Incidentes en la plaza de Maipú por bomba lacrimógena que cae en un auto colectivo en una acción policial que pretendía despejara las vías de Pajaritos de protestas que incluían la toma de calles.

Perece que la policía de Carabineros definitivamente no sabe calcular, lo demostraron en el conteo de personas en la marcha del Día de la Mujer, hoy el  cálculo falló al lanzar una bomba lacrimógena que buscaba dispersar a manifestantes, pero cayó en un taxi colectivo, por lo cual los choferes reaccionaron y se tomaron la plaza.

Para nadie es un misterio que se están desprestigiando las protestas estudiantiles con la participación de antisociales y cuyas manifestaciones hacen que la Policía de Carabineros descuide la seguridad ciudadana, la cual aprovechan los delincuentes que tiene 4 asaltos en menos de una semana en varios lugares de la comuna de Maipú.

Hoy, en las intersecciones de Av. 5 de Abril con Av. Pajaritos  se producía un despeje de la vía por parte de Carabineros ante las manifestaciones de eventuales estudiantes, las cuales para disuadirlas lanzaron como de costumbre bombas lacrimógenas con sus nuevos aditivos, pero con tal mal cálculo que una bomba cayó en un auto colectivo afectando al chofer, tema quedó como resultado una reacción solidaria de sus colegas cercando la Av. Cinco de Abril y una vía de Pajaritos, esto según información de un móvil en terreno y que se observa claramente en la foto de portada: Llama la atención en una segunda foto un eventual estudiante.

Ciudad Satélite es un sector de Maipú que está alejado del centro y ha logrado con el paso de los años tener su propia identidad, prácticamente con la mayoría de los servicios  para beneficio de sus vecinos, pero lo vivido es pasado viernes 11 cuando 2 asaltantes a mano armada irrumpen disparando en la Oficina de Serviestado, creó alarma en uno de los barrios más tranquilos de la comuna.

El día miércoles 11 será recordado como un día negro en Ciudad Satélite, quizás el más duro en lo que respecta a seguridad ciudadana en sus casi 30 años de existencia luego que 2 asaltantes encapuchados irrumpieran en el Serviestado ubicado en Alcalde José Luis Infante Larraín 1320, con disparos a la mampara y en su interior, creando pánico en los trabajadores y dejando de manifiesto que la seguridad ciudadana ya no existe..

Dos asaltantes cubiertos con pasamontañas, provistos de chalecos antibalas y armas de fuego irrumpieron alrededor de las 13:10 horas del miércoles 11 de marzo creando pánico en los clientes que esperaban ser atendidos y los trabajadores de la bancaria.

Según información de la Fiscalía Occidente, los delincuentes que ingresaron efectuando diversos disparos en el hall central fueron repelidos por el guardia de turno que tras efectuar 10 disparos los obliga a huir sin concretar sus objetivos de robar dinero Afortunadamente en. la balacera ocurrida en el interior no produjo heridos ni víctimas que lamentar, salvo el shock normal que produjo en quienes fueron, sin querer, actores segundarios de esta dramática escena.

Los 2 delincuentes huyeron en un auto gris, sin patente, que los espera al menos con el conductor, sin tener más antecedentes de si participaron más antisociales en el acto delictual. Carabineros del cuadrante del lugar los persiguió, pero perdieron el rastro de los delincuentes cuando llegaron al Camino La Vara, San Bernardo, sin que se hasta el momento a pesar de las gestiones policiales se conozca el paradero de los delincuentes.

La única víctima fue un perrito que  persiguió a los delincuentes en su huida y que sin piedad le dispararon causando su muerte en el lugar.

La Fiscalía determinó que se encargara del Proceso a la Labocar.

Tras escuchar a representantes de diversas asociaciones del sector público, ministros de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional y 4 constitucionalistas, por unanimidad, la instancia coincidió en la necesidad de legislar pero sin que ello afecte carreras funcionarias o remuneraciones de fiscales o jueces.

