No hay alegría en mí. No hay celebración posible. La prisión preventiva decretada contra el ex diputado Joaquín Lavín León, y ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago no despierta en mi espíritu ni un ápice de regocijo. Solo encuentro espacio para el silencio. Para una meditación profunda y dolorosa sobre esa cara oscura del poder político, esa que, en manos inescrupulosas, es capaz de triturar la dignidad de personas inocentes sin que le tiemble el pulso. Carta enviada por  Christian Vittori Muñoz.

Han sido años durísimos. Años que nos marcaron a fuego.

Escribo estas palabras como un acto tardío, pero necesario, de justicia. Justicia para los dirigentes sociales que entregaron su alma trabajando por la comunidad. Justicia para los vecinos que creyeron. Justicia para los funcionarios municipales que fueron degradados a enemigos y despedidos. Y justicia, sobre todo, para mi familia, que soportó en silencio la maquinaria del desprestigio, la discriminación feroz, el atropello sistemático de nuestros derechos y el pisoteo cruel de nuestra imagen. Todo aquello para satisfacer un capricho personal del matrimonio Barriga-Lavín, cuyos efectos venenosos respiramos los maipucinos hasta el día de hoy, como una condena que se niega a terminar.

El juez lo dejó claro en su resolución: se dio por acreditado que el ex diputado montó un call center electoral con fondos del Congreso, presentó rendiciones de gastos parlamentarios falsas para pagar deudas de campaña y creó una red de operadores políticos incrustada en la propia Municipalidad. Qué amarga ironía verlo ahora. Mientras ellos tejían esa verdadera maquinaria en el corazón del municipio de Maipú, a nosotros nos trataban de la peor manera. Entre 2015 y 2020, por orden de Barriga, nos llamaron corruptos, imputados; nos señalaron con dedos acusadores y se orquestó un show mediático. A los funcionarios y profesionales nos trataron como delincuentes, y a las dirigentas sociales como simples operadoras políticas. Nos arrastraban por el lodo mientras la trama real operaba a plena luz del día, con la ayuda y el beneplácito de actores políticos locales, mal llamados “líderes” de centro y de izquierda. Protegían sus parcelas de poder y alimentaban sus cofradías, vendidos por un cupo laboral, por un contrato miserable, por envidia… o simplemente por gusto. Se destinaron recursos municipales y ministeriales para aceitar esta máquina aniquiladora de persecución política sin importar el daño personal, familiar, laboral, profesional y moral, ni el sufrimiento infringido a nuestros hijos, el mismo que se clama hoy como un grito desesperado.

En lo personal, mi familia y yo fuimos querellados por Lavín y Barriga a través de su amigo y abogado, Carlos Fairlie, también imputado en esta investigación y pagado con recursos del Congreso para fines políticos espurios. Fueron años de calvario en los tribunales. Años de cargar con el peso de mentiras viles. Hasta que finalmente, con la verdad como única arma, pude demostrar mi inocencia. Fui absuelto. Primero en los Tribunales Orales y luego en la Corte de Apelaciones de Santiago. Absuelto de todas las acusaciones. Pero la pregunta que aún me taladra el alma sigue sin respuesta: ¿quién repara el daño personal, el daño profesional, el daño laboral de nuestra familia? ¿Quién restituye el honor mancillado y el escarnio público que sufrimos? ¿Quién les devuelve su fuente de trabajo a los más de mil funcionarios despedidos, que hasta hoy no reciben el pago ni siquiera de sus imposiciones?

Por eso, y por tantas otras razones imposibles de enumerar aquí, este no es momento de estar feliz ni de celebrar. Es momento de aspirar a una justicia legítima, profunda, y reparadora. Si los hechos que investiga el Ministerio Público resultan acreditados, corresponderá que la justicia actúe con todo el rigor que la ley contempla. Pero al mismo tiempo, debemos aspirar a una justicia que respete los principios que a mí me fueron pisoteados sin piedad, e incluso puestos en duda por quienes decían ser mis propios compañeros de ruta. Hablo de la presunción de inocencia, ese sagrado manto que a mí me arrancaron sin piedad y que hoy, aun con el alma herida, me niego a arrebatarle a nadie. Porque la verdadera justicia no se regodea en la caída del otro, sino que construye desde la verdad y la dignidad. Y de ambas cosas, todavía estamos en deuda.

