativizando la seriedad del Estado.

Cuando el Estado deja de cumplir con rigor sus deberes básicos, el costo ya no es una discusión política o administrativa: esta vez, son niños cuyo paradero debe ser buscado con urgencia.

Christian Slater E.