Por unanimidad, la Comisión de Constitución aprobó en general el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite, que busca determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria.

Los senadores Felipe Harboe, presidente de la instancia; Andrés Allamand, Francisco Huenchumilla, Víctor Pérez Varela y Alfonso de Urresti, coincidieron en la necesidad de legislar para fijar las estructuras remuneracionales de las autoridades políticas y miembros del parlamento.

No obstante, aclararon que el texto legal que llegó de la Cámara requiere de profundos perfeccionamientos puesto que tal como está redactado generaría consecuencias negativas en las estructuras de sueldos de la administración pública y en las carreras de unos 12 mil funcionarios y funcionarias, incluyendo a fiscales, jueces y ministros de la Corte Suprema.

Al respecto, el ministro de la Segpres, Felipe Ward anticipó que el Ejecutivo presentará durante el debate en particular una indicación que recoja lo diversos perfeccionamientos.

Los parlamentarios escucharon a representantes de las diversas asociaciones de funcionarios del sector público, así como al Fiscal Nacional, a ministros de la Corte Suprema encabezados por su presidente Guillermo Silva y a 4 constitucionalistas: Carlos Carmona, Luis Cordero, Arturo Fermandois y Sebastián Soto.

La mayoría de los invitados advirtieron la necesidad de introducir una serie de perfeccionamientos y afinar la técnica legislativa para conseguir el objetivo del proyecto de acortar las brechas remuneracionales.

ARGUMENTACIONES

El senador Harboe  afirmó  que “no somos los legisladores quienes nos fijamos la dieta sino que hay norma constitucional que la homologa a los ministros de Estado. Por lo tanto, hay que hacer un cambio relevante en la dieta pero también en las remuneraciones de autoridades políticas y miembros parlamento” dijo y recalcó que “en ningún caso este cambio es extensible al ministros del poder judicial, fiscales u otros funcionarios.

Asimismo, hizo presente su preocupación “por la mala calidad del proyecto que fue aprobado en la Cámara. Es un proyecto de aplauso fácil pero que genera consecuencias a más de 112 mil funcionarios que podrían verse afectados en sus remuneraciones”. Asimismo manifestó su extrañeza porque en el trámite de la Cámara “no se haya escuchado a ningún constitucionalista “.

A su turno, el senador Pérez Varela, explicó que “tras escuchar a expositores organizaciones gremiales, Presidente de la Corte Suprema y profesores  de derecho constitucional todos coinciden en que este es un muy mal proyecto y no resuelve el tema de fondo”.

Agregó que “muy por el contrario genera un  marco de incertidumbre, dificultades y ahora recae en el Senado una modificación sustancial del texto legal”.

El senador Allamand coincidió en que “la iniciativa debe acotarse a los cargos parlamentarios, ministros de Estado y no al resto de las autoridades incluidas por las múltiples razones que han dado a conocer los propios invitados”. Agregó además que “estamos frente a una iniciativa muy defectuosa”.

El senador De Urresti, aseveró que comparte  “el objetivo de proyecto de fijar las estructuras de las remuneraciones públicas y por qué no decirlo también de las privadas para acortar las brechas y creo que el parlamento puede dar una señal en ese sentido”. No obstante, reconoció que quedó “preocupado por las opiniones de los constitucionalistas y me llama la atención que en la Cámara de Diputados no hayan sido convocados”.

Finalmente, el senador Huenchumilla expresó que “la idea de legislar se enmarca en un problema político que tenemos en el país por la desigualdad de los ingresos y que abarca sector público y privado”. Añadió que “me parece que hay que apoyar la idea de legislar pero vamos a requerir de una técnica legislativa muy refinada para acotar y precisar el texto legal”.