PD: Para los que ignoran o dicen ignorar, para los desinformados y para los malintencionados, nunca  tuve una medida cautelar de prisión preventiva, solo arraigo y firma mensual durante la investigación, adjunto las referencias de los fallos judiciales donde fui absuelto de todas las falsas acusaciones y declarado inocente:

Fallo 96-2019 del 5° Tribunal Oral en lo Penal,

Fallo 273-2019 del 1° Tribunal Oral en lo Penal, ambos de Santiago, y el

Fallo penal N°3.914-2022 de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Christian Vittori Muñoz

Cuando se dice que la investigación científica no sirve porque sus resultados terminan en una biblioteca, vale la pena detenerse en esa afirmación con calma. Las bibliotecas han sido, a lo largo de toda la historia de la humanidad, el lugar donde el saber se preserva para que otros puedan construir sobre él. La Biblioteca Nacional de Chile, fundada en 1813, antes incluso de nuestra Independencia formal, nació con esa convicción: que el acceso al conocimiento es una condición de la ciudadanía.

A través de redes de bibliotecas obreras y populares, miles de trabajadores y trabajadoras chilenos aprendieron durante el siglo XX a leer no solo palabras, sino también el mundo. Despreciar ese legado no es una posición técnica; es un extravío histórico.

La evidencia disponible es clara respecto al valor económico de la ciencia. Un estudio publicado en Research Policy determinó que el 73% de los artículos citados en patentes industriales estadounidenses provienen de investigación financiada con fondos públicos (Narin, Hamilton y Olivastro, 1997).

No hay innovación privada sin ciencia previa que la sustente. Múltiples estudios de la OCDE han documentado que la inversión pública en investigación y desarrollo genera retornos económicos significativos a largo plazo, a través de mejoras en productividad y apertura de nuevos mercados. El informe Science and the Economy de la Royal Society (2024) precisa, además, que los métodos tradicionales de medición apenas capturan una fracción del valor real generado por el sistema científico.

Pero el conocimiento vale también -y enormemente- más allá de lo productivo. El Premio Nobel de Economía Amartya Sen demostró que las sociedades con mayor capital intelectual y libertades cognitivas exhiben indicadores de desarrollo humano superiores, con independencia del PIB per cápita (Sen, 1999). La investigación en humanidades, ciencias sociales y artes contribuye a la cohesión democrática, al fortalecimiento de identidades culturales y a la construcción de políticas públicas más justas. Investigaciones universitarias sobre contaminación del aire, resistencia a antibióticos o salud mental han permitido al Estado chileno actuar antes de que los problemas se vuelvan irreversibles. El retorno de esa ciencia no se mide en empleos directos, sino en calidad de vida y años ganados.

Las universidades son también espacios de comunidad y formación ciudadana. Un metaanálisis publicado en Review of Educational Research, que revisó 71 estudios a lo largo de 48 años, concluyó que las habilidades de pensamiento crítico mejoran sustancialmente durante la experiencia universitaria (Huber y Kuncel, 2016). El Foro Económico Mundial identificó el pensamiento analítico como la competencia más valorada por las empresas a nivel global en su Future of Jobs Report 2023 (World Economic Forum, 2023). Esa capacidad de examinar evidencia, cuestionar supuestos y llegar a conclusiones propias no es un lujo académico: es lo que permite que una sociedad se gobierne con autonomía y resista la desinformación.

Los países que han sostenido su inversión en ciencia y educación superior -Corea del Sur, Finlandia, Irlanda- han transformado su posición en el mundo no a través de la lógica del beneficio inmediato, sino de la confianza en el valor del saber acumulado. Los que han recortado han pagado ese costo generaciones después, en dependencia tecnológica y menor capacidad de respuesta ante los desafíos del siglo.

Chile tiene esa misma posibilidad de elegir. Las universidades públicas tenemos la responsabilidad de sostener ese argumento con evidencia, con rigor y con la convicción de que el conocimiento -incluso aquel que descansa en un libro en una biblioteca- es siempre el punto de partida de algo más grande.

Marisol Durán Santis, rectora de la UTEM