Señor Director:
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, fue uno de los primeros en pedir apoyo militar acotado frente a la crisis de seguridad. Hoy, cuando el Gobierno propone nuevas herramientas constitucionales contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo, sería especialmente interesante conocer su opinión.
La propuesta del Gobierno para introducir cambios constitucionales destinados a enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado merece una discusión bastante más profunda que la habitual controversia entre oficialismo y oposición. Lo que está en juego no es solamente disponer de nuevas herramientas policiales o modificar algunos artículos de la Constitución, sino determinar qué debe hacer el Estado cuando organizaciones criminales comienzan a disputarle espacios de autoridad, control territorial y, finalmente, poder.
Hace pocos días, en Voces de Mando, de El Periodista TV, conversé con el general en retiro John Griffiths sobre la necesidad de que Chile avance hacia una verdadera estrategia de seguridad nacional. Una de las cuestiones que surgió en esa conversación es que existen amenazas que pueden comenzar como problemas propios de la seguridad pública, pero que por su capacidad económica, sus conexiones internacionales, su penetración institucional y el control que llegan a ejercer sobre determinados territorios terminan adquiriendo una dimensión mucho más amplia.
En esta misma materia, el coronel en retiro y académico Jorge Sanz ha hecho un aporte que considero especialmente interesante. Él ha advertido que el crimen organizado ya no puede entenderse únicamente como narcotráfico, porque controla territorios, corrompe instituciones y desafía al Estado. Concuerdo plenamente con esa mirada. La droga produce dinero, pero ese dinero permite comprar voluntades, intimidar comunidades, financiar estructuras criminales, corromper funcionarios y ejercer autoridad allí donde el Estado comienza a retroceder. El problema cambia de naturaleza cuando una organización delictual deja de limitarse a infringir la ley y comienza a ocupar espacios de poder que legítimamente corresponden al Estado.
Desde esa perspectiva, la reforma constitucional que impulsa el Gobierno resulta particularmente relevante. Entre otras materias, busca establecer nuevas herramientas para enfrentar organizaciones criminales y terroristas y permitir una intervención especial en territorios gravemente afectados por ellas. Naturalmente han aparecido reparos, incluso desde sectores políticos que han sostenido posiciones firmes en materia de seguridad, mientras desde la oposición se han planteado prevenciones respecto de derechos, facultades excepcionales y controles institucionales. Es legítimo discutir cada uno de esos aspectos y establecer todos los resguardos necesarios, pero otra cosa muy distinta sería que esas prevenciones terminaran inmovilizando al Estado frente a organizaciones que precisamente aprovechan sus debilidades, vacíos y demoras.
Tampoco debiéramos abordar esta discusión como si Chile estuviera inventando una extravagancia. Basta mirar lo que ocurre en otras partes del mundo. En Francia e Italia es habitual encontrar militares protegiendo aeropuertos, estaciones ferroviarias e infraestructura crítica; Estados Unidos emplea fuerzas militares y de la Guardia Nacional en determinadas tareas fronterizas y de apoyo; Ecuador ha debido combinar directamente capacidades policiales y militares frente al avance del crimen organizado, y Colombia articula desde hace años el empleo de ambas instituciones frente a organizaciones armadas y criminales. Brasil también ha recurrido, bajo mecanismos jurídicos propios, al empleo de sus Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior. Cada país tiene su historia, sus normas y sus procedimientos, pero todos han debido adaptarse a amenazas que cambiaron. Chile también debe vivir la realidad.
Eso no significa buscar soluciones fáciles ni improvisadas. Tampoco parece razonable resolver el problema colocando simplemente a las Fuerzas Armadas bajo la conducción operativa de Carabineros. Son instituciones distintas, con formación, doctrina, jerarquías, cultura profesional y misiones diferentes. El verdadero problema está más arriba y es esencialmente político: quién conduce, quién ejecuta y quién responde cuando el Estado decide emplear conjuntamente capacidades policiales y militares.
Las Fuerzas Armadas dependen de una autoridad civil y las policías también. Si el Estado determina que frente a determinadas amenazas deben actuar coordinadamente, corresponde que sea precisamente esa conducción política la que defina los objetivos, establezca los límites, distribuya responsabilidades y asuma también las consecuencias de las decisiones adoptadas. No parece razonable que una dificultad política termine transformándose en un problema entregado a los uniformados para que sean ellos quienes resuelvan, en los hechos, quién manda a quién.
En este punto echo de menos también una posición pública y clara de Carabineros de Chile. No parece conveniente que una institución con su historia y tradición simplemente espere a conocer qué resolverá finalmente la autoridad política respecto del mando de una eventual operación conjunta. Si policías y Fuerzas Armadas van a actuar en un mismo territorio, esa cuestión debe quedar despejada antes de que salgan a la calle. En mi opinión, la conducción política debe permanecer inequívocamente en la autoridad civil y, en el nivel operativo, debe existir un mando único previamente establecido, respetando las jerarquías, antigüedades y tradiciones institucionales de las fuerzas participantes. Lo que no parece razonable es improvisar una subordinación entre instituciones porque administrativamente resulte más sencillo. Estas materias se resuelven antes de una crisis, no durante ella.
Para Maipú esta discusión tiene, además, una dimensión especialmente concreta. Su alcalde, Tomás Vodanovic, pidió en 2024 apoyo militar acotado para determinadas tareas de seguridad, protección de infraestructura crítica y recuperación de sectores afectados por hechos graves de violencia. Aquello provocó sorpresa en su propio sector político, pero también puso sobre la mesa algo que los alcaldes conocen antes que muchos otros: son ellos quienes observan directamente cuándo una banda se instala, cuándo el narcotráfico intimida a los vecinos, cuándo un barrio comienza a deteriorarse y cuándo determinados espacios empiezan a escapar del control cotidiano del Estado.
Por eso sería particularmente interesante conocer hoy la posición del alcalde Vodanovic frente a esta reforma. Lo que hace dos años planteó desde la experiencia concreta de Maipú se encuentra ahora dentro de una discusión nacional mucho más amplia. No se trata de militarizar las comunas ni de reemplazar a las policías, sino de determinar qué instrumentos necesita legítimamente el Estado cuando las capacidades ordinarias resultan insuficientes frente a organizaciones que buscan mucho más que enriquecerse con la droga.
Porque lo verdaderamente grave comienza cuando el dinero del narcotráfico se transforma en influencia, la influencia en control territorial y ese control en poder sobre personas, barrios e instituciones. En ese momento, el problema deja de ser solamente policial y pasa a comprometer algo esencial: la capacidad del Estado para ejercer autoridad efectiva sobre su propio territorio.
Y ese es un poder que el Estado no puede abandonar.
Christian Slater E.
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