En lo fundamental el texto de la iniciativa que cumple su segundo trámite constitucional establece que “son públicas las remuneraciones y dietas de las altas autoridades y jefaturas de la administración pública”; y propone la creación de una comisión integrada por representantes del Consejo de Alta Dirección Pública, del Banco Central y un miembro designado por el Presidente de la República, para fijar cada cuatro años los montos de las remuneraciones para diputados, senadores y otros altos cargos públicos.

Publicado 9 de marzo de 2020

Este jueves 12 de marzo de 2020, se realizará la sesión Nº 1.174 del Consejo Municipal con un interesante punto: Convenio con Farmacia Salcobrand, mientras la farmacia municipal que llega a sectores populares y clase media emergente sigue vacía.

Este jueves se someterá al Concejo Municipal dos temas en su tabla ordinaria, el punto 3.1 que guarda relación con contratos sobre 500 UTM.

Un segundo punto tratara el tema del Convenio de beneficios farmacéuticos entre la Municipalidad de Maipú – Salcobrand, punto conflictivo luego que en la semana dirigentes sociales hicieron una intervención en “La Botica” (nombre que lleva la Farmacia Municipal) dejando  al descubierto la falta de medicamento en sus estanterías (vacías) cuyos costo son inferiores a las de este comercio establecido y de más alto consumo.

La sesión se inicia a las 10:00 horas, con ingreso restringido dado que funcionarios municipales, sin poder de determinación, ocupan las escasas butacas.

TABLA

I- Aprobación de Actas.

II.-Cuentas

De la Presidenta

De Comisiones.

III.- Tabla Ordinaria

3.1.- Contratos sobre 500 UTM.

3.2.- Convenio de beneficios farmacéuticos entre la I. Municipalidad de Maipú y Farmacias Salcobrand.

IV.- Proposición temas próximas sesiones.

V.- Varios.

Dos asaltos a mano armada y uno frustrado sufrió la Municipalidad de Maipú en pleno período de pago de Permisos de circulación de vehículos. Uno de ellos en pleno centro, en el edificio Consistorial ubicado a 120 metros de la 25º Comisaria. El caso lo tomó la Policía de investigaciones.

La Oficina de recaudación de la Tesorería Municipal de Maipú fue asaltada el viernes 6 de marzo por cuatro individuos encapuchados a mano armada, aun cuando no hubo heridos, el personal que muy alterado por la situación de riesgo a la que se vieron enfrentada.

Según los trascendidos la cifra robada ascendería a 2 millones de pesos, tema que fue menor debido a que generalmente se cancela con tarjetas de débito y crédito.

Hasta el momento no hay noticias  sobre la captura de los antisociales, pero se estima que el análisis pericial de las cámaras de seguridad instaladas será trascendental para tener los resultados esperados.

La ola de asalto continuó el sábado en el módulo de captación de permisos ubicada en el Mall Arauco, sin que hasta el momento se sepa la cifra robada por los delincuentes, así como tampoco sobre el asalto frustrado similar captación de permisos ubicada en el Unimark ubicado en Silva Carvallo, especialmente en el estado del personal, de la cual asegura hubo una principal preocupación de la autoridad municipal.

La presidenta de la Comisión de Género de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Concejala de Peñalolén, Claudia Mora, saludó a las autoridades locales y funcionarias municipales, en la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Claudia Mora destacó que “Chile aún no avanza lo suficiente en materia de género, ya que en las últimas elecciones de alcaldes y concejales, sólo un 12% de los jefes comunales, corresponde a mujeres. En el caso de los concejales, las cifras indican que un 25% de los ediles corresponde a mujeres”.

Pese a que las mujeres representan más de la mitad de la población en Chile -51,37%- su representación es de apenas un 15,83% en la Cámara de Diputados y un 15,79% en el Senado.

Datos relevantes

En las elecciones municipales del año 2016, se presentaron como candidatos a la Alcaldía, 1.211 postulantes, de los cuales 980 fueron hombres y sólo 231 mujeres.

