53 AÑOS DE UNA MENTIRA

Sr. Director:

Durante 53 años, sectores de la izquierda, organizaciones de derechos humanos y gran parte del mundo político y académico presentaron a los chilenos como una verdad indiscutible que Bernarda Vera había sido detenida, ejecutada y hecha desaparecer por militares en 1973. Su nombre ingresó al Informe Rettig, al Museo de la Memoria y al listado oficial de detenidos desaparecidos. Sobre ese caso se construyeron discursos políticos, publicaciones, indemnizaciones, procesos judiciales y condenas. Durante más de medio siglo, cualquier persona que se atreviera a cuestionar esa versión era inmediatamente descalificada, estigmatizada o acusada de negacionista.

 

Hoy, un examen de ADN con una certeza superior al 99,9999% confirmó que Bernarda Vera estaba viva y residía en Argentina.

 

La magnitud de este hecho no admite eufemismos. Una mujer que durante décadas figuró oficialmente como detenida desaparecida nunca estuvo en una fosa clandestina. Nunca fue una desaparecida. Mientras en Chile su nombre seguía siendo utilizado como uno de los símbolos de las violaciones a los derechos humanos atribuidas al régimen militar, ella desarrolló su vida al otro lado de la cordillera.

 

Y el silencio de quienes durante años levantaron este caso como una verdad absoluta resulta tan estruendoso como revelador. ¿Dónde están hoy los organismos de derechos humanos? ¿Dónde están los dirigentes políticos que durante décadas utilizaron este nombre en discursos y campañas? ¿Dónde están el Museo de la Memoria y quienes exigían aceptar sin cuestionamientos cada versión oficial? Ninguno parece dispuesto a asumir la responsabilidad política, moral e histórica que implica un error de esta magnitud.

 

Pero en esta historia hay un nombre que no puede quedar en el olvido: el teniente coronel Hugo Guerra Jorquera. Murió privado de libertad en Punta Peuco tras haber sido condenado en una causa relacionada con la desaparición de Bernarda Vera. Él ya no podrá escuchar explicaciones, ni disculpas, ni ver cómo la historia que sustentó ese caso cambia de manera tan radical. Su familia tampoco recuperará los años perdidos ni el peso de una condena que lo acompañó hasta el final de su vida.

 

Durante décadas se instaló la idea de que cuestionar un caso era un atentado contra los derechos humanos; que exigir pruebas era una forma de negacionismo y que toda duda era moralmente inaceptable. Sin embargo, los derechos humanos no pueden defenderse sobre relatos inamovibles ni sobre verdades que se niegan a ser revisadas cuando aparecen nuevos antecedentes. La justicia exige convicciones, pero también exige la humildad de corregir cuando la evidencia demuestra que una historia no ocurrió como se sostuvo durante más de cincuenta años.

 

Este caso abre una interrogante que nadie debería intentar censurar: si un expediente de esta relevancia terminó demostrando que la supuesta víctima estaba viva, ¿cuántos otros casos merecen ser revisados con el mismo rigor? Esa pregunta no debilita la justicia; por el contrario, la fortalece. Lo que realmente la debilita es la negativa a revisar aquello que durante décadas fue presentado como una verdad absoluta.

 

Durante más de medio siglo, ancianos militares fueron perseguidos con una severidad que muchos consideran desproporcionada, mientras la violencia política de las organizaciones armadas de izquierda fue relegada a un segundo plano en buena parte del relato público. Al mismo tiempo, se consolidó un discurso que, para muchos, nunca admitió errores, nunca aceptó matices y rara vez practicó la autocrítica cuando los hechos desafiaban las certezas instaladas.

 

Hoy quienes construyeron y defendieron ese relato tienen la oportunidad de reconocer que se equivocaron. Pero probablemente no lo harán. No porque falten pruebas, sino porque admitir un error de esta magnitud significaría aceptar que durante 53 años se sostuvo como verdad una historia que la evidencia científica terminó desmintiendo.

 

Jorge Ravanales Arriagada