La seguridad ciudadana se ha consolidado como la principal exigencia de la comunidad en todo el país y los municipios, que son el primer referente de reclamos ciudadanos, determinan estrategias para enfrentar estos desafíos de entregar una seguridad a la comunidad, para lo cual deben capacitar a sus funcionarios.

Ante la falta de respuestas definitivas de las gestiones gubernamentales presentes y pasadas, los municipios han quedado en la primera línea para responder a las demandas vecinales, mientras aguardan con expectación la tramitación del reglamento que normará la nueva Ley de Seguridad Municipal.

En este escenario, a ocho meses de la promulgación de la ley y con su marco reglamentario aún en proceso de revisión, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito, llevará a cabo la Escuela de Seguridad Municipal 2026. La instancia se desarrollará entre el 19 y el 21 de octubre, configurándose como un espacio clave para abordar los desafíos más urgentes de la gestión local.

El encuentro pondrá en el centro del debate temáticas complejas e impostergables, tales como la creciente violencia que sufren los funcionarios municipales en terreno, el combate al crimen organizado, la prevención del delito enfocada en la infancia y los procesos de reinserción social para las personas que retornan al medio libre.

Con el propósito de ir más allá de la formación técnica, la iniciativa busca robustecer de manera operativa a los equipos locales. Para ello, se entregarán herramientas orientadas a mejorar la prevención del delito, optimizar el apoyo a las labores de persecución penal y afianzar la coordinación estratégica con las distintas instituciones encargadas del orden público.

Al respecto, el presidente de la ACHM y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, enfatizó la magnitud de la coyuntura al señalar que el país atraviesa “la crisis más grande de nuestra historia en materia de seguridad”. Alessandri instó a conformar una fuerza de tarea coordinada y a mantener equipos municipales altamente preparados para proteger a los vecinos frente al avance del crimen organizado.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la ACHM y alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, remarcó la importancia de ampliar el enfoque del problema. Ríos sostuvo que no se puede analizar la seguridad únicamente desde la respuesta posterior a la comisión de un delito, subrayando el deber de intervenir tempranamente en barrios, niños y jóvenes mediante una labor interinstitucional efectiva.

En esa misma línea, la prevención desde la infancia ocupará un lugar protagónico durante las jornadas, reconociéndose la labor municipal en la generación de entornos protectores mediante la educación, el deporte, la cultura y la participación comunitaria. Estas acciones buscan brindar nuevas oportunidades al segmento juvenil y neutralizar de raíz los factores de riesgo vinculados a las conductas delictivas.

La Escuela de Seguridad Municipal 2026 se realizará en la comuna de Santiago, teniendo como sede el Auditorio del Edificio Moneda Bicentenario, ubicado en Teatinos 92. Las jornadas se extenderán durante el lunes 19 y martes 20 de octubre en horario de 09:30 a 17:00 horas, concluyendo el miércoles 21 de octubre con un bloque de cierre entre las 09:30 y las 13:30 horas.

• Lugar: Auditorio del Edificio Moneda Bicentenario
• Dirección: Teatinos 92, Santiago, Región Metropolitana
• Fechas: Lunes 19, martes 20 y miércoles 21 de octubre de 2026
• Horarios: Lunes y martes de 09:30 a 17:00 hrs; miércoles de 09:30 a 13:30 hrs

En un contundente golpe contra el crimen organizado transnacional, la justicia condenó a un total de 143 años de cárcel a los 16 integrantes de la banda “Los Emisarios del Cauca”. La resolución, dictada tras un extenso proceso judicial, penaliza a esta amplia red delictual responsable de ingresar e inundar las calles del país con cientos de kilos de diversas drogas ilícitas.

La organización, de origen colombiano, operaba bajo un sofisticado modelo que el Ministerio Público catalogó como un “mercado delictual”. En la práctica, actuaban como una cooperativa conformada por cuatro agrupaciones distintas que coordinaban la importación y comercialización de los narcóticos. Su centro neurálgico y de reuniones operaba a plena luz del día en el centro de Santiago, bajo la fachada de un local comercial denominado “El Cafetal”, recibiendo directrices directas de un cartel establecido en el Valle del Cauca.

El volumen de los estupefacientes manejados por esta red da cuenta de su enorme poder logístico. De acuerdo con los antecedentes presentados, entre los años 2019 y 2022, la banda logró internar a Chile un estimado de 500 a 800 kilos de drogas. Las rutas de abastecimiento se extendían por Europa, Bolivia y Colombia, desde donde importaban un variado catálogo que incluía cocaína, cannabis y drogas de diseño como MDMA, LSD y ketamina para su distribución en la Región Metropolitana y otras zonas del país.

El proceso judicial para desbaratar a la agrupación se llevó a cabo en el Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago, extendiéndose desde abril hasta septiembre de 2026. El fiscal Daniel Contreras, de la Fiscalía de Análisis Criminal Occidente, fue el encargado de liderar la presentación de un contundente cúmulo de pruebas testimoniales, periciales y documentales para demostrar la culpabilidad de cada uno de los involucrados en esta intrincada red criminal.

Las máximas sanciones recayeron sobre las cúpulas de esta asociación. Los cuatro individuos que ejercían el rol de líderes en sus respectivas facciones recibieron sentencias que oscilan entre los 15 y 16 años de presidio efectivo. Estas altas penas se justifican por las condenas por los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y, en dos de los casos, por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego.

El fallo dictado por el tribunal marca, además, un importante hito en la persecución penal del narcotráfico. En su sentencia, el TOP dio por acreditadas las reiteradas internaciones de droga a lo largo de los años investigados basándose de manera exclusiva en la solidez de las pruebas de la Fiscalía durante el juicio oral. De esta forma, se logró la condena por tráfico sin la estricta necesidad de sorprender a los líderes en posesión material de la droga, desarticulando así una de las organizaciones más complejas del último tiempo.