En el caso de los postulantes al cargo de concejal, se presentaron, 13.130 candidatos, de los cuales 9.072 fueron hombres y 4.058 mujeres.

Porque es importante una modificación a la Ley de cuotas: En Chile las mujeres son el 51% de la población y el 52% del electorado, pero solo, el 12% de los alcaldes y el 29% de los concejales.

Una ley de cuotas es una norma que obliga a los partidos políticos a presentar listas de candidatos equilibradas entre mujeres y hombres. Se trata de una medida de “acción afirmativa”, es decir la acción de una política pública que busca impulsar la igualdad de derechos con la finalidad de superar el desequilibrio que impide a las mujeres acceder a cargos de elección popular en igualdad condiciones respecto a los hombres.

Una fecha en que se enfrentaban dos titanes: El local Florida Loma Blanca  con la visita Abrazo de Maipú. Los dolores deportivos fueron en ambos lados: Abrazo de Maipú en tercera infantil gana  y quedan ambos punteros, por su parte Abrazo de Maipú esperaba ganar en tercera adulto e incluso en  primera adulto, si llegaban sus astros.

Un torneo que continua y espera terminar durante el mes de marzo, con intensos partidos, con un sábado que no olvidará Real Flandes al obtener  13 de 15 ,. Con un partido en primera adulto que terminó con resultado estrecho.

Unión Viveros aprovechó todas las ventajas que le entregó Abraham Lincoln y sumó 29, lo que le permite desplazar a Abrazo  de Maipú del  segundo lugar.

La segunda infantil de Cañón Alonso le basta ganar un partido de ser campeón de la serie, otro tanto en tercera adulto, siendo la sorpresa del torneo aunque se mantiene en el 7º lugar.

El segunda adulto de Unión Centenario es prácticamente el primer Campeón del torneo, campeón en segunda adulto ya que quedan 9 puntos por disputar y quien lo pondría en apuros es Florida Loma Blanca que debe cumplir su fecha libre al igual que Centenario

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Las explosiones  ocurridas el martes 3 de marzo (2020) pasada las 13:00 horas en la Bodega San Francisco, sector cercano al Aeropuerto Merino Benítez, ubicado entre las intersección de las calles Madero y Puerto Santiago, no solo estremecieron a trabajadores del sector, sino que impactaron duramente el Villa Rosa O’Higgins, sector nor oriente de la comuna de Maipú, luego de conocerse que una de las cuatro víctimas correspondía a un destacado y querido vecino del sector: Juan Lacroix Orozco, padre de dos varones que junto a su esposa Verónica Rubio conformaban a una familia muy unida, querida y respetada.

La empresa Explonun dio a conocer que el incendio se produjo en la planta de embalaje de sales metálicas, siendo investigada la causal de los hechos acaecidos; también se señaló que  el fuego se habría propagado a la bodega de la Cooperativa de Carabineros, tema que investigará la Fiscalía Occidente por cuasidelito de homicidio

Don Juan Lacroiz Orozco (Q.E.P.D.), padre de Bruno y Braulio, casado con Verónica Rubio Aliaga, deja un enorme dolor en el seno de una familia trabajadora y que producto de su trabajo han logrado tener un buen grupo familiar con un mejor futuro para sus hijos.

Toda una familia era colocolina, disfrutaban en familia concurriendo a los encuentros del cacique en el Monumental, del cual señalaba era la cábala para ganar.

El dolor invade el sector, vecinos se preparan para recibirlo y darle una despedida en el viaje que sólo tendrá regreso cuando el Creador lo determine.

La familia, no señaló el acongojado vecino, está a la espera de la entrega por parte del Servicio Médico Legal para realizar el velatorio y los vecinos puedan darle su último adiós y entregarle su pesar y sentimientos a su familia.

Su funeral y hora del velatorio será oportunamente informado, solo queda entregar las condolencias a una familia maipucina que sufre, pero que debe contra restar en parte con el cariño entregado por los vecinos ante esta irreparable pérdida.

La propuesta, que permitirá que los trabajadores públicos también puedan reclamar judicialmente por la violación de sus derechos fundamentales en su relación con el empleador, fue destinada al Senado, para cumplir con su tercer trámite legislativo.

El 6 de noviembre pasado, la Sala de la Cámara aprobó legislar en torno al proyecto que extiende la aplicación del procedimiento de la tutela laboral a los trabajadores públicos y municipales. Sin embargo, dada la presentación de indicaciones, la iniciativa volvió en la oportunidad a la Comisión de Trabajo para un segundo informe que hoy, finalmente, fue ratificado por la Corporación.

El texto, enviado a tercer trámite al Senado, agrega en el Código del Trabajo que las normas de los artículos 485 y siguientes (referidos a la tutela laboral) son aplicables a todos los trabajadores, incluidos aquellos funcionarios de la administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial; trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o aquéllas en que tenga aportes, participación o representación.

Luego, indica que dichas normas también serán aplicables a los trabajadores que se desempeñen en los siguientes órganos: Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Justicia Electoral, Contraloría General de la República y Banco Central. Asimismo, se extenderá a los trabajadores de entidades que sus propias leyes declaren como autónomas.

La iniciativa también modifica otras dos disposiciones del citado Código (arts. 486 y 489) que abordan aspectos relacionados con la Inspección del Trabajo y procesos judiciales de indemnización (o reincorporación al cargo, según opción del trabajador), en torno a los efectos del procedimiento de tutela laboral, ahora también en la perspectiva del sector público.

Tutela laboral

La tutela laboral es un procedimiento mediante el cual el trabajador reclama la violación de sus derechos fundamentales en su relación con el empleador, normas que se encuentran consagradas en el artículo 485 del Código del Trabajo y que hoy solo son aplicables al sector privado.

Este marco reconoce o ampara los siguientes derechos fundamentales para el trabajador/a y, en extensión, a su familia, cuando corresponda:

• A la vida y a la integridad física y psíquica, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral.
• Respeto y protección a la vida privada y a la honra.
• A la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada.
• A la libertad de conciencia, a la manifestación de todas las creencias y al ejercicio libre de todos los cultos.
• Libertad de expresión, opinión e información sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio.
• Libertad de trabajo y el derecho a su libre elección. Además, la garantía de que ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo las excepciones que la propia Constitución dispone.
• A no ser sujeto de los actos discriminatorios señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo.
• Libertad sindical y el derecho a negociar colectivamente sin obstáculos indebidos.
• Garantía de indemnidad, que consiste en no ser objeto de represalias ejercidas por parte del empleador, en razón o como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo o por el ejercicio de acciones judiciales.

Al quedar excluido el sector público de este marco de garantías, estas no son aplicables a dichos funcionarios. Así, por ejemplo, se excluye la intervención de la Inspección del Trabajo frente a situaciones como el despido injustificado o vulneraciones específicas a los derechos laborales.

Bases del proyecto

El proyecto de ley tiene su origen en tres propuestas parlamentarias. La moción más antigua (boletín 9476) data de agosto de 2014 y fue ingresada por cinco senadores de oposición.

Tras un periodo de estancamiento, la propuesta es retomada en diciembre de 2018, oportunidad donde el Senado adoptó la decisión de refundirla con otras dos iniciativas ingresadas ese año (boletines 12322 y 12327), también nacidas en la oposición.

La presentación de las iniciativas se condicen con dos hitos específicos. El fallo en 2013 de la Corte Suprema, que estimó que “no existe una razón jurídica valedera para excluir de su aplicación a toda una categoría de trabajadores, como son los funcionarios públicos”; y la posterior resolución del Tribunal Constitucional, que acusó inaplicabilidad por inconstitucionalidad y sostuvo que no procede la aplicación del procedimiento de tutela laboral a los funcionarios públicos y municipales.

Publicado el 03 de marzo del 2020